LA VIOLENCIA Y EL MUNICIPIO COLOMBIANO 1980-1997
© 1998.
C E N T R O DE E S T U D I O S S O C I A L E S , CES
Facultad d e Ciencias H u m a n a s Universidad Nacional d e Colombia C a r r e r a 50 No. 27-70 U n i d a d Camilo T o r r e s Bloques 5 y (3 C o r r e o electrónico: ces@bacata use.unal.edu.co
Esta publicación contó con el apoyo de Colciencias, Programa Implantación Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología, Snct, Subproyecto de Apoyo a Centros y Orupos de Excelencia 29/90
Primera edición: Santafé de Bogotá, julio d e 1998 ISBN: 958-96259-6-7
Portada Paula Iriarte
Coordinación editorial Olga Lucía González y Daniel Ramos
[email protected] y
[email protected] UTÓPICA EDICIONES
www.utopica.com Printed and made in Colombia Impreso y hecho en Colombia
La ^-Jd-
AUTORES
F E R N A N D O
C U B I D E S
violencia y ANA
C E C I L I A
OLAYA •
•
•
ei municipio C A R L O S
M I G U E L
O R T I Z
colombiano 1980-1997 Facultad de Ciencias Humanas UN Colección CES
Contenido Presentación
13
Introducción
17
PRIMERA PARTE
VISIÓN ESTADÍSTICA RETROSPECTIVA SOBRE EL HOMICIDIO Y EL SECUESTRO
El homicidio en Colombia de 1959 a 1997 Catíos Miguel Ortiz
31
Especificidades de los departamentos colombianos frente al homicidio Carlos Miguel Ortiz
38
Los departamentos y el secuestro: 1982-1997 Carlos Miguel Ortiz
52
SEGUNDA PARTE LA DIMENSIÓN DEL MUNICIPIO
Criterios de clasificación y agrupación de municipios según rangos de violencia Carlos Miguel Ortiz
61
Urabá Carlos Miguel Ortiz
71
Magdalena Medio Carlos Miguel Ortiz
79
Bajo Cauca A n t i o q u e ñ o Carlos Miguel Ortiz
86
Sur de Bolívar Fernando Cubides
89
Un microcosmos en Boyacá Fernando Cubides
92
Caguán Ana Cecilia Olaya
96
El valle del Ariari: o t r o caso claro de contigüidad Fernando Cubides
99
Ciudades y áreas metropolitanas: Medellín Carlos Miguel Ortiz
105
Cali (más Y u m b o , J a m u n d í , Candelaria, La C u m b r e y Viajes) Fernando Cubides
11 3
Santafé d e Bogotá Ana Cecilia Olaya
1 20
Violencia, delito y justicia Ana Cecilia Olaya
1 26
Necesidades básicas insatisfechas: su dinámica y la violencia en el municipio c o l o m b i a n o Ana Cecilia Olaya
1 36
TERCERA PARTE LA VIOLENCIA ORGANIZADA
La organización c o m o factor diferencial Fernando Cubides
1 57
Presencia territorial dc la guerrilla colombiana: u n a mirada a su evolución reciente Fernando Cubides
1 68
Los paramilitares como agentes organizados de violencia: su dimensión territorial Fernando Cubides
201
Las agrupaciones de narcotraficantes como agentes organizados de violencia: su dimensión territorial Fernando Cubides
212
Los funcionarios del estado como actores de violencia: violaciones de derechos humanos 19881995 Carlos Miguel Ortiz
223
v^onciusioncs
237
Bibliografía
246
Anexo. Cuadros, gráficas y mapas
251
Í N D I C E D E C U A D R O S , GRÁFICAS Y MAPAS
Cuadros Cuadro 1. Clasificación de municipios según rangos de violencia
253
Cuadro.2. Otros municipios con presencia de agentes organizados de violencia
264
Gráficas Gráfica 1. Totales de muertes violentas en Colombia, 1959-1997
285
Gráfica 2. Comparación del homicidio en general y el homicidio registrado como político. Colombia, 1959-1984 286 Gráfica 3. Comparación del homicido en general y cl homicidio registrado como político. Colombia, 1968-2013 287 Gráfica 4. Colombia 1959-1997. ParticipacicSn de los departamentos en los totales de muertes violentas
288
Gráfica 5. Guajira, 1959-1996. Guajira 1959-1996. Curvas comparativas dc violencia total en Colombia y Guajira
289
Gráfica 6. Arauca, 1959-1997. Cunas comparativas de homicidio en Colombia y Arauca
290
Gráfica 7. Antioquia, 1959-1997. Curvas comparativas de homicidio en Colombia y Antioquia
291
Gráfica 8. Valle, 1959-1996. Curvas comparativas de violencia total en Colombia y Valle
292
Gráfica 9. Santafé de Bogotá, 1959-1996. Curvas comparativas de violencia total en Colombia y Santafé de Bogotá 293 Gráfica 10. El secuestro en Colombia, 1982-1997. Participación de los diversos actores según registros
294
Gráfica 11. El secuestro en Colombia, 1982-1997. Participación porcentual de los diversos actores en los totales nacionales del período, según registros
295
Gráfica 12, El secuestro en Colombia, 1982-1997
296
Gráfica 13. Participación de los departamentos en secuestros, 1982-1997
297
Gráfica 14. Participación de los departamentos en secuestros por 100.000 habitantes, 1982-1997 Gráfica 15, El secuestro en Antioquia, 1982-1997
298 299
Gráfica 16. El secuestro en el Valle del Cauca, 1982-1997
300
Gráfica 17. El secuestro en Arauca, 1982-1997
301
Gráfica 18. El secuestro en Santander, 1982-1997
302
Gráfica 19. El secuestro en Cesar, 1982-1997 Gráfica 20. Municipios de Urabá (Antioquia) y el Darién (Chocó) 19801995, comparación de violencia en Colombia, Antioquia y UrabáDarién
303
304
Gráfica 21. Apartado, 1980-1995. Comparación de violencia en Colombia, Antioquia y Apartado
305
Gráfica 22- Apartado, 1980-1996. Victimas de asesinatos políticos. diferenciadas según adscripción partidista o rango oficial
306
Gráfica 23. Turbo 1980-1995. Comparación de violencia en Colombia, Antioquia y Turbo
307
Gráfica 24. Turbo, 1980-1996. Víctimas de asesinatos políticos, diferenciadas según adscripción partidista o rango oficial
308
Gráfica 25. Medellín, 1980-1995. Comparación de violencia en Colombia, Antioquia y Medellín
309
Gráfica 26. Cali, 1980-1995. Comparación de violencia en Colombia, Valle y Cali 310 Gráfica 27. Bogotá, 1980-1995. Comparación de violencia en Colombia, Cundinamarca y Bogotá
31 1
Mapas Mapa 1. Municipios clasificados según el Dañe
312
Mapa 2. Municipios con presencia de violencia política
31 3
Mapa 3. Presencia de actividad narcotraficante, paramilitar y guerrillera
314
Mapa 4. Presencia de actividad paramilitar y narcotraficante
31 5
Mapa 5. Presencia de actividad paramilitar y guerrillera
31 6
Presentación
El origen del libro que tiene el lector en sus manos, es una investigación que se propuso en los últimos meses del anterior gobierno y se llevó a cabo en los primeros del que está a punto de terminar. Encargada por la dependencia gubernamental que entonces se denominaba Consejería de Seguridad Nacional, nuestra labor consistió en evaluar la cobertura y confiabilidad de la base de datos que sobre los hechos de violencia esa oficina había construido, y ofrecer interpretaciones de las tendencias que los datos revelaban, de su distribución territorial y del contexto general que ha condicionado su intensidad. Cumplido nuestro compromiso, la riqueza de la información a la que tuvimos acceso, lo estimulante de las anotaciones, criticas y comentarios que recibimos a medida que expusimos el informe y circularon copias de él en entidades y entre personas, además de nuestro propio interés en el tema, nos llevaron a mejorar la exposición, a ampliar la consulta de fuentes y paulatinamente a actualizar las cifras estadísticas todo lo posible, para llegar a un ámbito más amplio de lectores. A la altura de 1998 ya es universalmente admitido que la violencia, en sus manifestaciones múltiples y cambiantes, es el principal problema de la sociedad colombiana; a entenderla, a construir explicaciones sobre su causalidad y evolución reciente se aplican recursos, talentos y enfoques muy diversos y cada vez mayores, sin que, de igual manera, podamos considerar que el nivel de conocimiento sea adecuado o esté cerca de ser satisfactorio. En los últimos dos años, por lo menos, ha sido importante la contribución de los economistas en cuanto a interpretaciones del problema y a la propuesta de nuevos enfoques. El reciente debate acerca de
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Los autores
la ineficiencia del aparato judicial y de los costos sociales que genera, es prueba de ello. En este debate se han hecho patentes, una vez más, los requerimientos de una información exhaustiva y confiable de los principales indicadores. Los economistas han llegado a plantear un estimativo de perdida de por lo menos un dígito en el porcentaje del PIB, atribuible a las tasas de criminalidad y de violencia. De allí que sea fértil el análisis sobre la racionalidad implícita en los distintos agentes de violencia y sobre los costos sociales que la violencia implica. Fue así como iniciamos un trabajo de reflexión y de escritura que se desenvolvió entre septiembre de 1994 y febrero de 1995. Al presentar la propuesta concebimos la primera parte dc nuestra actividad como la elaboración del referente histórico —a partir de series temporales— y, correlativamente, como la prueba de consistencia de la información puesta a nuestro alcance mediante el recurso a fuentes alternas a la base de dalos que se nos suministró. En principio, intentamos evaluar la consistencia de la información empírica recogida y sus modos de procesamiento, clasificación y ordenamiento sistemático. Nuestro balance crítico fue altamente positivo y nos permitió apreciar la importancia de que por primera vez el Estado dispusiera de una información tan seria para la toma de decisiones en situaciones de violencia, lo cual es fruto del trabajo riguroso adelantado en la Consejería Presidencial por Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo. Esa información, que se halla publicada bajo el n o m b r e de Estadísticas Generales sobre la. violencia, fue al comienzo la materia prima principal de nuestro análisis. No obstante, no nos circunscribimos a esa fuente. Con cl ánimo de cotejarla y sopesarla, y para rastrear los fenómenos de manera retrospectiva buscando inscribirlos en procesos históricos de más largo aliento, acudimos a otras fuentes, como la Policía Nacional en su revista Criminalidad, las estadísticas de homicidio del Dañe, que dicha entidad rotula como Causa 55 de mortalidad, los registros de secuestro del DAS y los registros de los que este organismo denomina asesinatos, las estadísticas de Medicina Legal y los informes de asesinatos políticos y violación de derechos humanos dc los boletines Justicia y Paz y de la revista Noche y niebla. En toda esta pesquisa fue invaluablc la contribución de John Jaime Correa con quien los autores desean expresar su deuda de gratitud; él, como asistente de investigación, con talento y
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Presentación
laboriosidad construyó las bases de datos y las gráficas que ilustran nuestro análisis. A través de la investigación logramos cierta integración de equipo, si bien para el lector serán perceptibles todavía énfasis particulares, matices diversos de interpretación, algunas diferencias de apreciación y, desde luego, de estilo en la redacción del texto, que quisimos conservar por considerarlo más adecuado que obtener unanimidad a cualquier precio. El enfoque general, el período a analizar y la metodología fueron plenamente compartidos, las conclusiones redactadas de consuno. Aspiramos a que convergencias y fracturas, percibidas juntamente, den cuenta de la orientación de grupo con la cual trabajamos y prueben una vez más las ventajas de la cooperación sobre la base de una división de trabajo acordada. No es pura formalidad nuestro agradecimiento a los funcionarios e investigadores a quienes acudimos en busca de información y sugerencias; no hubo solicitud de información o de acceso documental que r nr» fl lul cf riaa r-f*QTrír.r-ir\\r\ t na^lni pc ri a^ ..—^ maQ t ffpnprn»:^ nnrtnna ..,^ , ^ T U . . U . « „* ursp. ^, .leí ^ m ) - " " - - ;v nUJJKJ
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de los meses de trabajo sostuvimos un genuino diálogo intelectual y un intercambio que han continuado. Queremos agradecer a los directivos de entidades como el DAS y el Departamento de Estadística de la Policía Nacional y en particular a la señora Mónica Niño. Así mismo queremos agradecer a la Universidad Nacional, al Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, y a los Doctores Luz Gabriela Arango y Jorge Martínez, Directora del CES y Vicerrector Académico respectivamente. Queremos dejar constancia, finalmente, de nuestro singular agradecimiento a los asistentes Ingrid Rusinque (socióloga) Germán Lambuley (economista) y Wilson Pabón (historiador) por su excelente labor. Contar con ellos nos ratificó en las percepciones y apreciaciones previas acerca de la calidad y motivación de los egresados de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra Universidad; nos comprueba, si falta hiciera, que en condiciones adecuadas, la vocación de investigación tiene garantía y continuidad. El equipo recibió un invaluable aporte del geógrafo José Darío Moreno y de la ingeniera Sonia Cristina Fonseca en la preparación del material cartográfico y de Jaime Sepúlveda Fuenzalida en la configurá-
is
Los autores
ción, definición e impresión del material gráfico. A todos ellos nuestro reconocimiento. Fernando Cubides Ana Cecilia Olaya Carlos Miguel Ortiz Febrero de 1998
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Introducción
El territorio de la actual República de Colombia ha vivido familiarizado, al menos durante los dos últimos siglos, con las muertes violentas; por sólo hacer referencias a la muerte violenta de índole políticomilitar, ahí están las numerosas guerras civiles del siglo XIX y los dos momentos más letales del siglo XX, a saber los años de la Guerra de los Mil Días y La Violencia disparada en 1947, a los que habría que agregar la espiral de muertes violentas (ya no reductibles al ámbito político-militar) en ia que nos ñauamos noy, precipitaoa mas intensamente desde 1984. Las reflexiones que vamos a emprender tienen como objeto principal la violencia que se expresa en la muerte o eliminación total del otro por cualquier motivo, como impedir la diferencia, hacer sentir la superioridad, defender un principio, negar el conflicto, ganar un negocio, eludir un pago, vengar un agravio, etc. En un sentido más amplio, nuestras reflexiones se extenderán hasta lo que, por sus dramáticas connotaciones y coincidencias con la muerte física, se ha llamado en Colombia la muerte pequeña, es decir el secuestro. En otras palabras, la preocupación central de estas páginas es por qué nos matamos tanto los colombianos, y no sólo por qué se ha eliminado a tantas personalidades de la vida pública (magnicidios) o por qué persisten a través de los años las organizaciones de alzados en armas contra el Estado. Somos conscientes de que aquí no se agota la problemática de la violencia, pero son éstos los límites que nos hemos trazado en nuestro estudio. No extendemos el objeto hasta el ámbito de la violencia simbólica, pese a lo importante que sea, salvo en la medida en que ella haga 17
Los autores
parte de procesos para entender la eliminación efectiva del otroindividuo o del otro-colectivo. Mucho menos extenderemos las fronteras al vasto tema de la delincuencia, como algunos estudiosos que encuentran interesante establecer relaciones entre los homicidios y otros delitos contra la integridad personal, v.gr. las lesiones, o entre unos y otros, y los delitos contra el patrimonio. Realmente, en esta oportunidad nuestra preocupación no es el delito como tal ni la delincuencia, sino la proliferación de la muerte, sin desconocer la relación que pueda haber entre ambos fenómenos. Además, el soporte estadístico del que se dispone para los estudios de delincuencia es mucho más precario, en materia de subregistro, que las estadísticas de los homicidios. También distinguirnos claramente entre violencia como eliminación total del otro, y conflicto. Nos parece sugestivo el enfoque de Lewis Coser en el sentido de que la violencia es lo contrario del conflicto, como quiera que se p r o p o n e su negación suprimiendo definitivamente uno de los dos polos mediante la eliminación física del opositor. Tal vez esto no sea suficiente para explicar los homicidios o no explique la totalidad de ellos, pero a fe que arroja luz sobre una relación interesante. Creemos que es propio dc los regímenes democráticos la existencia y desarrollo de los conflictos, sean éstos de clases, de etnias, de ideologías, de opciones políticas, lo cual no significa que deban traducirse en violencia letal como en Colombia, antes todo lo contrario. Circunscrito nuestro estudio a la violencia como muerte y a los actores productores de muerte, es también necesario decir que este panorama no es en nada homogéneo, como quiera que la muerte provocada intencionalmente puede derivar de multiplicidad de móviles, de diferentes tipos de autores o agentes, o buscar diferentes propósitos. 1 De entre la diversidad de homicidios o muertes provocadas, creemos necesario diferenciar por lo menos el homicidio proveniente de actores organizados i1 entendiendo por éstos las organizaciones constituidas con algún fin, sea de lucro económico, de disputa o defensa de poderes sobre territorios o poblaciones o con cualquier otro fin, que
Ver la tesis de la rnultivalencia y multidireccionalidad de la violencia, en Colombia: violencia y democracia, Bogotá, Universidad Nacional, 1987. Véase en especial la tercera parte de este libro, p. 155. 18
Introducción
usan la violencia como recurso para alcanzar sus metas, actuando muchas veces a través de terceros. La llamaremos violencia organizada para distinguirla: a) de la violencia espontánea, asociada a la agresividad, que surge en la interacción cotidiana y es fruto mayormente de las pasiones; b) de la violencia-recurso que usa la muerte para conseguir beneficios pero procede artesanalmente, sin organización interpuesta. Es un hecho que la violencia organizada, la que se utiliza como recurso (de negocio o de poder) obedeciendo a un cálculo más racional y consciente de costo-beneficio, en la cual median capital, tecnología, infraestructura e información, ha ido creciendo en Colombia, generalizándose y banalizándose; por tanto, creemos de suma importancia destacarla del resto de los homicidios. A este tipo de violencia se acerca la categoría asesinatos tal como se utiliza en los registros del DAS y como, a partir de éstos, la utiliza por ejemplo la estadística de la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional y el libro de Camilo Echandía et al., Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales? El término es impropio desde e! punto de vista jurídico, pero viene a corresponder, aproximadamente, a los homicidios atribuibles a actores organizados. Ahora bien uno de los tipos de actor organizado de violencia oue requiere ser desagregado es aquel que persigue, en últimas, fines políticos, o sea relacionados con la distribución del poder, factual o formal, en el ámbito de lo público. Esta tipificación se entiende que procede independientemente de los contenidos programáticos o ideológicos, de los fines filantrópicos o no, del carácter primitivo o moderno, del grado de legitimidad o de intimidación, de legalidad o de ilegalidad, de los actores en contienda. Están incluidos en tal suerte de actores las guerrillas, los grupos llamados de autodefensa y paramilitares y los propios funcionarios del Estado, armados o no, cuando ejercen la fuerza por fuera de la norma. En este tipo de violencia organizada, que particularizamos como violencia política, nos interesan, más aun que las muertes de los propios integrantes de las organizaciones armadas enfrentadas, las de los
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Camilo ECHANDÍA, Rodolfo ESCOBEDO y Enrique QlJERUZ, autores; director de investigación, Jesús Antonio Bejarano, Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá, Fonade y Universidad Externado de Colombia, 1997.
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Los autores
numerosos civiles que por sus implicaciones de cualquier género, convicción, simpatía, ayuda forzada, etc., resultan sacrificados por u n o u otro bando. En otras palabras, estamos hablando de las víctimas de la violencia organizada política; el criterio de la militancia, función o adscripción de la víctima a los varios parlidos o movimientos políticos o sociales, puede ayudar a la identificación y a la clasificación de este tipo de violencia; no obstante, debe tenerse presente que este criterio, si no se combina con el de la tipificación de los actores y con el del móvil, explícito o supuesto, del acto, puede llevar a un sesgo consistente en la inflación de los casos cuyas víctimas son más afines o cercanas a las preferencias del ente o los agentes recolectores dc la información, y en cl subregistro de los casos en los cuales las víctimas son del bando contrario. Esta fue la circunstancia que tuvimos con las dos fuentes escogidas para trabajar las series de 1980 a 1997: la revista Criminalidad, de la Policía Nacional, y las publicaciones Justicia y Paz y Noche y Niebla, de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas con religiosos. Hasta 1984, la única fuente que, pese a su precariedad, encontramos disponible para inventariar las muertes relacionadas con los diferendos políticos, fue la Policía Nacional. Es una fuente claramente más sensible al registro de muertes de agentes estatales y de ciudadanos liberales y conservadores que al de militantes de izquierda, por ejemplo; en 1984 tuvimos que prescindir de esta fuente, pues se redujo a registrar casi sólo los propios muertos de las filas policiales. Obligados, por la razón anterior, a dejar un vacío entre 1985 y 1987, para el período 1988-1997 recurrimos a dos fuentes alternas, Justicia y Paz y Noche y Niebla, pero entonces el sesgo cambió de sentido: un sobrerregistro derivado de otorgar carácter político a todos los homicidios cuyas víctimas hubiesen sido militantes de los partidos o miembros de organizaciones sinclicales o cívicas, y a todos los casos de masacre y de muerte con torturas. No obstante y pese a los referidos problemas, creímos ineluctable diferenciar la violencia registrada como política del resto de los homicidios; al optar por la denominación de registrada como política, expresamos que somos conscientes de los sesgos, pero a la vez que existe, de hecho, una diferenciación —así fuere, por lo menos, en la forma de representársela— con respecto a los demás tipos de homicidios y a los demás usos del recurso de matar.
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Introducción
De la distinción surgen preguntas que trataremos de responder especialmente en el ámbito de lo municipal, en la Segunda Parte: ¿La intensificación de la violencia de móviles políticos indujo el aumento de la violencia en general, por otros móviles? ¿O será más bien que la violencia de visos políticos ha sido apenas el revestimiento o magnificación de una violencia banal, disparada por otras causas (migración, presión demográfica, descampesinización, dinero, pobreza, desarrollo, atraso)? Algunos estudios realizados sobre La Violencia de los 50 insinúan esto último. Jaime Arocha, por ejemplo, en su muestreo de expedientes judiciales de un municipio cafícultor, encuentra una gran relación entre los homicidios seleccionados bajo el criterio de justificación política y los homicidios tomados al azar, y entre el móvil político principal de aquéllos y sus móviles secundarios, n o políticos. 1 Otro criterio para desagregar del conjunto estadístico de los homicidios, la violencia con propósitos últimos de naturaleza política, es, ya no la consideración sobre las adscripciones partidistas o corporatistas de las víctimas sino ía atención hacia los actores tor^anizados^ de los cuales emana el acto violento. Tampoco este criterio está exento de dificultades; la mayor de ellas es que el recurso de muerte puede a veces encaminarse, en el plano inmediato, a un propósito claramente económico (v.gr. los homicidios perpetrados por la guerrilla sobre hacendados que no han aceptado la extorsión, para intimidar al resto de hacendados, o los homicidios debidos a complicaciones de un plan de secuestro), aunque el objetivo último es, tratándose de guerrillas, la pugna por el poder que constituye, incluso aceptando una eventual vandalización, la razón de su existencia. Igual puede decirse del homicidio al ramilitares. Como no hemos definido lo de sus objetivos (lo cual sería igualmente rrilla), sino por la disputa de espacios de
que recurren los grupos papolítico por la nobleza o no dudoso en el caso de la guepoder en el ámbito de lo pú-
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Jaime AROCHA, La Violencia en el (hiindío: Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio cafícultor, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1979. Carlos Miguel ORTIZ, en el libro Estado y Subversión en Colombia, Bogotá, Ed. Cerec, 1985, p. 29, afirma que, antes de registrarse el primer hecho de violencia política en su región de estudio, el Quindfo, la consulta de la prensa de Armenia deja la impresión de una gran oleada de delincuencia, homicidios y asesinatos sin ninguna implicación de índole política. 21
Los autores
blico, los objetivos últimos de los paramilitares hacen que el recurso de muerte que utilizan forme también parte de la violencia organizada con propósitos de naturaleza política. Un fenómeno que en estas distinciones puede acaecer, es que un actor organizado, de índole no política, con objetivos últimos por ejemplo de lucro simplemente económico, en el transcurso de su actividad se politice, lo cual tendrá lugar cuando el éxito de sus operaciones económicas le requiera disputarse espacios políticos, usando para ello el recurso de muerte; nos parece que tal fue el caso de los narcotraficantes del grupo de Medellín entre 1984 y 1991, al enfrentarse al gobierno en busca de hacer eliminar la extradición y recurrir, para ese fin, a los magnicidios y al narcoterrorismo. La violencia con fines de limpieza social, ejercida sobre delincuentes, exconvictos, indigentes, débiles mentales, prostitutas y otros grupos discriminados que de un tiempo acá han dado cn bautizar con el execrable calificativo de desechables, en parte puede adscribirse y en parte no, a la modalidad denominada violencia política. La índole de las víctimas no se define dentro de la disputa de espacios de poder en el ámbito público; su indigencia y desvalidez los incapacita para ello; pero los actores, muchas veces organizados, que e m p r e n d e n la ejecución de estos homicidios, se abrogan la defensa de un orden moral que pretenden preservar, y se representan a sí mismos como ejecutores de una función de poder en el ámbito público: Limpiar, embellecer la sociedad, a costa precisamente de la violación de los derechos humanos de algunos ciudadanos. Ahora bien, entre los tipos de actores organizados que en Colombia han generado violencia política, sobre u n o de los que suele haber más silencio en la literatura de la violencia es el de los funcionarios del Estado, más particularmente los miembros de las Fuerzas Armadas — Ejercito o Policía— y los miembros de los organismos de seguridad. Nuestro estudio se ha propuesto suplir esta omisión incluyéndolos como una importante categoría, particularmente en el análisis de la violencia a nivel de municipios, en las expresiones de muerte violenta y de violaciones a los derechos humanos como la desaparición y la tortura. La tarea de recuperar para la información este tipo de lo es exigencia del rigor estadístico de la base de datos: su deriva del principio de que la credibilidad de un Estado defender entre sus ciudadanos el régimen de democracia 22
actor no sóimportancia para poder y para con-
Introducción
tribuir a la disminución de la violencia, depende en primer lugar de la transparencia en lo que concierne a sus propios agentes o funcionarios. Con la diferenciación de la violencia política, o mejor de la violencia registrada como política, respecto del resto de la violencia, no hemos querido construir dos compartimentos estancos sin relación recíproca, y mucho menos magnificar una en detrimento de la otra. Cuando se trae a colación el bajo porcentaje que, de los totales de homicidio, representa la violencia política, como lo hizo en 1987 la Comisión Nacional de la Violencia, es más bien para concitar la reflexión sobre la multiplicidad de móviles e intereses que han producido, más allá de la pugna de poderes del ámbito público, la generalización del uso de la muerte, y esto nos sigue pareciendo el problema esencial a tratar. Pero tal reevaluación de dimensiones entre las modalidades de violencia no significa el desconocimiento de sus mutuas implicaciones, pues la proliferación del homicidio común, sin ribetes políticos, bien puede provenir del desborde de la violencia política en la medida en que haya incapacitado al Estado para la función de justicia, o consolidado patrones culturales de comportamiento, o revelado la eficiencia de esta suerte de recurso de solución. Por eso, una de nuestras preocupaciones en el presente estudio será poner en relación las series temporales de homicidio en general, con los homicidios y con los secuestros protagonizados o atribuidos a actores políticos. Pretendemos rastrear esta relación diacrónicamente desde 1980 en ciertos municipios-tipo, y configurar, en la clasificación de municipios, categorías combinatorias del siguiente tenor: municipios con alto homicidio pero con cero asesinatos políticos; municipios con bajísirno homicidio pero con alto índice de secuestro; municipios con bajísirno homicidio, bajísimo secuestro, pero importante presencia guerrillera. Aunque este análisis de corte municipal lo retrotrajimos apenas hasta 1980, en razón de las fuentes disponibles, fue desde el primer momento nuestro interés inscribir la coyuntura actual de la violencia en un espacio de más largo alcance. Mirar el fenómeno de la violencia a partir de los procesos que a través de los años la han producido, fue parte de la estrategia metodológica de nuestro proyecto, lo que se plasmó en la construcción de algunas series temporales. 23
Los autores
Hubiéramos querido, dentro de una visión histórica de largo aliento, avanzar en la interpretación de los tres momentos ascendentes de violencia del presente siglo, cuyas magnitudes están representadas en las respectivas curvas de muertes, 5 pero no dispusimos dc fuentes para ello. Resolvimos entonces centrarnos, a nivel de departamentos, en el mediano intervalo comprendido entre la puesta en marcha del pacto político del Frente Nacional (1958), que años más tarde mostró una probable contribución al descenso relativo de las tasas de violencia, y la etapa actual, cerrada en 1995 para el homicidio —en 1997 para los otros indicadores— en razón de la disponibilidad dc datos. Su punto de inflexión se halla en 1984, año en el cual, en términos de cifras, se relanza la espiral de violencia. En el caso de los tres aludidos momentos de alta intensidad en el siglo XX, las tasas colombianas son, de lejos, mucho más altas que las tasas globales de muertes violentas de los demás países del mundo. 6 Ciertamente es distinto considerar de manera aislada la actual espiral de violencia, acelerada desde 1984, a considerarla como la tercera gran escalada de este siglo. Tampoco se trata de buscar a la ligera una regularidad o tendencia hemicíclica con períodos cincuentenos, cuando ni el siglo XIX ni mucho menos la Colonia la refrendarían. Pero sí resultará de interés preguntarnos, más allá de lo cuantitativo, qué posibles semejanzas se pueden detectar, por lo menos entre la coyuntura del país que antecedió a La Violencia y la cjue antecedió a la escalada de los años 1980, qué regiones se afectaron más en los dos casos y hasta d ó n d e coinciden,'
:l
Ver en Fernando GAITÁN, en cl libro escrito con Malcolm DEAS, titulado Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia (Bogotá, Fonade DNP, 1995) presenta unas gráficas que construyó sobre las muertes violentas en Colombia a lo largo del presente siglo. Allí hallan expresión estadística los tres momentos más letales que hemos mencionado: la Guerra de los Mil Días, La Violencia de 1947 y la violencia actual. Op. cit., p. 116-118, Gráfico Dinámica de la violencia: promedio móvil quinquenal 1830-1993. Las cifras de Gaitán son bastante arriesgadas y provisionales, pero constituyen un primer intento de aproximación estadística; ojalá lleven a posteriores esfuerzos de precisión. (l
Ver Fernando GAITÁN, Op. cit., Cuadro 1: "Tasas de homicidio en algunos países".
' Como complemento cartográfico de este ensayo, hemos confeccionado unos mapas históricos en los cuales se comparan los municipios afectados por La Violencia entre 1947 y 1958 (a partir de tres diarios de circulación nacional, para (continúa en In página siguiente)
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Introducción
cómo se entreveran en los dos momentos la violencia registrada como política y el homicidio en general. A diferencia probablemente de la Guerra de los Mil Días y de La Violencia de los años 50, la violencia de los 80 no resiste la reducción a lo político: de una parte porque, mal que bien, las contabilidades hoy existentes de los homicidios, prescindiendo de su imbricación con lo político, no permiten tal reduccionismo; en segundo lugar, porque alrededor de la violencia actual se han construido enfoques de interpretación más plurales y menos mistificados, particularmente desde las formulaciones de la Comisión Nacional de 1987; en tercer lugar, porque, en el plano de los hechos, la proliferación de actores violentos organizados y no organizados, fruto de los grandes cambios sociodemográficos del país, y la promiscuidad entre ellos, hace casi imposible una clasificación binaria de los hechos violentos cuyo criterio fuese político. 8 Examinaremos, apoyados en las bases de datos confeccionadas a partir de las diversas fuentes que hemos citado, las hipótesis más socorridas en los trabajos existentes: la de !a relación de la economía con la violencia, que en su versión más simplificadora pretende asociar la violencia a la pobreza o a la riqueza; la del grado de presencia institucional, que a veces se limita estrechamente a la presencia física sin incluir las dimensiones simbólicas de la representación de los ciudadanos sobre el Estado como elementos de mayor o menor cohesión de las sociedades locales; la de la pugna, finalmente, entre actores organizados y las guerras territoriales ligadas a ella. Pero no reduciremos, evidentemente, el trabajo a examinar la validez de una u otra explicación; seleccionaremos unas zonas, a partir de nuestra clasificación de municipios según los rangos de violencia y a partir de su contigüidad geográfica, y exploraremos en ellas y en las tres mayores ciudades del país, aspectos específicos que, a través del 1947-1949, y de fuentes secundarias, particularmente Germán Guzmán, de 1950 a 1958), y los municipios afectados por la etapa presente de violencia, según las fuentes ya citadas del Dañe, para homicidios en general, del DAS para secuestro y violencia de actores organizados, de Justicia y Paz para violencia registrada como política y para violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Los mapas están disponibles en el Cindec de la Universidad Nacional. De ellos incluimos en este libro el mapa no. 2. Ver p. 313. 8
Ver Callos Miguel ORTIZ, "Historiografía de la Violencia", en La Historia a!final del milenio, Bogotá, Ed. Universidad Nacional, 1994, vol. I, p. 421,
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Los autores
tiempo en los últimos quince años, han podido incidir en su comportamiento respecto al incremento o escasez del homicidio. Analizaremos, de igual modo, la trayectoria de los principales actores organizados de violencia a través del tiempo y a través de la geografía, no sólo como productores de hechos violentos sino a la vez como gestores de estrategias y sujetos de intereses estratégicos. He aquí, finalmente, algunas de las especificidades del enfoque y método que hemos optado: 1) Hemos focalizado el incremento del homicidio antes que otros indicadores de violencia como la presencia guerrillera o paramilitar. 2) Proponemos una clasificación de los municipios con respecto a los indicadores de violencia, entre los cuales asignamos al homicidio el mayor porcentaje ponderado. 3) Diferenciamos, dentro del conjunto del homicidio, lo que hemos llamado violencia registrada como política, y nos interrogamos sobre la posible relación de su incremento con el aumento del homicidio en general. 4) Incluimos, entre los actores de violencia organizada, a los funcionarios del Estado, cuando son agentes de violaciones de derechos humanos y ejecutan actos como la tortura, la desaparición, el homicidio de civiles inermes y fuera de combate. 5) Hemos configurado unos mapas de los itinerarios de presencia y accionar de actores organizados de violencia como guerrillas y paramilitares (Véanse los mapas 3, 4, y 5, pgs. 314, 315 y 316). (3) Tratamos de insertar la coyuntura de 1984 a 1997 dentro de procesos históricos de más largo alcance. Con este fin, como instrumento de apoyo, construimos algunas series temporales: dc homicidio, a nivel nacional y por departamentos, desde 1959; igualmente a nivel nacional y departamental, de secuestros desde 1982; y a nivel municipal, series de homicidio desde 1980, de secuestros desde 1982 y de violencia protagonizada por funcionarios del Estado, desde 1988. La historización de la coyuntura de violencia es quizá la más notoria de las especificidades de nuestro estudio. Por eso empezaremos, en el Capítulo I por presentar las reflexiones que nos suscitaron las tendencias estadísticas manifestadas por el homicidio, en el plano nacional y en el de los departamentos desde 1959.
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PRIMERA PARTE
Visión estadística retrospectiva sobre el homicidio y el secuestro
El homicidio en Colombia de 1959 a 1997 Carlos Miguel Ortiz
La Gráfica 1 (p. 285), de violencia general, construida con las tasas de muertes violentas de toda índole por cada 100.000 habitantes, muestra en 1984 un gran punto de inflexión de la curva y en 1991 otra inflexión r\(* v í i - o i * 1 c o n l n r-ír\ \7 mn/-\e n r a m i n r i o n n '
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en tres secciones: 1) en la primera sección, inicia con un ascenso desde 1959 hasta 1961, ascenso enmarcado todavía en el contexto histórico de la transición de La Violencia al Frente Nacional; empieza a descender en 1962, siguen movimientos oscilatorios hasta 1969, se estabiliza relativamente de 1969 a 1979 (salvo el pequeño descenso de 1976), cuando entonces revela un primer movimiento ascendente, no muy pronunciado, con la suave caída de 1982 y 1983. 2) La segunda sección d e la curva representa un continuo y pronunciado movimiento ascendente de las tasas de muertes, que arranca en 1984. 3) La tercera sección corresponde a un ligero pero perceptible descenso de 1991 en adelante. Las fuentes utilizadas para estas series fueron las estadísticas recogidas mensualmente por la Policía Nacional y publicadas en la revista Criminalidad. Aunque en el escrutinio de fuentes ésta nos reveló inconsistencias y carencias, se nos mostró, empero, la más aceptable de las disponibles para el intervalo estudiado: sus errores y dificultades pierden gravedad en la medida en que las grandes tendencias de conj u n t o de las series coinciden con las tendencias marcadas a partir de otras fuentes como las del Dañe y —para las ciudades en los cuatro últimos años— las de Medicina Legal. Una de las preguntas que pueden surgir, dado el lugar común alimentado por lo conocido sobre la Guerra de los Mil Días y sobre La 31
Primera parte Violencia de los años 50, es si los m o m e n t o s de tendencia creciente del homicidio en general d u r a n t e el período 1959-1997 se explican por el a u m e n t o del homicidio registrado como político, ya sea porejue las magnitudes de los dos tipos de homicidio coincidan, o al menos porque sus respectivas curvas se hallen estadísticamente cointegradas. La verdad es que, hasta 1965 (fecha que coincide, en los libros sobre el tema, con la terminación de La Violencia), los incrementos (19591961) y decrementos (1962-1965) de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes están muy ligados a los incrementos y decrementos de las muertes registradas como de carácter político, lo cual se refleja en la cointegración de las curvas, representadas en las Gráficas 2 y 3 (p. 286 y p. 287, respectivamente). 1
Para la Gráfica 2 (p. 286) la fuente son las cifras de violencia política de la revista Criminalidad de la Policía Nacional. Para la Gráfica 3 (p. 287) la fuente son los boletines/í«/¿c¿a y Paz y Noche y Niebla, de la Congregación Justicia y Paz y el Cinep. Nos vimos obligados a construir dos gráficas distintas comparativas de las curvas de violencia general y violencia registrada como política: a) la primera gráfica (Gráfica 2), para el intervalo de 1959 a 1984 (en 1985 la Policía cambió el criterio de recolección de cifras de muertos por bandoleros, o por guerrilleros, o por subversivos, restringiéndolo a sólo policías muertos, lo cual nos exigió abandonar en 1985 esa fuente); b) la segunda gráfica de comparación (Gráfica 3), para el intervalo 19881997. El intervalo 1985-1987 se quedó sin cubrir, por inconsistencia de fuentes. Otra gran limitación cjue tuvimos que asumir fue el sesgo de quienes, en su momento, hicieron el registro de los homicidios selectivos clasificados por ellos como de naturaleza política. Si el sesgo de la Policía es criminalizar a los grupos armados, sea de insurgentes o de bandidos, omitiendo registros de muertes en la orilla opuesta de la confrontación (subregistro), el sesgo de Justicia y Paz es precisamente el contrario, que se prestaría para un sobrerregistio: otorgarle carácter político a todos los homicidios cuyas víctimas son militantes de los partidos — particularmente de izquierda— o son miembros de organizaciones sindicales y cívicas, así como a todos los casos de masacre, de muerte con torturas y en general de violación de derechos humanos. Se nos preguntará por qué, entonces, trabajamos la violencia de registro político, teniendo estas reservas sobre las fuentes y obligándonos a presentar los resultados en forma tan discontinua. La respuesta es que lo hicimos porque las conclusiones que arrojaron los cuadros y las gráficas fueron precisamente las contrarias a las tendencias favorecidas por los sesgos. Esto es, que, aun con un alto subregistro de violencia política en el intervalo de 1959 a 1984, los incrementos y decrementos de la tasa por 100.000 habitantes en las muertes violentas en general están muy ligados a los incrementos y decrementos de las muertes violentas registradas como de carácter político, hasta 1965. La otra conclusión, referida al dramático incremento de la violencia general en la década de 1980 a despecho de la violencia política, también va cn contravía de la tendencia favorecida por el sesgo de la fuente Justicia y Paz, que sobi edimensionaría la (continúa en la página siguiente) 32
Visión estadística...
Esta constatación a escala nacional se ve más reforzada en el caso de algunos departamentos, como Antioquia, en los cuales las curvas de homicidio general y de homicidio registrado como político no sólo están cointegradas hasta 1965, sino que las tasas por 100.000 habitantes de la una y de la otra coinciden; o sea que en ellos prácticamente toda la violencia se considera política hasta 1965. De 1966 en adelante, estadísticamente el homicidio general se desliga del homicidio registrado como político. Históricamente, la confrontación política armada entra en una fase diferente al no librarse ya entre conservadores y liberales sino entre el llamado establecimiento, que es el régimen del Frente Nacional y los opositores en armas a ese régimen, guerrillas de intencionalidad revolucionaria y de ideología marxista. La primera etapa de estas guerrillas en los años 60, según Eduardo Pizarro, se caracterizaría por la estrategia más bien defensiva que ofensiva.2 De 1966 hasta 1982, la violencia registrada como política se mantuvo en niveles muy bajos, tanto en la curva nacional como en las curvas de ¡QC departamentos* v la violencia ^eneral ^homicidios sin discriminación del carácter político) se mantuvo bastante estacional entre 1966 y 1976, aunque en niveles de todos modos superiores a los demás países del m u n d o y a los del propio país en los períodos interbélicos del siglo XIX. En los dos ascensos que refleja la curva de tasas de homicidio, a saber el ascenso precursor de 1977 a 1981 y el gran ascenso de 1984 a 1991, la cointegración es muy poca respecto de la curva de la violencia registrada como política, aunque ésta también sube, pero en proporciones de incremento muy inferiores y marcando trayectorias divergentes respecto a la curva del homicidio general. Iguales características de no cointegración entre las dos curvas se comprueban en las series departamentales del intervalo 1988-1997, incluyendo la de Antioquia, que habíamos citado antes.
violencia política. " Eduardo PIZARRO, Las Farc: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, Tercer Mundo Ed., 2- edición, 1992, Ver especialmente p. 195-202, "Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana", en Revista Análisis Político, Bogotá, N e 12, enero a abril de 1991. Acerca de la evolución de la presencia territorial de estas guerrillas y de sus modos de presencia, trataremos en un capítulo posterior. 33
Primera parte
En cuanto al descomunal aumento del homicidio después de 1984, alguien podría atribuirlo a los conflictos del orden político, pensando en la gran ofensiva y expansión militar y económica de las guerrillas en esos años. Ahí estarían para probarlo: la VI Conferencia de las Farc realizada en 1980, en la que se oficializa un profundo cambio de estrategia y hasta se añade, en el nombre, la sigla EP ("Ejército del Pueblo"); la consolidación de un nuevo tipo de guerrilla, el M19, opuesto al ruralismo y bajo perfil de las organizaciones armadas tradicionales; en fin, la creación de la coordinadora de guerrillas, inicialmente llamada Coordinadora Nacional Guerrillera, pese a lo precaria que haya sido su labor unificadora. Sin embargo, las curvas estadísticas no parecen refrendar esa hipótesis. La violencia general se dispara, pero sin ninguna aparente relación cuantitativa con la violencia política. Si las curvas y las cifras son indicio de algo, estaríamos entrando en una era distinta en la cual, a diferencia del siglo XIX y de las dos grandes anteriores violencias del XX, la violencia letal ya no se explica enteramente, ni se desborda ni se contiene, por móviles real o presuntamente políticos. ¿Que parece, entonces relacionarse más con la gran espiral dc violencia general que se inicia en 1984 y con el ascenso precursor de 1977? Pensemos en la expansión y poder económico del narcotráfico, que venía consolidándose desde la década de 1970 al amparo de la tolerancia oficial y de la corrupción de los funcionarios. El año de 1984 marca un hito en el tratamiento gubernamental de ese fenómeno, al optar el Presidente Betancur por aplicar el tratado de extradición con los Estados Unidos, como respuesta al asesinato del Ministro de Justicia Lara Bonilla que los narcos consumaron. Lo que sigue después es igualmente conocido de sobra por los colombianos: endurecimiento de la confrontación durante el gobierno de Barco, magnicidios y uso del terrorismo urbano. En suma, 1984 lleva al campo de la ya vasta confrontación armada político-militar, la violencia generada en el negocio de las drogas, que hasta ese momento había permanecido en el ámbito de la violencia privada, careciendo sus víctimas de la significación en el ámbito público que daría resonancia a la violencia de los narcos desde 1984. Aunque sabemos que, de la cantidad de homicidios que hacen elevar la c u n a de violencia, primero en 1977 y luego en 1984, tan sólo unos pocos son atribuibles de modo directo a las organizaciones del narcotráfico, no obstante los dos años de inflexión incremental de la 34
Visión estadística...
curva, 1977 y 1984, marcan respectivamente el comienzo de dos bonanzas, la de marihuana y la de cocaína, y en el segundo caso también el comienzo de la confrontación del gobierno con los traficantes. Los departamentos en los cuales la escalada de 1984 de muertes violentas es más lacerante son departamentos claramente ligados a la actividad de la cocaína, o que sirven como asiento de las ciudades centrales en la distribución, tráfico y finanzas (Medellín, en Antioquia; Pereira, en Risaralda), o como regiones con áreas cultivadas de hoja de coca (Meta, Guaviare). El año de 1992, cuando tanto la curva de homicidios del país como la de Antioquia y la de Medellín comienzan a descender, coincide grosso modo con la puesta en cintura, más simbólica que real, de la organización de Medellín después del sometimiento a la justicia pactado entre el gobierno y el capo Pablo Escobar. En cambio, la curva de homicidios en el departamento del Valle inicia su descenso sólo en 1995, cuando empezó la persecución a las organizaciones de narcotráfico de ese departamento. 3 Eí otro intervalo de curva ascendente 1977-1981 denota un ascenso bastante menos pronunciado que la escalada del 84, como menor es la magnitud de la bonanza de marihuana 4 comparada a la bonanza coquera.
Si continuamos hablando sólo desde el punto de vista estadístico, habría que formular las correlaciones con el homicidio para la organización de narcotráfico del norte del Valle y no tanto para la organización de Cali. En efecto, las tasas de homicidios de Cali no han sido tan elevadas si se las compara con las de Medellín o con las de Cartago, un municipio del norte del Valle. La c u n a de Cali sí desciende en 1992, comportándose como el conjunto del país, mientras la c u n a del Valle continúa en vertiginoso ascenso hasta 1994. Para precisar los años y zonas del boom de marihuana, coincidentes con el ascenso de violencia total nacional y especialmente con el gran ascenso de violencia de los departamentos costeños entre 1977 y 1981, véase Camilo ECHANDÍA, "La Amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia"; Ernesto SAMPER PlZANO, et al.. La legalización de la marihuana, Bogotá, Anif, 1980; Myléne SAULOY, "Historia del narcotráfico colombiano a través de sus relaciones con el poder", en: Memorias del V Congreso de Historia de Colombia, Bogotá, Icfes y Universidad del Quindío, 1986 (p. 523-559). Según Camilo ECHANDÍA, «la represión contra el tráfico en México en 1975 abre la posibilidad para el desarrollo a gran escala del cultivo de marihuana en Colombia. (...) Las condiciones socioeconómicas de la Costa Atlántica colombiana se prestaron para el desarrollo de esta actividad. (...) En 1978, (...) la producción anual se estimaba en 20.000 toneladas; requería un ejérci(contimta en la página siguiente)
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Primera parte
Sin embargo, los departamentos implicados con la siembra y tráfico de marihuana en la Costa Atlántica tuvieron cn esos años también e! boom de la violencia, sin alcanzar, no obstante, las tasas de los ya nombrados deparlamentos de la cocaína en el lapso 1984-1991. Esto es tanto más llamativo cuanto, además de los departamentos costeños que desde los 60 habían mantenido índices significativos de violencia como Guajira y Cesar (hasta 1967 parte dc Magdalena), otros como Atlántico registraron el ascenso de 1977 habiendo sido, hasta entonces, de las zonas con las tasas más bajas del país y siéndolo aun después de 1982, sobre todo entre 1983 y 1987. Parece viable plantear, entonces, un efecto de amplificación de la violencia directa del narcotráfico sobre la vicjlencia en general, en dos sentidos: a) en cuanto el narcotráfico impuso en el medio sus paradigmas sociales de comportamiento, machismo, honor, valentía por vía de las armas, patrones estimuladores del recurso de la violencia como recurso banal; b) en cuanto el narcotráfico reclutaba, efectivamente, sicarios a través de sus oficinas,71 estimulaba una concurrencia y profesionalización del oficio, y adiestraba personal que simultánea o posteriormente se ejercitaría como matones independientes, sin control de las organizaciones. Sobre estos dos enunciados, que rebasan el to laboral de 20.000 productores, y el 60% de la marihuana consumida en los Estados Unidos se producía en el país» (Camilo ECHANDÍA, "La Amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia", p. 8-9). Sobre la crisis del negocio: «A mediados de 1981, la quiebra de los cultivadores de marihuana era evidente, los problemas sociales —especialmente en la Costa Atlántica— comienzan a salir a flote y las personas que habían obtenido importantes ingresos transitan hacia otras actividades que reporten una alta rentabilidad» (Camilo ECHANDÍA, Ibid). El estudio de Anif, dirigido por Ernesto SAMPER PlZANO (p. 37-67), precisa muy bien la ubicación geográfica de las áreas sembradas y sus características: según el estudio, aproximadamente el 60% se hallaba dentro de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira; entre las varias entidades territoriales del país en las cuales se repartía el 40% restante del área cultivada, se encontraban, en menores proporciones, Atlántico y Córdoba. Atlántico era muy importante, en cambio, por la comercialización, como quiera que Barranquilla se constituyó en el primer centro de esa actividad. Una divergencia entre el estudio de Anif y el de Camilo Echandía es que este último incluye entre los departamentos de siembra a Sucre, que no figura entre los de Anif (pudo haber tomado el dato de Myléue SAULOY, Op. cit., p. 5.33). En nuestro ejercicio estadístico, Sucre no participa del ascenso de violencia de 1977 a 1981. 3
Véase Carlos Miguel ORTIZ, "El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado", en Revista Análisis Político, Bogotá, N s 14, septiembre a diciembre de 1991, p. 62, nota 2.
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Visión estadística...
enfoque cuantitativo de este capítulo, volveremos de manera argumenta! cuando abordemos, en la segunda parte, la dimensión del Municipio.1' Y ahora, puesto que estábamos anticipándonos a comparar cifras y tasas departamentales para avalar o descartar explicaciones del ascenso de la curva de violencia general del país, dediquémonos a examinar sistemáticamente, una a una, las curvas de los departamentos.
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Especificidades de los departamentos colombianos frente al homicidio Carlos Miguel Ortiz
Para una fácil comprensión de las tendencias que las curvas de tasas de muertes violentas en general por cada 100.000 habitantes que arrojan los departamentos, agruparemos éstos en cuatro conjuntos convencionales: 1 •
Departamentos de la Costa Atlántica.
•
Departamentos con altas tasas de homicidio por encima de las tasas del país.
•
Departamentos andinos con tasas de homicidio cercanas a las tasas nacionales.
•
Departamentos de Nariño, Chocó y Distrito Especial de Bogotá, con tasas por debajo de las nacionales.
DEPARTAMENTOS DE LA COSTA ATLÁNTICA
Los departamentos costeños se caracterizaron, durante las dos grandes escaladas de violencia político-partidista de la primera mitad del siglo (Guerra de los Mil Días y período de La Violencia) por no participar casi de esa dinámica, excepción hecha de uno que otro municipio.
Para comparar y analizar las cunas de las tasas de homicidio en los departamentos, véase la gráfica 4 en los anexos (p. 288).
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Visión estadística...
En el intervalo que hemos estudiado, de 1959 a 1997, Sucre y Bolívar prolongan esa tradición (en Bolívar, se exceptúan municipios del sur como Achí, Morales, San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur, que alteran muy poco los totales departamentales); Cesar y Guajira se pueden considerar relativamente violentos en todo el intervalo, pero especialmente durante la bonanza de la marihuana; Atlántico, que ha sido relativamente pacífico, ve interrumpida esa trayectoria durante los años de la marihuana; igualmente el actual Magdalena, una vez El Cesar secesionado de su territorio, ha sido poco violento salvo en los años de la marihuana y recientemente, en 1991 y 1992; Córdoba, pese a la aguda violencia política protagonizada por el EPL y los grupos paramilitares, ha tenido índices más bien bajos de violencia general (lo cual puede ser un argumento más en favor de la poca relación —• cuantitativa— entre la violencia en ceneral y la violencia registrada como política). Veamos, dentro del grupo, el caso de cada departamento: Magdalena y Cesar Desde 1963 y antes de dividirse, el antiguo departamento del Magdalena (Magdalena y Cesar) presenta tasas de muertes por 100.000 habitantes cercanas a las tasas nacionales, a veces sobrepasándolas; pero muy probablemente en ese panorama incide la tasa de muertes de la zona oriental (actual departamento del Cesar): pues en 1968, después de la secesión, serán esas mismas las tasas del Cesar, mientras la parte occidental, que conservó el nombre de Magdalena, baja abruptamente sus tasas. Ello continúa de la misma manera sólo hasta 1977, ya que entre este año y el de 1982, las tasas subirán por encima de las nacionales a la altura de las del Cesar. Nueve años más tarde, de 1991 a 1993, subieron nuevamente, en contravía del movimiento de la mayoría de departamentos de la Costa, incluidos Cesar y Atlántico. Mientras en el país y en casi todos los departamentos individualmente considerados, descendían las tasas en 1992, en este año precisamente Magdalena alcanza la tasa máxima de su curva: 74,9 (la del país en el mismo año fue 80,8). En cuanto al Cesar, desde que en 1968 contabiliza sus propias cifras una vez separado del Magdalena, sus tasas siempre han estado por encima de las tasas nacionales, no tanto como las de los departamentos más violentos (Antioquia) pero más altas que en departamentos como el Cauca. El mayor ascenso de la tasa de muertes lo registró —ya lo di39
Primera parte
jimos— de 1977 a 1982, años de la bonanza marimbera, alcanzando su tasa máxima de 79 en 1982, que el país en conjunto alcanzaría sólo en 1991, pero aun así todavía lejana de la tasa máxima de Antioquia. Durante los años de la gran escalada nacional, 1984-1991, la curva dc tasas del Cesar es más bien oscilatoria, a veces a nivel del país y a veces inclusive ligeramente por debajo de él. La Guajira Las tasas de muertes violentas de La Guajira están muy por encima de las del resto de la Costa Atlántica y su curva es de muy diferente trayectoria a las de los departamentos vecinos. Con la curva nacional sólo se halla cointegrada de 1959 a 1962; a partir de entonces no volverá a hallarse ninguna cointegración, revelando en su violencia una gran autonomía respecto de las condiciones del resto del país. De 1965 en adelante, su curva de tasas de homicidio siempre estará por encima de la tasa del país. ¿Qué factor confiere tal singularidad a La Guajira? Es una pregunta que nos llevaría a necesarios análisis monográficos, no sólo cuantitativos sino cualitativos: ¿es la complejidad étnica, con sus tensiones en el interior de los nativos wayúu y entre ellos, los mestizos raizales y los migrantes y transeúntes, colombianos y venezolanos? Aunque esto explicara parte de la especificidad de la alta violencia d e La Guajira, no explica que sea desde 1965 cuando sus tasas se coloquen por encima de las nacionales. ¿Qué fenómeno más circunstancial estará en juego? ¿Será acaso la actividad del contrabando, estimulada en el país especialmente a raíz de las medidas proteccionistas de los gobiernos Valencia y Lleras Restrepo? 2
" El marco nacional del hipotético auge del contrabando en los 60, lo constituyen los esfuerzos proteccionistas de los gobiernos de Guillermo León Valencia (19621966) y de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Del primero sobresale, entre las medidas de política económica, la reforma arancelaria de 1964. Es más conocido, obviamente, por su significación en el fortalecimiento de un modelo proteccionista integral, el gobierno de Lleras Restrepo, y dentro de él, el estatuto cambiado o decreto 444 de 1967 (Ver, entre otros, José Antonio OCAMPO et al.. Historia económica de Colombia, Bogotá, Siglo XXI Ed., 1987, p. 262-268. Banco de la República, Colombia: 20 años del régimen de cambios y de comercio exterior, Bogotá, Banco de la República, 1987, p. 241-279).
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El caso de La Guajira, por lo demás, favorecería la hipótesis de la independencia de los índices altos del homicidio en general respecto del homicidio registrado como político: mientras en La Guajira la presencia de la guerrilla ha sido casi nula, en los departamentos costeños en d o n d e el enfrentamiento de la guerrilla, el Ejército y los paramilitares en los años 80 fue tan intenso como en Córdoba, esos años estuvieron por debajo de las tasas de muerte violenta de La Guajira, y prácticamente no pesaron —a nivel cuantitativo— en la conformación de la curva nacional. El mismo departamento del Cesar, con permanente presencia guerrillera desde hace años, con altos índices de secuestro (ver Gráfica 19, p. 303), a partir de 1984 presenta lasas de muertes violentas inferiores a las de La Guajira. En lo que sí participa La Guajira de la tendencia común a los departamentos de ¡a Costa Atlántica es en que, durante los anos de la bonanza de marihuana, alcanzó las tasas más altas de muertes violentas (inferiores, sin embargo, a las de departamentos que en los años 80 han estado vinculados al tráfico de cocaína o producción de coca, como Risaralda y Meta, cercanas a las del Caquetá, y muy inferiores, por supuesto, a Arauca y Antioquia). Estas tasas fueron: 105,6 en 1977; 98,6 en 1978; 117, la máxima de la curva, en 1980. Cuando, de 1992 a 1993, la tasa ciei país oescienue, i^a Guajira vuelve a tener un considerable ascenso de tasas, de 63 a 93, aunque desde 1994 participa de la tendencia general al descenso. ATLÁNTICO Las tasas de muertes violentas del Atlántico se hallan siempre por debajo de las tasas del país, incluso en el intervalo de años en los cuales presenta un mayor ascenso relativamente a sus propios datos; nos referimos a los años del boom de la marihuana, 1978-1982, en los cuales Atlántico experimenta un incremento a la manera de casi toda la Costa; en 1982 alcanzó su punto máximo (32), que aún es bajo comparado con el país en el mismo momento y con los otros departamentos. Después de la época de la marihuana, las tasas de muertes violentas descienden en el Atlántico, e inclusive cuando en el país se elevaban entre 1984 y 1987, Atlántico, al revés de la mayor parte de los departamentos, bajaba sus tasas notoriamente.
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Primera parte
Córdoba También Córdoba sostiene siempre sus tasas de muertes violentas por debajo de las tasas nacionales, inclusive cuando más suben: no en los años de la marihuana, como en los departamentos del lado oriental de ia Costa, sino en 1988, año en el cual alcanza su lasa máxima de 59, la cual es inferior de todos modos a la respectiva tasa del país. Antes de 1988, Córdoba había mostrado un leve ascenso desde 1984, es decir, durante el intervalo de la gran escalada nacional de muertes violentas. Sin embargo, se aparta completamente de la curva nacional en 1989, pues desciende mientras el país asciende, volviendo a subir moderadamente en 1990 (tasa de 56/100.000) y a descender en 1991 (la curva del país desciende un año después, en 1992). Estos movimientos guardan semejanza con los del departamento del Chocó. ¿Acaso se relacionan con la violencia política? En concreto, ¿con el cruento hostigamiento entre el EPL y los paramilitares, que cobró varias vidas de la población civil? Sabido es que los escenarios de esa querella fueron los municipios de Urabá en Antioquia; Valencia, Tierralta, Puerto Escondido, Los Córdobas, en Córdoba; y el norte del Chocó, o sea el extenso municipio de Unguía y alguna parte de Acandí. 1988 fue el año de las tristemente célebres masacres de los paramilitares en Urabá y Córdoba: Honduras, La Negra, Punta Coquitos, en Urabá; La Mejor Esquina, en Córdoba. 1989 fue el año de las masacres de Santa María y Gilgal en Unguía, Chocó. Cuando poco después se empiezan las conversaciones entre el gobierno y el EPL, conducentes decididamente a la desmovilización, se reducen tanto las hostilidades de esa guerrilla como las masacres de los paramilitares. De hecho, la tasa máxima de muertes violentas se alcanza en Córdoba en 1988 y en Chocó cn 1989. Sin ninguna prueba por ahora, nos atrevemos a preguntar si esos avalares de la violencia política han podido influir moderadamente en la violencia total, tanto de Córdoba como del Chocó. Y decimos moderadamente, porque —sin desvirtuar el horror de las masacres— la contabilidad de muertes violentas de naturaleza política, fruto del referido enfrentamiento, no habrían pesado tanto para cambiar a Córdoba y Chocó la calificación de departamentos con tasas de violencia general bastante por debajo de las tasas nacionales y de las demás tasas departamentales: lo que no puede aplicarse en el caso de los departamentos costeños que vivieron el auge de la marihuana.
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Bolívar y Sucre Bolívar y Sucre continúan siendo hoy, como en La Violencia de los años 50, departamentos poco tocados por el homicidio y el asesinato, pese a que en el sur de Bolívar han actuado desde hace años las Farc y el ELN, y pese a que en Sucre tuvo su centro de acción la minúscula guerrilla del PRT —hoy desmovilizada— que, por lo demás, no se caracterizó por acciones letales. Las tasas máximas de muertes violentas de Bolívar (25, en 1992) y de Sucre (27, en 1993) son las tasas máximas más bajas de todo el país, lejanamente inferiores a las tasas nacionales de esos mismos años. De cualquier manera, los dos departamentos experimentaron un leve ascenso de las muertes violentas en los años en que prácticamente todos los departamentos lo hicieron pero de manera más vertical, o sea entre 1984 y 1988. En el intervalo de mayor aumento de tasas de muertes violentas para la mayoría de departamentos costeños, 1977-1982, las tasas de Bolívar y Sucre no participan de esa dinámica. DEPARTAMENTOS CON ALTAS TASAS DE HOMICIDIO Estos departamentos muestran en la década de los 80 ias tasas más altas de muertes violentas en general, tasas por encima de las tasas nacionales: Arauca, Antioquia, Amazonas, Meta, Caquetá, Risaralda, Quindío y Caldas. La escalada más vertical de la curva de 1980 a 1991 la presenta el departamento de Antioquia y los picos más altos de la estadística, el departamento de Arauca. Antioquia, Arauca y Amazonas Lo primero que resalta de la gráfica de participación de Antioquia en las muertes violentas del país es la alta pendiente de su curva desde 1980 y particularmente desde 1984, sobrepasada sólo por las sucesivas crestas del movimiento oscilatorio de las altísimas tasas del departamento de Arauca. En 1991, año de tope también para el país en su conjunto, la tasa de Antioquia llegó a 245 muertes/100.000 habitantes, pero Arauca había alcanzado en 1978 y 1986 insólitas tasas cercanas a 530. No obstante, es necesario destacar, para rebatir fáciles interpretaciones psicologistas, que esa supremacía de Antioquia en la violencia
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homicida no le ha sido permanente ni inherente, sino que tiene un claro punto de inflexión con respecto a una curva que se mantuvo por años muy cercana a la curva de las tasas nacionales, incluso ligeramente por debajo de ellas hasta 1966. Es decir, fue un producto histórico, y es preciso explicar sus procesos constitutivos. A lo mejor el narcotráfico jugó en ello un papel especial, a juzgar por la coincidencia de años entre el boom de la cocaína, sus alzas y bajas de precios, y las alzas y bajas de tasas de muertes violentas alrededor de la tendencia central de la curva, ya anotada, que es de ascenso a partir de 1980.3 No sobra, empero, recordar lo que dijimos a propósito de la incidencia del narcotráfico en la violencia total del país: que, como es obvio, la cantidad de muertes violentas no fueron causadas directamente por el narcotráfico, sino a través de modalidades de acción indirecta y de estímulo a la generalización del uso de la muerte como recurso banal. El sicariato, en su doble connotación criolla de homicidio a sueldo y de homicidio ejecutado por menores de edad, fue profesionalizado y promovido por la organización de la cocaína en Medellín, pero pronto la desbordó, no pudiendo ella controlar sino una parte de los prolíficos sicarios.'1 Ahora bien, si se comparan en Antioquia la curva de muertes violentas en general y la curva de muertes violentas registradas como políticas (en tasas por 100.000 habitantes), encontraremos nuevamente indicios sugerentes: casi toda la violencia dc 1959 a 1961 (y antes, desde luego) provino de móviles real o aparentemente político-partidistas, siendo sus tasas altas, comparadas con otros departamentos; pero durante los años del gran ascenso de la violencia cn general, la violencia política, pese a que en Antioejuia fue mayor que en casi todos los demás departamentos, constituyó una jjarte bastante jjequeña del total dc violencia. Se sabe que internamente, en los años 80 la violencia política ha estado jiresente en zonas del departamento como Urabá, Bajo Cauca, nordeste minero, Magdalena Medio y, más recientemente, Me-
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Véase Francisco THOUMI, Economía, política y narcotráfico, Bogotá, Tercer Mundo Ed., 1994 (p. 129-138); Carlos Gustavo ARRIETA, et al., Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Ed., 1990 (p. 20; 53-79). 4
Véase Carlos Miguel ORTIZ, "El sicaí iato en Medellín; entre la violencia política y el crimen organizado", en Revista Análisis Político, Bogotá, N 9 14, septiembrediciembre 1991.
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dellín con el fenómeno de los milicianos.5 Sobre el resto de violencia, recogida en las cifras del homicidio indiscriminado, el peso de Medellín y de los municipios del área metrotíolitana es mayor (más adelante se abordará esta hipótesis, en la Segunda Parte: la dimensión del municipio, p. 59); esto sin desconocer la cuota que invariablemente ha aportado a la violencia total el número de homicidios cometidos diariamente, y particularmente las vísperas de días festivos, en los muchos núcleos rurales a lo largo y ancho del departamento: muertes violentas que estadísticamente nutrieron una curva cercana a la curva nacional de tasas después de menguada la violencia política de los 50 y antes de que se consolidara el narcotráfico. A diferencia de Antioquia, Arauca y Amazonas presentan curvas de homicidio de altísimas tasas pero completamente independientes de la curva dei país: ni siquiera ios años de tope coinciden con los años dei cuadro nacional. Los dos departamentos, aunque comparten la característica de zonas de frontera internacional, difieren en que Arauca tiene presencia de guerrillas, y Amazonas no. Tanto Arauca como Amazonas contradicen el fenómeno compartido por prácticamente todos los otros departamentos, de tasas relativamente bajas entre 1969 y 1976. En cambio, entre 1987 y 1991, cuando el país alcanza los momentos más delirantes en el aumento del homicidio, estos dos departamentos más bien están reduciendo sus tasas. En Arauca —y en esto es muy distinto al Amazonas— el homicidio en general se halla mucho más relacionado con el homicidio político y las dinámicas de sus conflictos y su violencia se vinculan a los actores organizados (guerrillas) mucho más que en cualquier otra región colombiana. Meta y C a q u e t á Otros departamentos que, j u n t o con Risaralda, sobresalen por las altas tasas de muertes violentas en la década de los 80, son Meta y Caquetá; 7
Sobre Urabá, véase Fernando BOTERO, Urabá: colonización, violencia y crisis del Estado (Medellín, Ed. Universidad de Antioquia, 1990); María Teresa URIBE, Urabá: ¿región o territorio? (Medellín, Corpourabá, 1992); sobre el Bajo Cauca, Clara Inés GARCÍA, El Rajo Cauca antioqueño (Bogotá, Ed. Cinep, 1993). Sobre el Magdalena Medio, Amparo MURILLO, María Teresa ARCILA, et al., Un mundo que se mueve como el río (Bogotá, lean, Colcultura y PNR, 1994). Sobre la violencia en Medellín la literatura es más abundante.
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el Meta alcanza su tasa máxima, de 188.7 muertes jjor 100.000 habitantes, en 1988, y Caquetá la suya de 124.8 en 1991. Aunque en cifras netas la participación del Meta y Caquetá pasa desapercibida como dos departamentos más entre tantos (Antioquia es el primero en cifras netas), la cosa cambia bastante cuando se observa la frecuencia de muertes en función de la densidad demográfica, lo cual se expresa en las tasas f>or 100.000 habitantes; es allí, nos jjarece, d o n d e se rescata la verdadera dimensión de la violencia. Desde 1981 el Caquetá ha mantenido sus tasas por encima de la tasa nacional, con la sola excepción de 1986, cuando coinciden. El Meta también mantuvo su tasa muy jjor encima de la nacional entre 1982 y 1988, pero después de este año en el cual llegó al tope inició un brusco descenso que lo ha llevado a coincidir con las tasas nacionales desde 1993. R i s a r a l d a y A n t i g u o Caldas El siguiente departamento en tasas de muertes violentas por 100.000 habitantes es Risaralda, escindido, como todos sabemos, del Antiguo Caldas en 1966. Los primeros años del intervalo estudiado son, para el Antiguo Caldas, de altas tasas de muertes violentas, todavía muy ligadas a móviles registrados como políticos; desde 1959 hasta 1968 esas tasas se hallan bastante por encima de las tasas nacionales, aunque no tanto como las del Meta, Valle o incluso Tolima. En 1961 llega a su punto más alto para esa época, una tasa de 68.5, que de todos modos será inferior a las tasas alcanzadas después d e 1980. Como en casi todas las regiones del país, desde 1968 hasta 1976 las tasas son las más bajas del intervalo estudiado, y muy cercanas a las tasas nacionales, aunque casi siempre ligeramente por encima de ellas; sólo coinciden en 1972. Desjjués del 72 las tasas del Antiguo Caldas van acrecentando su diferencia por encima de las tasas nacionales, aunque el movimiento de la curva refleja una buena cointegración respecto al movimiento de la curva del país, que —como hemos d i c h o estaría posiblemente muy marcada jjor el fenómeno del narcotráfico. Entre 1988 y 1993 las tasas del Antiguo Caldas en su conjunto, bordean o sobrepasan la cifra de 100. Ahora bien, examinando en jjarticular la curva de Risaralda con respecto al conjunto del Antiguo Caldas, se infiere que Risaralda es, dc los tres dejjartamentos que lo componen (Risaralda, Quincho y
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Caldas), el que más incide en las tasas del conjunto: si esto es así desde que contabiliza datos propios en 1967, es muy probable que lo fuera igual antes de 1967. Desde 1974 sobre todo, la diferencia de Risaralda por encima de la tasa nacional de muertes violentas es bastante grande; a partir de 1988, Risaralda sobrepasa en mucho la de por sí alta tasa de 100 del conjunto Antiguo Caldas. En efecto, llega a 137 (punto máximo) en 1989 y a 136.7 en 1991. Curiosamente la presencia guerrillera no es muy importante en Risaralda durante tales años: se redujo a un pequeño grupo del EPL, con centro en Belén de Umbría y Quinchía que —es preciso r e c o n o c e r práctico bastante el secuestro. Muchos de los casos que registramos en la base de datos confeccionada para nuestras gráficas a partir de la fuente del Boletín Justicia y Paz, sobre cuyo sesgo hemos advertido, provienen de grupos armados que se propusieron la persecución de miembros de partidos de izquierda y de dirigentes cívicos y sindicales, pero no claramente dentro de una guerra territorial con grupos insurgentes al estilo del departamento de Córdoba o de la zona del Magdalena Medio. En 1987 ya era harto conocida, especialmente entre los amenazados dirigentes sindicales del magisterio, la temida sigla "Colombia libre", que reivindicaba en sus volantes a luchadores «por la democracia colombiana» y «contra los sindicalistas de mierda». Desde mediados de 1988 se sumó a la anterior otra sigla nefasta, el MAC, que lanzaba sus consignas y libelos amenazantes en la propia ciudad de Pereira, ensañados sobre todo contra los militantes de la Unión Patriótica. Según informes del DAS local en 1989, esos grupos tendrían origen en narcotraficantes que poseían tierras en el eje La DoradaMariquita. En Risaralda, por lo demás, se localizan varios de los municipios más violentos del país, tanto en la clasificación de Rodrigo Losada y Eduardo Vélez para 1979-1986, como en la de Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo para 1987-1993. En conclusión, no parece, ni por indicios cuantitativos ni por elementos cualitativos de análisis, que el gran aumento de la violencia general en Risaralda desde 1984 provenga de móviles políticos; está por estudiar qué factores históricos la explican: el narcotráfico podría ser uno de ellos. En cambio, sí parece que los propios factores impulsores de la ascendente violencia general incidieron en el incremento de la violencia política.
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Quindío Aunque un poco menos que Risaralda, las tasas de homicidio en el Quindío son también bastante altas. Desde 1974 están siempre por encima de las tasas nacionales. No obstante, las tasas de muertes violentas registradas como políticas son ínfimas, a diferencia de Risaralda. Entre 1990 y 1992 el incremento de homicidios es sorprendente, canzando este último año una tasa de 134, ajjenas comjjarable a las Risaralda, Meta o Caquetá; singular, pues 1992 es año de descenso la tasa en el conjunto del ¡jais y en casi todos los departamentos incluido Risaralda—,
alde de —
¿Cómo explicar esta particularidad? ¿Acaso jjor la crisis del café, en un departamento que depende exclusivamente de él? ¿Acaso por la llegada de la amapola, con dos de sus municipios (Genova y Pijao) señalados en el mapa del cultivo ilícito?1' ¿Acaso por el desplazamiento de medianos narcotraficantes y de sicarios, con sus familias, desde Pereira, Medellín y el norte del Valle? Caldas De los tres departamentos del Antiguo Caldas, Caldas es el de menores tasas de muertes violentas, aunque desde 1981 siempre esté por encima de las tasas nacionales y alcance el valor de 98.7 cn 1991. Sin embargo, sabemos que en la zona de La Dorada y alrededores, Caldas participa de la situación común a todo el Magdalena Medio, como es la presencia de grupos paramilitares apadrinados por cl narcotráfico 7 ; recordemos la alusión que acabamos de hacer a estos grupos al hablar de sus comentadas acciones en el departamento de Risaralda. DEPARTAMENTOS ANDINOS CON TASAS DE VIOLENCIA GENERAL CERCANAS A LAS TASAS NACIONALES Los dejjartamentos agrupados convencionalmente en este conglomerado tienen en común, además de la proximidad —y generalmente la h
Véase Camilo ECHANDÍA, "La Amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia", en Revista Análisis Político, N e 27, Universidad Nacional, Santafé de Bogotá, enero-abril 1996, p. 3-19. ' Con motivo de las elecciones para alcaldes y Concejos Municipales en 1995, la prensa agitó mucho el tema de la financiación de campañas por parte de narcotraficantes en el Magdalena Medio, con epicentro precisamente en La Dorada.
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cointegración— entre sus curvas de tasas de homicidio y la curva del país, el hecho de que en los primeros años del intervalo estuvieron por encima de las tasas nacionales, algunos ligeramente, otros con diferencias pronunciadas. Además, las muertes violentas contabilizadas en ellos durante esos primeros años estaban muy asociadas a los grupos armados irregulares provenientes de La Violencia, identificados bajo rótulos político-partidistas. He aquí los nombres de los departamentos a los que nos referimos: Norte de Santander, Santander, Valle, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Huila. Algunos, particularmente Valle y Boyacá, contienen zonas caracterizadas por muy altas tasas de homicidio, inmensamente superiores a la tasa departamental y a los promedios nacionales; tal es el caso de la zona norte en el Valle y de la zona esmeraldífera en Boyacá. Sin embargo, las cifras son en. paite neutralizadas por otras zonas de bajo homicidio, dando como resultado que se coloquen entre los departamentos cuya curva resultante es cercana a la curva del país. El departamento más cointegrado con el país en su curva es Norte de Santander, que hasta 1979 mostró tasas muy por encima de las nacionales, cercanas a las que en la época registró el departamento del Meta. En el caso de Santander, llama la atención que jjese a la activa presencia de las Farc y el ELN y al lugar destacado que ocupa nacionalmente por el número de secuestros en el pequeño intervalo que rastreamos este delito (de 1982 a 1997), sin embargo su tasa general de muertes violentas se halla desde 1976 ligeramente por debajo de la tasa nacional, aunque ascendiendo cointegradamente con ella desde 1984. El departamento del Valle inicia su curva muy por encima de la tasa nacional, con los homicidios que provienen de La Violencia; en esos años su tasa se equipara con las altas tasas del Meta y Norte de Santander, ya referidas, y con la tasa del Tolima. No hay duda, se trata de los departamentos en donde fue más fuerte La Violencia en su etapa tardía, o sea en la época del Frente Nacional. Entre todas, la tasa de muertes violentas del Valle sería en esa época la más alta (101), sobrepasada por el mismo departamento sólo en 1993 (107.9) y superior a todas las del conjunto del país durante la gran escalada de violencia que fueron los años 80 y comienzos de los 90. Durante esa escalada de los años 80, el papel del Valle fue discreto; así que, de verificarse la hipótesis según la cual el narcotráfico incidiría en el aumento de la vio49
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lencia general, habría que considerar diferencias y grados entre las distintas organizaciones regionales de tráfico de droga, en cuanto al recurso de la violencia. Más recientemente, en los años 1992 y 1993, mientras el país descendía ligeramente, el Valle ascendió alcanzando el punto máximo de la curva, desfase al cual ya hicimos, páginas atrás, referencia. Tolima es el otro departamento con tasas iniciales considerablemente altas, que en la gran escalada nacional desde 1984 presenta un comportamiento discreto y que, como el Valle, asciende en los años 1991, 92 y 93, acercándose al valor de la tasa nacional. Es, en estos últimos años, el departamento con las mayores áreas de cultivo de amapola, según el citado trabajo de Camilo Echandía. Boyacá y Cundinamarca presentan tasas intermedias dentro del conjunto. Iluila y Cauca, con dinámicas parecidas en sus curvas de tasas de muertes violentas, registran los valores menos altos dentro de este conjunto caracterizado por la proximidad con la curva de tasas nacionales. NARIÑO, CHOCÓ Y BOGOTÁ Aunque de características casi en nada jjarecidas y con historias completamente diferentes, hemos asociado estos entes territoriales sólo por tener en común el que las curvas de sus tasas de homicidios han estado siempre perceptiblemente por debajo de las tasas nacionales, a semejanza de los dejjartamentos occidentales de la costa Atlántica. De los tres entes territoriales, el que más rejjlica, en el movimiento de su curva dc tasas, la curva del país, es la ciudad de Santafé de Bogotá: aunque de 1991 a 1992 y de 1992 a 1993, a diferencia de la tendencia nacional y de la mayoría de los departamentos, incluyendo los más violentos, Bogotá no desciende sino que sigue notoriamente creciendo en sus tasas, desjjués de 1993 la curva es descendente y las tasas se tornan coincidentes con las del país; incluso en el año de 1997, en el cual la tasa del país sufre un leve incremento, Bogotá siguió descendiendo. Resulta claro, además, que del total de muertes violentas u homicidio en general, el porcentaje de muertes registradas como de índole ¡jolítica es bastante bajo en Bogotá, sin que esto subestime el alcance político y simbólico que han tenido los casos singulares de magnicidio
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Visión estadística..
o asesinato de personajes públicos que, por la función de ciudad capital, tuvieron lugar en Bogotá en los años de más aguda confrontación armada entre el Estado y los grupos irregulares organizados.
Los departamentos y el secuestro: 1982-1997 Carlos Miguel Ortiz
El análisis de las curvas de secuestro, construidas a partir de las bases de datos que pudimos configurar con los registros del DAS entre 1982 y 1997, nos permite por una parte relacionar el secuestro, la muerte pequeña, con el homicidio indiscriminado; por otra, comparar las variaciones a través de los dieciséis años del intervalo, entre el conjunto del país y cada departamento en particular.' Podremos también determinar la participación de las más importantes organizaciones, en el país y en los departamentos, con sus variaciones durante el período rastreado. Los años que constituyen el intervalo fueron años demasiado importantes en otras dimensiones, tanto de la violencia como de la vida política nacional; ya hemos hecho varias alusiones, en ese sentido, en los dos capítulos precedentes. Lo primero que salta a la vista, al observar las curvas nacionales, es la coincidencia a nivel nacional, pero sólo en el segundo quinquenio de los años 80, entre el aumento del homicidio indiscriminado y el aumento del secuestro. En efecto, las gráficas muestran la subida más espectacular de las tasas nacionales de secuestro de 1987 a 1991, lapso en el cual también, como hemos tenido ocasión de analizar, se dio la elevación máxima de las tasas de homicidio; en cambio, la elevación de la tasa de homicidios que aconteció entre
Para mejor apreciar el contenido de este capítulo, véanse las gráficas relativas al secuestro en los anexos finales. 52
Visión estadística...
1984 y 1987, de incrementos también acentuados, no parece correlacionarse con un movimiento, en el mismo sentido, de las tasas de secuestro. Después de 1991 ambas curvas descienden, la de homicidio y la de secuestro, con la gran diferencia de que en 1995 y 1996 la curva de secuestro vuelve a ascender mientras la de homicidio continúa descendiendo. Estos ciclos de descenso y reascenso del secuestro entre 1991 y 1997 se repiten de manera cointegrada en las curvas de cada uno de los principales actores discriminados de secuestro: delincuencia común, Farc y ELN principalmente. 2 No obstante, al pasar a la composición departamental del secuestro, es llamativo que Antioquia, uno de los tres departamentos de más altas tasas de homicidio en el país en las dos últimas décadas, durante el mismo período sea de mediano rango en tasa de secuestros, aunque en cifras netas sea el departamento que participa con el mayor número de casos, y viceversa: que uno de los departamentos con mayores tasas de secuestro, como el Cesar, sea de mediano rango en la tasa de homicidio. Así mismo, que departamentos con baja tasa de secuestros, como Risaralda, tienen tasas relativamente altas de homicidio, y departamentos de bajísimas tasas de homicidio, como Sucre, tienen un rango intermedio en tasas de secuestro. Una vez más Arauca precede, de lejos, la lista de departamentos con mayores tasas de secuestro, como precedió la lista de más altas tasas de homicidio. De manera semejante a lo dicho sobre Arauca en la relación entre el homicidio total y el homicidio político, que no es una relación favorecida en el resto del país al menos directamente, también el secuestro en Arauca es mucho más político que en otros departamentos, al recaer su autoría más en el ELN y las Farc que en la delincuencia común. Su curva de secuestro es oscilatoria, como la de homicidio, sin cointegración ni correlación ninguna con la curva del país. Advirtamos que el número de casos de secuestro en Arauca es muy inferior al de otros departamentos, Antioquia o Valle por ejemplo, pero su bajísima densidad demográfica hace que ostente las tasas más elevadas del país.
Ver gráficas 12 y 10, p. 296 y p. 294, respectivamente. 53
Primera parte
Otros departamentos en los que coinciden altas tasas de homicidio con altas tasas de secuestro son el Meta y Caquetá; en ambos comparten la autoría las Farc y la delincuencia común. En d o n d e la acción de la delincuencia común es mucho mayor que la acción de las organizaciones guerrilleras en materia de secuestro es principalmente en los dejjartamcnlos del Valle y de Antioquia. Sin embargo, en Antioquia existe participación significativa también de las guerrillas, Farc, ELN y EPL antes de su desmovilización, mientras en el Valle la participación dc los actores políticos ha sido mínima frente a la autoría dc los delincuentes comunes. El Valle y Antioquia son en el país los departamentos que mayor número de secuestros registran, pero la alta densidad demográfica del Valle hace que sus tasas se coloquen por debajo de la tasa nacional. 3 Son departamentos de altas tasas dc secuestro, además de los ya mencionados y del Cesar, los departamentos de Casanare y el Vichada. Entre los departamentos de rango intermedio encontramos a Antioquia, Sucre, Putumayo, La Guajira, Guaviare, Santander, Norte de Santander, Iluila y Cauca. Los departamentos, finalmente, cuya tasa de secuestro a lo largo del período 1982-1997 ha coincidido o ba estado por debajo de la tasa nacional son: Atlántico, Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Córdoba, Chocó, Guainía, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, Tolima, Valle y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. En el cuadro de actores a nivel nacional, al tomar los totales del período 1982-1997 hallamos que, entre las organizaciones guerrilleras, la que más ¡jracticó cl secuestro fue las Farc (20% del total de secuestros del intervalo) seguida por el ELN (17%) y el EPL (6.%). 4 El ELN ha realizado sus secuestros princijjalmcnte en el Cesar, Antioquia, Arauca, los Santandcres, Bolívar, Magdalena, Cauca y Sucre. El EPL, a su turno, intensificó la actividad del secuestro sobre todo en los departamentos dc Antioquia y Córdoba, su área princijjal de influencia. 3
Ver Gráficas de secuestro 10, 11 y 12 (Colombia), 10 (Antioquia), 11 (Valle) y 12 (Arauca).
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Ver Gráficas 13 y 14, p. 297 y p. 298, respectivamente.
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Los secuestros del M-19 fueron realizados principalmente en el Cauca, Caquetá, Valle y algo en Antioquia. 5 El caso de las Farc es elocuente; han actuado en casi todos los departamentos donde se han registrado secuestros, con excepción de Risaralda, Quindío y Santafé de Bogotá, en donde el secuestro es obra de la delincuencia común mayoritariamente (en el Quindío de manera exclusiva). En tres departamentos, las Farc aventajan en mucho a los restantes autores: en el Meta, Guaviare y Caquetá. En Santander, Chocó, La Guajira y Cauca está muy repartida la autoría entre las Farc, el ELN y la delincuencia común, y en el caso del Cauca con una menor participación también del EPL y el MI9. Las Farc están aventajadas por la delincuencia común en el Valle, Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca, Putumayo, Nariño, Casanare, Caldas, Atlántico; por la delincuencia común y el ELN, en el Cesar, Norte de Santander, Arauca, La Guajira (allí también secuestra la disidencia del EPL), Magdalena, Bolívar y Sucre; y por la delincuencia común y el EPL, en Córdoba. Lo anterior nos pone en alerta sobre el papel que han jugado las Farc en ía nrona^ación de esta oráctica en Colombia: r*arece como si la organización guerrillera la hubiera iniciado en una diversidad de departamentos y después se hubiese expandido por cuenta de la delincuencia común. Si retrocedemos unos años, recordaremos que cuando las Farc empezaron a hacer sistemática esta práctica como recurso de financiación, todavía las tasas en el país eran muy bajas. En la formación de los grupos paramilitares pesó mucho la amenaza del secuestro de las Farc y fue justamente en clásicas zonas de influencia suya, como el Magdalena Medio, en donde se organizaron los primeros grupos paramilitares 6 Las gráficas de los anexos muestran que la participación de la llamada delincuencia común en el intervalo de 1982 a 1997 fue más importante estadísticamente que la de todas las organizaciones guerrilleras juntas (55% frente a 45%) y sin embargo, hasta la reciente legislación
" Ver Gráficas 13 (Participación de los departamentos en los registros de secuestros), p. 297; 15 (Antioquia), p. 299; 16 (Valle), p. 300; 17 (Arauca), p. 301; y 18 (Santander), p. 302; 19 (Cesar), p. 303. 6
Irónicamente, en 1996 y 1997 las autodefensas y paramilitares aparecen también ellos en los registros de autoría de uno que otro secuestro, según nuestra fuente consultada, el DAS. Esto sucede en ocho departamentos, de uno a tres casos anuales en casi todos; en Cesar, en 1997, se presentaron más casos.
Primera parte
anli-secuestro, no había prácticamente instrumentos dirigidos a contener esa delincuencia, ya que la militarización de las funciones de seguridad y la politización en la guerra Este-Oeste dirigía toda la energía del Estado hacia los guerrilleros, en asunto de secuestro como en general en todo el problema de la violencia. Desde el jjunto de vista del número de casos que se le atribuyen en los registros, la participación de la delincuencia común es más considerable, en Antioquia, en jjrimer lugar, con sus topes máximos en 1991 y 1996, seguida de estos departamentos, en orden descendente: Valle, Santafé de Bogotá, Cesar; Meta y Santanderes; Iluila y Tolima; Bolívar, Sucre, Magdalena y Córdoba; Cauca y Cundinamarca; y, en menor grado, de otros trece dejjartamentos. Llama la atención, una vez más, el caso del Valle, que en otras formas de violencia (por ejemplo el homicidio) ha mostrado también índices relativamente altos sin que se asocien con la guerrilla sino con otros protagonistas. Una consideración por zonas según nuestras bases de datos muestra mayor concentración de unos y otros índices en los municipios del norte del departamento. Las gráficas permiten contemplar a la vez la variación diacrónica (a través dc 16 años), la diferenciación geográfico-esjjacial (en 33 territorios), la discriminación de actores y el efecto del cruce de las tres coordenadas: tiemjjos, regiones, actores. La mayoría de los departamentos inician su primer ascenso pronunciado de la tasa de secuestro en 1988 y alcanza el tope máximo en 1991, el mismo año en que logra su tope la curva de los homicidios; jjor las características, empero, del movimiento estadístico del secuestro, diferente del homicidio, se detecta en su curva un segundo tope, cuya ubicación cronológica varía un poco según los dejjartamentos: en unos se localiza en 1996, en otros en 1995 o en 1997. Los dejjartamentos que, en el recorrido de su curva de 1982 a 1997, llegan a las tasas más altas por 100,000 habitantes son Arauca, Vichada, Caquetá y Cesar, así: Arauca 34.2 en 1985; Vichada 20.9 en 1990; el Cesar 18.3 en 1991; Caquetá 17.9 en 1983. A diferencia de Arauca, Vichada y Caquetá, el ascenso notable dc la tasa de secuestro en el Cesar es posterior a 1987. Su curva empieza a elevarse de manera cointegrada con la elevación de la curva del país, pero en 1989, 1990 y 1991 se dispara de modo enteramente singular. 56
Visión estadística...
También el descenso de 1991 a 1994 es bastante vertical y vuelve a subir en los dos años siguientes.' Resulta sugestivo que en este ascenso relativamente reciente de la tasa de secuestros del Cesar, se hayan repartido tan equitativamente los casos entre el ELN y la delincuencia común y que haya tal cointegración y en varios años coincidencia (con excepción de 1992 y 1996) entre las curvas correspondientes a esos dos actores. Se cumple aquí lo que en otros departamentos, con esta guerrilla o con las Farc, a saber que la delincuencia común replica la escalada de secuestro desatada por la guerrilla y viceversa.
Ver Gráfica 19, p. 303.
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SEGUNDA PARTE
La dimensión del municipio
Criterios de clasificación y agrupación de municipios según rangos de violencia Carlos Miguel Ortiz
Si hasta aquí hemos trabajado series estadísticas de cifras y tasas departamentales, no ha sido porque consideremos que ia unidad básica para estudiar la violencia, o cualquier otra problemática social, sea el departamento sino poroue en nuestro afán de vislumbrar algunas tendencias globales del homicidio y del secuestro desde fines de la clásica Violencia hasta ahora, no pudimos hacerlo más que con la información disponible y ésta, en cualquiera de los casos, no se conserva más que en datos agregados por departamentos. No obstante, estamos convencidos de que el análisis exige adoptar como laboratorio de reflexión el municipio, y que las agrupaciones de municipios que ese análisis suscite, seguramente rebasarán los límites departamentales. El material más elemental de estudio en los municipios será el constituido por las estadísticas de defunción del Dañe desde 1980 hasta 1995, concretamente en la penúltima de las 56 causas de muerte que esa entidad ha clasificado, a saber el homicidio, cualquiera que sea su modalidad e incluyendo no sólo los homicidios culpables sino, a nuestro pesar, los homicidios culposos; inclusión que desvirtúa un poco nuestro propósito investigativo aunque, de todas maneras, los culposos en Colombia mantienen todavía proporciones bastante pequeñas dentro del conjunto de las muertes violentas. Una vez más, estamos limitados por las fuentes disponibles, pues a nivel municipal carecemos de otra alternativa, ya que el Dañe es una fuente con limitaciones en su recolección y en su sistematización, como la Policía Nacional, 61
Seguida paite
cuyas cifras nacionales y departamentales utilizamos en la Primera Parte. En su libro recientemente publicado 1 Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo recurrieron a esa fuente. Con base en ella calcularon las tasas por 100.000 habitantes de 1988 a 1991 y establecieron, con relación a la tasa promedio nacional del jjeríodo, dos rangos dc municipios: los que la superaron en más del triple y los cjue la sujjeraron en el doble o más pero en menos del triple. Esta clasificación resulta útil, sobre todo jjuesta en relación con otros aspectos de la violencia distintos del homicidio común. Rodrigo Losada y Eduardo Vélez, por su parte, 2 habían trabajado la misma fuente para cl jjeríodo 1979-1986, y establecieron también dos rangos de municipios violentos —aunque construidos de manera diferente—, así como dos rangos de municipios pacíficos: municipios extremadamente violentos, bastante violentos, altamente pacíficos y bastante pacíficos. Como jjlanteamos en la Introducción, conviene diferenciar el homicidio en general (buena parte de cuyas cifras están constituidas jjor homicidios generados por agresión, venganza, ajuste, etc., en los enfrentamientos simplemente interindividuales) y las muertes violentas utilizadas por organizaciones de diverso tipo, como recurso para el logro de sus objetivos. Por esta razón nos parece útil el estudio que, en el capítulo II, numeral 4 de su texto, Echandía y Escobedo adelantan sobre las cifras de aquello que, siguiendo su fuente de consulta —el DAS—, llaman asesinatos? que no es otra cosa que las muertes violentas provenientes de actores organizados.
1
Camilo ECHANDÍA, Rodolfo ESCOBEDO, Enrique QUERUZ, Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales, Bogotá, Fonade y Universidad Externado, 1997. 2
Rodrigo LOSADA y Eduardo VÉLEZ, Muertes violentas en Colombia 1979-1986, Bogotá, Instituto SER, 1988. "Tendencias de muertes violentas en Colombia". En: Rev. Coyuntura Social, NB 1, Bogotá, diciembre de 1989. Es necesario advertir que esta denominación de asesinato acuñada por el DAS y retomada en el trabajo de Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo no corresponde a la categoría jurídica con la cual se configura un tipo de delito que se distingue del homicidio común por la presencia dc unas características subjetivas del acto, como son la premeditación y la alevosía, que sólo pueden ser establecidas después de un proceso de juzgamiento y no simplemente por el sujeto o la entidad que registra el hecho, como el DAS, el Dañe o la Policía Nacional. Lejos de ello, la denominación es forjada por el DAS —como lo sugieren Echandía y Escobedo— para indicar el ca(continúa en la página siguiente) 62
La dimensión del municipio
Recordemos también, de nuestra Introducción, que entre los actores organizados que se sirven de la muerte violenta como recurso, hemos reconocido una singular importancia al actor organizado que persigue, en últimas, fines políticos: sea en contra del gobierno, régimen, sistema político o establecimiento, sea a favor de un supuesto orden sustentado obsesivamente en las tradiciones, sea en disputa por territorios o controles regionales o locales. En estos capítulos rastrearemos ese actor a nivel municipal. A semejanza de lo que hicimos en la Primera Parte para los departamentos, pondremos en relación, esta vez en los municipios, las variaciones del homicidio en general —es decir del homicidio no discriminado—, con las muertes ocasionadas por actores políticos violentos (grupos guerrilleros, jjaramilitares y autodefensas y funcionarios del Estado). Lo haremos con la misma discrecionalidad con que io hicimos en ia Primera Parte: no hablaremos de violencia política pura y simplemente, sino de «violencia registrada como política», bajo el criterio y el sesgo de la revista Justicia y Paz; pese a todo, la revista fue la única fuente disponible en este campo para hacer un seguimiento por municipios que cubriera al menos una parte de nuestro período de estudio, entre 1988 y 1996. Hemos estado muy atentos a los dos sistemas aludidos de clasificación de municipios violentos y pacíficos, que corresponden, por lo demás, a dos períodos diferentes; hemos projjuesto un listado resultante de cruzarlos entre sí y con nuestros propios criterios. Éstos consistieron básicamente en examinar cuidadosamente en cada uno de los municipios existentes en el momento de nuestra clasificación (1995), apoyados en las bases de datos disponibles, en las monografías sobre varios de ellos y en otra suerte de recursos cualitativos, cinco factores básicos a los cuales otorgamos diferente peso ponderado, en el siguiente orden descendente:
1) La c u n a municipal de la tasa de homicidios entre 1980 y 1993, sus topes máximos y su relación con la tasa nacional. i ácter organizado del actor o actores de la muerte violenta, trátese de una organización armada de objetivo último político (guerrilla, paramilitares) o de naturaleza eminentemente económica (narcotraficantes). Por momentos parece que la denominación apunta también al carácter público de la víctima, con lo cual se genera cierta ambivalencia en el uso del término. De todos modos, es útil esta discriminación con respecto al resto de los homicidios, siempre y cuando se tengan muy presentes los límites y riesgos de su empleo. 63
Seginda parte 2) Los indicadores de presencia y acción de las varias organizaciones guerrilleras entre 1987 y 1993, especialmente la frecuencia del homicidio político (bajo el rubro asesinato) y del secuestro. 3) Los indicadores de presencia y acción de las autodefensas y grupos paramilitares, especialmente la frecuencia del homicidio político (bajo el rubro asesinato). 4) La frecuencia de violaciones de derechos humanos por [jarte de funcionarios del Estado. 5) Con un peso ponderado inferior, la existencia de tierras del narcotráfico.
Como resultado de esta combinación de criterios, configuramos las siguientes categorías de municipios: 4
CATEGORÍAS DE MUNICIPIOS Municipios muy violentos
18
Municipios relativamente violentos
57
Municipios muy pacíficos
77
Municipios relativamente pacíficos
33
Otros municipios con presencia de actores organizados de violencia
545
AGRUPACIÓN DE M U N I C I P I O S VIOLENTOS POR C O N T I G Ü I D A D GEOGRÁFICA
La manera más fácil de agrupar los municijjios escogidos según su relación positiva o negativa con la violencia, es agrujjarlos por departamentos. Bajo este criterio, los departamentos con municijjios muy violentos son, en su orden: Antioquia (7), Boyacá (3), Arauca, Casanare y Meta (2 cada uno), Caquetá y Cauca (1 cada uno). Los dejjartamentos con municipios relativamente violentos son: Antioquia (11), Meta (6), Santander (5), Boyacá (5); Valle, Casanare, Cundinamarca, Cauca (3 cada uno); Arauca, Caquetá, Córdoba, Cho-
4
Ver el cuadro 1 titulado Clasificación de municipios según rangos de violencia y sus 5 categorías. P. 253. 64
La dimensión del municipio
có, Bolívar y Caldas (2 cada uno); Cesar, Huila, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo (1 cada uno). En el otro lado de la clasificación, los departamentos con municipios muy pacíficos son, en orden: Boyacá (14), Bolívar (4); Chocó y Santander (3); Atlántico y Nariño (2); Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena y Meta (1). Finalmente, los departamentos con municipios relativamente pacíficos: una vez más Boyacá (21), Atlántico (10), Cundinamarca (9), Nariño y Bolívar (8), Magdalena (7), Santander (6), Chocó (2); Casanare, Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Sucre y Tolima solamente con 1 municipio relativamente pacífico. La agrupación por departamentos puede revelar condiciones interesantes, cuando los departamentos son relativamente homogéneos en cuanto a poblamiento, composición etnocultural, tipo de economía, presencia o ausencia de actores organizados de violencia, como el departamento del Atlántico o el del Quindío. Pero en la mayor parte de los casos, la heterogeneidad interna de los departamentos es grande y se corre el riesgo de efectuar simplificaciones que confunden, más que exjjlican. Por ejemplo, Boyacá aparece simultáneamente cn las cuatro categorías municipales que definimos, pero es porque posee zonas diferentes de muy distinto comportamiento social frente a la muerte violenta. En efecto, la zona occidental, hasta hace un par de años, fue escenario de una larga cadena de vendettas surgidas de la economía de las esmeraldas; en cambio las zonas central y oriental, tan violentas en los años 40 y 50, hoy albergan gran parte de los municijjios muy pacíficos y relativamente pacíficos de nuestra clasificación. Antioquia, a diferencia de Boyacá, no posee ninguna zona de municipios muy pacíficos ni relativamente pacíficos, pero entre sus municipios destacados como muy violentos o relativamente violentos, existen modalidades muy diferentes. Así, la violencia de Medellín es de naturaleza bien distinta a la de Turbo y Apartado; una y otra, a su vez, son distintas de la violencia en el nordeste o en el Bajo Cauca. Hicimos entonces el ejercicio de tomar en cada departamento las listas, primero de los municipios muy violentos y relativamente violentos, y confrontarlas con los elencos de municipios que integran las diversas subregiones inlradepartamentales bajo un criterio histórico-social, suficientemente sustentado en obras ya conocidas de historiadores y de otros científicos sociales. El resultado fue que en esas dos categorías de violencia, casi todos los municipios reseñados hacen parte de unas 65
Segunda parte
pocas y determinadas regiones, bastante bien delimitadas. Fueron pocos los municijjios sueltos o que sólo en números muv bajos de dos o tres, hacen jjarte de una subregión. En cambio, en las categorías de muy pacíficos y de relativamente pacíficos, así como en las restantes categorías intermedias, la pertenencia de los municipios a una subregión específica es menos frecuente; es decir que dichos municijjios se hallan más dispersos. Puede suceder también que las subregiones homogéneamente violentas estén mejor definidas y demarcadas, justamente por el interés investigativo que suscita el que sean violentas. De todos modos, entre los dos rangos de pacíficos, llaman la atención los casos de los departamentos de Atlántico y Boyacá: el primero, porque casi la totalidad de municipios del departamento, en nuestra clasificación, se rejjarten en alguno de los dos rangos, 5 excluyendo, naturalmente, a Barranquilla; ello es coherente con la caracterización de la curva de homicidios del Atlántico que hicimos en el Capítulo II de la Primera Parte (curvas departamentales). El segundo, Boyacá, porque, si bien su área occidental, con las dos subregiones diferenciadas de Magdalena Medio y Río Minero o zona esmeraldífera, es intensamente violenta, las zonas restantes, central y oriental, se caracterizarían por agrupar municipios muy pacíficos o relativamente pacíficos en mayor cantidad cjue cualquier otro dejjartamento, pese a cjue esos mismos municipios fueron intensamente violentos en los años 1930 y finales del decenio de 1940. También en el departamento de Bolívar se contabiliza un buen número de municipios entre muy pacíficos y relativamente pacíficos (12), y posee, como Boyacá, su zona álgida, cjue son los seis municipios del sur (Achí, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Cantagallo y Simití), (ICJS de ellos (Morales y Simití) destacados en nuestra clasificación dentro del rango de relativamente violentos; ahora bien, esta zona sur de Bolívar jjrescnta muchos rasgos en común con una subregión bien diferenciada nacionalmente, a saber el Magdalena Medio, que cobija varios dejjartamentos.
7 Sobre los municipios del Atlántico, no coincidimos con la clasificación del trabajo de Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Enrique Queruz, Op. cit., en la medida en que estos autores consideran los conflictos de tierras como un indicador suficiente [jara clasificarlos como violentos, aúneme los conflictos se den con ausencia de homicidio generalizado. En nuestra combinación de los cinco factores, la tasa de homicidio es el factor al cual asignamos el mayor peso ponderado.
66
La dimensión del municipio
Como vemos, las subregiones traspasan algunas veces los límites departamentales. Reiteramos que al hablar de subregiones no nos referimos a grupos municipales armados convencionalmente por nosotros bajo criterios exclusivos de indicadores de violencia, sino a subregiones histórico-sociales, estudiadas por sociólogos, historiadores u otros científicos sociales, cuyos municipios coinciden, en proporción significativa, con los de nuestras dos categorías de violentos. Las subregiones que contienen la mayor parte de los municipios muy violentos y relativamente violentos, de nuestros listados, son las siguientes: Urabá En el sentido amplio, abarca el Urabá antioqueño propiamente dicho y el Darién chocoano. La región está compuesta por 14 municipios: 11 de Antioquia y 3 del norte del Chocó, 6 de los cuales integra nuestra lista de muy violentos y relativamente violentos una proporción importante, *ci "» c3 o<Xn U o *d" '
* Vi o vI ovr -vtíi ií~\r\ o mI J C I v_ • ou- nn A i nn i lL- ii^nvnu nu ni a \~\ *J t ry oc nu I O l I *-»*-• U L *-\ U IJL. M r ni i ini*t-ivui iiKn . nJ 1 , oc nn lICÍ w i i , lliloazC^ C I -
te de nuestras listas de muy pacíficos ni de relativamente pacíficos. Las zonas occidental y noroccidental de Córdoba (5 municipios,)' podrían asimilarse en muchos aspectos a esta subregión del Urabá; con ella mantienen el mayor volumen de su comercio y han compartido actores organizados de violencia, tanto de guerrilla como de paramilitares. Magdalena Medio Integrado por La Dorada (Caldas), Puerto Salgar (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Cimitarra, Puerto Parra, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, El Playón y Puerto "Wilches, en Santander; Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare, San Luis, San Francisco y Yondó en Antioquia; San Al-
' Antioquia: Apartado, Arboletes, Garepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte. Chocó: Acandí, Unguía y Riosucio. ' Valencia y Tierralta en el occidente; Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido, en la costa noroccidental del departamento. Los dos primeros han sido territorio de guerrilla y paramilitares simultáneamente; los tres últimos, de paramilitares e inversiones de narcotraficantes.
67
Segunda parte
berto en el Cesar. Podrían ser más si se agregan los municijjios del sur de Bolívar, especialmente San Pablo y Simití. De esos 18 municipios, 8 hacen parte de nuestras listas, bien de municijjios relativamente violentos, o de muy violentos; ninguno hace parte de las dos categorías de pacíficos; y los que no clasifican como violentos, de lodos modos son bien conocidos por la presencia, o de guerrillas o de paramilitares o de las dos actores juntamente, como son Puerto Boyacá, Puerto Nare, La Dorada, Puerto Salgar, Cimitarra, Puerto Parra, Yondó. Sur de Bolívar Esta subregión está formada por los 6 municipios ya nombrados 8 ; puede asimilársele al Magdalena Medio (especialmente Simití y San Pablo) o al nordeste antioqueño y Bajo Cauca, zonas con las cuales limita. Bajo C a u c a a n t i o q u e ñ o Esta subregión está compuesta por 6 municijjios, 9 de los cuales 3 se hallan en nuestras listas: 2 muy violentos y 1 relativamente violento. Nordeste antioqueño Contiene 7 municipios, 1 " de los cuales 3 son muy violentos y 1 relativamente violento, ninguno pacífico. R i s a r a l d a y n o r t e d e l Valle Esta región interdejjartamental está comjjuesta por: Cartago, Trujillo, Toro, El Dovio, Versalles, Bolívar, Riofrío, La Unión, El Cairo, El Águila, en el Valle; Pereira, Marsella, La Celia, Balboa, La Virginia, en Risaralda. De éstos, Cartago, El Dovio, Trujillo y Marsella son relativamente violentos.
8
Achí, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza y Zaragoza.
10
Amalfi, Anorí, Angostura, Campamento, Remedios, Segovia, Vegachí.
68
La dimensión del municipio
Río M i n e r o y Río N e g r o Esta región interdepartamental está integrada por los 11 municipios de la zona esmeraldífera de Boyacá, de los cuales 7 figuran en nuestras listas de muy violentos o relativamente violentos; se prolongaría en 13 municipios de Cundinamarca, dos de los cuales se hallan en la categoría de relativamente violentos, ninguno en las categorías de pacíficos y varios se conocen por la presencia de actores de violencia como guerrillas y, especialmente, grupos paramilitares." Ariari Esta región del departamento del Meta, contiene 5 municipios, 12 de los cuales 3 se hallan en nuestras listas: 2 muy violentos y 1 relativamente violento. Región del Caguán Debido a la extensión de los municipios del Caquetá, esta región se reduce prácticamente a dos jurisdicciones: San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, ambos municipios conocidos por la relación entre guerrilla y colonización 13 ; el segundo de ellos está incluido en nuestra clasificación como relativamente violento. Piedemonte casanareño De los 10 municipios que lo conforman, 14 tres se hallan en las dos categorías de violentos y ninguno en las de pacíficos.
Los municipios de Boyacá son: Briceño, Buenavista, Caldas, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Quípama, Pauna, San Pablo de Borbur. Los de Cundinamarca son: Pacho, Yacopí, Caparrapí, Topaipí, La Palma, El Peñón, La Peña, Palme, Villagómez, Nimaima, Carupa, Vergara, San Cayetano. El único de los municipios violentos de Boyacá que no está localizado dentro de la zona esmeraldífera del río Minero, es Páez, cuyas características lo acercan a otra de las agrupaciones regionales que hemos diferenciado, a saber el Piedemonte Casanareño. 12
Granada, Fuente de Oro, El Castillo, San Juan de Arama, Mesetas.
' Véase Fernando Cubides, Jaime Eduardo Jaramillo y Leónidas Mora, Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Universidad Nacional, 1986. 4
Aguazul, La Salina, Monterrey, Nunchía, Recetor, Sabanalarga, Sácama, Támara, Tauramena y Yopal. 69
Segunda parte
Existen otros municipios que presentan contigüidad geográfica entre sí, aunque tal contigüidad no ha sido aún objeto de estudios que la interpreten como de pertenencia a una región histórico-socia! diferenciada; tal es el caso de los municijjios antioqueños de Jardín y Salgar, relativamente violentos, localizados ambos en el occidente del departamento. Angelójjolis constituye, en cambio, un caso más bien aislado, como quiera que está localizado en medio de municipios de JJOCO homicidio (aunque no en la categoría de pacíficos), como son Armenia, Titiribí y Venecia. En los cajjítulos que siguen nos aproximaremos a varias de las subregiones enumeradas y a los tres núcleos urbanos más importantes del jjaís, jjara tratar de descifrar en sus procesos regionales, comarcales o urbanos de construcción social, eventuales claves de producción de sus violencias.
70
Urabá Carlos Miguel Ortiz
La subregión interfronteriza conocida con este nombre, que en realidad cobija dos subregiones, a saber el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, es producto de una migración masiva bastante reciente, de escasos 40 años. Los hechos preliminares de esa migración fueron la puesta en funcionamiento de la carretera Medellín-Turbo y la iniciar•^.w^j - M ^ ti fii u r\^=>\ __f* v , i s^-i-ilfi^rs~\ \_ L4.J. L I V C i_i\„
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lombianos, pero con préstamos, infraestructura y comercialización, en sus inicios, de la multinacional Frutera de Sevilla. Sin embargo los primeros procesos de colonización remontan a mucho antes: cartageneros, sabaneros bolivarenses y sinuanos, chocoanos, habían sido colonizadores a comienzos de siglo, roturando tierras tras los pasos de las compañías extranjeras madereras y comercializadoras de tagua y de raicilla; a la sombra de este comercio se fundaron muchos caseríos, que hoy persisten, sumados a los caóticas agrupaciones urbanas que, desde los años 60, crecieron desorbitadamente en el eje de atracción bananero. Aunque el banano sigue siendo el sector más dinámico de la economía legal de la subregión, ocupa apenas 28.000 hectáreas 1 de L052.500 que suman los once municipios del Urabá antioqueño, de los cuales sólo son bananeros Apartado, Garepa, el área norte de Chigorodó y la zona intermedia de Turbo. Grandes haciendas ganaderas (de ganadería extensiva) predominan en el sur de Chigorodó, en el extremo norte de Turbo, en Arboletes y
Esa extensión es la correspondiente a los 299 predios bananeros, que, desde el punto de vista de la propiedad, se aglutinan por grupos empresariales. 71
Segunda parte
en los dos extensos municipios del Darién chocoano, a saber Unguía y Acandí; cn Necoclí y San Pedro de Urabá, en cambio, la ganadería aún se halla sustentada en fincas medianas. En total son cerca dc 300.000 hectáreas ocujjadas con ganadería extensiva en el conjunto de los once municipios, y 100.000 hectáreas ocujjadas en agricultura que, además del banano en los municijjios más dinámicos y jjopulosos, comprende la economía campesina típica dc la colonización, en Mutatá y en San Pedro de Urabá, y las chagras ribereñas de los olvidados y carentes municipios de ancestros cimarrones, Murindó y Vigía del Fuerte. El jjroeeso de concentración ha sido muy notorio, tanto en el área de las grandes haciendas ganaderas como en el corredor bananero cjue se extiende en dirección occidental, de la carretera hasta el mar; en el banano se mantiene en general la finca de 100 a 150 hectáreas como unidad de producción, jjero la concentración opera sobre la apropiación de varias fincas por jjarte de los grujjos empresariales. Ahora bien, la concentración ganadera, al igual que la bananera, es el resultado de procesos que se iniciaron a comienzos de los años 60. De las 50 mayores fincas bananeras de Turbo, 31 provienen de baldíos titulados sólo en el primer quinquenio de los 60, pese a que la municipalidad data de 1847; en la actual jurisdicción de Apartado, la titulación de baldíos que darían lugar a 26 de las 35 mayores fincas, es de la misma época, cuando, además, apenas si existía Ajjartadó como caserío. En la zona hoy ganadera, las titulaciones son un poco más viejas aunque no se remontan más allá de los años 1950 en Arboletes y 1940 en Necoclí. Actualmente continúa el proceso, y estamos asistiendo paralelamente a una acentuada concentración, dc la cual, en los años 1980 y 90, han sido beneficiarios cajjitales debidos al tráfico de cocaína. En Arboletes una sola firma, cuyos principales socios son confesos narcotraficantes cjue se acogieron a la política de sometimiento, compró 48 grandes haciendas entre 1981 y 1989,2 simultáneamente con otras muchas compras en Acandí (Chocó) y en el Bajo Cauca antioqueño, mientras otros socios de la misma organización o grupo de Medellín comjjraban en el Magdalena Medio.
" Consulta de los libros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, dentro del proyecto de investigación de Carlos Miguel Ortiz, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)", con la asistencia de John Jaime Correa.
72
La dimensión del municipio
En la concentración del banano, en cambio, no es por lo menos auscultable la inversión de los traficantes de cocaína. Han sido grupos empresariales de Medellín y Bogotá principalmente los que han ido comprando paquetes de fincas, más algunos grupos endógenos cuyas fortunas iniciales dicen que provienen del contrabando de Turbo y del negocio de la marihuana en los años en que éste pelechó en Urabá, que fueron los últimos de la década de los 70. En general la extracción andina de estos accionistas bananeros, trátese de los refinados hombres de negocios antioqueños y bogotanos o de los nuevos ricos raizales, contrasta con la pluralidad étnica de los colonizadores que se sucedieron a lo largo del siglo, que —como hemos dicho— eran costeños, bolivarenses, sinuanos, chocoanos, y andinos sólo desde fines de los 50. Esta pluralidad étnica sin integrar, que no se refleja en la concentración como sí en la diversidad cultural de los colonos e incluso de los obreros bananeros de los últimos cuarenta años, puede ser un factor de fragmentación y atomización sobre las cuales podría descansar una parte de la violencia. 3 M/-* m i p r p m n e
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se exterioriza la violencia tengan una naturaleza claramente interracial; más bien la fragmentación como imposibilidad de una identidad social construida pluriétnicamente y políticamente diversificada, va a culminar en dos direcciones de la violencia: a) una, que lleva a la proliferación del homicidio de múltiples y banales móviles, en lo que baten récord algunos municipios de la subregión desde el comienzo de su existencia (Apartado, Chigorodó, Turbo); b) otra, que favorece el fortalecimiento de los actores organizados de violencia (guerrilla, fuerzas regulares, paramilitares) sobre el fondo de miedo y de ausencia de identidad. En efecto, en medio de un conglomerado de gentes de diversos orígenes, con mucho de espíritu osado y aventurero, conglomerado amorfo, d o n d e la justicia privada imperaba por absoluta ausencia de la estatal, en un Apartado con muchos empleos que ofrecer, sin institu-
' El citado trabajo "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)" abunda en citas de documentos que reflejan bastante violencia interétnica, al menos verbal; los alcaldes interioranos enviados por Medellín para gobernar localidades urabaenses de mayoría negra o sinuana, a veces llegan a utilizar apelativos de animales, bestias, etc., para referirse a los gobernados, que no ven como pertenecientes a lo que ellos consideran su raza (raza mestiza, con pretensiones de blanca). 73
Segunda parte
d o n e s a las cuales acudir, con muchos homicidios de fin de semana, prostíbulos a granel y 4.000 prostitutas en vez de médicos, maestros, jueces, autoridad... irrumpe la guerrilla de los años 60. Más politizada que la de ahora, con más credibilidad, realizando en los lugares apartados como ése un trabajo jjarlidista de politización, que hace difícil distinguir, en las veredas y cn los caseríos, guerrilleros de comunistas, elemento utilizado por el Ejército cuando se le envía a defender las fincas bananeras, en d o n d e la politización del Ejército cn la guerra Este-Oeste ayuda a convertir inevitablemente los enfrentamientos locales en batallas de una guerra planetaria y a aumentar su parcialidad. La guerrilla de los años 60 y 70, en esos territorios lejanos, llega ofreciendo funciones propias de la acción estatal: hacer justicia a su modo, prevenir delitos como el abigeato, tan frecuente, el consumo de droga, etc., castigar infractores, muchas veces con la aplicación unilateral y cruel de la pena de muerte; reducir homicidios del ámbito privado, aunque aumenten los perpetrados por sus propios requerimientos de jjermanencia y desarrollo. No se crea que sólo los colonos jjobres apoyan la jjresencia guerrillera; no pocos hacendados, ante la proliferación del delito y la inseguridad, y la lejanía e ineficacia de las instancias estatales, deciden colaborar financieramente con cuotas periódicas o circunstanciales, a cambio de su seguridad; los guerrilleros, de su parte, se detienen cada vez menos a examinar éticamente la proveniencia de las contribuciones a la luz de criterios políticos, y cada vez más (sobre todo en los años 80 y 90) van poniendo el criterio económico por encima de todo, hasta resultar jjrotegiendo sin reato poderosos hacendados que les garanticen ingresos de consideración. El Ejército y la Policía parecen sometidos a la misma lógica y se mueven, más que instilucionalmente, de manera coyuntural hacia donde la jjresión de los políticos de Medellín o Bogotá los lleve en defensa de intereses jjarticulares, principalmente de los bananeros; se conoció inclusive una especie de vacuna del Ejército, en el sentido literal de cuotas periódicas pagadas por los empresarios por vía personal, al margen de los impuestos. Tal privatización de la función pública de los cuerpos armados, y del quehacer de los funcionarios oficiales, lleva a la corrupción, aumentada con el agigantamiento de los poderes privados acarreado por el narcotráfico, especialmente en Turbo, Arboletes y puertos de embarque de droga; lleva también a la complicidad hacia grupos armados 74
La dimensión del municipio
irregulares, francamente ajenos a la institucionalidad: los grupos paramilitares, y a la infracción oronda de las normas constitucionales y legales por parte de los agentes del Estado, que —en la misma lógica de la privatización— se consideran ruedas sueltas hasta para delinquir (se conocieron casos de policías que en las noches, vestidos de civil, realizaban atracos a sucursales bancarias en pueblos vecinos). Hasta hace unos años era frecuente la mentalidad, no sólo en los soldados rasos sino en la oficialidad, de que en guerra (y era la guerra sucia) todo está permitido para lograr el éxito; principio que chocaba con el incómodo y entorpecedor síndrome de Procuraduría, como la oficialidad bautizó el efecto inhibitorio de la vigilancia del Ministerio Público sobre los derechos humanos durante las tareas encomendadas al personal militar. Urabá es una de las zonas con más denuncias sobre violación de derechos humanos por agentes uniformados, según fuentes de la Procuraduría; Apartado y Arboletes son los que presentan, en distintos años, las cifras más altas de violaciones. En esa lógica de rebatiña de poderes en la cual las fuerzas regulares quedan aprehendidas, los conflictos laborales de las empresas bananeras, inherentes a la relación capital-trabajo en cualquier país del planeta, a fortiori en los del Tercer Mundo, resultan violentizados, es decir traducidos en homicidios, y esto en dos modalidades: en la modalidad del homicidio perpetrado contra dirigentes y activistas, que el trabajo de Echandía, Escobedo, Queruz, con fuentes del DAS, registra como asesinatos, o sea violencia de actores organizados, 4 y en la modalidad Los cuatro municipios bananeros de Urabá, a saber Apartado, Turbo, Garepa y Chigorodó, hacen parte de los municipios de mayor violencia por asesinatos, en primer rango tanto en el período 1987-1989 como en el de 1990-1992, en la clasificación de Echandía-Escobedo-Queruz; simultáneamente, la proliferación de homicidios no selectivos los hace figurar en nuestras listas de violentos: Apartado, Turbo y Chigorodó, en nuestra categoría de muy violentos, Garepa en la de relativamente violentos. Apartado y Chigorodó, junto con Taraza y Segovia en Antioquia, Muzo en Boyacá y Valle del Guamuez en Putumayo, constituyen los 6 municipios de más elevada tasa de homicidios en todo el país, con índices que superan en mucho no sólo las tasas nacionales, sino las tasas de los departamentos con más homicidios (Ver Gráficas 20, 21, 22, 23 y 24, p, 304 a p. 308), No siempre coinciden, como en los municipios bananeros, altos rangos por asesinato con altos rangos por homicidio. Por ejemplo, los municijjios antioqueños de Carolina, Gómez Plata, Don Matías, hacen parte ciel mapa de asesinatos de 1990 a 1992, pero, aunque registran sus homicidios, no sobresalen bajo este criterio ni como muy violentos ni como relativamente violentos. Casos como los de marras parecen explicarse por el advenimiento reciente del narcotráfico a localidades cuya historia no ha sido antes (continúa en la página siguiente)
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Seguida parte
del homicidio anónimo, que se ensaña contra administradores de las fincas, capataces y jornaleros rasos. Ambas modalidades dc homicidio jjroliferan cn los mayores núcleos dc población bananera: Apartado, Turbo, Garepa, Chigorodó y el corregimiento dc Currulao (Turbo). El llamado aquí homicidio anónimo (la segunda modalidad) hace parte, aunque no exclusivamente, de las altas cifras de homicidio que caracteriza a estos municijjios aunque, como dijimos, esas tendencias estadísticas preceden al banano y a la llegada de las tres principales clases de actores violentos organizados. Pese a que esa cadena de homicidios de la gente común se da finalmente en el marco de un enfrentamiento a muerte de actores organizados y tal vez no existiría en la misma intensidad sin su presencia, no quiere decir que todos obedezcan a jjlanes controlados de uno cualquiera de los tres actores, sino que ese enfrentamiento a muerte crea las condiciones y el pretexto ¡jara hacer valer, por la fuerza, todo género de pretensiones atomizadas y dispersas, que resultan así mezcladas de m o d o confuso con las reivindicaciones supuestamente colectivas, políticas o sindicales. En otras jjalabras, la disolución de lo colectivo, al amparo de la violencia, en un sinnúmero de estrategias individuales o dicho más descarnadamente, un jjulular del rebusque a través del recurso de la muerte y a la sombra de la violencia política y de sus actores contrincantes. Por si todo lo anterior fuera poco, se suman las muertes de civiles inermes a causa del enfrentamiento entre grujjos guerrilleros, en una verdadera guerra de territorios. La primera de las organizaciones guerrilleras que se hizo presente en la zona fue las Farc. Desde la segunda mitad de los años 60 se pueden rastrear los gérmenes de su presencia, en lo que fueron inicialmente las llamadas autodefensas campesinas del Partido Comunista, grupos armados con tareas de limpieza de cuatreros y de finanzas y con uso de las armas para cumplirlas. Se formaron en el sector rural de Chigorodó, en veredas de Apartado y del norte de Turbo. Pero es en 1973 cuando, en cumjjlimiento de las directrices de la IV Conferencia de la organizacitm, se constituye formalmente el primer núcleo del V Frente en el corregimiento de San José de Apartado, localidad que hoy sigue rejjresentando una referencia fundacional, donde, debido al arraigado proceso de jjolitización que jjrecedió, la prepaiticularmentc violenta.
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La dimensión de! municipio
sencia guerrillera no ha tenido las expresiones de violencia, entendida como homicidio y secuestro, que ha tenido en otros lugares de la subregión. Su base de apoyo fueron los colonos desplazados por los inversionistas bananeros, de la franja mediterránea hacia el piedemonte (San José de Apartado está en el pie de la serranía de Abibe). Desde allí el V Frente realizó un gran proceso d e expansión, que no conoció sino el límite que le puso al norte, desde comienzos de los 80, la otra guerrilla fuerte (el antiguo EPL). La frontera fue el límite bananero de Turbo, o sea el corregimiento de Currulao. Hacia el sur, el V Frente se extendió no sólo a Mutatá y al lejanísimo municipio de Murindó, sino que traspasó los límites departamentales, logrando controlar el Darién chocoano, formado por los extensos municipios de Unguía, Riosucio y Acandí, y al sur de Urabá, todavía dentro de Antioquia, los municipios de Dabeiba, Urama y algunos más del occidente antioqueño. El crecimiento dio lugar al desdoblamiento de los Frentes 18 en Córdoba en 1982 y posteriormente el 35, y del Frente 34 en el Chocó en 1985. Si San José de Apartado fue ei foco de expansión dei V Frente en los años 70, la ofensiva de los 80 y 90 se sustenta especialmente desde Q\ r»QrmJr>«r) corregimiento de Belén de Baürá en Jurisdicción de Mutatá, que es la avanzada de la colonización presente. A diferencia del foco original, Bajirá sí ha visto traducir el crecimiento guerrillero en un incremento notorio de los homicidios, muchos de ellos fruto de las tensiones internas de los militantes, y en especial de las milicias que se han sumido en una rebatiña por controles locales; este aumento del homicidio parece preocupar menos al Ejército, como quiera que supuestamente no pondría de suyo en jaque la seguridad estatal ni los intereses particulares de los influyentes bananeros. La avanzada de las Farc en Urabá empezó a darse en un momento de enorme decaimiento de las otras organizaciones guerrilleras. El EPL había intentado, sin éxito, penetrar en las mismas áreas rurales durante los 60, pero con su resurgimiento a comienzos de los años 80, que en Urabá precisamente se hizo a costa de una disidencia de las Farc encabezada por el comandante alias Bernardo Gutiérrez (hoy reinsertado, exsenador de la República), empezó el forcejeo de las dos guerrillas por la penetración de los organismos sindicales (Sintagro y Sintrabanano), por el reclutamiento de votos para sus respectivas alas políticas legales y por el control de territorios. Hasta 1985, al menos, esta guerra aportó sus cifras a la ya ascendente curva de homicidios de los 77
Segunda parte
municijjios bananeros. Sindicalistas o simjjlcs obreros simjjatizantes de u n o y otro bando fueron sacrificados y, en un acuerdo tácito de las dos guerrillas, se hicieron sumar a las cifras de víctimas, de por sí significativas, de Rombos anticomunistas y grupos jjaramilitares. He aquí el tercero de los grandes actores de violencia en Urabá: los grupos paramilitares. Configurados con alto perfil desde la época del gobierno de Belisario Betancur, se constituyeron para intimidar con la violencia a los jjresuntos simpatizantes dc las guerrillas, que cada vez más fueron todos los adherentes de corrientes políticas izquierdistas. Paradójicamente, dichos grupos se fortalecieron en el gobierno que planteara un viraje hacia el diálogo y la negociación para el tratamiento del problema guerrillero. En Urabá las jjrirneras masacres — desafortunado signo de estos grupos— se atribuyeron a paramilitares llegados del Magdalena Medio: fueron las matanzas d e Honduras y La Negra, en 1988. Luego sucedió la de La Mejor Esquina y, entre 1989 y 1990, las de Pueblo Bello en Turbo, con 42 víctimas, y Gilgal en el municipio de Unguía (Darién chocoano). En las masacres de Pueblo Bello y de Gilgal el protagonismo ya la pertenece a un grujjo paramilitar de la propia zona hoy muy conocido, Los Táñelas, al m a n d o de Fidel Castaño. Este jjotentado ganadero, que en la época gozaba de estrechos nexos con las comandancias de Ejército y Policía en Urabá, el Darién y Córdoba, mantenía también muy buenas relaciones con la organización de narcotraficantes de Medellín, por lo menos mientras vivió Gonzalo Rodríguez Gacha; después surgirían enfrentamientos que lo llevaron a convertirse en el enemigo número uno del capo Pablo Escobar. Hoy los paramilitares han avanzado increíblemente en los municijjios de Urabá, incluso en territorios que se consideraban inexpugnables de la guerrilla; han llegado a tener control, no sólo de Turbo sino de Apartado, otrora fortín electoral de la Unión Patriótica, nucleada por el Partido Comunista, de Riosucio en el Darién chocoano y de gran parte de Mutatá, que en su frontera de colonizaje ha sido el nicho ecológico de los hombres del V Frente de las Farc. Uno de los efectos —quizá el más perverso de esta guerra territorial que actualmente libran los paramilitares y las Farc en Urabá— es el de los desplazados que, huyendo de uno u otro bando, llegan a pequeñas poblaciones primero, más tarde a las ciudades, después de abandonar sus escasos haberes para engrosar las filas dc los indigentes.
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Magdalena Medio Carlos Miguel Ortiz
Esta subregión, que en su variedad de municipios y pluralidad de departamentos interceptados bien pudiera considerarse una verdadera región o constituir de por sí un departamento, tiene una larga historia de colonización cuyos orígenes remontan hasta el siglo pasado. Los estudios monográficos hablan de varias oleadas migratorias y de dos direcciones principales de poblamiento, que tienen relación con la procedencia etnorregional de los inmigrantes, a saber: los oriundos de las sabanas de los actuales Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, inmigrantes que también llegaron a Urabá y al Bajo Cauca, se dirigieron hacia la ribera del río y constituyeron la base de lo que con el tiempo sería la cultura ribereña? sustrato principal en la simbiosis cultural del Magdalena Medio; los oriundos de las breñas andinas (antioqueños, caldenses, santandereanos, tolimenses, cundinamarqueses y boyacenses) se internaron en la selva y abrieron mejoras, gran parte de las cuales serían más tarde subsumidas por las haciendas ganaderas, relanzando a los colonos más hacia adentro. Los primeros focos de colonización fueron, al parecer, La Dorada y Puerto Berrío, a partir de las líneas férreas que empezaron a construirse entre 1870 y 1875, aunque existían desde antes asentamientos dispersos a orillas del río, originados en el leñateo que había promovi-
Esta categoría, y las informaciones históricas aquí retomadas, provienen del trabajo de grupo coordinado por el PNR y publicado por este organismo, Colcultura y el Instituto Colombiano de Antropología, bajo el título Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio, Bogotá, 1994. Sus autores son Amparo MURILLO, María Teresa ARCILA, Manuel Alberto ALONSO, Giovanni RESTREPO y
Gloria Estella BONILLA. 79
Seguida parte
do la navegación a vapor. Según Carlos Medina, también fue intensa, en esa época, la colonización en el Territorio Vásquez o "Partido (boyacense) del Magdalena", área que cubría el occidente de Boyacá, d o n d e hoy se ubica Puerto Boyacá.2 Así se va desprendiendo y diferenciando el Magdalena Medio, cjue había permanecido selvático, con resjjecto a la región momjjosina o Bajo Magdalena, que fue zona CJJÍcéntrica, comercial y [jolíticamente, durante la Colonia española. Luego, en cl siglo XX, se reactiva la colonización, con el auge de los puertos ferroviarios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Puerto Berrío y La Dorada, y bajo el estímulo de las obras y el movimiento comercial impulsados por el petróleo en Barranca en los años 30, en el corregimiento de Casabe (actual jurisdicción de Yondó) y en Puerto Boyacá esjjecialmente desde los años 40. En los 50, contribuye a las oleadas migratorias el acoso generado por La Violencia bijjartidista. La migración de los 60 revela nuevos polos de afluencia y poblamiento, como son Cimitarra, Yondó, San Pablo. En la segunda mitad de los 60, al ticmjjo que continúan la migración y la colonización, se hace importante la presencia y actividad de la organización guerrillera, concretamente el IV Frente de las Farc que lideraba Ricardo Franco, un hombre un tanto carismático, desde Barranca hasta La Dorada y en algunos municipios del Magdalena Medio bolivarense y santandereano (Barranca, San Vicente y El Carmen de Chucurí) 3 el ELN. " Véase Carlos MEDINA GALLEGO, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá", Bogotá, Ed. Documentos Periodísticos, 1990, p. 72-88. Las otras informaciones son tomadas de la citada monografía del PNR, Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio. Puerto Boyacá fue erigido municipio en 1957 con el nombre inicial de Puerto Gustavo, en honor del entonces Presidente Gustavo Rojas Pinilla (Medina, Op. cit., p. 87-88). ' Tierras en donde otrora había operado la guerrilla liberal de Rafael Rangel, de 1949 a 1933, dirigida por quien, en Barranca, se hubiera proclamado alcalde revolucionario el 9 de abril. Aunque Rangel después hizo política desarmada y electoral, los cuatro años de oposición en armas dejaron honda impronta en esa zona de colonización; se hizo tierra muy favorable para el accionar guerrillero, trátese del MRL o, desde mitad de los 60, del ELN. Es lo que uno oye en el área si aborda el tema con cierto grado de confiabilidad, y coincide con la entrevista (inédita) realizada por Callos Medina a uno de los jefes actuales del ELN, oriundo de la zona. Habría que precisar mucho más qué factores concretos son los que configuran la (continúa en la página siguiente)
80
La dimensión del municipio
Hacia fines del decenio del 70 empieza a crecer un gran sentimiento de rechazo a las Farc, cuyo IV Frente había sido sustituido por el XI que, en su forcejeo para cumplir altas cuotas económicas a la organización nacional, empezaba a agobiar a los medianos y pequeños camjjesinos y colonos con sus contribuciones forzosas, extorsiones y vacunas y a los hacendados con el exagerado incremento de cuotas y secuestros. Ese rechazo benefició, desde comienzos de la década del ochenta, 4 el fortalecimiento de grupos paramilitares, auspiciados por el Ejército y financiados por algunos narcotraficantes transformados en hacendados en varios municipios ubicados en el sur de esta vasta región: Puerto Triunfo, La Dorada y, principalmente, Puerto Boyacá. El informe del director del DAS al Presidente Virgilio Barco en abril de 1989 que, aunque supuestamente confidencial, se filtró a los medios,' mostraba ya importantes rasgos de organización de los paramilitares, la existencia de verdaderas escuelas de entrenamiento con asesores extranjeros como la 081, el rol central del municipio de Puerto Boyacá y de sus políticos, la injerencia de los narcotraficantes de la organización de Medellín y el apoyo de oficiales del Ejército, como el entonces coronel comandante del Batallón Bárbula, acantonado en Puerto Boyacá, quien semanas después de su retiro de filas, fue ultimado. Hay que advertir que la inversión de narcotraficantes en tierras, no precisamente destinadas a cultivos de coca sino a la ganadería predominantemente extensiva (con alguna introducción de tecnología), provenía de fines de los años 70, aunque por entonces el fenómeno no
favorabilidad de la zona hacia la actividad guerrillera; no olvidemos que allá mismo, específicamente en jurisdicción del municipio recientemente desagregado de San Vicente, El Carmen de Chucurí, se han consolidado también grupos paramilitares. 4
Carlos Medina señala la mitad del año 1982 como época de surgimiento de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio con las características que aquí anotamos (Op. cit., p. 170). La cronología de Carlos Medina coincide con la referida monografía del PNR cuando habla de paramilitares en Puerto Berrío, otro de los municipios muy azotado por esta modalidad de grupo armado. En efecto, Gloria Estella Bonilla, en esa monografía, habla de la actuación del MAS o Macelos en Puerto Berrío desde mayo de 1982, cuando difunden un volante con la amenaza de que «iban a matar a todos los comunistas»; en junio habrían empezado a cumplir lo anunciado, dando muerte al jefe del procomunista movimiento Unión Nacional de Oposición, UNO. Véase Un mundo que se mueve como el río, Op. cit., p. 167. 5
El Tiempo, Bogotá, 10 de abril de 1989, p. 3A.
81
Segunda parte
había adquirido contornos de violencia. La monografía del PNR cita un número de la revista Alternativa de 1975 en el cual se habla de inversiones de narcos en Puerto Berrío1'; curiosamente el nombre del narco al cual se refiere la revista coincide con el de quien, por la misma época, ensanchaba sus haciendas en el llamado Urabá chocoano, es decir el Darién, y desde allí, —corregimiento de Balboa, municipio de Unguía—, controlaba sus operaciones aéreas de exportación ilícita7: es la historia de nexos entre el Urabá y el Magdalena Medio, que se seguirá repitiendo hasta hoy. La avanzada de los paramilitares anticomunistas apadrinados por el narcotráfico tuvo lugar con mayor contundencia en el sur del Magdalena Medio, cjue corresponde a los municijjios en donde había sido mayor la inversión de los narcotraficantes en haciendas: Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, La Dorada y Puerto Salgar. Para los autores de la monografía del PNR, la linca de demarcación de las dos zonas del Magdalena Medio, la controlada jjor los paramilitares y la controlada por la guerrilla, sería Barrancabermeja; nosotros creemos que hoy día es Cimitarra, y que en el propio municipio dc Cimitarra se diferencian dos zonas: una de grandes haciendas y control casi omnímodo de los jjaramilitares, 8 y otra d o n d e prevalece la mediana parcela de colonos y donde se hallan presentes las dos fuerzas en disputa, guerrilla y paramilitares. Como resultado de la acción paramilitar en los municipios del sur, prácticamente se corrió de allí la guerrilla, representada por el XI Frente de las Farc. Al observar las curvas de datos de secuestro de 1982 a 1997 en esos municijjios, se constata la tendencia a su notoria disminución, si bien se han dado algunos secuestros atribuibles a los paramilitares. La curva de tasas de homicidio también es más baja cjue en los municijjios del norte del Magdalena Medio, aunque no disponemos de elementos suficientes para afirmar cjue se deba al control de los paramilitares; tampoco puede afirmarse que los altos índices de los municijjios del norte se relacionen con la guerrilla o con la coexisten-
' Varios autores, PNR, Op. cit., p. 169. Según la misma monografía, en 1990 el total de hectáreas poseídas por narcotraficantes en Puerto Berrío, ascendía a 50.000. ' Véase Carlos Miguel ORTIZ, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (19551990)", Op. cit. 8
En 1995 se celebró en Cimitarra una reunión con delegados de las distintas zonas del país, para discutir estrategias conjuntas entre los grupos paramilitares. 82
La dimensión del municipio
cia de los dos tipos de actores: ahí están los casos de Puerto Berrío y Puerto Triunfo, que aun haciendo parte de los municipios con grupos paramilitares, por sus tasas considerables de homicidio pertenecen a nuestra categoría de relativamente violentos. De todos modos el control paramilitar no ha producido tal disminución de homicidios que permita contar esos municipios en ningún rango de pacíficos y en cambio sí les ha valido a varios de ellos la mención en otra de las variables analizadas por Echandía, Escobedo y Queruz, la del asesinato u homicidio proveniente de actores organizados, así como en nuestros listados de violencia, registrada como política: Puerto Triunfo en Antioquia, y en Santander Cimitarra, Puerto Parra y Santa Helena del Opón, que es un joven municipio escindido de Cimitarra. Estos no sobresalen por homicidio en general, sino por el asesinato selectivo. 3 Recuérdese en Cimitarra cómo se llegó a exterminar los 7 concejales que pertenecían al Partido Comunista, por ende simpatizantes de las Farc.11' Otro fenómeno que resulta muy intenso en los municipios del sur, controlados oor los Daramilitares. son las migraciones forzosas. La monografía del PNR refiere cómo la persecución anticomunista, al alcanzar a los simples votantes y simpatizantes de los partidos y movimientos cercanos a las Farc (UNO, Partido Comunista y últimamente Unión Patriótica, UP), causó la expulsión de muchos colonos y campesinos hacia los municipios del norte del Magdalena Medio, prolongando así ese periplo conocido de violencia-colonización-violencia. Efectivamente, los municipios de Yondó, San Pablo, Puerto Wilches, Sabana de Torres, situados al norte, han visto en los años 1980 y 1990 un reimpulso de su colonización, pero también han visto llegar detrás de ella la confrontación armada y la violencia de actores organizados desde el último cuatrienio de la década del ochenta, 11 como lo reflejan los mapas de asesinato de Echandía, Escobedo y Queruz.
"' No aparecen tampoco en los listados de municipios con frecuencia de asesinatos Puerto Boyacá, La Dorada ni Puerto Salgar. Barranca, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, El Playón, Puerto Wilches y Sabana de Torres, o sea los municipios del norte del Magdalena Medio, combinan la variable asesinato con altos índices de homicidio. Puerto Berrío no hace parte de los municipios de asesinato, pero sí ostenta —y esto desde muchos años atrás— niveles considerables de homicidio que lo colocan entre los municipios relativamente violentos. 111
Carlos MEDINA, Op. cit, p. 142 Véase Un mundo que se mueve como el río, Op. cit.. p. 25; 135-139; 195-203. 83
Segunda parte Como p u e d e sentirse en las líneas cjue acabamos de escribir, y resjjirarse en el ambiente mismo de los municijjios descritos, la presencia d e los actores organizados d e violencia, casi siemjjre exteriores a los municijjios, se hace bastante determinante del r u m b o que toma la historia local y la historia de la subregión, en sus varias instancias políticas, culturales y hasta económicas. C o m o dice Carlos Medina, en la colonización «la violencia ha ojjerado como factor determinante de los procesos.» 12 Resumiendo lo dicho hasta aquí sobre la colonización del Magdalen a Medio vista en conjunto desde sus inicios, podemos resaltar tres características: a) La principal característica de los procesos sucesivos de migración y colonización, desde el siglo XIX hasta hoy, es su naturaleza multiétnica, cristalizada en las más diversas expresiones dc la cultura de los mediomagdalenenses: fenómeno compartido por muchos otros procesos colombianos de colonización, por ejemplo el de Urabá, al cjue nos hemos referido anteriormente. b) Otra característica, también compartida con Urabá, es la frecuente mezcla del móvil de la violencia junto a otros, desde el siglo pasado, en las oleadas de colonización; las guerras civiles primero, La Violencia de los 50 después, hasta las recientes movilizaciones de los municipios del sur hacia los del norte en los últimos once años, han estado ligadas a estos procesos en el Magdalena Medio tanto como en Urabá. c) Una tercera característica, muy perceptible, es la insignificancia dc la institucionalidad frente a la dinámica vertiginosa de los intereses y poderes privados; una muestra simbólica es el contraste del Puerto Berrío de 1950 en pleno furor de colonización, con una precaria casucha de alcaldía a la eme se reducían todos los establecimientos públicos, frente a la proliferación de prostíbulos que albergaban la no despreciable cifra de 5.000 prostitutas ': cifra cercana a las 4.000 que reportaría en Urabá el minúsculo corregimiento de Apartado, en 1967.
Digamos, finalmente, que a u n q u e los actores organizados (guerrilla y Ejército en los años 70, éstos y jjaramilitares en los 80 y 90) han
12
Carlos MEDINA, Op. cit., p, 100,
13
Un mundo que se mueve como el río, Op. cit., p. 150.
14
Garlos Miguel ORTIZ, "Urabá: tras las huellas de los inmigrantes (1955-1990)" Op. cit.. 84
La dimensión del municipio
constituido un factor determinante de la violencia en el Magdalena Medio, es preciso no olvidar que con bastante anterioridad a su presencia en el panorama subregional, se dieron otros factores de violencia: los conflictos de tierras, por ejemplo, datan en el Magdalena Medio por lo menos de los años 1930, y se han dado allí de diferentes maneras: entre colonos y hacendados, colonos y empresas petroleras, colonos entre sí. La proliferación del homicidio es otro fenómeno que, en casos como el de Puerto Berrío (nuevamente semejante al caso de Apartado, en Urabá), es muy anterior a la presencia de los actores organizados. Estos no inciden en un eventual decremento pero no podemos decir tampoco que por sí mismos lo aumenten. Se trata de procesos de más largo aliento, en donde los componentes culturales pueden arrojar más luces que las explicaciones económicas o políticas.
85
Bajo Cauca Antioqueño Carlos Miguel Ortiz
Extendida al norte de Antioquia, entre los ríos Cauca y Nechí, esta subregión que en la jurisdicción municipal actual comprende seis municipios, 1 pose una identidad cuyas raíces se remontarían hasta los primeros tiemjjos de la Colonia, como lo estudia Clara Inés García, 2 aunque paradójicamente hubo de ser repoblada y recolonizada a partir de los años 40. Su importancia en la Colonia jjrovino, igual que la de otra subregión, el nordeste antioqueño, de la producción de oro, oro que vuelve a ser móvil princijjal en la recolonización de los años 40. Lástima no disponer de estudios cjue analicen, o al menos contabilicen, los fenómenos de homicidio y demás cxjjresioncs de violencia en la época colonial, que pudieran arrojar luces sobre jjrocesos de larga duración conducentes o no al panorama dc la zona en los últimos años. La recolonización procedente de los años 40 estuvo acompañada de un intenso movimiento migratorio, alimentado jjor corrientes de sabaneros de los actuales dejjartamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En los 70, bajo el relance de los jjrecios del oro, se suman a las anteriores corrientes, mineros chocoanos y cancanos de la Costa Pacífica, que se instalan principalmente en El Bagre y Zaragoza. En una y otra El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial divide esta subregión en dos, reservando el nombre de Bajo Cauca sólo para la agrupación de Cáceres, Gaucasia y Taraza; los otros tres municipios, a saber Zaragoza, El Bagre y Nechí, conformarían la subregión o provincia de Nechí. 2
Clara Inés GARCÍA, El Bajo Cauca antioqueño, Bogotá, Cinep e Iner Universidad de Antioejuia, 1993. Este estudio ha sido la base para la diferenciación cjue hemos efectuado de la subregión del Bajo Cauca y para la caracterización histórica de los elementos que en ella se relacionan con la violencia. 86
La dimensión del municipio
época, además, fueron significativos los inmigrantes andinos, particularmente antioqueños del nordeste y del norte del departamento, y en menor proporción gentes del Viejo Caldas, tolimenses y vallecaucanos. 3 Varios de los inmigrantes llegaron huyendo de la violencia bipartidista, pero los más, huyendo de la pobreza. 4 La migración no sólo se ha dirigido al área rural de los municipios, sino también a sus cabeceras, particularmente en El Bagre y Caucasia, con los problemas derivados cuando ninguna planeación urbana ha sido predispuesta para ello. Muchos de los mencionados lugares de origen, las sabanas de la Costa Atlántica y los caseríos costeros del Pacífico, tienen en común tanto una tradición pacífica como de pobreza y marginalidad. Otros focos de emigrantes, en cambio, como el caso del Nordeste antioqueño, participan con el Bajo Cauca de los elementos comunes de violencia, lo que ha dado lugar a que algunos estudien las dos subregiones conjuntamente. 5 N o p o d e m o s a f i r m a r e n este m o m e n t o si el i n c r e m e n t o del h o m i cidio ^t-níFTi^i]^ r\ ec noctí^rinr -A \-A lli^cr^rta He ta 7 1 .í.
N de Sant.
Sardinata
66 Santa Cruz
90
73.2
N de Sant.
El Carmen
67Culebrita
5
100
76.6
N de Sant.
Tibú
68 Pacheli
55
76,3
Risaralda
Guatica
69 El Paraíso
30
44.1
Santander
La Belleza
70 La Quitay
23
110
61.2
Santander
Bolívar
71 Berbeo
11
80
71.3
Santander
Simacota
72 La Militosa
12
150
77.8
Santander
Rionegro
73 Papayal
20
120
56.8
Santander
Chima
74 Lechal
46
75
73.5
Santander
Galán
75 Buenavista
80
67.9
Santander
Rionegro
76 Misiguay
80
56.8
Santander
Pto. Wilches
77 Cayumba
60
76.3
Sucre
Ovejas
78 Florián
60
77.4
Tolima
Chaparral
78 SJ. Hermosas
21
120
63.1
Tolima
Planadas
79 S. Miguel
6
120
75.3
Tolima
Dolores
80 Llanitos
25
90
49.6
Depto.
Mun.
Sitios/veredas
Farc
Meta
Pto. Rico
58 Los Guayabos
Meta
La Macarena
Meta
33
6 7
6 24 20 25
n
52 52 52 12 52 52 52 12 31 31 12 52 42 21 52 12
TLAXCALA: ¿UNA APOSTILLA A CARACAS? La buena voluntad desplegada por el nuevo Consejero para la Paz que el gobierno designó poco antes de la ronda de Tlaxcala (Horacio Serpa, quien entró en funciones a comienzos de 1992) en el teína de la agenda en que más tropiezos encontró fue precisamente en el de las áreas de localización para el asentamiento de los frentes guerrilleros. Al resumir las experiencias previas de las rondas en Caracas, la delegación gubernamental sacaba en claro que no había ninguna
18£
Llenera parte
posibilidad de que se repitiesen los errores del proceso de paz de la administración Betancur «cuya indefinición temjjoral y territorial dio como resultado la intensificación de la confrontación y la ampliación territorial y cuantitativa de la guerrilla», como dice cl comunicado gubernamental al justificar la insistencia en la necesidad de delimitar con precisión las áreas en que entraría en vigor el cese al fuego, y los mecanismos de verificación. Para entonces, todas las cifras eran elocuentes en mostrar cómo el más drástico crecimiento de los frentes guerrilleros provenía del período en que estuvieron vigentes los acuerdos de cese al fuego. Se comprendía entonces que la directriz del desdoblamiento dc los frentes correspondió a una orientación estratégica cuidadosamente preparada y seguida de recomendaciones tácticas a cada frente por jjarte de la dirigencia guerrillera de las Farc. Todo ello sin que se hubiese avanzado un ájjice en la agenda de desmovilización. El cese al fuego había sido una más de las formas de lucha, y no había significado contrajjrestacioncs o concesiones significativas de jjarte de la guerrilla. Para las delegaciones gubernamentales, de Caracas a Tlaxcala, definir con jjrecisión la cuestión territorial, circunscribirla y acompañarla de mecanismos de verificación se había convertido en la meta esencial, síntoma mejor que cualquier otro de que el proceso de negociación avanzaba. Con variaciones ligeras en el contenido, y algunos cambios de tono, cl documento gubernamental Propósitos para ponerle fin al conflicto armado, de marzo de 1992, hace depender la verificación de la localización. Sin que se refiera exjjlícitamente al punto en que habían quedad o las cosas en materia territorial en la ronda previa, se mencionan aquí áreas razonables de extensión limitada, como una condición básica. A la inversa, como se estableció con posterioridad, cn la Sexta Conferencia de Comandantes Cucrrilleros de la Coordinadora (llevada a cabo a fines de enero de 1992), los acuerdos cjue se produjeron con antelación a la ronda entre los rcjjrcsentantes de las diversas organizaciones guerrilleras habían desear!ado la cuestión territorial de la agenda. Consiguientemente, en el curso de las negociaciones por momentos parecía retrocederse al comjjonenle tradicional de la retórica revolucionaria, que excluye cualquier transacción en lo territorial, que proclama la ubicuidad en tanto se desata el jjroeeso insurreccional. Mientras cjue en las rondas dc Caracas los esfuerzos por definir con 186
La violencia organizada
cierta precisión los frentes guerrilleros habían tropezado con elusividad y tácticas dilatorias, en Tlaxcala la propia intención de colocarlos en la agenda se vio fallida. Si en el documento gubernamental arriba mencionado hay una gradación mayor en las etapas de distensión y en los preliminares de cese al fuego, tal concesión no produce resultados apreciables en la contraparte, y en todo caso no produce ninguna referencia hacia el tema territorial. El acuerdo entre las organizaciones guerrilleras era el de proponer nuevas rondas de diálogo, puntuales, y procurar una masiva divulgación de lo tratado, insistir en diálogos regionales sin contraprestaciones, y eludir cualquier compromiso en materia de localización. Tras la clausura de la ronda, a nadie le quedaba duda alguna que la territorial era una de las incompatibilidades básicas a las que se referiría después el exconsejero de Paz, Jesús Antonio Bejarano. Como si hubiese un reconocimiento de que reconocer la presencia territorial en grados y matices redundaría en vulnerabilidad a la hora de la negociación, la dirigencia guerrillera se empeñó en retroceder al discurso característico de las etapas anteriores a cualquier negociación. Por eso no es extraño que la declaración suscrita el 13 de marzo, a falta de referencias concretas a la agenda acordada con anterioridad, y sustituyendo aquella labor previa de identificación de características regionales, pese a su brevedad haya sido insustancial y meramente protocolaria. Si a simple vista tienen más concreción los diversos argumentos en contra de la política económica del gobierno, y hay una gruesa batería de conceptos y cifras económicas invocadas por la delegación guerrillera, el supuesto es el de u n nacionalismo integrador, de un espacio económico autárquico, que difícilmente se compagina con la diversidad regional proclamada previamente y reconocida en la forma en que se diseñaron planes de expansión, y en la forma en que se reitera la demanda de diálogos regionales. Contra la globalización, la guerrilla volvió a formular la idea de un mercado nacional integrado, de un espacio económico único; abstrajo las diferencias regionales. Sintomático, por decir lo menos, es en ese sentido que al proceso abierto a las expresiones regionales por la Comisión de Reordenamiento Territorial, a la multiplicidad de foros, seminarios y formas de participación que promovió ese ente creado por la Constituyente del 91, desde el momento que se instaló, no hubiera arribado ninguno de los reclamos de los que la guerrilla pretendía hacerse vocera con los llamados diálogos regionales.
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LA ELEMENTAL CONSTATACIÓN DEMOGRÁFICA Y SUS DERIVACIONES Los demógrafos ubican ¡jara Colombia, a fines de los 60, la inversión demográfica: cl definitivo predominio de la población urbana sobre la rural. Ya en el Censo de 1964 tal predominio es ostensible, aun cuando para entonces, tratándose de su etajja inicial, la base social preferente jjara la guerrilla, en sus diversas expresiones, seguía siendo el camjjesinado. Pero si 1964 fue el punto de viraje, 1985 es el que marca el predominio absoluto (urbano: 69.5%, rural: 30.4%), que hace imperativa e irreversible la cjue en el lenguaje de la guerrilla se llama rectificación estratégica en la orientación hacia una base social y en las modalidades organizativas. Quienes son más explícitos a la hora de responder acerca de los cambios a que conduce esa recomposición de la jjoblación, son ios dirigentes del ELN, presumiblemente porejue interpelaban más directamente su plataforma inicial. Sendas respuestas de los dirigentes entrevistados JJOI Marta Harnecker y María Lójjez Vigil se refieren a los cambios demográficos de las tres últimas décadas y a las rectificaciones que imponen, lo que no significa, en todo caso, cjue hubiera que cambiar dc inmediato la projjorción de los cuadros dedicados a uno y otro sector dc la jjoblación, según afirmaban: Pregunta: Y, ¿cuál es el jjeso de lo rural resjjecto a lo urbano? Rafael: El año pasado, el 70% de estos colectivos tenía una ubicación rural y el 30% eran urbanos, por eso nos liemos jiropueslo desarrollar mucho más el trabajo urbano..."' Pero no es cuestión de enunciados o disquisiciones de corte sociológico; la rectificación se traduce en un incremento significativo de acciones a nivel urbano, como lo prueban las Estadísticas generales sobre la 111
Marta HARNECKER, Op. cit, p 88. Previamente (p. 35) a la pregunta de Harnecker, «Cuando el ELN nace ¿cuál es el peso de la población rural?» Rafael, respondió: «En 1964, un 65% era rural» y, con más precisión: «¿Cayeron ustedes cn la desviación campesinista como otras guerrillas en América Latina?», a lo cjue Felipe responde: «Sí, esto ocurrió en la organización en su período inicial. Considerábamos que el campesinado, y no el proletariado, era la vanguardia dc la revolución.» Apreciaciones más detalladas acerca de los cambios demográficos del [jais y sus derivaciones sociales y políticas pueden encontrarse en María LÓPEZ VIGIL, p. 194 yss.
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Violencia: a partir de 1985, justamente, comienzan a incrementarse las acciones urbanas del ELN, y entre 1985 y 1989, se llegan a contabilizar un total de 946, que afectaron principalmente a epicentros urbanos regionales como Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. En el plano nacional, y siguiendo la tipología del Dañe, un incremento correspondiente se puede hallar en el porcentaje de municipios de estructura urbana con presencia guerrillera en el cuadro Municipios con presencia guerrillera segiin estructuras y planes de desarrollo (1983-1994), elaborado por Camilo Echandía y citado en varios trabajos, entre ellos el de Fernando Gaitán, con sucesivas actualizaciones, hasta llegar a la versión más reciente, que se puede consultar en el libro de Echandía, Escobedo y León Queruz antes citado. Con la correspondiente salvedad acerca de la diversidad de acciones que se cobijan bajo el rótulo de presencia, y con la propuesta de adoptar y adaptar la diversificación propuesta por Naylor, las tendencias que se revelan son de gran utilidad para discernir los objetivos estratégicos. La categoría de municipios en donde se registra un incremento más drástico es la de campesinado medio cafetero; guiados por esa pista cobran sentido las múltiples argumentaciones y referencias que en la literatura producida por la guerrilla hallan a la crisis de un sector de la caficultura y a los coletazos de la oscilación de precios en el mercado mundial. A un ritmo mucho mayor de lo que crece la presencia guerrillera global (en 1985 se hallaba en el 27,1% de los municipios, en 1991 en el 43,o% y en 1994 en el 56,0%) se incrementa la presencia guerrillera en ciudades secundarias: lo que era insignificante en 1985 (estaba en apenas el 3,2 % de ellas) pasa a ser muy significativo en 1991 (se registra presencia y actividad continuada en el 39,0% de las ciudades correspondientes a esta categoría) y llega a ser preponderante en 1994 (el 65,0%). El tercer incremento en importancia se registra en la categoría de municipios de agricultura comercial con predominio de jjoblación urbana; la secuencia es: 1985: 13,3 %, 1991: 44,0%, 1994: 56,0 %. Un hallazgo empírico de la base de datos elaborada por Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo, reclama una explicación particular. No basta con comprobar el crecimiento global, pues en tal caso el género próximo (en todos los tipos de municipio se registra algún grado de presencia, a la vez que su incremento en el período posterior a 1985) impediría
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ver la diferencia esjjecífica. Mientras que la presencia de redes urbanas de la guerrilla en ciudades que son centros regionales (como lo son las capitales departamentales) está asociada ante todo a las crecientes necesidades logísticas y de comunicación, el crecimiento en las demás categorías de municipios con un componente urbano definido es el resultado de un plan de crecimiento y de consolidación de la influencia política. Sobreviene cuando se han consolidado suficientes zonas de contención como para hacer imjjeraliva la construcción y consolidación de zonas de expansión. En el ya referido análisis de Naylor, basado en la secuencia real de la guerrilla salvadoreña, organizativamente ese cambio comporta que el aparato clandestino se especializa y que las actividades económicas, esencialmente predadoras e intermitentes que caracterizaban a la guerrilla de la jjrimera etapa, dan lugar a una actividad económica continuada: la extorsión —el secuestro— y el cobro de un impuesto revolucionario {Theparasitical rnode). Consistentes con lo anterior resultan las decisiones organizativas y operativas adojjtadas por la VIII Conferencia de las Farc, cl 23 de abril de 1993: ampliar a 7 el número dc miembros de su cúpula {El Secretariado) y a 25 el n ú m e r o de miembros de su Estado Mayor Central. La novedad consiste, ante todo, en que en el seno del Secretariado ingresa de lleno un representante del frente urbano. D E F I N I C I Ó N DE ZONAS ESTRATÉGICAS
Los testimonios obtenidos para el caso del ELN señalan la íntegra coincidencia entre la orientación a crecer en un determinado tijjo de regiones, la práctica sistemática del secuestro (o del eufemismo acuñado por la dirigencia guerrillera para el caso: retenciones) y la plena asimilación de las exjjeriencias centroamericanas. Oigamos a Gabina en la entrevista de Carlos Medina Gallego: Es a partir de 1969 que la organización comienza a realizar retenciones con objetivos económicos. Hasta ese momento lo básico de nuestra subsistencia había sido el jjroducto de algunas otras acciones. (...) Quiero resallar que es a ¡partir de 1969 que en la organización se inicia la retención como una práctica revolucionaria para obtener recursos ¡lara desarrollar la lucha, porque hasta ese momento lo que existía era el secuestro, que no es lo misino, porque este es llevado a cabo por la delincuencia común y su objetivo es el enriquecimiento particular. (...) Cuando se entra entonces ])or parte del movimiento insurgente en América Latina, en Venezuela, Guatemala, de manera más protuberan190
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te en Argentina y en Uruguay, la organización empieza a validar esa práctica como una forma de conseguir finanzas para la lucha revolucionaria. Entre 1969 y 1972 la organización tiene un salto en su desarrollo en cuanto a la ampliación de áreas geográficas.11 Para el ELN, el caso de Arauca ejemplifica bien cómo se aplicaron las orientaciones estratégicas para expandirse territorialmente y cómo operaron los factores de localización, en momentos en que esta guerrilla se hallaba apenas saliendo de la crisis posterior a Anorí y en plena reestructuración. Contra lo que suele pensarse, no es en el período de prospección y hallazgo de Caño Limón que se produce su arribo a la región, ni la búsqueda de una participación en el flujo de las regalías lo que decide la implantación allí. Se trata de un frente que surge con relativa autonomía, apoyándose en una supérstite organización campesina (filial regional de la ANUC) y, como lo ha estudiado al detalle y con profundidad Andrés Péñate, sacando partido a fondo de las adversas condiciones sociales y del sentimiento de exclusión frente a los poderes regionales y locales, de los giates o colonos originarios del ¡jiedemonte andino, 12 Para esta región clave otro factor de localización de la guerrilla es casi obvio y consiste en que se trata de una zona fronteriza, con toda la ambigüedad que en esta frontera existe, y con las consiguientes posibilidades logísticas. El petróleo y sus posibilidades vendrán por añadidura, catalizarán los componentes de la nueva estructura y a ojos de la dirigencia comprobarán las ventajas de las rectificaciones estratégicas en que ya se hallaba empeñada. 1 3 Citado en Ejército de Liberación nacional, ELN: Una historia, de Carlos MEDINA GALLEGO. Ver los acápites del título "Retenciones con fines económicos" y "Crecimiento orgánico y exjjansión territorial". 12 Ver Andrés PÉÑATE, "Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province", M. Ph. Thesis in Latin American Studies, University of Oxford, St. Anthony's College, May 1991. Inédito. ' En la versión de Gabina: «Al darse cuenta que Julio Leguizamón está orientando a la desmovilización (1976), los compañeros se regresan para Arauca y prácticamente con las uñas, le dan origen al grupo guerrillero de esa área, en plena crisis y piácticamente solos, con los pocos contactos que tenían, con escasos recursos y sin poder recibir una orientación de la organización, porque en ese momento se está dando la crisis; los compañeros del ELN en la región de Arauca, sin contar con ninguna base fume en lo material y en lo económico crean lo que después se llamaría el frente Domingo Laín». Ver Carlos MEDINA GALLEGO, Op. cit, acápite "A la (continúa en la página siguiente)
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Sin duda, las características singulares del caso de Arauca y el hallazgo fortuito de Caño Limón, no serán la jjauta que explique cl itinerario de expansión hacia otras regiones. Lo dc Arauca es a la vez espontáneo y fortuito, pero tan pronto se consolida, además de proveerle de un recurso tan importante como inesjjerado, producto de la extorsión a la Mannesmann, abre al ELN un horizonte estratégico, le hace entrever las inmensas posibilidades de la coadministración de recursos ingentes, la necesidad de desarrollar una infraestructura política clandestina más comjjleja y de incidir cn la forma como se distribuyen los recursos de una región. Cuando dichas rectificaciones comienzan a surtir efecto y se han consolidado varias zonas de confrontación, vendrá luego lo que en el lenguaje de la dirigencia será llamado el empalme geográfico. Un empalme que consiste no sólo en garantizar las conexiones entre las áreas en donde se ha implantado (y lograr aquello que se considera el epítome de la movilidad guerrillera: atravesar en un sentido u otro la parte poblada del país sin ser detectado) sino ante todo en lo que axiomáticamente en la literatura sobre el tema se define como la principal condición organizativa para que la implantación en las nuevas zonas tenga éxito: la construcción de una infraestructura jjolítica clandestina. Infraestructura que, basada en cuadros intermedios cjue hayan hecho un reconocido trabajo político en la jjoblación, se especialice de manera creciente y esté en condiciones de adaptarse a las características económicas y sociales predominantes en cada una de las regiones. Para el caso de Arauca, de ese período de consolidación es de d o n d e proviene multitud de boletines de Insurgenria, en los cjue en el lenguaje de los especialistas, con todos los tecnicismos necesarios, y con profusas referencias a esjjecificaciones técnicas de volúmenes de exportación y capacidad de transjjorte de los oleoductos, se desarrolla la argumentación nacionalista sobre cl recurso petrolero. Hay una gran consistencia entre los tres testimonios citados del ELN acerca de como se va produciendo el empalme geográfico de las zonas en d o n d e se han ido imjjlantando, y en líneas generales corresponden a los mapas en cjue se muestra el crecimiento del ELN para el período 1983-1986, y el crecimiento, casi exponencial, cjue sugieren para el período 1988-1992, como se jjuede ver en los mapas que ilustran el libro de Echandía y Escobedo: Localización de los frentes guerrillesombra de la crisis".
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ros: ELN y su cotejo con los correspondientes a años anteriores, provenientes de la misma fuente. Empalme y consolidación, que lleva a los dirigentes del ELN a definir con cierta homogeneidad la que denominan nuestra zona estratégica: Nos movemos y actuamos jjor todo el país, en el camjjo y en las ciudades, pero tenemos nuestra 'zona estratégica', como le llamamos. Es la zona donde somos más fuertes y donde, más que hablar de control militar, podemos hablar de control político de la población, porque tenemos una base de apoyo sólida y porque convivimos permanentemente con el pueblo. Nuestra zona estratégica abarca desde el Arauca, en la frontera con Venezuela, hasta el norte de la Costa Atlántica, pasando por Santander, el noroccidente de Antioquia, el sur de Bolívar. Es una franja como de 600 Kilómetros de largo y unos 150 km". La zona donde nació el ELN está en el centro de esta franja. Nuestra zona atraviesa el país de oriente a occidente y va de la parte centro-norte hacia la costa norte. (...) En esta zona se encuentran los principales recursos naturales del jjaís, los recursos económicos más estratégicos: los principales pozos de petróleo, las refinerías, las minas de oro y carbón y una de las principales zonas industriales.14 En cambio resulta prácticamente inescrutable para el investigador académico la cuestión de las cifras de crecimiento en número de hombres de cualquiera de las organizaciones guerrilleras. Por su propio carácter resultan un tema vedado para el análisis y el cotejo objetivo: caen en el ámbito de los respectivos aparatos de inteligencia. Están sujetos, por ende, a todos los estratagemas de la psicología bélica. Los estimativos de la dirigencia del ELN son los de un crecimiento de un 350% en número de hombres en sólo tres años, de 1983 a 1986, y un crecimiento más acelerado aún, de 500%, entre 1986 y 1988. Ahora bien, cualquier pretensión generalizadora asume que el control de la cúpula guerrillera sobre sus frentes es íntegro; en cambio, como se puede deducir del cotejo de las entrevistas de distintas épocas y de una confrontación con los mapas históricos sobre el crecimiento de la guerrilla, los criterios de expansión varían de una región a otra, y con posterioridad a la reinserción de movimientos de fuerte arraigo regional como el Quintín Lame y el EPL en Córdoba, lo que se ha comprobado es la directriz de llenar el vacío que dejan, de sustituirlos 14
Ver María LÓPEZ VIGIL, Op. cit., p. 191. (Habla Nicolás)
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a toda costa y lucrarse dc los circuitos clandestinos creados y de los hábitos que la guerrilla reinsertada haya contribuido a configurar, estimulando la iniciativa del comandante del frente, garantizando su margen de maniobra. OTROS REFERENTES HISTÓRICOS INDISPENSABLES Cuando aún no se habían manifestado las diferencias ideológicas entre las potencias socialistas, era todavía posible, como en el número correspondiente a los meses de mayo y junio de 1960 de la Revista Documentos Políticos (subtitulada: Revista del Comité Central del PCC) encontrar reseñas como la de Aníbal Pineda, que con el título Lecciones de la lucha revolucionaria en China presentaban una edición criolla de los escritos militares de Mao Tse Tung. (Ediciones Paz y Socialismo, Colección China nueva, Bogotá, marzo de 1960, hoy toda una curiosidad para bibliófilos). El corolario dc la reseña apuntaba a mostrar la validez y vigencia del enfoque insurreccional de la guerra prolongada y el cerco de las ciudades jjor el campo. Sin embargo, como lo ha mostrado coherentemente Eduardo Pizarro en su libro sobre las Farc, no jjarece cjue los núcleos embrionarios de lo que serán más adelante las Farc se hayan guiado por un modelo histórico predeterminado en su estrategia insurreccional. Conservaron hasta bien adelante su concepción de autodefensa camjjesina, dejando a la vanguardia obrera, y a la lógica de la combinación de las formas de lucha, el meollo de la estrategia. No hay argumentaciones igual de explícitas para el caso de las Farc sobre su interpretación de las condiciones sociales de las regiones en que ha logrado implantarse, ni acerca dc las condiciones en que busca su exjjansión. Tamjjoco referencias directas a la constatación demográfica como la que citábamos del ELN, o directrices particulares para el trabajo urbano. La directriz jjara la configuración de frentes, así como un ¡jrincipio de adscripción al territorio en cjue operarían, provienen de la V Conferencia de 1973. Aparte de la retórica revolucionaria de la primera época en que la cuestión agraria era el componente determinante, lo que se encuentra más recientemente es un esfuerzo por refutar las caracterizaciones que los jjresentan como la vanguardia armada del proceso colonizador. Como si hubiesen hecho mella en su línea argumentativa las afirmaciones de varios investigadores sociales sobre la colonización como una válvula de escajjc en la ¡jresión jjor la Reforma Agraria integral y de
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ésta como un objetivo más reformista que revolucionario, en los comunicados más recientes de las Farc el propio concepto de colonización es refutado, y presentado negativamente. (Por ejemplo en Resistencia, órgano informativo del Frente XXXII, octubre de 1992). El equivalente de las rectificaciones estratégicas lo constituye en este caso el conjunto de orientaciones de la VII Conferencia (1982) que implican la reformulación de objetivos políticos, de estrategias operacionales y de directrices tácticas. Como se sabe, de allí proviene la pretensión de conformarse como ejército, de formular como una meta posible en el futuro el desarrollo de una guerra de movimientos y de posiciones (por ello se le añade a la sigla tradicional la partícula EP). Dicho nuevo modo de operar incluye una relación más directa con las reivindicaciones locales y regionales de las áreas en que actúan los frentes, así como reforzar el trabajo político, prohijar y aupar las organizaciones legales surgidas en las zonas donde actúa cada frente (siempre que se puedan controlar) y desarrollar acciones ostensiblemente de cara a la población. «Combinar la acción militar con todas las demás luchas de masas», es la enunciación que le da Jacobo Arenas. La directriz acerca del desdoblamiento de los frentes parece ubicarse hacia 1979, y resulta del crecimiento comprobado en varios de ellos. Sin detrimento de la movilidad de las columnas y de los propios frentes, la directriz conlleva una relativa adscripción a un territorio delimitado, aun cuando la delimitación, como se verá más adelante para un caso representativo, Urabá, está basada ante todo en la ubicación respecto de vías de entrada de armas, en el paisaje natural, en la topografía y en la orografía regionales, así como en la creciente importancia del banano y de la agroindustria que lo exjjorta. Como ha sido reconocido, el desdoblamiento de los frentes adquiere el carácter de una directriz para todos ellos, en el curso de la negociación de los acuerdos de La Uribe y a favor de las ambigüedades contempladas en el cese al fuego. La coyuntura fue propicia y su aprovechamiento óptimo. Pero no se trataba de una duplicación de esfuerzos con los mismos efectivos, o su dispersión en el territorio más amplio; la consolidación que se llevó a cabo en la mayoría de los casos evidencia que cada uno de los desdoblamientos fue cuidadosamente preparado, y precedido de la construcción de la infraestructura política clandestina indispensable, acompañada de una campaña sistemática de reclutamiento de nuevos efectivos.
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Un protagonista de la directriz del desdoblamiento de los frentes, y quien como jefe de u n o de ellos (el V frente, formado en torno a Apartado) contribuye a su desdoblamiento para conformar el frente XXXV, describe así el territorio que le corresjjonde al segundo de los mencionados: Parte de Antioquia y Sucre, margen derecho del río San Pedro, por el norte hasta la desembocadura del San Jorge, parte de Peque, y de Ituango...1" La jjarticular complejidad del conflicto en la región de Urabá, el entrecruce de siglas y áreas de influencia, tiene que ver, entre otras cosas con el hecho de que para cada una de las organizaciones guerrilleras es la mejor salida al mar, y la ruta de ingreso más segura para el aprovisionamiento d e armas y municiones, como se desprende claramente del conjunto de los testimonios consultados. Hay, claro, apreciaciones en contrario, basadas en la porosidad de todas las fronteras y en la impunidad creciente en el tráfico clandestino de armas; pero los testimonios regionales son reiterativos y elocuentes al respecto. Es poco lo cjue se ha podido hallar hasta ahora acerca de la disidencia del EPL que lideraba —hasta ser detenido— Francisco Caraballo, como no sea la anotación, más bien obvia, de cjue con la cobertura de la Coordinadora, y el apoyo de las otras dos organizaciones, jjrocuró asentarse en las áreas dejadas por el grueso del EPL que se reinsertó. Los contactos del ELN con el entonces frente Francisco Cárnica del EPL en la zona dc 1979 fueron particularmente estrechos en 1979 en la zona del bajo Cauca, y durante mes y medio al menos, según los relatos, los dirigentes del jjroeeso de reestructuración del ELN, Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, permanecieron en Córdoba, examinando las relaciones entre el EPL y sus organizaciones populares. ¿Qué han significado los intentos dc la coordinación de las fuerzas guerrilleras para la distribución territorial de las organizaciones que integran la Coordinadora y para sus resjjectivas estrategias de expansión territorial? Si la conformación en mayo de 1985 de una Coordinadora Nacional Guerrillera projjició un acercamiento entre las organizaciones distintas a las Farc, a la vez definió áreas de influencia o zonas es3 Entrevista cedida por Carlos Miguel Ortiz, hecha el 6 de abril de 1992 a un excomandante del V frente de las Farc.
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tratégicas para cada una de las integrantes, y procuró eliminar las fricciones y las luchas territoriales que se habían presentado intermitentemente hasta comienzos de los 80. Particularmente, los enfrentamientos en Arauca, a finales de 1981 y comienzos de 82, entre el ELN y las Farc, en busca de una hegemonía en las áreas adyacentes a la explotación petrolera, así como al conflicto que se había presentado de modo intermitente en Urabá. Significó además la organización de acciones conjuntas (se cita a modo de ejemplo el asalto a Urrao, en noviembre de 1986 por destacamentos del M-19 y del EPL). Desde su conformación en septiembre de 1987, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar planeó y llevó a cabo algunas acciones conjuntas (como las realizadas por el EPL y las Farc en agosto de 1988, en Urabá), si bien —según los datos de que se dispone— no dio lugar a otras acciones significativas. Desde el 2 o semestre dc 1992, sus dos integrantes principales, las Farc y el ELN, cesaron de desarrollar acciones militares a través de la Coordinadora y volvieron a sus acciones típicas e individuales. Pese a todo, la Coordinadora ha propiciado la redistribución territorial y la sumatoria de esfuerzos para la ocupación de los territorios en los que los grupos reinsertados han dejado la acción armada. La existencia de tal grado de coordinación, por imperfecto que sea, significa ante todo una posición negociadora común, como se demostró en las tres rondas de Caracas, en donde la convergencia sobre áreas estratégicas potenció la presión guerrillera sobre ellas. En buena medida, la desproporción entre lo ofrecido y lo demandado en cuanto a territorio para la distensión tenía que ver con esa sumatoria, con ese refuerzo recíproco en la expansión de las zonas estratégicas de cada una de las organizaciones. LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN: EL PANORAMA HASTA 1993 Más allá de la clara contraposición que se presenta en los meses de junio y septiembre de 1991, entre la exigencia gubernamental que condiciona el cese al fuego a la definición circunscrita de áreas de localización para los 96 frentes guerrilleros identificados, y la renuencia de los voceros guerrilleros a aceptar parámetros que asocien el número de hombres en armas, o de acciones desarrolladas a lo largo del tiempo con un territorio circunscrito, lo que subyace es una diferencia en el objetivo político, en el enfoque estratégico de las partes.
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Ni entonces ni ahora se avizoran mediaciones. Desde las primeras tratativas de paz en el gobierno de López Michelsen, cuando se discutían las condiciones para acordar el estatus de beligerancia que se le otorgaría a la guerrilla, la dificultad ha estribado en reconocer ese territorio con un carácter circunscrito. He ahí un nudo gordiano que en cnanto a la aplicación del derecho humanitario puede zanjarse si se establece la asimetría entre las partes: cualquiera que sea la actitud de los agentes organizados de violencia, quien ha de velar por su ajjlicación, el principal responsable de la aplicación de ese capítulo del derecho, es el Estado. Con todo, ello en sí mismo no resuelve las dificultades de la negociación. Una de las comprobaciones iniciales, al revisar las estadísticas acumuladas desde 1987 acerca del comportamiento de la acción guerrillera para cada una de las organizaciones y expuestas espacialmente, es que no parece haber una jjauta de asentamiento, o una coincidencia con alguna de las demarcaciones territoriales. Ni el dispositivo actual del ELN, ni el de las Farc, puede explicarse en función de un criterio territorial, o de unas características sociales predominantes a nivel regional. Pero tal vez haya de rejjrimirse la tentación fundamentalista —o el nihilismo metodológico— de afirmar que la guerrilla está en todas partes, y parafrasear el proverbio pojjular, agregando: «Y no se la puede medir...» Tan importante como comprobar que actualmente la guerrilla puede hacer jjresencia en todo tipo de municipios, es comjjrobar las metas puntuales que se fija jjara su expansión, etapa por etapa, discernir su estrategia territorial examinado en qué clase de municipios ha crecido con mayor rapidez. Establecer sus pretensiones territoriales, entender en qué grados y matices está cumjjliendo sus propias metas de exjjansión, hace vislumbrar un princijjio de negociabilidad. A este respecto, se revelan ya algunas tendencias en la detallada cronología descrijjtiva que se ha ido elaborando en las dependencias que han tenido a su cargo la negociación jjor la jjarte gubernamental desde 1987. De ese consolidado empírico se pueden extraer algunas conclusiones —más bien tentativas— ya sugeridas en los escritos de Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo: 1. Q u e en cl jjeríodo estudiado la guerrilla ha incrementado su presencia en municipios con un mayor grado de desarrollo, y que adquiere una significación ¡jarticular el crecimiento que ha obtenido en
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los municipios con predominio de agricultura comercial: esto indicaría todo un propósito estratégico. 2. Que lo anterior no significa que haya disminuido su presencia en las áreas tradicionales de asentamiento, en los municipios con predominio de colonización, sino que la ha diversificado. Contribuye a aclarar esa diversidad la clasificación adoptada por Santiago Escobar (en el documento ya citado) cruzada con el criterio histórico: los municipios en cuyo territorio la guerrilla se implantó inicialmente vienen siendo áreas de refugio; los municipios en donde adquirió una presencia significativa antes de 1985, aproximadamente, se han convertido en áreas para la captación de recursos —o de aprovisionamiento logístico—; y, por último los municipios a donde busca expandirse y consolidar su influencia se convierten en áreas preferentes para la confrontación armada. La anterior clasificación es consistente con la establecida por Naylor (también citada arriba). Accesoriamente, ello nos sugiere que a esa diversificación territorial y a las crecientes necesidades logísticas y de comunicación, le ha correspondido en el plano organizativo una también creciente especialización y exigencias operativas específicas para cada región. Dado el volumen de recursos que se maneja, la actividad económica continuada exige un cuadro administrativo cada vez más complejo —Jacobo Arenas mencionaba ya en 1982 la existencia de un portafolio de inversiones en entidades financieras internacionales—. La guerrilla ha desarrollado nuevas ramas de su esquema organizativo y ha asignado cuadros especializados para ello. Los testimonios del ELN, por ejemplo, mencionan una menor proporción de hombres en armas respecto de los dedicados al trabajo político y al soporte logístico y de comunicaciones. Las decisiones organizativas de las Farc en 1993, a nuestro parecer, van en el mismo sentido. 3. Persisten apreciables diferencias en lo que Santiago Escobar denomina el índice de nomadismo. Excluida ya la guerrilla del Quintín Lame —la de menor grado de nomadismo entre las que han existido, la más circunscrita territorialmente hablando— puede considerarse que el dispositivo del ELN, menos disperso en el territorio, más referido a lo en su lenguaje se denomina nuestra zona estratégica, revela un menor nomadismo que el dispositivo de las Farc. En su intervención en el pleno ampliado del Estado Mayor Central de las Farc el 29 de diciembre de 1987, esa ambigüedad organizativa la expresaba Jacobo Arenas cuando propendía por la organización de bloques de frentes y bloques de compañías móviles estratégicas pero a la vez subrayaba que las de las Farc
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«son fuerzas eminentemente irregulares forjadas para la guerra de guerrillas móviles; su movilidad tiene que ser total y absoluta, cuanto más irregulares y móviles sean las guerrillas mayor será su fuerza». 4. Sin perjuicio de las diferencias ideológicas, que subsisten, se ha venido produciendo una unificación en la estrategia política de las organizaciones guerrilleras. Se asemejan cada vez más en su manera de concebir los vínculos entre la acción militar irregular y la acción legal, y en su propósito de ejercer un ascendiente en los poderes locales de las áreas en d o n d e tienen presencia. La combinación de todas las formas de lucha ya no es monojjolio o distintivo ideológico de una de ellas; y con leves variantes el proceso electoral, da lugar a la jjarticijjación creciente."' En lo territorial, eso significa cjue las organizaciones guerrilleras están sometidas a las contrajjrestaciones —y al desgaste— propios del juego político legal: tendrán que ser juzgadas ¡jor los recursos públicos que han llegado a controlar y por las realizaciones de las administraciones locales bajo su influencia. Si se presentan como un elemento de renovación, si se erigen en veedores de las administraciones locales y pretenden mayor efectividad que la veeduría ciudadana gracias al poder de coacción de que disponen, esto no significa que puedan ejercer ese poder de manera inconteslada. Las acciones dirigidas contra alcaldes y concejales en los municipios a cuyo control asjjiran, pueden contribuir —en efecto y en el corto plazo— a dejjurar las administraciones locales mediante la intimidación directa, pero a la vez involucran a la guerrilla en el día a día administrativo; debido a ello no pueden sustraerse al juicio sobre otros efectos menos inmediatos, y sobre la gestión emprendida jjor aquellos administradores y poderes locales cjue influyen o controlan.
'' A ese respecto es elocuente el testimonio dc Nicolás Rodríguez Bautista, en la entrevista de Carlos MEDINA GALLEGO; bajo el ajjartado que se titula "¿Todas las vías están cerradas?" se formula exjilícitamente el abandono dc la anterior orientación, que excluía o condicionaba el trabajo político legal y los vínculos con la acción reivindicativa legal.
200
Los paramilitares como agentes organizados de violencia: su dimensión territorial Fernando Cubides
UNA INELUDIBLE DISQUISICIÓN SEMÁNTICA: OLIVOS Y ACEITUNOS II JlIlJIU
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J.VJL1111SL1CJ CCC U U U 1 C 1 1 1 U ,
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5U1-
prendió al país con el reconocimiento de la existencia de por lo menos 140 organizaciones oue baio el rótulo de autodefensas combatían de O
1
J
modo irregular contra las agrupaciones de izquierda legales o ilegales: tan sorprendente como el reconocimiento fue la cifra revelada, que daba cuenta de la rápida propagación de una modalidad de organización armada, de signo ideológico en el otro extremo del espectro político y con amplia presencia en el territorio nacional. Si el día inmediatamente anterior a esa declaración oficial su propia existencia era puesta en duda, de lo que se trataba después era de ofrecer una explicación elemental a tal pluralidad y dispersión. El informe tenía visos de ser exhaustivo a la fecha, pero como suele ocurrir con esa clase de organizaciones, la detallada enunciación de nombres y características operativas no iba acompañada de una información igual de precisa acerca de su ubicación o de sus nexos con organizaciones legales. De todos modos, el reconocimiento representó un viraje significativo en la política gubernamental; desde entonces figura en toda la literatura sobre el tema como la primera referencia precisa y oficial: tiene ya un valor antológico. La discusión acerca de su naturaleza, de sus fines, de la estrategia de la que eran un instrumento —o de la que estuviesen gestando de modo autónomo— no hizo más que intensificarse. 201
Tercera parte
El cjue la gestación de muchos de esos grupos estuviese amparada por una norma legal, a primera vista contribuía a avalar la sospecha de que su creación obedecía a un jjrojjósito estratégico pero subterráneo. Gran parte de la discusión derivó al campo de significación del rótulo de autodefensa empleado en la norma, al cual se acogían muchos de ellos. Desde el otro flanco, voceros de la izquierda y muchos defensores de los derechos humanos adoptaron el término de paramilitares jjara designar a estos grupos. En el jjrimer caso la connotación se empleaba con fuerza jjolémica y quería subrayar que todas ellas hacían parte de una estrategia surgida en el jjropio seno de las Fuerzas Armadas, por ende conllevaba una inculpación. En el segundo caso, no necesariamente se implicaba ello, pero se acogió la denominación por su carácter comprensivo, unívoco y técnico: designa a todos los grujjos armados irregulares que se jjroclaman defensores del sistema, cjue justifican su existencia por el jjropio carácter irregular del ojjerar de la guerrilla, y en directa contraposición a ella, defienden patrimonios y territorios que ésta amenaza o d o n d e ha actuado. Por lo demás, es la connotación cjue el fenómeno tiene en un jjlano más universal: irregulares de Estado. No es una paradoja ni un contrasentido: como lo muestra la literatura que existe sobre el tema, abarca a todos aquellos grupos armados que se jjrojjonen suplir las funciones estatales, ajjuntalar un orden social amenazado, y actuar en forma paralela a las instituciones vigentes contra quienes las atacan, así sea infringiendo la propia legalidad que dicen defender. 1 Son por lo tanto grujjos que aspiran a replicar los métodos y tácticas de las organizaciones guerrilleras y su actividad bélica pretende estar en coordinación con la acción legal de organizaciones políticas ideológicamente afínes. Tal vez no sea superfino recordar cjue cuando adquieren sn jjrimera proyección jjolítica, a finales de julio de 1987, no existía claridad acerca de sus fines y del tipo de acciones que desarrollaban. A raíz de su salida a la luz pública, su existencia fue saludada por un editorial de El Tiempo, el 30 de julio de ese año, titulado El derecho a la defensa; allí
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se ha estudiado en detalle la tradición del american vigilantism, tal como se puede ver en el cajiítulo respectivo de The History of Violence in America (A report to the national Commission on the causes and prevention of violence), Bantam Books, 1969. Para las manifestaciones más recientes, ver "The new revolutionaries" de Gary WlLLS en The New York Revino of Books, agosto 10 de 1995.
202
La violencia organizada
se hacen aseveraciones de cierto vuelo teórico-naturalista como las siguientes: El libro El sentido de la agresión de Konrad Laurens (sic) muestra cómo el ser viviente, sea racional o irracional, lleva en lo más profundo de su sentimiento el instinto de defensa de su territorio. Nadie puede tocárselo. Por eso los animales, como el hombre, fijan sus zonas para que el enemigo no las ocupe, y cuando lo hace las defiende hasta la muerte. El bandolerismo está llegando a las zonas de los camjjesinos, agricultores, hacendados de todas las categorías, irrumpe en sus terrenos. Lo que ha hecho el Ejército es dotarlos de las armas necesarias para detener esos abusos. En la medida en que se comprobaba cómo la violencia que ejercían dejaba de ser en defensa propia e interfería v retroalimentaba con otras, su inconveniencia comenzó a entenderse. Una de las recomendaciones concretas del trabajo Violencia y democracia era precisamente abolir la norma legal, el Artículo 1 de la Ley 48 de 1968, que había permitido su existencia y posibilitado su desnaturalización. Cuando se acoge la recomendación, con los decretos-leyes 813, 814 y 815 de abril de 1989, que ponen fin a la ambigüedad de su existencia legal, no se ha suprimido el eufemismo: en el enunciado del primero se insiste todavía en la diferenciación semántica al prohibir los «grupos de autodefensa o de justicia privada equivocadamente llamados paramilitares». En sucesivas y posteriores declaraciones, ya en situación de ilegalidad, un comunicado de las autodefensas firmado el 27 de marzo de 1990 en las montañas del Magdalena Medio seguía invocando el derecho anterior y aportando su cuota a la confusión semántica al denunciar La perversa confusión de un lenguaje que sustituyó el término de autodefensa como expresión natural y jurídica del instinto de conservación y del derecho de defensa." Todavía en buena parte de la literatura y en la propia base de datos a nuestro alcance para el período 1985-1993 de las Estadísticas generales sobre la violencia en Colombia, se persiste en denominar a estos grupos como de autodefensa, al mismo tiempo que se afirma que «las experiencias en el pasado muestran cómo degeneran en bandolerismo y se
Publicarlo en El Tiempo de marzo 30 del mismo año,
203
Tercera parte
constituyen en actores que pasan de la actitud defensiva a la ofensiva generando violencia», como se afirma en el documento Violencia, y Desarrollo en el municipio colombiano 1987-1993, dc la Presidencia de la República, que fue la base jjara nuestro análisis. Si tales son las experiencias, en aras de la claridad conceptual proponemos cjue se abandone una denominación que es imprecisa por lo eufemística. La denominación paramilitar se ha ido abriendo jjaso independientemente de la primera acejjción polémica e inculjjatoria, porque es lo suficientemente genérica para englobar todas las modalidades y las variedades regionales de esa clase de organizaciones armadas. Quienes se hallen persuadidos de su inconveniencia, del carácter contraproducente de sus acciones para la pretensión estatal de detentar el monopolio de la fuerza legítima, no jjodrán encontrar en el prefijo para otra cosa que su connotación literal: la alusión a su existencia jjaralela (y como es archisabido las paralelas por definición no se locan) y no necesariamente una sindicación de que, necesariamente las que existen en la actualidad, estén siendo en promovidas por el ejército o estén coordinando su acción con la acción de las fuerzas militares. Aunque la denominación de paramilitares no le satisfaga a la Comisión para la Superación de la Violencia por su carácter genérico, precisamente es ese carácter cl que permite abarcar, que n o esconder, todos los contenidos que ella misma propone: Una gran variedad de conductas y alianzas entre intereses privados y organizaciones armadas, que se sitúan entre dos polos de acción: la iniciativa local de propietarios y empresarios y la conducta de miembros de las Fuerzas Armadas.3 Por cierto que, como se ha comprobado, una de las imprecisiones en que incurría el editorial citado arriba al apoyarse en la otología de los machos territoriales de Lorenz era enfatizar esa adscrijjción territorial fija, el carácter muy circunscrito del territorio donde actúan. Como se puede inferir de los datos, si han logrado persistir pese a las acciones represivas y judiciales que se les han dirigido es precisamente jjor su ubicuidad, por su trashurnancia a lo largo y ancho de varias regiones. El rejjlicar de una manera cada vez más metódica al modo de operar de las guerrillas, el asimilar la guerrilla como técnica de hacer 3
Pacificarla Paz, Santafé de Bogotá, 1991, p. 189
204
La violencia organizada
la guerra es, claro está, la clave de su expansión y del grado de control territorial que han conseguido. 4 Si las primeras manifestaciones concretas daban cuenta de 17 veredas del municipio de Campoalegre en donde se habían organizado, y las formadas en el Magdalena Medio tenían su epicentro y su aparato logístico en el casco urbano de Puerto Boyacá, al entrar en situación de ilegalidad la ubicuidad se impone y, parafraseando a la guerrilla, firman sus comunicados en las montañas del Magdalena Medio o en algún lugar de Colombia. La propia movilidad que adquieren es un indicio más de su solvencia financiera y logística, la sofisticación creciente de su estructura y de su capacidad para mimetizarse en regiones muy diversas. Hacia abril de 1989 su ubicación abarcaba el eje Urabá-Córdoba-Bajo CaucaMagdalena Medio-Meta y era perceptible ya un propósito de expansión, con la fundación de escuelas de entrenamiento en Puerto Boyacá, en Cimitarra, y en las cercanías de Puerto López (Meta). En los retazos de ideología que podían extractarse de sus documentos, una afirmación que se reiteraba era la del fracaso de los distintos procesos de paz emprendidos con la guerrilla, un fracaso que medían en el número de frentes y el número de efectivos con que ahora ésta contaba. Es bien probable que la profusión de alias y de siglas, tenga que ver con que, dada su menor trayectoria y lo fragmentario de la base social en que se apoyan, se esmeren en sacar partido de las ventajas organizativas con que cuentan, de la movilidad y de las redes construidas a su favor. Lo cierto es que a la hora de analizar su número en su adscripción territorial, hemos hallado la mayor discordancia en las cifras. Mientras que las primeras referencias históricas son muy concretas (las 17 veredas que mencionanros y personas con nombre propio que aparecen como responsables), a medida que el fenómeno se intensifica y se propaga, los intentos de mensurarlo se tropiezan con la indefinición. Simultáneamente, según se puede inferir de información publicada por la prensa y los documentos de las llamadas Tres Cumbres NadoEs un tema que ha seguido explorándose por parte del autor de éste capítulo en dos artículos posteriores: "La estiategia de los paramilitares" en el libro colectivo de Ediciones Uniandes, y "De lo privado y de lo público de la violencia colombiana: los paramilitares" en otra obra colectiva, Las violencias: inclusión creciente. CES, Universidad Nacional, 1998.
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Tercera parte
nales del Movimiento de Autodefensas, en la asamblea de la mayoría dc los grupos cjue existen, la cual tuvo lugar en Cimitarra —en donde se llevó a cabo la primera cumbre en diciembre de 1994— ya en ese momento se había convertido en un propósito el conformar un organismo coordinador a nivel nacional, y j u n t o con él, darse una estructura jerárquica, que controlara los particularismos locales y regionales, y corrigiera la tendencia centrífuga al que han estado abocados a tenor del interés privado cjue les dio origen. El reclamo de una negociación jjolítica, que se encuentra en el Documento de la I a Cumbre, salvo la referencia a 23 frentes ubicados cn Córdoba y Urabá (9 de ellos), Cesar (2). Santandercs (5 frentes), Meta, Casanare y Arauca (un frente cada uno), Magdalena Medio (2 frentes) y Putumayo (2 frentes)— elude cualquier otra jjrecisión o adscripción. De ahí que las cifras varíen e n o r m e m e n t e dependiendo de la fuente, y del jjeríodo a que se refiera. Las cifras consultadas oscilan, para el año inmediatamente anterior, entre 80 grujjos en otros tantos municipios, y 373 municijjios con su presencia. 5 En cuanto a la negociabilidad dc sus pretensiones políticas, desde que el actual candidato liberal Horacio Serpa era Procurador, en 1989, se ha reiterado la tesis gubernamental acerca de que los paramilitares no son delincuentes jjolíticos y que ninguna de las tipificaciones del delito con móviles políticos —rebelión, sedición o asonada— se les puede aplicar a sus acciones. En la medida que ha pasado el tiempo, en cualquier caso, la reiteración del jjrincipio se va quedando corta, pues tampoco jjueden ser asimilados a la delincuencia común: han sido capaces de desarrollar acciones bélicas de tipo irregular, de manera coordinada, sujetos a disciplina y parecen contar con una estructura de mando. En ese intento organizativo han procurado a la vez distanciarse de aquellas acciones brutalmente criminales que les dieron mayor resonancia internacional: las masacres, que con propósitos intimidatorios y ejemjjlarizantes, dirigieron de manera específica contra el EPL y los sectores que lo apoyaban. De lo que hay poca duda, tras 7 años de re-
7
Ver por ejernjilo la sejjarata Usted decide, de El Tiempo en el apartado "Justicia privada y violencia: ¿Cómo entienden los candidatos a la Presidencia cl problema del paramilitarismo?" mayo 25 de 1994. Allí se onece la ciña de 373 municijjios jjara el jjeríodo 1985-1991. La cifra de 80 es acogida jjor el Documento Base de nuestro análisis.
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La violencia organizada
gistro del fenómeno, es que en cuanto a estructura organizativa, en cuanto a orientación estratégica, y en cuanto a la manera de entender la territorialidad, los paramilitares, con un signo ideológico del todo opuesto, calcan los respectivos componentes de la guerrilla. ¿EN QUÉ TIPO DE MUNICIPIOS SE REGISTRAN ACCIONES DE PARAMILITARES? De la discordancia que se anotó arriba no está exenta la base de datos que se nos suministró para este estudio. En tanto que el documento analítico se refiere a un total de 80 municipios con presencia de grupos de autodefensa, de los cuales el 88% se ubican en las zonas rurales y atrasadas de la clasificación de Stollbrock, en los listados en que se discriminan lodos ios agentes organizados columna por columna y su existencia a nivel de municipio, fila por fila, la cifra total varía sensiblemente: aparecen 272 municipios. Al aplicar enseguida la clasificación más detallada del Dañe y los estudios de pobreza, más aptos para captar los grados de desarrollo económico y las variaciones en la dinámica regional, la distribución varía sensiblemente: el 19% de ellos queda ubicado en municipios con predominio de agricultura comercial y empresarial, 13% de ellos en donde predomina el campesinado medio acomodado y el 5% en ciudades secundarias o centros de relevo. Es una diferencia que, nos parece, habla en favor de aplicar la segunda de las tipologías para los demás agentes organizados de violencia. La de Stollbrock, con su valor pionero, al aplicársela para dar cuenta de las relaciones que cualquiera de los agentes organizados tienen con las regiones y los municipios, ofrece un panorama difuso, tiende a avalar la explicación estructuralista más tradicional (la pobreza, la ausencia del Estado). De seguro sigue siendo útil para ilustrar la dicotomía urbano-rural, pero ya no resulta acorde con las formas intermedias. Hechas todas las salvedades, al aplicar la lista de los 273 municipios con algún tipo de presencia paramilitar para el período 1985-1993 (que era la información de que disponíamos hasta el momento que redactamos el presente texto con miras a su edición), y atendiendo a la categorización del Dañe, obtenemos la siguiente distribución: Una primera comprobación al cotejar la anterior distribución con la que para ese mismo período hizo Camilo Echandía sobre la guerrilla {Municipios con presencia guerrillera según estructuras y grados de desarro-
207
Tercera parte
lio) y la que elaboramos {jara la jjresencia de tierras de narcos (ver el cuadro Distribución de municipios en donde hay tierra de narcotraficantes según categoría, socioeconómica del capítulo siguiente, JJ. 218) es cjue el orden de importancia varía jjero las projjorcionalidades en las jjrincipales categorías son significativamente semejantes. Al agrupar por departamentos, para el caso de Antioquia, Boyacá, Santander, Huila, Tolima, Cacjuetá, Valle y Chocó, resulta claro que la jjresencia de ICJS jjaranúlitares coincide en líneas generales con la de la guerrilla; al clasificar jjor categoría de municipio, tal semejanza se mantiene: en 1994 la guerrilla está jjresente en el 48% de los municijjios con predominio de latifundio de la Costa Caribe, en tanto cjue los paramilitares lo están en el 43.9% de ellos. Pero el orden de importancia que adquiere cada categoría de municipio para la organización resjjectiva es también significativo y tal vez informe más acerca de las bases sociales en las que se apoya o en las que pretende tener arraigo; así, mientras la guerrilla ha incrementado su presencia en la última etapa en los municipios de campesinado medio cafetero, en las ciudades secundarias y en los municipios de agricultura comercial con predominio de población urbana —en ese orden— las categorías en importancia de presencia de paramilitares resp o n d e n a una pauta más tradicional: es la periferia y, de manera característica, son aquellos municipios en d o n d e la endeblez institucional, la precaria presencia del Estado ha sido un reclamo permanente. En ese sentido, el dispositivo que adojjtan parece responder más bien a una de las jjocas declaraciones en que han balbuceado su razón de existir, territorialmente hablando: No es, como dice el Ministro de Gobierno, que nosotros estemos suplan!anclo al Eslado. Lo que estamos pidiendo es cjue venga el Estado a reemplazarnos a nosotros, que estamos aquí precisamente [jorque no hay Estado1' Resulta más bien obvio comprobar que en 10 de los 18 municipios que como equipo catalogamos dentro de los más violentos, y en 42 de los 55 cjue consideramos relativamente violentos, hay presencia de los grupos paramilitares. Puede ser incluso un ejercicio tautológico: al fin
' Declaraciones de Raúl, uno de los comandantes de autodefensas de Córdoba y Urabá, para Semana, febrero 28 de 1995.
208
La violencia organizada
M U N I C I P I O S C O N PRESENCIA DE PARAMILITARES EN EL PERIODO 1985-1993
N°
Tipo de Municipio en la tipología del Dañe
*%
** %
NBI85
NBI93
47
Municipios con predominio de latifundio Costa Caribe
17.2
43.9
79.1
69.9
42
Municipios con predominio de colonización activa interna
IS.4
72.4
74.5
57.6
31
Municipios con predominio de minifundio andino deprimido
11.3
15.5
75.6
57.2
28
Municipios con predominio de campesinado medio no cafetero
10.2
16.1
59.7
44.6
28
Municipios con predominio de colonización activa de frontera
10.2
38.8
70.6
57.6
16
Municipios con predominio de agricultura comercial o empresarial y alta población urbana
5.8
46.8
47.2
33.2
13
Municipios con predominio de agricultura comercial o empresarial y alta población rural
4.7
28.8
45,4
23.6
12
Municipios que son ciudades secundarias
4.4
38.7
35.1
21.2
12
Municipios con predominio de minifundio costa Caribe
4.4
38.7
82.3
62.5
II
Municipios con predominio de minifundio andino estable
4.0
7.6
63.0
57.4
10
Municipios con predominio de campesinado medio cafetero
3.6
16.6
41.1
33.7
10
Municipios que son ciudades/centro de relevo
3.6
47.6
40.7
33.4
8
Municipios con predominio de colonización no activa
2.9
20.5
77.8
66.3
4
Municipios que son ciudades-centros regionales
1.4
80,0
24.0
18.0
m=
1
N=272
100%
58.2
m= 45,4
Nota: El primer porcentaje (*) es la proporción dentro de los municípios con este agente de violencia, el segundo (**) su proporción dentro de los municipios de esa categoría. Como se sabe, NBI es la sigla del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.
y al cabo, y sin vacilación, dados sus antecedentes, la presencia de grupos paramilitares fue uno de los criterios principales para ubicarlos en dichas categorías. Pero eso no nos conduce a simplificar las razones de su existencia, de su relativo crecimiento, que —en tanto los registros tengan alguna confiabilidad— paradójicamente es más significativo desde que fueron declarados ilegales. Es muy sensible que en la primera versión de la Estrategia Nacional contra la Violencia (que como se sabe fue formulada y divulgada en 1991) no se r e s e ñ e siquiera una mención a este tipo de organizaciones armadas. Ciertamente, para entonces ya habían sido declaradas ilega209
Tercera parte
les, pero no por eso dejaban de existir: en ese mismo año, aun cuando había descendido el número y esjjectacularidad de sus acciones (las masacres ejemplarizantes tuvieron su máxima frecuencia en 1988 y 1989), se habían desplazado a otras zonas del país (como el Putumayo) y habían incrementando su diversidad regional. Si los informes disponibles para la fecha daban cuenta fehaciente de los nexos de grupos de narcotraficantes con aquellas organizaciones con mayor arraigo regional y a la vez con mayor cajjacidad logística, (las autodefensas del Magdalena Medio) y de rasgos de descomposición en su interior, así como de los goljjes que un organismo de seguridad como el DAS había projjinado a su disjjositivo, no por eso dejaban de constituir una amenaza, también, en el 88 y en el 89. Otros informes sueltos jjodían ser interjjretados como síntomas de su recomposición; cn todo caso, en regiones circunscritas (entre ellas la misma donde se habían obtenido tales éxitos) no podía afirmarse que hubiesen desajjarecido las condiciones cjue favorecieron su surgimiento. He ahí porqué, dada su persistencia y su mayor diversidad en presencia regional en la 2" fase de la Estrategia {Seguridad para la gente, Presidencia de la Rejjública, noviembre de 1993) se destinan dos jjárrafos a la definición de los efectos sociales y políticos del accionar de los grupos de justicia privada, y a las nietas para contrarrestarlos. Encontramos allí, de modo sintético, un acertado diagnóstico acerca de la forma en que surgen y de los componentes que han llegado a integrarlos hasta ese año; se excluye eso sí cualquier tratamiento que se asemej e al de delincuentes con motivaciones políticas: se enuncia, de una parte, la localización, captura y jjrocesamicnto judicial jjara sus cabecillas, el sometimiento a la justicia —y eventuales rebajas de pena— para aquellos cjue colaboren con las autoridades, y la sanción «a los funcionarios jjúblicos que contribuyan a la acción de grupos de justicia privada». Aun siendo necesario, el tratamiento puede resultar insuficiente: da por descontado cjue la cajJtura de los cabecillas y el rendimiento de los demás miembros de las organizaciones existentes por una suerte de efecto-demostración, harán desaparecer las circunstancias regionales que propiciaron su existencia. Como lo ha demostrado el debate acerca de la eficiencia de la justicia, una solución genuina jjosiblemente conlleve más liemjjo y de seguro requiere, además de ICJS ya mencionados, otros instrumentos; el princijjal de ellos, uno intangible: que la población de las regiones en que han surgido y encontrado resjjaldo recujjcre la confianza en el funcionamiento de la justicia regular, en la cajjacidad efectiva del Es210
La violencia organizada
tado para mantener el monopolio, y para su empleo a la vez legítimo y legal. Cuestión de secuencia: sólo cuando se haya cumplido ese que fue declarado objetivo principal de la Estrategia Nacional contra la Violencia, y enunciado como un objetivo a largo plazo, podrán considerarse plenamente removidas las causas que han permitido el surgimiento de esa clase de organizaciones y desaparecidas las probabilidades de que surjan otras de ese tipo. Siendo en sus orígenes un fenómeno puramente reactivo y una alianza entre los poderes regionales más tradicionalistas y reacios al cambio, su perdurabilidad tras la desaparición de aquellos barones de la droga que explícitamente hicieron de ellos piezas de una estrategia de desestabilización, su persistencia y su crecimiento han estado en función de los de la guerrilla: su persistencia no puede ser explicada sino como producto de una base social más amplia que la que le dio origen, jjor exigua que sea.
211
Las agrupaciones de narcotraficantes como agentes organizados de violencia: su dimensión territorial Fernando Cubides
LA DISCUSIÓN. ¿CUÁNTO HAN CAMBIADO LOS TÉRMINOS DEL PROBLEMA?
Uno de los criterios que se han tenido en cuenta de manera explícita a la hora de seleccionar áreas dc localización para los frentes guerrilleros con miras a una eventual desmovilización, ha sido que la zona escogida no tuviese inversiones en tierras jjor parte de narcotraficantes. Como vimos, para el ejercicio de una geografía de la distensión el criterio cn cuestión complica de modo particular la escogencia. Parte de la dificultad es empírica: en la mayor jjarte de los casos la condición de narcotraficante es una presunción, no algo probado. Se han obtenido cifras gruesas sobre el número dc municijjios en que existe inversión en tierras agrícolas jjor parte de narcotraficantes. La cifra, resultante de una encuesta en que los informantes son los gerentes regionales del Incora y el indicador indirecto las distorsiones cjue haya sufrido el mercado de tierras, difiere poco de la que se incluye en los listados de la base de datos denominada Estadísticas generales sobre la. violencia en Colombia: mientras cjue la primera arroja 251 municipios, la segunda abarca 239. En la información básica de que dispusimos, una de las columnas — y por ende u n o de los criterios en la clasificación de municipios según rangos de violencia— es la existencia de tierras de narcotraficantes. No obstante, al considerar la situación en su conjunto, o al hacer cálculos 212
La violencia organizada
acerca de la extensión de tierras que les pertenecen, la cifra resultante es un estimativo sin posibilidad de corroborar. De uno a otro analista las apreciaciones oscilan para el último año del período en referencia entre uno y nueve millones de hectáreas. Pero la mayor dificultad parece estribar en que una de las ventajas organizativas que poseen los narcos consiste en la existencia de una red de sociedades fantasmas y de testaferros. 1 La totalidad de la literatura que se puede consultar sobre el fenómeno del narcotráfico en diversas latitudes considera a la violencia un recurso consustancial, un medio específico, de la actividad narcotraficante. Pero adviértase que se distingue, en el caso colombiano, entre una primera etapa en que el recurso a la violencia por lo general es controlado, que se ejerce en función del negocio, dado su carácter ilegal y en lauto no existen recursos distintos para dirimir los litigios, y una etapa de expansión del negocio y de expansión territorial, en que la violencia se dirige contra grupos y sectores sociales que se les oponen en su pretensión de poder local. El carácter oligopólico de las empresas constituidas, así lo determina. Mientras conserve las características de la primera etapa y la violencia se ejerza en función del mercado clandestino, el número de las muertes violentas que se le atribuyan y su peso específico como factor de violencia, no sería significativo. Precisamente eso fue lo que conduj o a que en su etajja de gestación, al narcotráfico como actividad se lo subvalorara. He ahí {jorqué, todavía a comienzos de 1980, a las acciones de los narcotraficantes se les ve como episodios, no dignos de figurar como registros independientes en la estadística criminal: apenas alcanzan a figurar con ribetes folclóricos en lo que subsiste como crónica roja o crónica judicial. De modo paralelo, los observadores tendían a considerar sus organizaciones como esencialmente móviles, prácticamente ubicuas, en función de las redes de distribución y de las conexiones in-
El interrogante, y formas tentativas de absolverlo han sido una preocupación constante en el trabajo de Alejandro REYES, autor, entre otros, del documento, "Geografía de la distensión", más recientemente ver sus artículos sucesivos: "Colombia no sabe cuánta tierra tiene los narcos" y "La compra de tierra por narcotraficantes" en PANORAMA, Iepri, abril y mayo de 1994, que incluyen sendos estimativos.
213
Tercera parle
ternacionales del negocio, pero sin una adscripción territorial conocida. Las aspiraciones manifiestas de proyectar en la esfera política su poder económico creciente y la posibilidad latente de la extradición redundará en la conocida esjjiral de violencia a partir de abril de 1983. A partir de ése momento, se hace evidente la existencia de un principio de coordinación entre distintos grujjos regionales, y según se ha recapitulado en diversas crónicas, se construyen aparatos militares esjjecializados y capacitados. Se trata de una historia que no es inédita y sobre la cual existe un jjrecipitado válido de conocimiento, aun cuando subsiste la diferencia analítica sobre cl tratamiento que se les debe dar. A la altura de 1987, cuando la violencia ejercida por los narcotraficantes comenzaba a proyectarse hacia afuera, y había consistido ante todo en asesinatos selectivos de personalidades políticas, los investigadores de Violencia y democracia concuerdan en negar el carácter político y cualquier posibilidad de negociación con los grujjos de narcotraficantes constituidos. Se reconoce allí, en el apartado Narcotráfico y violencia, que las muertes producidas a jjersonalidades políticas, a miembros del poder judicial y a periodistas atribuibles a dichas organizaciones, alteran sensiblemente el orden público y conmueven a la nación; con todo, se reiteraba la no negociabilidad de la violencia generada jjor el narcotráfico por considerarla difusa en su realización, producto de actores individualizados y muy heterogéneos, y a favor de intereses puramente privados. En la medida en que la violencia se intensifica, se impone una reconsideración. Vemos cómo en la Estrategia nacional contra la violencia, en pleno 1991, se acusa ya el efecto de una intensificación del conflicto, y del emjjleo del terrorismo. No se da allí, y no se ha dado todavía, a las organizaciones de narcotráfico el estatus de organizaciones políticas, pero tampoco puede afirmarse que se las asimile sin más a las otras organizaciones de la delincuencia común. La simple desprojjorcióu en los recursos que manejan, la jjretensión de influir en la normatividad constitucional que se está configurando y una presencia territorial cada vez más perceptible, determinan un tratamiento especial. Se establece en dicha Estrategia una distinción entre la violencia projjia del narcotráfico como negocio y la «violencia perpetrada jjor las redes criminales jjropulsoras del narcoterrorismo» que acusa en ese mismo
214
La violencia organizada
año una intensificación y una capacidad desestabilizadora tales que por momentos colocan a la guerrilla en un plano secundario. Lo anterior parece corroborarlo el propio orden en que se enuncian los objetivos políticos en la Estrategia nacional contra la violencia: tras enunciar como prioritario el fortalecimiento de la inteligencia a todos los niveles y en todos los organismos de seguridad por tratarse del elemento que se ha mostrado más débil en la estrategia anterior para enfrentar las diversas manifestaciones de violencia, se formulan, con prelación a las medidas de política frente a la guerrilla, las medidas para enfrentar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Se define el poder económico, bélico y la hegemonía territorial adquirida por los narcotraficantes como sin precedentes, con lo cual la concepción gubernamental del momento acusa el impacto que ha surtido ya para entonces ia estrategia desestauíiizadora que está llevando a cabo el narcotráfico. Por cierto que en cuanto a estructura organizativa y al modelo de gestión económica, el documento persiste en una imprecisión: como lo han señalado algunos críticos, a las organizaciones empresariales creadas por los narcotraficantes se les continúa denominando allí carteles, lo cual no corresponde ni a su estructura ni a la forma en que está organizado el mercado. En todo caso, el tratamiento dista de ser eí recomendado 4 años antes: los términos del problema han cambiado y a las agrupaciones de narcotraficantes no se les puede tratar como a las demás organizaciones delincuenciales. 2 No ha sido nuestro propósito participar en la discusión acerca de la política a seguir en lo penal y posiblemente no contemos con elementos suficientes para ello. Se trata al fin y al cabo de una discusión de política criminal y de justicia. Las ambigüedades de los diálogos sostenidos entre representantes del gobierno y voceros oficiosos de la cúpula de una de las organizaciones del narcotráfico; aquellas otras ambigüedades características del período en que la ofensiva narcoterroVer por ejemplo lo que afirmaba ya en 1988 el actual gerente del Banco de la Rejjública cuando era columnista de El Tiempo: "Analicemos cuáles cuales son las condiciones que facilitan la creación de un cartel, o sea de un grupo que pueda controlar el mercado de un producto. En primer lugar la entrada de nuevos empresarios al negocio debe ser muy difícil [...] Una segunda condición es el monopolio de la tecnología [...] El negocio de la cocaína no tiene ninguna de las condiciones descritas ", Miguel L'RRUTIA, "El cartel de Medellín y la OPEP" en El Tiempo, maltes 7 de junio de 1988.
215
Tercera parte
risla hacía una pausa y quienes la dirigían aceptaban que sus reivindicaciones políticas y jurídicas fueran tratadas por una comisión de notables; la penetración sistemática cn cl Parlamento en busca de aliados abiertos o inconsútiles; todo ello en su significación política, en los alcances que ha adquirido jjara el sistema jjolítico en su conjunto ha sido analizado con destreza por Iván Orozco Abad, cn un artículo con un título harto significativo. Orozco Abad se vale de la metáfora del falso jugador —o jugador tramposo— {jara interpretar la actitud del narcotráfico en cl curso del proceso y diferenciarla de la de la guerrilla, que estaría emblematizada por la actitud del enemigo del juego. 3 Al conocer las interinidades y al ajjreciar los efectos, particularmente los políticos, tal vez no quejja duda ya de cjue a la violencia desatada por el narcotráfico es insuficiente considerarla difusa en su realización e individualista en sus móviles. Nos concierne en cambio de lleno el objetivo de evaluar y ponderar en el contexto del total de muertes violentas las producidas por las organizaciones de narcotraficantes y su distribución territorial. Así mismo, evaluar el poder territorial que han alcanzado hasta el momento; eso lo permite la base de datos que consultamos —con las salvedades ya anotadas sobre el nivel de definición: no se capta el área que han acumulado, sino su presencia por municijjio—; a partir de ahí, son lícitas las inferencias acerca de su coincidencia con los otros factores de vicjlencia analizados. Si bien se han establecido con nitidez los nexos entre las organizaciones empresariales de los narcotraficantes y los grupos paramilitares, a efectos del presente análisis conviene tomarlos jjor separado; en verdad las organizaciones diseñadas expresamente para la participación en el negocio, sus sistemas de seguridad y sus aparatos para el ajuste de cuentas responden a la lógica del mercado y a la estrategia empresarial de expansión, en tanto que los paramilitares responden a la estrategia de consolidación y ampliación del poder territorial y de sus bases sociales en la escala local, y por ende a una lógica de confrontación con sus opositores a ese nivel. Como estrategias, se diferencian nítidamente, incluso en el tiempo: las organizaciones de narcotraficantes se convierten en agentes organizados de violencia cuan-
' Ver su artículo "Los diálogos con el narcotráfico: historia de la transformación de uu delincuente común en un delincuente político", en Análisis Político, N° 11, diciembre de 1990. Ver también el argumento, recogido con algunos complementos en su libro ya citado, Combatientes, rebeldes y terroristas.
216
La violencia organizada
do llevan ya un buen tiempo como empresas económicas y es en una fase de confrontación, tras varias frustraciones en su intento de proyectarse en el poder político y como un recurso de justicia privado frente a opositores o competidores potenciales, que dan el paso para la conformación de grupos paramilitares. La ubicación de los municipios en donde coinciden las inversiones en tierras por parte de los narcos y la presencia de grupos paramilitares puede verse en varios de los mapas que ha elaborado, con propósitos divulgativos, Alejandro Reyes. Así mismo, éstas organizaciones aparecen con un tratamiento distinto en cualquiera de las bases de datos o fuentes estadísticas consultables. Por ello, independientemente de los nexos que tengan entre ellas, es menester considerarlas de modo separado en cuanto factores de violencia. ¿EN QUÉ T I P O DE MUNICIPIOS INVIERTEN LOS NARCOS?
Partiendo de la encuesta a gerentes regionales del Incora, Alejandro Reyes, en la primera de las publicaciones que dio a conocer sobre el tema, agrupa los 254 municipios, el total que arroja la encuesta, adoptando una regionalización ad hoc, en donde se ha comprobado la compra de tierras debida a narcos por departamentos y regiones y según las dimensiones. De allí resulta un orden de importancia que tiene que ver con los epicentros de las empresas ilegales: Antioquia (72 municipios) y el suroccidente: Cauca, Valle, Huila y Tolima (52 municipios); a partir de allí la distribución es más armónica. Una de las medidas indirectas que se aplicó en dicha encuesta fue la existencia de distorsiones o fenómenos especulativos en el mercado de tierras de su jurisdicción. En nuestro caso cobra más sentido analizar la información y agrupar los municipios en que se presente la compra de tierras por narcos, teniendo en cuenta las categorías socioeconómicas del Dañe, dadas las ventajas de la comparación con las otras organizaciones de las que nos ocupamos. Son unas categorías cuya materia prima proviene del Censo de 1985, en donde el peso de la economía subterránea se dejaba sentir ya, y —como lo corroboran algunas cifras puntuales y todos los testimonios— uno de cuyos efectos era la distorsión del precio de la tierra en varias regiones.
217
Tercera parte
D I S T R I B U C I Ó N DE MUNICIPIOS E N D O N D E H A Y TIERRA DE N A R C O T R A F I C A N T E S SEGÚN CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA
N° 50
Tipo de municipio en la categoría Dañe
*%
**%
NBI 85
NBI 93
Municipios con predominio campesinado
20.8
28.9
49.4
39.4
medio no cafetero 31
Municipios con predominio latifundio Costa Caribe
12.9
28.9
80.9
69.3
25
Municipios con predominio campesinado
10.4
41.6
40.9
34.6
medio cafetero 24
Municipios con predominio de colonización activa de frontera
10.0
33.3
66.1
52.3
21
Municipios con predominio agricultura comercial y alta población urbana
8.7
65.2
43.5
33.6
21
Municipios de colonización activa interna
8.7
36.2
77.9
62.8
Municipios con predominio de agricultura
6.6
35.6
43.0
33.6
16
comercial y alta población rural 12
Municipios que son ciudades secundaria
5.0
38.7
37.3
27.7
12
Municipios que son ciudades/centros de relevo
5.0
57.1
37.1
33.2
1 1
Municipios con predominio de minifundio andino deprimido
4.5
5.5
77.0
59.5
8
Municipios de colonización no activa
3.3
20.5
77.8
60.7
5
Municipios de minifundio Costa Caribe
2.0
16.2
79.3
73.1
3
Municipios de minifundio andino estable
1.2
2.0
60.3
47.3
1
Municipio que es ciudad centro/regional
0.4
20.0
24.7
16.1
N=24Cl
100%
m= 56.8
m= 45.8
Nota: El primer porcentaje (*) se refiere a su p r o p o r c i ó ri dentro de los municipios con este agente de violencia; el segundo (**) a su p r o p o r c i ó n dentro de la categoría de municipio
Se obtienen con ello algunos indicios útiles. El más significativo es que, de lejos, la categoría de municipio cn cjue se han concentrado las comjjras de narcos es la número 12, corresjjondiente a municipios con predominio de campesinado medio y cultivos comerciales distintos al café. La diferencia entre los 240 municipios de ICJS listados dc Presidencia dc la Rejjública y los 254 dc la encuesta utilizada por Alejandro Reyes no proviene del jjeríodo que cubren: es de sujjoner cjue cl listado acuniu-
218
La violencia organizada
la los datos para el período 1987-1993, en tanto la encuesta a gerentes del Incora abarca sólo una parte de éste: los años 1989-1992. Por tener la información desagregada a nivel de municipio, ser cotejada en varias fuentes y permitir su cruce con otras variables, es claro que para nuestro análisis los listados del documento Violencia y desarrollo en el municipio colombiano 1987-1993 son la información preferible. En conjunto, para los 240 municipios sobre los que hay información acerca de inversiones en tierras por parte de narcotraficantes en la base de datos la distribución es como sigue (Ver cuadro en página siguiente). Ahora bien, podría argumentarse que tal distribución obedece a una razón más simple: es la clase de municipio que predomina en las subregiones adyacentes a los epicentros de la actividad narcotraficante. Este factor de contigüidad podemos controlarlo adoptando el epicentrismo regional que utilizó Alejandro Reyes: comprobamos que Antioquia, epicentro de la organización que lideró el mercado hasta inicios de 1990, tiene 46 municipios en donde hay inversiones de narcotraficantes, el 19% del total, y ele ellos 13 pertenecen a la categoría de municipios con predominio de campesinado medio no cafetero, que son el 26% del total de 50 de esta última categoría. Algo semejante ocurre con la región suroccidental, cuyo epicentro es el Valle del Cauca: en esta región existen 27 municipios en donde de modo comprobado hay inversiones en tierras por parte de narcotraficantes, y aunque en ellos predominan los de categoría 12, la proporción no es tan elevada como para que pueda explicarse por la cercanía: para esta región, que tiene 27 municipios, el 11.29 % del total los municipios en que hay tierra de narcos, 12, pertenecen a la categoría de campesinado medio no cafetero predominante. Esa proporción registra pocas variaciones en las demás regiones construidas para este análisis: Costa Atlántica, Centro, Orinoquia, Eje cafetero, Amazonia, Nororiente y Chocó. Con lo que parece demostrarse que para los narcotraficantes las características socioeconómicas del municipio, el tipo de infraestructura y otras ventajas inherentes a su desarrollo económico son predominantes como criterio de inversión. Una racionalidad económica predominante. 4 En los puros comienzos de su carrera ascendente, cuando la mayoría de sus actividades se desarrollaba en el plano legal, justificaba así Pablo Escobar sus inversiones en tierras en el primer artículo que se ocupaba del tema en la prensa colombiana: «Solamente su hacienda Ñápales, en las cercanías de Puerto Triunfo, está (continúa en la página siguiente) 219
Tercera pa ríe
Si bien es cierto que se han conformado santuarios de seguridad, y que en subregiones concretas corno el entorno del municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio la inversión masiva en tierras estuvo determinada por las ventajas de proximidad, topografía, y facilidades de cruce de vías terrestres y acuáticas, por célebre cjue sea el ejemplo, no parece haberse constituido en la {jauta jjara explicar la localización del poder territorial dc los narcotraficantes a escala nacional. 5 Otro ejemplo claro, pero no suficientemente generalizable, es el de la subregión esmeraldífera al occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca. Su empalme, mediante una inversión sistemática por parte de narcotraficantes reconocidos, como El mexicano y sus testaferros, suele citarse como prueba de una intención geopolítica de control de un área clave por la riqueza del recurso minero a la vez que como eje de comunicaciones. Al explorar la biografía de los personajes involucrados, el papel que en su etapa jjrevia al ingreso al narcotráfico tuvo la zona y la explotación esmeraldífera, el valor anecdótico que todo ello tuvo permite comprender que la mentalidad que primó no fue la del estratega sino la propia del hacendado ultraconservador que tiende a patrimonializar todas sus empresas. Por lucrativas y rentables que sean todas las demás, sigue considerando cjue la inversión más segura, y la que más prestigio otorga en su región de origen, es la inversión en tierra. Obsérvese que el promedio de NBI de 1985 para los municipios en que de m o d o preferencia! han invertido los narcos es 56,3 %, es decir son municipios con una calidad de vida aceptable, no distante del promedio nacional (que, recordemos, es 45,0 en 1985 y 37.2 en 1993) lo cine permite corroborar que la racionalidad económica, la búsqueda
avaluada según sus vecinos en una suma cercana a los 6 mil millones de jjesos. El mismo acepta cjue el solo costo de la tierra es de 4 mil 500 millones, pero aclara cjue fue su olfato de negociante el que le indicó que esas tierras, que compró a 15 mil pesos la cuadra, con el tiempo llegarían a valorizarse hasta el ¡junto de alcanzar rápidamente el precio de un millón». Ver "Un Robín Hood paisa", en Semana N° 50, 19-25 de abril de 1983. ' En 1987, el Clan Ochoa celebraba la adquisición de la hectárea número 180.000 «con la comjjra cié una finca en el dejjartamento de Caldas. A pesar de que esta jjropiedad como tal no es muy grande, jjagaron en una zona en que la hectárea está cotizada entre 400 y 500 mil pesos, 2 millones de pesos por hectárea». Ver Semana N° 290, noviembre 24-30 de 1987.
220
La xnolencia organizada
de ventajas para hacer rentable y productiva la inversión, ha sido predominante. Los municipios que se hallan en 2° y 3" lugar en preferencias de inversión corroborarían dicho aserto, pues tanto en las áreas de latifundio de la Costa Caribe, como en los municipios de campesinado medio cafetero, los precios del recurso tierra en el mercado han sido favorables al comprador en el período que abarca la información. En su identificación de municipios ubicados en subregiones de violencia en donde simultáneamente se han presenciado conflictos de tierras, Alejandro Reyes y dos investigadores más utilizan la compra de tierras por narcotraficantes como una variable de referencia. Al sintetizar sus conclusiones, la región en que la ocurrencia de movimientos campesinos por la tierra es más intensa (aunque la subregión así considerada es a la vez muy extensa, como para que puedan existir otras inferencias) corresponde en gran parte a la segunda de las categorías de municipios en que se han producido compras de tierras por parte de narcotraficantes: La movilización campesina en demanda de tierras ocurrió principalmente en tres regiones del país. La más importante es el arco que parte de Urabá y Córdoba, pasa por las sabanas y ciénagas de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, desciende por el Cesar y concluye en el Magdalena Medio.6 Respecto de la categorización que corno equipo utilizamos para establecer rangos de municipios según la ocurrencia de hechos de violencia, vale la pena señalar que en 10 de los 18 municipios que catalogamos como muy violentos, existe inversión en tierra por parte de narcos y de ellos 8 a la vez cuentan con la presencia de grupos paramilitares. En cuanto a los relativamente violentos, en 25 de los 55 escogidos se da la presencia de tierras propiedad de los narcotraficantes; en 21 de ellos, a la vez, hay comprobada presencia de grupos de paramilitares. Al examinar la distribución por departamento, no es ya sorpresa comprobar que 6 de los 7 municipios del departamento de Antioquia que
6
Véase Alejandro REYES, Luz Piedad CAICEDO y Ciro K.RAUTHAUSEN, Pnud-IncoraFAO, Identificación de municipios para reforma agraria en áreas de violencia, Mimeo, Santafé de Bogotá, 1991. p. 38.
221
Tercera parte
ingresaron al rango de los muy violentos tienen inversiones en tierra p o r parte de narcotraficantes. Con lodo, y como se explicó más arriba, mientras cjue los demás componentes, el resto de los actores organizados de violencia se convirtieron en un criterio permanente de nuestra clasificación de municipios según rango de violencia, la corroboración era posible recurriendo a varias fuentes, y cada uno dc ellos era entonces un factor discriminante, a la hora de hacer la selección la presencia de tierras de narcotraficantes se consideró de m o d o casuista, municipio por municipio, cotejando con otras fuentes de información así fuere muy fragmentarias al no considerar que dicha inversicín en sí misma es un factor de vicjlencia.
222
Los funcionarios del Estado como actores de violencia: violaciones de derechos humanos 1988-1995 Carlos Miguel Ortiz
Dentro del extenso cuadro de muerte que hemos venido analizando en las décadas de 1980 y 1990, los homicidios y violaciones de derechos humanos protagonizados por el personal del Estado deben ser, sin duda, los más preocupantes para el propio Estado. De manera increíble, hallamos cómo en algunos momentos y localidades llegan a ser más frecuentes estos hechos —en los cuales se esgrimen las armas contra los indefensos y desarmados, así sean a veces delincuentes, sicarios o apoyos de la guerrilla— que los decesos ocasionados por la fuerza pública en sus combates con los grupos irregulares o en el intercambio de disparos con los delincuentes. La denominación de violación de derechos humanos que es objeto de este capítulo comprende: las vejaciones sobre los detenidos (independientemente del carácter justo o injusto de la detención), la tortura, el homicidio individual o asesinato fuera de combate y de enfrentamiento armado, y la masacre u homicidio perjjetrado sobre tres o más personas en esas mismas circunstancias de indefensión. Hasta aquí ha quedado claro que las violaciones a los derechos humanos provienen de muy diferentes actores, como quiera que existe una gran fragmentación del poder y diversidad de organizaciones productoras de violencia y de muerte, diversidad que asimismo les sirve de parapeto. Sin embargo, en este capítulo consideraremos solamente las violaciones que atañen, de manera comprobada o presumible, al personal del Estado.
223
Tercera parte
Las fuentes consultadas fueron de tres tipos: a) La Procuraduría General de la Nación, en particular la dependencia de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos: es la instancia del propio Estad o para conocer y sancionar —aunque sólo sea disciplinaria y no penalmente— las violaciones cometidas por el personal integrante del Estado, b) Los boletines de la Comisión Inlercongregacional de Justicia y Paz y la revista Noche y Niebla, con las debidas reservas dado el sesgo de la fuente, ya aludido cn varias ocasiones, c) Informes de ONG y de comités de defensa de Derechos Humanos y, de manera complementaria, archivos de prensa. Los agentes del Estado más involucrados en estos delitos, según las fuentes anteriores, son: en el área urbana, la Policía y su órgano de inteligencia, especialmente hasta 1995; en el área rural, el Ejército y su órgano de inteligencia, el B-2; en tercer lugar y en m e n o r proporción, otros organismos de seguridad y justicia como el DAS, la Fiscalía o comités interinstitucionales conformados jjor las entidades anteriores o, finalmente, entes del orden municipal como los tristemente célebres Departamentos de O r d e n Ciudadano, DOC, de Medellín y de los municipios de su área metropolitana. Algunos de estos hechos, muy JJOCOS, han merecido la difusión de los medios de comunicación, pero la mayoría pasan desapercibidos. Es el caso del fallo condenatorio proferido por la Procuraduría General d e la Nación en 1991 contra varios miembros de la Fuerza Élite de la Policía Nacional, hallados responsables de la masacre de 5 jjersonas, posiblemente vinculadas con el narcotráfico, en el Centro Comercial Nueva Villa de Aburra de Medellín, a finales de 1989. El proceso reseña cómo, de manera palpablemente acomodaticia, los victimarios colocaron armas en las manos de los cadáveres después de perpetrado el múltiple homicidio; la Fuerza Élite se opuso durante tres horas a que u n juez civil —en vez de uno militar— hiciera el levantamiento. Ajjarte de los hechos que se atribuyen a la Policía y al Ejército en calidad de violación de derechos humanos, la situación colombiana ¡jlantca un segundo frente de delincuencia, particularmente policial: se trata de los asesinatos protagonizados por agentes camuflados de civiles, realizados a espaldas de la institución, con fines individuales de lucro. Hizo noticia, por las características de la víctima, el asesinato jjerpetrado en una calle de Santafé de Bogotá en 1993 sobre un ciudadano japonés, a la sazón vicepresidente de la compañía Mazda de Co224
La violencia organizada
lombia, con la única intención de atracarlo, hecho del cual resultaron autores dos agentes de la Policía. Obviamente, han existido factores de índole social que explican los altos índices de delito dentro del personal policivo: los bajos salarios, que no han favorecido el sentido de la dignidad profesional; el que los agentes provengan de los mismos ambientes sociales de donde provienen los delincuentes y tengan que sobrevivir en medio de ellos; la poca exigencia en los requerimientos académicos de los candidatos; la generalización, desde tiempo atrás, del clima de corrupción administrativa tanto en altas como en bajas instancias del Estado; en fin, la mentalidad del rebusque, forjada en procesos de años pero avivada más que nunca en tiempos de deterioro del poder adquisitivo y auge de las economías paralelas. Hasta no hace mucho, en los allanamientos —poco importa que hubiesen sido ejecutados por personal uniformado con orden judicial o que hubiesen sido ejecutados subrepticiamente, sin la legalización requerida—, se entrecruzaban frecuentemente: a) los objetivos de inteligencia propiamente dichos, trazados desde las coma-ndancias de alta y mediana jerarquía, materializados in situ con excesos y arbitrariedades; b) los mezquinos intereses lucrativos, en donde estos procedimientos estaban acompañados del robo y el saqueo a las pertenencias de los residentes. En muchas ciudades es vox populi que la policía cobraba vacuna a los jibariaderos o expendios de basuco y de droga en general; el maridaje de los agentes con los jíbaros o pequeños traficantes, que captó con sus cámaras el periodista Hernán Estupiñán, y que le hizo acreedor a un premio de periodismo en 1991, no fue un episodio excepcional ni una situación exclusiva del Distrito Capital. Por lo menos desde 1988 —año inicial del intervalo que rastreamos— hasta 1995, año límite de nuestro sondeo, en los barrios de las ciudades se combinaban: la vacuna descrita; el saqueo durante los allanamientos; los cruces con la delincuencia (intercambio, alquiler o venta de armas, intercambio de información, silencio cómplice) o los robos violentos (atracos) cometidos subrepticiamente por agentes individuales; y finalmente la tradicional mordida la cual, con el auge del narcotráfico, incrementó notablemente sus proporciones y anudó unas complejas relaciones entre narcotraficantes y personal de la fuerza pública que, como en otras organizaciones —oficiales o incluso insurgentes— alimentaron la corrupción y coadyuvaron a diseminar lo que 225
Tercera parte
se ha llamado el modelo cultural del narcotráfico: al efecto, basta recordar ICJS hechos de corrupción que dieron lugar a la purga colectiva en la Policía Metropolitana de Cali, durante 1995. Sabido es que en esta intrincada madeja han estado envueltos, no sólo la Policía, sino el Ejército, el DAS, la rama jurisdiccional y muchos otros sectores armados y civiles. El rebusque ha estado inmiscuido también en la violación de los derechos humanos de diversas maneras: ciertas veces, incitando a atropellos, a espaldas de los mandos, sin discriminación política alguna; otras veces acompañando, con el carácter de excesos y arbitrariedades, o de chantaje, a operativos —oficiales o clandestinos— trazados por los mandos; tales operativos pueden estar diseñados, cn términos clásicos, contra el opositor político insurgente o nutrirse de ICJS imperativos más contemporáneos de la jjersecución al narcotráfico y al sicariato o, eventualmente, dirigirse contra otros infractores delictivos. Los hechos de violación a los derechos humanos por parte de los diversos agentes del Estado, según las fuentes que consultamos para el período 1988-1995, pueden agruparse en los siguientes tipos, que trataremos con algún detenimiento: •
Homicidios, individuales o múltijjles, producidos por el enfrentamiento entre el gobierno y los narcotraficantes o entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras.
•
Homicidios, individuales o múltiples, perpetrados sobre dirigentes y activistas jjolíticos y de movimientos sociales.
•
Desajjariciones ) torturas.
•
Homicidios, individuales o múltijjles, con jjretensiones de limpieza social.
LOS H O M I C I D I O S P R O D U C I D O S P O R EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS NARCOTRAFICANTES O ENTRE EL GOBIERNO Y LAS GUERRILLAS
El Ejército, institución a la cual los sucesivos gobiernos civiles confiaron desde los años 50 la labor de contrainsurgencia, ha sido varias veces inculpado, en esa misión, de consumar homicidios fuera de combate sobre camjjesinos de las zonas de control o presencia guerrillera, sindicados de ser auxiliadores o enlaces de las organizaciones insurgentes. En sn propósito contraguerrillero, el Ejército no siempre escatimó alianzas: primero con los hacendados, y desde finales de los años 226
La violencia organizada
70 hasta finales de los 80, con los nuevos ricos emergidos de la economía subterránea. El informe del director del DAS al Presidente Barco en abril de 1989, referido en la Segunda Parte, cita puntualmente una lista de vinculaciones entre paramilitares auspiciados por el narcotráfico, y el Ejército. 1 Tras el viraje del gobierno Betancur en la política oficial frente a la guerrilla y las consiguientes limitaciones impuestas al accionar del Ejército, paradójicamente aumentaron las violaciones de esta institución a los derechos humanos de los ciudadanos en zonas de actividad guerrillera, y entre ellas los homicidios. En una cierta división del trabajo, al Ejército correspondió el frente de la vieja guerra territorial (irregular) contra grupos guerrilleros de raigambre ante todo rural, mientras la Policía, destinada en principio a combatir la delincuencia urbana, se halló menos comprometida en la lucha contrainsurgente y, por lo mismo, menos politizada dentro de la hipótesis de guerra Este-Oeste que impulsó al Ejército hasta comienzos de los años 90 por lo menos. Ahora bien, al ser definida como la fuerza prioritaria en la nueva cnierra desarrollada entre los narcotraficantes y el gobierno —particularmente durante la administración del Presidente Barco—, la policía fue politizada en esa guerra. El enfrentamiento a muerte que desde 1984 —y muy especialmente entre 1988 y 1991— libraron el gobierno y las organizaciones del narcotráfico, en particular la organización de Medellín que, para el efecto, se autodenominó Los Extraditables, conllevó asesinatos selectivos, atentados y violación de los derechos humanos por parte de ambos bandos, y un sinnúmero de matanzas de orden masivo, cuyas víctimas fueron principalmente: modestos y anónimos policías, de una parte, y adolescentes yjóvenes en el otro bando. La matanza de policías fue especialmente encarnizada durante el año de 1990 y la primera parte de 1991; hubo fechas, como el 24 de mayo de 1990, en que, en un solo día y en una sola ciudad —Medellín— fueron asesinados 7 policías, 3 de ellos por explosión de carro-bomba. Durante el segundo trimestre de 1990, los promedios trimestrales se incrementaron en más de 1.500% en comparación con los que se venían contabilizando desde 1988.2
1
Ver El Tiempo. 10 de abril de 1989.
2
Ver holeúnes Justicia y Paz de 1988 a 1991.
227
Tercera parte
Es de advertir que con excepción de las víctimas de los carrosbomba cjue alcanzaron a los efectivos de la Fuerza Élite —creada jjor el gobierno Barco como rama especializada de la Policía en la lucha contra el narcotráfico 3 — los demás asesinatos recayeron generalmente sobre agentes comunes dc vigilancia, un blanco mucho más fácil de atacar, pese a cjue los operativos con los cuales se sentían incitados a la ofensiva los narcotraficantes eran realizados por esta Fuerza y no por agentes comunes. El desconcierto y la permanente amenaza que esa situación generó en el personal de la Policía, inferior ante el poderoso crimen organizado, lo llevó incluso a recurrir a los Comités de Defensa de Derechos Humanos, en busca de una protección que no hallaba suficiente por parte de su institución y por parte, en general, del Estado. 4 El cambio de gobierno, y la llamada política de sometimiento a la justicia introducida por el gobierno del Presidente César Gaviria, pronto mostraron una disminución de los asesinatos de policías; en el segund o trimestre de 1991, desmovilizados los principales jefes de Los Extraditables de Medellín, desapareció tal modalidad de violencia. En cuanto a matanzas individuales o colectivas de adolescentes y jóvenes de los medios urbanos, hay que decir que fueron considerables durante todo el intervalo estudiado (1988-1995). Aunque parecen haberse originado también como subproducto del enfrentamiento del gobierno y los narcotraficantes, no presentaron una reducción significativa a raíz de la desmovilización de los jefes del narcotráfico bajo la política, de sometimiento. La ciudad que registra mayor número en este género de víctimas es Medellín, particularmente adolescentes y jóvenes residentes en las comunas nororientales y noroccidcntales de la ciudad. Según datos del boletín Justicia y Paz, en el año de 1988 fueron asesinados en Medellín y su área metropolitana 26 adultos jóvenes y adolescentes, sin reseñas conocidas de delincuencia a su haber. En 1990, en esa ciudad, las cifras se elevaron a 58 (sin contar 8 jóvenes que murieron en una misma circunstancia de enfrentamiento de bandas).
3
Decretos—leyes 81.3, 814 y 815 del 19 de abril de 1989, por los cuales se quita piso legal a los grupos paramilitares (auspiciados por el narcotráfico) y se crean la Fuerza Élite y la Comisión Antisicaí ial. 4
Entrevistas con quienes eran, a la sazón, Presidentes de Comités Regionales de Defensa de Derechos Humanos, esjjecialmente en Medellín y Pereira. Revisión de la documentación de dichos Comités.
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La violencia organizada
Obviamente, no todos esos actos provinieron de la Policía; las posibles responsabilidades se reparten, en efecto, entre muy diversos actores: Milicias Populares de autodenominación revolucionaria; bandas sicariales, en retaliación unas contra otras; autodefensas barriales de jóvenes apoyados por adultos exacerbados en lo que creían una limpieza social, con o sin participación de la Policía. En esa confusión de actores, las responsabilidades no se esclarecían y el Estado resultó cuando menos incapaz para garantizar los derechos fundamentales: ni siquiera se elevaron denuncias, lo cual habla de la total falta de confianza en el Estado. Pero además, en varios de los casos contabilizados en Medellín, al parecer estuvo vinculada la Policía; el más sonado fue, quizá, el de los cuatro jóvenes del estadio, presuntamente consumidores de basuco, crimen del cual fueron sindicados agentes del F2 adscritos al Comando Metropolitano, según el testimonio del quinto muchacho, que escapó de la muerte pero quedó parapléjico. Su testimonio le valió, en todo caso, la muerte semanas después. El testimonio quedó incluido, sin mucho fruto, en el expediente del Juzgado 92 Penal Militar. Ahí no paró la cadena de crímenes, pues su primo, tras reconocer al autor de este asesinato (y supuesto participante en la masacre de las cuatro), un agente del F2 que emprendió la fuga, también sufrió un atentado meses después v quedó parapléjico. Otra masacre de 10 jóvenes en la cual cabe posible participación de la Policía, o al menos la institución no logró esclarecer lo contrario en el procedimiento disciplinario que quedó frustrado en la Procuraduría, 3 fue la acaecida el 21 de enero de 1990 en la finca Villa Angélica del municipio de Gómez Plata (Antioquia). Muy probablemente las víctimas, o algunas de ellas, estaban comprometidas con actividades delictivas como sicarios; al menos el nombre de la persona que los atacantes sacaron vivo y después hicieron desaparecer, correspondía a alguien bien conocido en los medios sicariales como jefe de la tenebrosa banda La Ramada de Bello (Antioquia), vinculada con Pablo Escobar; la inteligencia de la IV Brigada del Ejército lo sabía; pero, obviamente,
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Cuando la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos efectuaba los pasos iniciales de la investigación, el entonces comandante nacional de la Dijin se apresuró a formular denuncia ante los jueces, culpando de la masacre a otra banda de sicarios con venganzas pendientes. Ello provocó la remisión del jjroeeso, de la Procuraduría, al Juez 7,3 de Instrucción Criminal de Medellín el 15 de marzo de 1990; remisión que de hecho descartaba —con extrema ligereza, a nuestro entender— la posible responsabilidad de funcionarios del Estado.
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Tercera parte
ello no exonera a los autores de la gravedad del hecho, ya cjue en el momento del asalto a la finca los jóvenes, sicarios CJ no, estaban indefensos.
H O M I C I D I O S PERPETRADOS SOBRE DIRIGENTES Y ACTIVISTAS POLÍTICOS Y DE MOVIMIENTOS SOCIALES
Desde la misma época en cjue la persecución del Ejército a la guerrilla se desinstitucionalizó parcialmente, dando cabida a violaciones de los derechos humanos menos exccjjcionales sobre camjjesinos sosjjechosos de apoyar a la guerrilla, también se conocieron los asesinatos de dirigentes y activistas tanto de partidos de izquierda como de movimientos sociales. Igual cjue en otros tijjos de asesinatos y violaciones, en éstos de cuadros políticos y de movimientos sociales, los autores son de múltiple procedencia. Advertimos que, por lo regular, sobre estos hechos no existen procesos en curso en la Procuraduría —que constituyó nuestra fuente oficial de consulta— sino en los juzgados. El año más aciago del período fue 1988; el mayor número de muertos correspondió a la Unión Patriótica, UP; le siguieron los dirigentes sindicales, esjjecialmente en épocas de negociación de convenciones laborales, y algunos dirigentes de movimientos cívicos. En m e n o r proporción, siguen dirigentes de los partidos liberal y conservador. Hubo algunas masacres, como la perpetrada en la sede de la Juventud Comunista de la ciudad de Medellín, el 23 dc abril de 1988, de la cual sobrevivió un militante que de manera sospechosa fue de inmediato retenido por uniformados del Escuadrón de Carabineros de la Policía Metropolitana. Algunas víctimas, particularmente del movimiento sindical, presentaron indicios de tortura. Entre los asesinatos relacionados con movimientos sociales, se cuenta el de un directivo empresarial de Cementos Nare en Puerto Nare (Antioquia) al cual le cobraron su permisividad hacia el sindicato. Sobre el cadáver se halló un letrero con esta leyenda: «Por haber permitido que los dirigentes sindicales de Cementos Nare hubieran adquirido armas jjara protegerse». 230
La violencia organizada DESAPARICIONES Y TORTURAS
La desaparición y la tortura son violaciones de derechos humanos que, en el período que estudiamos, suelen haber ido mancomunadas. Generalmente se colige la tortura cuando, abandonado en algún paraje, se encuentra el cadáver de quien días antes se daba por desaparecido, y presenta indicios como estar mutilado, atado, amordazado, lacerado, quemado con ácido o incinerado. Así como en las matanzas de jóvenes, sindicalistas, indigentes, en las desapariciones y en las torturas existe una pluralidad de actores frente a las cuales el Estado se revela casi totalmente incapaz de demostrar responsabilidades y de sancionar. No se puede desvirtuar la injerencia de miembros de los cuerpos armados y de seguridad, que los rumores y ciertos encadenamientos de hechos avalan. Aquí sólo haremos referencia a algunos de los pocos casos en los cuales existe cierta información disponible, bien porque fueron elevadas las quejas ante la Procuraduría y ella abrió los respectivos procesos disciplinarios, bien poroue son casos oue se hicieron núblicos, por contar con alguna organización, legal o ilegal {Los Extraditahles), que se apersonó de las denuncias. Mucha gente ha estimado un contrasentido el que Los Extraditahles hubiesen denunciado violaciones de derechos humanos y exigido su respeto, cuando como nadie los violaron, tanto en sus vendettas internas como en la estrategia del narcoterrorismo, o en acciones de intolerancia política o social —aliados muchas veces con comandantes militares—. Ciertamente, era contradictoria esa doble actitud, pero la contradicción no invalidaba por sí misma ni la pertinencia de las denuncias ni la inaplazable necesidad de que el Estado esclareciera las responsabilidades y sancionara ejemplarmente a los culpables. Dada su naturaleza y su finalidad, la entidad estatal no podría de ninguna manera entrar en la misma dinámica de retaliación del crimen organizado. Hemos estudiado detenidamente tres casos tomados de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos: el primero (con veredicto absolutorio de Procuraduría, refrendado por la Dirección General de la Policía), se refiere a dos desapariciones ligadas al allanamiento de una finca en Acandí (Chocó) en búsqueda de uno de los capos del narcotráfico de Medellín; una de las dos víctimas apareció luego asesinada con indicios de tortura. El segundo proceso estudiado concierne 231
Tercera parte a la desajjarición, en Medellín, de u n o de los confidentes de Pablo Escobar y al posterior rapto por la fuerza y desaparición de cuatro personas más, presuntamente conectadas con el capo. El tercer proceso, menos d o c u m e n t a d o , corresponde a la desaparición d e dos trabajadores de una d e las fincas de Pablo Escobar, de la cual fueron tomados p o r la fuerza. Los tres procesos disciplinarios muestran unos rasgos comunes, que extrañamente son desconocidos por el ente investigad o r (Procuraduría o Inspección d e la Policía) en el curso de la investigación:
a) Por lo regular los secuestros y desapariciones forzosas de 2, 3 o hasta 5 jjersonas se han jjresentado la víspera de un operativo oficial de envergadura que, si bien tampoco exento de ati oj>cllos e incluso de torturas, ha contado con sus avenencias jurídicas y se ha registrado parcialmente bajo responsabilidad por lo menos de ICJS mandos intermedios. b) Los desajiarecidos en todos los casos son jjersonas no sólo cercanas al delincuente cuya cajjtura figura como finalidad del oj>ei ativo coincidente, sino cjue siemjjre jjoseen informaciones exclusivas atinentes a las coordenadas del sitio de dicho ojjerativo y a la jjresencia en él del delincuente de mayor JJCSO, buscado. c) Los operativos oficiales que suceden a las desapariciones se ejecutan bajo instrucciones directas de la cajjital de la Rejiública, JJOI tanto en contacto con los centros de decisión de la institución que lo programa (Policía y Ejército, principalmente) y bajo la responsabilidad de los altos mandos. Los comandos locales, dentro de cuya jurisdicción se despliega el ojjerativo, a veces ni siquiera son jjreviamente notificados. cl) Pese a las minuciosas ¡jrecauciones cjue se habrían tomado en los raptos violentos coiucidentes con los operativos oficiales, para no dejar huella alguna utilizable en una eventual investigación, existen en los procesos disciplinarios respectivos, elementos que, si hubiese voluntad de examen imparcial, podrían convertirse en probatorios de nexos entre lo institucional y lo subrejjticio, entre los mandos capitalinos, la comisión csjjecial enviada a la localidad y los actores materiales cobijados jjor el anonimato. e) La manera como las instituciones armadas han estudiado los procesos disciplinarios sobre los hechos consumados, ¡jai adójicameute se convierte en argumento a favor de la existencia de un patrocinio institucional a las violaciones denunciadas y a favor del compromiso de altos mandos con tales hechos. Los términos parcializados y la retórica defensiva tan forzada, evidente para cualquier observador desprevenido que consulte los fallos proferidos, lo único cjue logran es dejar una gran sensación de complicidad y encubrimiento de parte de los jueces.
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Si son lógicas nuestras deducciones, estaríamos en presencia de desapariciones forzosas cuyo fin es torturar al secuestrado, sin las complicaciones que conlleva ese ardid cuando se practica dentro de operativos oficiales. La tortura se usaría aquí como uno de los métodos de la inteligencia —institucionalizado— para obtener información conducente al éxito de un gran operativo posterior. Ahora bien, como se confía en el éxito final, se parte de la certeza que éste desplazará la atención que pudiera volcarse sobre los irregulares procedimientos intermedios. En los casos aquí estudiados, empero, falló el resultado final, con las consecuencias contrarias a las previstas. Podríamos llamar a este tipo de tortura, tortura defines técnicos, para diferenciarla de aquélla que persigue objetivos de venganza y retaliación o fines de escarmiento, como la tortura que, por las secuelas marcadas en los cadáveres, se puede colegir que ha antecedido a numerosos homicidios de registro consuetudinario, en los cuales los sectores sociales que aparecen más golpeados (las raras veces que figura individualizada la víctima) son jóvenes en general y delincuentes. Ciertamente los casos de tortura de venganza v de escarmiento, practicada por diversidad de actores (no agentes del Estado muchas veces) son los más numerosos. Infortunadamente, la mayoría de las víctimas de esta clase de tortura aparecen en las fuentes consultadas como NN, sin especificaciones de ocupación ni grupo de pertenencia, y eso aumenta la dificultad para ubicar al menos la naturaleza social de sus autores, ya que tampoco existen en torno a tales hechos investigaciones de ninguna clase. Pero es la otra modalidad, la de tortura defines técnicos, fríamente — aunque subrepticiamente— calculada dentro del conjunto de un operativo, aquélla en la cual más probablemente estarían comprometidos altos y medios mandos, a través, claro está, de cadenas discontinuas de actores y sin implicaciones de registros, ni de espacios, ni de medios oficiales. En cuanto a los espacios físicos destinados a la tortura, no suelen ser espacios oficiales ni fijos; regularmente sirven para ello los propios vehículos y las carreteras. La tortura como recurso investigativo pretendería suplir defacto las deficiencias humanas, logísticas, organizativas, y los atrasos técnicos de la inteligencia, frente a enemigos poderosos para el Ejército, como la guerrilla rural, o los narcotraficantes para la Policía. El tratarse de un asunto de inteligencia explica también que las denuncias por desapariciones y torturas afecten más frecuentemente al 233
Tercera parte
organismo jjolicial o militar esjjecializado en ese género de tareas, como la DIJIN para la Policía y el B2 para el Ejército, hasta 1995. Ocasionalmente han resultado envueltos grupos como el Uraes (Unidad de Reacción Inmediata Antisecuestro, Antiextorsión y Explosivos), dependiente del DAS, y mucho menos el grupo interinstitucional Uñase, cspecializadcj en frustrar las acciones delictivas de chantaje, secuestro y extorsión.
LAS MATANZAS CON PRETENSIONES DE LIMPIEZA SOCIAL
La opinión se ha ido infaustamente familiarizando en todo el país con el término de los desechables que, salido de los victimarios, ha rodado p o r calles y caminos para perseguir y exterminar a un sinnúmero de compatriotas que la misma sociedad ha marginado, bien sea de la actividad productiva, bien sea de los códigos morales y sanitarios prevalecientes. Desde comienzos de la década de los 80 aproximadamente empezó a hacer carrera, en las ciudades, el exterminio físico de estos marginados: Pereira, Medellín y Cali fueron algunas de las primeras ciudades en conocer tal género de violación de derechos humanos. Existían precedentes de exterminio de ladronzuelos y posteriormente de consumidores de marihuana y basuco en zonas apartadas del país, d o n d e la guerrilla autodenominada revolucionaria practicó desde siempre tales métodos, conquistando a través de ellos apoyo civil para su supervivencia y para sus acciones armadas dc fines políticos. Luegcj, el país empezó a ver esos procedimientos en los medios urbanos, a cargo ya no de la guerrilla sino, curiosamente, de grupos con signo político contrario, cjue también lograron conquistar simpatías entre sectores altos y medios para sus propósitos. Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán son prácticamente los primeros científicos sociales que penetraron con su análisis en ese aberrante m u n d o dc lo que ellos, de forma pionera, rotularon como violencia de limpieza social.1' El país ha visto pasar ya más de una década sin que se haya puesto coto a tal modalidad de exterminio.
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Alvaro CAMACHO y Alvaro GUZMÁN, Colombia, ciudad y violencia, Bogotá, Ed. Foro Nacional, 1990.
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La violencia organizada
A partir de las bases de datos que hemos construido, podemos considerar 3 subgrupos dentro del conjunto genérico de desechables, a saber: en el primero, los más malhadados de todos, indigentes, mendigos, gamines, dementes, mujeres y hombres prostituidos, basuriegos, cartoneros, expresidiarios. En el segundo subgrupo: drogadictos y marihuaneros (inermes) y jíbaros (pequeños expendedores de droga). En el tercero, se incluyen incriminados con cuentas sociales pendientes, que han sido víctimas de violencia en estado de indefensión: atracadores, delincuentes, miembros de bandas sicariales o sicarios independientes, y prófugos de la justicia. Entre todos estos, el subgrupo que mayor número de víctimas registró, comparativamente, durante el intervalo de 1988 a 1995, fue el tercero. Ese subgrupo es también aquél en el cual se halla más frecuentemente la tortura precediendo ai asesinato. Sobre los cadáveres los victimarios suelen dejar letreros que hacen pensar en la modalidad de tortura de escarmiento: «Ojo por secuestradores», «Ojo por jalador de carros»... Detrás de los asesinatos de limpieza maquinan varias cabezas: las Milicias Populares de cuño revolucionario se hallarían vinculadas a varios casos. Otros han sido abiertamente reivindicados por grupos como Cali limpia, Amor por Medellín, Grupo amable de Medellín, en los que se sabe o se sospecha que ha existido participación, aunque no exclusiva, del narcotráfico. No pocos asesinatos de limpieza, finalmente, parecen haber provenido, según indicios, de la Policía y el DAS. Infortunadamente, lo que se diga sobre responsabilidades y autorías es aún hipotético, pues no existen procesos abiertos en este género de violaciones, ni en los juzgados ni en las instituciones armadas ni en el Ministerio Público, porque no hay quien eleve la queja o formule la denuncia, con excepción de algunas intervenciones de la Defensoría del Pueblo, limitadas legalmente en su alcance efectivo. Una que otra voz, de algún obispo de provincia, se alza de cuando en cuando para condenar tales crímenes. Pero el conjunto del Estado ha sido más bien tolerante.
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Conclusiones
Después de observar el panorama de los municipios, aun en medio de la gran heterogeneidad de trayectorias históricas y de las violencias que los atraviesan, se constatan ciertos comunes denominadores: En primer lugar, el papel que ha jugado como agente de violencia la movilidad de las poblaciones en sociedades enormemente fragmentadas: movilidad tanto geográfica de las migraciones en distintas direcciones (rural-urbana, rural-rural, urbana-urbana y hasta urbana-rural), como movilidad socioeconómica a través, en ICJS años 50, de los negocios de la violencia partidista y en los 90 de los negocios del contrabando y las bonanzas exportadoras —el narcotráfico entre ellas—. La gran mayoría de los municipios que en nuestros listados corresponden a las categorías de muy violentos y de relativamente violentos son municipios cuyos procesos de colonización todavía se hallan en marcha; es más, en general no son municipios aislados sino de contigüidad geográfica, que pertenecen a una misma subregión, considerada precisamente de colonización.' Los municipios muy violentos, que corresponden en la tipología municipal del Dañe a las categorías colonización activa de frontera y colonización activa interna constituyen el 55.5%; los relativamente violentos, que corresponden a las tipologías de colonización (activa de frontera, activa interna y pasiva), constituyen el 43.6%; pero otros más, en los cuales el clasificador Dañe escogió criterios diferentes, también son, con todas las características, municipios de colonización: es el caso de Apartado (que el Dañe clasifica como agricultura comercial con predominio de lo urbano); de Turbo (campesinado medio de cultivos comerciales no cafeteros) que, a pesar de ser puerto y municipio desde 1847, no fue poblado en su zona rural sino a partir de 1950; de Segovia, Zaragoza y Remedios que, como dicen Clara Inés GARCÍA y otros estudiosos, fueron repoblados y recolonizados en el siglo XX. Con estas aclaracio(continúa en la página siguiente)
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Conclusiones
El Estado ha promovido la colonización a través de políticas mínimas de tipo macroestructural, ñero ha_ dejado a los colonos y a sus territorios al garete y abandono de la exclusiva iniciativa particular; no ha orientado ni regulado la dirección de las colonizaciones, ni ha buscado convertirse en una instancia fuerte dc remisión de los particulares cn la multitud de conflictos que han germinado. Éstos se han dado precisamente a la sombra del enfoque excesivamente permisivo —o cjuizá anárquico—, que toca tanto al más grande inversionista como al más endeble de los usufructuarios del rebusque. El Estado no ha preparado una infraestructura de servicios públicos, salubridad, condiciones de vivienda, para salir al encuentro de la migración que sus macropolíticas estimulan; mucho menos se ha preparado (ni siquiera en las zonas urbanas de migración donde ha lograd o una mucho mejor atención de servicios) para ser el referente de la organización y la cohesión ciudadana, mediante una cobertura grande y eficiente de la función de justicia, por ejcmjjlo, o de la función, cjue constitncionalinente es también jjública, de la educación. Ni en las áreas rurales de colonización clásica, ni en los barrios jjeriféricos de la otra colonización —la urbana—, el Estado es factor de organización; por el contrario, contribuye a la desrcgulación de las relaciones sociales, así sea por omisión. Allí d o n d e el Estado se ha hecho el desentendido frente al contrabando jjara que entren sus dólares y se generen oportunidades que ni la industria ni la agricultura pueden brindar; allí donde, en vez de puertos organizados, se han decretado zonas francas jjara estimular, con complacientes exenciones, cualquier tipo de inversión; allí donde las relaciones laborales se libran a la buena voluntad de los empresarios, sin estorbos de funcionarios o jueces cjue contribuyan a temperarla, allí, cn esos casi mitológicos territorios de nadie, temidos pero deseados, se instauran la ley del más fuerte, la estrategia del rebusque (del cmjjresario y del proletario) y la economía del dinero fácil, que sobrexplota jornaleros o trafica con armas y droga, o simplemente vive del contrabando. Se estimula, en esas zonas alejadas y promisorias, la inversión privada en banano o en petróleo o cn oro o —hasta no hace mucho— en cocaína, o cl contrabando y el comercio ambulante en las crecientes ciudanes, en nuestro criterio el 70.5% de los municipios muy violentos y relativamente violentos son de colonización.
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Conclusiones
des. Todo esto, para que a la economía del país le vaya bien y para baj a r los guarismos del desempleo, que crónicamente alimentan las migraciones generadas por la sinsalida de la economía campesina tradicional y por la violencia misma. Pero si interesan las metas globales del país gracias a la colonización y el dinamismo de tres o cuatro ciudades, parece importar menos lo que allá adentro, en el corazón de esas tierras de nadie o en los imprevisibles barrios que crecen de un mes a otro, se esté generando. Dinero, rebusque, homicidios, prostitución, pronto ceden el paso a la presencia de actores violentos organizados que tienen, a su favor, la gran fragmentación de esas sociedades locales. Sobre el telón de fondo de la fragmentación, reforzada por la trashumancia, por la heterogeneidad etnocultural de los inmigrantes, por la inestabilidad de los poderes que la movilidad geográfica y social van configurando, por la disolución de las tradicionales nexos de cohesión familiares y locales de los pueblos de origen, campean el desarraigo y el miedo como los grandes resortes de poder de los varios actores violentos organizados, en gran parte exteriores a esas sociedades. La presencia de estos actores es ambivalente: promueven de alguna manera formas de organización y de solidaridad bajo su férula, pero impiden cualquier brote de organización cuando es civil y autónoma; atacan al Estado pero ejercen hasta cierto punto funciones que son de índole estatal, como las de policía y justicia; pretenden disminuir los homicidios banales pero aumentan los asesinatos selectivos y, con el tiempo, los propios homicidios como efecto de las querellas de poder y del rebusque pelechado al abrigo de sus causas revolucionarias o conservatizantes según sean de un bando o de otro; se arraigan en las poblaciones gracias a sus ofertas de seguridad (tanto las guerrillas como las milicias urbanas o los paramilitares), pero terminan practicando delitos (secuestro, extorsiones) que exasperan a las poblaciones y auspician la necesidad de armarse contra ellos, igualmente por vía de justicia privada. Aunque este proceso es, por antonomasia, el de las zonas de colonización, revela rasgos atribuibles al conjunto de la sociedad colombiana: básicamente, la atomización de la sociedad civil y la delantera tomada por los poderes armados. No sólo el homicidio es estadísticamente importante; en buena parte, es avalado por los ciudadanos, considerado un recurso de uso, y quienes lo practican, más que delincuentes, son percibidos como miembros de entidades a las que no les 239
Conclusiones
queda más camino que temer o fingir ignorar: en este sentido, buscar la paz será el equivalente de deslegitimar el recurso dc matar y no sólo de ganar, por la muerte, la entrega del otro. Ahora bien, lo que aquí concluimos de nuestras comparaciones es que esa realidad de sociedad débil aunque dinámica, con un Estado incapaz de representar la tercería aceptada de los conflictos, es más visible en dos tipos de localidades: las zonas rurales de colonización y los barrios periféricos de las ciudades cn acelerada expansión: Urabá, Magdalena Medio, el Caguán, cl Ariari, Arauca, Casanare, colinas orientales y occidentales de Medellín, nororientc de Cali, barrios del suroriente de Santafé de Bogotá. Nuestras bases de datos muestran cjue es en esos dos tijjos de localidades en d o n d e la presencia de los actores organizados se asocia más contundentemente con las altas tasas dc homicidios indiscriminados, a la vez que también son altos los homicidios selectivos (llamados asesinatos). En otros tipos de municijjios (Boyacá, Santander montañoso) la presencia de guerrillas o paramilitares no se ha traducido, como en aquéllos, al menos hasta el momento, en proliferación del homicidio. Cuando la violencia exacerbada toca los intereses de sectores nacional o departamentalmente influyentes que hacen parte de la rebatiña en las abandonadas áreas de colonización (las empresas petroleras en Arauca, los bananeros en Urabá, hacendados políticos —algunos de ellos vinculados con el narcotráfico— en Córdoba, Magdalena Medio o Bajcj Cauca Antioqueño), o cuando se afectan puntos geopolíticamente importantes en la economía nacional (como los oleoductos), se envía al Ejército (en los barrios, a la Fuerza Élite de la Policía) para cjue, como tínica presencia del Estado, acallen la violencia y devuelvan la paz. Pero las condiciones en que deben actuar, la desarticulación respecto al conjunto del entramado estatal, la endiablada lógica de los poderes armados y las máquinas de muerte que se han enquistado en las localidades, marcan también la actuación de los cuerjjos armados, de tal modo que casi nunca logran realmente aclimatar la paz —si esta meta se midiera en variación de curvas de homicidios, en indicadores dc seguridad o de libertad de movimiento, etc.— de las poblaciones. Por el contrario, se constata que la violencia y la zozobra resultan prolongadas, con un nuevo poder en disputa. La figura de la Jefatura Civil y Militar, donde se ha utilizado, no ha sido feliz cn este sentido. 240
Conclusiones
Entonces se intenta, en zonas convulsionadas, otra modalidad de presencia estatal: se ensaya el Plan Nacional de Rehabilitación. Lo que el PNR ofrece, y lo que las poblaciones le demandan, no cambia mucho el tradicional concepto instrumental del Estado que, en esas localidades, venía siendo compatible con la presencia de los otros poderes armados y con la insignificancia de la institucionalidad para los diferendos decisivos en que se juega la vida y la muerte. Vías, acueductos, electricidad, es lo que las gentes han exigido del Estado —en las últimas décadas, al menos de la colonización y la expansión de los citadinos barrios subnormales—. En los años 60 lo hicieron acompañados de las organizaciones armadas de izquierda, cuando las tasas de homicidio eran más bajas que hoy y menos cruenta y menos delictiva (con respecto al secuestro) la guerra irregular. Las grandes inversiones del PNR no han logrado tampoco volver pacíficas las llamadas zonas rojas de la violencia.
Una primera mirada a la multiplicidad de títulos aparecidos, en Colombia y en el extranjero, acerca del fenómeno de la violencia entre nosotros, permite comprobar que no hay teoría que no se haya utilizado para explicarlo. En este caso, la diversidad crece y se convierte en la pauta. Sin embargo, nadie se ha atrevido a afirmar todavía que se trata de un problema sobrediagnosticado: la profusión de títulos y monografías no ha logrado superar la brecha existente entre la masa de datos y las interpretaciones ofrecidas; las más audaces de las últimas concluyen con demasiada frecuencia en el reclamo de una mejor compilación o la creación de nuevas categorías en las modalidades de violencia. La falta de un acumulado de conocimiento y de registros históricos acerca del comportamiento violento, bien pueden inducir la tentación de una extrema relativización, y conducir a afirmaciones ingeniosas y consoladoras, pero no demasiado sustanciales, como la que sostiene que, visto en el largo plazo, Colombia no ha sido un país especialmente violento. En tal sentido, hemos contado a nuestro favor con circunstancias excepcionales por lo favorables: pueden controvertirse —y en algunos casos lo hemos hecho— los criterios, o las categorías con las que se ha 241
Conclusiones
organizado la información estadística en la base de datos de que dispusimos; jjueden discutirse —y era nuestro deber hacerlo— las explicaciones cjue formulan quienes se han ocupado dc compilarla acerca del jjeso esjjecííico de cada uno de los factores en la esjjiral de violencia reciente, pero es innegable que gracias a ellos existe ya la masa crítica, el acervo empírico de conocimiento que hará posible que las interpretaciones abandonen de una vez por todas el jjlano meramente especulativo. Para el período más intenso de dicha espiral, que parte de 1987, ya n o resulta valedero el argumento de la inconsistencia de la información, de su falla de criterio o de continuidad. Flaco consuelo sin duda, pero en todo caso, la jjroliferación de muertes y hechos violentos, la abundancia de esa materia prima, por lo menos ha servido para perfeccionar los instrumentos de registro, para mejorar los mecanismos de captura de información y hacer unánime el consenso acerca de la imjjortancia de un conocimiento del problema de la vicjlencia empíricamente bien fundamentado. Hace 8 años, cuando un grupo de especialistas y de funcionarios se reunió para examinar de modo conjunto los tres componentes de Paz, democracia y desarrollo, la ponencia de Jorge Orlando Meló, al referirse a los desequilibrios del sector público, señaló cjue u n o d e los principales era que el ejecutivo, en Colombia, solía operar sobre la base de un sistema primitivo de información, sin una continuidad técnica en su políticas frente a la violencia, a causa de la alta rotación de los profesionales que comjjilaban hechos e informaciones y producían análisis sobre el orden público. Respondiendo a dicha observación crítica, hoy puede decirse que esa continuidad técnica existe, que el propio período que abarca la base de datos sobre vicjlencia y desarrollo municipal —desde 1987— es una respuesta a dicho requerimiento. También habla en favor de esa dirección el hecho de que la documentación de los diversos procesos negociadores haya sido compilada con criterio archivístico y temático y puesta al acceso de los estudiosos del problema, con algunas salvedades. En asuntos tan graves como el orden público y la seguridad ciudadana, una mínima continuidad del soporte técnico —la construcción diaria de la memoria institucional por parte de los entes que contribuyen a diseñar una parte tan esencial de la política pública y la tienen legalmente a su cargo— es cuestión de responsabilidad y democracia.
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Conclusiones
Imperfecta como puede ser, una tipología de los municipios colombianos cambia el enfoque del problema: la agrupación o regionalización de ellos a partir de ciertas homogeneidades de su sistema productivo y de los rasgos de su poblamiento en un período de mediana duración —la vía inductiva— responde a aquello que desde 1987 se reconoció como un imperativo de análisis: captar el problema de la violencia en su dimensión regional. Hablar de las violencias y no de La Violencia, no ontologizar el problema, usar el plural y dejar de considerarlo como si fuese una cualidad o la disposición congénita de todo un pueblo, fue u n o de los llamados de aquellos investigadores de 1987 que aparece recogido desde la primera Estrategia Nacional contra la violencia. El reconocimiento de la pluralidad de manifestaciones del fenómeno y la renuencia a adoptar explicaciones monocausales habían sido ya actitudes de base para los primeros estudiosos de la violencia. Pero la geografía de la violencia que se elabora entonces, por falta de instrumentos y de información, sólo accede al municipio de modo descriptivo. Si bien es cierto que a raíz de los primeros estudios académicos sobre la violencia de los 50 se produjo una especie de divorcio entre tjuienes desde las ciencias sociales analizaban el problema y quienes desde el Estado tomaban las decisiones para solucionarlo, hace rato que el divorcio se superó y que la relación entre esas dos instancias es fluida. De seguro que, sin excluir las críticas y las disensiones, la mencionada Estrategia es la traducción, en la esfera de las políticas gubernamentales, del grueso de las recomendaciones que la Comisión de 1987 había formulado. Precisamente uno de los supuestos de la Estrategia es excluir el inmediatismo, considerar que el conjunto de las medidas que contiene requiere tiempo para surtir efecto: es la advertencia de que «no será inmediato el resultado de la política estratégica contra la violencia», y j u n t o con la advertencia, exige una cuidadosa demarcación de los niveles de responsabilidad de las diversas entidades en la ejecución de la política. Tal vez no sea excesiva simplificación si afirmarnos que con posterioridad a ello dos enfoques han prevalecido en el análisis del problema: el que se centra en los factores y el que se fija en los actores o protagonistas. En el primero, se trata (según la lógica causa funcionalefecto) de ponderar el peso específico de cada una de las que se esta243
Conclusiones
blecen como causas en los niveles de vicjlencia; en el segundo enfoque, la exploración y el conocimiento de las lógicas de acción de los protagonistas CJ promotores (o en exjjresión sumaria, actores) de la violencia puede conducir a su desactivación, induciendo paulatinamente una racionalidad en cl conflicto, una más clara representación de los intereses e n j u e g o y conduciendo al reconocimiento de la tolerancia como valor fundamental. No son, sin embargo, enfoques incomjjatibles, y en todo caso han convergido en un elemento clave del diagnóstico: la práctica inoperancia del sistema judicial. En el método del análisis factorial, la medición de los distintos factores que intervienen conduce a la comprobación de que los delitos que efectivamente reciben una sanción son una porción ínfima, y que por ende, en proporción equivalente, la criminalidad y la violencia reciben un estímulo. De este análisis, la impunidad resulta como el factor de los factores. Partiendo de otros supuestos, el discernimiento de las lógicas de acción de los actores, sociales e individuales, conduce a una conclusión parecida: la violencia, los niveles de irracionalidad con ICJS que se tienden a tramitar los conflictos, está determinada por el escaso valor que se les asigna a las formas institucionales creadas para dirimirlos. Los dos enfoques terminan interpelando al Estado en busca de nuevas estrategias, o de ajuste en las ya formuladas. Del primer enfoque se deriva como recomendación el rediseño del aparato de justicia, su organización según el principio de la eficiencia, la reingeniería y la calidad total como pautas dignas dc imitar, mutatis mutandis. El segundo se plantea la solución en términos dc mayor legitimidad, en lo que hace al aparato institucional y dc gradual concientización de los derechos humanos por parte de la sociedad. También en el terreno de las soluciones los enfoques se complementan, y en ambos casos se descarta cjue puedan obtenerse resultados significativos en el corto plazo. La rutinización de las dinámicas dc la vicjlencia o, si se prefiere, el efecto inercial de la vicjlencia preexistente, se reconoce mutuamente como el escollo más importante a remover. Es posible que tales mecanismos o formas adaptativas a la violencia, que a su vez tienden a perpetuarla, se entiendan mejor cuando se toma el municipio como unidad de análisis. Como lo señalaba a este propósito Daniel Pécaut, aceptada la necesidad de la diferenciación regional en las formas de violencia, surgen como inconveniente adi244
Conclusiones
cional los problemas de definición que el propio concepto de región plantea. Y ante ello la mejor posibilidad de análisis, y, subsidiariamente, de acción gubernamental, está en el nivel del municipio. Como en ningún otro ámbito, es en el municipio (y específicamente ahondando en las características de los municipios más violentos) en d o n d e mejor se puede entender «la manera como la gente adapta su conducta a un ambiente impregnado por una gran presencia de la violencia».
245
Bibliografía
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247
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248
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Bibliografía TIRADO DE MONTENEGRO, Nancy. "El Plan Nacional de Rehabilitación: Un modelo institucional para la democracia participativa, la descentralización y la lucha contra la jjobreza". En: Coyuntura Social No. 2, mayo de 1990, p. 121-143. TOKATLIÁN, Juan Gabriel Y RAMfREZ, José Luis. La violencia de las armas en Colombia. Bogotá: Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995. UPRIMNY, Rodrigo. "Resolución comunitaria de conflictos". En; Comunidad, conflicto y resolución en equidad. Santafé de Bogotá; PNR, Ministerio de Justicia, PNUD, p, 107-190. —. "La violencia de los números: Una crítica de las interpretaciones del SERFedesarrollo". En: Coyuntura Social, No. 4, mayo de 1991. URRUTIA MONTOYA, Miguel. Distribución del ingreso y la pobreza en Colombia: Evolución reciente. Banco de la República. Sejjarata No. 790, agosto de 1993. VÉLEZ, Eduardo; BECERRA, Carlos; JIMÉNEZ, Víctor. "Una regionalización de los municipios colombianos". Medellín: V Congreso Nacional de Sociología, mayo 29, 30 y 31 de 1985. VEUTHEY, Michel. Guerilla et droit humanitaire. Ginebra: Collection sdentifique de rinstitut Henry D u n a n t , 1970. VlLA, Brian; COHÉN, Lawrence. "Crime as Strategy: Testing an Evolutionary Scological Theory of Exjjropiative Crime". En: American Journal of Sociology. Vol. 98, N u m b e r 4 , J a n u a r y 1993. p. 873-912. WALDMANN, Peter. "La vicjlencia política en América Latina" En: Procesos de reconciliación en América Latina. Bogotá: Instituto de Estudios LiberalesFundación Friedrich Naumann, 1986, JJ. 23-37. ZULUAGA, Jaime. "Conflicto y vida social". En: Comunidad, conflicto y conciliación en equidad. Plan Nacional de Rehabilitación, Ministerio de Justicia, Pnud, agosto, 1994.
250
ANEXO
Cuadros, gráficas y mapas
Cuadros Cuadro 1. Clasificación de municipios según rangos de violencia Municipio
Cód.
P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
FO
*
*
**
A. M U Y VIOLENTOS Antioquia 1
Anorí
52
11.083
83
51.9
2
Apartado
21
44.235
55.8
29
Fc-EIn-Epl
3
Campamento
31
9.818
72.4
46.8
Fc
4
Chigorodó
12
22.601
67.9
43.6
Fc-EIn-Epl
*
*
**
5
Segovia
22
20.744
57.4
35
Fc-Eln-Epl
*
*
**
6
Taraza
52
13.532
79,4
54.1
Fc-Eln
*
*
**
7
Turbo
12
69.910
77.3
53
Fc-EIn
*
*
**
51
17,920
60.3
32
Fc-Eln
*
5¡
13.652
57.4
16.1
Fc-E!n
*
Arauca 1
Saravena
2 T~~.~
** **
Boyacá 1
Briceño
31
3.492
91.9
51.4
Farc
2
Buenavista
31
6.227
90.1
56.4
Farc
*
3
Muzo
52
14.612
73.3
47.9
Farc
*
4,818
73.9
37,1
Farc
*
Caquetá 1
Valparaíso
*
Fuentes: Los autores elaboraron estos cuadros tomando como información primaria las Estadísticas generales sobre la violencia y aplicando los criterios expuestos anteriormente (p. 61). Convenciones (Cuadros I y 2):
@ : Presencia de cultivos ilícitos cód: Código en la tipología municipal de! Dañe P. Total; Población total NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas % Mis.: Porcentaje de población en situación de miseria según el censo de 1985. PG; Presencia guerrillera PP: Presencia paramilitar TN: Tierras de narcotraficantes FO: Con denuncias de funcionarios oficiales que han incurrido en violación de derechos humanos.
253
Anexo Cuadro 1. Clasifiicación de municipios según rango s de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS,
P.G.
PP
*
TN
FO
Casanare 1
Aguazul
51
10.864
58.6
32.5
Fc-Eln
2
Monterrey
51
4.876
61.6
37.3
Fc-Eln
52
46.620
73.2
44.7
Fc-Eln
*
*
Cauca 1
Bolívar ®
**
Meta 1
El Castillo ®
51
10.649
64.2
39.9
Farc
*
*
**
2
S.Juan de Arama
SI
3.264
61.5
37.7
Farc
*
*
**
254
Anexo
Cuadro 1. Clasificacióni de municipios según rangos de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
FO
B. RELATIVAMENTE VIOLENTOS Antioquia
*
1
Angelópolis
II
5.651
42.6
20.7
2
Carepa
52
12.393
72
47.3
Fc-EIn-Epl
3 Jardín ®
12
11.891
30.6
13.8
Fc-EIn-Epl
4
Mutatá
53
8.587
69.3
45
Fc-Eln
*
*
5
Puerto Berrío
21
26.960
50.2
26.3
Fc-Eln
*
* *
**
*
**
*
* *
6
Puerto Triunfo
31
7.276
65.6
38.4
Farc
i-
7
Remedios
52
17.585
73.5
51.6
Fc-Eln
*
8
Salgar
II
20.755
54.5
22.4
Fc-EIn-Epl
9
San Luis
31
13.300
75.7
53.3
Fc-Eln
10 San Rafael
12
17.249
65.1
38.2
Farc
*
11 Zaragoza
53
10.917
76.6
47.2
Fc-Eln
*
*
**
** * *+
*
**
Arauca 1
Arauquita
51
10.218
86.9
60.2
Fc-Eln
2
Cravo Norte
51
2.677
67.1
48
Fc-Eln
**
Bolívar 1
Morales
52
15.437
91.8
79.4
Fc-EIn-Epl
*
2
Simití
52
7.845
87.1
73.4
Fc-Eln
*
*
*+
Boyacá 1
Maripf
31
8.945
92.9
71.1
Farc
*
*
2
Otan che
31
9.633
86.2
54.9
Farc
*
+
3
Paez
31
5.076
74.1
50.6
Farc
*
*
4
Pauna
31
10.708
83.8
54
Farc
*
*
5
S. Pablo Borbur
31
6.844
86.7
59.7
Farc
*
**
Caldas 1
Belalcazar
II
13.118
47.3
22
2
Viterbo
22
13.445
39.9
15.9
255
Anexo Cuadro \. Clasificación de municipios según rangos de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
FO
Caquetá 1
Cartagena del Chaira
51
2.818
76.5
50.1
Farc
*
**
Casanare 1
Sabanalarga
SI
2.122
62.6
15.3
Fc-Eln
*
*
2
Tauramena
SI
4.974
81.7
31.9
Fc-Eln
*
+
3
Trinidad
51
4.697
56.6
32.1
*
Cauca
*
1
Cal oto
32
22.919
63.7
31.8
Farc
2
Jámbalo
32
S55
85.4
43.6
Farc
3
Miranda
22
17.029
42.6
20,2
Farc
12
13.326
57
32.7
Fc-EIn-Epl
*
**
Cesar 1
San Alberto
**
Córdoba 1
Canalete
42
11.197
95
84.5
Epl
*
2
Pto.Libertador
52
14.557
92.3
74.5
Fc-Epl
*
Farc
*
Cundinamarca 1
Cabrera ®
32
4.010
63
31.2
2
S.Cayetano®
31
6.142
80.6
38.4
3
Vergara
31
9.314
76
42.6
*
Chocó 1
El Carmen
53
5.159
51.2
21.7
Fc-Eln
2
Unguía
53
8.962
83.3
59.1
Farc
*
*
31
6.178
73
42.3
Fc-Eln
*
*
1 Castilla Nueva
53
6.282
64.3
25.9
Farc
*
*
2
Cubarral ®
SI
14.752
53.5
57.9
Farc
*
*
3
Mesetas/La Uribe
51
17.489
82.3
27.7
Farc
Huila 1
Palestina ®
Meta
256
**
Anexo Cuadro 1. Ciasificacióri de municipios según rangos de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
*
4
Puerto López
51
7.480
57.1
42.5
Farc
*
5
Puerto Lleras
SI
7.844
73.2
37.6
Farc
*
*
6
San Martín
22
18.949
45.2
20
Farc
*
*
52
12.400
63.5
30.8
Fc-EIn-Epl
*
FO
Santander del N o r t e 1
El Zulia
**
Putumayo 1 Valle Guamuez
*
51
Risaralda 1
Marsella
II
19.489
36.3
13
IS 1.357
39.3
19.7
**
Santander Fc-EIn-Epl
*
**
*
**
1
Barrancabermej a
62
2
Carmen de Ch.®
52
3
El Playón
12
12.719
67.3
36.6
Ein
*
4
Pto. Wilches
52
21.049
76.3
51.4
Farc-EIn
*
S.V.de Chucurí
22
49.187
58.5
35.6
Fc-Eln
*
5
C_
Cl_
i c-cin
*
** **
@ Valle
*
1
Cartago
61
96.071
31.2
10.6
2
El Dovio
12
12.245
47.2
17.5
Ein
3
Trujillo
II
18.769
44.2
16.7
Ein
* *
*
*
**
257
A nexo
Cuadro l. Clasificación de municipios según rangos de violencia Municipio
Cód.
P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
FO
C. RELATIVAMENTE PACÍFICOS Atlántico 1
Campo de la C.
41
25.044
75
54.1
*
2
Candelaria
41
8.841
87.3
64.1
*
3
Galapa
42
14.046
48.2
20.7
*
4
Manatí
41
15.555
83
55
5
Palmar de Várela
41
14.285
63.9
34.5
6
Piojo
42
3.593
80
47.8
7
Ponedera
42
13.115
72
45
8
Santo Tomás
41
16.206
62.1
29.2
9
Suan
41
9.554
75.4
41
10 Usiacurí
42
5.959
64
28.9
*
Bolívar 1
Arjona
42
36.986
79.1
48.4
2
Margarita
41
8.682
96.4
81.5
3
Mompós
41
32.393
74.8
57.6
4
San Jacinto®
42
23.206
96.8
66.4
Ein
5
San Martín
42
22.684
92.2
75.6
Ein
6
Talaigua
41
18.768
76.7
57.5
7
Turbaná
41
9.444
86.8
62.2
8
Villanueva
41
12.516
85.5
69.2
Boyacá 1
Boyacá
31
6.004
80.9
55.9
2
Covarachía
31
5.624
93.4
68.3
3
Cucaita ®
31
3.152
62.3
44.5
4
Cultiva
31
2.214
75.5
29.6
5
Chivata
31
2.773
95.3
50.6
6
Firavitoba ®
32
6.244
63
31.5
7
Guacamayas-®
31
3.056
67.7
34.9
258
*
**
Anexo Cuadro 1. Clasificación de municipios según rangos de violencia NBI
%MIS.
8
La Capilla
32
3.566
66.9
20.6
9
Monguí
12
6.149
56.9
25.3
10 Nuevo Colón
32
5.746
63.4
27
II
32
12.640
71.5
26.1
12 Ráquira
31
6.05
80
43.5
13 Sáchica
31
2.333
59.7
22.7
14 Sotaquirá
32
7.96
69.6
32,6
15 Sutamarchán
31
4.867
87.8
49.2
16 Tinjará
31
2.475
91.4
45
17 Tipacoque
31
5.263
81.6
52.6
18 Toca
31
8.968
82.4
35.3
5.695
88.1
50.7
7.85
-T7.7
31
7.469
74.1
4.06
31
950
84.4
52.61
53
10.458
66.7
31.3
42
10,106
83.2
66.6
Municipio
Pesca
19 Tota
C ó d . P.Total
32
20 Turmequé 21 Tuta
P.G.
PP
TN
FO
1 O O 1 O. 7
Casanare 1
La Salina
Cauca 1
López
Córdoba 1
Momil
Cundinamarca 1
Anapoima
12
7.521
54.5
31.7
2
Cucunubá
31
5.614
84,8
46.9
3
Gachancipa
12
3.52
52.3
17.5
4
Jerusalén
31
3.641
80.4
62.3
5
Nariño
31
2.189
73.8
46.6
6
Nemocón
12
6.692
41.4
16,9
7
Nilo
32
3.297
63.2
30
8
Sutatausa
32
3.374
62.8
40
259
Anexo Cuadro 1. Clasificacióni de murlicipios según rangos de violencia Municipio 9
Tibacuy
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
31
4.28
60.6
37.5
Chocó 1
Bajo Baudó
53
16.412
82.5
45.6
2
Lloró
53
5.607
91.1
46.2
Magdalena 1
El Piñón
42
12.806
88.6
64,6
2
Guamal
42
22.486
80.5
62.1
3
Salamina
42
7.259
73.3
50.8
4
San Zenón
42
7.465
85.2
67.2
5
Santa Ana
42
27.514
84.7
71,4
6
Sitio Nuevo
41
16,482
85.6
58,3
7
Tenerife
42
17.201
84.7
71.1
Nariño 1
Cumbal
12
3.519
34.2
12,2
2
Imués
31
7.260
79.5
47.3
3
Magui
SI
3.951
90.7
38.2
4
Mosquera
51
2.738
100
51.5
5
Feo Pizarro
63
6.340
90
49.2
6
Santa Bárbara
51
6.530
73.2
46.6
7
Tangua
32
10.295
59.4
32.4
8
Yacuanquer
32
8.025
56.4
31.7
31
4.532
63
41.7
Santander n o r t e 1
Pamplonita
Santander 1
Cepita
32
2.419
75.9
24.7
2
Pinchóte
32
3.470
64.2
21.7
3
S.José de Mirand
31
6.831
74.8
45.6
4
San Miguel
31
4.237
85.1
59.3
5
Valle de S.José
32
4.573
46.9
260
P.G.
PP
TN
FO
Anexo Cuadro 1 . Clasificación de muílicipios según nangos de violencia Municipio 6
Vetas
Cód.
P.Total
NBI
%MIS.
32
1.880
39,2
13.6
42
11.365
77.8
56.1
32
5.307
66.7
40.3
P.G.
PP
TN
FO
Sucre 1
Galeras
Tolima 1
Piedras
261
Anexo
Cuadro 1. Clasifii:aciór i de municipios según nangos de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
D. MUY PACÍFICOS Atlántico 1
Puerto Colombia
42
18.788
44.2
12.6
2
Sabanalarga
41
13.661
55.6
36.9
Bolívar 1
El Guamo
42
6.740
86.7
64,1
2
San Estanislao
41
12.341
76.6
50.1
3
San Fernando
42
8.970
93.3
81.5
4
Soplaviento
42
11.365
78.5
53.5
Boyacá 1
Beteitiva
31
3.163
88.7
63
2
Boavita
32
14.290
70.8
35.1
3
Busbanzá
31
747
88.4
58.2
4
Cerínza
31
5.150
71.4
23
5
Floresta
31
5.017
82.4
42.6
6
Iza
32
1.608
46.8
19.3
7
Motavita
31
4.799
91
54
8
Nobsa
12
11.311
28
6.3
9
Oicatá
31
2.360
88.8
33.5
10 Panqueba
31
2.601
76.7
46.4
1 1 Salivan orte
31
4.325
85.9
58.5
12 Sativas ur
31
1.364
76.2
47.9
13 Sora
31
3.014
96.9
50
14 Soracá
32
5.592
86
40.1
9.476
83.7
64.6
4.246
58.3
41.7
Córdoba 1
Purísima
Cundinamarca
I Gama
262
31
*
TN
FO
Anexo Cuadro 1. Clasificacióni de municipios según rangos de violencia Municipio
C ó d . P.Total
NBI
%MIS.
P.G.
PP
TN
FO
Chocó 1 Alto Baudó
51
8.040
88
44.6
2
Nuquí
53
3.861
63.4
18.8
3
Sipí
53
1.835
98.1
73.6
41
4.046
76.4
51.1
41
16.426
88.9
70.4
32
1.528
49,2
22.7
1 Ospina
32
5.871
69.2
48.9
2
32
6.186
60.3
32.5
31
2,140
79.4
40
2 Jordán
31
1.296
55.5
25.5
3
32
1.978
67,3
27.4
Guajira 1
Uribia
Magdalena 1 Cerro S.Antonio Meta 1 Sn Juanito Nariño
Sapuyes
Santander 1
Confínes
Palmas.Socorro
263
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de viialenda Municipio
Cod
P.Total
% NBI
%MIS.
P.G
P.P
T.N
F.O
Antioquia 1
Abriquí
32
2.649
58
21.1
Farc
2
Alejandría
32
4.615
55.6
34,1
Farc
3
Amaga
II
20.931
38.1
15.2
Epl
4
Amalfi
12
17.103
67.5
40.2
Farc-EIn-Epl
*
5
Andes
II
37.226
40.5
16.4
Eln-Epl
*
*
6
Angostura
31
12.303
71.8
53.2
Farc
7
Arboletes
41
34.884
89
78.6
Farc-Epl
*
*
8
Armenia
12
6.861
48.1
18.4
9
Barbosa
22
28.445
47.8
20.5
10 Belmira
32
5.341
53,8
21.2
1 1 Bello
61
210.662
23.5
6.7
12 Betania
II
12.518
49.3
18.7
Farc-EIn-Epl
13 Betulia
12
14.436
60
37.1
Farc-EIn-Epl
14 Bolívar
II
27.774
45.2
18.8
Eln-Epl
15 Cáceres
52
16.957
88.5
69.4
Farc-EIn
16 Cañasgordas
12
18598
64.3
42.6
17 Caramanta ®
II
7.680
39.5
13.9
Farc-Epl
18 Caracoli
12
6.292
58.7
29.1
Farc-EIn
19 Carmen de Viboral
22
29.042
48.5
22,3
Epl
20 Carolina
12
3.858
29.1
10.9
Farc
21 Caucasía
21
38.606
64.9
39.3
Ein
22 Cisneros
12
9.085
45.6
1 1.9
23 Cocorná
32
27.751
79.6
52.7
Farc-EIn-Epl
24 Concordia
12
20.277
56.1
29.1
Eln-Epl
25 Dabeiba
52
19.608
70.2
51.2
Farc
26 El Bagre
52
18.879
66.3
38
Farc-EIn
27 Entrerríos
12
5.217
28.5
10
28 Envigado
61
90.470
13
1.8
264
*
**
* Epl
* Farc-EIn
*
* *
*
** **
*
**
* *
**
* *
*
Farc-EIn
** ** * *
** *
Ein
*+
Anexo Cuadro 2 Otnos municipios con pnesencia de agentes organizados de violencia Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
29 Fredonia
II
22.628
36
11.2
Ein
30 Frontino
12
24.258
64.6
37.5
Farc
31 Giraldo
31
3.710
76.4
42.5
Farc
32 Gómezplata
12
8.967
44.3
13.6
33 Granada
12
18.448
56.5
22.9
34 Guarne
12
23.253
49.2
19.4
35 Guatapé
12
4.189
44.2
12.1
36 Heliconia
12
7.636
66.5
33.1
37 itagúí
61
136.883
21.4
4.6
Ein
38 Ituango
31
22.218
77.4
54.6
Farc-Epl
39 Jericó
II
14.738
38.1
9.5
Epl
40 La Ceja
21
27.870
29.4
9.6
41 La Estrella
22
29.138
28.5
5.1
Ein
42 La Unión
12
13.261
33.9
8.9
Ein
43 Liborina
31
10.411
57
22.7
Farc
44 Maceo
12
8.866
60
31.8
Farc-EIn
15 Marinilla
22
31.038
46.6
23.5
Farc
46 Montebello
II
8.871
53.8
26.5
Ein
47 Murindó
52
1.566
100
46.2
Farc
48 Necoclí
42
24.861
89.7
78.1
Farc-Epl
49 Nechí
42
10.630
93.1
70.6
Farc-
50 Peñol
12
13.633
57.6
27.6
Farc
51 Peque
31
6.768
87.4
69.6
Farc-Epl
52 Pueblorrico
II
8.979
44.2
15
Epl
53 Puerto Nare
12
15.207
62.2
34
Farc-EIn
54 Retiro
12
10.874
38.3
8
55 Rionegro
21
55.664
29.6
8
Farc-EIn
56 San Carlos
22
25.163
61.3
30.4
Farc-EIn
57 San Francisco
32
58 San Jerónimo
12
Municipio
P.P
T.N
F.O
*
* Farc *
*
*+
*
Farc
* +
4,
±±
* * *
*
*
** *
* *
*
*
**
* *
* *
Farc-EIn 9.775
58.3
25.8
*
**
265
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes onganizados de violencia Cod
P.Total
%NBI
%MIS.
P.G
59 S.J.dela montaña
12
2.659
33.5
1,7
Farc
60 S.J. de Urabá
41
61 S.Pedro de Urabá
41
20.526
91.3
85.2
Farc
62 San Roque
12
18.435
65
39.2
Farc-EIn
*
63 Santa Barbara
II
25.705
39.5
15.6
Ein
*
64 Sta.Rosa de Osos
12
22.834
40.6
16.8
Farc
65 Santo Domingo
12
15.143
56.9
22.1
Farc
66 Sonsón
22
38.595
47.1
19.7
Farc
67 Sopetrán
12
12.243
54.4
27
68 Támesis®
II
19.936
48.4
16.6
Epl
*
69 Tarso
1 1
6.674
59.9
27
Epl
*
70 Uramita
31
8.354
83.2
62.7
Epl
71 Urrao
12
25.786
62.6
43.4
Farc
*
72 Valparaíso
II
8.163
35.6
13
Epl
*
73 Valdivia
31
12.233
70.1
43.5
Farc
*
*
74 Vegachí
31
11.561
74.8
49.7
Farc-EIn-Epl
*
*
75 Venecia
II
12.162
49.1
17.9
76 Vigía del Fuerte
53
6.120
100
57.9
Farc
77 Yarumal
21
32.495
44.6
19.5
Farc-EIn
78 Yolombó
12
20.151
62.8
34.6
Farc-EIn
79 Yondó
52
6.825
84,6
66.1
Farc
Municipio
P.P
T.N
*
*
*
*
*
F.O
**
**
* ** *+
**
* * *
*
**
* *
*
*-+
Arauca
**
1
Arauca
22
67.167
61.3
32.4
Farc-EIn
2
Pto. Rondón
51
1.507
49.5
10.3
Farc-EIn
1 Baranoa
42
33.647
44.1
16.8
*
2
Luruaco
41
17.075
68.9
45.7
*
3
Malambo
52.389
32.7
13.5
Atlántico
266
Ein
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de viiolencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
P.G
P.P
4
PuebloNuevo
41
9.874
51.9
24.3
*
5
Repelón
42
16.373
76.9
49.1
*
6 Santa Lucía
41
7,336
71.5
46,5
*
7
Soledad
61
164.008
31.7
13.3
8
Tubará
42
6.460
63.1
28.7
13.379
35.4
13.6
T.N
F.O
Farc-EIn
*
Amazonas 1
Leticia
61
2
Puerto Nariño
53
* *
Farc
Bolívar 1
Cartagena
62
528.021
41.9
21.9
Farc
2
Achí
52
23.384
94.4
81.9
Farc-EIn
3
Barranco de Loba
42
15.490
88
75.7
4
Carmen de Boli.
42
62.339
80.1
63.9
5
Córdoba
42
14.168
91.6
75.7
6
Magangué
62
87.002
72.9
55,1
7
Mahates
42
18.918
80.3
55,6
8
Pinillos
42
26.369
95.7
87.4
9
Santa Catalina
42
14.911
91.6
64.6
10 San Pablo
52
15.714
86.3
71.4
Farc-EIn
1 1 Santa Rosa
42
9.075
98.9
79.6
Farc-EIn
12 Turbaco
42
34.030
58.3
33.1
13 Rioviejo®
52
17.482
99.4
84.8
** *
** **
Farc-EIn-Epl
*
Ein
* **
Ein
* Farc-EIn
* *
**
*
*
**
*
*
**
* *
**
Boyacá 1
Aquitania ®
12
16.803
65.1
33.6
Farc
2
Almeida
31
4.679
84.7
47.4
Farc-EIn
3
Berbeo
32
2.259
55.9
13.5
Farc
4
Caldas ®
31
4.688
72.5
33.4
5
Campohermoso
31
5.322
87.0
57.1
** * *
Farc
267
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes organizados de vi'olencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
P.G
6
Coper
31
5.667
94.0
54.1
Farc
7
Cubará
52
2.994
72.1
50.1
Farc-EIn
8
Chiquinquirá
21
34.898
40.0
15.2
9
Chiquizá
31
5.092
91.2
47.2
10 Chiscas
31
7.566
73.3
40.2
Farc-EIn
1 1 El Cocuy®
32
7.587
65.0
52.2
Ein
12 Gachantivá
31
3.836
86.9
56.6
Farc
13 Gámeza
32
6.231
63.7
20.5
Farc
14 Garagoa ®
22
14.178
44.6
15,6
Farc
5.509
94.6
70.9
Farc Farc
15 Labranzagrande
T.N
* *
16 La Uvita®
31
11.600
74.7
45
17 La Victoria
52
3.124
5*3.9
74.7
18 Miratlores®
12
9.818
64.4
32.5
Farc
19 Mongua
32
6.324
54.3
27.7
Farc
20 Moniquirá
12
19.887
60.1
32
Farc
21 Pachavita
32
3.895
69.9
37.4
Farc
22 Paya
52
2.452
97.8
86.9
Farc
23 Pajarito
52
2.824
81.3
43.1
Farc
24 Pisba
31
1.633
100
74
Farc
25 Puerto Boyacá
52
30.745
51.5
23.6
Farc
26 Rondón
31
3.783
82.3
56.9
Farc
27 San Luis Gacen
31
7.273
67.5
41.2
Farc
28 San Eduardo®
31
3.306
79.8
40.2
Farc
29 San Miguel de S.
32
3.946
64.1
33.6
30 Santana
31
6.977
72.3
44.3
Farc
3 1 S. José de Pare
31
6.439
71.6
37.2
Farc
32 Santa María®
52
6.194
64.1
45.3
Farc
33 Socotá
32
12.725
80.2
47.3
Farc-EIn
34 Socha
32
9.004
64.8
27.4
Farc-EIn
268
P.P
* *
*
+
* *
F.O
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnese ncia de agentes onganizados de violencia Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
35 Sogamoso
61
80.559
31.8
11.7
36 Tenza
32
5.440
69.4
28.3
Farc
37 Togui
31
5.724
84.1
44.1
Farc
38 Tópaga
32
3.759
65.2
35
Farc
39 Tunungua
52
1.770
85.8
51.5
Farc
Municipio
P.G
P.P
T.N
F.O
**
*
Caquetá 1
Florencia
62
76.689
47,7
22.5
Farc
2
Albania
51
9.362
84,6
S4.S
Farc
3
Belén de los. ®
51
13.933
66.6
40.8
Farc
4
Curillo
51
S
El Doncello
51
17.246
52.7
22.5
Farc
6
Milán
51
5.029
60.9
36.2
Farc
7
Montanita
SI
11.931
78.3
53.5
Farc
8
Morelia
51
2.404
74.9
45.9
Farc
9
Paujil
51
8.656
61.0
27.3
Farc
51
26.631
71.3
43.8
Farc
10 Puerto Rico®
*
*
**
*
Farc
* ** * * **
Farc
1 1 S. José de Fragua SI 12 S.V. Caguán®
SI
17.423
76.2
51.3
Farc
13 Solano
51
10.094
61.3
56.6
Farc
*
*
**
+*
Caldas 1
Manizales
62
295.105
22.3
5.6
Farc-EIn
*
2
Aguadas®
1 1
26.221
39.0
13.7
Epl
*
3
Anserma
II
33.707
34.2
10.5
Epl
4
La Dorada
61
53.766
43.1
18.3
5
Marmato
32
5.872
44.3
21.7
Epl
6
Marquetalia
1 1
13.944
49.4
13.9
Farc
7
Neira
1 1
24.863
40.8
IS.I
*
*
8
Palestina
II
16.552
42.2
15.5
*
*
9
Riosucio
12
21.386
28.1
12
* *
*
*
**
Epl
269
Anexo Cuadro 2 Otros; municipios con pnesencia de agentes organizados de vi olencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
%MIS.
P.G
10 Risaralda
II
18.384
38.7
13.6
1 1 Salamina
II
23.183
33.5
7.4
Epl
12 Supía
22
19.472
50.1
22.9
Epl
13 Victoria
52
10.170
52,3
27
Farc
14 Samaná
II
32.771
68,0
36.2
Farc
P.P
T.N
*
*
F.O
*
Casanare 1
Yopal
SI
22.261
S3.9
26.6
Farc
2
Chameza
31
1.61 1
92.7
56.4
Farc
3
Hato Corozal
SI
6.590
79.9
38.2
Ein
4
Maní
51
6.155
72.9
37.1
Farc
5
Nunchia
SI
4.923
87.5
66.1
Farc
6
Orocué
SI
2.941
86.5
57.2
Farc
7
Paz de Ari poro
SI
9.558
73.8
36.3
Farc
8
Pore
51
4.634
90.1
63.6
Farc
9
Recetor
SI
1.853
86.9
59.3
Farc-EIn
10 Sacama
SI
723
100
49.2
Farc-EIn
1 1 San L. Palenque
53
4.504
85.5
39.4
Farc
12 Támara
28
5.623
83.8
57.5
Farc
13 Villanueva
51
6.693
59.4
41.5
*
*
*
*
* *
*
Cauca
*
**
Farc-Epl
*
**
51.6
Farc
*
51.7
29.5
Ein
*
26.800
81.4
57.2
Farc-EIn
12
19.772
56.8
29.8
Farc
El Tambo
31
34.200
76.9
52
Farc
Inza
32
11.671
74.6
53.5
Farc
1
Popayán
62
154.599
30.3
13.8
Farc-EIn
2
Almaguer ®
31
14.793
84.3
59.6
Farc-EIn
3
Argelia ®
52
12.539
85.8
66.5
4
Buenos Aires
31
31.307
74.1
S
Caldono
52
9.509
6
Cajibío
31
7
Corinto
8 9
270
*
** **
*
Anexo C u a d r o 2 Otnos municipios con pnesencia de agentes organizados de violencia P.P
Cod
P.Total
%NBI
%MIS.
P.G
10 La Sierra®
32
9.985
61
38
Farc-EIn
1 1 La Vega ®
32
14.322
67.3
43.5
Farc-EIn
12 Mercaderes ®
31
23.470
75.3
50.1
13 Morales
32
10.073
70
43.5
Farc-EIn
*
14 Padilla
12
7.246
61.2
23.8
Farc
*
15 Patía®
12
26.644
60.3
38.4
Farc-EIn
*
16 Piendamó
12
19.108
52
25.8
Farc-EIn
*
17 Puracé
32
6.017
59.4
29.9
Farc
*
i 8 Rosas
32
8.200
62.6
34.1
Farc-EIn
*
19 Santander de Q.
21
52.339
45.9
23.4
Farc
*
20 San Sebastián®
52
6.652
61.7
31.9
Farc-EIn
*
21 Santa Rosa®
52
4.906
73.6
42.5
Farc-EIn
22 Silvia®
12
10.106
43.9
22.1
Farc
23 Sotara ®
32
6.260
62
34.3
Farc-Epl
Municipio
T.N
F.O
** * *
*
**
*
**
*
**
*
**
Farc-EIn-Epl
24 Timbío
12
21.635
57.1
29.1
25 Toribío ®
32
1.592
38.6
3.2
Farc
*
26 Totoro ®
31
5.453
66.1
42.1
Farc
*
Cesar 1
Valledupar
62
187.206
47
25.7
Farc-EIn
*
2
Aguachica
61
48.724
59.7
31
Farc-EIn-Epl
*
3
Agustín Codazzi
21
39.492
56.5
30.5
Farc-EIn
*
4
Astrea
41
16.501
89.6
83,1
5
Becerril
42
1 1.911
87.1
54.5
Farc-EIn
6
Bosconia
42
20.911
75.7
48.3
Farc Ein
7
Curumaní
42
24.694
72.2
50
Ein
*
**
8
Chimichagua
42
22.767
70.7
53.2
Ein
*
**
9
Chiriguaná ®
42
16.209
61.7
38.2
Ein
*
10 El Copey
42
24.061
71.4
48.6
Farc-EIn
*
I I El Paso
42
14.563
79.3
63.7
Ein
** *
**
* * **
*
271
Anexo C u a d r o 2 Otnos municipios con pnesencia de agentes onganizados de violencia Municipio
Cod
P.Total
%NBI
%MIS.
P.G
P.P
12 González
12
8.742
60.1
41.6
Farc-EIn
*
13 La Gloria
42
9.314
73.5
50.6
Ein
*
14 La Jagua
42
15.129
70.8
50.5
Farc-EIn
*
15 La Paz
42
16.834
64.5
43.7
16 Manaure
42
4.800
69.4
39.7
Farc
*
17 Pailitas
42
12.210
64
43.2
Farc-eln
*
18 Pelaya
42
10.227
76.7
48.2
Ein
*
19 S. Diego
42
14.005
71.6
44.7
Farc-EIn
*
20 S. Martín
42
12.276
77
51.2
21 Tamalameque
42
10.776
74.6
53.4
Farc-EIn
*
T.N
F.O
**
* *
* **
Farc-EIn-Epl
Córdoba 1
Montería
62
222.432
52.1
31.1
Ein
*
*
2
Ayapel
42
35.129
84.7
67.8
Farc-Epl
*
*
3
Buenavista
42
12.600
78
57.7
*
*
4
Cereté
42
53.816
62.5
38.2
Ein
5
Chima
42
9.877
88
73.5
Farc
7
Chinú
42
29.231
77,2
51.9
Ein
*
*
8
Ciénaga
41
38.259
80.4
59.1
Ein
*
9
Lorica
42
75.520
79.4
59.5
*
10 Los Córdobas
42
9.363
94.2
80.1
*
1 1 Montelíbano
42
33.887
69.2
50.5
Farc-Epl
12 Planeta Rico®
42
44.248
77.1
57.1
Farc-Epl
*
*
13 Pueblo Nuevo
42
17.359
79.9
63.2
Farc
*
*
14 Pto Escondido
42
11,627
95
85.2
*
*
15 Sahagún
42
58.009
71
49.8
Ein
*
**
16 S.Andrés de S.
42
28.764
93.6
80.4
Eln-Epl
*
**
17 San Antro
42
12.738
89.3
65
18 S. Bernardo del V.
41
21.856
90.5
75.3
19 SanCarlos
42
17.082
90
77.4
272
*
Epl
**
* *
*
**
**
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes onganizados de viiolencia Municipio
Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
P.P
T.N
20 Tierralta
52
52.577
87.1
77.1
Farc-EIn-Epl
*
*
21 Valencia
52
20.684
90
77.2
Farc-EIn
*
*
F.O
Chocó 1
Quibdó
62
74.353
80.4
39.1
Farc
2
Acandí
53
8.129
79.9
57.2
Farc
*
3
Bagado
53
5.021
884
40.3
Ein
*
4
Bahía Solano
53
5.325
60.7
23.2
5
Con doto
53
12.928
70.5
23.8
Farc
6
Itsmina
53
19.839
83.9
53.3
Farc-EIn
7
Jurado
53
2.044
71.4
22.5
8
Novita
53
7.300
93.2
53
Farc
9
Riosudo
52
19.663
97.4
64.7
Farc
*
53
14.532
88.9
44.7
Farc
*
10 Tadó
** *
*
Cundinamarca
*
1
Albán
12
5.443
41.8
18,7
2
Beltrán
31
1.893
85.2
47
Farc
3
Bojacá
12
3.729
57.6
20.4
Farc
4
Cajicá
22
20.388
22.1
4.5
5
Caparrapí
52
17.332
78.7
52.3
Farc
6
Cáqueza
12
16.340
63.5
33
Farc
7
Cota
12
8.080
46.1
15.5
*
8
Chaguaní
32
49.45
60.6
32.7
*
9
Choachí ®
12
11.091
47.7
19.2
10 El Peñón
31
6.489
73.9
41.1
1 1 Fómeque
32
1 1.049
65.5
34.2
Farc
12 Fosca
31
6.669
73.2
41
Farc
13 Funza
21
26.753
38.3
9.7
14 Fusagasugá
61
55.795
38.4
16.6
Farc
15 Guaduas®
12
20.255
47.8
23.1
Farc
* *
*
Farc
*
* **
273
Anexo
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de violencia Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
16 Guayabal
31
3.818
62.8
29.9
Farc
17 Guayabetal®
32
4.099
62.1
43.7
Farc
18 Gutiérrez®
31
3.859
68.8
32
Farc
19 La Palma
31
13.187
78.3
49.8
Farc
20 Medina®
31
12.411
77.3
53.9
Farc
21 Ninaima®
31
4.150
74.7
46.9
Farc
22 Pacho
22
23.923
51.3
24.6
23 Paratebueno
32
3.978
56.2
34.5
Farc
24 Pasca®
32
9.428
48
13.6
Farc
25 Quetame®
31
5.733
74.1
43.6
Farc
26 Sasaima
12
8.389
35
16.3
27 S.Bernardo®
12
11.640
51.4
20.7
Farc
28 S.Rioseco
12
10.368
57.6
29.9
Farc
29 Pto Salgar
52
11.332
59.7
31.4
30 Pulí
31
4.133
72.1
33.5
31 Sopó
12
8.172
28.8
6.4
32 Topaipí
31
5.931
81.7
42.6
Farc
33 Ubaque
32
7.437
68.3
27.8
Farc
34 Une
32
6.769
59.2
26.3
Farc
Municipio
P.P
T.N
*
*
F.O
** *
* *
* +
* Farc
*
*
35 Usme 36 Villagómez
31
2.475
66.8
27.4
Farc
37 Yacopí
52
18.675
82.2
56.2
Farc
38 Zipaquirá
61
54.940
25.2
7.6
*
*
*
Guajira 1
Riohacha
32
69.717
50.5
25.8
2
Barrancas
42
13.632
64.7
38.6
3
Fonseca
42
26.272
46.8
23.1
Farc
4
S.Del Cesar
42
24.471
47.9
18
Farc
5
U ramita
42
8.800
68.5
47.6
Ein
274
Epl
* *
**
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes onganizados de violencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
¡»!G
P.P
1 Neiva®
62
193.139
34.3
14.9
Farc-EIn
*
2
Acevedo®
32
14.463
68.7
33.3
Farc
3
Algeciras®
12
18.006
64.5
36.6
Farc
4
Aipe
12
8.948
59.5
33.9
Farc
5
Baraya®
12
7.759
51.6
26.2
Farc
6
Campoalegre®
22
23.631
52.5
24.1
Farc
7
Colombia®
31
9.848
72.2
48,6
Farc
8
Garzón®
21
39.786
46.5
23.3
Ein
9
Gigante®
12
20.022
49.8
21.4
Farc
10 Iquira®
12
6.714
62.5
38.1
Farc
11 Isnos®
32
15.130
65.1
34.8
Farc-EIn
12 La Plata®
22
34.301
55.4
27.3
Farc
13 LasArgent. ®
32
6,831
59.7
26.1
Farc-EIn
14 Nataga®
32
4.339
62.7
43.1
Farc
15 Pitalito
21
49.962
44.4
20.7
Farc-EIn
16 Rivera®
12
11.118
49.6
19,4
Farc
17 S.Agustín®
12
20.785
63.4
36.2
Farc-EIn
18 Santa María®
32
8.473
60.1
32.6
Farc
19 Saladobla®
32
7.463
66.9
35.3
Farc
20 Suaza®
32
8.484
59.3
36.5
Farc
21 Tello®
12
10.683
60.4
28.9
Farc
22 Teruel®
12
6.421
58.9
32,7
Farc
23 Timaná®
12
15.292
35.6
12.9
Farc-EIn
24 Villavieja
12
6.864
73.5
43,3
Farc
25 Palermo®
15.389
46.3
22.2
Farc
26 Paicol®
4.167
60.2
23,9
Farc
27 Pital®
10.039
60.3
33.1
Ein
T.N
F.O
Huila **
*
* *
Magdalena
275
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con prese ncia de agentes organizados de violencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
P.G
P.P
T.N
F.O
+
**
1
Sta. Marta
62
215.101
32.9
12.9
Farc-EIn
*
2
Ariguaní
42
24.160
80.8
59
Ein
*
3
Aracataca
42
34.196
73.1
44.9
Ein
+
*
4
Ciénaga
61
1 19.1 15
57.2
31.7
Eln-Farc
*
+
5
Chivólo
42
10.818
90
79.4
Ein
*
*
6
El Banco
42
41.836
71.8
54.5
Ein
7
Fundación
21
41.825
56
32.7
Eln-Farc-Epl
*
*
8
Plato
42
61.705
84,6
71.9
Ein
*
*
9
Pedraza
42
12.622
89.9
69.3
Farc
1 Acacias
22
24.887
43.8
15.5
*
+
2
Cumaral®
51
10.051
43.7
19.7
Farc
3 El Calvario®
31
2.726
47.1
6.5
Farc
*
4
Fuente de Oro
51
2.138
49.6
25.4
Farc
*
5
Granada®
21
29.604
55.9
27.9
Farc
*
*
6
Guamal
12
7.900
53.1
25.8
Farc
*
*
7
La Macarena
SI
S.09I
89.5
65.3
Farc
*
*
**
8
Lejanías
51
9.763
62
36.2
Farc
9
Pto Gaitán
53
5.813
67.3
36.2
Farc
*
**
10 Pto Rico
51
10.142
82
59.8
Farc
1 1 S.Carlos Gua
51
3.424
64.6
34.2
Farc
12 V. Hermosa
51
18.820
81.6
62.9
Farc
241.175
31.1
11.6
Farc-EIn
*+
**
Meta
*
*
**
** *
*
*
**
Nariño 1
Pasto®
2
Ancuya®
31
8.887
72.6
49
Farc
3
Consaca
32
9.716
61.9
38.2
Farc
4
Cumbitara®
31
6.050
88
57.6
Farc
5
El Rosario
31
6.729
84.8
57.3
Farc
6
Guaitarilla
12.689
70.5
37.8
Farc
276
**
Anexo
Cuadro 2 Otnos municipios con pnesencia de agentes onganizados de violencia Municipio
Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
7
Ipiales®
61
63.261
47.6
23
Farc
8
Leiva®
31
8.482
84.4
62.4
Farc
9
Linares
31
10.313
77.3
49.5
Farc
10 Los Andes
31
9.879
69.1
43.9
Farc
1 1 Mallama
31
5.016
59.6
22.9
Farc
12 Olaya
51
13.578
93
52.1
13 Policarpa
31
7.595
86.9
60.7
Farc
32
8.456
63.8
37.1
Farc
12
43.653
85.8
66.5
r 1 di C
16 Sandoná
12
26.684
68.7
39.2
Farc
17 San Pablo
12
17.098
61.9
31.9
Farc
18 Santa Cruz®
31
6.694
91.2
74,2
Farc
19 Taminango
32
16.148
80.2
51.6
Farc
20 Túquerres®
22
33.151
58.8
35.3
Farc
14 Puerres® ir
r-, . .
:
. ffh
ID
oainamego-'
P.P
T.N
F.O
*
* **
N o r t e de Santander 1
Cúcuta
62
375.822
38.8
15.9
Farc-EIn-Epl
*
2
Ábrego
32
28.497
84.5
51.8
Eln-Epl
*
3
Arboledas
31
10.650
65.1
44.1
Farc-EIn
*
*
** ** ** +*
4
Cachira
31
16.756
72.4
41.4
Farc-EIn
5
Cacota
31
3.216
64.2
28.3
Ein
6
Convención
52
17.378
61.8
38.7
FArc-EIn-Epl
*
7
Cucutilla
31
9.442
72
44.4
Ein
*
8
Chinácota®
12
10.409
35.2
14.3
9
Chitaga
31
9.270
72.3
46.6
Ein
*
10 Durania
12
4.574
60.6
22
Farc-EIn
*
11 El Carmen
52
12.721
76.6
54.1
Farc-EIn-Epl
*
12 Hacarí
52
9.891
91.2
69
FArc-EIn-Epl
*
13 Gramalote
12
7.410
48.1
19
Farc-Epl
14 Labateca
31
6.776
66.8
34.5
Ein
** *
**
277
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes onganizados de vi olencia Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
P.G
P.P
15 La Playa
31
7.898
77.3
51.3
Ein
*
**
16 Ocaña
61
65.077
43.4
22.9
Farc-EIn
*
**
17 Pamplona
61
37.842
29.2
11.8
Ein
18 Salazar®
32
10,921
67.1
37.2
Eln-Epl
19 Santiago®
32
2.477
60.5
28.7
Farc
20 San Calixto
52
22.01 1
88.8
64.2
Ein
21 San Cayetano
32
2.728
61.6
30.5
Farc
22 Sardinata®
52
21.836
72.3
50,7
Farc-EIn-Epl
+
23 Teorama
52
14.912
85.4
56.4
Farc-EIn-Epl
*
**
24 Tibú
52
32.462
76
56.3
Farc-EIn-Epl
*
**
25 Toledo
12
15.933
69.7
38.6
Farc-EIn
*
26 Villacaro
31
4.789
84.5
43.4
27 Villa Rosario
61
63.424
Sl.l
21.8
Municipio
T.N
F.O
** * *
** *
* Epl
Quindío
*
1
Armenia
62
183.510
24.2
6.3
2
Buenavista
II
3.267
24.2
6.3
3
Calarcá
II
51.925
29.7
9.2
Farc
4
Genova®
II
9.771
32.9
10.1
Farc
5
La Tebaida
II
18.398
41.3
15.3
*
6
Montenegro
II
29.323
42.5
13.7
*
7
Pijao
12
7.760
45.1
13.1
*
8
Quimbaya
II
29.331
38.7
14.1
*
9
Salento®
12
6.044
41.9
11.6
*
*
*
*
Risaralda
*
1
Belén de U.®
II
22.422
44.4
15.2
2
Guatica®
12
12.427
44.1
19.1
Epl
*
3
La Virginia
21
24.460
46.6
19.9
Epl
+
4
Mistrató
52
9.769
57.7
26.2
Epl
*
5
Quinchía
27.014
57.6
34.
278
**
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con pnesencia de agentes onganizados de violencia Municipio
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
P.G
P.P
T.N
*
*
6
Sta.Rosa deC
21
60.085
33.8
11.6
7
Pueblo Rico®
52
9.419
53.1
23.5
Epl
* *
F.O
Santander 1
Albania
31
5.781
78.3
48.3
Farc
2
Aratoca
32
6.866
7136
42.4
Farc-EIn
3
Barbosa
22
16.706
44.7
18.3
Farc
4
Betulia
52
5.766
65.3
33.3
Farc-EIn
5
Bolívar®
52
21.585
71.3
43
Farc
6
Carcasi
31
6.261
78.6
49.6
Ein
7
Cerrito
31
5.906
77.8
48.3
Ein
8
Cimitarra
12
16.557
73,8
39.6
Farc
9
Concepción
31
7.080
68.6
47.8
Ein
10 Contratación
12
4.274
4.08
15.9
Farc
1 1 Chipata®
31
6,559
76.3
50.8
Farc
12 Curití
32
8.764
68.4
32.4
Ein
13 Charalá
12
16.057
46.3
20.8
Farc
4.821
82.8
58.3
Ein
14 Enciso 15 Floridablanca
61
143.454
19.2
4,5
Farc-EIn
16 Guepsa
31
3.618
74
47.3
Farc
17 Landázuri
52
10.456
69.7
30.4
Farc-ELn
18 Chima
46
3.812
73.5
49.5
Farc
19 El Guacamayo
31
2,762
77.9
39.7
Farc
20 Florián®
31
6.607
88.2
61.2
Farc
21 Girón
61
50.469
34.1
13.8
Farc-EIn
22 Guaca
31
7.718
76.5
47.3
Ein
23 Guavata
31
6.039
73.8
42.1
Farc
24 Jesús María
31
4.004
71.4
40.2
Farc
25 La Paz
31
7.096
81.5
50.1
Farc
26 Lebrija
12
21.099
54.2
26.6
Farc-EIn
*
** ** **
*
*
**
279
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de vi olencia Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
27 Málaga
22
16.022
39.3
14
Ein
28 Matanza
12
5.760
48.2
13.2
Ein
29 Mogotes
32
11.831
62.3
32.7
Farc
30 Ocamonte
32
4.807
55.3
20
Farc
31 Piedecuesta
21
47,605
39.1
13.1
Farc-EIn
32 Pte Nacional
12
14.925
66.7
27.9
Farc
33 Pto. Parra
52
5.756
74.8
47.4
Farc
*
**
34 Rionegro
12
27.403
56.8
31.7
Farc-EIn
*
**
35 Sabana de Torres
52
19.886
54.7
26.2
Farc-EIn
*
**
36 S. Andrés
31
12.708
66.1
32.9
Ein
37 San. Gil
21
31.374
29.6
7.5
38 Sta. Barbara
32
2.287
70.7
37.7
Ein
39 Sta.Helena Opion®
52
4.706
83.1
65.1
Farc
*
40 Simacota
52
9.706
77.8
53.2
Farc
*
**
41 Socorro
22
21.716
30.5
10.1
Ein
*
**
42 Suaita
32
10.754
48.5
24.7
Farc
*
43 Sucre®
31
12.086
64.2
33.8
Farc
44 Tona
31
5.463
56.8
20.8
Farc-EIn
45 Vélez®
52
16.011
52.6
18.2
Farc-EIn
46 Zapatoca
12
10.314
38.2
13.6
Farc-EIn
Municipio
P.P
T.N
F.O
**
**
*
Sucre
*
1
Sincelejo
62
135.380
51.8
33.3
Epl
2
Caimito
42
8.309
85.2
72.7
Farc-EIn
3
Coloso
42
8.951
89.7
73.3
4
Corozal
42
46.000
64.8
38
Ein
5
Chalán
42
3.747
91.1
75,1
Ein
*
6
Guaranda
41
10.277
96.9
82.1
Farc-EIn
*
7
Majagual
42
22.537
91.6
83.2
Ein
*
8
Morroa
42
8.941
77.8
54.6
Ein
280
* :&.
=M=
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de vi alenda Cod
P.Total
%NB!
% MIS.
P.G
P.P
Ovejas
42
20.655
77.4
54
Farc
*
10 Palmito
42
4.607
93.7
78.2
Ein
*
1 1 Sampués
42
19.822
79.7
55.5
Ein
*
12 San Benito
42
18.351
90.7
75.9
Farc-EIn
*
*
13 San Betulia
41
8.434
76
56.4
Ein
14 San Marcos
42
31.250
74.4
54.8
Farc-EIn
15 San Onofre
42
41,692
89.7
73.9
Eln
*
*
16 San Pedro
41
14.738
73.4
53.3
*
17 Sucre
42
19.655
95.3
50.5
+
18 Tolú
42
22.874
70.3
48.4
Ein
*
19 Toluviejo
42
14.203
84.5
61.4
Eln
*
Farc-EIn
Municipio 9
T.N
F.O
** *
*
Tolima
*
**
1
Ibagué®
62
290.795
29.2
9.7
2
Ambalema
12
7.652
41.6
8.7
3
Alpujarra
32
5.616
50
18.3
4
Alvarado
12
8.357
54
21.7
5
Ataco®
52
21.459
79.5
51.8
Farc
6
Cajamarca
12
17.310
42.1
14.9
Farc
7
Carmen de Apicalá
12
4.742
44.3
17.2
8
Coyaima
31
25.165
84.8
69.1
Farc
9
Cunday
31
14.137
64.9
36.9
Farc
10 Chaparral®
21
41.720
63.1
38.8
Farc
1 1 Dolores®
12
10.653
49.6
34.2
Farc
12 Falán
32
15.116
57
24.7
Farc
13 Fresno
22
26.295
51.7
23.5
Farc
14 Guamo
12
33.333
62.9
33.7
Farc
*
IS Honda
21
25.663
25.1
7.2
Farc
*
16 Icononzo
12
10.789
61.7
26.5
Farc
17 Lérida
12
9.402
38.5
13.9
* Farc
* *
** *
* ** *
*
281
Anexo
Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de violencia Cod
P.Total
%NBI
% MIS.
P.G
18 Líbano
21
42.481
39.4
15.3
Farc
*
19 Mariquita
22
24.051
46.7
22
Farc
*
20 Melgar
22
14.708
49.3
24.1
Farc
21 Natagaima
32
17.714
70.1
51
Farc
22 Ortega®
31
30.971
75.5
47.3
Farc
*
23 Planadas
52
15.567
74.7
44.8
Farc
*
24 Purificación
22
22.066
51.6
21.2
Farc
25 Rioblanco®
52
23.686
73.9
50.1
Farc
26 Rovira®
12
22.385
64.6
41
Farc
27 Saldaña
12
12.740
50.2
25
Farc
28 S. Antonio®
12
17.540
65.4
36.1
Farc
29 Villarrica
12
8.039
49.3
20.7
Farc
Farc
Municipio
P.P
T.N
*
F.O
** **
*
** *
Valle
**
1
Alcalá
II
12.687
49.2
19.7
2
Ansermanuevo
II
17.873
47.3
21.1
*
3
Argelia
12
8.142
38.1
9.3
*
4
Bolívar
12
16.820
49.7
20.9
Eln
5
Buenaventura
62
191.623
45.9
19.4
Farc
6
Buga
61
92.492
30.9
9.7
Farc
7
Bugalagrande
22
21.694
36.5
15.2
Farc
8
Calima®
12
10,279
33.5
13.2
9
Dagua
12
30.529
46.8
17.7
10 El Cairo
12
1 1.170
47
14.6
1 1 El Cerrito®
21
40.078
38.8
10.7
Farc
12 Florida
21
39.519
45
14.3
Farc
13 Ginebra
12
14.173
33.6
II.1
Farc
14 Jamundí
21
40.070
48.4
22
Farc
15 La Unión
22
20.377
39.4
14.6
16 La Victoria
22
14.428
35.5
282
* *
* *
**
* Farc
*
*
**
* *
* *
* *
*
**
Anexo Cuadro 2 Otros municipios con presencia de agentes organizados de violencia P.G
P.P
Cod
P.Total
% NBI
% MIS.
17 Obando
12
14.139
49.8
20.4
18 Palmira
61
212.596
31.8
10.8
Farc
19 Pradera
21
32.678
47.7
21.1
Farc
20 Restrepo®
12
12.003
41.4
11.6
21 Riofrio
12
14,743
45
15.9
22 Roldanillo®
22
29.776
33.2
9.4
23 San Pedro
12
11.325
44
13
24 Sevilla®
II
50.238
36.1
9.9
25 Tuluá
61
120.598
33
8.8
26 Ulloa
II
5.633
40.8
12.5
27 Versalles®
12
10.896
38.5
10.3
Eln
28 Yumbo
61
50.050
41
15.9
Farc
29 Zarzal
21
31.974
36.4
10.2
51
2.912
60.3
40
Farc
51
5.791
43.4
20.5
Farc
51
30.474
69.6
47.7
Farc
*
Farc
*
Municipio
T.N
F.O
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*
*
**
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Farc
*
*
*
* * ** *
*
+
Vaupés 1
Mitú
Vichada 1
Puerto Carreño
*
Guaviare 1 S.José del G.
*
**
Putumayo 1
Mocoa
12
19.154
50.3
24.4
2
Orito
51
14.865
67.2
27.3
3
Pto. Asís
SI
42.569
66.2
27.4
Farc
*
*
4
Villa Garzón
51
11.681
68.7
38.4
Farc
*
*
* **
283
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