Analisis politico No. 2

análisis político No. 2 SEP/DIC 1987 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO

ESTUDIOS La profesionalización militar en Colombia. II: el período de la Violencia EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

La violencia y el problema agrario en Colombia ALEJANDRO REYES POSADA

DEMOCRACIA Democracia y derechos humanos en Colombia ÁLVARO TIRADO MEJÍA

Presentación La universidad y los derechos humanos en Colombia GABRIEL MURILLO C.

Los derechos humanos: un reto a la educación en Colombia JAVIER SANÍN

Los derechos humanos en la actual situación colombiana FRANCISCO LEAL BUITRAGO

Declaración del encuentro académico por la democracia y los derechos en Colombia. COYUNTURA La política exterior y la administración Barco RODRIGO PARDO

Las relaciones de Europa con América: la lógica de sus respectivas actuaciones CHRISTIAN DÉSÉGLISE

La participación comunitaria: observaciones críticas sobre una política gubernamental ORLANDO FALS BORDA

Vida, pasión y muerte del Tribunal Especial de Instrucción HERNANDO VALENCIA VILLA

Qué es más fácil: militarizar a un civil o civilizar a un militar LUIS ALBERTO RESTREPO MORENO

DEBATE Guerra sucia, autodefensa, guerrillas y fuerzas armadas HORACIO SERPA URIBE

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA Sobre el constitucionalismo colombiano HERNANDO VALENCIA VILLA

RESEÑAS Orden y violencia de Daniel Pécaut GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ

El futuro de la Democracia, de Norberto Bobbio HERNANDO VALENCIA VILLA

Estado y Burocracia en Colombia, de Fernando Uricoechea WILLIAM RAMÍREZ TOBÓN

Acta general de Chile, de Miguel Littín JOSÉ LUIS RAMÍREZ

Presentación

Presentación

PRESENTACIÓN Este segundo número de ANÁLISIS POLÍTICO sale a la luz pública al final de un año en el cual la crisis política nacional parece haber tocado fondo. En efecto, mientras las llamadas catástrofes naturales, que son ante todo el resultado de la improvidencia y el mal manejo del territo rio y sus recursos naturales, continúan llevando el sufrimiento y la muerte a los sectores más pobres de la población, la escalada de violencia contra la oposición democrática y la universidad alcanza extremos insospechados. Los recientes asesinatos de Héctor Abad Gómez, exparlamentario liberal, profesor de la Universidad de Antioquia y líder del movimiento pro derechos humanos, y de Jaime Pardo Leal, exmagistrado, profesor de la Universidad Nacional y presidente del directorio de la Unión Patriótica, constituyen no solo crímenes execrables sino también pruebas irrefutables de la campaña de exterminio que se ha lanzado en contra de la organización surgida de los Acuerdos de Paz de La Uribe y del proceso de diálogo con los alzados en armas que se adelantó en la administración anterior. Estos magnicidios, particularmente el del profesor Pardo Leal en razón de su triple condición de jurista, excandidato presidencial y líder de la oposición al régimen, se suman a los casi quinientos homicidios cometidos en los últimos dos años en las personas de parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes, sindicalistas, educadores, periodistas, líderes y activistas de la izquierda democrática o de sectores independientes, y confi guran ya una verdadera "guerra sucia" que amenaza no solo las posibilidades de democratización y modernización del Estado, sino también la viabilidad misma de la sociedad colom-

biana como comunidad civilizada. Si a lo anterior se agregan realidades de tan diferente signo como las agresiones de que ha sido objeto la universidad pública en sus profesores y estudiantes, y la creación de la Coordinadora Gue rrillera "Simón Bolívar", tenemos un escenario político en acelerada descomposición y polarización, cuya característica central es quizá la ausencia de una fuerza democrática que ac túe como mediadora entre el continuismo y la rebelión armada. Mucho más si se tiene en cuenta el bajo perfil del gobierno, que aparece ostensiblemente desbordado por la crisis en la medida en que no ejerce el liderazgo esperado ni responde con eficacia a la provocación de los sectores antidemocráticos, al desprestigio y la impotencia de la justicia, y al clamor unánime de la nación amenazada y agredida. Nuestra enérgica condena de los crímenes contra la Unión Patriótica y los sectores académicos e intelectuales debe ser vista entonces, de igual modo, como un categórico repudio de las otras violencias y delincuencias que proliferan hoy en el país y que nos colocan a un paso del imperio de la intolerancia y del terror. La crisis nacional asume actualmente manifestaciones que no por conocidas resultan menos inquietantes. Vale la pena aludir brevemente a algunas de ellas. Los partidos tradicionales, muy a pesar de la gravedad de la coyuntura, se desgastan en querellas intestinas e invierten sus energías en los preparativos de las próximas elecciones municipales, con lo cual dan la espalda a las demandas de la opinión pública. Ello se traduce, a su vez, en una creciente parálisis del Congreso y de las corporaciones públicas

Presentación departamentales y municipales, que presentan un balance legislativo y administrativo muy pobre tras el segundo año de sesiones ordinarias correspondientes a la administración Barco. La justicia, por su parte, se encuentra en el ojo de huracán y no recibe los auxilios gubernamentales prometidos, ni cumple su misión de castigar los delitos y ofrecer a la sociedad colombiana procedimientos pacíficos y efectivos para solucionar los conflictos individuales y colectivos. Esta postración de tribuna les y juzgados, particularmente aguda en el área penal, recibe cada vez más atención de amplios sectores sociales que la identifican como uno de los factores centrales de la crisis. Pero el gobierno parece tener otras prioridades en materia de gasto público y reformas institucionales. Y sorprende y preocupa a muchos que mientras se proponen nuevos impuestos y empréstitos externos a fin de incrementar sus tancialmente el presupuesto de las berzas Armadas, no se planteen fórmulas para remediar, siquiera en mínima parte, las fallas estructurales de la administración de justicia. De otra parte, la estrategia oficial frente a la insur gencia armada no tiene hoy más claridad o consistencia que hace dos años, por cuanto el go bierno ha criticado el manejo de la paz por la administración anterior pero no ha presentado alternativas y, las nuevas políticas, como la rehabilitación, requieren clarificación si es que aspiran a ser eficientes. Y el manejo de la economía no consulta las aspiraciones populares y las circunstancias mismas del debate nacional. Estos y otros factores configuran una coyuntura sin precedentes, preñada de amenazas y conflictos, que tenemos el deber de comprender y superar. Porque la política no es sólo lucha por el poder o conflicto de intereses

sino también negociación de la paz y construcción de la democracia. Conviene decir dos palabras sobre la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente para reformar el estatuto fundamental del Estado y responder así a la crisis nacional. Se trata, por supuesto, de una propuesta muy atendible, que bien puede servir de factor de aproximación entre diversos actores sociales y de articulación de diferentes proyectos políticos con miras a una reestructuración de las instituciones que consulte el sentir y el querer del país. Pero no debe olvidarse que una estrategia normativa como ésta entraña dos grandes riesgos, contra los cuales debemos precavernos desde ahora: el eventual elitismo de la asamblea y el carácter minoritario o cosmético de las enmiendas que adopte. En otras palabras, únicamente una constituyente democrática, que exprese la voluntad soberana de los sectores populares y que reforme la Constitución a partir de las necesidades y aspiraciones colectivas, sería una alternativa útil en la actual coyuntura de Colombia. En este contexto de creciente deterioro de la convivencia ciudadana y de la capacidad de las instituciones y autoridades para garantizar las libertades y asegurar la paz, la tarea de una revista académica como ANÁLISIS POLÍTICO no es cosa fácil. Pues se trata de pensar un proceso político complejo y conflictivo como pocos, a fin de ofrecer algunos elementos de juicio que permitan no solo entender dicho acontecer sino además actuar sobre él y en él con sentido democrático. De esta suerte, los materiales que forman esta segunda entrega reiteran las preocupaciones centrales del equipo de investigadores del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la

Presentación Universidad Nacional, tal como se plantean en la Presentación del No. 1, y aluden a diferentes aspectos de la coyuntura política vista desde distintos ángulos. Y aunque todas las colaboraciones reflejan la pluralidad de perspectivas ideológicas y metodológicas que el Instituto desea preservar, su común denominador parece ser una definida voluntad de verdad de cara a la problemática política del país y del mundo en que nos ha correspondido vivir. En la sección de Estudios aparecen dos avances de investigaciones adelantadas en el Instituto: la segunda parte de la historia del ejército nacional, que Eduardo Pizarro Leongómez iniciara en el número anterior y que cubre esta vez el periodo de la Violencia, y un ensayo de Alejandro Reyes Posada sobre los conflictos agrarios en la Colombia contemporánea. En la sección de Democracia se recogen las ponencias presentadas en el Encuentro Académico por la Democracia y los Derechos Huma nos, realizado en Bogotá el lo. de diciembre de 1987. Presenta así mismo las conclusiones del evento. Por su parte, la sección de Coyuntura, como corresponde al sobresaltado período que atraviesa el país, se ha enriquecido considerablemente respecto de la edición precedente. Se incluyen aquí cinco contribuciones al esclarecimiento del momento político nacional e internacional, a saber: un examen de la política exterior del actua l gobierno, a cargo del politólo go Rodrigo Pardo García-Peña, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes; una revisión de las relaciones entre América Latina y Europa Occidental, escrita desde la óptica francesa por Christian Déséglise, un joven internacionalista vinculado al Ins-

tituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Cancillería colombiana; un artículo de Orlando Fals Borda, investigador del Instituto, sobre la participación comunitaria frente a las políticas gubernamentales; un informe de relatoría, preparado por Luis Alberto Restrepo, sobre un reciente foro acerca de la situación nacional auspiciado por los militares retirados; y un análisis del fallido Tribunal Especial de Instrucción por Hernando Valencia Villa, investigador del Instituto. El Debate de este No. 2 reúne a dos parlamentarios que se han distinguido por su postura crítica e independiente: Iván Marulanda Gómez, senador por el Nuevo liberalismo antioqueño, y Horacio Serpa Uribe, senador santandereano del ala progresista del liberalismo, quienes responden a las preguntas del Comité Editorial de ANÁLISIS POLÍTICO con planteamientos de indudable interés. En las Noticias del Instituto se encontrará información sobre las actividades del equipo y de sus miembros durante los últimos meses, en lo que constituye un gran esfuerzo por abrir un espacio de reflexión y diálogo en torno a los problemas de la política y las relaciones internacionales en la universidad pública colombiana. En este empeño, debemos reconocer el decidido apoyo de la Rectoría de la Universidad, así como del Comité Directivo del Instituto, que preside la vicerrectora académica e integran los decanos de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y Derecho. Sin el respaldo de todos ellos, nuestro primer año de labores académicas no arrojaría el positivo balance que hoy puede hacerse. La Bibliografía Temática, elaborada por Hernando Valencia Villa, ofrece una lista

Presentación de más de ciento cincuenta títulos acerca de la Constitución y el constitucio nalismo entre nosotros. En la sección de Reseñas, por fin, se presentan dos informes de lectura sobre El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, y Estado y burocracia en Colombia, de Fernando Uricoechea, preparados por Hernando Valencia Villa y William Ramírez Tobón, respectivamente, además de un comentario de Acta General de Chile, la película de Miguel Littín sobre el Chile de Pinochet, a cargo de José Luis Ramírez León. Se incluye igualmente una presentación de Orden y Violencia : Colombia 1930 1954, el importante texto del sociólogo francés Daniel Pécaut, por Gonzalo Sánchez Gómez, investigador del Instituto. Esta nueva entrega de ANÁLISIS POLÍTICO entra en circulación con algunas modificacio nes de diseño y está ilustrada por una serie de grabados del pintor colombiano Carlos Granada. La parte gráfica de nuestra publicación resulta de señalada importancia para el equipo editorial como que aspiramos a ofrecer materiales de calidad con la mejor presentación po sible. De ahí que el No. 1 contara con los agua fuertes del maestro Augusto Rendón y que el No. 2 incluya los trabajos, especialmente preparados para esta edición, de otro distinguido artista nacional, también profesor de nuestra universidad.

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La profesionalización militar en Colombia…

LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR EN COLOMBIA (II): EL PERIODO DE LA VIOLENCIA Eduardo Pizarro Leongómez* El año de 1948 marca un punto de ruptura tanto en la vida nacional, como en la evolució n de las instituciones militares. A partir de ese año, las fuerzas militares se fueron constituyendo en un actor político, con el cual debe contar todo gobierno dada su capacidad de incidir en la elaboración de las decisiones estatales, particularmente en aquellas relacionadas con el orden público interno. La crisis del sistema político colombiano, simbolizada en el asesinato de Gaitán, el "bogotazo" subsiguiente y la extensión de la violencia a gran parte del territorio nacional, conllevará el fin del extrañamiento de la institución castrense del poder, mediante su integración definitiva al Consejo de Ministros y a otros órganos del Estado tradicionalmente ocupados por personal civil. Tres hechos van a influir decididamente en el proceso de consolidación de la institución militar como actor político: la violencia política crónica, que va a sobredimensionar el carácter estratégico del orden público interno, la participación del Batallón Colombia en Corea y los gobiernos cívico-militares de 1953 a 1958.

En relación con el primer factor, es indudable que la guerra civil no declarada que ha vivido el país desde mediados de los años 40, necesariamente lanza a la institución militar a un protagonismo de

primer plano. Una institución que abandona sus funciones constitucionales de la defensa nacional y se ve involucrada, en forma permanente, en los conflictos internos de un Estado, termina por constituirse en uno de los actores centrales del juego político. Los primeros núcleos de resistencia armada a la violencia conservadora surgen en 1949, mediante la emergencia de grupos guerrilleros estimulados por el partido liberal y por el partido comunista. Por esta razón, y con mucha antelación con relación al resto del continente, las fuerzas militares se verán lentamente involucradas en la lucha contraguerrillera, creándose, cuatro años antes de la revolución cubana, la primera escuela de comandos de América Latina (Tolemaida, 1955). De esta manera, a pesar de su participación en la guerra convencional de Corea, el ejército sufrirá un vuelco temprano en su formación para convertirse a principios de la década siguiente en un ejército totalmente inmerso en la contrainsurgencia. Este carácter se verá reforzado con el nacimiento de los modernos movimientos guerrilleros bajo el impacto de la revolución cubana.

*

Sociólogo, investigador del Instituto. La primera parte de este ensayo apareció en el primer número de la revista y contó con la colaboración de César Torres del Río.

Un segundo factor, la guerra de Corea, marca, sin lugar a duda, un momento clave en la evo lución de la institución

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militar, como lo ha resaltado el general Álvaro Valencia Tovar: "Fue una fuente de experiencias extraordinarias (...) que divide en dos eras la historia moderna (del ejército): la anterior a Corea y la posterior a esta experiencia, cuando el ejército se modernizó, aprendió a luchar dentro de conceptos modernos"1 . El impacto será decisivo y duradero, en la medida en que las fuerzas militares se hallaban en esos momentos involucrados en la violencia interna, con una politización de connotaciones partidistas. El arribo de los oficiales "coreanos" a altos puestos de mando en los años sesenta, sólidamente sensibilizados en los postulados de la "guerra fría", facilitará la superación de la "adscripción partidista" en aras de una "adscripción anticomunista", o sea, determinará la configuración del moderno perfil que tomarán las fuerzas armadas en las últimas décadas 2 .

gobiernos militares será objeto de un ensayo posterior. En este trabajo nos hemos limitado al proceso vivido por el ejército y la policía durante el período de la Violencia.

Finalmente, consideramos como un tercer factor el acceso de los militares al poder en 1953, por primera vez en este siglo. Si las fuerzas armadas resultaron muy maltrechas en su prestigio por esta experiencia, la institución salió fortalecida en cuanto factor de poder. El estudio de las fuerzas militares en los 1

"Entrevista con Álvaro Valencia Tovar", en Revista de Historia, No. 5, V. I, Bogotá, p. 5. 2 Francisco Leal, Estado y política en Colombia, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores y CEREC, 1984, p. 208. El Frente Nacional logrará la homogenización de las Fuerzas Armadas me diante una "politización anticomunista", con la cual se supera el proceso de fraccionamiento debido a la "politización partidista" anterior a 1958. La dependencia de los organismos militares a los gobiernos compartidos, será la base de su abandono de la adscripción partidista como factor de alinderamiento ideológico. En adelante, las corrientes militares estarán determinadas por las distintas visiones del papel de las fuerzas militares en el discurrir de la vida nacional.

El torbellino de la Violencia En las elecciones del 5 de mayo de 1946 se depositaron 565.894 votos por Ospina, 437.089 por Turbay y 363.849 por Gaitán. La división liberal permitió a los conservadores retornar al poder con el 42 por ciento de los sufragios, al igual que otra división en 1930 del partido de gobierno había permitido el acceso a la presidencia de Olaya Herrera siendo una minoría electoral. Las dos altercaciones partidistas en el gobierno, en la primera mitad de este siglo tras largos periodos de hegemonía unipartidista, generaron tensiones políticas que se desbordaron en hechos violentos. Si el sentimiento nacionalista que despertó la guerra con el Perú permitió en 1932 superar el conflicto interno, en 1946 la hecatombe nacional no tuvo ningún dique de contención. Ninguna institución estuvo a salvo de esta guerra civil no declarada, que arrasó en su furia a las instituciones arma das del Estado. El ejército pudo soportar las presiones durante un tiempo mayor que la policía, gracias al proceso de profesionalización vivido en las décadas anteriores. Por el contrario, la organización policial sucumbió casi de inmediato debido a un proceso formativo más deficiente. El gobierno de Ospina se comprometió, desde su discurso de posesión, a continuar la experiencia de la Unión Nacional iniciada el año anterior durante el breve mandato de Alberto Lleras, llamando a seis liberales a participar en el gabinete ministerial:

Estudios Un partido de gobierno, y especialmente el de un grupo, invariablemente es movido y actúa con (...) el criterio de servir solamente intereses partidistas (...) Es posible servir a dos señores al mismo tiempo: la nación y el partido (...) En la historia de Colombia tene mos ejemplos elocuentes de lo que representa un gobierno de carácter nacional. En mi administración no habrá represalias políticas (...) nadie será excluido de los cargos públicos por motivos de partido; garantizo fielmente a todos el ejercicio de sus derechos naturales y civiles y me propongo (...) velar porque las libertades públicas sean respetadas3 . Sensible a los acuerdos políticos con las élites bipartidistas moderadas, Ospina era poco receptivo a las demandas sociales en momentos en que las secuelas de la guerra mundial golpeaban a los sectores populares. La política antisindical iniciada por Lleras Camargo y destinada a desmontar las organizaciones obreras y las conquistas arrancadas durante la República Liberal, agitó las tensiones sociales en este período. El gaitanismo, como corriente populista, condensará el conjunto de contradiccio nes que atravesaban a la sociedad colombiana en este período y en su enfrentamiento con el otro polo simbolizado en Laureano Gómez, expresan la extrema polarización que alcanzó el país. El remolino de la violencia partidista que se desata en las áreas rurales, encuentra un eco inmediato en la policía. Para los autores del libro La Violencia en Colombia, uno de los elementos estructurales de ese fenómeno lo cons3

John D. Martz, Colombia. Un estudio de política contemporánea, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 69.

La profesionalización militar en Colombia… tituyó la quiebra de las instituciones fundamentales de la sociedad, incluida la institución policial. Este agrietamiento de la policía era apenas un reflejo de las profundas contradicciones que agitaban a la sociedad en su conjunto, y que irían a tener como catalizador el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El tradicional funcionamiento clientelista utilizado para reclutar a los miembros de la policía y ante todo su alta politización partidista durante la República Liberal le creó un clima propicio al conservatismo para organizar, a su vez y desde el poder, una "policía política", que comenzaría a actuar como una suerte de brazo ejecutivo del partido de gobierno, en particular en sus niveles intermedios y bajos. Siguiendo la tradición de la República Liberal, los ministros de Guerra del gobierno de Ospina Pérez fueron todos civiles en sus inicios. Es más, en el marco del primer gobierno de Unión Nacional de su mandato. esta cartera será ocupada por miembros del partido liberal: Luis Tamayo. Carlos Sanz de Santamaría y Fabio Lozano y Lozano. Es evidente que la socialización civilista que habían recibido las fuerzas armadas a lo largo de cuatro décadas de profe sionalización, influyó en su neutralidad frente al conflicto que arrasaba al país en estos prime ros años. El predominio de ministros de extracción liberal en la cartera de Guerra incidió igualmente en ese hecho. La policía, que no dependía en aquella época del Ministerio de Guerra sino del Ministerio de Gobierno, sí sufrió un temprano proceso de conservatización, debido al clima de extrema polarización política, en especial en ciertos departamentos y en las zonas rurales. Manuel Barrera Parra, Roberto Urdaneta Arbeláez, José Antonio Montalvo y Eduardo Zuleta Ángel se sucedieron en la

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cartera política antes del 9 de abril y de una u otra forma, de acuerdo con las denuncias que formulaba sistemáticamente la prensa liberal, se vieron comprometidos en el desplome de esta institución por acción u omisión. Más que la policía nacional serán otros escalones de esta organización los que se verán depurados y engrosados de elementos sectarios que alimentarán la violencia. A pesar de las leyes que nacionalizaban a la policía dictadas en los años de 1935 y 1936, este proceso no había culminado cuando se inicia la Violencia, lo cual va a contribuir a su rápida descomposición. "Los hechos evidencian extremos increíbles ocasionados por defectos intrínsecos de la organización policiva, que se distribuye en varios grupos inconexos bajo el mando y responsabilidad de los mandatarios seccionales"4 . La dislocada organización de la Policía era la siguiente:

respectivos "feudos podridos". En una entrevista, el general Rojas Pinilla advierte que "en ese entonces, la Policía no dependía del ministro de Guerra; la policía recibía órdenes del ministro de Gobierno, y en los departamentos, de los gobernadores, y en los municipios, de los alcaldes. De ahí que se hubiera formado la policía política. La "popol", los "chulavitas", muy bien organizados por el doctor José María Villarreal"5 .

l. Policía Nacional 2.Quince grupos de Policía Departamental 3. Policía de Rentas 4. Gendarmes Municipales 5. Policía Rural 6. Policía de Seguridad (Detectivismo, Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC). Si en el nivel de la Policía Nacional la conservatización no alcanzó un grado significativo, como se evidenció el 9 de abril, en el resto de los escalones la politización partidista fue enorme, gracias a la incidencia de los gamonales regio nales quienes comenzaron a utilizarla como instrumento de conservatización forzada y de dominio político en sus 4

Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña, La Violencia en Colombia, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, T. I, 1977, p. 256.

Ahora bien, las poblaciones que sufren el asedio de las bandas parapoliciales conservadoras claman la presencia del Ejército, quien es percibido como neutral en estos años. Lo cual le crea serios interrogantes: "¿Permanecer al margen del conflicto? ¿Obedecer ciegamente las órdenes de las autoridades civiles? ¿Comprometerse directamente a favor de una de las facciones en conflicto? La politización era ine vitable"6. A fines de 1946, 202 militares servían como alcaldes en virtud del estado de excepción, incluyendo a oficiales y suboficiales de la policía: Antioquia, 18; Bolívar, 23; Boyacá, 46; Cauca, 8; Cundinamarca, 18; Huila, 11; Ma gdalena, 8; Nariño, 19; Norte de Santander, 13; Santander, 18; Tolima, 10; y Valle, 8. Esta irrupción del militarismo como actor político en la escena nacional, se acompañará lentamente de una repolitización en términos partidistas, en detrimento del proceso de distanciamiento que habían vivido frente a los

5

"Las guerrillas en el Llano y otras cosas más...". (Ultima entrevista con Gustavo Rojas Pinilla), en Revista de Historia, No. 1, V. I, Bogotá, 1975, p. 7. 6 Russell Ramsey, Guerrilleros y soldados, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1981, p. 118.

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partidos a lo largo de las décadas anteriores7 . Aun cuando Leal Buitrago sobrevaloró en su trabajo pionero sobre la institución militar su grado de despolitizació n partidista, es evidente que se había logrado avanzar bastante. Esta "hibernación" es válida en especial para los años iniciales, pero las inclinaciones hacia una repolitización se vivirán bajo López Pumarejo, quien con su actitud hostil hacia la instituc ión militar, produjo un clima desfavorable en el ejército que redujo la lealtad y llevó a muchos oficiales a desbordar las normas constituciona les que exigían su total dependencia con rela ción al poder civil. Los múltiples complots en ese período así lo ilustran. Pero la violencia no solo polarizó al conjunto de la sociedad, sino que terminó arrasando a las propias fuerzas armadas, en forma tardía pero irremediable. Ya en 1951 la guerrilla no hará distinciones entre la policía y el ejército.

anormal, y paradójico, lo que ahora está pasando. El ejército tiene que intervenir para restablecer el orden que turba la policía, y la policía trata de sustituir al ejército sus funciones naturales"8 .

En un editorial del diario El Tiempo hallamos un claro testimonio de la diferenciación que se establece en el comportamiento del ejército en relación con el de la policía. El 6 de agosto de 1947 el editorialista se refiere a una serie de asesinatos políticos que conmovieron a la ciudadanía de Tunja, en los cuales apareció claramente involucrada la policía de este departa mento. "(...) es 7

(...) la definición hereditaria partidista, sin que quedara destruida, permaneció subyacente, dominada por la disciplina, el "espíritu de cuerpo" y la ausencia de discusión de temas políticos en razón a la ilegalidad que implicaba la deliberación política. Así, el servicio activo regular de los militares permitió la "hibernación" de la inseparable nominación hereditaria partidista, gracias a la mis ma fuerza correlativa de socialización legalista y a la fuerte resocialización disciplinaria prusiana". Francisco Leal, Op. cit., p. 182.

Las elecciones de marzo de 1947, las primeras que se celebraban desde el triunfo de Ospina el año anterior, revestían una enorme importancia como termómetro político en cuanto ponían a prueba la eficacia de la utilización de la vio lencia como arma electo ral y, por tanto, permi tían vislumbrar el comportamiento de la masa votante en el futuro. Estas elecciones cambia ron el patrón del comportamiento electoral de las últimas dos décadas en dos sentidos: de una parte, la extrema polarización política aumentó la participación en los comicios. Los liberales aumentaron su número de votos en un 50 % con respecto a 1945 (de 551.224 a 805.874) y los conservadores en un 100% (de 294.237 a 653.716). Y aunque gracias a los 150 mil votos de diferencia lograron mantener sus mayorías en el Congreso, la superioridad liberal pasó de 33 a solo 15 parlamentarios. La eficacia del terror se había comprobado y esto sería estímulo 8

El Tiempo, 8 de agosto de 1947. Es interesante constatar los llamados permanentes del órgano gaitanista Jornada y del propio Gaitán a dar un respaldo decidido a las fuerzas militares, como el único sector capaz de garantizar la paz. En su mensaje al directorio liberal de Norte de Santander presidido por Virgilio Barco, con ocasión del nombramiento del general Matamoros como gobernador, dice: "El triunfo del ejército en su ardua labor de concordia, de paz y de progreso, debe ser considerado por el pueblo como su propio triunfo. Su fra caso sería la pérdida de la mejor esperanza de rectitud que tenemos". El Espectador, 21 de enero de 1948. Después de la muerte de Gaitán, Jornada comenza rá a demandar insistentemente una intervención militar para contener la Violen cia y, más tarde, muchos de sus cuadros se ligarán a Rojas Pinilla, como fue el caso de Antonio García.

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para continuar utilizándolo en el futuro. Pero antes se intentó un gran acuerdo nacio nal, cuyo fracaso aceleró el desenlace. En efecto, el 29 de agosto de 1947, tras una semana previa de entrevistas entre el ministro de Gobierno, Roberto Urdaneta Arbeláez, y los jefes del partido liberal, Jorge Eliécer Gaitán, y del partido conservador, Laureano Gómez, se llegó a un Acuerdo Patriótico entre ambas fuerzas para contener el desarrollo de la violencia en el país. Sin embargo, en el texto del acuerdo se da cabida a las dos interpretaciones que sobre la realidad política nacional sustentaban ambos partidos, lo cual daba al traste con cualquier opción al producir como resultado un diálogo de sordos. De una parte, la lucha contra la violencia oficial que desvelaba al partido libe ral y, de otra, la lucha contra el fraude electoral que preocupaba a los conser vadores. Ambos jefes de partido sustentarán sus respectivos puntos de vista ante sus auditorios públicos y representaciones parlamentarias; el debate que había comenzado por la desmedida politización de la policía, se desplaza y se centra, para el liberalismo en el cumplimiento sin condiciones del pacto político, mientras que para el conservatismo se trata de obtener una refor ma electoral previa a la refrendación del acuer do firmado. El efecto práctico del acuerdo fue, por tanto, nulo. Entonces, el diario gaitanista Jornada comenzó a agitar la idea de aprovechar las mayorías liberales en el Congreso para contener la represión oficial. En su editorial del 28 de agosto de 1947 pedía la destitución de los gobernadores de Boyacá y Santander, así como de otros mandatarios seccionales, y la del director de la Policía:

Este es un clamor general que no puede acogerse a las formalidades del papel sellado, sino que se expresa en el colectivo grito del ultimátum. ¿Lanzar al país a la guerra civil? (...) ¿Para que el pueblo siga poniendo los muertos? ... No, y mil veces no. Las mayo rías parlamentarias cuentan con la mejor de las armas para obligar al gobierno al cumplimiento de sus promesas. Si el Partido Conservador intenta inundar en sangre con el único objeto de ganar las elecciones y perpetuarse en el poder por el atropello y la violencia, son posibles reformas necesarias en la Constitución y en las leyes para que sea el Parlamento el árbitro supremo de los destinos de la República. Esta última intervención de las mayorías del Congreso que solo sabría impedirse por la repetición de un 18 Brumario en Bogotá, es la esperanza del pueblo y lo que nosotros llamamos defensa constitucional de la vida 9 . La táctica del terror intentó ser contenida mediante múltiples mecanismos de resistencia civil, tales como las manifestaciones públicas, los debates parlamentarios, las denuncias internacionales y los enjuiciamientos de la prensa al gobierno conservador. El fracaso de esta modalidad de resistencia pacífica abrirá el terreno para el desarrollo de la oposición arma da; y con ello la generalización de la guerra. La comprobada imparcialidad del ejército, tanto en las elecciones de 1946 como en los años siguientes, no fue 9

Jornada, 28 de agosto de 1947. Esta táctica parlamentaria, que previsiblemente conduciría a un golpe de Estado presidencial, no se materializó en esos días y solo en noviembre de 1949 logró ponerse en marcha llevando, en efecto, al Brumario ospinista que hundió al país definitivamente en el abismo.

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suficiente para contener la violencia política en las distintas regiones, debido no solo a sus limitados recursos humanos y presupuestales sino, ante todo, debido a su dependencia de autoridades sectarias que impedían su eficaz mediación.

las personas... en cuanto ellas puedan encaminarse a la consumación de actos ilícitos"10. Tanto el diario El Tiempo en su editorial del día siguiente, como el periódico gaitanista, Jornada, saludaron esta decisión del ministro de Gobierno como una rectificación necesaria ante los excesos que venía cometiendo la policía política.

La policía política En mayo de 1947 se iniciaría un debate nacio nal en torno a la "conservatización" de la policía, es decir, alrededor de su utilización como arma política contra el liberalismo y las fuerzas de oposición, tanto políticas como sindicales. El recuento de este largo y dispendioso debate es, probablemente, la mejor radiografía de los forcejeos sufridos en este período por las instituciones armadas a manos de los partidos, en orden a comprometerlos en la confrontación partidista. Por ello, nos vamos a detener con algún detalle en este episodio. Las actividades de un sector de la policía estaban alcanzando niveles tan inusitados de persecución y represión que, ante las presiones de distintos sectores sociales y políticos, el minis tro de Gobierno se vio en la necesidad de dirigir una nota al director general de la Policía, general Delfín Torres Durán, en la que solicitaba la supresión de una resolución de la Prefectura Nacional de Seguridad que creaba grupos sociales de vigilancia. En esta resolución (No. 2 de marzo de 1947) se creaban dos secciones especiales del detectivismo, la una llamada - grupo de control de sindicatos" y la otra denominada "grupo de control de actividades políticas", que llevaron al ministro a considerar que no había "razón que justifique la mención especial para algunos organismos ni para determinada clase de actividades ciudadanas, sino que la vigilancia de las autoridades de la policía debe extenderse por igual a todas

Pocos días más tarde, la Dirección de la Policía expidió otra resolución que si bien modificaba la anterior causó, sin embargo, nuevos sobresaltos en la opinión pública liberal. Esta decía en sus apartes pertinentes: "suprímense los grupos de sindicatos y actividades políticas (...) y créase en su lugar uno que se denominará Vigilancia Preventiva (que) tendrá a su cargo prevenir todos aquellos actos que se encaminan a preparar hechos delictuosos o subversivos"11 . Esta resolución condujo al diario gaitanista, Jornada, a formularle al director de la Policía veinte preguntas sobre el funcionamiento de la institución, las cuales resumen bien los términos de la polémica en que se debatía el país. El clima político y social iba día a día aumentando de temperatura y las presiones del partido liberal condujeron a que se nombraran dos comisiones encargadas de investigar las actua ciones de los ministros de Gobierno y Justicia. En la Cámara de Representantes la mayoría liberal, mediante una constancia presentada por el parlamentario Hernando Restrepo Botero, censuró las actividades del director de la Policía; y el senador Joaquín Tiberio Galvis, además de retarlo a duelo, publicó los nombres de varios detectives recién nombrados contra quienes cursaban procesos judiciales por 10 11

El Tiempo, julio 2 de 1947. Jornada, julio 10 de 1947.

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delitos y contravenciones. El resultado no se hizo esperar. El Prefecto Nacional de Seguridad, Hernán Quiñones Olarte, así como cien detectives, se vieron obligados a presentar renuncia de sus cargos.

integrantes de los abusos de autoridad que pudiesen cometer sus directores 13 .

A pesar de estos esfuerzos tendientes a neutralizar a la policía y a los servicios de inteli gencia, de hecho cada día que transcurría se agudizaba la persecución política que los comprometía como actores centrales. En el Sena do, Plinio Mendoza Neira inició un debate a propósito de la persecución con saña que se realizaba en su departamento, Boyacá. Afirma ba que el gobernador Rivera Valderrama había aumentado el pie de fuerza de la policía de 200 a 400 unidades, con la sola preocupación “de complacer a los jefes conservadores, causa principal de los hechos sangrientos registrados en el departamento”. Además, señalaba que los nuevos policías ejercían sus funciones sin haber sido nombrados todavía en propiedad: “sujetos recomendados por curas párrocos o jefes conservadores, con documentaciones falsificadas (...). El cuerpo de policía de Boyacá está compuesto de los peores elementos del conservatismo. De expresidiarios, de prófugos y de bandidos”, agregando que en solo dos juzgados de Santa Rosa existían 32 expedientes contra policías en ejercicio 12 . El objetivo era, según Mendoza Neira, copar los registros electorales del departamento en beneficio del partido de gobierno. En medio de estos debates, la prensa informó que las mayorías liberales iban a presentar a la Cámara un proyecto de Ley mediante el cual se daba a la policía nacional una organización definitiva y se buscaba tecnificar el servicio, alejarlo de las luchas políticas y proteger a sus

En el mes de octubre se produjo una matanza en Moniquirá, con un saldo de cinco muertos, que lle vó al representante a la Cámara, Arturo García Ulloa, a expresar que —no nos queda más remedio que formar filas para combatir contra el ejército de malhechores que siembran el pánico en todo el país, aunque su general en jefe esté en el propio Ministerio de Gobierno"14. Como contrapartida, en el Senado, Gilberto Alzate Avendaño respondió a estos cargos contra su partido: "Yo puedo decir ahora que mañana cuando se trate de buscar a los autores intelectuales de los crímenes, de las matanzas y de los atropellos, no tengo que ir muy lejos para mostrárselos al gobierno, a los investigadores: los autores intelectuales están en este recinto"15 . En este ambiente de extrema polarización, la Cámara aprobó una nue va resolución de censura por la persecución conservadora por 58 votos a favor y 28 en contra. A pesar de la evidencia de las denuncias contra la violencia oficial, el partido conservador y en particular el diario El Siglo, negaban su validez. Para este diario, todo se reducía al ignominioso pasado de 16 años de régimen liberal y al intento de ese partido por perpetrar un monstruoso fraude electoral para las elecciones del 5 de octubre de 1947, que debían renovar los cuerpos colegiados. De esta manera, en una clásica maniobra para eludir un debate comprometedor, Laureano Gómez comenzó a agitar entonces la idea del millón y medio de cédulas falsas en poder del liberalismo. 13

Cf. Jornada, agosto 14 de 1947. Jornada, agosto 27 de 1947. 15 ídem 14

12

Jornada, agosto 1 de 1947.

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Esa era la raíz de la violencia que afectaba a múltiples regiones, según su sentir. El estilo de El Siglo era inconfundible: mezclar unas cosas con otras, tergiversar o simplemente ocultar los hechos.

agregado comercial de los Estados Unidos había informado que ante la imposibilidad de entregar de inmediato los referidos artículos, "en la zona del Canal de Panamá existían algunos de los referidos elementos, los cuales podrían facilitarse en préstamo al gobierno..." y que, por lo tanto, así los había recibido la administración Ospina.

En una actitud de abierto desafío al partido liberal, el conservatismo rindió un imponente homenaje al general Delfín Torres Durán, al cual asistieron los ministros de Gobierno, Obras y Correos y Telégrafos, el secretario de la Cámara y el Senado, y personalidades como Gilberto Alzate Avendaño, Lucio Pabón Núñez, Francisco Plata Bermúdez y los coroneles Manuel Sicard y José del C. Prieto 16 . Nuevas denuncias agitarán aún más la controversia. El 13 de septiembre de 1947, Gaitán reveló en el Senado que el gobierno había importado clandestinamente en aviones estadounidenses armas de la Zona del Canal de Pana má, y que las había almacenado en el parque militar de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, violando normas legales que prohibían su importación por organismos distintos al Ministerio de Guerra. Denunció, además, que la totalidad de las armas habían sido entregadas más tarde a la policía, sin que el Estado Mayor del ejército tuviese información al respecto. Finalmente, con documentos incontrovertibles denunció la importación ilegal de un cargamento de gases por un valor de $465.000, que recibió el agregado militar de la embajada de los Estados Unidos.

El diario capitalino El Espectador resume el sentimiento liberal en las siguientes palabras: Por muchos aspectos puede considerarse la denuncia (...) pero hay uno que se impone y resalta hasta convertirse en el fundamental: un gobierno extranjero, y que se dice amigo del pueblo colombiano, ha introducido armas al país. Lo mismo que fueran para una agencia del Estado podrían esas armas haber sido traídas para armar a enemigos de ese régimen. Y en ambos es o sería un acto inamistoso y representaría una intervención inaceptable en la vida interna de una nación libre, cuya independencia no está en el mercado ni puede variar según lo aconsejan los aza res de la situación internacional o el capricho de los hombres que pretenden forjarla no siquiera a imagen y semejanza sino a las de los intereses que los dirigen y gobiernan17 .

El gobierno respondió públicamente con un comunicado en el que afirma que el pedido de gases se venía tramitando desde la anterior administración; que el

Las mayorías liberales en el Congreso aprobaron la creación de una comisión investigadora compuesta por cinco miembros (César Ordóñez Quintero, Juan B. Barrios, Jorge Uribe Márquez, Joaquín Estrada Monsalve y Elíseo Arango), pero los dos últimos, de filiación conservadora, no aceptaron. Tanto el gobierno como el partido conservador resintieron esta comisión investigadora

16

17

El Siglo, agosto 31 de 1947.

El Espectador, septiembre 13 de 1947.

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como una pistola en la sien. Los representantes de este partido arma ron un escándalo de enormes proporciones en la Cámara. Estrada Monsalve calificó a la comisión como "matrera, que quiere designarse para asumir funciones de Presidente de la República". Por su parte, Augusto Ramírez Moreno, concluida la sesión y totalmente descompuesto, se paró encima del escritorio del presidente de la Cámara destruyendo todo lo que había en éste: "El Congreso se ha envilecido (...) este es un Congreso indigno. La actitud descompuesta de un presidente que deshonra a la Cámara, la pisoteo yo con la fuerza de un varón, con la fuerza de mi virilidad"18 . El presidente Mariano Ospina Pérez a su vez, en un discurso pronunciado al día siguiente, consideró que el objetivo de la comisión investigadora era una simple maniobra para destituirlo del cargo.

la Policía quedara en manos de un Consejo Técnico, cuyos miembros serían ante todo liberales debido a la forma como serían designados; en segundo término, se convertía la policía en un cuerpo cívico sin armas, pues su porte les quedaba prohibido; con ello, según este dirigente conservador, el gobierno quedaba sin instrumentos coercitivos. Y en tercer término, se buscaba supuestamente anarquizar a la policía al concederles a sus miembros un privilegio de veto sobre las órdenes de sus inmediatos superiores 19 .

En este caldeado ambiente el partido liberal presentó en el Congreso un proyecto de reorganización de la Policía Nacional que const aba de dos partes y 282 artículos, que resumía sus posiciones en relación con esta institución. La discusión se abordó en medio de nuevos hechos: un nuevo ministro de Gobierno encarga do, José Antonio Montalvo, quien seguía en propiedad como ministro de Justicia, y la muerte del polémico director general de la Policía, Delfín Torres Durán, acaecida el 4 de octubre, un día antes de las elecciones que ratificaron las mayorías liberales. La discusión comenzó en la Comisión Primera de la Cámara, con asistencia del nuevo ministro. El representante Estrada Monsalve consideró que el proyecto tenía tendencias de índole partidista, ya que se preveía en su artículo que la dirección de 18

Jornada, septiembre 18 de 1947.

Por su parte, el ministro Montalvo, ratificando las palabras del parlamentario conservador, afirmó que era evidente el deseo de imponer una "liberalización" de la policía, que se pretendía dejar al gobierno sin instrumentos para imponer el orden y que si quería aprobar el proyecto gracias a las mayorías numéricas del liberalismo, el gobierno asumiría ante este "reto" una actitud correspondiente y, por tanto, que las consecuencias políticas se harían sentir. A lo cual respondió el representante liberal y presidente de la Cámara, César Ordóñez Quintero, que la comisión no pensaba suspender sus labores ante la amenaza oficial, frente a sus insinuaciones de que la respuesta por las "vías de hecho" inducirían al rompimiento de la política de Unión Nacional o la limitación de los fueros del Parlamento por la fuerza 20.

19

Jornada, octubre 30 de 1947. El Siglo resumió las posiciones conservadoras al calificar el proyecto como un "tutifruti" que tiene "el oculto designio de desposeer al presidente de la República (...) de los instrumentos legales y materiales con qué caracterizar la estabilidad de las instituciones, el orden interno y la prevención de hechos violatorios del derecho ajeno (...). Es el acto más impúdico de sectarismo" (octubre 31 de 1947). 20

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Fue a consecuencia de este debate que se produjo el polémico discurso del ministro José Antonio Montalvo en el Senado el 6 de noviembre de 1947. En la sesión del Congreso ese día manifestó que el gobierno aceptaba el "reto" de la oposición, pues no otra cosa podía significar semejante proyecto; explicó que sus palabras no significaban una amenaza de hecho, pues como el reto era de carácter político, las consecuencias lo serían también; aseveró que constituía un atentado contra la seguridad del país, lo cual anunciaba la ruptura de la Unión Nacional; después enfatizó que el proyecto no pasaría, pues si eso ocurriera sería la unión entre el edificio y la bomba de dinamita que habría de destruirlo; que como el liberalismo no había podido cercar al gobierno con el debate de los gases, pretendía hacerlo ahora con el proyecto; que ante la muerte del general Torres Durán, a quien el proyecto había buscado aniquilar, se había convertido en un "proyecto -hiena" porque quería comerse el cadáver, y finalmente aseguró que "el gobierno defiende a sangre y fuego la organización de la policía nacional. El presidente no se deja amarrar, ni nosotros lo dejaremos amarrar", como pretende la "conspiración parlamentaria"21 .

ciudades vecinas, salvaron al gobierno conservador del levanta miento espontáneo del 9 de abril. El ejército que había sufrido con el menosprecio en que se le mantuvo a lo largo de la República Liberal, se sintió atraído con la administración conservadora dado el nuevo trato que recibía, no solo en términos presupuestales sino en tanto que se reconocía su importancia institucional. De "mal necesario" en el pensamiento de López Pumarejo, a órgano de apoyo indispensable del poder político en Ospina Pérez, la lealtad del ejército fue una rápida adquisición del gobierno conservador.

Las amenazas preferidas por el conservatismo tuvieron una gran eficacia pues el proyecto de reorganización de la policía impulsado por el partido liberal no encontró vías expeditas para su aprobación y fue retirado. El 9 de abril y sus consecuencias Ante la defección de la policía en Bogotá, las fuerzas militares acantonadas en la capital y los refuerzos llegados de

En varias estaciones de policía en Bogotá, tales como la tercera, la cuarta y la octava, todas tres situadas en el centro de la capital, se entrega ron armas a los enardecidos manifestantes. Y en la estación quinta, que normalmente contenía 500, se reunieron más del doble en espera de órdenes de la Dirección Nacional Liberal para actuar. Finalmente fueron dispersados al negarse a atender un juramento de la lealtad al gobierno elaborado por el recién nombrado director de la Policía, coronel Régulo Gaitán, el día 11 de abril, en presencia del dirigente liberal y nuevo ministro de Gobierno, Darío Echandía 22 . El vacío de la policía fue, pues, colmado por los limitados contingentes de las fuerzas armadas quienes lograron éxito debido a la descoordinación del levantamiento popular. En otras grandes ciudades e incluso en pobla ciones medianas, la policía no solo colaboró con la insurrección, sino que en

22 21

Jornada, noviembre 7 de 1947, (el subrayado es mío).

Medófilo Medina, la protesta urbana en Colombia en El Siglo veinte, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 71.

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muchos casos la lideró23 . Es indudable que el cuerpo de poli cía era el más politizado de los órganos armados del Estado. Por el contrario, el ejército había asimilado más hondamente los principios liberales del Estado, que asignan a la institución militar un papel subordinado y no deliberante frente al gobierno civil. La profesionalización militar de las cuatro décadas anteriores había dado sus frutos e indistintamente oficiales tanto de origen liberal como de filiación conservadora cerraron filas en torno al gobierno en este episodio; la unidad de cuerpo y la disciplina predominaron por sobre los conflictos interpartidistas, a lo cual habría que añadir la repulsa a un levantamiento de carácter popular que chocaba con una socialización prusia na del orden y la autoridad. En el futuro, con el ahondamiento constante de la violencia, el gobierno va a depender más y más del ejército. Su emergencia como actor político se hará inevitable. Ante el levantamiento popular del 9 de abril, el min istro de Relaciones Exteriores, Laureano Gómez convenció al Estado Mayor del ejército de la necesidad de formar un gobierno militar para superar la crisis. Los generales Germán Ocampo, Rafael Sánchez Amaya (comandante del ejército) y Carlos Vanegas Montero (exdirector de la Policía Nacional), y los coroneles Ricardo Bayona, Hernando Mora Angueira y Julio Londoño, visitaron al presidente Ospina Pérez, le aconsejaron prescindir de la Constitución y conformar una junta militar como única opción para sofocar la rebelión. Ospina rechazó de plano esa idea y a cambio de ella propuso la conformación de un gabinete enteramente militar bajo su dirección, que a su turno

fue rechazada por los mandos militares alegando dos razones: de una parte, el riesgo que implicaba dejar sin mando en esos dramáticos momentos a la institución militar y de otra, la impreparación de los oficiales del ejército para dirigir los distintos ministerios que tocaban áreas dife rentes a las de su formación profesional24. Según Francisco Leal, esta actitud reflejaba una ausencia de "politización autónoma"25 , que será bien utilizada por la administració n Ospina para mantener su lealtad en el futuro. El costo que deberá pagarse será la creciente dependencia al apoyo del ejército por parte del gobierno. Tras reafirmar en la reunión con Ospina en el palacio de gobierno su respaldo irrestricto, las fuerzas armadas acogieron la fórmula de un Gabinete de Unión Nacional, en la cual el ejército tomaría las riendas del Ministerio de Guerra en la persona del general Germán Ocampo, de extracción liberal.

23

Gonzalo Sánchez, Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Bogotá, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983.

En respuesta a la actitud asumida por la policía, Ospina Pérez dictó varios decretos mediante los cuales dio de baja a un número significativamente alto de miembros de la Policía Nacional, que fue prácticamente depurada. Por ejemplo, los decretos No. 1449 de mayo 8 de 1948 y No. 2232 de julio 2 de 1948 dieron de baja a 142 oficiales de policía 26. Por el contrario, con respecto a las fuerzas militares solo tuvo una política de elogios, condecoraciones y ascensos en premio a su comportamiento. Solo en pocos casos, oficiales del ejército fueron condenados en consejos verbales de 24

Carlos Urán, Rojas y la manipulación del poder, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1983, p. 31 25 Francisco Leal, Op. cit., p. 195. 26 Gonzalo Sánchez, Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Op. cit., pp. 274-276.

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guerra por sus simpatías con el movimiento insurreccional, como fue el caso del capitán José Philips, quien recibió diversas muestras de solidaridad del partido comunista. En estos días circularon, a pesar de todo, listas negras de oficiales que la prensa conservadora exigía remover, debido a su activa participación en el aplasta miento del golpe militar de 1944 27 . Para la reorganización de la policía, el gobierno nombró el coronel Régulo Gaitán como director de esta institución, creó una Junta Reorganizadora de la Policía con carácter bipartidista e integrada por Carlos Lozano y Lozano, Rafael Es callón, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Timo león Moncada, y trajo además de Londres una misión técnica encabezada por Sir Douglas Gordon, quien asesorado por doce expertos de Scotland Yard, buscarán la tecnificación del nuevo cuerpo. Igualmente el gobierno creó con carácter transitorio una unidad de policía militar en septiembre de 1948 28 , mientras se recomponía el cuerpo policial. Todas estas medidas que hubiesen podido apartar a la policía de su participación sectaria en la violencia se vieron frustradas por diversos factores, y en forma creciente la policía "chulavita" se ve enfrentada a la policía "nueveabrileña", compuesta por los miembros del cuerpo depurados después del 9 de abril, y que son objeto de persecución sistemática.

Gobierno, tenían el mismo número de miembros en el gabinete que los conservadores (seis en total), se prolongó hasta el 19 de mayo de 1949, fecha en la cual renunciaron, debido al agravamiento de la violencia política. "La colaboración se ha tornado moralmente imposible", afirmaría en esos momentos el entonces jefe del partido liberal, Carlos Lleras Restrepo. Durante el lapso que duró el gobierno compartido se había logrado, gracias entre otros factores a la presencia del general Germán Ocampo en el Ministerio de Guerra, la neutralidad del ejército en el conflicto que devastaba al país. Esto se evidenciaba en los crecientes clamores provenientes de distintos sectores liberales y conservadores disidentes llamando al golpe de Estado. "General, salve usted la patria", era una frase común en la época29 . Esta situación cambia con la crisis de la coalición de gobierno. Los seis minis tros liberales fueron remplazados por tres conservadores y tres militares, con lo cual "se introdujo al ejército dentro del conflicto político comprometiéndolo con el gobierno"30 . En el Ministerio de Guerra es designado el general Rafael Sánchez Amaya y con este nombramiento la neutralidad comienza a sufrir fisuras: se inicia un proceso -que múltiples testimonios confirman- de depuración de oficiales de origen liberal, que son dados de baja. Sánchez Amaya, quien permaneció en el cargo casi hasta el final del mandato Ospina, dio los primeros pasos hacia una repolitización partidista del ejército, lo cual daría base para su inmersión en la Violencia como instrumento del partido en el gobierno.

El segundo gobierno de Unión Nacional, en el cual los liberales, encabezados por Darío Echandía como ministro de 27

Eco Nacional, de marzo de 1948. Citado por Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista, T. I, Ediciones Sudamérica, 1980, p. 577. 28 Willy Muri, L'armée colombienne, étude d'une transition, 1930-1974, París, Tesis de Doctorado, Universidad de Pa rís, V, 1975, p. 114.

29

Darío Mesa, "Treinta años de historia de Colombia (1925 1955", en Varios Autores , Colombia: estructura política y agraria, Bogotá, Ediciones Estrategia, 1971, p. 54. 30 Francisco Leal. Op. cit., p. 196.

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Otra consecuencia de la ruptura del gobierno de Unión Nacional es el inicio de la resistencia armada propiamente dicha, que goza ra en los primeros años de un apoyo de la dirección liberal. Si en el plano económico se vive un clima unitario, en el conjunto de la clase dirigente, como se expresa en la composición paritaria de las juntas directivas gremiales y en la alterna ción liberal / conservadora de sus presidencias31 , en el plano político la ruptura es total y se irá ahondando con el correr del tiempo. En las eleccio nes celebradas en el país el 5 de junio de 1949, a pesar de la intimidación que sufre el partido liberal, éste logró mantener sus mayorías electorales, aun cuando su representación en la Cámara de Representantes se redujo de 73 a 69 miembros, mientras que el conservatismo pasaba de 58 a 63. ELECCIONES PARA EL CONGRESO, 1949 Partido votos Liberal 920.718 Conservador 788.662

junio 5 de % 53.8 45.9

Comunista

7.998

0.4

Independiente

2.062 1.719.440

0.1 100.0

Fuente: Russeil Ramsey, Op. cit., p. 164

El peso electoral de los partidos buscó ser sistemáticamente alterado mediante una conjunción de métodos: la expedición de cédulas falsas, la intimidación de los electores liberales y la anulación de cédulas de reconocidos miembros del partido opositor, alegando "razones de

31

Álvaro Echeverri, Elites y proceso político en Colombia 1950-1978. Bogotá. Fondo de Publicaciones FUAC, 1986..

orden técnico"32 . Dada la conservación de las mayorías liberales y ante la inminencia de las elecciones presidenciales, el intento de imponer una hegemonía "a sangre y fuego" se recrudece. La conservatización desarrollada inicialmente a nivel local y regional por jefes políticos subalternos, comienza a constituirse en una política nacional a partir de esta fecha. Para ello no bastaba ya el control de la policía; se requería igualmente la total inmersió n del ejército en los planes de la dirección conserva dora, lo que hizo inevitable la búsqueda de su apoyo a ultranza. La consolidación en el poder de una hegemonía unipartidista excluyente, requería de un aparato militar dócil. Los hechos se atropellan en estos meses. El 24 de junio de 1949 regresa al país de su exilio voluntario en España, Laureano Gómez, con la absoluta disposición de conquistar el poder a cualquier precio. El 2 de octubre es candidatizado en la Convención Nacional Liberal Darío Echand ía y, diez días más tarde, la convención conservadora lanza a su vez a Laureano Gómez. En el mes de octubre de 1949, pocas semanas antes de las elecciones, es nombrado el político conservador de la Costa Atlántica, Evaristo Sourdís, como ministro de Guerra encargado, quien aprovecha para hacer y deshacer. Asciende a general al coronel Gustavo Rojas Pinilla y lo designa director encargado del Ejército, en reemplazo del general Ricardo Bayona Posada, quien es enviado a la Jefatura del Estado Mayor. El coronel Hernando Herrera remplaza al general Hernando Mora Angueira en la conducción de la Escuela Superior de Guerra, "siendo éste prácticamente enviado al 32

Russell Ramsey Op, cit., p. 165

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destie rro"33 . El testimonio del teniente coronel Hernando Gómez Díaz, publicado en El Heraldo de Barranquilla, es el mejor botón de muestra de esta política:

mediante el retiro de la candidatura de Darío Echandía, constituyó el "punto de no retorno" en el desencadenamiento, ya sin ningún dique de contención, de la violencia política. El lunes 7 de noviembre, en el Teatro Municipal de Bogotá y ante la sala colmada, Echandía afirmó en forma tajante que "el liberalismo no concurrirá a sancio nar con su presencia en las urnas la imposición violenta de una minoría y no reconocerá los re sultados de esa farsa innoble"35 . Esta decisión terminó por acelerar los acontecimientos. El día 8 de noviembre se expide un comunicado firmado por los presidentes y los miembros de ambas cámaras de filiación liberal, mediante el cual se denuncia "ante América y el mundo" que "el régimen de respeto a la persona huma na y el orden jurídico que la República de Colombia estatuyó desde el origen mismo de la nacionalidad han desaparecido de nuestro sue lo por obra de las autoridades dependientes del presidente Ospina Pérez, para darle paso a los sistemas de opresión, de vandalismo y de delito que son característicos de los gobiernos de fuerza que se inspiran en las prácticas del fascismo y del falangismo internacionales"36 . Y al día siguiente, el presidente de la Cámara acompañado del representante Julio César Turbay Ayala, le comunica en Palacio al presidente de la República y a su ministro de Defensa la creación de una comisión parlamentaria para estudiar y juzgar la conducta de Ospina Pérez37 . El mismo día, se aprueba en la comisión primera del Senado el proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución presentado por el senador Carlos Lleras Restrepo, mediante el cual se posponen las elecciones presidenciales próximas y en su defecto

Acabo de pasar a las reservas por voluntad del encargado del Ministerio de Guerra, quien en su brevísimo paso por esa dependencia puso en juego su sectarismo... Me siento ultrajado en mi dignidad por el hecho de no haber sido retirado por un general o por uno de mis compañeros de armas, sino por quien desconoce mi hoja de servicios. Estoy seguro de que Sánchez Amaya contristará al registrar... cómo en su corta ausencia, X.X. * , sin respeto, quiso entronizar la política en el ejército 34 . Estos hechos contribuirán a la desmoralización del ejército, lo cual incidirá sin duda en sus pobres resultados en la guerra interna. Lentamente, como veremos más adelante, el ejército comenzará a deslizarse en la violencia, termi nando por comportarse en forma similar a la policía; y la neutralidad se va perdiendo, por lo cual la resistencia campesina terminará por identificar como su enemigo a cualquiera que vista prendas militares. La decisión del partido liberal de no concurrir a las elecciones presidenciales, 33

Germán Guzmán, Orlando Fals, Eduardo Umaña, Op. cit., p.264. * Se trata de Evaristo Sourdís. 34 Idem, p. 263. El comentario de los autores del libro clásico sobre la violencia es muy pertinente: "El país conoce entonces que hasta el murado recinto de las armas había penetrado el morbo de la politiquería. Así, se excluye a determinados elementos de alta graduación y se cierran las puertas de la Escuela Militar a aspirantes que carecen de la obligada recomendación del político prepotente. Para ello se alegan razones de seguridad nacional. En todo caso, la purga es implacable

35

El Espectador, 8 de noviembre de 1949. Idem. 37 El Espectador, 9 de noviembre de 1949. 36

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se crea una junta de gobierno bipartidista para el período 1950-1954, prolongándose igualmente el período de los miembros del Congreso, de las asambleas departamentales y de los concejos municipales por los mismos cuatro años. Es decir, se buscaba impedir el acceso al poder de Laureano Gómez38 .

gobernadores, intendentes y comisarios, así como de las fuerzas militares. *Decreto 03521: designó el personal de censores para los periódicos, revistas y demás publicaciones de esta índole en Bogotá. *Decreto 05322: prohibió todas las manifestaciones y reuniones de carácter público. *Decreto 05323: los gobernadores fueron investidos de poderes especiales o extraordinarios 39 .

La respuesta del gobierno fue fulminante. Al coup de main de las mayorías liberales del Congreso contra el presidente, éste respondió con un 18 Brumario, en una clásica repetición de los sucesos del 2 de diciembre de 1851 en Francia, en que Luis Napoleón Bonaparte dio su golpe de Estado. Se produjo en Colombia no solo el cierre del Parlamento, sino la entroniza ción de la dictadura personal mediante un cúmulo de decretos que restringieron drásticamente los derechos ciudadanos y políticos. *Decreto 03518: declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio na cional. *Decreto 13519: el gobierno modificó el funcio namiento de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que para tomar cualquier decisición, en sala plena, sobre declaratoria de inexequibilidad en todo o en parte de los decretos dictados por el gobierno, cuando hubiere sido acusado de inconstitucionalidad, dicha decisión requería en adelante las tres cuartas partes de los votos de los magistrados. *Decreto 03520: dispuso la clausura del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales "hasta la fecha que el gobierno determine". *Decreto 05321: estableció para todo el territo rio nacional la censura de prensa y radiodifusión, quedando a cargo de los

Como respuesta al golpe de Estado, la Dirección Nacional Liberal expidió dos semanas más tarde una declaración en la cual prohíbe toda participació n de este partido en las elecciones y amenaza con expulsar de sus filas a quien concurra a las urnas o se presente como candidato. La declaración, firmada por Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, Francisco J. Chaux y Jorge Uribe Márquez buscaba quitarle todo piso de legalidad al proceso electoral y negarle legitimidad al gobierno de Laureano Gómez, cuya designación estaba de antemano impuesta40 . En este marco comienzan a madurar diversos complots militares, estimulados por el partido liberal que se halla crecientemente excluido del poder y bajo la más férrea represión de origen oficial. El caso más conocido es el del capitán de la Fuerza Aérea, Alfredo Silva Romero. Tras el golpe de Estado perpetrado por el gobierno ospinista en el mes de noviembre y el retiro de la candidatura liberal por la total ausencia de garantías oficiales, la dirección del liberalismo buscó promover un alzamiento militar pocos días antes de las elecciones presidenciales. El llamado "Plan Liberal A" fue pospuesto en varias ocasiones y 39

38

Idem.

40

El Espectador, 10 de noviembre de 1949. El Espectador, 22 de noviembre de 1949.

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finalmente transformado en un paro general, pero un grupo de oficiales comprometidos no fue notificado del cambio de planes y siguió adelante con la idea original. Este fue el caso del capitán Silva y su grupo en el departamento del Meta. Oficial de gran popularidad en el país y adscrito a la base de Apiay en las cercanías de Villavicencio, había recorrido en las semanas anteriores las pequeñas bases aéreas de la zona con objeto de obtener apoyo para la sublevación. El 25 de noviembre en compañía de dos tenientes, uno de ellos hijo del exdirector de la Policía Nacional, general Carlos Vanegas Montero, y al mando de sus tropas ocupó la capital del Meta, mientras otro de sus subalternos controlaba una población vecina, Cumaral, y el jefe gue rrillero Elíseo Velásquez atacaba Puerto López. Esta coordinación produjo un fuerte impacto en Bogotá e inmediatamente fueron despachadas tropas de la Brigada de Institutos Militares al mando del teniente coronel Eze quiel Palacios quien rápidamente controló la situación, dando captura poco más tarde al capitán Silva, cuando regresaba a la base de Apiay.

Una vez realizadas las elecciones presidenciales, cuyo resultado era obvio ante la ausencia del candidato liberal, 1.140.122 votos por Laureano Gómez, 501 votos en blanco y 23 por otros candidatos, no cesaron nuevos estímulos externos de pronunciamiento militar que fueron debelados antes de que pudiesen siquiera madurar, dado que no encontraron receptividad en los mandos militares. Uno de ellos tendiente a impedir la posesión de Laureano Gómez, mereció el siguiente comentario de Rojas Pinilla durante su proceso en 1958: "A mí me correspondió tomar precauciones para evitar ese golpe de Estado o golpe de cuartel cambiando algunos comandantes, cambiando tropas, es decir, evitando en cuanto de mí depende, el 42 desencadenamiento de una guerra civil" .

Silva Romero fue condenado por un Tribunal Militar por los delitos de sedición y abuso de autoridad. No obstante, estando pendiente el recurso de casación contra la sentencia, Silva escapó y solicitó asilo diplomático en la Legación de Guatemala. Se le concedió el 11 de mayo de 1951 41. 41

Germán Cavalier, La política internacional de Colombia, Bogotá, Tomo IV. Editorial Iqueima, 1960, pp, 141-142. Esta decisión del gobierno guatemalteco fue objeto de acalorados debates dado que el gobierno colombiano adujo que Silva Romero era un militar en servicio activo inculpado por delitos comunes y no un delincuente político, por lo cual no era lícito el asilo. Añadió además que el asilo estaba limitado

Hacia el abandono del modelo prusiano Los antecedentes de la integración de las fuerzas militares del continente en su conjunto al dispositivo estratégico norteamericano, se remontan a la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de las distintas conferencias panamericanas realizadas en la primera mitad de este siglo se había diseñado la política de la llamada "solidaridad continental", como la "respuesta conjunta de todos los países latinoamericanos ante un ataque armado que cualquiera de ellos sufriera, proveniente de una potencia extraa los civiles. Por su parte, Guatemala consideró que Silva había atentado contra los derechos del Estado por el delito de sedición y que por lo tanto era un delincuente político. Además consideró que la tesis limitativa del derecho de asilo para los civiles, elaborada por Luis López de Mesa en 1940, la podía adoptar Colombia como país asilante, mas no como Estado territorial, ya que no estaba concediendo sino respetando el derecho de asilo de otro Estado. 42 Citado por Carlos Urán, Rojas y la manipulación del poder, Op. cit., p. 35.

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continental". El interés militar de esta tesis radicaba para Washington en la posibilidad de crear en América Latina un dispositivo de "seguridad colectiva". Esta política empieza a ser implementada poco antes de la guerra con la creación de un Comité de Enlace Permanente de las Fuerzas Armadas de todo el continente, que bajo la dirección de los jefes de Estado Mayor y Operaciones Navales de los Estados Unidos, además de su secretario de Estado, asignaba a nuestros países las siguientes funciones: a) eliminar la amenaza de subversión fascista en el interior de cada nación; b) permitir a las naves y los aviones de guerra de los Estados Unidos un acceso sin trabas a las bases navales y los aeropuertos del continente; c) garantizar la estabilidad política interna y d) entregar a la industria bélica norteamericana las materias primas estratégicas que requiriera43 .

Washington inicia el proceso de sometimiento global de nuestras fuerzas armadas a los desig nios de su política exterior, que se concretará en la Conferencia de Ministros y Relaciones Exteriores- celebrada en Río de Janeiro en 1942, con la creación de la Junta Interamericana de Defensa45 . El principio de la "solidaridad continental" se convierte en un compromiso militar, hoy toda vía vigente, al firmarse el primer acuerdo surgido en la postguerra para constituir un bloque militar: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), acuerdo que nace no bajo la inspiración antifascista propia de los años anteriores, sino en el contexto de la naciente "guerra fría", con lo cual cambia el sentido de la solidaridad continental que deviene un instrumento del conflicto este / oeste. De otra parte, el TIAR, también conocido con el nombre de Pacto de Estandarización de los Ejércitos Latinoamericanos, implicaba el abandono paulatino de los modelos inspirados en misiones europeas (como fue el caso de la totalidad de países sudamericanos), para adoptar el modelo norteamericano mejor preparado para asimilar las técnicas modernas de combate y la utilización de armas sofisticadas. Es decir, este acuerdo condujo a una renovación de las fuerzas militares continentales, en los planos

Las misiones militares europeas se mostraron, a causa de la conflagración mundial, imposibilitadas de mantener en América Latina el adiestramiento y el suministro de armas y equipos, siendo desplazadas por los Estados Unidos que para la época de Pearl Harbour ya tenían presencia en la totalidad de nuestros países con misiones para todas las fuerzas. Mediante un sistema de becas para altos oficia les latinoamericanos en las escuelas de adiestramiento militar de los Estados Unidos, con la construcción de bases navales y aéreas en va rios países del continente y, ante todo, escudado en la Ley de Préstamos y Arriendos44 , 43

Edwin, Lieuwen, Armas y política en América Latina, Buenos Aires, Editorial Sur, p. 231. 44 Esta ley, que fue aprobada por el Congreso norteamericano cuando aún este país mantenía su

neutralidad en la guerra, otorgaba al presidente de ese país el derecho de conceder, en forma de préstamo y arriendo, armamentos y equipos militares a toda nación cuya defensa fuera considerada esencial para la seguridad norteamericana. 45 Esta Junta, que tiene por objeto crear mecanismos de coordinación entre las fuerzas militares del hemisferio, está compuesta actualmente por representantes de las diversas fuerzas de las instituciones militares de los países miembros de la OEA, así como por los agregados militares asignados en Washington, bajo la coordinación del Pentágono.

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técnico y estratégico. Este convenio multilateral sir vió de base para la realización de múltiples acuerdos bilaterales que, como el Pacto de Asistencia y Asesoría Militar firmado por la administración Ospina Pérez en 1949, se multiplicaron en el resto del continente. Mediante este pacto el gobierno ospinista obtuvo el envío de misiones norteamericanas para el Ejército y la Fuerza Aérea por un período inicial de cua tro años, así como una sustancial ayuda militar: aviones de transporte Douglas C-47, muy eficaces para el transporte de tropas a las áreas de conflicto; caza-bombarderos F-47D (Thunderbolt) y tres bombarderos livianos B-25J (Mitchell). Aun cuando oficiales colombianos habían comenzado a asistir a cursos de capacitación militar en los Estados Unidos desde los inicios de la guerra de 1939, a partir de este Pacto se aceleró el envío, en especial a la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en Fort Gulick (Panamá).

de Washington en este período altamente conflictivo, dado que cualquier conflicto que involucrara a los Estados Unidos conllevaría la participación automática del resto de países del continente. Al menos en el plano teórico, pues en el conflicto coreano solo un país, Colombia, defendió su participación como un compromiso internacional ineludible.

El TIAR, que recoge las proposiciones del Plan Truman para América Latino 46 , reafirma la solidaridad continental contra un eventual agresor externo (Art. 3o.) o en caso de un conflicto internacional en que se vea envuelto un país americano (Art. 6o.), sujetándose así los países latinoamericanos a los requerimientos de la Casa Blanca, único país que disponía de compromisos de índole global. En efecto, la creación posterior de múltiples acuerdos bilaterales o multilaterales para conformar bloques militares bajo la égida de los Estados Unidos (OTAN, ANZUS, OTASO, etc.), colocaban a la América Latina a disposición de la azarosa política 46

Manuel Aguirre, Imperialismo y militarismo en América Latina, Bogotá, Editorial América Latina, 1977, pp. 40 y ss.

Un paso adelante en la inserción del ejército en el dispositivo militar estadounidense se dará precisamente con ocasión de la guerra de Corea. En una reunión consultiva de los ministros de Relaciones Exteriores del continente, celebrada en Washington en 1951, el presidente Harry Truman obtuvo la aprobación de una resolución exigiendo a los países latinoamericanos para que "orienten su preparación militar de tal manera que a través de la ayuda propia y la asistencia mutua ( ... ) puedan: a) aumentar aquellos de sus recursos y reforzar aquellas de sus fuerzas armadas mejor adoptadas a la defensa colectiva y mantener esas fuerzas armadas en tal estado que puedan ser usadas rápidamente para la defensa del continente; y b) cooperar entre sí, en asuntos militares, para desarrollar la fuerza colectiva del continente necesaria para combatir la agres ión contra cualquiera de ellas" 47 . Pocos meses más tarde, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Seguridad Mutua, que autorizaba al Ejecutivo para la concertación de pactos bilaterales con los países del continente mediante el llamado Programa de Asistencia Militar (PAM). Este programa comprendía la entrega de armas y equipos bélicos en préstamo, arriendo o ventas, el adiestramiento de personal y el mantenimiento de misiones militares 47

Edwin Lieuwen, Op. cit., p. 244.

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norteamericanas con tareas de asesoramiento. El PAM buscaba la uniformación de las armas utilizadas, la adopción de normas organizativas y concepciones tácticas únicas, y la aceptación de un comando único, a nivel del hemisferio 48 . El "Acuerdo de Asistencia Militar entre la República y los Estados Unidos de América" fue firmado el 17 de abril de 1952, mediante un intercambio de notas firmadas por el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Capus M. Waynick y el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Gonzalo Restrepo Jaramillo. Este acuerdo, cuyas negociaciones se habían iniciado el año anterior (21 de febrero de 1951), tenían como propósito brindar asistencia militar al país, en el marco de una política global de capacitación de las fuerzas armadas del continente para la defensa colectiva del hemisferio occidental. Acuerdos que se fundaban en los lineamientos definidos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en la Resolución sobre Cooperación Militar Interamericana aprobada en Washington en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 1951 y en los planes permanentes de la Junta Interamericana de Defensa 49. Con la firma de este tratado, lle gó al país el primer Grupo de Supervisión de la

Asistencia Militar (Military Assistance Advisory Group-MAAG), que visitaría al país. Estos grupos, que habrán de operar en la casi totalidad de países latinoamericanos en los años siguientes, tenían como función central en cada uno de los países receptores del progra ma, el asesoramiento y el entrenamiento del personal militar en el uso de las armas y el equipo norteamericano que hayan recibido.

48

Los dos primeros objetivos se lograron a cabalidad, pero el tercero no encontró acogida en los medios gubernamentales latinoamericanos, siendo sustituido en la práctica por periódicas reuniones deliberativas de los altos mandos militares de las veinte repúblicas adscritas al TIAR. La primera de ellas se realizó en 1960 en Fuerte Amador (Panamá), convocada por el entonces comandante del Southern Commmand, general Bogart. Cf. Gualterio Cuevas, La CIA sin máscaras, Buenos Aires, Editorial Reflexión, 1976, p. 19. 49 Rosa Gómez y Juan Valdés, La intervención militar yanqui en Colombia, Bogotá, Ediciones Frente Social, p. 27.

En los Estados Unidos predominaba en estos años, como eje de su política estratégica, la llamada "Doctrina de la Represalia Nuclear Masiva", fundada en la capacidad global de contención a la expansión comunista, gracias a su superioridad nuclear en relación a la Unión Soviética. Los ejércitos latinoamericanos eran orientados hacia la defensa continental, como refuerzo al paraguas militar norteamericano. El adiestramiento, las técnicas de combate, el tipo de armamento eran acondicionados a una modalidad de guerra convencional. De ahí la incongruencia entre los lineamientos globales de su articulación al sistema defensivo ideado en Washington y las características de la confrontación que vivía el país en esta época. El ejército evidenciará una gran incapacidad en el plano militar para responder a la guerra de guerrillas. Ni su tradición prusiana, ni las nuevas técnicas que aprendía en las academias norteamericanas lo preparaban para un tipo de combate que solo será teorizado por analistas franceses a partir de guerras de liberación de Argelia y Vietnam contra el execrable colonialismo francés 50 .

50

Una excelente descripción de la evolución del pensamiento militar norteamericano se encuentra en Henry Kissinger, Mis memorias, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1979, pp. 52-62.

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La guerra de Corea

institucional y las libertades públicas, cuestiones éstas que en su opinión habían sido abandonadas por el partido liberal. En segundo término y en consecuencia, señalar que se trataba de un partido de gobierno en una república conservadora, que no requería del concurso del liberalismo, aliado éste de las fuerzas disolventes de nuestra nacionalidad; y finalmente, para reafirmar su apoyo irrestricto a los Estados Unidos en su lucha contra el "comunismo internacional", labor que los conservadores realizaban supuestamente en el ámbito interno. En suma, restar le toda legitimidad política al liberalismo.

El 24 de junio de 1950 se inicia la guerra de Corea. La reacción en nuestro país no se hizo esperar; tanto el diario El Tiempo como El Siglo, principales representantes de las dos vertientes partidistas, editorializaron en los mis mos términos. El prestigioso columnista Calibán fue tajante: "El ataque a Corea plantea a los Estados Unidos, antes de que para ello estuvieran preparados, una cuestión fundamental. Van a defender al As ia Libre o la van a entregar (...) No pueden proceder a medias. O lo abandonan todo. O lo defienden todo (...). He ahí el dilema ineludible e inaplazable"51 . El Siglo afirmaba a su turno: "Frente a la ofensiva comunista (...) a los Estados Unidos no les queda, al parecer, sino dos alternativas: resignarse o emprender una acción armada franca y enérgica"52 . Eran dos opiniones idénticas, que expresaban una misma postura de total apoyo a los Estados Unidos y de rechazo abierto a la supuesta agresión de Corea del Norte. Sin embargo, en torno a la guerra se desarrolló una polémica ardiente entre los dos partidos, dado que tanto el gobierno como el partido conservador aprovecharon la situación internacional con fines internos, calificando en forma sistemática al partido liberal como "quintacolumnista" a favor del comunismo internacional. ¿Cuál fue el interés del conservatismo a lo largo del debate, en relación con la política interna? En primer término, afirmar que el partido de gobierno, en momentos tan difíciles, recogía las banderas de la tradición histórica nacio nal, la defensa del orden jurídico e 51 52

El Tiempo, junio 26 de 1950. El Siglo, junio 26 de 1950.

Desde el momento mismo en que los Estados Unidos lograron hacer aprobar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución comprometiendo al organismo en la "defensa" de Corea del Sur 53 , el canciller colombiano bajo el gobierno de Ospina Pérez, Evaristo Sourdís, afirmó en forma tajante que "todos nuestros compromisos internacionales serán cumplidos a cabalidad"54 , recibiendo el apoyo irrestricto de uno y otro partido, con muy contadas excepciones. El silencio cómplice del partido liberal ante la evasión de la administración laureanista de su obligación constitucional de obtener la aprobación del Congre so para enviar tropas a otro país, indica a claras su total adhesión a la política del gobierno frente a Corea.

53

Pocos meses antes del conflicto asiático, la Unión Soviética se había marginado de su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo cual no pudo interponer su derecho de veto a la resolución de los Estados Unidos comprometiendo a las Naciones Unidas en la conflagración. 54 El Tiempo, junio 27 de 1950.

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Sería, no obstante, en la utilización interna de este conflicto internacional donde las visiones diferirían. El tono del debate por parte de la prensa conservadora señalaba cómo sería utilizado el conflicto:

De la lectura de prensa de la época se puede deducir, contrariamente a las versiones más difundidas, que la decisión de enviar el Batallón Colombia a Corea no nació en forma exclusiva del gobierno laureanista, sino que contó con un apoyo irrestricto de la prensa tanto liberal como conservadora. Lo que varió fue la utilización para efectos políticos del conflicto. En el campo liberal es probablemente el siguiente comentario irónico de Calibán, columnista de El Tiempo, el que mejor retrata la ambivalente actitud de ese partido: "Está muy bien el envío de la Fragata Almirante Padilla a Corea. Es un gesto simbólico ( ..). La nuestra sería mucho más completa y efectiva si a la Fragata Almirante Padilla se le añadieran unos 10.000 chulavitas. Con esto se obtendría un doble resultado. El envío de 10.000 fieras a combatir a las fieras comunistas, y la pacificación de Colombia"56 .

De una vez por todas se han desvanecido las torpes consejas que voces bastardas han venido propalando, desde años atrás, sobre la fidelidad sin sombras del actual régimen a los principios básicos del orden jurídico, de la justicia y de la libertad (...). En cambio, para quienes su filiación mental los une al carro del déspota estepario, bien difícil será asumir una actitud semejante: su ideología marxista los aproxima inexo rablemente a las huestes soviéticas al norte del para lelo 38. El equívoco merced al cual el liberalismo colombiano ha logrado mantener sus bue nas relaciones con el comunismo internacional no podrá sostenerse un día más: la frontera está trazada, y ya pasó la hora de los histriones sin principios, porque es la hora de los convencidos heroicos 55 . El conservatismo esperaba mediante este señalamiento equívoco a su opositor liberal legitimar, de una parte, la violencia oficial que gracias a su asimilación con el conflicto coreano aparecía justificada con base en los mismos principios de defensa del mundo occidental. Colombia se constituía a sus ojos en un simple puesto de avanzada en la contención global al avance comunista en el mundo. Y en segundo término, proporcionarle una visión y una justificación a las fuerzas militares que hallaban dificultades para asimilar el papel que día a día se veían obligados a realizar.

El papel jugado por la delegación colombiana en la Quinta Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo mucho realce, no solo por los altos cargos allí ocupados, sino por el compromiso de una efectiva vinculación militar que había ya adquirido el país. Colo mbia era, sin duda, el aliado más firme de que disponía entonces Estados Unidos en el área latinoamericana, gracias a lo cual gozaría de un gran protagonismo. La representación del país estuvo encabezada por el ministro de Guerra, Roberto Urdaneta Arbeláez, y compuesta además entre otros por Eduardo Zuleta Ángel, Juan Uribe Cualla y Elíseo Arango. Urdaneta fue elegido presidente de la Comisión Política y de Seguridad de la Asamblea General, la de mayor importancia en ese instante. Desde ese cargo, el ministro ofreció contribuir con la Fragata Almi-

55

56

El Siglo, junio 28 de 1950.

El Tiempo, septiembre 28 de 1950.

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rante Padilla al esfuerzo militar de las Nacio nes Unidas en Corea 57 . El partido liberal intentó aprovechar la tribuna de las Naciones Unidas para denunciar los crímenes oficiales, lo cual mereció un editorial lleno de menosprecio por parte del órgano go biernista, El Siglo :

fortalecer su imagen tanto interna como externa. El partido liberal es colocado contra la pared y aun cuando es tan ferviente como el partido de gobierno en la idea de enviar tropas a Corea, no cesan los ataques de la prensa conservadora ni la vio lencia oficial contra sus huestes. Sin embargo, este discurso que busca asimilar a la guerrilla liberal con el conflicto este / oeste no logra plenamente su cometido. El carácter de la violencia incluso retarda en Colombia la plena asimilación de la ideología anticomunista propia de la guerra fría en la institución militar 59 . En el plano externo, por el contrario, los resultados son más tangibles: Laureano Gómez logra borrar la imagen antinorteamericana que había alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial y, mediante esta refacción de su figura, obtiene apoyo material de Washington, aun cuando nunca en las dimensiones que esperaba. En todo caso, el 17 de abril de 1952, Capus M. Waynick, embajador de los Estados Unidos en Bogotá, anunció la firma del Pacto de Asistencia Militar (PAM) con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Gonzalo Restrepo Jaramillo. Con base en este programa de ayuda militar, el régimen conservador recibió un embarque importante de rifles M-1 calibre 30, camiones de dos y medio toneladas, cazabombarderos y municiones de diverso calibre 60 . Lo cual mejoraba

El honor conferido a Colombia es un reconocimiento a su tradición altamente jurídica y a su jamás desmentida fidelidad a los principios que informan el ideal de las Naciones Unidas. Bien mal remunerados en sus antipatrióticos esfuerzos están a estas horas quienes han querido llevar a los organismos internacionales sus quejas de política interna, infamando la tradición de su patria, y acusando a sus gobiernos de atentar contra la libertad y la democracia. Hoy ven que la misma organización ante quien han querido recurrir para que condene a su país por violar los principios consignados en la Carta de San Francisco, se anticipe a elegir a un ministro en ejercicio de esos mismos gobiernos impugnados, para uno de los más altos car gos58 . Es evidente la interrelación entre el apoyo dado por las administraciones conservadoras al gobierno de los Estados Unidos y el alto protagonismo de Colombia en la Conferencia de las Naciones Unidas, lo cual es aprovechado por el régimen conservador para buscar

59 57

El personal a bordo de la Fragata ARC "Almirante Padilla" estaría bajo el mando del capitán de Corbeta, Julio César Reyes Canal, y los tenientes de Navío, Jaime Parra Ramírez, Oscar Herrera Rebolledo y José Alfonso Díaz Osorio. Salvo el primero que solicitaría pronto su baja, el resto alcanzaron los más altos cargos de la marina años más tarde. Cf. Ernesto Hernández, Colombia en Corea, Servicio Imprenta Fuerzas Armadas, 1953. 58 El Siglo, septiembre 21 de 1950.

Cf. Francisco leal, Op. cit., p. 199. "Paradójicamente, el ejército colombiano combatió regularmente en el plano externo en un episodio derivado de la guerra fría, e irregularmente -tácticas guerrilleras- en una contienda partidista interna, ajena al papel estratégico de la división de poderes derivada de la Segunda Guerra. Esta contradicción permitió que en los militares se retardara la percepción de la nueva función estratégica de los ejércitos, a la vez que operativamente se estaban preparando para ello". 60 Russell Ramsey, Op. cit.

Estudios sustancialmente el poder de fuego del ejército en su confrontación interna. En los primeros días de julio de 1950 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un comando militar unificado bajo la dirección de los Estados Unidos, en cuya cabeza colocaría al general Douglas McArthur, comandante de las tropas de ocupación en el Japón. Veintiuna naciones responderían a la convocatoria de un ejército de intervención. El diario El Tiempo en su editorial titulado "La batalla de la ONU", llamó el mismo día a poner en práctica el artículo 43 de la Carta de San Francisco, es decir, de responder al llamado de las Naciones Unidas con el e nvío de tropas61 . El ofrecimiento sería materializado por Laureano Gómez el 18 de septiembre de 1950 mediante el compromiso de enviar, inicialmente, la Fragata ARC “Almirante Padilla” a participar en el conflicto asiático. Esta nave rompe fuegos de artillería bajo el mando inglés el 18 de mayo de 1951, siendo más tarde remplazada por su gemela, el ARC "Capitán Tono" y ésta a su vez por la Fragata ARC "Almirante Brión", que fueron integradas a la VI Flota norteamericana. Estas fragatas habían sido adquiridas por Colombia para participar en el conflicto coreano del escuadrón norteamericano de patrulla y escolta. 61

Este articulo establece que "todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o convenios especiales, las Fuerzas Armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales". Cf. Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Nueva York.

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El 26 de diciembre de 1950 el gobierno crea mediante el decreto 3927 el Batallón de Infantería No.1 "Colombia", que de inmediato inicia su etapa de preparación para ser enviado al teatro de operaciones en Corea. El 21 de mayo de 1951 zarpó del puerto de Buenaventura el barco USS "Aiken Victory" transportando los prime ros soldados al mando del teniente coronel Jaime Polanía Puyo, quienes descienden en el puerto de Pusán, en Corea, donde se integran a la 24a. División de Infantería del 8o. Ejército de los Estados Unidos. Entran en combate por primera vez el 7 de agosto de 195162 . Inicialmente, Colombia aportó al Alto Mando del Ejército de las Naciones Unidas un contingente de 1.080 soldados y las tres unidades de la Armada Nacional mencionadas. Posteriormente fueron enviados nuevos contin gentes hasta completar al término de las opera ciones un total de 3.089 hombres. 131 muertos, 428 heridos y 69 desaparecidos fue el total de bajas sufridas en Corea, hasta el regreso definitivo del Batallón '`Colombia" el 1 de diciembre de 1953. Estuvieron al frente de los destinos de este batallón, en su orden, los tenientes coroneles Jaime Polanía Puyo, Alberto Ruiz Novoa, Carlos Ortiz Torres y Antonio Convers Pardo. Igualmente, participaron el mayor Luis Etilio Leyva, los capitanes Jaime Durán Pombo y Álvaro Valencia Tovar, los tenientes Gabriel Puyana García y Fernando Landazábal Reyes, y los subtenientes Bernardo Lema Henao y Luis Alberto Andrade Anaya 63 .

62

Capitán de Navío Julio César Reyes, "Colombia dispara en el Asia", El Espectador, 23 de marzo de 1976. 63 Capitán Ramiro Zambrano, "Siluetas para una historia", Bogotá, Suplemento de la Revista del Ejército, No. 29, p.63.

Estudios Colombia, en numerosas ocasiones, ofreció enviar tropas suplementarias a Corea con el único requisito de obtener en compensación por parte de las Naciones Unidas, armas y adiestramiento para las fuerzas que combatían en el interior del país. Incluso, el gobierno decidió enviar al general Gustavo Rojas Pinilla, comandante general de las Fuerzas Armadas, al cuartel general de las tropas de las Naciones Unidas en Corea, como un gesto altamente significativo de la importancia que le concedía a este conflicto 4/01/02 64. La guerra de Corea marca un hito fundamental en la configuració n de nuestras instituciones armadas y determina en buena medida su comportamiento futuro. En palabras del general Álvaro Valencia Tovar, quien participó en esta guerra, tres hitos definieron la evolución de las fuerzas militares del país, siendo la guerra de Corea probablemente la más decisiva: Una primera es la reforma militar del general Reyes y que convierte a las Fuerzas Armadas en una institución nacional al crear la Escuela Militar de Cadetes, medida tendiente a servir de conciliación y resorte de las luchas partidistas; una segunda fase es el conflicto del Perú. Un tercer jalón en el desenvolvimiento histórico militar de estos tres cuartos de siglo, (que) marcó huella decisiva en la tecnificación del ejército y la armada al proporcionar contacto con la realidad de la guerra al lado de unos ejércitos más avanzados (es la guerra de Corea). Ante el conflicto interno que gradualmente desgarraba a nuestro país para entonces, se introdujeron nuevas técnicas de operación sin las cuales se hubiese 64

Carlos Urán, Op. cit, p. 39.

La profesionalización militar en Colombia… agravado la inferioridad evidenciada por la fuerza pública frente a la guerrilla en las primeras fases de la confrontación65 . El conjunto de las fuerzas militares experimentó una renovación significativa en los planos intelectual, doctrinario y procedimental que significarán el abandono definitivo del modelo prusiano por el modelo norteamericano, que lentamente venía madurando desde el envío de la primera misión militar de ese país en 1938. La guerra de Corea constituyó, además, el único conflicto internacional de importancia en que se ha visto involucrado el ejército nacional y, de otra parte, el hecho de que se viera enfrentado a las fuerzas comunistas de Corea del Norte y la China continental, sensibilizaría a un grupo significativo de oficiales y suboficiales (entre 150 y 200) en los postulados de la "Guerra Fría". Aun cuando su impacto no fue inme diato, dadas las características del conflicto interno en que se hallaban envueltas las fuerzas militares, a largo plazo la interiorización del conflicto este / oeste y una vez estos oficiales acceden a los puestos de mando de la institución, serán los portavoces de la llamada "revolución estratégica" en el país 66 . Guerra convencional vs. guerra de guerrillas Como lo ha señalado con acierto Carlos Miguel Ortiz, en su importante obra sobre la violencia en el Quindío, el ejército colombiano formado en las artes de la guerra convencional por las misiones extranjeras de corte prusiano de las primeras décadas dEl Siglo, y 65

Idem, Alberto Ruiz Novoa, Álvaro Valencia Tovar, Fernando Landazábal Reyes y otros oficiales que participaron en Corea, serán la base del modelo de ejército de contrainsurgencia que predominará en Colombia a partir de 1960. 66

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reforzado en esa preparación por las misiones norteamericanas de la posguerra, tuvo enormes dificultades para adaptarse a la modalidad de la guerra implementada por su "enemigo": la guerra de guerrillas.

precisión al "enemigo" que debía ser aniquilado.

Frente a la intensificación de la lucha guerrillera en el país desde 1949, el Ejército, de hecho, se constituyó en una manifestación más de la debilidad de todo el Estado. Si empezamos por considerar sus recursos humanos y materiales, hay que decir que el Ejército se fue formando a marchas forzadas a lo largo de la Violencia, aventajado casi siempre por el enemigo, al menos hasta la década de los sesentas 67 . Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la resistencia en el plano político a la violencia conservadora, se empieza a transformar en una resistencia en el plano militar con el surgimiento de los primeros núcleos guerrilleros y de autodefensa, tanto de origen liberal como comunista. El año de 1949 que señala el mo mento del tránsito de una modalidad de oposición y resistencia a la otra, habría de encontrar a las fuerzas militares impotentes para contener su desarrollo, siendo desbordadas progresivamente y colocadas al borde de la bancarrota en el año de 1953. Diversos factores explican esta situación: la preparación militar orientada hacia la guerra convencional, el tipo de armas utilizadas, el número de hombres y su distribución territo rial, la inadecuada relación con la población civil y, ante todo, las dificultades de definir con

El número de hombres y la dotación militar fueron factores de orden material explicativos de las manifiestas insuficiencias de la institución militar para enfrentar al movimiento in surgente. La guerra encontró al ejército, al igual que en 1932 en el conflicto con el Perú, impotente para responder al desafío. Si bien durante el gobierno de Ospina Pérez se pasó de diez mil a veinte mil hombres, se amplió el presupuesto militar que pasó del 10.2 por ciento en 1946 al 15.9 en 1949, se aceleró la promo ción de oficiales en la Escuela Militar68 y en el año de 1952 se prolongó el servicio militar de un año a 18 meses. El conjunto de estas medidas fue insuficiente ya que pesaba n otros facto res más decisivos sobre la impotencia militar. Uno de estos factores era la concepción de la guerra. Efectivamente, la plena asimilación de la guerra de contrainsurgencia, su lógica y sus modalidades de acción, tardó muchos años. En realidad solo hasta la lucha contra el llamado "bandolerismo social" en la década siguiente se logrará el pleno dominio de esta forma de confrontación armada. "A nuestro modo de ver incidían en la desorientación del Ejército el peso de su formación tradicional, encaminada totalmente a la guerra convencional, y el influjo de los patrones foráneos de referencia; en efecto, los textos extranjeros de autoridad, los estudios en el exterior y el material bélico recibido del plan de seguridad hemisférica, estaban enmarcados en los conceptos clásicos de la guerra convencional" 69 .

67

Carlos Miguel Ortiz, Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50, Bogotá, CIDER y CEREC, 1985, p. 266.

68 69

Francisco Leal, Op. cit., p.196. Carlos Miguel Ortiz, Op. cit., p. 269.

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En los Estados Unidos, donde predominaba la doctrina estratégica de la contención masiva elaborada por el embajador en Moscú, George Kennan, hacía de los ejércitos latinoamericanos puntales de la defensa continental en vista a una eventual agresión extracontinental. De ahí la incongruencia entre los lineamientos globales de la función de nuestro ejército en el dispositivo continental de defensa y la amenaza interna que sufría nuestra institución militar. Russell Ramsey muestra mediante un pertinente ejemplo una clara repercusión de esta incongruencia: seis aviones F-86 que recibió el país en ayuda militar de los Estados Unidos en estos años, correspondían al tipo de interceptor aéreo más moderno de la época, cuando no existía ninguna amenaza de ataque aéreo contra el país70 .

impotencia manifiesta para contener el avance guerrillero, en una acción desmoralizante: la política de "tierra arrasada". El principio fundamental de la guerra de contrainsurgencia que solo será asimilado en los años sesenta, la necesidad de captar la simpatía de la población civil mediante campañas cívico- militares para aislar a la guerrilla de sus bases de apoyo, no era considerada en estos años una herramienta indispensable de la gue rra irregular. Salvo, como lo ha ilustrado Carlos Miguel Ortiz en su obra ya citada 72 , en una forma que solo agravaba el conflicto: apoyándose en la población adicta al gobierno (conservadores) para aplastar a los excluidos del poder, lo cual solo conducía al reforzamiento de la resistencia civil. Los "pájaros", las "guerrillas de paz" y otras modalidades similares de grupos paramilitares irregulares que contaban con el estímulo del ejército, terminaron rompiendo la percepción inicial de que la guerra no era contra el ejército, que terminó siendo asimilado a la propia policía política.

La inadecuada tecnología y preparació n para enfrentar el conflicto es claro en el siguiente testimonio del general Luis Alberto Andrade: "Pero es que eran dos guerras: la de la llamada guerra popular, librada en el terreno, instintiva, primitiva y elemental. Y la otra que se preparaba en los cuarteles: rígida, pesada y esquemática, que no daba cabida a la creatividad sino en casos personales de excep ción"71 . La participación de Colombia en la guerra de Corea, aun cuando tuvo un efecto profundo en el destino de nuestra institución militar, en lo inmediato y en el teatro mismo de las operaciones militares, tendría una repercusión negativa: reforzaría la concepción predominante de la guerra convencional, que se traduciría ante la 70

Idem, p. 270. Igualmente Russell Ramsey, Op. cit., p. 250. 71 "Mi propio testimonio" (entrevista con el general Luis Alberto Andrade Anaya), en Zona, No. 10, Bogotá, junio 16 de 1986.

De otra parte, es evidente que una guerrilla predominantemente liberal oscurecía de por sí el discurso legitimador del ejercicio de la vio lencia represiva del Estado. Si la policía había alcanzado una total homogeneidad partidista, sobre todo a partir del 9 de abril, en el ejército la depuració n nunca fue total. Durante el go bierno laureanista, el cargo de ministro de Guerra volvió a ser ocupado de nuevo por civiles, todos ellos miembros del partido 72

Carlos Miguel Ortiz, Op. cit., p. 274. "Una de las grandes diferencias justamente de la guerra de guerrillas con respecto a la guerra convencional es la importancia de la población civil que rodea al enemigo; lo que era el secreto simple de las guerrillas y cuadrillas de campesinos y jornaleros fue, a nuestro juicio, el elemento más difícilmente dirigido por el Ejército" (p. 270).

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de go bierno (Roberto Urdaneta, José María Bernal y Lucio Pabón Núñez), quienes profundamente imbuidos en el proyecto de conservatización a ultranza del país y sus instituciones, acentua ron la politización partidista en el ejército. No es de extrañar, como lo denunció en su mo mento la revista Newsweek, que la inmensa mayoría de los oficiales que viajaron a Corea fuesen de origen liberal. Aun cuando la decisión de viajar a Corea era voluntaria, la oficialidad de extracción liberal buscaba evadir la conflictiva situación a que se veía abocada en el país, partiendo a un escenario de guerra diferente. Esta ambivalente situación se proyectó en el ejército: "...vino la división entre los oficiales de ascendencia liberal y los oficiales de ascendencia conservadora (...) . Había un grupo de oficiales de extracción conservadora que quería adelantar la guerra a sangre y fuego, y otros, los verdaderos profesionales, que querían darle garantías a todos los liberales"73 . Este hecho jugaba un papel inhibitorio de orden político que debilitaba la decisión en la conducción de la guerra, al quebrar la unidad de mando. Una voluntad escindida no era la más adecuada para responder al desafío que existía en el país. De ahí el intento del gobierno de asimilar al liberalismo con el comunismo con objeto de unificar la voluntad política de las instituciones armadas. Esto no se alcanzó nunca. Incluso la ideología anticomunista propia de la guerra fría y que en teoría debía haber reforzado con la participac ión de Colombia en Corea, se halla ausente del discurso militar en esta época 74 , y así

permanecerá hasta fines de la dictadura militar. En pocas palabras, el fracaso de la socialización anticomunista de las Fuerzas Armadas, ante un conflicto en el cual muchos sectores percibían la enorme responsabilidad del propio gobierno en su desencadena miento y desarrollo, le restó voluntad a la institución militar.

73

"Las guerrillas en el Llano y otras cosas más..." (Ultima entrevista con Gustavo Rojas Pinilla), Op. cit., p. 8. 74 Así lo indica el estudio de Pierre Gilhodes, "El ejército analiza la 'violencia": "Por otra parte y curiosamente, cuando se compara con otros países vecinos, la ideología anticomu nista propia de la

En el año de 1953 se produce un cambio cuali tativo en la confrontación dado que el movimiento guerrillero pasa de una actitud defensiva a tomar la iniciativa en el terreno militar, al menos en los Llanos. En esta región la guerrilla alcanza el número de veinte mil hombres en armas, lo cual supera las posibilidades del propio ejército obligado a copar múltiples regiones diferentes, y mediante acciones militares cada vez más audaces, coloca al ejército en un estado que bordea la total desmoralización. El regreso este año, de Washington, al país tras casi dos años de ausencia del comandante general de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, está en íntima relación con estos hechos. Rojas afirma, en relación con la solicitud perentoria del presidente encargado, Roberto Urdaneta Arbeláez, de dejar su cargo de subjefe de la Junta Interamericana de Defensa, lo siguiente: "(...) me informé, al llegar, que los comandantes del Ejército, la Aviación, la Marina y la Policía, le habían dirigido una comunicación al doctor Urdaneta Arbeláez, exigiéndole mi regreso inmediato al país, para levantar la moral de la tropa que estaba por el suelo. Las

guerra fría, que podría haber sido vehiculada por los oficiales que regresan de Corea, es singularmente ausente de las explicaciones oficiales. Parece importante señalarlo aun cuando esta situación iba a cambiar pronto", en Gonza lo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá, CEREC, 1985, p. 311.

Estudios guerrillas se auge..."75.

La profesionalización militar en Colombia… hallaban

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todo

su

Esta desmoralización y ausencia de voluntad unificada se ven agravadas en los primeros meses de 1953 a causa de la división del propio partido de gobierno, lo cual no deja de producir un fuerte impacto en las instituciones armadas. El rechazo sin atenuantes a la candidatura de Mariano Ospina Pérez por parte del presidente Gómez, quien se refiere en términos desobligantes al primero, acelera la toma de posicio nes en el propio ejército que se ve polarizado entre el sector ospinista que encabeza el gene ral Rojas Pinilla, y los sectores minoritarios adictos al laureanismo. Hacia el gobierno militar El nombre de Gustavo Rojas Pinilla comenzó a tener resonancia nacional a partir del 9 de abril de 1948. Pocos días antes de ésta fecha había sido designado comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali. Ante la rebelión popular y la constitución de una junta revolucionaria local, Rojas asume la dirección del gobierno departamental, recompone la autoridad local y aplasta con mano dura la revuelta. Este hecho le merece un mensaje de agradecimiento del gobierno central y entusiastas homenajes de las clases dirigentes departamentales. Durante su estadía en el Valle se produjo la masacre perpetrada en la Casa Liberal de Cali, en la cual son asesinadas decenas de personas en forma inmisericorde por miembros de los cuerpos secretos. La dirección liberal regional culpa a los mandos militares del hecho, al igual que de mantener relaciones con los temibles "pájaros" que azotan al departamento, 75

"Las guerrillas en el Llano y otras cosas más...", Op. cit, PA.

incluido su más destacado representante, León María Lozano, "El Cóndor". Sin duda, sus gestos de total adhesión al gobierno ospinista le merecen un ascenso en la institución militar. En los encendidos debates parlamentarios del año 1949, la bancada liberal mayoritaria se opone rotundamente a su ascenso y exige su remo ción del servicio activo; Ospina, por el contrario, lo promueve al cargo de ministro de Comunicaciones y lo asciende al grado de general de brigada. En los primeros meses de 1950 es promovido al cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto y, al año siguiente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pese a que otros oficiales lo precedían en el orden de antigüedad. Este nuevo cargo que resultó de una reorganización del Estado Mayor de las fuerzas militares realizado en abril de 1951, llevó a la unificación de las tres fuerzas -tierra, marina y aviación de guerra-, colocando además bajo su mando a la policía, que hasta entonces dependía del Ministerio de Gobierno. De esta manera, Rojas es conducido a ocupar el más alto grado de la jerarquía militar en momentos en que la institución alcanzaba el cenit de su poder. En los dos años siguientes permanece fuera del país en cargos de enorme relevancia, tales como la de subjefe de la Junta interamericana de Defensa y la de miembro del cuartel general de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea. Dada su abierta adhesión a la figura de Ospina Pérez, esta ausencia nació al parecer de una decisión de Laureano Gómez de mantener lo distante a medida en que se agriaban definitivamente las relaciones entre los dos dirigentes conservadores: "Yo creo conveniente dejar establecido que desde el 10 de mayo de 1951, hasta los primeros días de noviembre de 1952, yo estuve fuera de Colombia como subjefe de la Junta

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Interamericana de Defensa, a donde me envió Laureano, con el objeto de alejarme del país"76 . En ausencia de Rojas es designado el general Régulo Gaitán, en la comandancia de las Fuerzas Armadas. Rojas salió, para dis gusto de Gómez, fortalecido de su permanencia en Corea, dado que fue recibido a su retorno al país como un héroe nacional y mereció de los Estados Unidos ser condecorado con la Legión del Mérito. Los dos últimos intentos de Laureano Gómez de alejar a Rojas (la inaugura ción de la línea de Avianca a Alemania y la posesión de Jacobo Arbenz en Guatemala), solo sirvieron para acelerar el desenlace del 13 de junio, pues aumentaron las susceptibilidades de Rojas en cuanto a las intenciones de Gómez y lo llevaron a superar sus titubeos iniciales para alzarse con el poder. A su regreso de Washington, el general Rojas va perso nalmente a los Llanos y a otras regiones del país con objeto de apersonarse directamente del curso de las operaciones militares y palpar el estado de ánimo de la población. Según reveló años después, esta percepción condujo a Rojas a la búsqueda de vías alternativas a la confrontación militar ante la desmoralización de la tropa, su incapacidad de alcanzar salidas fundadas en la fuerza y el auge incontenible del movimiento guerrillero. De ahí la necesidad de una salida política a una crisis que día a día mostraba que no podía tener un carácter militar. Esta percepción que era compartida por amplios sectores del liberalismo, por la fracción ospinista del partido conservador a la que pertenecía Rojas, y por Gilberto Alzate Avendaño quien jugó un rol destacado en estos episodios, abrió la opción de "un

régimen militar bajo tutoría civil" 77 , por primera vez en nuestra historia republicana, como posibilidad histórica. El mérito de Rojas fue su comprensión de esta situación, que se resumiría en la frase célebre con la cual accedió más tarde al poder: “Paz, Justicia y Libertad". Rojas Pinilla, vetado por los liberales en 1949 para alcanzar su ascenso en el escalafón militar, logra cuatro años más tarde la desmovilización de la guerrilla liberal con el apoyo de este mismo partido. Paradojas de la historia. Los tres factores de alarma en el plano militar que indujeron a las clas es dirigentes a impulsar una salida civilmilitar fueron, según G. Sánchez y D. Meertens, los siguientes: de una parte, la ruptura que se instaura entre la Dirección Nacional Liberal y la guerrilla del Llano en 1952 (Conferencia de Sogamoso), a consecuencia de la cual el liberalismo pierde el control y la dirección de la guerrilla que es declarada de raigambre bandoleril para restarle toda le gitimidad; en segundo término, el impulso de una Comisión Nacional Coordinadora como resultado de la llamada "Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional", celebrada en el mes de agosto de 1952. Y en tercer término, esa autonomía política y unidad de mando creciente se producía en un momento de tránsito caracterizado por la iniciativa militar que venían alcanzando las guerrillas en detrimento de las fuerzas armadas, particularmente en los Llanos. Este ascendente desarrollo de un polo insur gente, que había logrado materializar un proyecto más o menos coherente de acción política (las "leyes del Llano"), se 77

76

Idem

Creemos que esta fórmula acuñada por Carlos Urán es la más adecuada para caracterizar los primeros tres años del gobierno rojista.

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producía simultáneamente con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que debía introducir en Colombia el modelo corporativista español en el país. La polarización de fuerzas y sus términos de referencia estaban definidos 78. Y ambos eran objeto de total rechazo por los sectores predominantes de la élite política, quienes prepararán con ahínco durante dos años el arbitraje militar, no para impulsar una dictadura de corte autoritario sino para encontrar una salida política a la crisis que vivía el país. En ningún momento se piensa en las fuerzas mili tares como proyecto político autónomo, sino como una fuerza subordinada 79 a las élites políticas, quienes debían ocupar provisionalmente el solio de Bolívar mientras se recons truía el orden institucional, tras lo cual el bipartidismo retomaría el mando.

imposible un acuerdo inmediato entre los partidos para superar la crisis, como había sido la tradición a lo largo de un siglo. Sin embargo, una vez esto se hace evidente y comienzan las presiones civiles, los militares actúan con el "embarazo del recién llegado... visible en que pidieran a Urdaneta que siguiera gobernando"80, negándose inicialmente a asumir el poder y romper el "orden" constitucional.

¿Cómo explicar esta ausencia de protagonismo militar autónomo, excepcional en un continente y en una época en que los militares goberna ban en casi todos ellos? Como hemos ya indicado, las Fuerzas Armadas se fueron configurando como ente político a partir del 9 de abril al convertirse en una institución indispensable para el ejercicio del poder. El agravamiento de la violencia y la crisis de legitimidad que afecta a los gobiernos conservadores van haciendo de las fuerzas militares la única institución capaz de arbitrar un conflicto que había desbordado a las élites bipartidistas. El enfrentamiento entre éstas había alcanzado tal dimensión que resultaba

Es probablemente Daniel Pécaut, en su reciente obra Orden y violencia: Colombia 1930-1954, quien mejor ha logrado explicar tanto esta ausencia de vocación política de las fuerzas militares como su sentimiento de impreparación para ejercer el poder. Afirma Pécaut que a lo largo de la afirmación del orden político en este siglo, las relaciones civiles / militares propias del pensamiento liberal fueron asimiladas por los militares, a quienes la República Liberal y en particular López Pumarejo, los inhibió para hablar en nombre de la "nación": "La ideología liberal de desarrollo, la vitalidad de los poderes locales y la debilidad del naciona lismo económico acumularon sus efectos: los militares no tuvieron medios para elaborar una `visión nacional' o un `proyecto' que les hubie ra permitido imponer a las élites socioeconómicas una modalidad de legitimación institucio nal específica"81. Esta posición subordinada que le acordó a las Fuerzas Armadas el orden político elitista de la primera mitad del Siglo, sus limitaciones concomitantes para elaborar un proyecto de carácter nacional, el 80

78

Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, Bogotá, El Ancora Editores, 1983. 79 Idem, p. 40.

Darío Mesa, ``Treinta años de historia de Colombia (19251955)", Op. cit., p. 55. 81 Daniel Pécaut, L'ordre et la violence. Evolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953, París, Editions de L'Ecole des Hautes Etudes en Scienses Sociales, 1986, p. 351.

Estudios antimilitarismo tradicional de las élites políticas, la estabilidad del sistema bipartidista y la subordinación adscriptiva de la oficialidad a estos dos partidos, son un cúmulo de factores que redujeron el protagonismo militar en el país a su mínima expresión. Solo serán las circunstancias excepcionales de la Violencia las que las harán portadoras de un papel de primer orden. La fracción ospinista del partido conservador pudo maniobrar en el interior de la institución militar, gracias a las sólidas lealtades que ha bía cultivado en la cúpula militar. Diversos testimonios lo confirman. Lucio Pabón afirma en una entrevista esclarecedora de este período, que tras el nombramiento de Rojas en el Minis terio de Comunicaciones (1949) el entonces coronel "comenzó a intervenir subterráneamente para quitarle fuerza a la corriente laureanista. En el fondo, Rojas le agradecía a Ospina el que lo hubiera destacado; Ospina le agradecía a Rojas el que el 9 de abril, como comandante en Cali, hubiera defendido al go bierno con mucha capacidad y mucha decisión. Las Fuerzas Armadas en general simpatizaban mucho con Ospina y en estos días, en abril del 53, le hicieron los comandantes de las unidades militares de Bogotá, una demostración de afec to a Ospina, fueron a visitarlo a su casa... Al ospinismo lo apoyaban los militares acaudillados por Rojas. Al laureanismo muy po cos"82 . Contando con el apoyo decidido de Ospina Pé rez y del partido liberal, Rojas llega al poder en medio de júbilo nacional el 13 de junio de 1953.

82

"Entrevista con Lucio Pabón Núñez", en Revista de Historia, No. 8, V. 1, Bogotá, 1981, p. 5.

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La violencia y el problema agrario…

LA VIOLENCIA Y EL PROBLEMA AGRARIO EN COLOMBIA Alejandro Reyes Posada * 1. Presentación Este trabajo presenta una visión de conjunto de lo que podría llamarse la geografía de los conflictos agrarios del país, examina las modalidades de violencia que acompañan a los procesos regionales de configuración de las estructuras agrarias y, finalmente, analiza las posibilidades y los limites de la intervención estatal en los conflictos mediante políticas de reforma agraria. No se tratan los problemas del Chocó y el archipiélago de San Andrés y Providencia, que serán presentados en una próxima versión de este trabajo. A lo largo de la argumentación se busca mostrar cómo la dinámica de los conflictos sociales puede explicarse al considerar las formas históricas de apropiació n de la tierra y las modalidades de subordinación y resistencia del campesinado a tales procesos. La violencia en si misma es una base precaria para la constitución de derechos, pero pone en movimiento procesos de legitimación histórica, mediados por el Estado, que sí pueden hacerlo. Estos procesos conducen a darle cauce a la específica productividad de la violencia en la afirmación o negación de derechos para distintos adversarios sociales en conflicto. Una buena parte de las estructuras de propiedad consolidadas de las regiones tradicionales de la frontera agrícola tiene su origen histórico en las guerras de guerrillas locales o generalizadas del siglo *

Sociólogo, investigador del Instituto.

pasado y en el período de violencia política y social que estalló abiertamente, luego de medio siglo de incubación, entre 1946 y 1966, en casi todo el país. La consecuencia más notable de los procesos de violencia es la expulsión del campesinado y la concentración de la propiedad rural. A su vez, el hambre de tierras y recursos productivos del campesinado se expresa en movimientos dirigidos a la invasión de haciendas, en corrientes migratorias hacia frentes de colonización, en marchas campesinas por servicios públicos y en diversas formas de relación con movimientos armados revolucionarios o clientelas armadas de propietarios y narcotraficantes. La valorización de áreas de producción agropecuaria, por su incorporación a mercados externos o su comunicación a centros de consumo, estimula los variados métodos de recomposición de la gran propiedad en los frentes de colonización, dentro y fuera de la frontera agrícola. El hecho de que el mapa de conflictos armados coincida en lo fundamental con las áreas de colonización de las últimas cuatro décadas, no hace sino expresar que el origen del problema está en las regiones campesinas densamente pobladas, inmersas en la estructura social del latifundiominifundio y especializadas en la producción de alimentos baratos y oferta de mano de obra. Colombia parece haber dejado atrás el momento en el cual la expansión de la frontera agrícola abrió válvulas de escape a la presión campesina por la tierra. Los

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crecientes costos humanos, políticos y ecológicos de la colonización de las tierras marginales de la Amazonía y la Orinoquía, la presión sostenida de los campesinos andinos por acceder a más tierras y recursos productivos, y el estallido de conflictos abiertos entre propietarios y campesinos sin tierra en casi todos los departamentos del país sugieren que en adelante la solución del problema agra rio no podrá evadir la realización de una reforma de la tenencia de la tierra. La cuestión real es determinar si el sistema político asumirá el liderazgo de la reforma o si ésta tendrá que hacerse desde abajo, en conflicto abierto o la tente con el sistema institucional. Cualquier intervención del Estado en la cuestión agraria debe empezar por reconocer la existencia de verdaderos conflictos de intereses opuestos entre grupos humanos, con distinta capacidad de articulación de sus demandas y de acceso a los recursos del poder. Consecuentemente, el Estado debe garantizar las posibilidades de conformación de movimientos participativos, que permitan a los actores colectivos trazar su "mapa de ruta", luchar por su desarrollo y hacer posible la convivencia, al instituir la negociación y el respeto a la legalidad de los derechos de los adversarios. 2. Configuración histórica de estructuras agrarias regionales

las

Las distintas etapas de ocupación del territorio han desplazado geográficamente los focos de los co nflictos agrarios. La temprana ocupación impulsada por el régimen colonial español consistió en el repartimiento de indios y la concesión real de mercedes de tierras a los peninsulares, y se estableció en los altiplanos andinos densamente poblados, en el litoral atlántico y algunas áreas vecinas

del río Magdalena que controlaban el paso hacia el interior del país. A partir de esa primera ocupación española se iniciaron dos procesos complementarios. Primero, el mestizaje de indígenas, españoles pobres y africanos desbordó las estrechas fronteras de las reducciones y pueblos de indios, y consolidó una ocupación campesina minifundista en las tierras marginales de los altiplanos y montañas andinos del sur y oriente del país, con epicentro en los antiguos dominios muiscas de Cundinamarca y Boyacá, y en las áreas de pijaos y paeces del Tolima y el Cauca y las de cuaiqueres de Nariño e inganos del Putumayo. El segundo proceso fue una secular expansión de las haciendas de la Costa Atlántica y de los valles interandinos, mediante la ocupación vio lenta de tierras indígenas con ganaderías extensivas, que sirvieron para alimentar las po blaciones esclavas ocupadas en la minería del oro. A finales del siglo pasado y comienzos del presente se desarrollaron los procesos de colonización de las tierras templadas de las tres cordilleras, al impulso de la producción de café. Este proceso, cuyo resultado más espectacular pero no único fue la colonización antioqueña, estudiada inicialmente por James Parsons 83 , conformó una estructura de propiedad más equitativa que la de los altiplanos y valles interandinos. Sin embargo, el alto valor de la producción cafetera fue uno de los factores clave para explicar el encarnizamiento de las lu chas violentas a mediados del presente siglo, uno de cuyos 83

James Parsons, Antioquefio colonization in Western Colombia, U. of. California Press, Berkeley, 1949.

Estudios motivos centrales fue el despojo de la producción en épocas de cosecha y la apropiación de parcelas por cuadrillas armadas, encubiertas bajo la lucha entre liberales y conservadores. El último proceso de ocupación territorial es la colonización contemporánea del piedemonte orinoquense y amazónico, y de los valles bajos del Patía, el San Juan, el Atrato y la región de Urabá, de las faldas de las serranías de San Jerónimo y San Lucas, de la región suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, del valle del Magdalena Medio y de las Sierras del Catatumbo y de Tibú. En este proceso debe incluirse también la nueva colonización antioqueña, ya no campesina sino capitalista, de las áreas costeras del Chocó y el Darién. La ocupación española se realizó a costa de la destrucción de numerosas culturas indígenas y ocasionó una de las mayores catástrofes demo gráficas conocidas en la historia 84. Su carácter inicia l fue eminentemente depredador y solo más tarde, durante el siglo XVII, estabilizó la estructura agraria a partir del vértice del dominio hacendado, con una capa media de campesinos españoles y mestizos pobres y una amplia base de indígenas, sometidos al tributo en trabajo y productos bajo distintos arreglos de tipo colonial.

La violencia y el problema agrario… Bogotá 85, situación que contribuye a explicar el conflicto entre las élites locales y el poder central durante las guerras civiles del siglo XIX. También ayuda a explicar la constante imbricación entre la propiedad hacendaría y el poder político, mediada por la figura del gamonal86 . Una de las constantes de las guerras civiles del siglo XIX fue la asignación estatal de la propie dad de los llamados "baldíos nacionales" a los militares vencedores, en un típico caso de otorgamiento de botines de guerra87 . 3. La identidad cultural y la lucha por la tierra El indio colombiano, sometido por la superior violencia del español y luego del criollo, encontró su única posibilidad de sobrevivir en el desarrollo de una cultura de la resistencia, en la mezcla racial que le otorgó algún derecho a sus descendientes mestizos y en su retiro a zonas de refugio territorial cuando le fue posible. Antonio García expresó la relación dialéctica entre la subordinación y la rebelión, referida al campesinado de origen indígena, cuando escribió: La contrapartida del status de inmersión campesina (en la forma de enajenación personal) es la subversión: subordinación pasiva y subversión violenta constituyen, paradójicamente, el anverso y el reverso de la misma medalla. En términos estrictos, éstas son dos figuras dominantes de la

Las guerras de independencia contra la metró poli española fueron lideradas en muchas regiones por los hacendados, como lo señaló el historiador Juan Carrasquilla Botero para la Saba na de 85

84

Woodrow Borah, "La demografía histórica de la América Latina: fuentes técnicas, controversias, resultados", Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Bogotá, 1972.

Juan Carrasquilla Botero, Comunicación personal. 86 Véase el excelente estudio de Fernando Guillén Martínez, Raíz y futuro de la revolución, Tercer Mundo, Bogotá, 1963. 87 Jorge Villegas y José Yunis, La Guerra de los Mil Días, Carlos Valencia Ed., Bogotá, 1979.

Estudios sociología de la incomunicación: ambas expresan incapacidad radical de comunicarse, de transar o de participar en formas institucionales de negociación88 . Mientras la subordinación social, militar y política del indio pasa a sus descendientes mestizos corleo una profunda herida en su identidad individual y colectiva, que le impide vivir y construir su destino como propio, la identidad española, separada definitivamente de su territorio original, se reproduce en los criollos, has ta nuestros días, en una cultura que descansa en el honor y el prestigio social basados en la propiedad de la tierra, sin una vinculación ne cesaria con el trabajo productivo, el desarrollo técnico o el enriquecimiento colectivo. Esa circunstancia explica las características sugeneris del latifundio en nuestro medio: en contras te con la enorme disponibilidad de tierras naturales de que dispone, su contribución al producto social, al empleo y al ahorro es mínima. También permite entender el potencial de vio lencia que es capaz de desplegar el latifundio cuando siente amenazados sus privilegios por la colonización campesina y las políticas distributivas de la tierra. A diferencia del indio y el criollo, el negro encuentra en el orgullo su tabla de salvación, que lo lle va a defenderse de la esclavitud y la segregación en el aislamiento y la conservación de la propia cultura, refugiándose en las regio nes menos hospitalarias y propicias para la multiplicación. Ya en 1956, Luis López de Mesa señala claramente la relación que existe entre la segregación territorial y el

La violencia y el problema agrario… crecimiento demográfico de poblaciones africanas en Colombia:

las

El haber sido emplazados los dichos negros en regio nes deletéreas, Atrato, Magdalena, Bajo Cauca y Costa del Pacífico, v. gr., detuvo su na tural prolifera ción, y así se comprende que habiendo tenido Antio quia y el Chocó igual censo, de unos diez mil habitantes más o menos, en 1650, hoy los hijos de aquélla, emigrados incluso, pasen de tres millones, y los de esta otra región no lleguen a c iento cincuenta mil 89 . Mientras los chocoanos, articulados entre otros por el movimiento "cimarrón", vinculan su presente lucha por el desarrollo con la defensa de su identidad étnica y su liberación del status de colonia interior del país, los campesinos costeños comienzan a entrar masivamente en una confrontación por la tierra con los "blancos", término con el que se designa a los terratenientes dueños de ganaderías extensivas en la re gión. Los indígenas paeces y guambianos del Cauca, por su parte, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- libran una lucha defensiva por la recuperación de las tierras usurpadas y la restauración de su identidad cultural. Esta lucha centenaria es una prueba elocuente del desarrollo de una cultura de la resistencia como identificación cultural. Estos ejemplos señalan que el problema de la tierra tiene dimensiones mucho más vastas y complejas que el simple problema técnico de aumentar la producción o modernizar el latifundio. La lucha por la tierra es parte de un conflicto centenario por la supervivencia y la identidad, contra quienes identifican sus

88

Antonio García, "La estructura de inmersión campesina", en El problema agrario y los medios de comunicación colectiva, CIESPAL, Quito, 1966, p. 176.

89

Luis López de Mesa, Escrutinio sociológico de la historia colombiana , Ed. Bedout, Medellín, 1970, p. 110.

Estudios propios intereses como los intereses generales del desarrollo y la modernización. 4. El problema agrario en las regiones colombianas a. La Costa Atlántica La característica general que domina la confi guración de la estructura de propiedad y uso del suelo es la monopolizació n extensiva de las antiguas sabanas y bosques naturales, ahora transformadas mayormente en pastizales, por una reducida élite de propietarios. Esta situa ción obligó al campesinado a someterse a los variados arreglos de arriendo de tierras y aparcería, mediante los cuales los agricultores desmontaban una parcela de selva, cultivaban alimentos y luego sembraban pastos para la ganadería del propietario. Cuando este proceso agotó los bosques naturales, a mediados de la década de 1960, la vinculación de los campesinos a las haciendas perdió su función económica. Simultáneamente, el impulso a la reforma agraria durante la Administración Lleras Restrepo (1966-1970) indujo a grandes y medianos propietarios a expulsar masivamente de sus tierras a las familias de arrendatarios, quienes alimentaron la migración a los centros urbanos de la Costa y a Venezuela. El conflicto generalizado por la tierra, que se inició en 1971 con más de dos mil haciendas invadidas por campesinos se explica como una reacción colectiva a esta expulsión de la década anterior. No hubiera sido posible, sin embargo, que este movimiento de invasiones conservara durante los años setenta un carácter esencialmente gremial y pacífico si no hubieran media do dos condiciones: una, los comités ca mpesinos de invasión de haciendas estaban sólida mente

La violencia y el problema agrario… estructurados por vínculos de parentesco propios de clanes familiares90 ; y dos, el gobierno creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- como instrumento legítimo de organización campesina para apoyar la reforma agraria, lo que impidió la reacción violenta de los propietarios afectados. Las invasiones de haciendas ocurrieron en la mayor parte del departamento de Córdoba, la totalidad de Sucre, el centro y sur de Bolívar, el sur del Atlántico, el norte y centro del Magdalena y el centro y sur del Cesar. En algunos departamentos las invasiones y la compra de las tierras por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORAlograron reasentar en la tierra hasta una sexta parte de las familias expulsadas, como fue el caso de Sucre, donde obtuvieron parcelas unas cinco mil de las treinta mil familias desalojadas en los años sesenta. La represión violenta desatada durante el gobierno de Pastrana Borrero (1970-1974) y el freno total a la reforma agraria ordenado por el gobierno de López Michelsen (1974 1978) debilitaron la organización campesina y frustraron la dinámica de democratización agraria de comienzos de la década de los años setentas, dejando prácticamente sin resolver el conflicto por la tierra. El tristemente célebre Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala (19781982) legitimó la injerencia plena de la represión militar en los conflictos agrarios, amedrentó a los grupos campesinos por la persecución y el aniquilamiento de sus líderes y produjo, como reacción, el

90

En mi estudio Latifundio y poder político, formación de les haciendas en Sucre, Bogotá, CINEP, 1976, hice un análisis de parentesco de los miembros de los comités de recuperación de tierras, que confirma esta observación.

Estudios acercamiento del movimiento campesino a las organizaciones guerrilleras 91. Desde los años setentas, las políticas económicas privilegiaron la modernización agrícola del' latifundio con miras a la exportación, y algunas regiones de la Costa Atlántica presenciaron el aumento de los cultivos empresariales del algodón, sorgo, arroz, ajonjolí y palma africana. Los polos de esta transformación de las viejas haciendas ganaderas fueron las regiones de Montería y Cereté (Córdoba), San Pedro (Sucre), Magangué y María La Baja (Bolívar), Manatí y Repelón (Atlántico), y Chiriguaná, Codazzi y San Alberto (Cesar). En tres de estos departamentos Córdoba, Bolívar y Atlántico- la modernización empresarial se sustentó en las inversiones públicas de los distritos de riego construidos por INCORA, realizadas presuntamente para beneficiar la agricultura campesina. Esta modernización, sin embargo, se produjo dentro del contexto estructural del latifundio 92 , lo que explica la facilidad con la cual las plantaciones agrícolas de la Costa Atlántica revierten nuevamente a ganaderías extensivas cuando aparecen trastornos del mercado exter no o de la producción de materias primas, como fue el caso de la crisis algodonera de 19771978 en el Cesar y en Sucre. La debilidad de la base industrial de la Costa Atlántica, que se reduce al complejo petroquímico de Cartagena, las industrias de Barranquilla, la refinación 91

Para un análisis sobre el Estatuto de Seguridad, sus antecedentes y significado político, véase el trabajo colectivo de Alejandro Reyes, Guillermo Hoyos y otros, en "Estatuto de Seguridad", Controversia, Nos. 70-71, CINEP, Bogotá, 1978. 92 Para un análisis del concepto sociológico del latifundio, véase la obra de Antonio García, sociología de la reforma agraria en América Latina, Ed. Cruz del Sur, Bogotá- 1973. p. 80.

La violencia y el problema agrario… petrolera de Barrancabermeja y los enclaves de carbón de El Cerrejón (Guajira) y de níquel en Montelibano (Córdoba), sumada a la debilidad de la oferta de empleos en los cultivos mecanizados y la ganadería extensiva, han deteriorado hasta extremos insostenibles las condiciones de vida del campesinado costeño, impidiendo su incorporación, luego de la expulsión masiva de las ha ciendas, a formas modernas de actividad económica. Permanecen latentes las presiones campesinas por la tierra, que responden a una imagen del latifundio como constelación de poder y fácilmente construyen en la conciencia colectiva la imagen de la reforma agraria como la destrucción física de la hacienda y la invasió n de la tierra. La Costa Atlántica tiene dos regiones con graves desequilibrios sociales que exigen un especial énfasis en la distribución de la tierra como estrategia preventiva de conflictos abiertos a gran escala. La región integrada por el bajo y medio Sinú y las sabanas de Sucre, donde una población de arrendatarios y aparceros anteriormente vinculada a las haciendas fue expulsada masivamente de sus parcelas y solo en mínima parte reincorporada a la tierra durante el primer lustro de los años setentas, y la región del valle del río del Cesar, que atrajo en los setentas una importante migración de campesinos recolectores de algodón, que presionó adicionalmente la demanda por tierras en una de las áreas de mayor concentración de la propiedad agraria del país. Finalmente, dos regiones costeñas tienen conflictos armados con intervención militar del Estado. El sur de Córdoba, alrededor de la Serranía de San Jerónimo, y el valle alto del Sinú y la angostura de

Estudios Urrá, por una parte, y la región del Magdalena Medio entre la Serranía de San Lucas y la Cordillera Oriental en su paso por los dos Santanderes. En ellas existe un conflicto por la apropiación de la tierra que ha polarizado a colonos y terratenientes, con la presencia de guerrillas, grupos paramilitares de justicia privada y fuerzas regulares del ejér cito. La Costa Atlántica es la región con mayores conflictos por la tierra. De los 155 municipios que la integran, hay 55 con conflictos abiertos por la tenencia de la tierra, 24 con alta presión campesina y 5 de colonización. Los conflictos se presentan en 11 de los 26 municipios de Córdoba, en los 23 municipios de Sucre, en 2 de los 30 de Bolívar, en 6 de los 21 municipios del Magdalena, 10 de los 23 del Cesar y 3 de los 9 de la Guajira. La presión campesina por la tierra se da en 6 municipios de Bolívar, 7 del Atlántico, 7 del Magdalena, 3 del Cesar y 1 de la Guajira. Hay dos municipios de colonización en Córdoba y tres en Bolívar 93. b. La región andina Comprende las áreas más densamente pobla das del país y está conformada por las tres cordilleras en las que se dividen los Andes, a partir del Macizo Colombiano en Nariño hasta la Cordillera de la Hoya y la Sierra de Tibú en Norte de Santander, antes de entrar a Venezuela. Geográficamente, la región andina está integrada por varias decenas de pequeños

La violencia y el problema agrario… valles enclavados en las tres cordilleras, separadas por los grandes valles interandinos del río Magdalena, del Cauca y del Patía, en el mismo orden de importancia. La comunicación terrestre de todas esas microrregiones ha sido un proceso de siglos, y muchas comunidades permanecen hoy aisladas de las corrientes comerciales por la falta o pobreza de las vías. La temprana estabilización de una estructura de tenencia de la tierra, dominada por predios grandes y medianos en las mejores tierras de los valles y altiplanos, rodeados de minifundios en las laderas y montañas, ha conducido a un lento deterioro de la economía campesina, que produce la mayor parte de los alimentos del país. La región andina tiene un poco menos de un millón doscientas mil explotaciones agropecua rias que ocupan una superficie de treinta y un millones de hectáreas. El 62 por ciento de los predios tenía menos de cinco hectáreas en 1970 y controlaba en total menos del seis por ciento de la superficie. Un poco menos de cien mil propietarios, en el otro extremo, con predios superiores a cincuenta hectáreas, constituían el 8.4 por ciento de los propietarios y controlaban el setenta y ocho por ciento de la tierra 94 . En su conjunto, la región andina tiene medio millón de minifundios inferiores a dos hectá reas. Los municipios en los cuales predominan los minifundios sobre otros tamaños prediales se concentraron en Cundinamarca y Boyacá, en un corredor que sigue la dirección suroestenordeste, en la parte central de Antioquia, el noroeste de Caldas, el oriente del Valle

93

Véase el estudio de Luis Lorente. Armando Salazar y Ángela Ga llo, Distribución de la propiedad rural, en Colombia 1960-1984. Ministerio de Agricultura, CEGA, s.f., Bogotá.

94

DAME, Censo Agropecuario Nacional, 1970.

Estudios del Cauca, los alrededores de Popayán (Cauca) y el centro-oriente de Nariño 95. En las vertientes cordilleranas del cinturón cafetero y en las regiones adyacentes a las del minifundio en las cordilleras Central y Occidental, hay conjuntos de municipios donde tiene importancia la categoría de predios entre cinco y veinte hectáreas, aunque los predios inferiores a cinco hectáreas constituyen entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento del total. En los años cincuenta y comienzos de los sesenta casi toda la región andina, particularmente las áreas cafeteras, vivió procesos de violencia originados en la confrontación política entre liberales y conservadores, que se desdoblaron en algunas áreas en expulsiones de campesinos y medianos propietarios, y en otras condujeron a afianzar colonizaciones campesinas protegidas por grupos de autodefensa. Aunque la propiedad territorial está relativamente mejor distribuida en las áreas de producción cafetera, entre los 1.200 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, el cincuenta y seis por ciento de las explotaciones cafeteras eran inferiores a cinco hectáreas y en conjunto controlaban, en 1970, solo el 19 por ciento de la superficie. En contraste, los predios cafeteros mayores de veinte hectáreas, que constituían el 16 por ciento, controlaban el cincuenta por ciento de la superficie. La tendencia originada en el cambio de variedades de café del arábigo al caturra brasileño, por los mayores costos de inversión que 95

Para todas las referencias geográficas puede consultarse el Atlas Regional Andino publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1983.

La violencia y el problema agrario… implica, se orienta a la reducción del número de pequeñas parcelas, la disminución del área de las grandes y el fortalecimiento de las categorías intermedias de tamaño predial96 . La estructura andina de propiedad de la tierra provoca la expulsión de población campesina hacia las ciudades del interior del país y hacia Venezuela, la multiplicación de predios inferio res a una hectárea por efectos de la herencia, el surgimiento de presiones por la tierra y la apertura de frentes de colonización, tanto dentro como fuera de la región. De los 622 municipios que integran la región andina (excluyendo los 118 de Antioquia), hay alta presión campesina por la tierra en 113 municipios, conflictos abiertos de tenencia en 39 y colonización en 43 municipios. Los conflictos por la tierra existen en 8 de los 36 municipios del Cauca, en 7 de los 42 del Valle, en 6 de los 45 del Tolima, en 6 de los 84 de Santander, en 5 de los 37 del Huila, en 2 de los 57 de Nariño, en 2 de los 115 de Cundinamarca, en 1 de los 25 de Caldas, en 1 de los 120 de Boyacá y en 1 de los 36 de Norte de Santander. Hay alta presión campesina por la tierra en 33 de los municipios de Boyacá, en 21 de Cundinamarca, en 17 de Nariño, 13 de Santander, 11 del Valle, 8 del Cauca, 7 del Tolima, 6 del Huila, 5 de Caldas, en 4 de los 12 municipios del Quindío, en 4 de los 13 de Risaralda, y en 4 del Norte de Santander. Hay colonizaciones en 11 municipios de Santander, 9 de Nariño, 8 de Norte de Santander, 4 del Cauca, 3 del Tolima, 3 de Caldas, 3 de Cundinamarca, y 2 de Risaralda. La característica esencial de los frentes de colo nización es la indefinición de la 96

Federación Nacional de Cafeteros, Censo Cafetero Nacio nal, 1970.

Estudios propiedad territorial. Esta situación conduce a aumentar los niveles de confrontación violenta entre grandes propietarios y colonos. Debido a la débil presencia de las instituciones estatales, el conflicto tiende a polarizarse: los grandes propietarios y comerciantes se apoyan en grupos priva dos de sicarios y establecen alianzas con fuerzas paramilitares, mientras los colonos pobres tienden a apoyar a los grupos guerrilleros, constituyendo lo que William Ramírez y Alfre do Molano han denominado "la colonización armada"97 . Una rápida mención de los frentes andinos de colonización permite asociarlos a la geografía de la viole ncia actual. En Antioquia son frentes de colonización el bajo Cauca, Nechí, los ríos Mulato y San Juan, el macizo andino del nudo de Paramillo (Cordillera Occidental), la región del Darién antio queño y la Cordillera Occidental en la regió n de Urrao. En Bolívar son frentes de colonización la Serranía de San Lucas y el Valle del río Magdalena. En Boyacá son áreas de colonización el territorio Vásquez, la región de Tunebia / Sarare, el flanco oriental de la Cordillera Oriental y los llanos del Casanare. En el Cauca, la región del alto Caquetá, el Macizo Colombiano, la Cordillera Occidental y la costa del Pacífico 98. En Cundinamarca son frentes de colonización la región del Sumapaz y la baja vertiente septentrional del río Magdalena. En el Huila son regiones de colonización la del Macizo Colombiano 97

William Ramírez Tobón, "La guerrilla rural en Colombia: ¿una vía hacia la colonización armada?", en Estudios Rurales Latinoamericanos, V. 4, No. 2, Bogotá, mayo-agosto 1981. Alfredo Molano, Selva adentro , El Ancora Editores, Bogotá, 1987. 98 Lorente, Salazar y Gallo, op. cit.

La violencia y el problema agrario… (San Agustín-Alto río Caquetá), Moscopán, Villalobos, Sumapaz y la Cordillera Oriental hacia el Meta y el Caquetá. En Nariño las colonizaciones se dirigen hacia la cordillera centro-oriental en su vertiente oriental, hacia la vertiente exterior de la Cordillera Occidental y hacia la llanura del Pacífico, y en el Valle del Cauca hacia el valle del río Garrapatas de la Cordillera Occidental. En Santander, la colonización ocupa todo el valle del río Magdalena y su vertiente, constitutivas del Magdalena Me dio. En el Norte de Santander la colonización ocupa la serranía de los Motilones, el Catatumbo y el Sarare. En Risaralda la colonización ocupa la Cordillera Occidental en la vertiente chocoense99 . Esta relación solo toma en cuenta las coloniza ciones al interior o adyacentes a la región andina, pero deben mencionarse además las colonizaciones de nariñenses en el Putumayo, las de huilenses en el bajo Caguán del Caquetá, de cundinamarqueses en distintas áreas de los Llanos Orientales, de boyacenses en Casanare y santandereanos en Arauca y la Costa Atlántica, donde se colonizan además los flancos oriental y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta a expensas de los territorios indígenas. c. La región de la Orinoquía y Amazonía La estructura de ocupación del territorio de las sabanas naturales de la Orinoquía obedece a la pauta de expansión de los hatos de ganadería extensiva, con una notoria exclusión de colonizaciones campesinas, que históricamente se han inhibido gracias a la defensa de los hatos en alianza con las autoridades de 99

Esta relación ha sido tomada de Atlas Regional Andino, IGAC, 1983.

Estudios vigilancia del robo de ganados (DAS Rural). Salvo algunas áreas del piedemonte de la Cordillera Oriental como el Arauca (en la región de Saravena) y los ríos Duda y Guayabero, en las restantes áreas orinoquenses la apropiación extensiva ha lo grado subordinar al campesino a la trashumancia del jornaleo en los hatos donde se realizan los trabajos de vaquería. La colonización de la selva amazónica es un proceso que tiende a reproducir la estructura del latifundio ganadero mediante la agregación de mejoras de los colonos que tumban y que man la selva, cultivan unos pocos años y luego siembran pastos en espera de obtener ganado. En lo que va corrido de este siglo, la ocupación económica de la región amazónica ha descansado en la subordinación de las comunidades indígenas, usadas por medio del endeudamiento con mercancías para recolectar caucho, chicle, balata, chiquichiqui, pieles finas, peces ornamentales y animales salvajes para laboratorios del exterior. El aniquilamiento y desplazamiento de indígenas a regiones de refugio abre la puerta a los frentes de colonizació n, como ha ocurrido en el Putumayo, Caquetá y Guaviare. En las fases iniciales de colonización, el trabajo se intercambia entre los vecinos y existen múltiples vínculos eficaces de solidaridad. La infraestructura incipiente de trochas, embarcaderos y puertos, puentes o tarabitas, escuelas y puestos de salud es construida por los habitantes del frente de colonización. Existe el sentimiento común, como un espejismo luminoso, de estar creando un mundo nuevo y pujante. Las primeras dos o tres cosechas sobre suelo virgen son

La violencia y el problema agrario… extraordinariamente fértiles, sin abonos ni plagas, y prometen un futuro brillante. La cuarta o quinta cosecha no produce y el colono resuelve sembrar pastos. Cuando pasa un tiempo sin obtener el ganado, el colono ofrece en venta sus mejoras y a la primera oportunidad se desembaraza de su espejismo verde y se desplaza a crear otro igual, si le so bra salud, al nuevo frente de colonización. Por no preverse este movimiento expansivo de la onda colonizadora, se observa en muchas regiones de la Amazonía y la Orinoquía el curioso fenómeno de localidades dotadas de buena infraestructura de servicios institucionales y sociales que han sido despobladas por la emigración hacia un nuevo frente colonizador, mientras estos últimos, densamente poblados, carecen de la más tenue presencia de servicios estatales. Ocurre que el tiempo que tarda el clamor del frente de colonización en obtener del Estado apoyos efectivos es superior al tiempo que tarda el frente de colonización en desintegrarse, ser absorbido por el latifundio y desplazarse hacia una nueva frontera. Las inversiones públicas en áreas de colonización terminan generalmente valorizando las tierras acumuladas por el neo- latifundio que resulta de la agregación de mejoras. Una política in teligente de ocupación de la Amazonía debe replantear, en primer término, las concepciones tradicionales que se afirman en la tala y quema del bosque y la siembra de cultivos y pastos. Es infinitamente más valiosa, como recurso económico y ecológico, una hectárea de bosque que una de pastos. La ocupa ción amazónica con ganaderías es un ecocidio de consecuencias planetarias. La selva solo puede usarse económicamente con técnicas de silvicultura, que parten de preservar la

Estudios capa vegetal, reconociendo en ella el origen de toda la vida amazónica. Una segunda rectificación de gran importancia se refiere a la incongruencia de concebir como baldíos territorios ocupados por indígenas. La adaptación milenaria de las técnicas de cultivo indígenas han definido una pauta de rotación de barbechos de siembra entre 15 y 25 años, de manera que la familia siempre tiene una o dos parcelas en producción y una o dos docenas de barbechos en reserva, regenerando su fertilidad con el bosque secundario. Todas las comunidades indígenas ocupan terrenos estratégicamente situados para usar los recursos de caza, pesca y recolección de frutos de amplias zonas. Un comportamiento indígena milenario ha sido plantar árboles frutales y tubérculos alimenticios a lo largo de los caminos usados para la cacería, de forma que puedan sustentar a futuros pobladores. Si se reconociera legalmente el valor de estas técnicas conservacionistas como elementos definitorios de su posesión del territorio, el Estado debería garantizar la supervivencia de estos grupos humanos mediante la constitución de mayores reservas y su efectiva protección de las corrientes colonizadoras. Otro frente de conflictos de la Amazonía es la dominación armada que ejercen los narcotraficantes sobre las poblaciones de colonos que cultivan las plantas de coca y elaboran la base de la cual se obtiene la cocaína. Esta dominación solo se ve confrontada cuando la colonización está apoyada por guerrillas, como ha mostrado en una obra magistral el sociólogo Alfredo Molano refiriéndose al Guaviare100 . Las guerrillas de las FARC cobran una 100

Alfredo Molano, Selva adentro, op. cit.

La violencia y el problema agrario… contribución del 10 por ciento a los cultivadores y del 8 por ciento a los traficantes y, además, los obligan a cultivar tres hectáreas de alimentos por cada hectárea sembrada de coca. Administran justicia e incluso las mismas autoridades envían ante el comandante guerrillero a los infractores o vecinos en disputa para que solucio ne los conflictos. Aquellas organizaciones guerrilleras que mantienen vínculos estables con el campesinado, como las FARC, moldean parcialmente una nueva estructura de tenencia al obligar a los propietarios a cultivar alimentos además de la ganadería, a vender o parcelar las tierras no explotadas y contribuir con aportes a fondos de crédito para campesinos, administrados por la guerrilla. Un error frecuente es confundir la dinámica del conflicto social que originan las guerrillas y su inserción preferencial en regiones de coloniza ción, con la dinámica de creación de poderes económicos y militares privados con base en el tráfico de estupefacientes101 . En circunstancias en que el ejército y la policía persiguen a guerrilleros y narcotraficantes, éstos tienen un adversario común y por tanto intereses comunes de defensa. Un segundo interés es de tipo comercial: el intercambio de armas y dinero a cambio de neutralidad o protección armada. A partir de allí los intereses se divorcian radicalmente y las guerrillas consideran a los narcotraficantes como una amenaza, por su alianza con el capital general. En muchas regiones del país afectadas por la violencia se está dando una transferencia select iva de las mejores fincas a narcotraficantes, con lo cual la ganadería 101

Fue el error cometido por el exembajador estadounidense en Colombia Lewis Tambs al acuñar el término "narcoguerrilla •

Estudios en su conjunto no solo se capitaliza sino que también se rearma. La colonización campesina aprovecha las oportunidades de capitalización ofrecidas por los buenos precios de la coca, pero a largo plazo no puede sustentarse en la producción ilegal, ni resiste las crisis provocadas por el desplaza miento de áreas de compra, que los narcotraficantes usan como estrategia de protección. La tendencia se dirige a consolidar tales coloniza ciones por la vía campesina o la vía latifundista, y en las circunstancias actuales, la presencia de las guerrillas o del ejército determina cuál será el grupo humano sacrificado en el proceso. 5. Regiones en conflicto En síntesis, el mapa de los conflict os agrarios en el país podría asumir una configuración como la siguiente. En la Costa Atlántica, especialmente en las llanuras del Sinú y las sabanas de Sucre, al suroccidente, en la región de la Mojana y en los restantes valles del Magdalena Medio, existe una presión campesina por tierras, por la fuerza de la colonización o por la necesidad de los campesinos de recuperar un control perdido sobre la tierra y los recursos. En todo el occidente del interior de la Costa, la población campesina fue removida de sus parcelas en arriendo y solo una pequeña parte fue reubicada por INCORA. El latifundio ganadero se ha modernizado y algunas áreas irrigadas por INCORA se han dedicado a los cultivos mecanizados. Esta modernización se ha mostrado frágil en regiones como el Cesar y San Pedro (Sucre) donde la crisis algodonera de finales de los setenta hizo regresar las haciendas hacia la ganadería extensiva. El otro frente de conflictos en la Costa Atlántica es la lucha de los migrantes por los términos de incorporación a la

La violencia y el problema agrario… economía y la cultura urbanas, que se expresa en las demandas orga nizadas y masivas por vivienda, servicios públicos y empleo. Esta lucha está íntimamente relacionada con la expulsión de campesinos que hizo entrar en crisis la precaria oferta de empleo y servicios estatales de las poblaciones costeñas en las últimas tres décadas. En algunas regiones de la Costa donde se debilitó sustancialmente el movimiento campesino, como Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, los antiguos propietarios de haciendas afectadas por INCORA han avanzado un proceso de rever sión de la reforma agraria, logrando de los jue ces la anulación de muchas adquisiciones de tierras hechas por INCORA y la devolución compulsiva de las parcelas campesinas. Estos procesos comienzan a ser enfrentados con un resurgimiento de la organización campesina y las acciones de masas y, por tanto, el conflicto social va a sustituir a la simple expulsión de beneficiarios de la reforma agraria. La Costa Atlántica tiene dos áreas con conflictos armados abiertos: el sur de Córdoba (Serra nía de San Jerónimo), que linda con la zona de conflicto armado de Urabá antioqueño, y la región del Magdalena Medio que corresponde a Bolívar (San Pablo, Simití, Morales y San Martín de Loba) y el Cesar (Aguachica, La Glo ria, Tamalameque), situada entre la Serranía de San Lucas y la Cordillera Oriental en su paso por los dos Santanderes. En la Costa fue notable el fenómeno de la diferenciación entre el movimiento campesino de masas y los movimientos guerrilleros hasta mediados de los años setentas, pero a partir de esa fecha el cierre de las vías institucionales para realizar la reforma agraria fortaleció las

Estudios formas de colaboración entre unos y otros. En las condiciones actuales, una movilización de expectativas del campesinado sin tierras que se viera enfrentada por la oposición cerrada de las capas terratenientes y del Estado podría desencadenar un desdoblamiento de la movilización en ocupaciones de tierras y enfrentamientos de hecho. La mejor opción que tiene el Estado es la activa promoción de la organiza ción campesina, acompañada de inversiones cuantiosas en reforma agraria, para consolidar una alianza que apoye políticas tendientes a una mayor articulación social y que equilibre la sociedad costeña, aumentando las capas de pequeños agricultores y su desempeño económico, ampliando el mercado interno para la industria y elevando la producción alimenticia de consumo popular. En la región andina, las áreas donde el conflicto agrario se ha desdoblado en apoyos a las organizaciones guerrilleras coinciden fundamentalmente con los frentes de colonización, donde no se ha consolidado aún la estructura de propiedad por la vía campesina o la vía terrateniente. Basta mencionar el bajo Cauca y Nechí, el oriente ant ioqueño, el Catatumbo, Sarare, Tunebia, el flanco oriental de la Cordillera Oriental, desde el Putumayo y Caquetá hasta la Macarena, y la región del Sumapaz. En la región indígena del Cauca, el fenómeno principal es la organización comunitaria en la lucha por la tierra y la autonomía política y cultural. El surgimiento de una guerrilla indígena, el grupo Quintín Lame, se explica como estrategia defensiva de las comunidades indígenas frente a veinte años de persecución y asesinatos selectivos de dirigentes, por parte de bandas de “ pájaros- y autoridades arma das. Los

La violencia y el problema agrario… objetivos de esta guerrilla están sub sumidos en la lucha reivindicatoria del territo rio y la cultura de paeces y guambianos, y se debería agotar si cesara la persecución contra los dirigentes indígenas. El sur del Tolima comunica geográficamente con el norte del Cauca y con el oriente del Huila en el Nevado del Huila, donde confluyen las regiones del sur del Saldaña y de Marquetalia y Gaitania, por el Tolima, con las de Corinto, Toribío y Jambaló, por el Cauca. Históricamente, existe un corredor de comunicación de conflictos sociales mediante el paso de guerrillas, campesinos e indígenas refugiados, tropas oficiales y emigraciones de población en busca del trabajo que circulan del Cauca al Tolima y de éste al Huila y al Caquetá, bordeando los desfiladeros del Nevado del Huila. En el valle del Magdalena del sur del Tolima continúa un centenario conflicto de tierras entre los indíge nas de Coyaima, Natagaima y Ortega contra los terratenientes que a sangre y fuego los han despojado de sus tierras de resguardo, de donde surgió don Manuel Quintín Lame y donde se guardan sus escritos. En la Cordillera Oriental, el páramo de Suma paz domina las vertientes que originan los ríos Ariari, Duda y Guayabero, uniendo el sur del Distrito Especial de Bogotá con las regiones donde predominan formas de colonización armada y en conflicto latente o manifiesto con el ejército regular. Al bajar de las montañas de Santander está Cimitarra, en la región de los ríos Carare y Opón, que descienden de la cordillera de los Cobardes, igual que otras poblaciones que rodean esa cordillera como Guadalupe, Simacota, Galán y San Vicente de Chucurí, separa das de las

Estudios lomas que conducen a Bucaramanga por el valle del río Suárez. En toda esta región es endémica la violencia organizada contra la población campesina. En los Llanos Orientales y la Amazonía hay varias regiones donde predomina la influencia guerrillera sobre la población y donde las gue rrillas han creado un sistema tributario propio con recaudos obtenidos por extorsión o amenazas contra los detentadores de recursos, bien sean las compañías petroleras en Arauca, los narcotraficantes en el Vaupés, Caquetá y Putumayo o los ganaderos e n Meta, Casanare y Vichada. Aq uellas organizaciones guerrilleras que tienen vínculos estables con el campesinado, como las FARC, moldean parcialmente una nueva estructura de tenencia de la tierra al obligar a los propietarios a cultivar alimentos además de la ganadería, a vender o parcelar las tierras que no puedan trabajarse y a contribuir con aportes a la creación de fondos de crédito administrados por la guerrilla. 6. La experiencia de la reforma agraria en Colombia A comienzos de los años sesentas se acababa de sellar un pacto entre los partidos tradiciona les (1957) para impedir el desdoblamiento de la movilización política en revolución social, al aparecer síntomas de organización horizontal en torno a intereses de clase. A nivel exter no, la revolución cubana de 1959 estimuló tanto la agitación campesina como los temores de insurgencia popular por parte del Estado y las clases altas. En los Estados Unidos se lanzaron dos políticas contradictorias de ayuda a Latino américa: la Alianza para el Progreso y el envío masivo de alimentos a través de la Ley 480, para abaratar el costo de la mano de obra y fa cilitar la

La violencia y el problema agrario… penetración del capital extranjero, mientras se desarrollaba la "revolución verde" que colocaría a ese país en los años setentas como el mayor exportador mundial de granos. La estrategia de la reforma agraria en Colombia no se dirigió tanto al aumento de la produc ción de alimentos cuanto a calmar las tensiones sociales, que habían exacerbado quince años de violencia política y social, y a eliminar las relaciones semifeudales de las grandes haciendas improductivas. De hecho, aunque el impacto real del volumen de tierras sometidas a reforma fue mínimo (890.000 has hasta 1985, en comparación con un fondo de tierras cercano a treinta y cinco millones de hectáreas en todo el país), la reforma sí indujo una transformación importante de las grandes haciendas en empresas comerciales y provocó la expulsión de la mayoría de arrendatarios, aparceros y colonos de tierras de haciendas o en disputa, ampliando el mercado de trabajo rural y profundizando la pobreza de los campesinos. La población campesina sin tierra puede estimarse como cercana a un millón de familias. La reforma agraria ha logrado adjudicar parcelas a 37.293 familias co n una extensión total de 706.242 hectáreas. El programa ha cubierto, entonces, a menos del 4 por ciento de los potenciales beneficiarios en 25 años de aplicación. En realidad, el Estado ha adelantado sucesiva mente una modesta reforma agraria marginal y una contrarreforma agraria, al afectar y luego desafectar la mayor proporción de tierras sujetas a la reforma. El cuadro elaborado por INCORA muestra la situación:

Estudios

La violencia y el problema agrario…

CUADRO No. 1 INGRESO DE TIERRAS AL FONDO NACIONAL AGRARIO

En materia de titulación de predios de colonos, la labor de INCORA ha tenido mayor alcance. Se han beneficiado 28.000 familias de colonos por declaraciones de Predios

Compra

Modalidad Expropiación

Extinción

Afectados Ingresados Desafectados En trámite

100% 11.3 85.2 3.5

10096 30.2 49.1 20.7

100% 7.1 80.1 12.2

Fuente: INCORA, Ponencia de Guillermo Alberto González al proyecto de ley sobre modificaciones a la legislación de Reforma Agraria que cursa en el Congreso en las legis laturas 1986 y 1987. Anales del Congreso.

extinció n del dominio de los propietarios titulares y se han concedido 259.562 títulos de propiedad sobre una superficie de 7.672.991 hectáreas, con un promedio de 30 has por título. Entre 1966 y 1978 se crearon 34 reservas indígenas para 4.203 familias (20.825 personas) sobre una extensión de 3.065.279 has, principalmente en la Orinoquía y la Amazonía. A finales de los años sesentas se hicieron evidentes los límites de la estrategia de industrialización basada en la política de alimentos baratos y la política económica se orientó al desarrollo de la agricultura comercial. Se creó el CIAT (Centro Interamericano de Agricultura Tropical) en 1968 y se trató de afrontar la disminución de las ayudas alimenticias norteamericanas con el estimulo de la agricultura comercial. El cambio realizado durante la década de los sesentas es dramático, según el cuadro ela borado por Salomón Kalmanovitz:

CUADRO No. 2 PARTICIPACIÓN DE TIPOS DE CULTIVOS EN EL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 1950-55

1971-76 Variación

Capitalista Campesino

10.6 23.8

30.8 24.2

191 2

Mixto

25.5

17.8

-30

Café

40.1

127.2

-32

Fuente: Salomón Kalmanovitz, Desarrollo de la agricultura en Colombia, Ed. La Carreta, Bogotá, 1978.

El cuadro indica que durante las tres décadas se mantuvo la producción campesina de alimentos, pero en aquellos productos en los que concurrían productores campesinos y capitalistas hubo un desplazamiento de los primeros por la expansión de la producción empresarial, que pasó a representar una tercera parte del valor de la producción agrícola del país. También se observa una disminución del peso del café en la agricultura nacional. Los cultivos empresariales no se orientaron, salvo el arroz, a producir alimentos de consumo directo de la dieta popular. El banano y las flores para la exportación, el algodón para la industria y la exportación, y el sorgo, la soya y el ajonjolí para la industria de concentrados alimenticios para animales han sido y son los nuevos renglones agrícolas. El resultado combinado de la reforma agraria y las inversiones en la agricultura comercial fue la consolidación de una estructura agraria dual, en la cual la agricultura campesina se especializa en la producción de alimentos populares y el aporte de mano de obra migrante, mientras la agricultura empresarial busca

Estudios mayores márgenes de rentabilidad en las exportaciones y la producción de materias primas industriales, encadenadas al ciclo de procesamiento y distribución de las empresas multina cionales. 7. Posibilidade s y límites de la política de reforma agraria 102 La primera obser vación que puede hacerse desde un punto de vista sociológico es que la reforma agraria no se enmarca tanto por los cauces de la ley sino por la dinámica general del conflicto agrario y sus expresiones regionales. Vista así, la reforma es un proceso estratégico liderado por el Estado, que eleva los niveles de confrontación entre campesinos y propietarios y se dirige a transformar las condicio nes de acceso a los recursos para equilibrar la estructura social global del país. El proceso de reforma comprende, en primer término la actividad de promoción y organiza ción de los grupos humanos identificados con el cambio, cuya participación será la fuerza dinámica de la reforma; incluye la actividad múltiple del Estado, no solo promoviendo activamente la reforma misma sino ajustando los restantes instrumentos de política económica y social; finalmente, forma parte del proceso de reforma la acción contrarreformista de los grupos sociales opuestos a la pérdida de poder que ella implica. La experiencia ha mostrado que los efectos más importantes de la reforma agraria convencional se dan por fuera del 102

Esta sección debe las ideas principales al excelente estudio de Alain De Janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latin America, The Johns Hopkins , University Press, Baltimore, 1981.

La violencia y el problema agrario… sector reformado y se originan en las reacciones preventivas de modernización y adecuada explotación que la amenaza de expropiación provoca. Igualmente, puede sostenerse que las movilizaciones campesinas cambian en su favor el equilibrio de poder social en dimensiones diferentes a la tie rra y no solo con relación al trato con los terratenientes sino dentro de las sociedades campesinas. La demanda por tierras es la resultante de un complejo proceso de erosión del poder y la legitimidad de las viejas capas terratenientes, unido a un proceso de agotamiento y expulsión de brazos y m entes útiles de la agricultura de arriendo y de minifundio. La formación de masas que demandan tierra es también un proceso complejo, pues aquéllas no se encuentran ahí esperando ser movilizadas. Es necesa rio que se constituyan como amplios grupos humanos identificados por elementos o intere ses comunes y contrarios a los de otros grupos humanos. La convocatoria de masas campesinas depende en parte de las condiciones reales de vida (hambre de tierras) y en parte del éxito de las apelaciones que el discurso ideológico triunfante formule a diferentes categorías o estratos de los potencia les beneficiarios. Las culturas campesinas de las distintas regiones tienen pautas que definen los medios y criterios considerados legítimos y justos para acceder a la tie rra y para dirimir conflictos de distribución. Una apelación originariamente selectiva que surja del Estado y se dirija a una categoría restringida de la población puede desbordarse e incluir en la masa a muchas otras categorías, como sucedió con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos a comienzos de los años setentas.

Estudios La constitución de identidades colectivas es un proceso que puede ser estimulado o reprimido por el Estado, pero cuya fuerza y alcance vienen dados dentro de los grupos humanos que comprometen su acción y los riesgos inherentes a una definición de aspiraciones y objetivos comunes o semejantes. En otros términos, además de existir una voz vertical de convocatoria de la masa existe una voz horizontal, que redefine quiénes son participantes y cuáles sus obligaciones y expectativas. Si el Estado define como áreas de reforma las que están azotadas por conflictos violentos, la población rural pue de contestar la convocatoria multiplicando tales conflictos como camino tortuoso pero nece sario para acceder a la reforma. El otro polo del conflicto son los grupos de propietarios y la constelación de intermediarios y clientes políticos que actúan en el mercado privilegiado de las rentas institucionales que los terratenientes como clase son capaces de obtener del Estado. Hay regiones como Puerto Boyacá, donde los propietarios financian escuadrones de la muerte contra los campesinos y para la protección de la propiedad. El Estado tendría que corregir previamente esta anomalía, que contradice tanto su esencia como la existencia de guerrillas, antes de aplicar la reforma agraria. La acción del Estado tiene una importancia es tratégica dentro de esta liberación de dinámi cas. En primer lugar, corresponde al Estado delimitar acertadamente el ámbito y los adversarios sociales de los conflictos agrarios. Lo hace, en el lenguaje de la ley de reforma agraria, al especificar qué se reforma. Si se trata de abolir las relaciones de propiedad y trabajo precapitalistas, como los arriendos de tierra y las aparcerías, según lo quiso hacer la Ley 1 de 1968, el

La violencia y el problema agrario… Estado delimita un conflicto entre los arrendatarios y aparceros, por un lado, y los terratenientes, por otro, con el Estado mismo como mediador. Si el criterio es proveer tierras productivas y con acceso a mercados al campesinado sin tierra a costa del latifundio impro ductivo, se va a delimitar un conflicto entre campesinos sin tierra y latifundistas ineficientes, como fue la intención durante los primeros años de reforma agraria. Si se trata de transformar sustancialmente la propiedad agraria y colectivizar las relaciones de producción dentro de la economía planificada, los adversarios son el campesinado y los trabajadores rurales contra todos los grandes productores, hacendarios o capitalistas. Otras dimensiones claves de una reforma controlada por el Estado son el ritmo y el carácter masivo del proceso, que deben guardar relación con la constitución y movilización de la masa en busca de tierras. Si el ritmo y el impacto de la reforma son muy lentos en llegar a la masa organizada, ésta puede desbordar con presiones directas. Un segundo nivel, en el cual la acción del Estado es determinante del resultado final se rela ciona con la distribución de rentas instituciona les en la producción y distribución rural. Ocurre que la poderosa representación política y gremial de las asociaciones de empresarios agrícolas y ganaderos logra obtener del Estado y otros sectores de la sociedad una cuota desproporcionadamente alta de los recursos institucionales de crédito subsidiado, cupos de compras, difusión tecnológica, infraestructura agraria, etc. Una equilibrada asignación del gasto público hacia la agricultura campesina es requisito operativo de esta última.

Estudios El tercer nivel de acción del Estado tiene que ver con los restantes elementos de la política agraria global, fundamentalmente los que afectan los términos de intercambio intersectoriales entre la agricultura y el resto de la economía. En el país se canceló la reforma como alternativa distributiva desde 1972, con la reunión de Chicoral en la cual se pactó la Ley 4ª de 1973, y la política agraria se orientó a aplicar los instrumentos de la "revolución verde" y a capitalizar la agricultura de exportación y productora de fibras y materias industriales. La política social en el campo se canalizó a través del Programa de Desarrollo Rural Integrado, cuyo objetivo ha sido beneficiar a la capa minifundista en capacidad de generar excedentes y capitalizarse. Por el lado industrial, la política neoliberal que comenzó a aplicarse desde 1974 y que parece continuar hasta hoy desestimuló la producción de bienessalario de consumo popular, cuya demanda está atada al ensanchamiento del mercado por la proletariza ción ocasionada por la migración rural, y subordinó la asignación de recursos a la capacidad de pagar altas tasas de interés, concentrada en las multinacionales y en aquellas industrias productoras de bienes durables para mercados de altos ingresos, cuya demanda depende de las rentas y las ganancias. La recesión económica que tocó fondo en 1982 disminuyó los salarios reales de la clase obrera y aumentó el desempleo urbano, debilitando aún más la demanda por alimentos de origen campesino. Una reforma agraria es una inversión muy costosa que debe recuperarse con la obtención de términos de intercambio rentables para la producción campesina, lo cual supone una previa o concomitante elevación de los salarios reales en la industria y en los servicios, que permita a

La violencia y el problema agrario… su vez mejorar los ingresos de los productores agrarios por la vía de los precios. El Estado, además, debe evitar que los aumentos de productividad agrícola nieguen sus beneficios sociales al quedarse las utilidades represadas entre los intermediarios comerciales y financieros. La reforma agraria es una estrategia que guarda coherencia con políticas económicas que se orientan a fortalecer una alianza articulada de desarrollo, mediante la profundización del mercado interno, la canalización del esfuerzo industrial hacia la satisfacción de necesidades masivas y la distribución social de beneficios mediante el gasto público. No es coherente con las políticas que se derivan de una alianza desarticulada entre una agricultura exportadora y una burguesía industrial y financiera dependiente de las empresas multinacionales y sujeta a la lógica de los salarios bajos y los alimentos baratos, disfrazada con el eufemismo de las "ventajas comparativas". Una reforma agraria convencional puede afectar la distribución de la tierra pero dejar intacto el sistema de poder mediante el cual los terratenientes obtienen una parte privilegiada del producto social. En este caso, como ocurrió en el departamento de Córdoba, los empresarios agrícolas recuperan pronto el control sobre las tierras mejoradas con inversiones públicas, pues los campesinos no compiten en productividad sin contar con capital e insumos compa rables. Una reforma más profunda puede remover a las capas terratenientes del control de los instrumentos de fomento del Estado y dar participación a los campesinos, pero si no se acompaña con procesos que eliminen el subsidio del consumo alimenticio por la vía de los precios bajos, la producción

Estudios campesina del sector reformado no tendrá oportunidades de ele var sustancialmente las condiciones de vida del campo. Los anteriores son los límites objetivos de la reforma agraria. Además, el Estado cuenta con restricciones adicionales: una, la legitimidad política para convocar las fuerzas sociales en apoyo de la reforma agraria; dos, la capacidad administrativa de aplicarla, que exige crecientes esfuerzos de intervención estatal en la economía cotidiana; y tres, la capacidad fiscal, que restringe las inversiones necesarias para la reforma. 8. El contexto político del actual proyecto de ley sobre reforma agraria El pacto de tregua con las FARC y el M19 enfatizó la necesidad de agilizar la reforma agraria al afirmar que "la violencia se encuentra íntimamente relacionada con la estructura de tenencia de la tierra". Dentro de la nueva lega lidad surgida del pacto, la Comisión de Reforma Agraria del Diálogo Nacional convocó a las agremiaciones campesinas y empresariales, funcionarios del gobierno, representantes gue rrilleros y centros de investigación para formu lar un proyecto de consenso sobre las enmiendas a la legislación vigente. La Comisión estuvo presidida por Guillermo Alberto González, actual ponente del proyecto, y en ella se llegó a un acuerdo sobre modificaciones a la ley de reforma agraria que por primera vez en la historia logró la aceptación de los campesinos y la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), entonces presidida por Carlos Ossa, actual Consejero Presidencial para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación. La política de paz del actual gobierno afirma que las reformas sociales no

La violencia y el problema agrario… pueden ser el fruto de la negociación con los grupos guerrilleros sino una proyección de la administración públi ca hacia la comunidad nacional. El principal instrumento de la nueva política es el Plan Nacional de Rehabilitación, que a su vez descansa en los Consejos de Rehabilitación, presid idos por los mandatarios seccionales. Se observa un claro viraje hacia la institucionalización de las iniciativas en cabeza del Ejecutivo. Este cambio de política busca restarle representatividad a las guerrillas y eliminar el peligroso detonante de la insatisfacción por el incumplimiento de los pactos con ellas. El proyecto de ley presentado por la Administración Barco reúne las propuestas sustanciales que la Administración Betancur había recogido del proyecto surgido del Diálogo Nacional. Pero en cada uno de los pasos sucesivos, el proyecto se ha ido distanciando más del espíritu y el texto aprobados por la Comisión. Desde un punto de vista político, es claro que el proyecto actual no funda su legitimidad en los acuerdos de tregua y las comisiones de diálogo, aunque la continuidad de algunos actores importantes como González Mosquera y Ossa Escobar podría hacerlo creer. El proyecto descansa en los planes de lucha contra la pobreza absoluta y de rehabilitación y tiene como marco institucional un proceso creciente de descentralización administrativa y fiscal. Uno de los puntos centrales en el cual todos los proyectos coinciden es la necesidad de agilizar la tramitación de la reforma agraria. Cualquie ra que sea la dirección de la reforma, es necesario disponer del instrumento adecuado, que no es otro que la compra o expropiación

Estudios ágil de tierras. La mayoría de las compras efectuadas por INCORA ha tardado entre dos y cuatro años en perfeccionarse, convirtiendo al Instituto en el comprador de tierras más lento del país. Un cambio de fondo que el proyecto introduce en la legislación actual es eliminar la calificación sobre el grado de explotación de las tierras, para establecer, a partir de allí, un sistema de pago uniforme y altamente beneficioso para las tierras más abandonadas, pues les reduce el plazo de 15 a 5 años, con intereses anuales equivalentes al 80 por ciento de la tasa de inflación. El proyecto de la Comisión del Diálogo eliminaba la calificación de las tierras solo en los casos de ampliación de minifundios, dotación de tierras a arrendatarios y aparceros, reestructuración de resguardos indígenas y distribución de tierras en áreas de presión campesina, pero dejaba por fuera las restantes, cuya forma de pago debía guardar relación con el grado de explotación económica. El pliego de modificaciones por el ponente mejoró la forma de pago que había propuesto el gobierno Barco al estable cer que se pagarán de contado los predios cuyo valor exceda de 400 salarios mínimos (un poco más de ocho millones de pesos), mientras el proyecto del go bierno establecía el limite en 300 salarios.

La violencia y el problema agrario… Directiva del INCORA al aumentar de dos a seis el número de representantes campesinos y eliminar a los gerentes de los institutos agrarios, quienes son sustituidos por cuatro delegados del presidente de la República. Los seis votos campesinos son una tercera parte de la votación, que requiere la mitad más uno para aprobar decisiones. El proyecto acordado en la Comisión de Diálogo incluía ocho representantes campesinos. De todas maneras es un avance sobre las normas vigentes. En términos globales, la conjunción de la reforma agraria y el plan de rehabilitación permite al Estado disponer de un instrumento ágil para comprar las tierras afectadas por procesos de violencia y estabilizar la estructura social de los frentes de colonización. La tímida convocatoria de fuerzas políticas en apoyo de una estrategia de reforma agraria por parte de la Administración Barco no permite esperar que exista la voluntad política de reformar las áreas de agricultura comercial o de afectar seriamente la proporción de tierras ocupadas en latifundios de ganadería extensiva. Mucho menos puede esperarse un programa de reestructuración de minifundios, pues la lógica indica que primero habría que ocuparse de dar tierra al millón de campesinos sin ella 103. 8. Conclusiones y recomendaciones

Es fácil imaginar que muchos propietarios dividirán ficticiamente las propiedades que deseen vender al INCORA para lograr una venta glo bal de contado, aumentando los costos y dismi nuyendo el impacto del programa de reforma. El proyecto faculta al gobierno por un año para reformar la estructura administrativa del sector agropecuario y comienza por cambiar la composición de la Junta

Por medio de un enfoque sociológico se ha que rido mostrar cómo las distintas configuraciones regionales de los modos de apropiación de la tierra y de vinculación de la mano de obra son el 103

Este análisis del proyecto de ley no toma en cuenta las modificaciones introducidas por el ponente actual del proyecto, representante Alfonso López Caballero.

Estudios resultado histórico de procesos en los que se entrelazan la violencia, la legitimación política del Estado y los conflictos de intereses entre grupos humanos y regiones. Se ha visto cómo esos procesos regionales están en niveles desiguales de avance y operan a diferentes velocidades. Al reconocer la existencia de los conflictos sociales vinculados con el problema agrario, se debe considerar su específica productividad, cual es hacer compatibles las políticas de desarrollo de distintos grupos humanos que luchan por el control del paquete de recursos vitales. El Estado actúa a veces como agente de modernización y desarrollo, aliado a grupos estratégicos de la población, y a veces como árbitro que interviene en los conflictos y procura resolverlos. La peor situación para la sociedad y el Estado ocurre cuando éstos sienten que los conflictos desbordan su capacidad de acción sobre sí mismos. La manera de resolver el problema es, por supuesto, definir una estrategia de transición que parta de la movilización de sec tores de población y se dirija a construir equilibrios, distribuir ingresos, ampliar las bases de participación en la política y el desarrollo, y de esa manera absorber y transformar los conflic tos en energías sociales creadoras. Para ello es necesario elaborar políticas que tiendan a eliminar las rentas institucionales que resultan del acceso privilegiado que los gremios de la producción tienen al manejo de las políticas económicas del sector agrario, con el fin de democratizar el impacto social de la distribución de tierras, de la transferencia tecnológica, del crédito oportuno y barato, de la regulación de precios y compras, y de los servicios públi cos y sociales. El Estado debe actuar como agente del desarrollo agrario en las regiones deprimidas y desarticuladas socialmente y no solo como árbitro del conflicto social.

La violencia y el problema agrario…

El fenómeno más notable de los conflictos agrarios en los últimos años es la rigidez e ino perancia de los marcos institucionales creados para encauzarlos. En el sector campesino, el cierre de las vías gremiales de organización y la represión sistemática de sus actividades ha facilitado el desdoblamiento de la energía co lectiva hacia la salida de los movimientos gue rrilleros. En el sector terrateniente tradicional y el neolatifundio de los frentes de colonización, se está produciendo un relevo de capas propietarias de la tierra en favor de los compradores que tengan capacidad de crear sistemas priva dos de protección y disuasión de los posibles adversarios. Un estímulo obvio para adoptar esta estrategia es el apoyo activo o permisivo de las autoridades armadas, quienes vienen predicando desde hace años la tesis del general Luis Carlos Camacho Ley- va sobre la "autodefensa" de las gentes de bien. El resultado de esta desinstitucionalización de las formas de lucha social es que en el país se adelantan simultáneamente una contrarreforma agraria, desde arriba, tendiente a concentrar la propiedad en algunas áreas de conflicto como el Magdalena Medio y el piedemonte de la Cordillera Oriental, que se desarrolla mediante el amedrentamiento y la expulsión de pequeños campesinos a quienes los escuadrones de la muerte juzgan cercanos o colaboradores de las guerrillas; y desde abajo, una extensión del dominio guerrillero, que significa para los terratenientes la subordinación de sus intereses a la nueva estructura de poder real que los cobija, y en la cual tienen que contribuir a las finanzas del grupo guerrillero mediante la extorsión y

Estudios ocasionalmente la parcelación de porciones de sus propiedades en beneficio de los colonos. Aparte de éstas formas claras de resolución del problema agrario por la fuerza, el deterioro general de la aplicación de la ley y la justicia para los infractores ha llevado a la proliferación de grupos delincuenciales que usurpan el nombre de las organizaciones guerriller as como argumentos de amedrentamiento para secuestrar y extorsionar a las capas pudientes de la población. Ante esta perspectiva, vale la pena resaltar que la violencia de uno y otro lado es una expresión del deterioro de los sistemas de acció n y no, como equivocadamente se plantea, del deterioro de las instituciones. La terapia adecuada a la violencia no es, como gusta enunciarlo el lenguaje militar o el legalista, "el restablecimiento del orden, la imposición de la autoridad, la mano firme para reprimir a quienes atentan contra las instituciones y el imperio de la ley", pues el orden, la autoridad, las instituciones y la ley no existen sino como condiciones de posibilidad de la acción humana, como mediaciones y orientaciones de la acción y los conflictos inherentes a ella. La acción colectiva es la fuerza creadora y transformadora de las instituciones. En la acción se reconocen las identidades individuales como parte de identidades colectivas, y éstas, a su vez, definen el alcance, las obligaciones y las recompensas esperadas de la participación en los conflictos sociales. Si "la realidad presentada por los medios de comunicación" tiende a ver las movilizaciones colectivas como actos subversivos contra las instituciones, la conclusión individual es la desmovilización, la parálisis y la

La violencia y el problema agrario… incomunicación. La creación de regímenes autoritarios es un proceso desde arriba y desde abajo, que esencialmente destruye las condiciones de posibilidad de la acción colectiva en nombre de la defensa de las institucio nes. La acción se inhibe desde fuera, por la prohibición o la orden, y desde adentro, por el miedo o la indiferencia. Para concluir, el país se encuentra sin duda frente a la alternativa histórica de dinamizar un cambio pacífico, ampliando sustancialmente la participación popular en procesos distributivos, o profundizar por la vía militar un conflicto sin salida durante mucho tiempo, que destruiría las posibilidades de desarrollo nacional durante varias décadas.

Democracia

Democracia y derechos humanos…

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA Alvaro Tirado Mejía * El 1 de diciembre pasado se realizó en Bogotá el Encuentro Académico por la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia. El evento fue organizado por tres centros de investigación política de la capital: el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, el Programa de Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. La inauguración del acto corrió a cargo del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, profesor Álvaro Tirado Mejía y a continuación, en el primer debate, los tres directores de los centros expusieron las motivaciones que los llevaron a convocar el Encuentro. Después, los profesores Álvaro Camacho, de la Universidad del Valle, y Francisco de Roux, S.J., director del CINEP, y la periodista doctora María Teresa Herrán, plantearon con sus exposiciones el segundo debate del día. Finalmente, el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, profesor Alfredo Vázquez Carrizosa, pronunció las palabras de clausura. El Encuentro fue un acontecimiento ampliamente representativo toda vez que en él participaron no solo investigadores sociales sino también trabajadores de la cultura, estud iantes y personalidades que han hecho de la democracia un tema prioritario de reflexión. En los planteamientos de los expositores, en las *

Consejero Presidencial para los Derechos Humanos.

intervenciones de los participantes, resaltó con máxima claridad la preocupación de la intelectualidad por el dramático estrechamiento de las posibilidades de vida y opinión que padecen quienes cultivan un pensamiento independiente. Los documentos reunidos a continuación expresan la aguda conciencia del momento nacional que caracterizó la realización del evento. El enc uentro de los centros de investigación de Colombia convocado por tres de las más impor tantes un universidades del país pana evaluar la situación de los Derechos Humanos y examinar alternativas que permitan reafirmar la democracia constituye un hecho de la más trascendental significación. De la suma de factores que dramáticamente amenazan a la totalidad de los colombianos, vulneran la unidad nacional y están debilitando aceleradamente todas nuestras estructuras, uno de los más significativos es la comprobación de que la inteligencia está amenazada. Una actividad opuesta a toda coacción, a toda violencia, como es la actividad científica, artís tica o académica, ajena a las ceremonias del poder, no puede ser perseguida. Cuando esto ocurre podemos tener la certidumbre de que la gravedad de la situación está tocando fondo. En Colombia, pensar de manera diferente, mirar el mundo desde el ante o la investigación o con otra óptica política, pareciera que se está convirtiendo en una tarea de riesgo.

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Así ocurrió recientemente en algunos países de América. La precaria convivencia de las libertades fundamentales y la fuerza, fue resolviéndose en favor de esta última, con elevado costo para la civilización. Un monstruoso maniqueísmo que busca imponer la verdad de cada uno mediante la intolerancia y el terror, vulnera con fuerza desestabilizadora las condiciones básicas de la convivencia y el sagrado respeto a las diferencias, sin las cuales una sociedad libre no puede existir. Una democracia es un régimen político en el cual los conflictos entre particulares, o entre éstos y el Estado, son resueltos por terceros independientes llamados jueces, que deciden de acuerdo con unas normas previamente establecidas. Por eso los jueces, más que rectificadores de la democracia, son sus agentes. La manera más clara de defender el sistema democrático es aplicando las leyes. Tratándose de normas que fiscalizan al mismo Estado, la rigurosa aplicación de lo prescrito por la ley protege, en lugar de atacar los órganos del Estado. Nada más pernicioso que el soterrado ocultamiento de los vicios del poder, más aún, el peor vicio de una democracia sería el de ocultar sus propios vicios. Cuando éstos existen, por lo general se encuentran los remedios, pero todo está perdido cuando se encubre su presencia. Es posible que el régimen constituido sobre la base de la voluntad expresa de las mayorías tenga deficiencias, pero es el que ha permitido la solución de dificultades y aspiraciones sociales por una vía distinta a la de la guerra, por la capacidad de reformarse a sí mismo. Pero si para conservar este modelo político es

Democracia y derechos humanos… necesario sustituir, así sea transitoriamente, la demo cracia por la dictadura; no valdría la pena de fenderlo. La situación se ha ido agravando y corremos el riesgo de que el Estado llegue a ser impotente para ofrecer una respuesta. En el ámbito de la justicia en sus diferentes esferas, por circuns tancias acumuladas desde tiempo atrás, se notan lentitud e ineficiencia que determinan una alarmante impunidad. La misma situación del país, que se encuentra abocado a una especie de guerra interna, mantenida con diferentes modalidades por cerca de cuatro decenios, ha hecho del manejo del orden público, de la defensa de los derechos del ciudadano y de la justicia, un asunto muy delicado, especialmente en las zonas de confrontación. Lo cierto es que la opinión nacional y la internacional constatan que en Colombia se ejerce una inusitada violencia, que muchas de las investigaciones no concluyen y terminan en la impunidad, y que dentro de la tremenda crisis de valores, el derecho a la vida, el principal de los derechos del hombre, poco se respeta. Democracia y derechos humanos son dos ideas inseparables. Ambas han surgido y evoluciona do paralelamente, de tal manera que no puede hablarse de una sin hacer referencia implícita a la otra. Los estrechos vínculos que unen estas dos ideas pueden apreciarse mejor en una perspectiva teleológica: derechos humanos y democracia fueron la respuesta que los hombre s del siglo XVIII en Francia e Inglaterra, dieron a los anhelos de libertad e igualdad. Desde entonces no puede entenderse democracia sin libertad e igualdad, ni derechos humanos sin libertad e igualdad, ni democracia sin derechos humanos. Por eso todas las constituciones democráticas

Democracia consagran en su parte dogmática una serie de principios que defienden la libertad, como son el Hábeas Corpus, el sufragio universal, la libre expresión de ideas, el derecho de asociación y reunión, que corres ponden a lo que se ha llamado derechos civiles y políticos o de la primera generación, y por otra parte consagran principios que tienen que ver con la igualdad, como son la función social de la propiedad, los derechos laborales, la asistencia pública, la educación gratuita y obligatoria, etc., que corresponden a los derechos humanos sociales, económicos y culturales, o de segunda generación. Ninguna constitución democrática puede desconocer tales principios. Ellos son parte esencial del régimen. El mayor o menor grado de su realización deberá coincidir con el mayor o menor grado de democratización. Precisamente ese orden de relaciones entre democracia y derechos humanos es el que se está desmoronando en nuestro país. Por eso el rescate de la vigencia de estos derechos es al mismo tiempo el rescate de la institucionalidad. Frente a esa situación, se debe proceder con especial apertura, con toda diafanidad para poner en evidencia muchos aspectos que la opinión ignora. La violencia colombiana es muy compleja y procede de muy diversas fuentes. Una de ellas es la que eventualmente pueda generarse por la acción desviada de agentes del Estado, de ninguna manera patrocinada o cohonestada por el gobierno. En dicho evento, el Estado debe poner en práctica los mecanismos legales de sanción para aquellos de sus agentes que violen la ley. Una inmensa parte de la violencia no tiene contenido inmediatamente político, pues proviene de la delincuencia común.

Democracia y derechos humanos… A ésta se agrega aquella que procede del narcotráfico contra la sociedad y el Estado, o de las guerrillas y los grupos terroristas. Cuando se trate este tema deben hacerse distingos y nombrar también el origen de los atropellos cuando éstos son producidos por grupos armados que operan contra el sistema. Un observador imparcial y demócrata acepta por principio que son violaciones de los derechos humanos los secuestros, extorsiones, homicidios, asesinatos, actos terroris tas, que ejecutan esos grupos. El término "Guerra Sucia", adecuado para calificar la situación que tuvo lugar en países como Argentina, no tiene en el nuestro el mismo significado. Allí existía un régimen de corte militarista que según lo comprobaron las investigaciones posteriores, patrocinaba explícitamente la violación de los derechos humanos desde las más atroces como el asesinato, la desaparición y la tortura, hasta otras que atentaban contra la libertad de prensa, de expresión, de asociación, etc. El caso colombiano es el de un gobierno elegido por votación popular; existen acá las libertades públicas de opinión, expresión y prensa, y si ellas son amenazadas en ciertas ocasiones como es el caso de la coacción contra algunos intelectuales, ello se debe a la acción de sectores extremistas de la socie dad. El gobierno colombiano con su práctica de la tolerancia y la conciliación ha rechazado la Doctrina de la Seguridad Nacional y deslindado campos con ella. En esta perspectiva ha toma do la ofensiva para la defensa y promoción de los derechos humanos y creado la Consejería Presidencial a mi cargo. Sin embargo, la complejidad del caso colombiano tampoco puede llevarnos a imputar todos los crímenes a difusas

Democracia fuentes anárquicas que sin mayores pretensiones políticas actúan dispersamente en la ilegalidad. La complejidad de la violencia en Colombia no atenúa la responsabilidad de los que la originan, simplemente por el hecho de que su actuación esté enmarcada en unas circunstancias de desorganización. Esta complejidad no tiene por qué poner en entredicho la reconocida existencia de una polarización política. Se debe tomar conciencia de que es urgente recuperar la eficacia y credibilidad de los aparatos de justicia. La sentencia del juez es un buen mecanismo para restablecer, así sea parcialmente, la paz social afectada por el crimen. Sin la decisión del juez, cada versión privada de los hechos, amañada por intereses polarizados e intransigentes, se agrega como un elemento más a la confusión y a la alarma social. La crisis del aparato del Estado es cada día má s profunda en la medida en que su inadecuación e ineficiencia pueden llegar a desbordar los esfuerzos de los gobernantes. Pareciera que el Estado pierde cada día contacto con la sociedad civil. Se ha ido extendiendo la idea de que por fuera de los mecanismos de paz social previstos por el Estado hay medios mejores para solucionar los conflictos. Existen estadísticas oficiales en las cuales se señala que en ciudades con altos índices de criminalidad, el volumen de denuncias es bajo. El Instituto SER afirma que el 80% de los delitos no se denuncian. La desconfianza en la efectividad de la aplicación de la ley y del castigo a los culpables, induce a las víctimas a buscar mecanismos extralegales o simplemente a abandonar toda esperanza en la aplicación de justicia. Corremos el riesgo de que se genere una cultura de la represión y de la fuerza. En una encuesta reciente de la

Democracia y derechos humanos… revista Semana el 45 % de los entrevistados se manifestó a favor de ejercer justicia por mano propia y el 68 % estuvo de acuerdo con ejercer la represión para mantener el orden. En este ambiente los más afectados son aquellos que con la fuerza inerme de su palabra trabajan por la democracia y el respeto de los derechos humanos. Su debilidad radica en el hecho de que todavía utilizan mecanismos convencionales y legítimos de lucha, mientras que sus adversarios han desbordado la frontera de la legalidad y recurren a la violencia y el terror como medio para solucionar los conflictos. En semejante situación hay que hacer todo lo posible por que no se silencien estas voces. Allí está la fuerza que el país necesita para recuperar la legalidad. Aquellos obreros, intelectua les, campesinos, lideres sindicales, estudiantes, patronos, artistas, periodistas, etc., que todavía creen en la fuerza y necesidad de las ideas, constituyen el sustrato material indispensable para fortalecer la democracia. Más que el contenido de sus discursos importa su convicción de que la discusión abierta y libre es la única y mejor arma. El Estado debe tener una presencia que no solo signifique represión de delitos y utilización de la fuerza, sino también promoción, diálogo y comunicación. Es así como puede fomentarse esa sensibilidad de seguridad, confianza y pertenencia a un Estado que constituye la materia pr ima de la legitimidad. Es necesaria una rectificación que, con realis mo histórico y sensatez política, facilite la normalización y la canalización de las nuevas fuerzas a partir de la aceptación por ellas, no solamente de los

Democracia postulados básicos de nuestro andamiaje institucional, sino también del significado profundo de la tolerancia y del respeto a las diferencias. El desconcierto, el pesimismo y en ocasiones la justa indignación, no han permitido a sectores esclarecidos de la sociedad justipreciar los esfuerzos emprendidos para investigar las denuncias y proteger al Estado del deterioro que pueden ocasionarle conductas violatorias de los derechos humanos en las que hayan incurrido agentes suyos. Este esfuerzo ha producido algunos resultados concretos que nos propone mos ampliar y generalizar. Entre mis funciones está la de coadyuvar con las autoridades competentes al fortalecimiento económico, técnico y logístico de las entidades encargadas de la administración de justicia, y protección de las garantías individuales. Es respetable la decisión de ilustres compatriotas que en ejercicio del sagrado derecho de protección de sus vidas y las de sus familias, escogen la vía del exilio, con todo el cúmulo de frustraciones y dificultades que esto entraña. Pero el país no puede mirar impasible este éxo do de colombianos caracterizados por su capacidad y compromiso con el desarrollo y la modernización. Es tarea del gobierno construir las condiciones que faciliten su inmediato regreso; sabemos que esa es su voluntad y coincidimos con ella. El país que permanece es más fuerte y debe estar más decidido que la suma de todos los violentos. En cada vereda, en cada barrio, en todos los municipios y ciudades, existe una mayoría que hace presencia en las situaciones excepcionales, decidida a combatir por los de rechos humanos. Se apoyarán todas las iniciativas que surjan de la comunidad

Democracia y derechos humanos… en beneficio de los Comités de Derechos Humanos. En esta estrategia, es de prioritaria urgencia convocar el desarme de los espíritus y pugnar por un máximo desarme de instrumentos de muerte en manos de civiles. Pese a que la propuesta de guardias cívicas sin armas tuvo contratiempos en la Corte Suprema por vicios puramente formales, debe explorarse de nuevo la constitución de ese elemento de defensa y cohesión ciudadana. Creo firmemente que nuestras reservas demo cráticas no están agotadas, que la continuación de la política de diálogo con los grupos subversivos y la delimitación de fronteras de la izquierda democrática con los métodos violentos, contribuye profundamente al restablecimiento de la paz. En este objetivo, la intelectualidad y la universidad tienen papel fundamental; pueden ellas jalonar la sociedad hacia el progreso sin los irracionales costos de una guerra civil. Mi gestión como Consejero Presidencial va más allá de la defensa individual de derechos o de coadyuvar a la investigación casuística. De la magnitud de la tarea que me ha sido encomendada se deriva la necesidad de contribuir, con la convocatoria del gobierno, a reactivar las fuerzas de una sociedad atacada pero no vencida. Esta Consejería promoverá las siguientes primeras acciones en tres áreas: 1. En aras de la diafanidad se patrocinarán coloquios, seminarios y reuniones nacionales e internacionales

Democracia para que personalidades de reconocido valor moral, democrático e intelectual, así como asociaciones independientes interesadas en los derechos humanos, discutan lo relacionado con su situación en Colombia. Con esa finalidad se invitará a las entidades internacionales que se ocupan de los derechos humanos tales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas. Igualmente se ratificarán algunos instrumentos de carácter internacional como: Convención contra la Tortura, Convención -de Ginebra 1949, Acuerdos de la OIT relacionados con los derechos humanos. Como es preciso fomentar una cultura de los Derechos Humanos que se oponga a la cultura de la violencia y la. intolerancia, la Consejería a mi cargo iniciará acciones en los siguientes aspectos: A. Emprender por los medios de difusión del Estado, especialmente de la Televisión, una campaña de explicación, promoción y defensa de los derechos humanos, como soporte esencial de la democracia. B. Promover: -En acuerdo con el Ministerio de Educación, una labor de explicación y promoción de los derechos humanos en primaria, secundaria y en las universidades. -En acuerdo con el Ministerio de Defensa, conferencias dentro de las Fuerzas Armadas sobre el contenido y el respeto que merecen los derechos humanos. -En acuerdo con los cuerpos de inteligencia y seguridad como el DAS

Democracia y derechos humanos… y el F2, cursos sobre derechos humanos. -En acuerdo con la ESAP poner prontamente en marcha el Instituto Guillermo Cano sobre Derechos Humanos. Se elaborará un texto completo sobre los derechos humanos dentro de la legislación colombiana, en el que estén consagrados en forma pedagógica las atribuciones y limites de funcio narios, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de los organismos de seguridad del Estado, de los jueces. A este documento debe dársele una circulación masiva. Se elaborará por medio de universidades, centros de investigación, centros de estudio de los partidos políticos y expertos, estudios sobre la dimensión de los derechos humanos y su situación en ciertas regiones y circunstancias, así como sobre los derechos sindicales, dé las minorías étnicas, del niño, los reclusos y la mujer. Por otra parte, la adecuación del marco legal a las circunstancias actuales es urgente; en consecuencia: A. Se debe proceder a tipificar el delito de desaparición forzosa, y aumentarse la pena lidad para el delito de tortura. Así mismo debe tipificarse más claramente la figura de constreñimiento, expresa en anónimos y amenazas telefónicas, allegando el Estado recursos técnicos modernos, para que sin vulnerar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, pueda detectarse a los responsables de este flagelo. B. Se deben modificar las normas para tratamiento de los cadáveres de víctimas anónimas.

Democracia

Democracia y derechos humanos…

Con el objeto de responder a los interesados con prontitud y eficacia, la dependencia puesta a mi cargo creará un banco de datos para tener información adecuada sobre el estado de los casos y procesos que tengan relación con eventuales violaciones de los derechos humanos, interconectado con centros de información oficiales.

Juventud Comunista, soldados, oficiales, guerrilleros y aun delincuentes comunes; pero también es objeto de nuestra tarea oponernos a los constantes atropellos que se cometen contra los derechos sociales y la dignidad humana de indígenas, trabajadores, mujeres, niños, ancia nos, presos y otras minorías igualmente víctimas de la violencia en nuestra sociedad.

He sido designado por el señor Presidente de la República para asesorarlo como Consejero para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Interpreto este nombramiento como un gesto de confianza y acercamiento a los académicos y trabajadores intelec tuales. Mi compromiso, por lo tanto, es en primer lugar con la verdad, la paz y la dignidad que han caracterizado la tarea de los pensadores democráticos.

Al instalar este Encuentro por la Democracia y los Derechos Humanos, agradezco a los organizadores su amable invitación. Espero conocer sus conclusiones y poder avanzar en estrategias de trabajo conjunto.

Desde esa convicción irreductible todos tenemos claro que la vigencia de los derechos humanos es anterior a cualquier filiación política y supone normas elementales de justicia. La creación de la Consejería revela el interés del gobierno por manifestarle a la opinión que no serán toleradas las violaciones de los derechos fundamentales y que el equipo de gobierno, con el Presidente a la cabeza, tienen la decisión de exponer sus políticas y procedimientos en una urna de cristal accesible al exa men de la ciudadanía como corresponde a un talante liberal. La veracidad, objetividad e independencia de la función que debo asumir exige obrar con la misma rapidez y eficacia en todos los casos, sin atender razones de oportunidad política. Nuestra tarea por la defensa de los derechos huma nos mira con especial preocupación las muertes dolorosas de civiles, militantes de la

Muchas gracias.

Democracia LA UNIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLOMBIA

La universidad y los derechos humanos… LOS EN

En todos se han desarrollado estas tareas bajo una perspectiva pluralista que enfatiza la dimensión representativa y promotora del progreso social generalizado.

1. Es pertinente comenzar por subrayar la importancia que la universidad pública más importante del país, junto con la Pontificia Universidad Javeriana y con una universidad privada como los Andes hayan coincidido, una vez más, en la preminencia que le dan al estudio de la problemática política nacional.

Hoy coincidimos nuevamente en reunirnos para expresar nuestra gran preocupación por los graves problemas que están atentando contra la democracia y los derechos humanos en nuestro país.

Gabriel Murillo C. *

Primero coincidieron en crear programas o centros para estudiar los complejos fenómenos políticos que nos afectan nacional e internacionalmente. Esto lo han hecho bajo diferentes enfoques y énfasis. Por ejemplo: -En el Centro de más reciente creación en la Universidad Nacional, ha primado el énfasis en el estudio de la violencia y de la democracia, y dentro de su nueva y va liosa revista prima el interés por presentar al país la opinión y visión política coyuntural de personajes representativos de importantes sectores de la vida nacio nal. -En la Universidad Javeriana ha primado el énfasis en la formación posgraduada de profesionales provenientes de otras disciplinas. -En los Andes ha sido dominante la formació n de politólogos a nivel de pregrado y la investigación sobre muy diversos tópicos de lo político, siendo ahora sobresaliente todo lo relativo a las perspectivas del desarrollo democrático nacional.

*

Director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

La audiencia aquí presente no requiere del inventario extensísimo de lo que está ocurriendo y que, además de la más aguda y polarizada expresión del conflicto extremo, está reflejando en los diferentes sectores de la sociedad civil. A este respecto no sobra preguntarnos: ¿de qué le sirve al país estar en una situación económica superior a la de los demás países latinoamericanos, si su sistema, su régimen, sus instituciones, entre ellas las políticas, se encuentran en un proceso de descomposición sin precedentes? Todos los derechos de la persona como tal; los de las personas como ciudadanos e, inclusive, los de la persona como trabajador están, de una u otra forma, siendo violados en el país. Pero, además, lo s deberes sociales del Estado y de los particulares no se están cumpliendo a cabalidad en ninguna de sus manifestaciones. Resulta muy preocupante hacer un inventario y un recorrido sistemático y una reflexión corres pondiente al articulado constitucional que reglamenta y consagra esos derechos y esos deberes para ver que el abismo entre su formulación textual y su práctica en la realidad es cada vez más profundo.

Democracia

La universidad y los derechos humanos…

Los abusos y violaciones a cada uno de ellos salen a flote con facilidad cuando aplicamos cada formulación constitucional a una realidad conocida directa o indirectamente.

Sociedad Civil y 2) de todos los componentes de esta última entre sí. Sin embargo, esta respuesta, en medio de tanta interdependencia y complejidad no es nada fácil de dar.

Trátese de la Garantía a la Vida o de la Asistencia Pública en el campo de los derechos de la persona como tal, o de la Libertad de Opinión o de Asociación o de Prensa, para solo citar algunos inherentes a la persona como ciudadano, o del derecho de Propiedad Intelectual o de la Libertad de Enseñanza en el campo de los que le son inherentes como trabajador.

3) Es precisamente allí donde la universidad colombiana, sin distinció n, tiene un espacio de aporte y apoyo fundamental a la democracia y al respeto a los derechos humanos, hoy amena zados por tantos enemigos. Porque el problema de descomposición actual no se limita solamente a la violencia, a la impunidad, al temor y a la desmovilización imperantes. No existe un reconocimiento ni una aceptación clara al hecho de que se trata de un problema de todos los colombianos. Alguna editorial de prensa reciente hablaba de las dos Colombias:

¿Y qué decir de los deberes del Estado y los particulares? ¿Se acogen el uno y los otros a la Constitución y las leyes? ¿Hay lealtad para con las instituciones de nuestro país? ¿La propiedad cumple con su función social, tanto en el medio rural como en el urbano? ¿Defendemos las instituciones? ¿Contribuimos siquiera los ciudadanos con la obligación de tributar? Al mirar la interacción entre las partes que materializan cualquier tipo de relación social respecto de cualquiera de los derechos humanos o de los deberes sociales, frecuentemente encontramos vicios, quejas, extralimitaciones, abusos... El conflicto en diferentes grados de intensidad supera los niveles y mecanismos de consenso. Y si es generalizada la erosión en lo referente al respeto de los derechos del hombre y también en cuanto al cumplimiento de los deberes sociales del Estado y del ciudadano, pienso que estamos frente a una situación de descomposición generalizada que requiere de una respuesta frontal y solidaria de todos los estamentos de nuestra sociedad. 1) del Estado con la

Primero, la que padece esta crisis, la que sufre en carne propia y se desvela por ella, ya porque forma parte de las fuerzas encontradas y pola rizadas o porque es sensible al país por formar parte del gobierno o por su nivel de conciencia y compromiso. Y segundo, aquella compuesta por ciudadanos que continúan su vida, alegre o triste, rica o pobre, sin reparar como es debido en la gravedad de lo que acontece y que máximo registran los hechos para comentarlos distante y rutinariamente. Pero que nunca cuestionan su vinculación con la dura realidad y su cuota de responsabilidad en ella. Se limitan a expresar un optimismo sobre el retorno a la paz (Centro Nacional de Consultoría), difícil de racionalizar analíticamente. Si bien es cierto que la cultura política de los colombianos es deficiente, que las instituciones políticas, especialmente los partidos, están en crisis y no son consecuentes con su función

Democracia movilizadora y participativa; que la abstención electoral sigue siendo alta en el país; que el clientelismo continúa imperando, etc., también lo es el que el estudio riguroso y sistemático de los fenómenos políticos apenas está comenzando en Colombia. La Ciencia Política como disciplina, como ciencia social autónoma que privilegia el estudio de las diferentes manifestaciones del conflicto, histórica o coyunturalmente, apenas comienza. Llegó formalmente hace menos de treinta años al país. Pero los diagnósticos sistemáticos y objetivos sobre los complejos desarrollo y proceso político colombianos ya comienzan a fructificar. Por ejemplo, ya se conocen con mucho detalle y minucia las características positivas y negativas del Frente Nacional, las dificultades de su desmonte y los factores determinantes del conflicto agravado que hoy tanto nos aflige a todos. Pero subsisten aún espacios del desarro llo político sobre los que no tenemos suficientes luces. Lo mismo sucede con sectores de la sociedad civil o con protagonistas políticos subestimados o distorsionados de su realidad. Y, más grave aún, prácticamente no existe en el país en forma completa y sistemática el estudio de las distancias y contradicciones protuberantes que hay entre la expresión formal y constitucional de la libertad, los derechos humanos y los deberes del Estado y los particulares, y su práctica contradictoria y violatoria de la Constitución. Tampoco éstos han sido relacionados con el deterio ro de nuestra democracia. Es una tarea que bien puede hacerse desde nuestras universidades. Con el concurso del Derecho Público y Constitucional, la Ciencia Política y las demás Ciencias Sociales disponen de los marcos normativos y conceptuales, correspondientes al ordenamiento institucional colombiano (ejemplo, las Cartillas de Uniandes con el apoyo del

La universidad y los derechos humanos… Senado de la República). Pero está pendiente el trabajo descriptivo y luego analítico relativo a la conducta de las instituciones del Estado y de los ciudadanos frente a todos y cada uno de los componentes de este marco. Es urgente, entonces, iniciar una tarea más sistemática y articulada en esta dirección. Sobre ella se podría continuar con la enseñanza de nuestro desarrollo y proceso político, aprovechando la fortuna de pertenecer a universidades que consagran la libertad de cátedra, que respetan el pluralismo, que en buena parte no son confesionales y que, sobre todo, expresan un co mpromiso formal con la Democracia. Pero esta labor docente no deberá estar limita da a la dimensión formal de la educación, sino que deberá extenderse a la promoción de las actividades extracurriculares desarrolladas por estudiantes, investigadores y profesores por fuera de clase y también en las actividades de extensión universitaria que bajo la forma de conferencias, seminarios y foros que se hacen con sectores externos a la universidad y preocupados por la situación y deseosos de raciona lizar y responder más claramente frente a ella. Coincido con las consideraciones de Álvaro Tirado Mejía en cuanto al aporte que espera de la universidad en la tarea que su Consejería Presidencial para los Derechos Humanos adelantará. Con esta labor compartida y debida mente difundida, la universidad colombiana estará participando en la solución de este problema grave y doloroso que atenta contra nuestra democracia. Y lo estará haciendo en consecuencia con su carácter de institución no política, sino científica y académica que no está al servicio de ninguna ideología o doctrina política, sino

Democracia que tiene que privilegiar la búsqueda del conocimiento libre y objetivo sobre la fenomenología política. Ahí está el compromiso de la universidad con la democracia y ahí está su obligación con la docencia, con la promoción y divulgación de los valores democráticos, con el respeto a los derechos del hombre, con el cumplimiento de los deberes del Estado y el ciudadano y con su propia defensa.

La universidad y los derechos humanos…

Democracia LOS DERECHOS HUMANOS: UN RETO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA Javier Sanín, S.J.* Unas pocas palabras bastan para explicar la presencia de la Universidad Javeriana en la convocación y promoción de este Foro. La concepción de los derechos humanos surge de la filosofía y la teología cristiana. De creer que todos los seres humanos son hijos de Dios y templos del Espíritu. Si es Dios quien concede la vida, ningún hombre por sí y ante sí puede arrebatársela a otro; al contrario está obligado a la fraternidad. Los seres humanos tie nen la libertad como don de Dios, el libre albedrío para responderle por sus actos; como seres libres pueden expresarse, organizarse, comunicarse. Todos los hombres en cuanto tales son iguales, para todos fueron creados los bienes terrenales, no para el disfrute exclusivo de unos pocos. Para ser libres, iguales, fraternales y solidarios todos los habitantes tienen derecho al techo, al alimento cotidiano, al estudio, al trabajo, a la seguridad social. Estos principios se secularizaron en la Revolución Francesa y dieron origen al sistema democrático que cautivó a los padres de la patria. Luego la aparición de los derechos colectivos comple tó el panorama. Ahora con el surgimiento de nuevos derechos como el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo, a ser neutral en la pugna entre las potencias, a la paz y al de sarme se ha dado una nueva perspectiva a los derechos humanos.

*

Director del Programa de Estudios Políticos de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Javeriana.

Los derechos humanos… Estamos convencidos de que sopla hoy un huracán arrasando los derechos elementales de los colombianos. La violencia desatada nos afecta a todos, sea por la delincuencia común, la proveniente del narcotráfico o la originada en móviles políticos. La violencia ha saltado de campos y calles a los recintos universitarios, no solo como aislados hechos lamentables sino como acciones coordinadas para amedrentar catedráticos, polarizar situaciones, desacreditar instituciones, socavar el prestigio académico, impedir la libertad de cátedra y de expre sión, y enrolar a los alumnos en desesperadas aventuras de violencia cierta y efecto dudoso. La Universidad Javeriana fiel a los principios cristianos y a su vocación de docencia, investigación y servicio a la comunidad se siente comprometida con la causa de los derechos huma nos y la profundización de una democracia donde sean posibles a cabalidad. Por ello está complacida de convocar y promocionar este Foro en unión con las Universidades Nacional y de Los Andes. Su Programa de Estudios Políticos es el espacio natural para la reflexión y acción sobre los derechos humanos, ya que la política es la búsqueda del bien común y éste no existe mientras se conculquen los derechos fundamentales de cualquiera de los asociados. Nos atrevemos a hacer las siguientes propuestas: 1. La docencia en nuestro país no enseña en suficiente medida los derechos humanos, ni la democracia actuante. La rigidez de los pénsumes nacionales y de las estructuras universitarias impiden que los centros docentes sean espacios privilegiados de ejercicio de la democracia donde se aprenda el respeto a los demás, los caminos de la negociación

Democracia y el consenso, y la práctica de la paz. Por ello creemos que es fundamental crear en las universidades espacios de estudio de enseñanza de los derechos humanos y la democracia. 2. Nuestras universidades permanecen al margen de los movimientos y situaciones sociales, son apenas víctimas del fuego cruzado. Por esencia no deben ser de izquierda ni de derecha, ni tener compromisos partidarios. Deben ser neutrales, con neutralidad activa. Ahora no son neutrales sino que sufren de vacío político. Que es llenado por las extremas desde fuera de la universidad. Este vacío hay que llenarlo con el estudio de la historia patria reciente, de la violencia, de los partidos, del ejercicio del poder, y con 1_a creación de grupos de los derechos huma nos y de la no-violencia que alimenten desde la academia a los grupos existentes en el país. 3. Los centros de investigación son por su misma naturaleza las instancias llamadas a pro ducir estudios sobre la situación y las co yunturas del país. Hacerlo sobre los derechos humanos y la profundización de la democracia es hoy un riesgo financiero, intelectual y humano. Pero es una obligación con la sociedad y con la patria. Proponemos que de los presupuestos asignados a la in vestigación, una parte se destine al estudio de los derechos humanos como base y razón de ser de la democracia y a publicaciones al respecto. 4. El aislamiento de los centros entre sí y de éstos con la docencia, hace que los resultados investigativos permanezcan desconocidos y no influyan en la enseñanza. Para los derechos humanos y la democracia debíamos crear una comisión académica que se ocupara de promover, enlazar y distribuir el material producido.

Los derechos humanos…

5. Los eventos con especialistas extranjeros suelen ser útiles para promover y encauzar determinados temas. Las universidades convocantes de este Foro tienen las mejores posibilidades de contactar y traer expertos extranjeros. Pedimos que sea en el futuro una prioridad de nuestros centros la realización de encuentros internacionales sobre los derechos humanos y la democracia, realizados en conjunto para expresar nuestra unidad frente al problema y nuestra irreversible vocación democrática. 6. Es urgente que unamos las fuerzas de las instituciones presentes en un frente común de rechazo a la violencia que afecta el cum plimiento de todos los derechos humanos. Una manera práctica y académica de llevarlo a cabo sería con la creación de cursos, seminarios, encuentros y especializaciones en negociación y resolución de conflictos de acuerdo a nuestras particulares características nacionales, el contexto internacional y las posibilidades de los actores. 7. Nuestras publicaciones, pequeñas y de poca circulación_ en comparación con la magnitud del aparato educativo del país, deben enfo carse en lo posible hacia una campaña en pro de los derechos humanos y la democracia. La Universidad Javeriana y en especial su Departamento de Estudios Políticos, se ofrece para lo que, a juicio de ustedes, sea necesario. Estamos convencidos que solos nada podemos, pero colaborando con todos ustedes construiremos una Colombia más democrática, justa y libre donde sea posible vivir sin que la vida peligre a cada instante y donde los derechos humanos no sean subversión

Democracia sino ideal y práctica de la fe cristiana y la nacionalidad. Muchas gracias.

Los derechos humanos…

Democracia LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUAL SITUACIÓN COLOMBIANA Francisco Leal Buitrago * La situación de Colombia es de suma grave dad. Esta frase la venimos escuchando con mayor frecuencia a lo largo del presente año, no precisamente por problemas económicos, ni por nuestra condición de subdesarrollo, sino por otras causas. La violencia política ha llega do a límites intolerables, no solamente por la acción guerrillera, sino también por la presencia de grupos fantasmales de ultraderecha y por un ambiente de permanente zozobra y de intimidación ideológica. La criminalidad se extiende diariamente por todo el territorio patrio. Los valores cívicos han caído en el olvido. La ética de los negocios es cosa del pasado. La justicia es absolutamente inoperante. El des concierto cunde en todas las capas de la sociedad. En medio de este clima de incertidumbre sorprende, por decir lo menos, la inconsciencia de minoritarios pero significativos grupos frente al actual estado de cosas, por el hecho de que el país experimenta un crecimiento económico relativo dentro del endeble contexto latinoamericano. Naturalmente que la falta de compromiso está ligada con la destinación que tienen las ganancias que se desprenden de la bonanza subterránea. A lo sumo, las opiniones se matizan señalando que la economía va bien mientras la política y el país van mal, acogiéndose así al viejo postulado del natural equilibrio del mercado y a la exterioridad de la política *

Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

Los derechos humanos en la actual situación con respecto a lo económico. Pero no es difícil per catarse de la estrecha relación que guarda la desestabilización de la política con su aprove chamiento económico por grupos que parten de una ventajosa posición, dentro de una sociedad irrigada por flujos monetarios poco ortodoxos, que circulan libremente por no encontrar las válvulas y los canales políticos que los orienten y controlen. La fragilidad de este modelo eco nómico de bonanza es clara, aunque para muchos de sus beneficiarios el recurso de los capitales viajeros puede compensar el corto tiempo de su vigencia. El deterioro de la situación nacional ha acarreado una mayor percepción de su carácter político por la ciudadanía. Este hecho, aunque puede ser un síntoma positivo, tiene profundas ambivalencias en razón de la misma esencia política de la crisis. En términos generales, la gestación de la crisis por la que atraviesa el país es de vieja data. Las ejecutorias políticas, a partir del cambio de régimen que significó el Frente Nacional, llevaron a la sociedad civil a cuestionar cada vez más la confianza en las ins tituciones gubernamentales y a buscar alterna tivas de acción sin que mediaran proyectos políticos nacionales suficientemente viables. El resultado fue la reducción de la capacidad de ejecución de los gobiernos, a medida que se ampliaban las expresiones de poder que se creaban a espaldas de las directrices institucio nales. A su vez, el bipartidismo, que monopólicamente controló las reglas de juego frentena cionalista establecidas, sufrió una disminución de su credibilidad política, recurriendo al uso clientelista de gran parte de los recursos estatales para compensar la perdida fortaleza. Las limitaciones que estos acontecimientos provo caron en el poder político del Estado proyectaron la debilidad que éste

Democracia había experimentado a lo largo de la vida republicana. En esas circunstancias, la emergencia de los grupos gue rrilleros y, más tarde, del narcotráfico con su economía subterránea y del militarismo de derecha, añadieron nuevos elementos que llevaron a la crisis política a adquirir la complejidad que ostenta hoy en día. Los intentos explícitos de solución a la crisis, al menos por parte de los tres últimos gobiernos nacionales, se han dirigido a tratar de controlar las alternativas de acción surgidas por fuera de la institucionalidad del Estado, a causa de la reducción que éste ha sufrido en su capacidad de manejo social y político. Guerrillas, narcotráfico, paros cívicos, marchas campesinas y las modalidades más recientes de asesinatos políticos, crímenes en aras de limpiar la sociedad, listas de amenazados y todo el cúmulo de expresiones ajenas a la normatividad establecida se han intentado combatir con una caótica combinación de represión, tolerancia, ensayos de diálogos y, por qué no decirlo, con las mismas fórmulas de acción que se pretende erradicar. El resultado final ha sido frustrante y las consecuencias catastróficas. Mencionemos al menos tres de las más sobresalientes. Primera, no solamente no se han eliminado o controlado las modalidades de acción surgidas a espaldas del régimen, sino que éstas se han ampliado diversificándose. Segunda, como resultado de la anterior, no solo no se ha recuperado la confianza en el régimen, sino que ésta se ha reducido limitando la credibilidad del actual gobierno. Y tercera, la repolitización de la sociedad, a partir del llamado proceso de paz del anterior gobierno, ha adquirido mayor dinámica, a pesar de las pretensiones que en sentido contrario ha buscado desde sus inicios el mandato del presidente Barco.

Los derechos humanos en la actual situación

Esta última consecuencia, la repolitización de la sociedad, con la mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, ha llevado a que, ante la objetiva visión de fracaso de los intentos gubernamentales de solución, la sociedad civil invente y ponga en marcha sus propias ideas de solución. A los ya viejos esquemas de solución armada que han ensayado los diferentes grupos guerrilleros, se han sumado las nue vas prácticas de la autodefensa, el crimen político, la intimidación a la libertad de expresión y la agresiva censura ideológica. Todos estos absurdos planes de solución privada, que contribuyen al caos en que se debate el país, son producto de las tendencias hacia múltiples extremismos en la sociedad, que alimentan las retaliaciones, en la misma medida en que se han frustrado los sucesivos mecanismos gubernamentales de solución. Dentro de esta barahúnda, uno de los proyectos políticos que se vislumbra en el horizonte nebuloso es el milita rismo que emerge del vacío político que deja la inoperancia gubernamental y la ausencia de verdaderas clases dirigentes. Este vacío se objetiva en los endebles proyectos políticos del gobierno, en la castración de la creatividad política del bipartidismo, y en la pragmática concepción política del lucro fácil de las clases dominantes. En cuanto a las clases subalternas se refiere, los proyectos políticos de las clases populares se refieren a formas de organización, las más de las veces coyunturales, dedicadas a crear mecanismos de presión, en la mayoría de los casos meramente para lograr la subsistencia. Las clases medias, sin parangón en su expansión en los últimos cuarenta años en América Latina, han dedica do su acción política a inventar

Democracia y llenar los espacios ocupacionales, sociales y políticos que poco les ha brindado el sistema. Desde la in mensa pasividad, la atonía y el conservadurismo sustentados en aparentar lo que no se tiene, hasta la agresividad sindical de supervivencia de clase e incluso guerrillera, la gama de acción de los estratos medios y bajos de las clases medias no ha logrado verter su imaginación política en proyecto alguno que arraigue. Y, finalmente, los estratos altos de las clases medias cifran su esperanza en el efecto de demostración que irradian las viejas y nuevas clases dominantes con su riqueza. En síntesis, la sociedad civil habita un nuevo país, asfixiado por la camisa de fuerza de un viejo esquema institucional conformado por las mismas instituciones que muchos dicen hay que defender para salvar la democracia colombiana. Dentro de este apretado esbozo general de la crítica situación nacional se enmarca el evento a que estamos asistiendo. Los centros convocantes nos dedicamos en tres universidades prestigiosas a la dura brega de contribuir a recrear una Colombia mejor desde la disciplina de lo político. La obligación ética y política que tenemos es la de pronunciarnos y estimular el pronunciamiento del mundo de la investigación social, con la única arma que poseemos: la in teligencia y la razón. Es imperativo defender la libertad de investigación investigando, haciendo claridad sobre la dura realidad colombiana. Las perspectivas de agravamiento de la situa ción son muy grandes. Por eso es necesario que todos contribuyamos con nuestro trabajo a que ello no acontezca. Aquella Colombia, otrora abanderada de Contadora, de la paz interna y externa y hasta de los derechos humanos, es ahora vigilada internacionalmente. Esta vigilancia es un

Los derechos humanos en la actual situación instrumento que debemos fomentar a toda costa. La llamada mala prensa no lo es, si se busca con ello contribuir de manera responsable a frenar el inmenso desbarajuste que experimenta nuestra sociedad. La indecisión, el amedrentamiento, la interrupció n de nuestra laboriosidad, no solamente ayudarán al desmoronamiento de cualquier perspectiva democrática en Colombia, sino, en el caso particular, a la decapitación de la producción científica de lo social y al retroceso de la cultura en el país. Dentro de esta perspectiva, solamente una gran movilización de la sociedad civil, de sus amplios sectores democráticos, puede iniciar un proceso de recomposición política en donde se presione y respalde al Estado, a través de su administrador de oficio, el gobierno, para que asuma las responsabilidades que le competen, las mismas a las que ha sido tan esquivo el mandato del presidente Barco. En consecuencia, me permito proponer a los centros de investigación social, a los investigadores independientes, a los sectores de la cultura, que respaldemos una convocatoria nacional que contemple los siguientes objetivos: 1. Poner freno a la violencia política en todas sus manifestaciones y modalidades; 2. Identificar, juzgar y sancionar a las fuerzas oscuras empeñadas en el asesinato y la intimidación de quienes con su trabajo y sus ideas luchan por una sociedad pluralista; 3. Reformular los procesos y mecanismos tendientes a procurar la reconciliación nacio nal. 4. Urgir al gobierno en la búsqueda y aplica ción de fórmulas realmente eficaces

Democracia enderezadas a lograr los propósitos de democratización de la vida nacional; 5. Convocar y aglutinar a la ciudadanía y a todas las fuerzas democráticas del país que por encima de intereses partidistas y gremiales estén identificadas en este patriótico empeño; 6. Promover campañas masivas de educación sobre la naturaleza y vigencia de los derechos humanos y de los pueblos; 7. Abrir un procese de organización y movilizació n social encaminado a garantizar la permanencia de las tareas propuestas. Estos propósitos, enriquecidos con los aportes del debate de hoy, bien pueden servir para abrir un proceso de defensa y desarrollo de la democracia y los derechos humanos en Colombia, en el cual los intelectuales, los profesiona les y los trabajadores de la cultura tenemos la responsabilidad de actuar que la crisis nos impone.

Los derechos humanos en la actual situación

Democracia DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO ACADÉMICO POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA Hoy más que nunca, la crisis del país parece desbordar los diagnósticos y propósitos de los colombianos empeñados en la cons trucción de la democracia. Ya no se trata solamente de buscar una adecuada distribución de los bienes económicos; culturales, o de propiciar el acceso sin exclusiones a la representación política sino, sobre todo, de preservar la vigencia de los más elementales derechos humanos. La vida está amenazada. Los portadores de ideales que luchamos por una sociedad donde la diferencia no sea objeto de persecución somos sindicados como enemigos que hay que exter minar. Académicos, periodistas, maestros, trabajadores de la cultura y en general todos aquellos empeñados en la defensa del pluralismo somos ubicados, progresivamente, en una franja marcada por la intimidación y la muerte. Las ideas se convierten en delito frente a una oscura justicia privada cuyo proyecto es hacer de nuestro país un cerrado esquema totalitario. ¿Cómo reaccionar ante esta situación? Nosotros, los intelectuales, tenemos un compromiso con la sociedad. Nuestra responsabilidad no se limita a la reflexión sobre los problemas que abruman a la comunidad sino que, más allá del ejercicio teórico, debe concretar elementos de acción. Una acción determinada por nuestra especificidad profesional, como es obvie, y que debe hacer del ejercicio del pensamiento crítico e independiente un propósito indec linable y constante por la cultura democrática, los derechos humanos y la civilización de las costumbres y prácticas políticas. Tal es nuestro empeño.

Declaración del encuentro académico… A la sombra de la intimidación y de la muerte existe un plan de decapitación intelectual que busca no solo liquidar físicamente a los contes tatarios o lanzarlos al exilio sino someter a quienes permanecemos en el país a una autocensura y a un silencio donde la palabra, nuestra palabra, se convierta en un mezquino y temeroso susurro. Contra todos aquellos que nos quieren amordazar y junto a todos aquellos - la mayoría del país- que demandan nuestra voz, hemos realizado este Encuentro Académico por la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia. En él han participado, durante la primera parte de la jornada, el invitado principal, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, profesor Álvaro Tirado Mejía, y los directores de los tres centros de investigación política convo cantes del evento, profesores Javier Sanín, S. J. de la Universidad Javeriana, Gabriel Murillo Castaño de la Universidad de los Andes y Francisco Leal Buitrago de la Universidad Nacional. Durante la segunda parte intervinieron los profesores Álvaro Camacho de la Universidad del Valle, Francisco de Roux, S. J., director del CINEP y la doctora María Teresa Herrán, abogada y periodista. Finalmente, clausuró el evento el profesor Alfredo Vázquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. De los planteamientos de todos ellos y de quienes animaron con preocupación y entereza los diferentes debates, hemos extraído las siguientes consideraciones que proponemos como objetivos de una amplia y urgente convocatoria nacional para la salvación del país: 1. Declarar este evento como el punto de partida de una serie de contactos y

Democracia acciones que le permitan a la universidad asumir una iniciativa eficaz frente a la actual crisis de la democracia y los derechos humanos en Colombia; 2. Apoyar el programa de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos expuesto por su titular el profesor Álvaro Tirado Mejía, y velar por que sus propuestas no se disuelvan en el contradictorio juego de fuerzas que paraliza la gestión oficial; 3. Demandar una respuesta oficial a las recomendaciones del informe: "Colombia: Vio lencia y Democracia", que le fuera encarga do por el mismo gobierno a un grupo de aca démicos y estudiosos de la realidad nacio nal; 4. Proponer que los centros de estudios políticos destinen recursos adecuados para el estudio sistemático de la democracia y los derechos humanos; 5. Buscar que la labor académica se proyecte, tanto dentro como fuera de la universidad, hacia el adelanto de campañas masivas de educación sobre la Cultura Democrática y los Derechos Humanos, y que para ello se promueva una vinculación más orgánica entre los Centros de Estudios y los diferentes medios de comunicación; 6. Urgir al gobierno la identificación, el juzgamiento y la sanción de las fuerzas empeña das en el asesinato y la intimidación de quienes con su trabajo y sus ideas luchan por una sociedad pluralista.

Declaración del encuentro académico…

Coyuntura LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN BARCO Rodrigo Pardo * Introducción A diferencia de sus dos antecesores en la Presidencia; Virgilio Barco Vargas ha diseñado su política exterior evitando un alineamiento glo bal, en favor o en contra, de los Estados Unidos, con el fin de maximizar la capacidad nego ciadora del país. Ello responde, además de la dimensión estratégica, al hecho de que las relaciones internacionales han variado significativamente y lo han hecho también la naturaleza y tipo de inserción de América Latina, y de Colombia, en el sistema internacional. De esta manera, las categorías que se han utilizado más frecuentemente para el análisis y el diseño de la política exterior comienzan a mostrar fa llas en la medida en que responden a realidades que están en proceso de transición o que definitivamente han cambiado. En el presente artículo se analizará la capacidad de dos de los conceptos más comúnmente utilizados para el estudio de la política exterior colombiana. Se sostendrá que la utilidad para el estudio histórico de los mismos es limitada y que el diseño en las actuales condiciones de las relaciones internacionales, de una política exterior basada en ellos, puede resultar excesiva mente costosa.

La política exterior de la administración Barco podría estarlo, con base en la adopción global deposiciones frente al "Polo" continental: los Estados Unidos, sino buscando un pragmatismo que le permita lograr objetivos muy concretos que se consideran componentes fundamentales del interés nacional. Entre el "Polo" y los "semejantes" La política exterior colombiana durante la mayor parte del presente siglo se ha dividido en dos grandes etapas: la de ftespice Polum y la de ftespice Similia. Así lo consideró Gerhard Drekonja Kornat en su análisis pionero Colombia: Política exterior 104 , y así ha sido aceptado en forma prácticamente unánime en todos los trabajos publicados posteriormente. La primera de las etapas mencionadas, también conocida como la "Doctrina Suárez", se puso en marcha en 1914 con la firma del Tratado Urrutia-Thompson. Con éste se buscaba "normalizar" las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales se habían deteriorado a consecuencia de la participación de este último en los sucesos que culminaron con la separación de Panamá. Con la firma del documento, Colombia reconocía que los Estados Unidos se habían constituido en el "Polo" económico del continente.

Finalmente, se propone una caracterización global de la política exterior de la actual administración, anotando que ella no está orientada, ni

El segundo período, el de "Mirar a los semejantes", tuvo también una motivación principalmente económica. A la luz del auge de las ideas integracionistas de los años sesenta que en Colombia condujeron a la formación del Pacto Andino, y a consecuencia de la diversificación de exportaciones puesta en marcha con el Estatuto Cambiario (el

*

104

Subdirector del Centro de Estudios Internacionales y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Gerhard Drekonja Kornat, Colombia: Política exterior, Bogotá, Universidad de los Andes FESCOL, 1982.

Coyuntura Decreto 444 de 1967), Colombia podría, y debería, fijar su atención en nuevos países, ampliando así el eje tradicio nal de la política exterior. La contribución del doctor Drekonja ha sido de gran importancia. Identifica a los Estados Unidos como el principal punto de referencia para la toma de posiciones a nivel internacional pero, al mismo tiempo, reconoce que en la medida en que desde finales de los años sesentas se produjeron grandes transformaciones en la economía mundial, se alteraron también las condiciones de la inserción en ella de las economías periféricas. La profundidad de estos cambios abrió espacios para una mayor participa ción y para la toma de nuevas posiciones dentro del sistema internacional. Tal es el sentido del Respice Similia. Finalmente, otra ventaja del estudio de Drekonja y de la caracterización que aporta para el análisis histórico de la política exterior, es que muestra cómo en términos generales existe una serie de elementos en el manejo de las relaciones exteriores de Colombia que ofrecen una sorprendente continuidad: la alineación con respecto a los Estados Unidos, el bajo perfil, la preferencia por riesgos bajos y el apego a los principios del derecho. Al mismo tiempo, sin embargo, las etapas señaladas son excesivamente largas. Se corre el peligro de dejar de lado algunas características que, de ser tenidas en cuenta, podrían generar una división por etapas históricas totalmente diferente. El criterio fundamental de Drekonja es el de la actitud frente al "Polo". Se podría plantear, por ejemplo, una división basada en el criterio predominante entre los funcionarios gubernamentales que diseñan y ejecutan la política exterior sobre el papel de los actores menores,

La política exterior de la administración Barco como Colombia, en el sistema internacional. En la larga etapa del Respice Polum, 1914-1967, se podría pensar en dos subperíodos totalmente diferentes, si bien en ambos se reconocía a los Estados Unidos como eje fundamental de las relaciones internacionales de Colombia. El primero sería el de la "Doctrina Suárez" en su más clara manifestación, entre 1914 y 1941. Hacia comienzos del presente siglo los Estados Unidos llegaron a ser la principal fuente de capital y el mercado más importante para los países de América Central y del norte de América del Sur. Para Suárez, este era un he cho inevitable que determinaba un alineamiento económico automático. Asegurar el flujo de capital desde el norte era más importante que el sentimiento de enemistad que había dejado la atrevida acción del presidente Roosevelt en 1903. Con la puesta en marcha de la "Doctrina Suá rez" llegaron al país cuantiosos recursos provenientes de los Estados Unidos, los cuales originaron la "Danza de los Millones" de los años veintes. Posteriormente a la venida de la primera Misión Kemmerer en 1923, se intensificaron notablemente las inversiones privadas. A ello se sumaron los giros correspondientes a la "indemnización" de la agresión de Roose velt en Panamá : US$ 25 millones que se paga ron luego de la ratificación del Tratado Urrutia Thompson en 1921. Durante esta época existieron momentos de agudo debate interno sobre los eventos más importantes de la política exterior. La propia ratificación del Tratado colomboestadounidense de 1914 fue motivo de controversia, hasta el punto de haberse convertido en uno de los ele mentos que entraron a jugar en el proceso que

Coyuntura finalmente condujo a la renuncia de Suárez de la Presidencia. También durante la década de los treintas hubo desacuerdos políticos sobre la posición que debía adoptar Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1941, la tesis de la neutralidad era defendida por líderes partidistas claves para el proceso interno. Laureano Gómez, por ejemplo, hizo una tenaz oposición a los presidentes de la "República Liberal" en razón de sus actitudes pro-nortea mericanas frente a la guerra. Es muy posible, además, que las posturas adoptadas por Colombia durante esta etapa sean mucho más diversas de lo que normalmente se estima. Hace poco, por ejemplo, la Revista Nacla en un informe sobre la política exterior soviética hacia América Latina señalaba que en 1935 el gobierno colombiano de Alfonso López Pumarejo era el único a nivel continental que reconocía a la Unión Soviética. En cambio, durante la época posterior a la Segunda Guerra las posiciones de Colombia fueron mucho más "ideológicas", se basaron en un consenso interno más sólido y tuvieron una coincidencia casi perfecta con las de los Estados Unidos. En este caso se trataba de una actitud que encontraba eco en la mayor parte de las capitales latinoamericanas, pues existía para ello un fuerte "factor de convergencia": el anticomunismo. Este era el eje fundamental de la política exterior no solamente de Colombia sino virtualmente de todas las naciones del hemisferio. Durante estos años de la "Guerra Fría" se consideraba que había una coincidencia global entre los intereses de los Estados Unidos y los de América Latina. Tal "armo nía" surgía del hecho de que esta última aceptaba un papel en la batalla

La política exterior de la administración Barco contra el comunismo internacional y de que las percepciones predominantes sobre la política internacional, con la escuela realista a la cabeza, le otorgaban a los asuntos de seguridad y defensa la mayor prioridad. Lo econó mico y lo social constituían una "baja política que estaba subordinada a la defensa contra el "expansionismo rojo". Por esta razón Colombia, aún en condiciones de inestabilidad política interna, fue a defender la democracia occidental en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Las dos etapas mencionadas, la de la "Doctrina Suárez" y la de la "Guerra Fría", tienen características fundamentalmente distintas. Inclusive el problema del "perfil" externo tiene manifestaciones diferentes en los dos perío dos. En la "Doctrina Suárez" hubo un protago nismo limitado, en la medida en que el objetivo principal era normalizar las relaciones interna cionales para maximizar objetivos económicos mediante el vínculo estrecho con Estados Unidos. En la posguerra, en cambio, Colombia hizo méritos para distinguirse en la lucha contra el comunismo y en la creación y respaldo a las instituciones internacionales. La participación en la Guerra de Corea (único país latinoamericano que lo hizo), el papel jugado en la redacción de la Carta de San Francisco o en la creación de la OEA, tuvieron protagonistas colombianos que fueron ampliamente conocidos en el hemisferio. Alberto Lleras Camargo, Roberto Urdaneta Arbeláez y Alfonso López Pumarejo, desde diversas posiciones y desde la Presidencia, ejecutaron acciones que no podrían catalogarse como de "bajo perfil", por lo menos en comparación con otros países de América Latina.

Coyuntura Un mundo diferente El criterio de la "toma de posiciones" como base para delimitar etapas históricas de la política exterior puede no ser el mejor y, definitivamente, no debe ser el único: se pueden tener posiciones semejantes que se explican por razones diferentes y que se manifiestan también en políticas distintas. De otra parte, los conceptos mencionados no solamente se han utilizado con fines analíticos, sino también como orientación para el diseño de la política exterior. Con las características actuales de las relaciones internacionales, sin embargo, la posibilidad de ejecutar con éxito una política de Respice Polum es casi un imposible. La complejidad del mundo contemporáneo, la cual surge de una amplísima red de intercone xiones a través de las fronteras estatales lleva das a cabo por actores de diversa naturaleza y no solamente gubernamentales, conducen a que el costo de plantear una coherencia entre la posición asumida frente al polo con todas (o la mayoría) de las posiciones adoptadas frente a problemas internacionales, es excesivamente alto. Se pueden mencionar varias de las causas de dicho fenómeno: En primer lugar ya no existe, ni en el campo económico ni en el de defensa, una situación que pueda percibirse como de intereses armó nicos. La complejidad de las múltiples y cre cientes interconexiones internacionales (nacio nales, transnacionales, gubernamentales, multinacionales, etc.) en un mundo "encogido" por el avance de las comunicaciones y el trans porte, lleva a que cualquier agenda de asuntos bilaterales entre dos estados generalmente esté formada por un gran número de temas de diversa naturaleza. Pretender un

La política exterior de la administración Barco gran acuerdo global en términos de las prioridades que se definen, los temas que se incluyen o las posiciones que se asumen es, por decir lo menos, irrealista. El mundo ya no es el de 1947, cuando el tema de la seguridad era unánimemente reconocido como el de mayor importancia y se entendía de la misma manera por la mayor par te de países. En segundo lugar, la naturaleza de las relacio nes entre América Latina y los Estados Unidos ha cambiado sustancialmente. La hegemonía de los años cincuentas se ha erosionado y los intentos de la administración Reagan para restituirla no han sido, ni podrían serlo, exitosos. Ello es un resultado de las transformaciones económicas ocurridas en el sistema internacio nal durante la década pasada, y de la diversificación creciente de las relaciones económicas, diplomáticas y políticas, con naciones extracontinentales. También se ha presentado una pérdida de importancia del conflicto Este-Oeste para la mayor parte de las naciones latinoamericanas y han surgido otros polos de crecimiento económico como el Japón y Alemania. En tercer lugar, se han intensificado también los vínculos entre la política exterior y el proce so político interno. La frontera entre una y otro es cada vez menos clara y restrictiva, y las rela ciones entre los dos se perciben con mayor cla ridad 105. Ello hace que se influyan y determinen mutuamente. La búsqueda de ciertos objetivos internos (el tratamiento de la guerrilla, la financiación del desarrollo, la orientación del proceso económico, la legitimidad de los go biernos, la lucha contra el narcotráfico) tiene 105

Ver Juan Tokatlian y Rodrigo Pardo, "Paz interna y política internacional: La trampa bipolar", en El Tiempo, Lecturas Dominicales, julio 26 de 1987, pp. 3-5.

Coyuntura frecuentemente determinantes por fuera de las fronteras nacionales. La concepción según la cual los estados eran una especie de "caja negra" cuando actuaban en la esfera internacio nal ha perdido toda su validez. La creciente interdependencia que existe entre las naciones lleva a que -todas ellas sean más vulnerables a las acciones ejecutadas por los demás miembros de la comunidad internacional. En cuarto lugar, la diversidad de objetivos, políticas, actores e interconexiones que han ido remplazando al mundo —en blanco y negro" de los años cincuentas, han generado también menores grados de consenso. En la actualidad es imposible ejecutar una política de estricto alineamiento con Washington sin afectar negativamente las relaciones con otros países latinoamericanos. La experiencia vivida por Colombia bajo la administración Turbay es un buen ejemplo. Las posiciones adoptadas frente a la crisis centroamericana y frente a la Guerra de las Malvinas, ambas coincidentes con las de la administración Reagan, fueron severamente cuestionadas en varias capitales del continente. Aunque se podría pensar que la presencia en la Casa Blanca de un mandatario tan radical como Reagan es un determinante de este fenó meno, un escenario realista para el futuro, aun si hay un cambio a partir de 1989 en la política exterior hacia América Latina, es el del incremento en desacuerdos alrededor de temas como el proteccionismo, las drogas y otros más. Los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancur plantearon sus respectivas políticas exteriores con base en una posición frente a Estados Unidos. Turbay, aceptando el alineamiento; Betancur, buscando un alejamiento. En

La política exterior de la administración Barco términos generales, las dos administracio nes buscaron una consistencia en la toma de posiciones sobre los diversos asuntos de la po lítica internacional con sus respectivas actitudes frente a Washington. En Centroamérica, por ejemplo, mientras Turbay intentó convertirse en "el principal aliado norteamerica no"106 , Betancur buscó un liderazgo en el Grupo de Contadora con el fin de sacar adelante una estrategia que servía como alternativa a la política de la administración Reagan. En ambos casos el balance de la política exterior arrojó resultados muy poco satisfactorios. En la administración Turbay se produjo un aislamiento continental sin que se recibieran a cambio mayores "favores" de parte de los Estados Unidos. En el gobierno de Betancur el deterioro en frentes internos como las drogas, la paz y la economía, obligaron a moderar la posición frente a Washington, no simplemente bajando la retórica sino rectificando posiciones en asuntos claves de la política exterior, para acercarlas a las de la Casa Blanca 107. Con base en esos antecedentes, la administración Barco al llegar al poder tenía dos límites hacia los cuales no resultaba rentable acercarse: el "alineamiento automático" de Turbay y el "alejamiento explícito" de Betancur. La opción adoptada, en consecuencia, fue la de reto mar una orientación semejante a la que había seguido Alfonso López 106

Bruce Bagley, "Colombia en el Caribe: el nuevo aliado norteamericano?", en Juan Tokatlian y Klaus Schubert, Relaciones internacionales en la Cuenca del Caribe y la política de Colombia, Bogotá, Biblioteca de la Cámara de Comercio, 1982, pp. 371-391. 107 Bruce Bagley y Juan Tokatlian. "Colombian foreign policy in the 80's: the search for leverage". SAIS, Occasional Papers No. 7, Washington, septiembre de 1985.

Coyuntura Michelsen entre 1974 y 1978: un mayor pragmatismo y una concentra ción en los asuntos económicos de la política exterior. No se busca una consistencia entre las diversas posiciones externas y la actitud frente al polo, aun si este se reconoce como tal. Se busca, más bien, la separación de las dos esfe ras con el objeto de no afectar negativamente la capacidad negociadora por un condiciona miento a priori. La administración Barco La política exterior pragmática de la administración Barco, la cual elude la vinculación es tricta entre la posició n frente al Polo y la toma de posiciones en otros temas internacionales, se ha basado en tres pilares fundamentales: 1) La mayor prioridad otorgada a los temas económicos; 2) La redefinición de las relaciones con Estados Unidos; 3) La "neutralidad ideológica". 1) Los aspectos económicos de la política exterior Desde sus planteamientos como candidato, Virgilio Barco le otorgó a los temas económicos de las relaciones internacionales de Colombia una importancia especial108. Ello se debió a varias razones. En primer lugar, la experiencia del anterior gobierno, el de Belisario Betancur, hacía pensar que se requería una mayor atención sobre los aspectos económicos de la política exterior y sobre las relaciones entre esta última con el comportamiento interno de la economía, especialmente en los sectores y campos que afectan la disponibilidad de divisas.

La política exterior de la administración Barco El deterioro cambiario sufrido durante la administración Betancur restringió notablemente el campo de acción gubernamental en la esfera internacional, hasta el punto de verse abocado a la rectificación de posiciones adoptadas al principio del mandato. La negociación adelantada con el Fondo Monetario Internacional en 1984-1985 y el consiguiente programa de ajuste acordado (más medidas de austeridad que se tomaron antes de la firma del acuerdo con el fin de fortalecer la capacidad de negociación del país) afectaron en forma negativa la viabilidad tanto de la política exterior de No Alineación como del Proceso de Paz interno. La urgencia de conseguir recursos para evitar una crisis cambiaría condujo a que el tema del crédito y de las relaciones Colombia-FMI se convirtiera en la prioridad para la administración Betancur en sus relaciones con los Estados Unidos, hecho que aumentó la vulnerabilidad tradicional y obstaculizó la política de No Alineación. En cuanto al proceso de reconciliación nacional, el programa de ajuste afectó la credibilidad del gobierno, a la vez que incluyó una serie de elementos que debilitaban la posibilidad de hacer gastos para la rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, y que impedían la ejecución de políticas de gasto público y subsidios que eran necesarias para el proceso. Barco criticó el manejo de su antecesor, así como las inconvenientes consecuencias de las negociaciones con el FMI109 . En sus discursos se expresa la creencia en que el manejo de la economía interna y el mantenimiento de una mínima solvencia cambiaría son un

108

Virgilio Barco, Hacia una Colombia nueva, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1986, pp. 47-50.

109

Ibid, p. 49.

Coyuntura determinante fundamental autonomía externa del país.

La política exterior de la administración Barco de

la

En segundo lugar, durante los cuatro años de la administración Barco se modificará la estructura tradicional de los ingresos de divisas del país. Como consecuencia de procesos que vienen en marcha desde hace varios años, el café dejará de ser la principal fuente de ingresos en moneda dura. Será el sector minero, con el petróleo y el carbón, el mayor rubro de exportaciones a partir de 1988. Ello implica que en el manejo de las relaciones económicas internacionales el Estado aumentará su capacidad de maniobra en virtud de que la actividad productiva de estas dos mercancías, a diferencia de la del café, tiene intervención del capital estatal. En tercer lugar, se perciben vínculos de la política económica internacional y algunos de los objetivos planeados en el programa interno. El Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta, así como el Plan Nacional de Rehabilitación, dependen en alguna medida de recursos externos. Además, el presidente Barco ha intentado reforzar políticamente al primero de ellos mediante su internacionalización. En su intervención ante la 41a Asamblea General de la ONU, propuso una acción solidaria contra tan degradante flagelo social" 110. El énfasis que tienen los temas económicos en la politice exterior de la actual administración se ha observado en los viajes que hasta ahora ha realizado el presidente. El primero de ellos fue a la Asamblea del Banco Mundial y del FMI, 110

Virgilio Barco, "Intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas". En Virgilio Barco, Así estamos cumpliendo, Tomo 11, Bogotá: Presidencia de la República, 1986, p.267.

cuya presidencia le correspondía a Colombia. El segundo, de solo unas pocas horas, lo hizo al Ecuador con el fin de poner en marcha un oleoducto binacional. Y el tercero lo dirigió hacia el Oriente Asiático, donde se encuentra un grupo de países que ha mostrado un gran dinamismo económico durante los últimos años, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y 111 financieras . También se observa que la mayor atención dada a los asuntos económicos de las relacio nes internacionales implica prioridades diferentes para la politice exterior. Así, regiones como la Cuenca del Pacífico, tradicionalmente marginal para Colombia, recibe una mayor atención por parte del gobierno colombiano. Igual sucede a nivel de América Latina, donde países como el Brasil y la Argentina han concentrado una mayor atención gubernamental y parecen haber desplazado a Centroamérica como receptora de la principal prioridad de la politice exterior a nivel continental. 2) Las relaciones con Estados Unidos Como se anotaba anteriormente, las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos bajo la administración Barco tienen una orientación esencialmente pragmática. No ha habido un "alineamiento automático" pero se ha evitado la confrontación verbal y a nivel 111

Así lo explicó el presidente Barco en un reportaje: "Mi política exterior buscará amigos e inversionistas en todo el mundo. Me interesa particularmente el Japón. Quiero interesar a los japoneses en Colombia. Quiero viajar al Sureste Asiático. Creo que podemos aprender de Corea del Sur. (...) Quiero lograr acuerdos que produzcan contratos de asociación.". "Barco Sets Tough Targets". South, No. 78 (abril de 1987), p.43.

Coyuntura general112 . Se ha buscado, hasta el momento, una separación de los temas con el fin de tratarlos sin afectar la toma de decisiones en otros aspectos de las relaciones bilaterales 113. Ello implica que no se considera que debe existir una coherencia en todas las actitudes de Colombia en la arena internacional. El acuerdo o el desacuerdo con Washington no puede determinarse previamente. De hecho, puede encontrarse un récord mixto en lo que hasta el momento han sido las actitudes de Colombia frente a Estados Unidos. Las relaciones han sido convergentes en la creencia en la utilización del Tratado de Extradición y en la colaboración en la búsqueda de nuevos créditos por parte de Colombia. Han sido conflictivas en aspectos comerciales (particularmente en los casos de las flores y los textiles). Han sido divergentes en el tema de los Derechos Humanos (particularmente frente a Cuba); Centroamérica (en lo referente a las posturas frente al Plan Arias y Esquipulas U, así como en el rechazo de Colombia a las pretensiones norteamericanas de colocar un radar en San Andrés); el papel de los países consumido res en la lucha 112

Esta actitud se observa en el hecho de que las relaciones con Estados Unidos no han sido tema principal en ninguna de las declaraciones del presidente sobre política exterior. Ni en el discurso de posesión, ni en los que pronunció en Washington en septiembre de 1986, ni en el reportaje a la revista South, ni en el informe al Congreso el 20 de julio de 1987, dicho tema se trata en forma independiente. 113 Una detallada descripción de las relaciones entre Colombia y Venezuela durante el primer año de la administración Barco se encuentra en Juan G. Tokatlian y Dora Rothlisberger. "Politice internacional", en Virgilio Barco Año 1. Documentos El Mundo, No. 99, agosto 6 de 1987, pp. 21-23.

La política exterior de la administración Barco contra las drogas; y la intervención norteamericana en Panamá a raíz de la crisis del general Noriega. Este balance muestra que se busca evitar una coherencia a nivel global y que las relaciones no están predeterminadas por una posición frente a los Estados Unidos. Es claro que la administración Barco desea tener buenas relaciones con Washington (especialmente en los temas económicos) pero que no considera que para ello tenga que debilitarse su capacidad negociadora o entregar su autonomía. El elemento clave, en esta relación bilateral parece ser, pues, el de la negociación, y se estima que su maximización va en contra de la alineación. Aunque es prematuro, resulta válido intentar un análisis del balance entre los costos y bene ficios dejados hasta el momento por las relacio nes bilaterales colombo-estadounidenses. El gobierno parece haberle dedicado una especial atención a la colaboración de Washington para las negociaciones adelantadas con los organis mos financieros internacionales para lograr la firma de un crédito por US$ 1.060 millones. La información disponible indica que el Departamento de Estado intervino activamente y apoyó la posición colombiana la cual buscaba eludir al FMI y concretar un crédito de recursos frescos directamente con la banca y sin asumir compromisos en materia de política económica. El "Crédito Concorde" responde a la concepción de la po lítica exterior y a los objetivos bus cados por la actual administración. Se hizo posible también en virtud de que estaba en los intereses de los Estados Unidos hacer de Colombia un showcase para mostrar las conveniencias

Coyuntura de los ajustes del FMI, su carácter transitorio y la posterior viabilidad de recibir "premios" en préstamos nuevos. Pero de to das maneras, la administración Barco logró conseguir recursos frescos (aproximadamente iguales a los desembolsos que deberán hacerse para servir la deuda), sin incurrir en compromisos de política económica, con libertad para invertir recursos para un programa (poco "rentable" según la óptica del FMI) como el de la lucha contra la pobreza, y sin que interviniera el Fondo. Otra negociación que debe examinarse con cuidado es la del Pacto Internacional del Café, relacionada con la reincorporación de un sistema de cuotas que el gobierno considera conve niente para los intereses del país. Las posicio nes de las dos naciones estuvieron enfrentadas en varios momentos, y hubo quejas por parte de Washington en el sentido de que los países productores latinoamericanos (con un cierto liderazgo colombiano) estaban adelantando acciones "desestabilizadoras" del mercado en diciembre de 1986. Posteriormente, los Estados Unidos y el Brasil protagonizaron un enfrentamiento que impidió un acuerdo ante los fallidos intentos de la delegación colombiana para servir como mediadora114 . Al final, la administración Reagan ablandó su postura y estuvo receptiva a un acuerdo de los producto res para restablecer el mecanismo de cuotas y la franja de precios a partir de octubre del presente año. Otros aspectos, como el de la protección a los textiles y a las flores, han dejado resultados menos satisfactorios. En 114

Rodrigo Pardo, "El pacto por dentro". Entrevista con Juan Manuel Santos, en Revista Credencial, No. 5, abril de 1987, p.66.

La política exterior de la administración Barco general, los temas comerciales tienen todas las perspectivas de convertirse en el futuro en un asunto especialmente complejo no solamente en la agenda de las relaciones Colombia-Estados Unidos, sino en general para todo el continente. 3) Neutralidad ideológica 115 La política exterior pragmática de la administración Barco se manifiesta en una actitud de tolerancia política. Ello conduce a que las contrapartes sean vistas como tales, independientemente de sus preferencias ideológicas, de la manera como se organizan internamente o de sus posiciones en la política mundial. La neutralidad ideológica se manifiesta directamente en el hecho de que la política de bloques y la incorporación del conflicto Este-Oeste dentro de la agenda de la política exterior es solamente marginal y pierde importancia. En ello juega un papel clave la participación de Colombia en el Movimiento de los No Alineados, del cual ocupa una posición en el Buró de Coordinación. En su discurso de posesión, el presidente Barco se refirió a la No Alineación como "un elemento de equilibrio en el sistema internacional". Esta búsqueda de "neutralidad" y equilibrio explica algunas de las accio nes concretas que se han puesto en marcha por parte de la actual administración.

115

El término está tomado de un trabajo de Mónica Hirst sobre la política exterior brasilera, y tiene utilidad para el caso colombiano en los actuales mo mentos, a pesar de que existen fundamentales diferencias en la orientación de la política exterior de los dos países. Ver Mónica Hirst, "Brasil", en Juan G. Tokatlian y Gerhard Drekonja, Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana, Bogotá, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Fondo Editorial CEREC, 1983, p. 236.

Coyuntura En primer lugar está el "universalismo" planteado por Barco desde la campaña electo ral116. En su viaje al Oriente, el Presidente iba a hacer la primera visita oficial de un jefe de Estado colombiano a Corea, China y Filipinas. En la gira programada a Europa, será la primera vez que un presidente de Colombia llega hasta Portugal. Así mismo, la visita del canciller Julio Londoño a un grupo de países socialistas, y el ingreso de Colombia a la Organización de Países Exportadores de Carbón, son una muestra de la voluntad que existe en el sentido de diversificar y ampliar las relaciones internacionales. Generalmente los objetivos que se buscan en estos lugares son económicos, como se observó en las intervenciones presidenciales explicando su política de "Apertura hacia el Pacífico". El empuje económico de países localizados en esta región, tales como el Japón, Corea, China y Taiwán, las convierte en atractivas para la atención colombiana 117. Y hay que mencionar, también, los adelantos logrados para reabrir relaciones con Cuba. En el seno de la 41a. Asamblea de la ONU, y en visitas recíprocas de funcionarios gubernamentales, se han acordado algunos intercambios y acuerdos de carácter económico que presumiblemente, según lo ha expresado el canciller Londoño Paredes, conducirán a la reanudación de los vínculos

116

Virgilio Barco, Hacia una Colombia nueva, Op. cit., p. 45. 117 Según Barco: "El viaje al Oriente Asiático es una manera de desarrollar, mediante acuerdos concretos de cooperación e intercambio, la diplomacia de `menos ocio y más negocio' (... ) y de complementar otras medidas como la modificación del régimen de inversión extranjera". Intervención en televisión, septiembre 3 de 1987.

La política exterior de la administración Barco diplomáticos que se suspendidos desde 1981.

encuentran

En los países seleccionados por Barco para su primera visita a la Cuenca del Pacífico existen sistemas políticos totalmente diferentes. Un autoritarismo presionado para una apertura, en Corea; un socialismo aplicando una agresiva política de modernización y apertura, en la China; y una democracia luchando contra las ma nifestaciones del sistema autoritario anterior, en las Filipinas. Ello muestra que la existencia o no de coincidencias ideológicas no es un factor principal para determinar las naciones que son importantes para Colombia. Es más impor tante el criterio económico. Ello no quiere decir que detrás de la política exterior colombiana no haya ideología. De he cho, el presidente Barco ha enfatizado en sus discursos sobre política externa el apoyo a la democracia. Tanto en Corea, como en el mensaje que iba a presentar en el Congreso filipino, y que fue leído por un emisario suyo, Barco reconoce un compromiso co n la democracia, y expresa su fe en dicho sistema como el más efi ciente para tramitar los desacuerdos sociales. El punto, sin embargo, es que la identificación sobre estos aspectos, o incluso sobre posicio nes relacionadas con la política mundial, no son un criterio fundamental para determinar las principales contrapartes colombianas, especialmente cuando existen posibilidades de dinamizar las relaciones económicas. De esta manera, la "neutralidad ideológica" de la política exterior de la administración Barco se refleja en: 1) La búsqueda de un "universalismo" en las relaciones internacionales de Colombia; 2) La escasa importancia otorgada al conflicto Este-Oeste en la definición de

Coyuntura metas y objetivos; 3) El entendimiento con diversas contrapartes que no se seleccionan con base en los acuerdos que existan sobre los aspectos po líticos fundamentales. El diferendo con Venezuela En los puntos anteriores se han tratado tres características fundamentales de la política exterior de la actual administración. De ellos surgen las prioridades de la misma, sus componentes esenciales y los objetivos e instrumentos que se utilizan. Hay otros temas, sin embargo, que no se entenderían con base en esos parámetros y que no obstante son de gran importancia para el gobierno de Virgilio Barco: el diferendo limítrofe con Venezuela, la reforma del Concordato (sobre lo cual se han adelantado negociaciones preliminares) y la revigorización del sistema interamericano (tema ampliamente tratado por Barco en un discurso ante la OEA en septiembre de 1986118 ). Todos ellos son aspectos que el Partido Liberal tradicionalmente ha considerado de gran importancia en el manejo de las relaciones internacionales de Colombia. Las relaciones con Venezuela se han constituido en uno de los aspectos prioritarios de la política exterior del actual gobierno. Desde la campaña electoral, Barco habló de "poner en marcha alguna fórmula que nos lleve a buscar una solución lo más pronto"119 y en el discurso de posesión sostuvo: "Procuraré

La política exterior de la administración Barco alcanzar un acuerdo justo y viable para la delimitación de nuestras áreas marinas y submarinas"120 . El objetivo principal buscado hasta el momento es el de "descongelar" el diferendo sobre la base de la creencia en que los mecanismos utilizados en el pasado (las negociaciones bilaterales) no son efectivas para propiciar una solución definitiva 121. Así, el 19 de noviembre de 1986, el presidente Barco le hizo una propuesta al canciller venezolano Simón Alberto Consalvi, basada en varios puntos que se seguirían progresivamente y con tiempo definido para cada etapa: negociaciones directas, conciliación y la intervención de los organismos internacionales. Ante la falta de respuesta a dicha propuesta, el 6 de mayo de 1987 el gobierno colombiano le propuso a Venezuela la reintegración de la Comisión de Reconciliación contemplada en el Tratado de 1939. Con el fin de presionar su constitución, Colombia le presentó a Venezuela hechos cumplidos en relación a las personas propuestas para formar la Comisión por parte de Colombia, las cuales ya habían aceptado el nombramiento. El 13 de agosto pasado, Venezuela contestó formalmente, rechazándola, la iniciativa de Colombia. Lo hizo en medio de fuertes tensio nes existentes a raíz de la presencia de una embarcación colombiana en aguas internacio nales que Venezuela reclama como suyas. Ante una arrogante demostración de fuerza militar y luego de un insultante discurso del

118

Discurso ante el Consejo Permanente de la OEA. Washington, septiembre 29 de 1986. En Virgilio Barco, Así estamos cumpliendo, Op. cit., p. 228. 119 Rueda de prensa por televisión del candidato Virgilio Barco, el 2 de marzo de 1986. En Las promesas del mandato Barco, Documentos El Mundo, No. 96, agosto 12 de 1986, p.28.

120

Discurso de posesión, agosto 7 de 1986. En Ibid., p. 5. 121 Ver "Colombia y Venezuela: Cada vez más cerca de La Haya?", Informe de Coyuntura Internacional del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. El Tiempo, agosto 23 de 1987, p. 3-C.

Coyuntura presidente Lusinchi, el gobierno colombiano retiró la corbeta "Caldas" citando los llamados formulados por el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y por el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares. De esta manera, el balance hasta el momento de las acciones realizadas por el gobierno del presidente Barco frente a Venezuela se puede resumir en los siguientes puntos: Se ha logrado la meta de descongelar el diferendo. Lo que poco a poco se iba convirtiendo co n el paso de los años en "un reclamo colombiano" ha recuperado el carácter de lo que realmente es: un problema de falta de delimitación. Con ello se ha producido una -internacionalización" del conflicto en la medida en que han intervenido otros actores y se ha aumentado su visibilidad internacional. En segundo lugar, el incidente de la corbeta "Caldas" dejó en claro que Venezuela tiene una notable superioridad militar y que Colombia, por esa razó n, busca trasladar la disputa a escenarios en donde las relaciones de poder no estén determinados (o lo estén en el menor grado posible) por la dotación armamentista. Finalmente, se ha ido conformando un consenso al interior de Colombia en el sentido de que el próximo paso que debe adelantar el gobierno, sin demora, es el de llevar el conflicto a la Corte de La Haya. Aunque existen opiniones contrarias a esta tesis122 , ella ha ganado aceptaciones y se considera una "opción lógica" luego de que hace apenas unos meses era considerada como una "opción radical". 122

Alberto Zalamea, "Catálogo de errores", El Tiempo, septiembre 26 de 1987 (Primera parte), pág. 4-A y octubre 3 de 1987 (Segunda parte), p. 4-A.

La política exterior de la administración Barco

En realidad el hecho de que Colombia haya acudido al Tratado de 1939 con su propuesta de restablecer la Comisión de Reconciliación, y de que Venezuela considere que ello no es aplicable, prácticamente obliga a acudir a La Haya, pues así lo establece el propio texto del Trata do. Lo contrario sería poner en duda un principio, el de Pacta Sunt Servanda, en el cual Colombia ha basado la búsqueda de muchos de sus objetivos en el contexto internacional. Conclusiones La política exterior de la administración Barco Vargas incluye una serie de elementos de continuidad con su antecesor pero a la vez busca "normalizar" algunas tendencias contradicto rias de ella. A la vez, la orientación del manejo de las relaciones internacionales de Colombia tiene otros determinantes en el contexto mundial, al cual desea acoplarse, y en el proyecto interno de fortalecer la democracia representa tiva liberal. Dentro del cauce marcado por los anteriores elementos, la política exterior de Colombia busca satisfacer intereses nacionales definidos en una manera muy concreta y tangible. La negociación parece ser el concepto fundamental que inspira la acción del gobierno, y el aumento de la capacidad negociadora del país es una base fundamental de la política. Por esa razón hay una preferencia hacia las ac tividades de bajo riesgo. Se eluden confrontaciones retóricas y se buscan posiciones de consenso a nivel latinoamericano. El principal Foro en donde esta “ concertación- se ha lleva do a cabo es en el "Grupo de los 8", en el cual

Coyuntura los países miembros de los Grupos de Contadora y de Apoyo han asumido posiciones seme jantes frente a los temas más complejos de la política internacional. Uno de los elementos fundamentales dentro del intento de fortalecer la capacidad negociadora se refiere al aparato institucional del Estado. Los organismos que participan en el diseño y orientación de la política exterior no están en capacidad de actuar en forma coordinada y con una centralización de las decisiones fundamentales. Ello es una condición necesaria para el funcionamiento de la orientación pragmática que se le ha dado al manejo de las relaciones internacionales. Antes de llegar a la Presidencia Virgilio Barco se refirió a la necesidad de reformar la Cancillería y citó como modelo a Itamaratí en el Brasil. Solamente mediante una mejor dotación de recursos técnicos y una mejor organización de los diversos organismos que participan en la ejecución de tareas que afectan a las relaciones internacionales del país, se podrá maximizar la capacidad negociadora frente a otros estados.

La política exterior de la administración Barco

Coyuntura LAS RELACIONES DE EUROPA CON AMÉRICA LATINA: LA LÓGICA DE SUS RESPECTIVAS ACTUACIONES Christian Déséglise * 1. Planteamientos básicos Centro del planeta hasta la Primera Guerra Mundial, continente en el cual se juega el hado de la humanidad hasta 1945, Europa occid ental se caracteriza hoy por su desagregación política, por su "bajo perfil" comunitario en las relaciones internacionales, su relativa vulnerabilidad militar y su poderío económico y comercial. América Latina, por su parte, ubicada en la esfera de in fluencia europea hasta las fechas correspondientes a las dos guerras mundiales y a la Guerra Civil Española, se ve encuadrada en una relación cuasiexclusiva con los Estados Unidos a partir de 1945, y los vínculos que tenía con Europa se cortan radicalmente. El embajador peruano, Carlos Alzamora, exsecretario permanente del SELA, resume perfectamente la situación: "En mi país, Perú, la misión de adiestramiento militar era francesa (antes de la Segunda Guerra Mundial), la naval inglesa, la aeronáutica italiana y la policial española. Todas serían en su momento sustituidas por misiones norteamericanas"123. Esta situación la congelará la guerra fría y no se modificará sustancialmente hasta, por lo menos, años recientes.

*

Profesor del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo 123 Carlos Alzamora, "La oportunidad de la crisis, Los desafíos en las relaciones europeolatinoamericanas", en Nueva Sociedad, No. 85, sept-oct. 1986, Caracas, p. 97.

Las relaciones de Europa con América… Sin embargo, en el actual esquema triangular conformado por un polo norteamericano dominante y dos pequeñas cabezas dependientes en distintos niveles y grados, la lógica y los intere ses de América Latina y de Europa podrían impulsar estos dos actores a emprender una "relación diagonal" 124 que les permita salir de su condición de menor a nivel internacional y ofrecer al mundo un ejemplo de tercera vía entre el "capitalismo conservador y masificado de Estados Unidos y el socialismo conservador y masificado de la Unión Soviética"125 . Para tender hacia tal fin, no solo hace falta tener una conciencia muy clara de la lógica propia del actor con el cual se piensa jugar, sino que también se requiere el pleno conocimiento de lo que el otro está dispuesto a ofrecer y de lo que puede ofrecer, habida cuenta de los intereses peculiares de cada protagonis ta y de sus limitaciones en cuanto a su margen de maniobra. En este marco, y desde hace unos años, Europa ha ido tornándose hacia Latinoamérica y el Tercer Mundo en general, por motivos que analizaremos más adelante. América Latina, frente a la pérdida de confianza en las capacidades económicas norteamericanas, frente a la desvalorización del sistema militar de seguridad continental después de la guerra del Atlántico Sur, frente a la crisis 124

En las relaciones triangulares EE.UU.-CEEAmérica Latina, la "relación diagonal" sería el eje que uniría a Europa con América Latina y que permitiría que las dos regiones se fortalecieran mutuamente y ampliaran su margen de maniobra autónoma en las relaciones internacionales. 125 Luigi Boselli, jefe de la delegación para América Latina de la Comisión de las Comunidades europeas, "La Comunidad Económica y América Latina: el nuevo reto", en Cuadernos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), No. 11, 6 de febrero de 1985, p. 20.

Coyuntura centroamericana y al acuciante tema de la deuda, se ha vuelto por su parte hacia Europa pensando que ésta le podría ofrecer una alternativa a su relación exclu yente con los Estados Unidos. Dos actitudes dificultan, sin embargo, este diá logo entre la Comunidad europea y América Latina. La actitud europea, por una parte, que consiste en explicar las escasas relaciones a nivel institucional entre las dos partes y su "descuido benigno" hacia Latinoamérica por el hecho de que esta última no haga ninguna propuesta común concreta: América Latina no tendría una voz única, su diversidad volvería imposible todo acuerdo con la Comunidad como habría tornado imposibles otros acuerdos de menor ambición en el propio continente hispanoamericano. Y por otra parte, la actitud la tinoamericana, que critica de manera a menudo violenta a Europa por su proteccionismo, su timidez política, etc. Pero estas dos posiciones tradicionales y unívocas están matizadas por la densa red de "amistades" y voluntades de cooperación mostradas por muchos grupos no gubernamentales tales como los partid os políticos, los sindicatos, las Iglesias o las fundacio nes privadas. Para que este diálogo, que podría cobrar importancia histórica fundamental en el contexto de una tendencia hacia la multipolarización del sistema internacional, no caiga en un diálo go de sordos, es preciso analizar detalladamente qué es lo que el uno puede esperar del otro, y es menester destruir los mitos que impiden tener una conciencia clara del estado de las relaciones entre los protagonistas y sus tendencias. Estos puntos son los que intentamos contribuir a aclarar en el artículo, analizando la lógica de la actuación internacional del

Las relaciones de Europa con América… Viejo Continente, subrayando lo que está dispuesto a ofrecer a Latinoamérica y finalmente presentando el cuadro de las relaciones entre los dos actores. 2. La lógica contradictoria de la evolución europea El papel de la Comunidad en las relaciones in ternacionales puede resumirse de la siguiente forma: Europa Occidental salió agotada y exangüe de la Segunda Guerra Mundial. Abandonó su protección militar en manos de los Estados Unidos. De motor del mundo se convirtió, al menos inicialmente, en continente destinado a ser el objeto de su propia historia. Pero su posterior crecimiento económico le ha ido concediendo un espacio cada vez mayor de autono mía política, limitado sin embargo por la hipo teca militar norteamericana. A partir de 1947 y en función de sus propios intereses, los Estados Unidos reconstruyeron a Europa -mediante el Plan Marshall principalmentee impulsaron la unión política, econó mica y militar del Viejo Continente. Considerada a la vez como una región vital para los Estados Unidos y como la condición necesaria para que éstos pudieran desempeñar un papel de protagonista mundial de primera importancia, Europa se benefició y sigue beneficiándose de la protección nuclear de los Estados Unidos y recibe en su territorio, en Alemania Occidental exactamente, 350.000 soldados de las Fuerzas Armadas norteamericanas, al mismo tiempo que acoge, en Gran Bretaña, la República Federal Alemana, Bélgica y Holanda, los euromisiles "Pershing II" , los misiles "Cruise", además de las bases militares instaladas en diversos países.

Coyuntura Sin embargo, a pesar de los intereses fundamentales que comparten Estados Unidos y Europa en cuanto a su segur idad y a su protagonismo internacional, los dos aliados han tomado rumbos que no son paralelos. Confor me iba creciendo económicamente e iba evolucionando su historia política común, Europa Occidental fue adoptando un papel cada vez más autónomo en las relaciones internaciona les que la apartaba de los Estados Unidos: el Viejo Continente comenzó a esforzarse por mitigar la confrontación Este-Oeste o por salir definitivamente de ella, y por tener con el Tercer Mundo una relación privilegiada, condición de su mayor protagonismo internacional. Esta divergencia de caminos con los Estados Unidos origina una contradicción fundamental: el Vie jo Continente depende de América del Norte en cuanto a su seguridad, mientras que sus propios intereses lo conducen a adoptar, en el plano económico y político, una posición que lo enfrenta directa o indirectamente a su propio protector. La falta de conciencia acerca de la necesidad de lograr una defensa común y las ventajas económicas que resultan de la delegación de su propia defensa en manos de los Estados Unidos, han hecho que Europa no pueda jugar un papel internacional en correspondencia con su propio potencial económico. La perspectiva norteamericana en la reconstrucción europea Retomemos la lógica ya enunciada y desarrollémosla un poco. En 1945, Europa se encuentra dividida y sin recursos económicos. En comparación con la situación de la primera pos guerra, cuando Europa parecía todavía capaz de asegurar su destino y sus decisiones económicas, la situación del 45 es totalmente distinta. Alemania está

Las relaciones de Europa con América… vencida y dividida. Francia, in extremis, se agrupa con los vencedores y tie ne una legitimidad internacional muy débil. Para Italia, el problema es más o menos similar. Y, por fin, Gran Bretaña, si bien fue la primera y mayor aliada, sale exhausta de la guerra. Entonces hay que reconstruir Europa y, para esto, hace falta un proyecto. Este proyecto, lo van tener los Estados Unidos, y será un proyecto motivado por razones políticas y económicas norteamericanas. En primer lugar, los Estados Unidos desean reconstruir una Europa "contra", es decir, contra el Este, para constituir un glacis o zona protectora simétrica al glacis del Este. Segundo, es preciso que Europa sirva para permitir la perpetuación del crecimiento económico de los Estados Unidos. Sacando las lecciones de la Primera Guerra Mundial que originó, por concepto de reconversión económica, la violenta crisis del 21-22, los Estados Unidos quieren orientar la economía europea de tal manera que pueda absorber sus productos. En el 46, el 42% de las exportaciones estadounidenses se dirigieron hacia Europa. El instrumento para conseguir aquellos fines y lograr la realización del proyecto será el Plan Marshall 126 . Este ''European Recovery Program" prevé una ayuda económica a Europa a través de ciertas entregas de productos gratis y de créditos de tasas de interés muy bajas. En suma, el Tesoro Americano gastará alrededor de 13.000 millones de dólares para reconstruir a Europa y para unificarla, primero bajo la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica, 126

Nombre del secretario de Estado George P. Marshall, pre mio Nobel de la Paz, quien lo anunció el 5 de junio de 1947 en un discurso pronunciado en la Universidad de Harvard.

Coyuntura abril de 1948), que agruparía a los 16 países europeos escogidos para recibir la ayuda. En contrapartida los europeos deben abastecerse principalmente en los Estados Unidos. Es decir, que el Plan Marshall corresponde al deseo norteamericano de integrar a Europa en el sistema estadounidense y de instaurar cierta complementariedad entre los dos continentes. En este sentido el plan completa los acuerdos de Bretton Woods que institucionalizaron la dominación estructural de un dólar respaldado por los bancos europeos. A este aspecto de la complementariedad de la reconstrucción, se añade un aspecto político que consta de tres dimensiones: 1) Es preciso construir una Europa fuerte frente al bloque oriental, capaz de resistir con las armas la expansión comunista y de compartir con los Estados Unidos ciertos valores comunes: el liberalismo económico y, accesoriamente, el liberalismo político. 2) El Plan se dirige a todos los países con voluntad de ser "libres". Se ofrece también a los países del Este y a la URSS, de manera quizás más formal que por seria voluntad. Sea lo que fuere, aquellos países rehusaron la ayuda en la Conferencia de París. 3) El Plan tiene una voluntad unificadora muy clara, pues solamente dos años después de la guerra se ofrece sin discriminación alguna tanto a Gran Bretaña como a Alemania. Estas dimensiones políticas se inscriben a su vez en el marco más amplio de la doctrina político-estratégico-militar del "containment", trazada por el presidente Truman. La economía está entonces al servicio de los objetivos estratégico- militares, pues la ayuda contribuye a evitar una revolución de la miseria que habría hecho

Las relaciones de Europa con América… caer a toda Europa en el campo socialista. Además, se inserta este Plan Marshall en toda la red de pactos que se tejió para contener el comunismo. Se precisó esta intención en abril del 49, cuando se firmó el Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que vincula la seguridad europea y la seguridad norteamericana a la integración del oeste en su conjunto. La lógica de la segunda posguerra aparece ahora claramente. Es una lógica de intervención en Europa a todos los niveles: econó mico, político, militar y aun cultural, por medio de la "persuasión clandestina" (Vance Packard) que se expresa en el cine y en el "American Way of Life". El surgimiento de la voluntad política europea Frente a esta voluntad intervencionista, los Estados europeos también tienen una voluntad política propia. Esta se define al principio frente a los problemas más acuciantes: la reconstrucción y las relaciones con la URSS. Son los dos factores predominantes inmediatamente después de la guerra. Cada vez que se intente ir más allá de ellos, se llegará a un "impasse", como lo ejemplifica el intento de construir una defensa común europea en 1954. Sin embargo, la Comunidad Europea va construyéndose poco a poco: primero a partir del eje Europa- Estados Unidos y luego alrededor de la pareja Francia Alemania. Enumeremos las etapas de construcción muy rápidamente:

esta

La CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero, abril 1951), creada alrededor de la idea genial y muy sencilla de que la guerra se hacía con carbón y acero, y que si se ponían estos dos materiales bajo una autoridad común, se podrían prevenir futuras guerras; el Tratado de Roma que instaura el Mercado

Coyuntura Común en el 57; la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1957); la Unión Aduanera (1962); el ingreso de Inglaterra (1972) al Mercado Común; la elección de la Asamblea Europea mediante el sufragio universal directo (1979) ; el sistema monetario europeo (1979) y finalmente el ingreso de Portugal y España en 1986, antes de la realización del mercado único dentro de cinco años. A medida que iba cuajando Europa su deseo de anclarse en sí misma y no en los Estados Unidos, iba incrementándose, sobre todo bajo el impulso francés. Este deseo puede ejemplificarse en el conflicto tenaz entre Francia e Inglaterra a propósito del ingreso de esta última en la Comunidad, ya que Gran Bretaña aparecía como un "submarino" de los Estados Unidos. como lo demostró la alineación del Primer Ministro inglés, Mac Millan, con las tesis de Kennedy en la Conferencia de Nassau (diciembre de 1962) acerca de la dependencia de la fuerza nuclear inglesa, poniendo así de manifiesto la alianza privilegiada de Inglaterra con los Estados Unidos a expensas de los intereses europeos. Sin embargo, desde mediados de los años sesentas, con "la pérfida Albión" o sin ella, Europa se hace -en el ámbito económico, financiero y, con restricciones, también en el político- más y más autónoma frente a los Estados Unidos. Reembolsa sus deudas e intenta socavar el predominio del dólar en las relaciones económicas internacionales. Con la agudización de los problemas monetarios norteamericanos, el resentimiento en contra de los Estados Unidos crece hasta la cúspide del 15 de agosto de 1971127 . 127

En este día, la administración Nixon tomó una serie de medidas para defender el dólar en el

Las relaciones de Europa con América…

Estas dificultades financieras norteamericanas, que los franceses no intentaron aliviar, ni mucho menos, amplían la tensión entre los dos continentes a nivel económico. La desconfianza ante los Estados Unidos aumenta, pero el sinfín de vínculos que los unen impiden un distanciamiento radical. Además, el interés funda mental que tienen en común frente a la Unión Soviética hace que en los momentos de máxima tensión los dos presenten un frente unido, como se pudo apreciar en la crisis de Berlín (13 de agosto de 1961) o en la crisis de los cohetes de Cuba (septiembre de 1962). En estos dos casos, la voz de Europa se unió sin ninguna reserva a la voz norteamericana en defensa de los supremos intereses políticos y militares de Occidente, mostrando a las claras que el enfrentamiento de los intereses económicos y financieros entre los dos aliados era en definitiva secundario. En el decenio del 70, cuando Inglaterra finalmente ingresa en la Comunidad, la crisis eco nómica originada el 15 de agosto de 1971 y acentuada por los choques petroleros, provoca una agudización de la competencia entre los dos gigantes económicos del mundo en aquel entonces: la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. El distanciamiento se amplia debido al problema generado por las altas tasas de exterior y rectificar el déficit en la balanza de pagos: reducción del 10 % en asistencia económica exterior, imposición de un 10% de sobretasa en todas las exportaciones y, sobre todo, suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, o cualquier otro bien de reserva. Estas medidas acabaron de desorganizar al sistema financiero, económico y comercial internacional y marcan el origen de la crisis económica que todavía no ha sido superada.

Coyuntura interés norteamericanas, que conlleva una fuga de capitales europeos. Europa paga, entonces, el déficit presupuestal de Washington y financia su inflación, mientras que los Estados Unidos imponen cuotas a las exportaciones procedentes de la Comunidad (guerra siderúrgica). Atlantismo e intereses propios de Europa Pero el momento de mayor tensión ocurre con motivo de la invasión de Afganistán y de la crisis polaca a comienzos de los años 80. Esta situación modifica de nuevo la naturaleza de las relaciones europeonorteamericanas pues aumenta el peso de las dimensiones políticas y militares, a expensas de la dimensión económicocomercial. Frente a esta situación internacional tensa, los Estados europeos, cualquiera sea su régimen, van a dejar de lado -por el tiempo que dure el enfriamiento internacional- sus intereses económicos peculiares en beneficio del fortalecimiento del Atlantismo. Basta con pensar en el famoso discurso de François Mitterrand ante el "Bundestag" de Bonn cuando declaró, en 1983, unos meses antes del despliegue de los "Pershing II" y "Cruise" en Europa, y frente a la ola pacifista que amenazaba la estabilidad del gobierno de Helmut Kohl: "los pacifistas están al Oeste y los misiles al Este". Este Atlantismo estriba en la creencia acerca de la coincidencia de los supremos intereses de Europa y los Estados Unidos en materia de defensa frente a la Unión Soviética. Pero muchos expertos dudan seriamente de esta coincidencia en el caso de una confrontación directa en el continente europeo. Se preguntan si los Estados Unidos aceptarían sacrificar Boston para salvar a Frankfurt. Se pone

Las relaciones de Europa con América… en tela de juicio la idea de que Europa sea vital para los in tereses norteamericanos y se sugiere la hipóte sis de que no es más que un mero elemento, el primero, de la defensa estadounidense. Se considera que si los soviéticos intervinieran al oeste de Elba, los soldados americanos acantonados en Alemania podrían resistir dos o tres días y que en ocho días el ejército rojo llegaría al Rhin, donde se detendría para-evitar la fuerza de disuasión francesa. La protección nuclear norteamericana es entonces muy dudosa en tiempo de guerra. Y en tiempo de paz, ¿para qué sirve? Sin embargo, es el único escudo que tiene Europa. Entonces se puede contestar que si bien es el origen de la tutela de los Estados Unidos sobre Europa, es también lo que evita, al menos hasta ahora, su "finlandización"128 . Entonces, la protecció n militar norteamericana, si bien es de dudosa eficacia, arraiga a Europa Occidental en la esfera de influencia de los Estados Unidos de tal manera que los europeos puedan adoptar frente a la Unión Soviética una posición política independiente. Muchos políticos europeos intentaron hacer tambalear esta tutela desde el 45, pero sin llegar a otra cosa que a manifestaciones vanas de malhumor: el principio de toda independencia es el abandono de la protección asegurada por los misiles y los aviones SAC (Strategic Air Command) y su reemplazo por un sistema de defensa europea, que tendría la desventaja de suscitar el tema de la unidad europea de defensa y de resultar 128

La "finlandización", concepto forjado a partir de la experiencia finlandesa de la posguerra, es la neutralización progresiva de un país o de una región, su bajo perfil exterior y su falta de idiosincrasia en las relaciones internacionales.

Coyuntura muy costoso y apremiante. De Gaulle intentó sustituir el SAC por una protección francesa extendida a Europa, pero la exigüidad de la fuerza de disuasión francesa y las relaciones privilegiadas de Inglaterra con Estados Unidos impidieron que los europeos abandonaran la protección americana. Entonces, por no haber podido asegurar el control de su destino, aunque es un ejemplo de éxito económico, Europa sigue siendo, en comparación con su peso económico, un enano político. Carece del poder que le debería corresponder de acuerdo a su potencial productivo y está sujeto a las presiones norteamericanas, como lo demostró el episodio del reciente ingreso de España y Portugal a la Comunidad: por presiones económicas y políticas de Washington, los europeos aceptaron renunciar temporalmente a sus intereses y derechos, otorgando a los Estados Unidos la facultad de seguir vendiendo cereales a la Península Ibérica, contrariamente a lo estipulado en la Carta europea. 3. El Tercer Mundo como alternativa El enanismo político en el ámbito de las rela ciones Este-Oeste, en las cuales Europa es objeto de su historia, impulsa a los políticos del Viejo Continente a desarrollar su actuación en otros campos. El marco principal de las relaciones de Europa con el mundo, en el que todavía puede ser sujeto, lo constituirá entonces el Tercer Mundo, y sobre todo las áreas con las cuales tiene más vínculos, es decir, las que Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda colonizaron: el África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La política exterior europea vaciló siempre entre una visión regionalista, orientada hacia los ACP, y una visión mundialista, dirigida hacia el Tercer Mundo en su globalidad -

Las relaciones de Europa con América… globalidad ilusoria por su diversidad y heterogeneidad. Pero la realización concreta de esta política se aplicó cuasiexclusivamente a los ACP, hasta tal punto que a menudo para los europeos los países ACP se confunden sin más con el Tercer Mundo y éste con aquellos. El reciente ingreso de España y Portugal origina en este sentido una reorientación de Europa hacia la Cuenca del Mediterráneo y la zona euroafricana y, quizá, perspectivas de mayor cooperación con América Latina. Sin embargo, es de señalar que los vínculos de Europa con los ACP recién descolonizados son mucho más íntimos que los que existen entre América Latina y la Península Ibérica. Fuera de la búsqueda de algún tipo de protago nismo internacional, otro motivo explica el cur so de la política exterior europea: la idea de que existe una complementariedad entre la tecnología y el "saber hacer" de Europa, y las materias primas del Tercer Mundo, idea que sin duda es la expresión de una forma de "neocolonialismo" pero encuadrado en una relación beneficiosa para ambas partes. Esta complementariedad, puesta de realce por el intento de cooperación internacional a través de la Conferencia Norte-Sur celebrada en París, se acomoda con una visión humanista de las relaciones internacionales que favorece e impulsa las tentativas de cooperación internacional más justa. Se puede ejemplificar este propósito con tres tentativas: la Convención de YaoundéLomé, la Conferencia Norte-Sur y el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que abordaremos a propósito de América Latina. La primera responde más al deseo de conservar una influencia en los ACP y de proporcionar un ejemplo de relaciones más equitativas en el ámbito comercial. La segunda y la tercera

Coyuntura corresponden a la idea de complementariedad entre dos regio nes. Las tres muestran el empeño de Europa en el Tercer Mundo y su influencia para modificar la univocidad de las relaciones tradicionales. Una relación privilegiada con los ACP Sesenta y seis estados, más los doce de la CEE, renovaron hace dos años y por tercera vez, el acuerdo de Lomé129 , Acuerdo generalmente considerado como revolucionario por los especialistas. En efecto, por una parte la convención intenta establecer, sobre la base de una total igualdad entre los dos firmantes, una cooperación estrecha y continua en un espíritu de solidaridad entre dos regiones que pueden sacar provechos la una de la otra. Por otra parte, procura instaurar un nuevo modelo de relaciones entre estados desarrollados y estados en desarrollo en la óptica del Nuevo Orden Económico Internacional. Varios principios muy novedosos merecen unos cuantos renglones. El primero se refiere a la no -reciprocidad de las obligaciones comercia les. El Acuerdo acepta un desequilibrio volun tario en las relaciones, que beneficia a los ACP y que se justifica por la desigualdad en los niveles de desarrollo. El segundo principio prevé que la casi totalidad de los productos de los ACP (el 99.2%) podrían entrar en el Mercado Común sin aranceles 129

El Acuerdo de Lomé, continuación de la Convención de Yaoundé, se firmó el 28 de octubre de 1975 en la capital de Togo entre los nueve miembros de la Comunidad Europea y cuarenta y seis Estados ACP (casi todos los países del África Negra, seis países del Caribe y tres islas del Pacífico). De una duración inicial de cinco años, se renovó el Acuerdo en el 80 y en el 85, ampliando cada vez más el número de sus miembros.

Las relaciones de Europa con América… y sin restricción alguna. El tercer principio instaura un "sistema de estabilización de los ingresos de exportación" (STABEX) para evitar las fluctuaciones y permitir que los ACP estén seguros de poder contar con estabilidad y rentabilidad para favorecer el crecimiento continuo de sus economías. Este principio no tiene antecedente en la histo ria. En el mismo espíritu encontramos el protocolo sobre el azúcar acerca del cual la Comunidad Económica Europea ha ido más allá. Efectivamente, para este producto de vital importancia para una docena de ACP no se prevé una mera estabilización sino una cuasi- indexación de los precios garantizados a los estados productores. Por este mecanismo, que va a perjudicar tanto los intereses latinoamericanos (dejando desde luego de lado los países del Caribe partícipes del Acuerdo de Lomé), la Comunidad se compromete a comprar, y los ACP a vender, cantidades determinadas de azúcar por un precio mínimo garantizado. Estas medidas, tendientes a impedir el deter ioro de los términos de intercambio, encuentran un eco a nivel industrial (Comité de Cooperación Industrial, Centro para el Desarrollo Industrial). Además, para el buen funcionamiento del conjunto, Lomé creó estructuras de diálogo paritario como el Consejo de Ministros y el Comité de Embajadores. A pesar de varios fra casos que limitan el éxito del Acuerdo, Lomé sigue siendo y representando un intento de sustituir la confrontación por la cooperación en un Nuevo Orden Económico Internacional dominado por ideas de complementariedad entre distintas áreas

Coyuntura regionales, idea subrayada por Conferencia Norte-Sur de París.

Las relaciones de Europa con América… la

Esta Conferencia sobre la cooperación econó mica internacional, cuyos éxitos son mucho más reducidos o cuyos fracasos son mucho más amplios, resalta sin embargo la toma de conciencia de la Comunidad Económica Europea ante la complementariedad existente entre su economía y la del Tercer Mundo. Refleja, igualmente, el "impasse" al que se llega cuando se involucran fuerzas (Estados Unidos sobre todo) que no coinciden con los actores de esta complementariedad. En efecto, esta Conferencia celebrada en París bajo la Presidencia de Valery Giscard D'Estaing, entre el 16 de diciembre de 1975 y el 2 de junio de 1977, agrupaba 27 países, entre lo s que se contaba Estados Unidos. Instaurada para dialogar entre ricos y pobres sobre los temas de la energía, de las materias primas, del desarrollo y de los asuntos financieros, la Conferencia no llegó a ningún acuerdo concreto y, finalmente, se transfirieron las discusiones a la Organización de las Naciones Unidas en 1980. La actuación de los Estados Unidos, al intentar reducir las conversaciones a una confrontación acerca del asunto energético, bloqueó las negociaciones y puso de relieve la incongruenc ia que tiene su presencia en este diálogo Europa-Sur, y lo difícil que resulta para Europa el tener una rela ción autónoma cuando se trata de asuntos estratégicamente vitales y altamente políticos como lo es el tema de la energía. Así, para sintetizar antes de iniciar el análisis de las relaciones entre los dos continentes que nos preocupan, se puede decir que los Estados Unidos otorgaron a Europa un cierto papel en el "containment" a través del Plan Marshall. Fue entonces reconstruida de acuerdo a

una meta que le era exterior. Sin embargo, habida cuenta de los efectos de la reconstrucción y del hecho de que Europa se había ubicado bajo la protección militar estadounidense, lo que le permitía consagrar todos sus esfuerzos a los sectores civiles que hicieron de la Comunidad una potencia económica de primera importancia, Europa pudo desempeñar su papel con cierta autonomía en las relaciones internacio nales. Ello coincidió en el terreno internacional con otros elementos favorables para Europa: 1) El debilitamiento de los modelos norteame ricano y soviético en el mundo, y 2) el que, en el Tercer Mundo, se reciban bien los discursos europeos y sus acciones. Estos factores han dado a Europa una cierta autonomía, desde luego limitada, como se manifiesta en asuntos tales como el gasoducto soviético- europeo o la réplica Eureka al programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), o Guerra de las Galaxias, del presidente Reagan130 . 130

Frente a los riesgos que conllevaba el programa tecnológico-militar IDE de Ronald Reagan (23 de marzo de 1983) para Europa (transformación de Europa en el subcontratista de Estados Unidos, papel secundario y dependiente de los países europeos que participarían de las investigaciones sobre tecnologías muy avanzadas y que proporcionarían su "know how" pero sin tener acceso a los últimos resortes de la iniciativa y sin participar en la decisión), el presidente Mitterrand lanzó la idea del programa Eureka (1985), tendiente a impulsar la unión tecnológica europea y a investigar en común sobre tecnologías avanzadas. Si bien Eureka tiene teóricamente fines civiles, en la medida en que existe un vínculo muy íntimo entre altas tecnologías y posibles aplicaciones militares, se ha dicho que Eureka constituía al fin una respuesta europea a la IDE. Es de notar, con todo, que es una respuesta bastante débil pues no dispone del enorme presupuesto de la IDE y tampoco se beneficia de un fuerte respaldo de los países europeos mismos

Coyuntura

Pero si la Comunidad logró a veces hablar con una sola voz, sobre todo acerca del Tercer Mundo, las contradicciones de las que no pue de salir (en torno a la defensa y los asuntos estratégicos) hacen que no pueda jugar un papel suficientemente independiente como para imponer sus condiciones políticas en el eje Este-Oeste, ni pueda tampoco constituir una verdadera alternativa para los países del Tercer Mundo. Queda pendiente, además, la pregunta acerca de cuál podría ser la actitud de Europa a_ nivel internacional si tuviera una mayor y más completa autonomía. 4. Relaciones Europa-América Latina Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución de Europa en las relaciones internacionales y conservando en la mente los deseos que expresa, las orientaciones que toma la Comunidad en cuanto a su actuación internacional, ¿cuál es el estado de las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y Latinoamérica? Esquemáticamente, se podría contestar que es un estado ambivalente y paradójico, caracterizado por una parte por un declive de las relaciones económicas y comerciales, y por otra, por el incremento de los vínculos y de las "amistades" en el plano político, y a nivel sobre todo no gubernamental, para intentar cierta "relación diagonal" que permita salir de las relaciones unívocas de cada uno de los actores con los Estados Unidos.

que, con excepción de Francia, prefirieron unirse a los norteamericanos antes que al programa Eureka.

Las relaciones de Europa con América… Si la intimidad de los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y religiosos es bien cierta entre las dos regiones, no se puede decir que se reproduzca esta misma proximidad en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales. Una comunidad cultural no origina, entonces, por relación causal alguna, ningún tipo de comunidad económica. Ello es tan cierto que ni siq uiera la origina en el continente latinoamericano mismo. Hasta en el ámbito regio nal no se encuentra una unidad global, aunque esto podría comenzar a modificarse con la toma de conciencia surgida a partir de la guerra de las Malvinas, que fortalece los esfuerzos de cooperación económica y política (SELA, Consenso de Cartagena, Contadora). En lo endeble de la integración regional es donde Europa cree encontrar uno de los mayores obstáculos para el diálogo con América La tina. Efectivamente, para dialogar hacen falta dos interlocutores. Y si, desde el lado europeo, se puede identificar bastante fácilmente un protagonista: la Comunidad Económica Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento europeo, desde el lado latinoamericano esta identificación resulta más difícil. La inexistencia de una única estructura coherente latinoamericana impide, en efecto, cualquier "gran diálogo" por ausencia de interlocutor. Si bien no existe este gran diálogo entre las dos subregiones (salvo quizá el diálogo interparla mentario entre el Parlamento europeo y el latinoamericano en la Conferencia instituida en Bogotá en 1974), existen en cambio múltiples "pequeños diálogos" entre la Comunidad Económica Europea y varias entidades regionales: el SELA, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, Contadora.

Coyuntura

Relaciones comerciales en disminución Por la falta de unidad latinoamericana, pero también desde luego por la defensa de sus pro pios intereses, Europa aparece poco dispuesta a un ac uerdo con toda América Latina. De he cho, restringe sustancialmente la amplitud de las discusiones y de los acuerdos potenciales. Dirige, en efecto, los acuerdos a los ámbitos de la cooperación científica, energética e industrial y no hacia los sectores agropecuarios o del comercio exterior. Más allá de estos aspectos básicos cabe resaltar el que no solo no hay una coincidencia entre la intimidad cultural y las relaciones comercia les, sino que se dé incluso una drástica reduc ción de estas mismas relaciones entre las dos riberas del Atlántico. Si tomamos las cifras brutas el balance es demoledor. América Latina es socio marginal para Europa a pesar de ser ésta el segundo cliente de aquélla. Su peso no deja de disminuir. En las importaciones glo bales de la Comunidad, la parte representada por Latinoamérica ha bajado del 11% en 1958 al 5.5 % en 1982. Estas importaciones proce den, en más de la mitad, de tres países: Brasil (22.7%), Argentina (16.7%) y México (14.8%). Al revés, las importaciones latinoamericanas procedentes de la Comunidad Económica representaban el 20% del total en los años sesentas, mientras que ahora no representan sino el 16.7% 131. La significación de los principales países en juego en la lista de los proveedores y clientes no deja de bajar. Por fin, cabe resaltar que solo un 131

Cifras tomadas de "L'Europe peut-elle jouer un role plus constructif en Amérique Latine?", de Françoise Barthélemy, en Le Monde Diplomatique, enero de 1987, pp. 12-13.

Las relaciones de Europa con América… 5% de la ayuda comunitaria se dirige hacia el subcontinente americano, de la cual el 60% corresponde a América Central (con todo, esta misma ayuda comunitaria protagoniza el 30% del total de la ayuda pública al desarrollo que recibe América Latina, lo que coloca a Europa en el primer puesto en lo referente al alcance de la ayuda al desarrollo destinada a Iberoamérica). Ante tal situación, la reacción tradicional es la acusación. Los latinoamericanos denuncian el proteccionismo europeo. Los europeos, por su parte, subrayan que la culpa de la caída de los intercambios comerciales la tiene la estructura de las exportaciones latinoamericanas, compuestas en su mayoría por productos básicos, cuya exportación aumenta mucho más lentamente que la de los productos manufacturados. Destacan también el proteccionismo de sus socios de América, aunque lo reconocen como necesario teniendo en cuenta el grado menor de desarrollo latinoamericano. Se conocen, generalmente, los asuntos relacio nados con los textiles, el cuero y, sobre todo, con el ámbito agropecuario. Se insiste en las subvenciones europeas a sus productos agríco las y se denuncia el cuasi "dumping" practica do, que permite a la Comunidad Económica Europea conquistar ciertos mercados de carne argentinos y uruguayos, mientras la Comunidad importaba es ta misma carne de Latinoa mérica hasta 1980. Pero si las quejas latinoamericanas son legítimas y generalmente verificadas, es menester recordar también que en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas132 132

"Desde 1971, en el marco del Sistema de Preferencias Ge neralizadas instituido por la UNCTAD, (y con el propósito que mencionamos más arriba de favorecer e impulsar una

Coyuntura el 85% de las exportaciones latinoamericanas hacia la Comunidad se hace bajo aranceles inferiores al 5%. Comparativamente, los aranceles aplicados a productos comunitarios son más de diez veces superiores a los de la Comunidad. A nivel más general, "Europa compra a América Latina casi el doble de lo que vende según las cifras"133 . Y, "el colmo de la locura de los comunitarios es que, en los últimos seis años, gastaron 850.000 dólares en América Latina para programas de promoción de exportacio nes hacia la Comunidad, ignorando el tamaño y la persistencia del déficit"134 . Por fin, subraya el embajador Boselli, que si bien es cierto que la parte de las importaciones comunitarias que se refiere a Latinoamérica bajó en un 50% en dos decenios, un fenómeno análogo se ha producido "en las importaciones mundiales imputables a América Latina" (pues bajaron también del 15% al 6%). Más allá del "mito del proteccionismo", hace falta recordar que las relaciones entre la Comunidad y América Latina resultan afectadas estructuralmente por dos razones: por la opción europea en cooperación internacional y unas relaciones comerciales más justas que tomen en cuenta las diferencias de grado de desarrollo existentes entre los países) la Comunidad ha concedido a los países en vía de desarrollo unas ventajas arancelarias autónomas y no recíprocas. Todos los productos industriales acabados y semiacabados procedentes de esos países gozan de una exención arancelaria total, mientras que algunos productos agrícolas elaborados disponen de una reducción, generalmente parcial, de los aranceles. En caso de tratarse de productos generalmente `sensibles', la preferencia se concede hasta un importe máximo determinado" (Europa Información, Comisión de las Comunidades Europeas y Dirección General de Información, Bruselas, 1985,p.3). 133 Luigi Boselli, Op. cit, p. 10. 134 Ibid., p. 11.

Las relaciones de Europa con América… favor de una política exterior regionalista (versus mundialista o incluso tercermundialista), que la conduce a privilegiar ciertas áreas y a conceder un trato preferencial a los ACP y a los países de la Cuenca del Mediterráneo, y por los intereses europeos que ha cen que el Viejo Continente no sacrifique su política agrícola común para ayudar a terceros países. Lo que es legítimo. Sin embargo existen factores positivos. En el caso de un asunto tan actual como el de la deuda externa, instituciones europeas como el Club de París o los bancos europeos juegan a menudo un papel moderador a favor de América Latina. Además, el crecimiento anual promedio de un mercado que constará de 600 millones de consumidores en el año 2000, con un PIB per cápita importante para la región sur, no puede sino atraer la atención europea. Con todo, a pesar de alguno que otro signo (acuerdos-marco de cooperación entre la Comunidad y el Pacto Andino en el 83, creación del IRELA), Europa no tiene ni los medios ni la voluntad de elaborar una estrategia de desarrollo que se apoyaría sobre la red tensa de vínculos existentes. Los propósitos latinoamericanos El proyecto latente detrás de los propósitos la tinoamericanos es doble. Por una parte, acercarse a Europa significa amenguar la dependencia de los Estados Unidos y, por otra, aumenta las posibilidades de estabilización económica, política y social de la subregión. La Comunidad constituye, entonces, un factor de estabilización interna y diversificación de las relaciones internacionales para América Latina. Los escasos recursos europeos, su lógica e

Coyuntura intereses propios hacen que el factor estabilización no juegue mucho. En cambio, si hay entre los dos grupos correspondencia de intereses, el factor de diversificación puede jugar un papel más significativo. Contadora y el apoyo europeo a la redemocratización actual de América Latina dan prueba suficientemente clara de esto, a la vez que revelan el nuevo empeño de Europa en la región, permitido por su mayor autonomía inter nacional (a diferencia del período anterior, marcado por la ausencia del Gabinete europeo en grandes asuntos tales como Cuba, Santo Domingo, Chile, Argentina). El papel novedoso encuentra su realización y sus mayores límites en la actuación de Europa en la crisis centroamericana. Después del llamado de Luis Alberto Monje, se lleva a cabo en San José de Costa Rica la primera reunión común entre los ministros de Relaciones Exteriores de los 10 estados miembros de la Comunidad, más los de Portugal y España, los de Contadora, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Si esta reunión, que se celebró en septiembre de 1984, no tuvo muchos efectos financieros y técnicos (ayuda al desarrollo de más de 100 millones de marcos alemanes), tuvo en cambio impactos políticos muy fuertes, como lo comprueban las presiones ejercidas por los Estados Unidos para que la reunión no tuviera lugar, o al menos para que Nicaragua no participara en ella. Pero el diálogo institucionalizado en Luxemburgo el 12 de noviembre de 1985, mostró sus limites en la última reunión de Guatemala (del 9 al 11 de febrero de 1987) y puso de manifiesto la dificultad que tiene Europa para definir una posición clara en cuanto a su "injerencia" en asuntos que los norteamericanos

Las relaciones de Europa con América… desearían ver siempre arreglados en el sentido de la Doctrina Monroe. Perspectivas Así, si bien es evidente que existe una preocupación europea por América Latina, preocupación afirmada desde marzo de 1958, es decir, solo tres meses después de la firma del Tratado de Roma, y confirmada a lo largo de los treinta años de lo que se llamó la "frustración institucionalizada" entre los dos actores, no se vislumbra, sin embargo, una posibilidad de cooperación efectiva y significativa entre la Comunidad Económica Europea y América Latina, a pesar de los muchos vínculos que se han tejido entre las dos. A nivel económico, uno puede preguntarse si Japón no tiene más armas para conquistar los mercados (actuales y del porve nir) del subcontinente y si no constituye un factor de estabilización interna mejor que Europa. A nivel político, las perspectivas son más alentadoras. Las dos regiones tienen, en efecto, el mismo interés por ampliar su margen de ma niobra en unas relaciones internacionales todavía demasiado bipolarizadas, y por crear aquella "relación diagonal" que todavía parece ilusoria, o por lo menos muy lejana. La ampliación de la Comunidad Europea incrementa sin duda la preocupación por las excolo nias de la Península Ibérica. Pero cabe recordar que los vínculos económicos existentes entre la exmetrópoli y sus colonias son tan débiles como entre la Comunidad Europea y América Latina, y que a nivel comercial la ampliación podría provocar otra restricción de las relacio nes, como cuando la Comunidad integró tres nuevos miembros en el 72. La influencia ibérica se dará entonces a nivel cultural y

Coyuntura político, pero no será tan fuerte como para superar los obstáculos fundamentales que dificultan una actuación significativa de Europa en el teatro latinoamericano, obstáculos cuyas causas no son únicamente exteriores a la Comunidad Europea.

Las relaciones de Europa con América…

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La participación comunitaria…

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: OBSERVACIONES CRITICAS SOBRE UNA POLÍTICA GUBERNAMENTAL

En este sentido, conviene recordar lo ocurrido en 1958 cuando se redactaron las primeras disposiciones del gobierno nacional (Ministerio de Educación) sobre desarrollo de la comunidad.

Orlando Fals Borda *

Auge y crisis del concepto de desarrollo

Las actuales políticas de participación comunitaria pueden ser una búsqueda urgente de alternativas a las desilusionantes prácticas del desarrollo de la comunidad que fueron la moda en las décadas de los años 60 y 70 en nuestro país y en el mundo.

El grupo consultor de 1958 (que incluía, entre otros, a Camilo Torres Restrepo) planteó un desarrollismo inspirado en las primeras experiencias de Tunjuelito, Saucío (Chocontá) y Tabio donde se había logrado la construcción de escuelas y la formación de cooperativas agrícolas mediante el esfuerzo organizado y autónomo de los habitantes de los respectivos barrios y veredas. El grupo estaba entusiasmado por el contacto con la gente trabajadora de la ciudad y del campo, eufórico por haber cons tatado en el terreno la creatividad y decisión de personas que en los círculos letrados de entonces se consideraban indios ignorantes, incapaces de cooperar entre sí y faltos de iniciativas. Con este altruismo se contagió a ministros de entonces (Abel Naranjo Villegas, Reinaldo Muñoz Zambrano, Augusto Espinosa Valderrama) así como al presidente del Senado en aquella época, Belisario Betancur, quienes visitaron los proyectos mencionados.

Cuán alternas son estas políticas participativas que hoy se diseñan por el gobierno colombia no, y en qué se diferencian de las desarrollistas del inmediato pasado, son temas debatibles, pero absolutamente pertinentes. En efecto, conviene fijar similitudes y diferencias entre el modelo desarrollista y el participativo auténtico, porque de otra forma podríamos estar engañándonos en el sentido de lo que se hace, o peor, construyendo sobre arena movediza sin reconocer las evidentes fallas anteriores. Habría que admitir que si no se tiene el suficiente cuidado, estaríamos prestándonos, al menos por ignorancia, a maniobras de manipulación y oportunismo inadmisibles. Desgraciadamente así ocurrió cuando se lanzaron las políticas desarrollistas -unas clásicas, otras neoliberales- todavía vigentes en nuestros países. A una labor pionera que muchos podrían considerar ingenua o idealista se contestó con la excesiva interferencia de las maquinarias políticas.

*

Sociólogo, investigador en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Con esos trabajos y muchos otros se creó un ambiente favorable en el país, y partió la política desarrollista del Estado colombiano que quedó consagrada en la ley 19 de 1958, la de Nota: Las ideas centrales de este artículo fueron prese ntadas en el Seminario Internacional de Economía Campesina y Pobreza Rural, organizado por el Programa DRI (Desarrollo Rural Integrado) en Paipa, mayo 27 de 1987 las juntas de acción comunal. Para ello existía también el adecuado ambiente internacional creado

Coyuntura por los organismos de las Naciones Unidas, que dos años después, en 1960, proclamarían el comienzo de la Primera Década del Desarrollo. Lo ocurrido en Tunjuelito, Saucío y Tabio durante esta Primera Década y la distorsión subsecuente de la ley 19 son sintomáticos de lo que se dio a continuación en nuestro país y en muchos otros, en lo relacionado con la nueva política social y económica. Los grupos dominantes la aprovecharon para detectar las fuerzas críticas y sus líderes que, en la siguiente etapa represiva, fueron fáciles de localizar y neutralizar. Las iniciativas autonómicas potenciales del desarrollo fueron castradas por la miopía y la libido imperandi de las oligarquías bipartidistas. En muchos casos, en vez de propiciar más justas relaciones económicas y sociales, aparecieron mayores distancias entre las clases y más fáciles maneras de instaurar monopolios de poder. El caso más dramático -y el más inesperado- fue el de la "revolución verde" que estimuló una mayor productividad en los campos y creó desgarradores problemas por la inequitativa distribución de la riqueza generada. De la misma manera, en el caso colombiano las juntas de acción comunal pasaron del Ministerio de Educación al de Gobierno y se convirtie ron en instrumentos de control de políticos que descubrieron nuevos y más fáciles mecanismos de manipulación clientelista. Ni los casos más vigilados como los mencionados, lograron sobrevivir la ofensiva penetrante y represiva de los intereses creados. Aunque se habló entonces de la participación comunitaria, la práctica enseñó que la inercia del modelo desarrollista neoliberal de la década anterior podía neutralizar cualquier intento renovante. Esta inercia se

La participación comunitaria… evidenció en los cuatro cambios de gobierno que se sucedieron, pues cada uno presentó el mismo plan bautizado con diferentes nombres (Cuatro Estrategias, Cerrarla Brecha, etc.), en el que por participación comunitaria solo se entendía una definición folclórica de envolvimiento y manipulación popular tolerable para los gobiernos de turno. En los demás países del área latinoamericana ocurrió algo parecido. Las Naciones Unidas se desencantaron, pero de todos modos decidie ron proclamar una Segunda Década del Desarrollo. El gobierno siguió esta linea, y empezó a recibir misiones de especialistas en políticas de desarrollo, incluyendo la del Desarrollo Rural Integrado (DRI). Esta fórmula desarrollista se empezaba a aplicar en otros lugares a partir de la Conferencia Mundial de Alimentos en Roma (1974), la misma que ordenó alegremente erradicar el hambre en el mundo en el término de los diez años siguientes. Poco sirvieron estos esfuerzos por razones conocidas, entre otras por las fallas estructurales de los modelos de acción propuestos. Cuando llegó el año de 1980 con poco qué mostrar por diversas causas (entre ellas la crisis económica mundial) y el de 1984 con el hambre empeorada mil veces, ya hubo vergüenza para proponer una Tercera Década y ésta nunca se proclamó. La crisis del concepto de desarrollo socioeconó mico ha llegado, pues, a su culminación. No puede negarse más el fracaso de las políticas ligadas a tal concepto en nuestros países. En el último congreso mundial de la influyente Sociedad de Desarrollo Internacional (SID) en 1985, por ejemplo, hubo rebelión contra las políticas desarrollistas

Coyuntura neoliberales y consigna entre los delegados del Tercer Mundo de combatirlas por inconvenientes para las clases populares. Conceptos transitivos de desarrollo La reacción gubernamental y de entidades internacionales ante esta rebelión de la periferia mundial ha asumido tres formas transitivas basadas en la idea de camuflar con adjetivos el abollado concepto de desarrollo. Una es la de "desarrollo integrado", como hemos visto. Otra es la de "desarrollo sostenido" propuesta por ecólogos, concepto recogido y aumentado recientemente en su informe Nuestro común futuro por la Comisión Mundial del Medio Ambiente creada por las Naciones Unidas en 1984. La tercera forma transitiva es la de "desarrollo partic ipativo" (a veces —alternativo—), en la que han incidido las experiencias de base de los años setentas sobre el papel popular en las políticas sociales y económicas. A esta corriente pertenecen los últimos aportes autocríticos de entidades más allá de toda sos pecha, como la Unesco, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Aquí pueden también colocarse las políticas de "participación comunitaria" del go bierno colombiano actual. Es significativo este uso de adjetivos porque, contrario a las reglas de la gramática, en estos casos los adjetivos que no los sustantivos que acompañanexplican mejor la realidad del contexto conflictivo de los últimos años. Dejando de lado a los dos primeros tipos transitivos, es necesario examinar con cuidado el tercero, porque el desarrollo participativo ya tiene cierta tradición. Directa o indirectamente se inspira en una

La participación comunitaria… participación popular o comunitaria concebida no solo como una política sino como una filosofía vivencial. Se ha puesto en práctica con seriedad y responsabilidad en diversos países y en diferentes culturas desde hace muchos años. Tiene posibilidades de adquirir respetabilidad institucional. Esta llegada a lo respetable, lo tradicional o lo institucional no deja de ser inquietante, porque hace recordar lo ocurrido con el modelo desa rrollista en crisis. En efecto, ¿qué seguridades existen hoy de que el mismo ciclo frustrante del desarrollo socioeconómico anterior no se repita con el que se ha iniciado de la participación popular? Desgraciadamente los síntomas no son positivos en nuestro país. Están actuando ya a este nivel todos los mecanismos de freno anteriormente empleados: la cooptación ideológica y del personal crítico; la simulación o disfraz de la participación real; la represión violenta de las experiencias populares exitosas y de los lideres que volvieron a quedar visibles; y la acomodación prudente o contraevolutiva de instituciones estratégicas. Parte del problema radica en la confusión creada por la ambigüedad misma del concepto de participación. Se ha formado un concierto cacofónico en el que todos: legos y sabios, políticos y científicos, idealistas, activistas y profetas de toda clase se consideran con autoridad suficiente para hablar de la participación o actuar en su nombre. Algunos dirán que esta Torre de Babel puede ser parte del proceso de esclarecimiento del concepto y de discusión de las políticas. Ojala no sea así por mucho tiempo, puesto que lo que ocurre en estos casos de dilación es que a la larga se imponga la conocida versión tautológica o folclórica mencionada atrás, que responde a intereses oligárquicos y

Coyuntura

La participación comunitaria…

elitistas: que participación popular es aquella acción colectiva en que los ricos dejan participar a los pobres para salvación de sus almas o goce de sus cuerpos, y para apoyar ante todo las políticas de los gobiernos. Este es el sentido que le han dado dictadores como Ferdinand Marcos y Augusto Pinochet, y politólogos de derechas como Samuel Huntington que han orientado a la actual generación de dirigentes neoliberales en Colombia y otras partes. Dos criterios para participación auténtica

definir

una

De todos modos, conviene delimitar las viejas y fracasadas políticas desarrollistas neoliberales de las participativas que hoy se proponen. Hay dos criterios, por lo menos, que ayudan a establecer las diferencias, si se quiere ser consistente: uno ideológico y otro metodológico. Con el criterio ideológico se descubren las fallas de origen del concepto de desarrollo neoliberal como un modelo eurocéntrico de sociedad al que hay que seguir y copiar, modelo de capitalismo a ultranza que ha empeorado los problemas existentes y reforzado el poder de las viejas élites explotadoras. El modelo desarrollista eurocéntrico ha sido una muestra facilista de colonialismo intelectual y dependencia económica y cultural. Las evidencias son apabullantes. Otro enfoque ideológico ve la participación como una forma de estimular la autonomía regional y la defensa de lo propio, la vuelta a la provincia, al rescate de culturas subyugadas (como la femenina, la negra y la indígena), y la construcción de un verdadero poder popular con funciones de control, ejecución de planes y dación y revocación de mandatos. El compromiso

participante de esta índole va, pues, con las clases explotadas y grupos oprimidos que han sido víctimas de la violencia estructural o histórica proveniente del sistema oligárquico que ha sido reforzado por las políticas desarrollistas. Aquí se dibuja un gran desafió: abrir espacios con poder popular suficiente que garantice, no el viejo desarrollo capitalista, elitista y desequilibrado, sino su transformación radical en términos de justicia y superación de las condiciones actuales de explotación; esto es, en razón de propiciar el combate frontal a la pobreza extrema (absoluta) y a la violencia originadas en fallas estructurales del sistema capitalista, en el actual monopolio de la tierra por burguesías egoístas y grandes productores, y por el mal uso presente de los recursos humanos, económicos y naturales. Según esta corriente ideológica crítica, participación es, por lo tanto, el rompimiento de la relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, individual y colectivamente: de sujeto / objeto a una relación simétrica o de equivalencia. Este desafío puede quedar reducido a "slogans" y a mera intención demagógica si no se toma en cuenta el segundo criterio: el metodológico, es decir, cómo proceder para alcanzar con seguridad mínima los cambios vislumbrados. Especialmente necesario sería construir un poder popular que signifique devolver a los constituyentes primarios la autoridad y el control determinantes que, según los filósofos del derecho natural, les corresponde para reordenar la sociedad y el Estado. Esto se puede hacer con métodos que exijan autenticidad cultural y persistencia en el compromiso con grupos populares de base.

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Por fortuna, para responder a esta necesidad del "cómo", no se parte de ceros. En los últimos quince años se ha desarrollado de manera independiente en los países del Tercer Mundo -y en Colombia y América Latina como puntales- el método de análisis y aplicación de conocimientos y prácticas llamado "investigación acción participativa" (IAP), un método que permite acercarse científicamente a los ele mentos y presupuestos del poder popular.

tierra en India, Sri Lanka y Colombia; en el reavivamiento de los indígenas del Canadá y del Perú; en campañas reivindicativas y cívicas del África; en la recuperació n de la historia y de héroes populares campesinos del Brasil, México y Bolivia; en trabajos cooperativos y de defensa territorial en Nicaragua; hasta ha servido en la lucha contra abusos de agencias oficiales en los estados norteamericanos de Washington y Tennessee.

Debe destacarse, ante todo, la génesis tercer mundista de esta metodología, porque se dife rencia de las técnicas imitativas empleadas para estudiar y evaluar las prácticas del desarrollo eurorientado. Así también es más eficaz. La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la Razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del Corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más atrasados.

Estos estudios han demostrado, igualmente, la honda raigambre que tiene el discurso participativo y autonómico en la historia de las regio nes y comunidades campesinas e indígenas. Antes de que Adam Smith propusiera, quizás de primero, el concepto moderno de participación; antes de que los anarcosocialistas Proudhon y Réclus lo retomaran para sus andanadas antiestatales, las gentes del campo sabían articular respuestas propias, participativas y comunales a los problemas cotidianos. Así lo demuestran las supervivencias nativistas de los resguardos indígenas en varios departa mentos colombianos; la vitalidad de la familia extensa en los restos de palenques de cimarrones; la solidaridad social y el populismo tolerante en republiquetas marginales (como Carate y Cintura en la región del San Jorge); la proclamación de la ley popular de los Llanos Orientales y del piedemonte andino durante los años cincuentas y más recientemente; la persistencia de la ayuda mutua, el cambio de bra zos y el trueque de alimentos en veredas y caseríos; y la tradición del municipio y de los fueros antiseñoriales del cabildo heredados de España.

Avances y raíces culturales de la IAP La IAP ha avanzado suficientemente en estos años como para ofrecer buenos indicadores de aproximación a tos procesos participativos con las bases populares en muchos países. En lo concerniente al sector campesino, sin caer en extremos de populismo rural: se ha aplicado con relativo éxito por agencias no gubernamentales en la lucha por la

En todas las experiencias colombianas y latino americanas se ha confirmado que las gentes campesinas de las bases, sin

Coyuntura haber pasado por escuelas lancasterianas y con todo su analfabetismo, han tenido y tienen inteligencia, capacidad ejecutiva e inventiva suficiente para desarrollarse autónomamente; que pueden ejercer funciones de descentralización política e institucional; que pueden hacer su propia planificación de actividades, realizar trabajos, fiscalizarlos y sostenerlos; que pueden ser cuidado sas en el manejo de recursos naturales y financieros cuando comprenden lo que se hace y están de acuerdo con las tareas; que se inclinan por la paz y el progreso colectivo; y que recha zan la violencia reaccionaria y el militarismo de todo cuño cuando no están acorraladas por circunstancias invivibles. Sin embargo, en las presentes condiciones de dominio y control capitalista, se observa la necesidad de contar con elementos catalíticos humanos externos privados o estatales que incidan adecuada y persistentemente sobre los procesos locales y aseguren un intercambio respetuoso, nunca impositivo, en tales procesos. Estos difíciles principios exigen humildad burocrática con paciencia de Job en funcionarios, y reducción del arrogante verticalismo autoritario no solo para los empleados del Estado sino también para las organizaciones de izquierda que aspiran a constituirse en vanguardias revolucionarias. Los procesos participativos auténticos no compaginan con las guerrillas fanatizadas e impermeables; no permiten vanguardias sectarias o autoproclama das, ni mesianismos de empleados oficiales; tampoco permiten deificar a las masas como tales. En cambio estos procesos participativos desbordan y sobrepasan a los partidos políticos establecidos y descalifican al caudillismo demagógico de antaño, creando contrapoderes populares decisorios y fiscalizadores del bien común.

La participación comunitaria…

Ontología de la participación Varias guías sobre la aplicación de la IAP han sido publicados en muchos países y en diversos idiomas, y aunque hay un mayor conocimiento sobre ella, no todo lo que se hace con su nombre es verdaderamente participativo. Es necesario seguir algunas reglas mínimas de orientación. La prueba de fuego que ofrece la IAP a los planes de acción social, económica y política, como los de la lucha contra la pobreza extrema (absoluta) propuesta por el gobierno colombiano actual, se concreta en la aplicación de la fórmula ontológica señalada atrás: la transformación de la relación tradicional de sujeto a objeto en otra simétrica o equivalente de sujeto a sujeto. Que esto se pueda hacer (aunque provoque úlceras en ricos y poderosos) ha quedado comprobado en muchos trabajos, como los ya mencionados. Esta fórmula ontológica fundamenta una definición vivencial de participación que exige una revisión profunda de costumbres políticas, actitudes ante la vida y creencias sobre el cos mos, con el fin de saturar la personalidad y la cultura con los nuevos valores y producir lo que en términos contemporáneos se ha definido como un "nuevo orden internacional"; o en términos utópicos de los años sesenta, como un ` `nuevo hombre"; es decir, como un — nuevo campesinado", un "nuevo ciudadano", un — nuevo ser humano—. En fin, con la IAP y los contrapoderes populares se busca ayudar a construir un tipo de sociedad más justa y supe rior a la existente. Aunque suenen a viejo y sabido, ¿no serán pertinentes todavía estas ideas a los planes gubernamentales? En efecto, algunas de estas utopías constan en el

Coyuntura programa del presidente Vir gilio Barco titulado Hacia una nueva Colombia, que ha dado pautas al actual "Plan de erradicación de la pobreza absoluta y generación de empleo". Cabe preguntarse: ¿se podrán adelantar estos planes en agencias estatales rutinarias? La respuesta sigue siendo polémica; pero en términos generales la pregunta puede contestarse positivamente, dentro de los limites producidos por la existencia e inercia misma de las instituciones. En efecto, la observación de algunas experiencias gubernamentales del pasado permite de terminar que existe un margen de acción renovadora en las instituciones, un margen teóricamente análogo al antiguo concepto de "subversión moral" o "guerra justa" autorizado por los Padres de la Iglesia como herramientas de lucha contra las tiranías. Así, en lo que respec ta a la Colombia rural, es fácil ver cómo los planes de reforma agraria de gobiernos anteriores se aceleraron o cumplieron parcialmente con empleados del INCORA que se inspiraron en la subversión moral. De la misma manera, se ha visto cómo se acercaron a prohibidas metas participativas los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que practicaron las técnicas del CAPACA (capacitación popular); los del Desarrollo Rural Integrado (DRI) que organizaron bien a los parceleros; los del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) que fomentaron los Concejos Verdes de defensa del medio ambiente y abrieron el compás para la paz y el progreso del Caguán; o los del Ministerio de Trabajo que autorizaron microempresas para menores trabajadores. Es cierto que para ello se necesita ser prudentes e ingeniosos para defender los cargos. En estos casos cabe seguir el consejo que dio Cristo a sus discípulos: "Sed diáfanos como la pa-

La participación comunitaria… loma y sabios como la serpiente". Pero aunque a veces pierdan los puestos, quienes siguen estas tácticas quedan consagrados como verdaderos servidores públicos, los que deberían gobernar a Colombia junto con el pueblo escla recido. Es posible, pues, fomentar la participación popular y crear contextos favorables desde gobiernos lúcidos en determinadas circunstancias. Pero no debe olvidarse que hasta ahora los resultados más convincentes han provenido de agencias independientes no gubernamentales. Peligros actuales de una participación tutelada Como se deduce de los documentos oficiales, el reconocimiento del problema de la pobreza ha llevado al gobierno actual a privilegiar proyec tos de "desarrollo social" con altos recursos presupuestales, y a admitir criterios cualitativos de evaluación. Además, se observa cierta tendencia saludable a reforzar el sector civil de la sociedad, a mantener la apertura democrática que viene del régimen anterior, y a resistirse a los gritos de invitación a la guerra civil que provienen de expresidentes liberales y perio distas y otros civiles de alma militar. Esta actitud civilista puede llevar a crear el contexto general que se necesita para que avancen trabajos participativos genuinos en el campo. Sin embargo, hay que hacer algunas glosas. Particularmente preocupante es la confusa introducción del concepto de "participación ciudadana" que aparece repetidas veces en las plataformas del gobierno (Programa de asentamientos humanos), junto con la iniciativa conexa de crear "asociaciones de vecinos" (ciudadanos) con fines de prestación de servicios y vigilancia de equipos, en ciudades y centros poblados.

Coyuntura Nadie discute la importancia de estimular a los habitantes para que asuman responsabilidades de gestión local en lo que respecta a actividades colectivas o dentro de sus respectivas "comunas", ni tampoco se desconoce su "derecho a los servicios". El problema con el concepto de participación ciudadana radica en que limita a relaciones cívicas con el Estado a una acción social que debiera ser más amplia y vivencial, como viene explicado. El Estado no es la vida y, en estos casos, sigue como un fetiche alienante, oprimiendo a las bases sociales de la ciudad y del campo. Hay más todavía: en ese contexto parcial y en armonía con su reducida concepción, a la comunidad solo se la convoca para que invierta sus reservas financieras y participe en programas de obras públicas como contratista de construcción y mantenimiento, o en autocons trucción de vivienda y en planes de rehabilitación originados en las oficinas de planeación oficial (Así estamos cumpliendo). También se le invita a formar unidades asociativas y productivas, pero sujetas a la asistencia y orientación verticales del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el SENA, la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (DIGIDEC) y la Central de Cooperativas de Reforma Agraria (CECORA) que junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Seguros Sociales, el INCORA y el DRI, son las entidades encargadas de "definir pautas para la organización y la participación comunitaria en los proyectos del programa" de asentamientos humanos y reforma agraria. ¿Dónde están aquí la iniciativa local, la fiscalización y el control evaluativo de los usuarios potenciales? Quedan en unas pocas frases marginales dentro del respectivo programa, y en un proyecto de ley que apenas ajusta viejos

La participación comunitaria… procedimientos de expropiación de tierras agrícolas. De la misma manera cabe preguntarse sobre las relaciones entre las "asociaciones de vecinos" (ciudadanos), cuya personería sería concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y las presentes juntas de acción comunal colocadas en el Ministerio de Gobierno. Esto no está claro en los proyectos de decretos. Da qué pensar ahora, cuando un gran número de estas juntas comunales se ha salido del control gubernamental y gamonalesco, y han corregido desviaciones anteriores. ¿No se producirá con estos decretos una división de intereses a nivel vecinal que pueda llevar a ce los y crisis locales negativas, como cuando el Estado propició en 1973 la destrucción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), una de las organizaciones populares más participativas de los últimos tiempos en Colombia? Faltaría una consulta con las bases populares para aclarar estas dudas. Como en todo cambio de gobierno, algunos funcionarios han tratado de distinguirse de los anteriores, así se lleven de paso iniciativas va liosas. Hay algo de esto, por ejemplo, en el curioso debate sobre si Concejo Verde debe escribirse con ' `s" o con ' `c", o si se deba llamar en cambio “cabildo ”, y mientras tanto se han reducido o suspendido las campañas ecológicas en los municipios, y se ve con innecesaria suspicacia iniciativas particulares como la del "Colegio Verde" de Villa de Leyva. Las puertas del SENA y de la DIGIDEC se han cerrado a los dirigentes populares que antes colaboraban en programas de capacitación de grupos urbanos y rurales de base. Algunos de los frenos a la participación auténtica mencionados atrás

Coyuntura se han tratado ya de aplicar con resultados dudosos. Así, a la ley 11 de 1986 que ordena la participación de la comunidad en el manejo de asuntos locales se la ha limitado más allá de sus propios frenos por la reglamentación del decreto 3446 (noviembre 14) del mismo año que da más importancia al monto de la facturación del consumo de servicios que al número de usuarios y su origen social. Ocurre, entonces, que se descentraliza o delega pero siempre centralizando o tutelando, tal como se hizo en la administración Betancur con la creación del CONPES (Planeación) regional costeño, y con el Acto Legislativo No. 1 de 1986 que permite que los alcaldes elegidos popularmente sean removidos por gobernadores nombrados por el presidente de la República. Esto es incoherente. Según vemos, a este paso no habrá sino basiliscos políticosociales en la administración pública colombiana. Parece como si el actual gobierno, como los anteriores, prefiriera trabajar con una simple participación tutelada, creando agrupaciones maleables, paternalistas, serviles, expertas en dirigir memoriales respetuosos a las autorida des como siempre se ha hecho, con resultados no muy halagüeños. Obviamente no habría estímulo para la creación de los contrapoderes populares decisorios que técnicos y observadores nacionales e internacionales estiman indis pensables para combatir la pobreza y acceder a la sociedad más justa planteada durante la última campaña presidencial. Tal tutelaje estatal seria un retroceso histórico al viejo desarrollismo neoliberal fracasado, donde ocurrió lo mismo, y sería además una grave falla de visión política. Algunas perspectivas de estrategia

La participación comunitaria…

Todo esto lo saben y sienten las gentes del común. Por eso, y con esperanza, muchas personas miran a otras partes y buscan fórmulas pluralistas y de tolerancia, distintas de las dadas por los gobiernos o por la tradición política de izquierdas y derechas desacreditadas, y por grupos violentos desenfocados de la realidad. En muchas ocasiones se ha visto cómo las masas son capaces de movilizarse y articular su gran voz colectiva en diversas coyunturas, apelando a sus propios recursos. En Colombia, al último congreso de organizaciones populares (1986) concurrieron unas 2.500 agrupaciones cívicas, culturales y de otra índole que promulgaron un interesante programa de acción y formaron su propia coordinadora nacional. No en balde estas organizaciones apoyan a los 24 Movimientos Políticos Regionales independientes que como pimpollos de terceras fuerzas organizaron en junio de 1987 la Vuelta a Colombia por la Vida, la Paz y la Democracia. Esta iniciativa (uno de los pocos resultados visibles que obtuvo el presidente Barco al invitar a la ciudadanía a colaborar con él en la lucha contra la violencia) es otra muestra de la búsqueda de solucio nes constructivas y pacíficas por fuera de cana les partidistas o gubernamentales conocidos. Parece, pues, posible forjar una estrategia coherente para combatir la pobreza y la violencia con base en metodologías participativas autónomas y totalizantes. Existen los elementos técnicos y teóricos, y las raíces sociales e históricas para hacerlo en nuestro país. Los gobiernos, si está dentro de su voluntad política, pueden crear un contexto institucional favorable y aportar recursos adecuados. Las perspectivas, por lo tanto, pueden ser positivas para estos quehaceres

Coyuntura patrióticos, si se trabaja con voluntad, rapidez y ahínco. Porque en muchos sitios la violencia múltiple de los últimos tiempos (denunciada en el libro Colombia: Violencia y Democracia) puede estarle ganando de mano a la participación constructiva por la vida y el progreso colectivo. Sin embargo, como siguen existiendo los condicionantes ideológicos y metodológicos señalados atrás, habría que corregir las tendencias verticalistas, limitantes o desfigurantes acabadas de advertir. Si no hay claridad sobre medios y fines; si no se adopta con honestidad la definición ontológica de participación con el fin de evitar la cooptación del concepto, su abuso, su manipulación, o su deformación en la Torre de Babel; si flaquea la decisión política en los gobernantes, desde los más altos ha sta los más humildes, para continuar avivando el contexto general de la apertura democrática y reforzar el civilismo con la justicia implacable; si no se ejerce la subversión moral que la hora actual exige para llegar a contrapoderes populares auténticos; si no se hace así y mucho más dentro de esta línea crítica, los colombianos queda remos reducidos de nuevo a otro ciclo de fracasos como los de las Décadas del Desarrollo. No es dable pensar que los pueblos se merezcan esta triste suerte. Nuestras gentes campe sinas han evolucionado bastante en estos años, y por eso habría una gran diferencia con lo ocurrido en el pasado. El pueblo común está más ilustrado que antes sobre sus problemas y posibilidades de acción, como lo vemos confirmado de manera diaria. Ha aprendido a organizarse mejor desde las bases hacia arriba, y muchos ya saben actuar con independencia de las viejas maquinarias partidistas. Las gentes del

La participación comunitaria… común han aprendido que no son incapaces, sino que éstos son otros colocados por encima de ellos. En fin, han empezado a entender lo que va de la democracia representativa, hoy en crisis, a la democracia participativa y directa, la de cabildos abiertos, consultas, referéndums, paros y acciones colectivas por la justicia social y económica. De mantenerse con cierta disciplina y paciencia la apertura democrática y civilista que mal que bien estamos todavía viviendo en Colombia, el proceso llevaría a una concepción muy diferente de los funcionarios, y a una visión del Estado menos centralista, me nos terrorista, autocrática y fetichizada que la que heredamos y sufrimos actualmente. Estas podrían ser metas aceptables de una participación comunitaria genuina, integral y autónoma.

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Vida, pasión y muerte del Tribunal Especial de Instrucción

VIDA, PASIÓN Y MUERTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN Hernando Valencia Villa * El reciente naufragio del Tribunal Especial de Instrucción en las procelosas aguas del control constitucional no nos exime del deber de hilvanar algunas ideas en torno a una experiencia que no por cuestionable o fallida resulta menos reveladora del carácter de nuestro régimen político. Conviene, pues, hacer un breve repaso de los antecedentes, las características y las consecuencias del organismo, con el doble propósito de situar el debate en su contexto real y extraer las lecciones del caso, no sea que la peste del olvido, el mal nacional, haga otra vez estragos entre nosotros. El problema Uno de los factores determinantes de la erosión del régimen político colombiano a lo largo de la última generación, es decir, de 1958 a nuestros días, ha sido la crisis de la justicia, que los par tidarios del orden suelen formular como la incapacidad del aparato judicial para resolver en provecho de las clases dirigentes las contradic ciones sociales que se manifiestan en la viola ción de la ley. Una tal impotencia, que alimenta el proceso de deterioro del orden público y estimula la apelación a las soluciones de fuerza y de violencia para tramitar el múltiple conflicto civil, fue diagnosticada con singular lucidez por el entonces presidente Alfonso López Michelsen, hacia 1975. Su preocupación por la delincuencia política, los paros cívicos, las tomas de edificios públicos y *

Abogado, investigador en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

pequeñas poblaciones, el activismo sindical de la burocracia y otras formas inéditas de lucha popular, se tradujo en un discurso de condena de la protesta social y luego en una propuesta heterodoxa de reforma constitucional enderezada a neutralizar la crisis de la justicia a nivel regional y lo cal. El proyecto reformista de López Michelsen consistía en la convocatoria de una pequeña Asamblea Constituyente que, por delegación del Congreso, modernizara la ley fundamental en materia de administración de justicia y régimen departamental y municipal. Curiosamente, las iniciativas del gobierno sobre reorganización judicial alcanzaron un cierto grado de elaboración, mientras que sus ideas acerca de la nueva administración del territorio nunca llegaron a publicarse. Entre las primeras, que se recogieron en el proyecto de la llamada Comisión Echandía y llegaron a ser ampliamente debatidas, sobresalían la abierta intervención del Ejecutivo en la rama jurisdiccional a través del Consejo Superior de la Judicatura y la adopción del sistema acusatorio como nuevo modelo de juzgamiento en el área penal, mediante la Fiscalía General de la Nación. Se trataba, en últimas, de poner a punto la justicia criminal en una verdadera ofensiva de neutralización y absorción del conflicto social, que fue atinadamente calificada de "contrarrevolución preventiva". Sin embargo, como se sabe, la enmienda de la administración López Michelsen fracasó por cuanto la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el acto de convocatoria de la pequeña Constituyente por vicios de procedimiento en su formación. La sentencia de 5 de mayo de 1978, que señala el inicio de la jurisprudencia política entre nosotros y que tendrá una influencia directa en los

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últimos fallos de inconstitucionalidad del juzgamiento de civiles por militares bajo estado de sitio, de las medidas de emergencia para Urabá, del Tribunal Especial y de las leyes aprobatorias del Trata do de Extradición con los Estados Unidos, in vocaba defectos de trámite en el paso de la reforma por el Congreso pero incluía argumentos un tanto crípticos sobre la pertinencia misma de las modificaciones constitucionales propuestas por medio de la pequeña Constituyente. De esta suerte, la tentativa gubernamental de modernizar la justicia en una perspectiva que bien podría calificarse de “peligrosista”, puesto que pretendía ante todo criminalizar y castigar la insurgencia ciudadana, se estrellaba contra la novísima lectura que la Corte hacía y continúa haciendo de su propia misión como guardiana de la Carta y también de la sujeción de los altos poderes del Estado a la legalidad constitucional. Este antecedente se prolonga en la reforma de 1979, adoptada por el Congreso a instancias de la administración Turbay Ayala y orientada a la actualización institucional del Legislativo y de la justicia. En este último aspecto, la enmienda no era otra cosa que una versión corregida y aumentada del proyecto de la Comisión Echandía. Y aunque las nuevas normas estuvieron casi dos años en vigor, hasta cuando la Corte las invalidó en razón de su torpe tramitación por las Cámaras mediante la sentencia de 3 de noviembre de 1981, la mayor parte del Acto Legislativo No. 1 de 1979 permaneció escrita, sin ningún desarrollo legal. Ello habla muy a las claras tanto de la voluntad política de congresistas y gobernantes, cuanto de la función ideológica de las enmiendas constitucionales en Colombia.

Tras este segundo fracaso del reformismo normativo, que se había desplegado en el terreno estratégico de la justicia por los motivos señalados, la administración Betancur abandonó el esquema autoritario de López Michelsen y el militarista de Turbay Ayala y ensayó en cambio el modelo de la pacificación política y negociada para el manejo del problema de la protesta social en general y de la oposición armada en particular. Y si bien de la apertura política y la reforma democrática prometidas en 1982 no quedó a la postre más que la elección popular de alcaldes, el gobierno anterior negoció y sus cribió con los tres principales grupos guerrilleros (FARC, M-19 y EPL) esos instrumentos atípicos, sin ubicación precisa en el derecho público colombiano, que son los Acuerdos de Tregua de 1984. Independientemente de su naturaleza normativa, que debe ser examinada en sus implicaciones tanto internacionales y humanitarias cuanto constitucionales y penales, los pactos de paz constituyen un original aporte del país al llamado derecho de la guerra (jus in bello) y al mismo tiempo la cristalización, no por ambigua y precaria menos significativa y útil, de la única tentativa practicada entre no sotros para resolver el conflicto guerrillero contemporáneo por la vía política. El experimento de la Pax Belisariana, sin embargo, muy pronto tropezó con obstáculos insalvables como el aislamiento político del pre sidente, la ausencia de consenso parlamentario y partidista en torno a la estrategia de amnistía y tregua, la resistencia de las Fuerzas Armadas y del gran capital a dicha política gubernamental, el radicalismo de las organizaciones insurgentes y la propia crisis nacional. Este estado de cosas alcanzó su clímax en la infame batalla del Palacio de Justicia,

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cuando el M-19, que había tenido el mayor protagonismo político durante los meses de la tregua, asaltó la sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en un gesto suicida que tenía la vana pretensión de enjuiciar al presidente y forzar la publicación de las misteriosas actas de las Comisio nes de Paz y Verificación, y el gobierno que había quemado sus naves en la apuesta por la amnistía y la paz, propició o permitió una masacre militar que causó ciento quince muertes y desapariciones, destruyó la Pax Belisariana y violó todas las reglas jurídicas y éticas conocidas. A resultas del genocidio del 6 y 7 de noviembre de 1985, la administración Betancur apeló una vez más al régimen de legalidad marcial y creó un Tribunal Especial de Instrucción para investigar el trágico episodio. Integrado por dos magistrados elegidos por la Corte, el Tribunal pretendía remediar la proverbial ineptitud de la justicia penal ordinaria para formar un sumario con base en el cual pudieran establecerse responsabilidades e imponerse sanciones con prontitud y rigor. Las designaciones recayeron en un antiguo Procurador General de la Nación y en un prestante abogado de empresas quienes produjeron un largo y equívoco informe que no arrojó claridad sobre la matanza y, lo que es peor, que no ha servido aún para proferir ningún llamamiento a juicio o para exigir responsabilidad alguna a los protagonistas materiales e intelectuales del llamado holo causto. Conviene agregar que en su momento la Corte halló exequible el Tribunal Especial, con el argumento tradicional según el cual su creación, integración y funcionamiento se justificaban por las altas razones de Estado que el gobierno suele esgrimir cuando el país se encuentra bajo estado de sitio.

Disuelto el primer Tribunal Especial por el agotamiento de su función (la formación del sumario y su remisión al juez de conocimiento, quien debe llamar a juicio o sobreseer o archivar), sobrevino el cambio de administración y con él una suspensión de facto, que no de jure, de la estrategia belisarista de atacar ante todo los factores subjetivos de la subversión. El nuevo gobierno ha asumido, en cambio, una política de "rehabilitación, normalización y reconciliación" que implica atender a los facto res objetivos del conflicto guerrillero, es decir, realizar grandes inversiones públicas en las zonas de violencia, en la esperanza de que las obras de desarrollo despojen de toda legitimidad a la oposición armada y hagan innecesaria cualquier negociación política directa con los grupos insurgentes. Pero la descomposición social no cede y en los últimos años se han enseñoreado del país nuevas formas de violencia, provenientes ahora del narcotráfico, los grupos paramilitares y las empresas de sicarios profesionales. Para hacer frente a esta escalada, que afecta principalmente a los militantes y dirigentes del movimiento político surgido de los acuerdos de paz de 28 de marzo de 1984 y 2 de marzo de 1986, y que tiene características de campaña de exterminio, la administración Barco expidió los decretos legislativos 750 y 790 de 1987 por medio de los cuales se estableció y reglamentó un nuevo Tribunal Especial de Instrucción. El organismo tenía esta vez, a diferencia de su antecesor, una tarea genérica y permanente, cual era la de investigar todos los delitos contra la vida y la integridad personal que a su juicio causaran honda conmoción social por manera que no quedasen impunes y se hiciera por el juez de conocimiento, en

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este caso la Sala Penal de la Corte Suprema, pronta y cumplida justicia. El segundo Tribunal Especial operaría mientras se mantuviese en pie la declaratoria de turbación del orden público, estaría integrado por tres magistrados elegidos por la Corte en pleno y dispondría de abundantes recursos y elementos para instruir los sumarios de los graves crímenes que discrecionalmente decidiera investigar. La solución Hoy resulta obvio que la creación misma del Tribunal, cuando el gobierno sabía o no podía ignorar que los dos magistrados instructores de la masacre del Palacio de Justicia habían realizado una labor insatisfactoria y que la jurisprudencia constitucional de la Corte se orientaba y se orienta cada vez más hacia una restricción de los poderes implícitos del Ejecutivo y del Legislativo, fue decidida por el presidente Barco y sus abogados a sabiendas de tales antecedentes y con dos o tres ideas fijas en mente. Que la nueva lectura de la carta que la Corte como tribunal constitucional ha venido imponiendo desde 1978 se menosprecia e incluso se desconoce entre los juristas de la administración, lo prueba el hecho de que las recientes decisiones de inexequibilidad recaídas sobre las leyes aprobatorias del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, la justicia penal militar y el plan de emergencia para Urabá no solo no hayan sido previstas sino que además hayan sido recibidas con desagrado e incomprensión. No hay que coincidir con la nueva doctrina de control constitucional de nuestro máximo juez para reconocer un hecho cumplido, a saber, el abandono, al parecer definitivo, de las legitimaciones judiciales que hasta hace apenas una

década sancionaban ex post facto todos los excesos gubernamentales presuntamente permitidos por el régimen de excepción del artículo 121. Más aún, como lo demuestran los fallos de mayo 5 de 1978 y noviembre 3 de 1981, la Corte ya no permite enmiendas a la ley fundamental que se aparten del procedimiento ortodoxo de reforma de que trata el artículo 218, o que desquicien o amenacen desquiciar la tridivisión de poderes y el sistema de frenos y contrapesos característicos del Estado colombiano. Con lo cual la guardiana de la carta se ha erigido en una especie de "legislador negativo" o "juez estadista", según la fórmula de la sentencia de marzo 5 de 1987, al ejercer un auténtico poder constituyente de anulación sobre los actos del Congreso como soberano en funcio nes y convertirse así en la instancia de control político más poderosa e independiente del actual régimen colombiano. Pero el gobierno probó suerte y creyó responder al clamor de la oposición democrática, en especial de la Unión Patriótica, con el mecanis mo atípico del tribunal instructor, que debía desatar el nudo gordiano de la in vestigación criminal y a la vez institucionalizar dos ideas fijas del presidente a propósito de la violencia y la paz. La una era y sigue siendo que la verificación de la tregua con los alzados en armas no puede ser responsabilidad de comisiones oficiosas o paraestatales sino de los jueces de instrucción. De ahí que el Tribunal Especial aspirara a ser, en el proyecto del gobierno, la máxima institución de verificación política del cumplimiento o incumplimiento de la tregua al documentar en derecho los excesos delictivos de guerrilleros y militares. Pues

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la administración Barco no distingue entre verificación política y verificación jurídica del cese al fuego o, peor aún, pretende reducir lo primero a lo se gundo. Según la otra idea fija, al amparo de la legalidad marcial pueden crearse organismos híbridos, que no tienen cabida en el ordenamiento jurídico, ni consultan aspiraciones democráticas amplias, pero que en la mentalidad maquiavélica del gobierno actual sirven para responder a las demandas cruzadas de muy diversos sectores de opinión. Existe una tercera justificación o coartada para el Tribunal Especial desde el punto de vista oficial: la preocupación por la generalización de la violencia, tal como ha sido expresada una y otra vez por voceros de la oposición y periodistas independientes, sirve de excusa para las soluciones burocráticas o superestructurales tan representativas del bipartidismo criollo. De esta guisa, por descabellada que apareciese la fórmula de un cuerpo instructor inclasificable y supeditado a la vigencia del estado de excep ción, la administración podía argumentar que la nueva entidad no era más que la cristalización del anhelo nacional. Y así lo hizo. En cualquier caso, el gobierno creó el tribunal mediante el Decreto Legislativo 750 de abril 25 de 1987 y lo retocó mediante el Decreto Legislativo 790 de mayo 4 de 1987 en aspectos tan inquietantes como la sustracción de los miembros de las Fuerzas Armadas a la jurisdicción del ente instructor. Además de los rasgos señalados atrás, el Tribunal se caracteriza porque "concluida la investigación, y efectuada la calificación correspondiente, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación

Penal, para que ésta, como juez de única instancia, decida sobre el proceso" (artículo 11 del Decreto Legislativo 750 de 1987). Esta dis posición, que constituía la pieza maestra de la maquinaria al asegurar una decisión inapelable por parte de los ocho magistrados penales de la Corte, se convirtió muy pronto en la piedra de tropiezo del Tribunal ante la opinión pública, los magistrados designados y la propia Corte. En efecto, la eliminación del principio de alzada o de la doble instancia, en virtud del cual toda decisión judicial puede ser impugnada y debe ser revisada por el superior jerárquico de quien la profiere, desató una tormenta de críticas como que se trata de una de las más clásicas garantías del constitucionalismo liberal, presente en todas las constituciones y declaraciones de derechos desde el siglo XVIII. Tal fue también la crítica principal de los tres juristas demócratas designados por la Corte al declinar su nombramiento. Uno de ellos, con un exquisito sentido de la oportunidad, invocó el artículo 138 de la quinta y última constitución grancolombiana, la llamada carta del Congreso Admirable de 1830, que a la letra dice: "Nin gún colombiano puede ser distraído de sus jue ces naturales, ni juzgado por comisiones especiales o tribunales extraordinarios —. Y los jueces constitucionales, por fin, volverían a éste y otros planteamientos semejantes para sustentar su invalidación del Tribunal Especial. Dentro de este clima de controversia y sospe cha y en un alarde de milimetría partidista que delata la contaminación frentenacionalista en el ámbito judicial, fueron designados Carlos Lemos Simmonds, John Agudelo Ríos y Eduardo Umaña Luna como integrantes del organismo instructor. El primero, liberal turbayista y ministro de Relaciones

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Exteriores entre 1980 y 1982, declinó por su obvia inexperiencia jurídica. El segundo, conservador belisarista, ministro de Trabajo en la administración Lleras Restrepo y arquitecto de los acuerdos de paz de 1984, hizo lo propio sin mayores explicaciones. Y el tercero, penalista de izquierda y profesor emérito de la Universidad Nacional, rehusó con un vigoroso alegato en el cual cuestionaba la creación del Tribunal por razones jurídicas y políticas. La Corte acordó una segunda terna de magis trados, compuesta esta vez por José Manuel Arias Carrizosa, liberal turbayista, exministro y exsenador, quien aceptó por consideraciones de "patriotismo -; Rafael Nieto Navia, conservador alvarista y profesor de derecho interna cional en la Universidad Javeriana, que rechazó el nombramiento; y Gerardo Molina, antiguo rector de la Universidad Nacional y senador de la oposición democrática, quien también declinó con argumentos similares a los de Umaña Luna. En estas circunstancias y debido a la solitaria aceptación de Arias Carrizosa, la Corte debió nombrar a dos nuevos juristas. Las designaciones recayeron en el conservador Luis Carlos Giraldo Marín, magistrado que fuera de la Cor te bajo la dictadura y del Tribunal Disciplinario bajo el Frente Nacional, quien no aceptó por razones de salud; y en Alfredo Vázquez Carrizosa, canc iller del gobierno de Pastrana, internacionalista y presidente del Comité de Derechos Humanos, quien no aceptó por razones de principio a través de una carta memorable. Paralelamente a esta cadena de nombramientos fallidos, que bien cabe calificar de comedia de equivocaciones,

la Corte adelantaba la revisión automática u oficiosa de los decretos 750 y 790 a que la obliga el parágrafo del artículo 121 constitucional. Todos y cada uno de los actos de gobierno que se expidan en ejercicio de las facultades excepcionales del estado de sitio deben someterse al escrutinio de constitucio nalidad de nuestro máximo tribunal. Y las medidas de creación del Tribunal Especial no escaparon a este control, que se cumplió poco después de la tercera serie de designaciones, cuando la guardiana de la Carta profirió sus dos sentencias de junio 16 de 1987. Redactados por Jesús Vallejo Mejía y Hernando Gómez Otálora, los fallos declararon inexequibles los decretos 750 y 790, respectivamente, por violación directa de los artíc ulos 16, 26 y 58 del estatuto fundamental que versan sobre deberes del Estado, garantías procesales de los ciudadanos y estructura jerárquica de la rama jurisdiccio nal. El ponente del primer pronunciamiento, que es con mucho el principal puesto, que el segundo se contrae a repetir las razones ya aducidas para anular el decreto inicial, presentó a la plenaria de la corporación una “ Aclaración de Voto" que vale la pena glosar en dos palabras por cuanto proviene del autor de la trascendental decisión de marzo 5 pasado que puso fin a la arbitrariedad de trasladar a la jus ticia castrense el conocimiento de los delitos políticos y de orden público cuando quiera que el país se halle en estado de sitio. En este documento clave, que ha sido sustraído del conocimiento público, el magistrado Vallejo Mejía viene a sostener una tesis de grande importancia para la democratización del derecho público en Colombia, a saber: contra la doctrina dominante, el principio de las dos instancias tiene rango constitucional y no solo legal entre noso tros en razón de que está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli

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ticos de 1966 y en el Pacto de San José de 1969 y pertenece, por tanto, al derecho de gentes o derecho internacional público, el cual a su ve z gobierna toda la actuación presidencial y gubernamental en caso de turbación del orden público por guerra exterior o conmoción interior. En otras palabras, a causa y no a pesar del estado de sitio, que está sujeto al jus gentium tanto como a la preceptiva constitucional, el Ejecutivo debe respetar y hacer efectivo el postulado de la doble instancia de las sentencias judiciales. Por este camino podría argumentarse que el derecho de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario resultan plenamente aplicables al manejo de la insur gencia armada y sus peripecias, al menos cuando el territorio nacional se encuentre bajo estado de sitio, como sucede hoy, por cuanto tales ordenamientos forman parte integral del derecho de gentes y éste también regula la legalidad marcial en Colombia. Por lo demás, así lo han mantenido Carlos Jiménez Gómez, Procurador General de la Nación en el cuatrienio anterior, y Juan Manuel López Caballero, director de la Fundación Pro Esclarecimiento de los Hechos del Palacio de Justicia, en su esfuerzo por llevar a juicio a los responsables oficiales de la masacre de noviembre de 1985. Tres moralejas Sepultado el segundo Tribunal Especial de Instrucción merced a los fallos de la Corte, el país político ha pasado a otra cosa, como suele ha cer cada vez que sus hazañosas empresas de salvación nacional tropiezan con los hechos tozudos y se desmoronan como castillos de naipes. La agenda gira ahora en torno a la constituyente de Lleras Restrepo, que no

es más que una reedición de la constituyente de López Michelsen, a la ley antiterrorista y al nuevo estado de sitio. Estas y otras propuestas constituyen la expresión coyuntural del inveterado reformismo jurídico que ha sido, a lo largo de nuestra histor ia, una de las estrategias favoritas de los partidos gobernantes y las clases dominantes para prevenir el cambio social y generar el consenso político. Entre tanto, sin embargo, es menester extraer algunas conclusiones a manera de moralejas. Pues aunque la polémica suscitada por la vida, pasión y muerte del Tribunal Especial podría considerarse como una querella de las investiduras o una batalla de papel, hay en el episodio tres lecciones para recordar: 1. El estado de sitio es una institución desprestigiada y debilitada por sus propios excesos y defectos. La Corte se ha empeñado en meterlo en cintura, lo cual equivale a cuestio narlo como dispositivo de dictadura constitucional que ha sido, y además la sensibilidad ciudadana se ha democratizado y ya no tolera, al menos en la misma forma que antes, el tratamiento heroico de la conmoción interna crónica que caracteriza la vida nacional. En este sentido, la distinción mire normalidad y anormalidad resulta cada día más artificiosa debido al carácter anómico de nuestra realidad y a la ineficiencia de mecanismos autoritarios como la legalidad marcial para normalizar la injusticia y el atraso en que viven los más de los colombianos. Al mismo tiempo, hay que recibir con beneficio de inventario las innovaciones institucionales y normativas que anuncia el gobierno para revitalizar el estado de excepción y tornar aceptable e incluso

Coyuntura deseable una antiterrorista;

Vida, pasión y muerte del Tribunal Especial de Instrucción sospecho sa

legislación

2. La Corte Suprema de Justicia, durante los últimos diez años, ha venido cambiando drásticamente su lectura de la Constitución en una perspectiva de restricción del Ejecutivo y del Legislativo y, por consiguiente, de ampliación de los espacios de maniobra frente al Estado y contra el Estado. Esta nueva jurisprudencia, que debe calificarse de política sin temor alguno, constituye una irónica realización del célebre postulado del Estado de derecho, en la medida en que las mencionadas sentencias de inexequibilidad apuntan ya hacia un sistema de frenos y contrapesos que defienda los fueros de la sociedad civil o que tienda a concebir la Constitución como una verdadera institución social y no como una mera herramienta de poder. Pero las promesas de la doctrina constitucional emergente también entrañan riesgos, como confiar la democratización del régimen a la sola evolución normativa u olvidar que aún subsisten en la legalidad política numerosos y poderosos factores de arbitrariedad e inequidad, y 3. La administración Barco ha continuado en líneas generales la política de paz de la admi nistración Betancur, pero no lo reconoce formalmente porque considera que no puede ha cerle tal homenaje al anterior presidente y a su controvertida estrategia pacificadora, sin pagar por ello un alto costo político ante el liberalismo, la clase política, la gran prensa y el patronato. Ha habido y habrá, presumiblemente, reajustes en la política de manejo de los grupos guerrilleros y de su acordada incorporación ala vida civil. Particularmente en cuanto concierne a la verificació n de la tregua con las FARC, pactada en 1984 y prorrogada en 1986, el

actual gobierno debe dar una respuesta concreta y efectiva al clamor público por reglas de juego que aseguren tanto la consolidación de la Unión Patriótica como principal fuerza política de oposición democrática surgida del proceso de la Pax Belisariana, cuanto el fortalecimiento del sistema bipartidista tradicional bajo la forma hegemónica del esquema gobierno-oposición. Y puesto que la primera propuesta barquista de solución al problema de la verificación de la tregua, el segundo Tribunal Especial de Instrucción, ha resultado impracticable por los hechos examinados aquí, parece necesario apelar a otras estrategias jurídicas antes de retornar a la militarización masiva del conflicto guerrillero. Entre tales alternativas legales se encuentran la reestructuración de la justicia ordinaria, que se anuncia pero que no llega, y la creación de nuevos organismos ad hoc, como la Comisión de investigación y denuncia de los crímenes políticos, a imagen y semejanza de la Comisión Sábato en Argentina, que recomiendan al gobierno los autores del reciente informe Colombia: Violencia y Democracia. En cualquier caso, las vías legales de pacificación y democratización no están agotadas en Colombia. Pero los repetidos descalabros jurídicos que la administración Barco ha sufrido en los últimos meses sugieren rectificaciones fundamentales en lo que bien puede denominarse la política constitucional del régimen. Porque la espada de la justicia es un arma de doble filo. Y nadie puede esgrimirla impunemente.

Coyuntura

Qué es más fácil: militarizar…

¿QUE ES MÁS FÁCIL: MILITARIZAR A UN CIVIL O CIVILIZAR A UN MILITAR?

oficiales en servicio activo, de acuerdo con la opinión expresada por el general (r) Valencia Tovar.

Luis Alberto Restrepo *

El título del encuentro -"diálogo entre civiles y militares" - presuponía una fundamental diferencia o incluso una franca confrontación de puntos de vista entre ambos estamentos. De ser así, el evento habría podido considerarse como el empeño de alguno de ellos por atraer al otro hacia su propia perspectiva. En tal caso habría cabido la pregunta: "¿qué es más fácil: militarizar a un civil o civilizar a un militar?". A juicio del coronel (r) Bernardo Lombo, asumido luego por el general (r) Valencia Tovar, es más fácil lo primero que lo segundo. Como lo demostró el evento, no es posible hacer esta generalización.

La explosiva situación del país hizo posible un evento inusitado. El sábado 4 de julio se llevó a cabo un diálogo entre militares retirados y civiles, algunos de ellos científicos sociales, en el Centro Nacional de Estudios por Colombia, recientemente fundado por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE). Lo convocó su director, el dinámico general (r) Gabriel Puyana. En el país es ya tradicional la distancia y el prejuicio mutuo entre civiles y militares. Este hecho va convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una especie de isla, distante no solo de la sociedad sino también de los partidos y del mismo Estado. Además los partidos tradicionales han confiado a la fuerza militar parte sustancial de las responsabilidades que ellos han eludido en el terreno político. Con lo cual, la institución armada viene constituyéndose inevitablemente y en contra de su voluntad inicial en un Estado militar dentro del Estado. Esta evolución no es normal, no es sana para la democracia, ni contribuye a la paz. Menos aún en las circunstancias de polarización que vive el país. El aislamiento no es deseado por las mismas Fuerzas Armadas. Prueba de ello es el evento convocado por ACORE y las opiniones allí expresadas. Por ello el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales considera provechoso este primer diálogo y juzga deseable que se lleven a cabo muchos más, incluso con la participación de *

Filósofo, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Re laciones Internacionales.

A la invitación del Centro de Estudios por Colombia respondió más de un centenar de oficiales retirados. Estaban allí los generales (r) Landazábal, Valencia Tovar, Puyana y Andrade Anaya, entre otros. Se hizo presente el general (r) y expresidente Ordóñez. Por primera vez, el general (r) Matallana tuvo la oportunidad de exponer sus actuales puntos de vista ante sus antiguos compañeros de armas. Entre los civiles se encontraban académicos como Armando Borrero, Investigador del Instituto de Estudios Liberales, y algunos miembros del Instituto de Estudios políticos y Relaciones Internaciona les, como su director Francisco Leal Buitrago, el historiador Gonzalo Sánchez y el autor de esta relatoría, entre otros. Concurrió también, y tuvo una amplia participación, Alberto Mendoza Morales. Por considerarlo de interés nacional recogemos aquí, de modo sintético, las líneas más importantes de las distintas ponencias presentadas, integrando en

Coyuntura ellas las respuestas más significativas que surgieron en el debate y que contribuyen a precisar el pensamiento del expositor. La paz le dio todos los beneficios a la subversión Para el general (r) Landazábal, la forma como se condujo el proceso de paz le dio todos los beneficios a la subversión y condujo al derrumbamiento del estado de derecho. Las ventajas para la subversión fueron numerosas: entre otras, cursos y becas en el exterior; licencia para el porte ilegal de armas; penetración en los organismos del Estado; ampliación del espacio político; extensión de su presencia geográfica; crecimiento de su brazo político con la Unión Patriótica, de su brazo sindical expresa do en la CUT, y de las FARC como brazo arma do; manejo del orden público en algunos luga res. El estado de derecho, por el contrario, se derrumbó. El proceso de paz le dio la posibilidad al "Partido de la subversión" de legalizarse con un nuevo nombre, Unión Patriótica. Las FARC y la Unión Patriótica son la misma cosa, y no diferentes como lo afirmó el ministro de Gobierno actual. Se pactó con el brazo armado de la subversión y éste salió de la clandestinidad. Se avaló así el porte ilegal de armas, el secuestro, el boleteo, la extorsión y el chantaje. Ahora la subversión impulsa las marchas campesinas como preparación para la insurrección general. Ante esta situación, el general propone soluciones concretas. La sustitución del esquema gobierno oposición por compromisos y acuerdos en un movimiento suprapartidista transitorio, que permita la recomposición de los partidos. El combate fundamental debe

Qué es más fácil: militarizar… librarse contra la "miseria absoluta", la ignorancia y la injusticia. Es necesario llegar a acuerdos claros y precisos con el Partido Comunista, descartando los diálogos con sus brazos armados. Se le deben continuar ofreciendo garantías a la Unión Patriótica, pero exigiendo a la vez la desmovilización de las FARC. Se requiere fortalecer a las Fuerzas Armadas. "Nunca se nos ha dado la dotación necesaria para obtener el triunfo". Es necesario, así mismo, devolverles la autonomía en el combate frente a la subversión. Acerca de este punto, que suscitó interrogantes, el gene ral expresó su parecer según el cual el presidente de la República es el "Jefe" de las Fuerzas Armadas pero no su "Comandante Supremo". Cuando el presidente asume el mando de las Fuerzas Armadas lo que surge es una dictadura civil. Estamos en una guerra interna no reconocida, que es "esencialmente política", pero cuando el jefe del Estado considera necesario recurrir a las Fuerzas Armadas, debe respetar su autonomía en el combate. Si asume su mando, como en Yarumales, no se sabe finalmente de quién es la responsabilidad de los hechos. El general distinguió entre factores de violencia y causas de la subversión. Factores de vio lencia son la ignorancia, la miseria y la injusticia, y se encuentran en toda formación social, originan el delito común. La ideología, en cambio, es causa de la subversión y le da una "máscara política”- a los factores de violencia. El fracaso de la paz es una profecía autocumplida El comentario estuvo a cargo del doctor Armando Borrero. Como una explicación de la misma subversión, y no

Coyuntura como legitimación suya, Borrero adujo la "debilidad histórica del Estado colombiano" que no cumple con su función de integración, no tiene presencia en todo el territorio nacional y no tutela los conflictos sociales. "Deja el conflicto desnudo". Aclaró que la debilidad del Estado es cultural, científi ca, técnica, política y no solamente militar. Advirtió, por otra parte, que existe el peligro de minar la legitimidad de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas en la medida en la que prosperan los organismos paramilitares. "La ilegitimación favorece el triunfo de la insurrección". Porque los procedimientos ilegítimos conducen a la corrupción de las Fuerzas Armadas y a su indiscip lina. "Los ejércitos derrotados han sido ejércitos ilegítimos". Se requiere, ciertamente, un Estado fuerte, pero que ejerza una dominación capaz de reconocer el espacio para la oposición. "Los sistemas rígidos entran en colapso". Contra la opinión del general, el expositor se declaró partidario de las negociaciones con la guerrilla (y no simplemente con el Partido Comunista), aunque manifestó igualmente su desacuerdo con la forma como se desarrolló el proceso de paz en el pasado gobierno. "Una amnistía no negociada es un torpedo a la paz". El desarme de la guerrilla no podía ser previo a las negociaciones pero los acuerdos fueron ciertamente ambiguos. Deberían haber fijado etapas ascendentes. En la forma como se pactó, la paz se tornó en un armisticio indefinido. Y el armisticio, si no es un paso hacia la paz, es un interludio entre dos guerras. La ambigüe dad condujo a que ambas partes profetizaran su fracaso y así éste se convirtió en una de aquellas "profecías autocumplidas" alas que se refiere Merton: producen su propio cumpli-

Qué es más fácil: militarizar… miento. Para Borrero los acuerdos de paz no quebrantaron la legitimidad del Estado. No eran fórmulas jurídicas sino políticas, exigidas por las circunstancias. A la afirmació n de alguno de los asistentes en el sentido de que no se debería hablar de guerrilleros sino de bandoleros por su asociación con el narcotráfico, el comentador respondió que, aunque la guerrilla cometa delitos y crímenes, no se le puede negar su carácter político. "Todo el que pretende poseer la verdad absoluta -Dios, la patria, el proletariado santifica no solo los fines sino también los me dios". Y la guerrilla colombiana emplea con frecuencia métodos criminales. En contra del parecer expresado por el general, reivindicó la legitimidad de las movilizaciones campesinas y señaló que el régimen colombiano ha sido muy cerrado a la participación política de masas. Finalmente reiteró su convicción acerca de la necesidad de adelantar una auténtica "apertura" que dé paso a una sociedad democrática pluralista. "No se trata de eliminar los conflic tos sino de hacerlos pacíficos". A la pregunta de si la desestabilización de América Latina tiene relaciones con fuerzas internacionales, el expositor afirma que los problemas latinoamericanos no nacen del conflicto Este-Oeste, aunque terminan irremediablemente inscritos en él. En Colombia hay factores objetivos de la subversión: no solo la pobreza, sino ésta sumada a la movilización social y a la estrechez impuesta por el Frente Nacio nal. Hay que ayudar a conducir las fuerzas desencadenadas A continuación intervino el doctor Alberto Mendoza Morales. Para el

Coyuntura doctor Mendoza los "poderes rectores" de Colombia están agotados y necesitan nueva vida. El Estado sirve a una minoría, la Iglesia se quedó anclada en el tiempo dedicada incluso a defender sus intereses materiales, la Universidad está encerrada en sí misma, los partidos están muertos, los medios de comunicación desinforman para defender el statu quo, las Fuerzas Armadas "están siendo manipuladas nacional e interna cionalmente". ¿Por quién? "Por las fuerzas opuestas a las que manipulan a la subversión", `'por los Estados Unidos". La doctrina de la Seguridad Nacional es una forma de penetración de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Las Fuerzas Armadas no cumplen con su misión, porque no defienden las "garantías sociales" de todos los colombianos sino las de una minoría. El país está, así, "en el desbarajuste total". Los poderes que rigen al país rechazan a los intelectuales y los descalifican como "comunistas" sin analizar lo que dicen. Es necesario un replanteamiento global. Hay que comenzar por la conversión y el apaciguamiento del espíritu. Hacia fuera es necesario emprender la transformación de la estructura nacional. En este camino el pueblo va adelante de sus dirigentes y está generando formas solidarias de existencia. Los que tienen el poder no entienden lo que pasa a su alrededor y "desatan una guerra sin sentido". Para Mendoza Morales ya pasamos el punto de "no retorno" y debemos alegrarnos de ello. No debemos "gastar pólvora en gallinazos" sino "ayudar a conducir las fuerzas desencadenadas". "No se trata de hacer frente común con X o con Y, sino con Colombia". Hay que "quitarle las banderas a la subversión". "Estamos a la defensiva, pongá monos a la ofensiva".

Qué es más fácil: militarizar… Como gran objetivo común, el doctor Mendoza propone crear una democracia económica que sustente la democracia política. La consigna es —producir o perecer" pero producir en el contexto de una economía solidaria, que libere al país de "los usureros nacionales e internacio nales". En lo inmediato, Mendoza considera que la paz requiere una solución política. "Las Fuerzas Armadas no deben ser el brazo armado de los aprovechados". El futuro próximo de Colombia depende del rumbo que asuman las Fuerzas Militares: pueden ir a las causas de los problemas y llevar a cabo un replanteamiento glo bal, como lo hizo el general Melo, o permanecer distraídas en los efectos de la crisis. Estamos todos distraídos en sus efectos, "comenzando por el Estado". La subversión "no ha caído de la luna", pero se la está tratando como si no tuviera arraigo en la situación nacional. El poder está siendo utilizado para benefi cio de una casta que explota una "ganadería política extensiva". Propone la conformación de una "cúpula de paz" que elabore un pacto histórico suscrito ante el pueblo, y la búsqueda colectiva de soluciones no violentas. Con idealismos solamente no se arregla el país La exposición del doctor Mendoza fue comentada por el general (r) José Jaime Rodríguez quien reconoció que la situación creada por poderes arcaicos es desconcertante. Sin embargo, señaló que "con idealismos solamente no se puede arreglar este país". En Colombia es difícil ser militar por el sentimiento antimilitarista reinante. El militar es soporte de una sociedad que no deja entrar en el debate al estamento que la defiende. La vía no violenta estaba siendo ensayada

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por el gobierno, ¿pero qué camino to mar ante hechos como los del Caquetá?... El gobierno no podía declarar la guerra total. Es necesario dejar que los acontecimientos se desarrollen.

creación de un instituto dedicado a la preparación de los alcaldes para la administración del presupuesto municipal, ya que la ESAP no está en capacidad de cumplir estas funciones.

Este país no se pacifica a punta de bala

Finalmente, es necesario hacer frente a la atmósfera sicológica de violencia. Es el resultado de cuarenta años de violencia. Los medios de comunicación la estimulan. ¡Se requiere ante todo actuar! Impulsar el desarme de los espíritus y ampliar el diálogo entre civiles y militares, pero en reuniones abiertas a los medios de comunicación para que no las interpreten como "espíritu de cuartelazo". El militar en retiro no es ni debe aparecer como enemigo de las negociaciones. Es, sí, enemigo de un proceso de paz mal conducido. En las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes, reiteró su oposición a la idea de una solución exclu sivamente militar de la subversión. "A punta de bala no se pacifica un país con tantos pro blemas". A una violencia que lleva ya cuarenta años no es posible darle una respuesta solamente militar. El ejército ha sido formado para hacer la guerra contra el enemigo exterior, no contra el pueblo. En la violencia liberal-conservadora el ejército no sabía cómo situarse, y el coronel Herrera, que pidió entonces que no se los colocara en mitad de la contienda, fue rele vado de su cargo. Además, la confrontación no es entre guerrilla y ejército sino entre una ideología política y el Estado. Para concluir, el ge neral formuló algunas recomendaciones: apoyar al Estado en sus esfuerzos por disminuir las diferencias sociales, proponer la creación del instituto para la preparación de alcaldes.

La tercera exposición correspondió al general (r) Álvaro Valencia Tovar e iba dirigida, de modo particular, a las reservas. El general describió en breves rasgos la situación del país: desarrollo de guerrillas de origen ideológico que pretenden implantar la dictadura marxista, crecimiento del narcotráfico, quiebra del orden moral y social, enrarecida atmósfera sicológica de agresividad y pugna que dan como resultado el quebrantamiento de la paz econó mica, social y política. Esta situación genera angustia e impotencia ante la magnitud del fe nómeno. Es necesario no dejarse paralizar por el desconcierto. La respuesta a los dos primeros factores la guerrilla y el narcotráfico- es tarea del Estado que debe convocar y aglutinar al país en torno suyo. ¿Qué le corresponde hacer a la reserva? Es necesario que se nos escuche y que nos hagamos escuchar, afirmó el general. "Unidos podemos ser respetados". Para intervenir es necesaria, sin embargo, una gran ponderación y un estricto control de la emotividad. Para hacer frente a la quiebra moral es necesario desarrollar la identificación entre pueblo y ejército. Y en esta tarea juegan un papel muy importante las reservas, porque son la expresión pública de los militares. Ante la quiebra social producida por el distanciamiento entre los distintos estratos hay que apoyar la lucha del gobierno contra la pobreza y la búsqueda de una mayor equidad social. La reforma municipal juega un papel trascendental. Convendría impulsar la

Posteriormente, señaló cómo desde Bolívar y Santander ha existido siempre en el país la dicotomía entre civiles y

Coyuntura militares, entre "civilo tes" y "chafarotes". Destacó la conveniencia de que el Centro continúe impulsando el diálo go entre ambos estamentos para crear un clima de mayor comprensión mutua. Propuso integrar en el diálogo a oficiales en servicio activo y llevarlo a otras ciudades. Ante la sugerencia de una alternativa política ajena a liberales y conservadores, sostuvo más bien la idea de un suprapartidismo transitorio que permita la renovación de los partidos y descartó la crea ción de una organización política independiente por considerarla imposible: "el país está atado a dos rencores". Pensar la nación de modo pluralista y democrático El comentario al general (r) Valencia Tovar estuvo a cargo del doctor Gonzalo Sánchez. Advirtiendo que no había tenido la oportunidad de conocer de antemano la ponencia, el profesor Sánchez se limitó a formular algunos interrogantes que se desprendían de las anteriores intervenciones. Se preguntó inicialmente por el sentido del nombre que se le dio al evento, como "diálogo entre militares y civiles—. Según el comentaris ta, las diferencias más significativas no surgen del carácter civil o militar de los participantes, pues hay diferencias y proximidades distintas en uno y otro campo. Por otra parte destacó la sensación de separación entre uno y otro estamento y se preguntó por su razón de ser. Subrayó, en segundo lugar, los elementos comunes del diagnó stico nacional planteado por los participantes: desgaste de los partidos tradicionales, incapacidad de responder a la crisis y necesidad de una profunda reforma política. Finalmente, señaló las ambigüedades en las alternativas esbozadas hasta el momento:

Qué es más fácil: militarizar…

La propuesta suprapartidista del general (r) Landazábal presume, por una parte, la capacidad de autotransformación de los partidos tradicionales cuya profunda crisis se ha destacado ya, y por otra, sienta como principio que el bipartidismo solo se puede superar desde dentro de sí mismo. En varias intervenciones se habla de la nación como un todo homogéneo y uniforme. El doctor Sánchez se pregunta si no debe pensarse la nación más bien como un conjunto pluralista y por ello mismo democrático. A propósito del horizonte hacia el futuro se pide una reforma de estructuras en términos abstractos, "mesiánicos", pero no se tienen en cuenta los esquemas de poder y dominación existentes. ¿De qué modo superarlos?, fue el interrogante formulado por el comentarista. Se insiste en la necesidad de "rescatar los va lores éticos". Sin embargo, en nombre de esos mismos valores se ejerce frecuentemente vio lencia. ¿Se trata, entonces, de rescatarlos o de transformarlos? El general (r) Valencia Tovar se inscribe, según el comentarista, en una corriente de pensamiento que reconoce las causas sociales de la violencia. Pero al mismo tiempo ve esa realidad con temor, solamente como "caldo de cultivo de la subversión". En breve intervención posterior el Profesor Sánchez se ñaló cómo, fuera del eventual enfrentamiento ciudadano Estado, hay otras muchas oposiciones que no desaparecen, incluso si el Estado adelanta las reformas necesarias para satisfacer las demandas ciudadanas. No desaparecen, por ejemplo, las diferencias religiosas, ideológicas o políticas. No se

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trata, por tanto, de construir una sociedad monolítica, sino de eliminar la forma violenta de la confrontación. En el mismo sentido el doctor Sánchez señala que fortalecer el Estado no equivale a militarizarlo, sino a desarrollar su capacidad para impulsar las reformas necesarias. Reconocer la existencia soldado - ciudadano

legal

del

La tarde se inició con la ponencia del doctor Francisco Leal Buitrago. El expositor puso en cuestión la conveniencia de mantener el carác ter no deliberante de las Fuerzas Armadas en relación a un punto: el derecho al voto. Según él, durante el Frente Nacional se generó una identificación entre bipartidismo y política. Ninguna alternativa diferente se admite desde entonces como política. Hoy existe la urgente necesidad contraria: que todas las expresiones políticas tengan amplia cabida en el país. Un aspecto de esta urgencia es la necesidad de garantizar el voto libre en una sociedad abierta. De estos planteamientos iniciales se deriva una propuesta concreta: es indispensable otorgar existencia legal al soldado- ciudadano y recono cerle el derecho al voto. Para ello se requiere clarificar previamente el concepto del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas. La prohibición de deliberar debe referirse a los asuntos relacionados con la disciplina militar, pero no a la política. Es necesario que los miembros de las Fuerzas Armadas participen en ciertas dimensiones de la vida política, desde luego claramente delimitadas, como lo hacen los integrantes de cualquiera otra institución. En particular, el voto es símbolo de ciudadanía y contribuye a la formación de una men-

talidad de ciudadano. Su ejercicio exige, desde luego, un proceso de educación de las Fuerzas Armadas para que el voto no sea "aconsejado". Por lo demás, la mayor parte de los votos en el país son "aconsejados". La disciplina militar tampoco se pondría en peligro, como lo sugirió en algún momento el general Valencia, ya que, según el expositor, en Colombia va sur giendo un pluralismo político que supera la antigua polarización entre los dos partidos tradicionales. El voto contribuiría a integrar a las Fuerzas Armadas en la sociedad colombiana y a romper el aislamiento que las conduce a comprenderse a sí mismas como "salvadoras" del país. No hay dos sociedades: una civil, encargada de la dirección política, y otra militar, destinada a la Seguridad, o mejor, a la Defensa Nacional. La Defensa de la Nación es tarea del Estado en su conjunto y no solo de las Fuerzas Militares, así como la política es derecho de todos los ciuda danos, y no solo de los civiles. Con base en las consideraciones anteriores, Leal Buitrago propuso presentar proyectos de ley al Congreso sobre las competencias propias de cada una de las institucio nes armadas y, en concreto, deslindar las funciones militares y de policía. Así mismo, reiteró que la definición acerca de la participación de los militares en la vida política nacional hace parte de la solución a la crisis que vive el país. El voto militar ha conducido a golpes de Estado El comentario a la ponencia de Francisco Leal estuvo a cargo del general (r) L. A. Andrade Anaya Para el general, el instrumento militar es una herramienta de tipo político. En consecuencia, es injusto que las Fuerzas Armadas no

Coyuntura puedan participar con su opinión en el debate sobre problemas concretos, como si se tratara de un instrumento no inteligente. La confrontación en la que se han visto envueltas las Fuerzas Armadas durante los últimos años no es solamente militar, sino también ideológica. Con todo, el comentarista considera inadecuado otorgar el derecho al voto a los militares, teniendo en cuenta el temperamento latino, sanguíneo y apasionado. En el pasado, la experiencia no ha sido positiva, dijo. En América Latina ha conducido a numerosos golpes de Estado. Introduciría la lucha de clases en la institución armada. En opinión del general, se trata de una propuesta de la Unión Patriótica. La introducción del voto para las Fuerzas Armadas debería ser la conclusión y no el comienzo de un proceso educativo. Para el general, es más acertado que los milita res participen en debates sobre problemas concretos. Sería muy conveniente que pudieran tomar parte en estudios específicos junto con la universidad. Recurrir al constituyente primario si el Congreso no aprueba las reformas este año La quinta ponencia estuvo a cargo del general (r) Matallana, quien inició su exposición manifestando su dificultad para presentar sus puntos de vista ante los integrantes de ACORE, debido a la radicalización paulatina de la Asociación y a la descalificación que ha sufrido por parte de sus antiguos compañeros. Según el general, la causa de las críticas ha sido su apoyo a la solución política de los conflictos que vive el país. Posteriormente anotó que ACORE está

Qué es más fácil: militarizar… muy politizada, más que los militares en servicio activo. La crisis y la inestabilidad nacional se pueden resumir en dos factores, según Matallana: la respuesta represiva a los problemas sociales, que incrementa la subversión, y el rechazo a las nuevas fuerzas políticas. Ante la crisis hay dos alternativas: o impulsar un cambio profundo con base en un consenso nacional generado a través del diálogo, o de lo contrario, si no hay reformas, es necesario esperar del pueblo la solución. El ponente enunció una amplia gama de síntomas críticos de la nación: el hecho de que el sistema político no quiere reformarse, la incapacidad de los partidos políticos para debatir ideológicamente con la Unión Patriótica y el Partido Comunista, el afán de lucro a costa de la moral, la desinformación deliberada, la impreparación de las Fuerzas Armadas para la paz, la contaminación de las instituciones por el narcotráfico, etc. Ante la pregunta de si la narcoguerrilla recibe apoyo de al Unión Patrió tica, el general señaló que ese término tiene una fuerte connotación política y que fue lanzado por quien después utilizó el tráfico de drogas para financiar a los "contras". Por otra parte, tanto las guerrillas como las autoridades han tenido vínculos con el narcotráfico, añadió. El general (r) Matallana propuso luego algunas fórmulas para evitar la guerra civil. En el corto plazo, presionar el afianzamiento de la paz y buscar una solución política, despolitizar a las Fuerzas Armadas despojándolas de su antico munismo, mejorar los acuerdos del 3 de marzo de 1986, brindar condiciones de seguridad a los alzados en armas que se acojan a los pactos y precisar las áreas en las que pueden permanecer las

Coyuntura guerrillas mientras dura el desarme, abr ir fuentes de trabajo en zonas de violencia, establecer una comisión de verificación autorizada y dinámica, llevar a cabo una campaña de motivación en pro de la paz, suspender la venta de armas a civiles, aprovechar la solidaridad nacional para un Frente de Salvación Nacional que comprometa a los dirigentes a iniciar el camino de las reformas necesarias. Más adelante, el general insistió en que lo más impor tante es el desarme de los espíritus, y afirmó que "se ha magnificado el tema de las armas". En el mediano plazo, si el Congreso se muestra incapaz este año de aprobar las reformas es necesario recurrir a la soberanía del constituyente primario, el pueblo, y promover una reforma constitucional que restrinja el recurso al estado de sitio y dote al Estado de instrumentos para el cambio. El ejército es la columna vertebral de la paz Por ausencia del doctor Juan Diego Jaramillo, hizo de comentador el doctor Álvaro Ortiz Lo zano. Es necesario no engañarnos sobre los objetivos de la subversión, dijo el orador: no está interesada solamente en obtener cambios económicos y sociales por medios pacíficos. El Plan Nacional de Rehabilitación no le interesa. Le interesa la conquista del poder. La subversión pretende imponer una ideología forastera. Y “ es preferible el peor de los sistemas demo cráticos al mejor de los totalitarismos”. Por estas razones no estoy de acuerdo con el general (r) Matallana aunque reconozco su naciona lismo "sin grietas", inspirado en un profundo patriotismo. La tregua es una victoria de la guerrilla. No es aceptable una nueva comisión de verificación como las de Belisario Betancur, "supremo comisionado de la guerra y de la

Qué es más fácil: militarizar… guerrilla". Es ingenuo pedir que no se vendan más armas a los civiles y a los militares retira dos porque es necesario hacer frente a una "guerra hipócrita" que cuenta con muchos instrumentos. El ejército es la "columna vertebral de la paz". Implantar el esquema demócratassubversión Hacia media tarde intervino el doctor Marino Jaramillo. Al inicio expuso su experiencia personal con la violencia política en Colombia. Luego reiteró la pregunta del diálogo: ¿Qué hacer por la paz? En el país "nadie puede tirar la primera piedra". La violencia se ejerció en 1932, en tiempo de Olaya Herrera, y en 1936, con López Pumarejo. El MRL, de López Michelsen, tuvo su brazo armado. "La lucha de hoy es ideológica" y arraiga en la injusticia existente. El expositor hizo, entonces, varias sugerencias: en primer lugar, sustituir el actual esque ma de gobierno- oposición para establecer uno nuevo, en el que el gobierno esté conformado por los demócratas de todos los paridos y la oposición por la subversión. Asimismo, se deben delimitar los pactos y ponerle términos fijos a la tregua: fijar el desarme para este año, y en todo caso antes de la elección popular de alcaldes, que se debe suspender donde esté perturbado el orden. Se requiere una nueva Constitución que separe los temas políticos de los administrativos y que establezca una duración de ocho años para la Presidencia de la República. En la Constitución se debe aclarar lo referente al estado de sitio. Quitarle al comunismo sus banderas El comentario correspondió al mayor (r) doctor Alirio Caycedo. En su opinió n, la

Coyuntura propuesta de revivir el Frente Nacional es contraproducente, puesto que el carácter excluyente de ese pacto fue causa de la subversión, y debilitó a los partidos y al Estado porque, al no existir una real oposición, permitió su corrupción. Las elecciones de ese período fueron una "farsa". Al general Rojas Pinilla le robaron las elecciones. Los militares han sido utilizados por liberales y conservadores para reprimir el descontento popular. No es oportuno el esquema de democraciasubversión. Se requiere de la dialéctica gobierno-oposición. Es necesario más bien fortalecer los derechos de la oposición y "quitarle al comunismo sus banderas", esas banderas que provienen del cristianismo y que han sido abandonadas exclusivamente en manos del comunismo. Es necesario abrirse al multipartidismo. Preguntas e intervenciones finales Finalmente se llevó a cabo una ronda de preguntas a todos los expositores y de breves intervenciones de los presentes. Las apreciacio nes adicionales más significativas emitidas por los ponentes, fueron ya recogidas en el anterior relato. Varias de las intervenciones finales adquirieron un tono oratorio y emotivo. Referimos algunas especialmente significativas, aplaudidas por un amplio sector de la asistencia. La paz no debe ser perdón y olvido Uno de los asistentes relató cómo él mismo le había recomendado a una familia, víctima de ataques por parte de la guerrilla: "Defiéndanse: imiten a Puerto Boyacá...". Añadió luego: "Yo soy amigo de la fuerza, aunque no como único remedio". La paz no debe ser "perdón y

Qué es más fácil: militarizar… olvido". Los violentos deben ir a las cárceles. Pero los jueces no los condenan porque están manejados por una "camarilla comunista". Hay que establecer la paz sobre la base de la seguridad y el orden. Debe establecerse un gobierno fuerte, aunque mediante el mecanis mo electoral. Necesitamos la paz de la victoria El general (r) Zuluaga exclamó que Colombia está en crisis total, que la dicotomía entre civiles y militares es auspiciada por la subversión y que la doctrina de la Seguridad Nacional ha sido un invento de ésta para ahondar la división. Hizo una ferviente convocatoria a la unidad para la "toma del Estado", con el fin de organizar el país y darle solución a sus proble mas. Según el general, tanto Mendoza Morales como Armando Borrero habían hecho uso del economicismo propio del materialismo dialéctico, aunque con buena fe. "Estamos ante la inminencia de la insurrección general", afirmó. Necesitamos la" paz de la victoria". La paloma de la paz se convirtió en gallinazo A continuación intervino el general (r) y expresidente Ordóñez. A propósito de la injerencia norteamericana en Colombia dijo que, puesto que Europa camina hacia la Unión Soviética, nosotros requerimos de la ayuda de Estados Unidos porque Nicaragua tiene un gobierno "totalmente comunista" que le hace el juego a la Unión Soviética. En relación al proceso de paz, el general afirmó que se lo había adelantado con buena voluntad, pero "la paloma se ha convertido en gallinazo". No se puede continuar. E s necesario hacer algo "¡pero ¡pero ya!", concluyó.

Coyuntura La doctrina de la Seguridad Nacional divide el mundo en buenos y malos El mayor (r) Gonzalo Bermúdez hizo una breve recapitulación histórica del surgimiento de la doctrina de la Seguridad Nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece el sistema interamericano de defensa, se inician las operaciones "Unitas" y "Halcón", y se establece la Escuela de las Américas para la formación de la oficialidad latinoamericana. Couto da Silva, en Brasil, traduce las experiencias de las guerras de Argelia e Indochina a las condicio nes de América Latina y se transmiten a través de la Escuela Superior de Guerra. El mundo queda dividido en buenos y malos. La paz, resultado de la justicia y la moralidad El intenso día de diálogo concluyó con una in tervención final del general (r) Puyana, organizador del evento. Recomendó la convergencia nacional. Afirmó que es necesario restablecer el orden "por los medios que sean necesarios" porque los cambios no se pueden realizar por medio de la violencia. Se declaró partidario de la continuación de las negociaciones de paz con quienes quieran acogerse a ella realmente. Dio su respaldo al mantenimiento de la apertura democrática pero expresó su rechazo a la existencia de partidos con brazo armado. Afirmó que la paz debe ser resultado de la justicia so cial y de la moralidad de los funcionarios públicos, y sostuvo que el mayor enemigo del país es el subdesarrollo. A modo de balance Todos los participantes estuvieron de acuerdo en el reconocimiento de la

Qué es más fácil: militarizar… existencia de una profunda crisis nacional. Desbarajuste a la vez social, político y moral que se traduce en vio lencias de diverso tipo. Las divergencias surgen en torno a la manera de comprender la crisis y, en consecuencia, acerca de los caminos de solución. Los diagnósticos sobre la situación nacional se inscriben en un amplio espectro de matices situados entre dos extremos: uno simplificador, inclinado a encuadrar la realidad mediante dualismos; otro más complejo y pluralista. Para el primer tipo de comprensión, los colombianos se dividen en demócratas y comunistas, defensores de las instituciones y subversivos, buenos y malos. No es claro, sin embargo, quién pertenece a cada uno de los dos campos, cuáles son los criterios para determinarlo, ni quién puede adelantar esta labor discriminatoria. Los que adoptan este tipo de análisis pare cen más prontos al uso de la fuerza como medio de solución de los conflictos. En cambio, quienes se aproximan a la realidad nacional con un análisis más diferenciado y complejo, donde las oposiciones no se comprenden necesariamente como contradicciones antagónicas sino como tensiones inherentes al pluralismo democrático, enfatizan más la necesidad del diálogo, la negociación y el compromiso. Para los primeros, la democracia y la paz parecerían consistir en la aniquilación política y militar del enemigo; para los segundos, implican la coexistencia de adversarios y la solución civiliza da de conflictos. Seria interesante comparar el primer tipo de análisis y los enfoques de ciertos sectores de extrema izquierda: cambian quizás de sujeto las etiquetas de bueno y malo, amigo y enemigo, pero el esquema de comprensión es idéntico.

Coyuntura El encuentro puso una vez más de manifiesto que entre civiles y militares hay, desde luego, una diferencia de estilo. Empero, como lo demuestra el simple relato del encuentro, las tensiones más significativas no estuvieron de terminadas por la simple pertenencia estamentaria, sino más bien por las diversas formas de comprensión de la crisis nacional, así como por las soluciones sugeridas. Es posible que, como lo señaló el doctor Francisco Leal, "algunos civiles militarizados sean hoy más radicales en su militarismo" que muchos militares.

Qué es más fácil: militarizar…

Debate GUERRA SUCIA, AUTODEFENSA, GUERRILLAS Y FUERZAS ARMADAS Horacio Serpa Uribe Iván Marulanda Gómez Los temas de la guerra sucia y la autodefensa en la vida nacional ocupan y preocupan al país en los últimos meses. La violencia guerrillera desafía las reglas del juego político civilizado y contribuye a provocar respuestas de fuerza. Pero la "guerra sucia" contra dirigentes de oposición, democráticos o simplemente independientes, embarca a Colombia en el camino irreversible de una violencia sin término. Porque, al no tener autor que dé la cara por sus actos, la guerra sucia no es negociable. Llena, además, de razones a la misma guerrilla. En este contexto es más crucial aún la función que desempeñen las Fuerzas Armadas, ya por sí delicada en la vida de toda nación. Mucho más si miembros suyos se vieran implicados en estas acciones gravemente delictivas. Sobre estos temas de trágica actualidad, Análisis Político ha entrevistado a dos senadores conocidos por su valiente defensa de valores democráticos: Horacio Serpa Uribe, perteneciente al liberalismo, e Iván Marulanda Gómez, miembro del Nuevo Liberalismo. La Revista es ajena al afán de sensacionalismo. Agradecemos a los senadores sus declaraciones y las ofrecemos a los lectores, no como una primi cia, sino como un grave tema de meditación nacional. Entrevista al senador Horacio Serpa Uribe 1.Análisis Político: Es un hecho que en el país se ha desatado ya una "guerra sucia" que afecta no solamente a reales o supuestos sub versivos, a gentes de

Guerra sucia, autodefensa... izquierda, sino también a demócratas de los partidos tradicionales como el doctor Héctor Abad Gómez. ¿Qué piensa usted de este fenómeno y de las medidas que se deberían tomar para resolverlo? Horacio Serpa Es evidente que hay una guerra sucia en la que están interviniendo de manera intemperante algunos sectores extremistas, afectando la vida nacional y por supuesto, le sionando en materia grave a diferentes expresiones políticas. Ciertamente es evidente el propósito de acallar por medio de los disparos a toda persona que dé señal de inconformismo, o que pida claridad en relación con tal o cual asunto, o que pretenda con su intervención ordenar cualquier situación anómala. En Colombia realmente se ha instituido, por la vía de los hechos, el delito de opinión, y se lo ha venido sancionando drásticamente, nada menos que con la pena de muerte. Esto es de una extraordinaria gravedad. Creo que es algo inaudito, consecuencia del radicalismo y de la forma extrema como se han llegado a tratar las confrontaciones políticas en Colombia. Solamente hay, a mi juicio, unas formas de atemperar esta situació n. En primer término, hacer notar a todos los comprometidos en esta guerra sucia, que la comunidad en general la rechaza. Una posición altiva, decidida, firme, valiente, de la opinión nacional, de los sectores democráticos, en el rechazo de esta conducta y de este comportamiento, que sea capaz de ha cer entender a quienes en ello se hallan comprometidos, que están perdiendo espacio y que de nada les servirá utilizar el poder de las armas para tratar de enterrar las ideas de los demócratas o la capacidad de reclamación del pueblo. Además, se hace preciso conseguir una humanización de esta situación incontrola da de enfrentamiento

Debate armado, y no hay para este cometido procedimiento diferente al de buscar el diálogo, al de atemperar, a través de la persuasión, los ánimos tan enconados que actualmente se advierten en Colombia. Yo pienso, entonces, que hay que darle a esto una solución política, porque las actuaciones de fuerza y la violencia generalizada que se está presentando solamente sirven para crear la anarquía, el recelo, para hacer más evidente el inconformismo y para radicalizar cada día más las posiciones. Es lo que pienso al respecto. 2. AP: La existencia de los grupos de autodefensa fue comprobada ante el país y aceptada por el mismo gobierno, a pesar de algunas diferencias "semánticas". Ahora bien, lo más grave es que tales formas armadas tienden a rebasar el concepto puramente autodefensivo y a crear, no solo un espíritu, sino todo un apara to de militarización de la sociedad civil. ¿Qué opina usted al respecto? HS: Un gran propósito nacional sería el de ha cer efectivo un procedimiento que tienda a la desmovilización de los frentes armados, a lograr la vinculación de las expresiones políticas armadas a un proceso político democrático. Por ese motivo cualquier procedimiento que tienda a formar grupos armados, va en contravía de lo que reclama el país. Además, es un hecho evidente que lo que podría interpretarse como una manera de asumir actitudes de defensa termi nan en la ofensiva: en las expediciones punitivas y en un incremento de la violencia que actualmente estamos viviendo. Por eso, los grupos de autodefensa son inconvenientes y rechazables, y de ninguna manera pueden tener un respaldo institucional, ni tampoco en la ley. Precisamente por eso -y siguiendo los lineamientos que se trazaron en un

Guerra sucia, autodefensa... estudio sobre aspectos de la violencia realizado por un grupo de intelectualessolicité del Congreso Nacio nal la derogatoria de unas normas en relación con las cuales se afirma que le dan respaldo institucional a la autodefensa. Yo pienso que las armas solamente deben estar en manos de la autoridad, pero de una autoridad con una muy clara independencia en materia de controversia política, sujeta a los ordenamientos de la ley, instituida para defend er nuestra soberanía y para garantizar el funcionamiento de unas instituciones republicanas. Cualquier procedimiento o actitud que tienda a fomentar el estado de violencia que vive Colombia es absolutamente inconveniente. Yo he venido celebrando la forma como Colombia entera, como el pueblo mismo, sus sectores intelectuales, sus expresiones políticas en ge neral han rechazado este propósito de fomentar la organización de grupos armados con el pretendido y por supuesto soslayado propósito de defender la vida, honra y bienes de los colombianos, cuando realmente a lo que se daría lugar sería a atentar contra la vida y contra los derechos del hombre de Colombia. 3. AP: En relación con el proceso de militarización de la sociedad civil preocupa un hecho que ya se ha institucionalizado en el país: el de la formación de los dirigentes civilesempresarios, políticos, dirigentes cívicoscomo oficiales de las Fuerzas Armadas, en cursos de fines de semana. Este procedimiento ¿qué legitimidad tiene? ¿No conduce, en definitiva, a la formación de los oficiales de la autodefensa? HS: No he podido comprender nunca el verdadero sentido de esta modalidad que resulta ciertamente extraña a nuestro ordenamiento jurídico.

Debate A mí me parece que es deber del Estado el propiciar, en defensa del mismo Estado y de las instituciones, que haya una fuerza militar muy consciente, muy responsable, muy advertida de sus responsabilidades para con la patria, muy profesionales en el cumplimiento de las normas legales. Pero no ir más allá, que es lo extraño en esta modalidad por la que usted pregunta. Eso no corresponde verdaderamente al sentido de una organización armada que a título de autoridad tiene unas muy claras funciones señaladas en la Carta Constitucional. 4. AP: Se ha discutido sobre la conveniencia de emprender nuevas negociaciones con las guerrillas. ¿Cree usted que sean necesarias y posibles? ¿Deben ser negociaciones únicas (es decir, con el conjunto de las guerrillas) o diferenciadas según las distintas organizaciones guerrilleras? HS: Yo, que intervine bastante directamente en el proceso de paz, soy consciente de que no produjo todos los efectos buenos que se deseaban. Afirmo también que fue un esfuerzo notable y ponderado que hay que abonarle al anterior gobierno en su afán de lograr la conciliación de los colombianos, a pesar de que se han cometido actos que riñen con el contenido de los acuerdos, de un lado y de otro. Yo soy -en lo que se refiere a los acuerdos con las FARC partidario de que se los oxigene, de que se les brinde a estos acuerdos una nueva oportunidad, de que se aclaren y concreten, de que alrededor de ellos, se realice un nuevo esfuerzo por conseguir que no se destruyan definitivamente. Considero razonable la afirmación del gobierno de que un acuerdo de esta naturaleza debe aspirar a lograr la desmovilización de las guerrillas. Me

Guerra sucia, autodefensa... parece que tiene sentido lo relativo a que la tregua tenga un término. Pero a mí me parece también razonable el argumento de que no se puede salir de la insurgencia a hacer política democrática si no hay las garantías necesarias para poder buscar el poder a través de la vía institucional. La política es la forma de llegar al poder, y solamente en el momento en que todas las expresiones políticas, con plenas garantías, puedan buscar el poder por los medios democráticos, se puede decir que no hay razón en quienes argumentan que les es absolutamente inconveniente, con riesgos inmensos de perder la vida, participar en esta clase de procedimientos electorales. Por una parte, yo creo que hay que hacer un análisis muy serio de la situación, en el que tanto las FARC como el gobierno acepten los aspectos que sean razonables y todos los colombianos nos dediquemos a respaldar unos acuerdos ya corregidos que permitan lograr un entendimiento claro y sincero con esta expresión revolucionaria. Por otra parte, creo que si hubiere lugar a ello, los acuerdos podrían y deberían ampliarse. Nunca, ningún Estado, ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia, puede cancelar la etapa de búsqueda de la paz por medios políticos, por medio del entendimiento, del diálogo y de la conciliación. De manera, pues, que si hubiere lugar a explorar otros acuerdos, debería marcharse por ese camino, conjunta o independientemente según las características de las diferentes expresio nes revolucionarias armadas, de acuerdo con el momento político que se viva. Pero yo sí soy un convencido de que a pesar de lo que' está pa sando y a pesar de que los resultados no hayan sido absolutamente favorables, siempre es bueno tratar de que las diferencias políticas no se diluciden a través de la guerra, a través de la violencia, sino por

Debate vía de la política. La guerra es lo peor que le puede suceder a un pue blo, a un país. Lo estamos viendo. De manera, pues, que soy partidario de que haya acuerdo político. 5.AP: Desde los inicios del Frente Nacional viene creciendo la autonomía de las Fuerzas Armadas frente al poder civil y a los partidos políticos, lo que se manifiesta, por ejemplo, en el desconocimiento del gobierno y de los partidos acerca de la orientación que se imparte en la Escuela Superior de Guerra, en la existencia de una franja secreta del presupuesto militar que hizo posible el robo de los 13.5 millones de dólares, en el manejo del orden público por cuenta y riesgo de los militares, al menos en las regiones más apartadas. ¿Qué piensa usted de ese proceso y qué medidas deberían adoptarse para corregirlo? HS: Soy eminentemente civilista y pienso que en una auténtica democracia en la que el pue blo tenga la oportunidad de escoger directamente a sus gobernantes y a sus voceros tanto en la rama legislativa como en las diferentes expresiones de control y de fiscalización, las fuerzas militares deben estar sometidas al orden civil. Las fuerzas militares deben tener, además, unas funciones claramente establecidas en la respectiva legislación. Y las fuerzas militares, con un criterio patriótico y sin compromiso político diferente al de lograr el respeto a la ley, deben asumir una actitud de acatamiento a la vo luntad del pueblo y dedicarse a defender la soberanía y las disposiciones que correspondan a la legislación vigente. Por ese motivo soy partidario de que las fuerzas militares en Colombia estén sometidas a los ordenamientos del gobierno civil. Me parece que está bien que el presidente de la República sea el

Guerra sucia, autodefensa... Comandante Supremo de las Fuerzas Militares. Me parece que las Fuerzas Militares deben estar inspiradas en un concepto democrático de su participación en el desarrollo de los asuntos del Estado, en un criterio pluralista de respeto a todas las expresiones políticas y de un celo cabalísimo al cumplimiento de la ley. En concreto, pienso que en un sistema democrático -y aspiramos a vivir en un sistema democrático auténtico- las Fuerzas Armadas deben estar supeditadas al ordenamiento y al criterio del poder civil nacido de una expresión popular. Me parece que, cuando quiera que ello no esté ocurriendo, corresponde al poder civil desarrollar actividades muy serias dirigidas a lograr que esta situación se cumpla. 6. AP: La argumentación explícita que defiende el impuesto de seguridad se refiere a la necesidad de reforzar la capacidad de defensa de las fronteras ante situaciones de emergencia como la provocada por la anterior crisis con Venezuela. Sin embargo, existe el temor de que la mayor capacidad bélica de las Fuerzas Armadas se dirija a acrecentar la autonomía de la que hablábamos antes y a intimidar el establecimiento de una apertura democrática en el país. ¿Qué cree usted sobre esto? HS: Todo el mundo es partidario de que la Fuerza Armada, que tiene el cometido constitucional de defender la soberanía nacional y de velar por el cumplimiento de la ley, tenga a su disposición los recursos necesarios para poder cumplir con este cometido tan importante, tan esencial. Pero, por supuesto, ello de ninguna manera podría dar pábulo a que un país pobre como el nuestro, a que un país cuyos recursos no son suficientes para atender las reclamaciones sociales justificadísimas que se hacen desde todas partes, se adentrara en una carrera armamentista y se comprometiera con un

Debate proceso de preparación de tipo bélico que desbordara la necesidad de cumplir los cometidos constitucionales a los que hago referencia. Por ese motivo he mirado con preocupación las propuestas que han surgido últimamente en el Congreso de la República, en el sentido de disponer de un altísimo porcentaje del presupues to nacional para hacer un equipamiento, si se quiere exagerado, de pronto innecesario, de las Fuerzas Militares del país. Repito: no me opongo, no me opondré a que las Fuerzas Militares puedan disponer de los recursos, de los medios y de los instrumentos necesarios para que defiendan nuestro territorio y para que aseguren el cumplimiento de la ley. Pero sería muy grave que esta circunstancia, que está siendo analizada actualmente en el Congreso de la República, pueda dar lugar a que los recursos que finalmente se aprueben, sean utilizados con fines diferentes a los consagrados en nuestro ordenamiento legal. Ahora, si se trata de lograr recursos con nuevos impuestos, sería inconveniente y antipopular. Pienso que las Fuerzas Militares de Colombia, si son como el pueblo quiere que efectivamente sean: profesionales, conscientes de los deberes que tienen que cumplir, serenas en su ejecución, advertidas de que para poder buscar que los demás cumplan la ley, deben ellas dar ejemplo cabal en el respeto de la misma, deben ser las más interesadas en que en Colombia haya finalmente una muy cabal y eficaz apertura democrática. Está suficientemente establecido que una de las razones de esta crisis de violencia que estamos viviendo en Colombia, es la falta de democracia. Porque vivimos una democracia formal, una democracia de palabra, una democracia en la que los colombianos no tienen la posibilidad de

Guerra sucia, autodefensa... un ejercicio cabal y completo de sus derechos políticos. El convenio liberal-conservador, prolongadísimo y exclusivista, ha sido factor de la aguda controversia política que vive nuestra República. Yo decía antes que el ejercicio de la política es la forma de llegar al poder. Y quien persiste en la actitud política de buscar el poder y no tiene medios democráticos para lograrlo busca otros procedimientos, busca otras actitudes, busca estar contra la ley, cuando quiera que la ley o la autoridad no le facilitan ejercer el derecho democrático y natural de participar en las actividades que permitan la conducción de los pueblos. Por este motivo pienso que unas fuerzas milita res que capten el sentido de la democracia, le brindan un gran servicio a cualquier país. Y la aspiración de todos los colombianos es la de que nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Militares estén en el propósito de concebir como de una gran importancia para nuestra patria el que Colombia sea realmente un país evidentemente democrático. Entrevista al senador Iván Marulanda Gómez 1. Análisis Político: Es un hecho que en el país se ha desatado ya una guerra sucia que afecta no solamente a reales o supuestos sub versivos, a gentes de izquierda, sino también a demócratas de los partidos tradicionales como el doctor Héctor Abad Gómez. ¿Qué piensa usted de este fenómeno y de las medidas que se deberían tomar para resolverlo? Iván Marulanda: Yo creo que los sectores de la derecha han venido fanatizándose: han entrado en una especie de histeria que los ha llevado a ese extremo calamitoso de la confrontación

Debate vio lenta con el apoyo de personas instaladas dentro de las fuerzas institucionales, que consideran, dentro de ese mismo ambiente, que el país está al borde de una revolución armada y ad portas de un régimen comunista, que hay que detener esa eventualidad, y que es algo prioritario, para lo cual es legítimo cualquier clase de movimiento y cualquier clase de acción. Yo creo que el país se fanatizó, se ha polarizado en dos extremos, igualmente irreflexivos. Porque considero que la extrema izquierda, que viene desde hace tiempo en la subversión armada, también es víctima del fanatismo y de la irreflexión en sus procedimientos. Y ambas fuerzas quieren convertir a la nación en el esce nario de su confrontación directa, brutal, al margen de cualquier procedimiento civilizado, para definir las grandes contradicciones que existen entre los polos. La democracia colombiana no se desarrolló a tal punto que pudiese apaciguar toda esa euforia violenta de la derecha y de la izquierda, y es impotente en este momento para detener el proceso de ataque y contraataque, el proceso de venganzas y desangre que estamos viviendo en el país. Dentro de ese fanatismo, naturalmente, ocurren para los demócratas varias clases de co sas, como por ejemplo: a unos por su defensa de las libertades, por su defensa del estado de derecho, de los derechos humanos, del respeto a la vida, por su defensa de los procedimientos del diálogo para dirimir los conflictos entre los sectores enfrentados, por esa clase de actitudes se les clasifica inmediatamente como una de las partes: como activos y beligerantes en la batalla. Y, por tanto, son objeto de la carrera de exterminio.

Guerra sucia, autodefensa... También les ocurre a los demó cratas que simplemente son absolutamente estériles, absolutamente risibles, digámoslo así, en medio de la euforia de la conflagración. Y no encuentran una manera eficaz de construir mediante su mentalidad un cambio en lo que está aconteciendo. Ocurre hoy, además, en Colombia algo verdaderamente brutal y monstruoso: empiezan a cerrarse los caminos para la inteligencia, para la investigación, para el estudio, para la discusión, para la exploración del conocimiento. Eso que ha ocurrido en la historia de la humanidad cada que se sectarizan los procesos políticos, está ocurriendo en Colombia. Y tenemos que detenerlo cuanto antes. Nuestros mejores hombres, los que dan pie a lo que tenemos de civilización, con el esfuerzo que han hecho mediante su inteligencia, en la investigación, en el conocimiento, en la aplicación de la ciencia y de la tecnología, en las universidades, en los hospitales, en los centros de investigación, se nos están yendo del país porque no encuentran el escenario indispensable para llevar a cabo su trabajo. Lo que es peor, algunos de ellos han sido aniquilados. Ambas cosas son igualmente reprobables y son consecuencia de este estado de polarización en que está el país, y que tiene su expresión definitiva en el expediente de la violencia como instrumento para decidir los conflictos de la nación. Yo creo que la solución de este problema tan grave, que a mi juicio está ya a punto de crear un rompimiento drástico en nuestras institucio nes y en nuestro orden político, está en los siguientes puntos fundamentales: el primero, que en el país se recupere la autoridad, que implica naturalmente una condición de liderazgo, una capacidad de convencer y comprome -

Debate ter conductas de los ciudadanos en la defensa de un orden institucional civilizado. Una auto ridad que sea capaz de controlar y de castigar los excesos. Una autoridad que sea capaz de volver letra viva lo que hoy es letra muerta en las leyes y en las normas; que sea capaz de imponer un orden conforme a los patrones éticos de la sociedad y a los patrones de la ley sus tantiva. Una autoridad que tenga credibilidad, por un lado, y que tenga una gran decisión y claridad y que, naturalmente, esté arraigada en el sentimiento de simpatía popular hacia quien encarna esa autoridad. Ese punto me parece crucial. El otro punto es el de buscar -a una velocidad que parecería casi imposible en las condiciones en que estamos, pero que hay que intentar lo que las fórmulas que representan los distintos partidos democráticos: el Partido Conservador, el Partido Liberal en sus diferentes vertientes, la Unión Patriótica, sean capaces de demostrar la eficacia de lo que ellos entienden como me canismos idóneos para organizar una sociedad progresista en la que haya condiciones de bienestar para la población.. Es decir, que seamos capaces de materializar en hechos de justicia, de bienestar y desarrollo económico y social el pensamiento democrático de esos partidos y demostrar así que la democracia hace posible el desarrollo y la solución de los problemas del país. Para eso hay que hacer un esfuerzo espectacular. La verdad es que están muy borradas las convicciones políticas de los partidos tradicionales. Desde el punto de vista intelectual no están elaboradas conforme a la doctrina de cada uno de los sectores políticos. Además, el cono cimiento que esos partidos tienen sobre el país es muy desordenado. Por supuesto, hay gente en

Guerra sucia, autodefensa... esos partidos que conoce muchos aspectos de la vida nacional, pero el conocimiento de la realidad colombiana dentro de esos partidos está muy disperso. Hay que aglutinar ese cono cimiento, para jerarquizarlo y poder producir las fórmulas de solución a los problemas. Eso creo yo que es lo más importante en este mo mento. Naturalmente que se necesita, además, una gran terapia nacional para el perdón. No podemos pensar que sobre el sentimiento de la vindicta, de la venganza, del desquite, seamos capaces de construir una civilización. De alguna manera tenemos que apaciguar esa pasión y ubicarnos en un terreno constructivo. 2. AP: La existencia de los grupos de autodefensa fue comprobada ante el país y fue aceptada por el mismo gobierno, pese a una que otra diferencia "semántica". Ahora bien, tales formas armadas tienden a rebasar el concepto puramente autodefensivo y a crear, no solo un espíritu, sino todo un aparato de militarización de la sociedad civil. ¿Qué opina usted al respecto? IM: Yo estoy de acuerdo con la afirmación que está implícita en la pregunta. Me parece que el concepto de autodefensa es equivalente al concepto de violencia. Autodefensa es violencia, autodefensa es la ley del más fuerte, es la ley de la selva, es la decisión unilateral de aplicar la fuerza de acuerdo con la concepción subjetiva de un problema con la intención de resolverlo. Yo no creo que el concepto de autodefensa quepa, tal como se está entendiendo en Colombia en este mome nto, dentro del concepto de la civilización y de la democracia, que parte de aceptar el derecho como la fórmula ordenadora de las energías sociales.

Debate Pero yo quisiera aportar un elemento sobre este tema, y es el siguiente: ¿Quiénes son los que se organizan en Colombia, de acuerdo con algunos criterios oficiales de la interpretación de la ley y de los decretos en esta materia de la autodefensa? Los propietarios. Ese concepto parece restringido, y limitado a los propietarios. Yo me pregunto: si se organiza una manifestación en muchas ciudades del país por la defensa del derecho a la vida, y un orador resuelve, delante de 10.000, de 20.000, de 50.000 perso nas, ante hechos de agresión flagrantes como los que está viviendo el país, llamar a todo ese conglomerado a que se organice ahí, en ese sitio, como un grupo de autodefensa, ¿qué puede acontecer?... Se desencadena una revolución en Colombia. Pero pregunto: legítimamente, dentro de los conceptos que se están manejando en algunos círculos, ¿cómo podría usted impedirles que reclamasen ese derecho? Sin embargo, estoy seguro que el gobierno no se lo reconocería ni les entregaría armas de dotación oficial. Los propietarios son, entonces, los que tienen el privilegio de organizarse como grupos de autodefensa para defender una propiedad básicamente rural. Este propósito, que me parece por lo menos ingenuo, yo diría que es, en algunos casos, inmoral. El capitalismo en Colombia no se puede defender con la fuerza. Quieren defender la propiedad por la fuerza, del peligro de perderla por la fuerza, como lo dije en la primera respuesta. Yo entiendo el capitalismo, con su dimensión de libertades y de propiedad privada, como una fórmula para desarrollar los bienes de una nación en forma eficiente con el fin de lograr el bienestar del todo social. Pero

Guerra sucia, autodefensa... entendiendo, por tanto, que esa propiedad conlleva una función social, tal como está concebida en la Cons titución. Ese esquema solamente se puede salvar si demuestra mediante sus propios procedimientos afirmativos que es eficiente, que resuelve problemas al individuo y a la sociedad. Pero no se defiende atajando la insatisfacción de los demás por la fuerza. En la medida en que seamos capaces de producir bienestar en este país mediante la democracia, se va a salvar la democracia. Pero si vamos a pretender salvar esa democracia por las malas, nos vamos a hundir en una guerra y el país va a terminar en una suerte no controlada por ninguna inteligencia, sino por la fuerza de las armas. Y después no pueden venir sino tragedias. Además, ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia? La estructura capitalista del país se está modificando sustancialmente. Muchas personas no lo entienden así porque no han visto el proceso real, aunque no en todos los casos ocurra lo mismo. Esa estructura capitalista se está perdiendo por el avance del imperio del narcotráfico en Colombia. Las propiedades rurales hoy en día en Colombia están siendo absorbidas, en forma espectacular, por las grandes cabezas del narcotráfico. En el norte del Valle del Cauca hay, hoy por hoy, haciendas de más de 5.000 cuadras de tierra, cosa que no ocurría desde hace muchísimas décadas. En el Magdalena Medio, la Costa, en los Llanos, en fin, en todos los territorios del país, al capitalismo colombiano se lo está comiendo y tragando ese supercapitalismo. Y hoy se están organizando en grupos de autodefensa esos nuevos capitalistas con toda la capacidad criminal y sanguinaria que tienen. Y se están armando. Están armados hace mucho tiempo y están

Debate defendiendo sus propiedades dentro de este concepto de autodefensa. No solamente las están defendiendo, sino que están creando el clima propicio para ensanchar esa propiedad a unos costos muy bajos, porque el terror que están sembrando en vastos territorios, en los cuales ya tienen una influencia muy grande, les está permitiendo absorber la propiedad a precios ridículos. Es risible, entonces, que los propietarios del país que en muchos de los casos hicieron sus ahorros a lo largo de muchos años, estén cayendo en la trampa que se está tendiendo sobre esa estructura capitalista: los tienen despistados apoyando, o al menos consintiendo el arrasamiento de comunistas reales o imaginarios. Yo les quiero contar lo siguiente: en una reunión en Medellín, hace un año, un alto jerarca de la Iglesia antioqueña nos decía a un grupo de ciudadanos, entre ellos la mayoría empresarios, que había ya un municipio de Antioquia donde más del 80% de los predios catastrales pertenecían a una persona. Esto lo cuento para que sepamos cuál es la magnitud del problema. Por supuesto, esos dineros gigantescos, monstruosos, que se hicieron al margen de la ley y de cualquier consideración humana, esos dineros están comprando también conciencias, están comprando instituciones y están comprando el brazo armado de las instituciones en buena parte. Hay miles de personas retiradas por corrupción del servicio activo en los distintos ramos de las Fuerzas Militares, corrupción proveniente de esas fuerzas de poder. Creo que hay que parar ese proceso de la autodefensa. El gobierno tiene que volver al mandato constitucional de que es él el responsable del orden público. No el MAS, ni los ciudadanos que se quieran organizar en grupos de autodefensa

Guerra sucia, autodefensa... haciendo uso de elementos privativos de las Fuerzas Armadas. ¡No, eso no es lo que dice la Constitución! Lo que dice la Constitución es que el orden público pertenece a la responsabilidad del gobierno, y no, del gobierno más los grupos civiles de autodefensa. 3. AP: Se ha discutido sobre la conveniencia de emprender nuevas negociaciones con las guerrillas. ¿Cree usted que sean necesarias y posibles? ¿Deben ser negociaciones únicas, es decir, con el conjunto de las guerrillas, o diferenciadas según las distintas organizaciones guerrilleras? IM: Yo creo que el país ya tuvo la opción de las negociaciones en medio del estado de beligerancia. La tuvieron todas las fuerzas subversivas. Por muchas razones que no alcanzaría a explorar aquí, pero entre ellas por la insensatez de esos grupos de extrema izquierda, esa opción ya pasó y ha quedado descartada. Yo creo que debe haber diálogo sobre la base de la desmovilización. No puede haber ya negociaciones en medio de un clima de secuestros, ataques a camiones del ejército, de ataques a estaciones de policía, del boleteo. En ese clima no puede haber negociaciones. Hay sectores de la subversión que no quieren parar en su carrera armamentista y terrorista. Ellos le están planteando al país una guerra frontal que el país tiene que confrontar. Eso va a ser inevitable. Pero para eso se necesita una gran ética y un gran sentido de la democracia, tanto en las instituciones civiles, como en las instituciones armadas del país. Pero, si hay que desmovilizar desde el punto de vista armado a las guerrillas, hay que desmovilizar desde el punto de vista político a las Fuerzas Armadas de

Debate Colombia. Hay que restaurar la credibilidad en la institución armada. Y hablo de restituir la credibilidad en la institución armada sobre la base de informes de la Procuraduría General de la República. En días pasados apareció publicado en el periódico El Tiempo un reportaje al Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, un civil, con afirma ciones sumamente graves que comprometen la conducta de miembros de las Fuerzas Militares frente al ordenamiento legal. Según lo afirman las autoridades civiles, existen y han existido excesos y en ellos está comprometido el estamento militar en algunos de sus elementos. Han tomado partido en el conflicto político armado. Y sobre esa base, es imposible avanzar en un proceso de paz. Es mi punto de vista acerca de lo que es urgente para poder recrear el escenario indispensable para un diálogo que conduzca a un proceso de pacificación realista. Y enfrentar con sinceridad y celeridad las re formas sociales, sin retórica y con hechos. Yo creo que, simultáneamente, el país tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para reorganizar la justicia desde el punto de vista institucional, conceptual y humano. Una justicia desmoralizada como ésta, derrotada, corrompida en muchos de sus campos (como que tenemos también jueces que pertenecen a grupos de sicarios o por lo menos conviven y cohabitan con ellos) no puede garantizar la paz. Esa gra ve aberración no puede existir en un régimen institucional. La corrupción, difundida por sectores del narcotráfico, ha ido invadiendo a lo largo de estos años la conducta de miembros de la justicia. Entonces, repito, es esencial restablecer el instrumento de la justicia. Con una justicia en las actuales condiciones me parece imposible llegar a la paz. Una sociedad que no tiene justicia

Guerra sucia, autodefensa... es una sociedad en disolución. Es lo que tenemos: una sociedad donde impera la ley del más fuerte. Dentro de ese concepto de la reconstrucción y consolidación de la justicia, está ocupando un papel muy importante la Procuraduría General de la República. 4. AP: Desde los inicios del Frente Nacional viene creciendo la autonomía de las Fuerzas Armadas frente al poder civil y a los partidos políticos, lo que se manifiesta, por ejemplo, en el desconocimiento del gobierno y de los partidos acerca de la orientación que se imparte en la Escuela Superior de Guerra, en la existencia de una franja secreta del presupuesto militar que hizo posible el robo de los 13.5 millones de dólares, en el manejo del orden público por cuenta y riesgo de los militares, al menos en las regiones más apartadas. ¿Qué piensa usted de ese proceso y qué medidas deberían adoptarse para corregirlo? IM: Yo creo que efectivamente existe una real autonomía de las Fuerzas Armadas del país. Yo creo que es el fruto de la incredulidad de esas Fuerzas frente a la eficiencia y a la honestidad del poder civil, de modo similar a lo que aconteció con muchos sectores del país que, con base en la incredulidad en los partidos políticos y en el sistema democrático colombiano, se fueron por la vía armada a buscar un cauce idealista. De la misma manera, el estamento militar le perdió confianza a la capacidad de los civiles para generar procesos dinámicos de construcción de una sociedad civilizada y pacífica. Confrontaron la corrupción de los partidos, la vivieron, la sintieron y eso los estreme ció a lo largo de muchos años. Pero al mismo tiempo yo creo que sintieron un desangre tremendo en sus filas porque les tocó pagar en carne

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propia los resultados de la ineficiencia del sistema y de sus dirigentes civiles. Porque les tocó confrontar en las calles, en la selva, en el campo, la rebeldía armada, la rebeldía popular, la guerrilla y todas las expresiones de violencia, fruto de la pobreza, de la marginalidad, de la miseria.

del anticomunismo internacional. Y porque se han visto respald adas en esa actitud por la cúpula de la estructura del poder económico del país, que la comparte y que ve en esa actitud anticomunista la forma de defender sus propiedades y sus posiciones económicas y sociales.

Yo creo, entonces, que hay una pátina de incredulidad secular en las Fuerzas Militares de Colombia, que se ha venido trasmitiendo y acumulando de año en año. Ese ha sido un factor importante en la generación de esa actitud de independencia. Uno respeta la autoridad de quien la infunde por sus propias capacidades y por sus propias virtudes. No porque esté escrito en la letra muerta de la Constitución y de las leyes, sino porque la letra está viva en la actitud, en las conductas, en los procedimientos y en los resultados de los dirigentes que ejercen la autoridad y el poder en nombre de la ley, por mandato de la misma ley y del pueblo. La falta de credibilidad ha jugado un papel importante en la autonomía que han adquirido de hecho las Fuerzas Militares.

Ahora bien, esa forma de hacer política, yo diría que la peor forma: la política "anti", es una política destructiva. Yo creo que si las Fuerzas Militares quieren tener una posición política, no pueden legítimamente adoptarla en el conventículo de sus instalaciones y de sus círculos organizativos. Si es que necesitamos una Fuerza Militar con una posición política, esa posición tiene que ser definida por fuerzas civiles elegidas popularmente. Si así se quisiera, sería necesario que se reformara la Constitución colombiana para que las Fuerzas Militares fueran anticomunistas, anticapitalistas, o liberales o conservadoras. Legítimamente no pueden, dentro de la concepción de la democracia y del poder popular de las mayorías, asumir autóno mamente esa posición. Tendría que ser la na ción, a través de sus conductos regulares del voto popular y del Congreso, la que definiera esa actitud política. Sin embargo, el hecho es que, por influencias que no se trata de establecer en este momento, ya se ha adoptado una posición política, lo que es ilegítimo porque va contra la Constitución y no fue consultado con las mayorías nacionales.

Pienso, además, que ha habido un factor de penetración internacional, intelectual y cultural, en la mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia, no sé en qué porcentaje de sus miembros -yo diría que en porcentaje muy considerable son un cuerpo activo en la empresa del anticomunismo. Es una forma de ser politizo, entre otras cosas. La Constitución colombiana dice: Las Fuerzas Militares no son deliberantes. Pero yo creo que eso es letra muerta. Lo son porque han tomado partido, posición filosófica, ideológica, politiza: son anticomunistas. Lo son, en muy buena parte, por el influjo de la propaganda internacional y de la formación recibida

Ahora, ¿por qué digo que tienen una posición anticomunista? Voy a dar un solo caso para que no queden mis palabras en el aire. Yo sé, por ejemplo, que en Medellín, desde hace varios años, miembros de la oficialidad organizan reuniones de empresarios, de personas que pertenecen a la élite social y

Debate económica de Antioquia, para presentarles material claramente propagandístico, en el que pretenden demostrar que el país está al borde de una revolución y de una toma del poder por parte del Partido Comunista. Se presentan películas que proceden del exterior, material gráfico y escrito, y se hacen exposiciones en este sentido. Reuniones en las que participan también civiles que portan prendas militares, basados para ello en ciertos cursos v en ciertas consideraciones que se tienen con ellos de acuerdo con una organización interna del Ejército que yo no conozco. Lo cierto es que aparecen gerentes de compañías muy conocidas vestidos de militares, que saludan militarmente a los oficiales presentes y que organizan y dirigen el curso de la reunión. Esa es una campaña no solamente dirigida a expresar una interpretación política de los acontecimientos nacionales, sino a crear un estado psicológico: una paranoia anticomunista, una fanatización de la élite social y econó mica que conduce a reacciones absurdas, como el uso de la violencia en contra de quienes se considera que son los protagonistas de esa amenaza comunista. O que busca, por lo menos, el respaldo moral a las actividades represivas del activismo de izquierda en el país. Yo quiero advertirles que yo no soy comunista, pero tampoco soy anticomunista. Los demócratas no somos antinada, excepto antiviolencia. Los demócratas tenemos que demostrar que nuestras ideas sirven para construir, y no que nuestras energías sirven para destruir las energías y las ideas de los demás. Yo soy liberal, y yo creo que las ideas comunistas, la concepción comunista del Estado y de la sociedad, no son id óneas: simplemente, no producen buenos resultados para el bienestar de una

Guerra sucia, autodefensa... población. Y por eso no soy comunista. Pero me considero capaz de enfrentar en el terreno ideológico y de la praxis democrática, con éxito, a quienes creen en esos ideales. Pero no concibo por ningún motivo que los comunistas sean exterminados físicamente como lo están siendo hoy, cuando más de 460 militantes de la Unión Patriótica han sido asesinados en el país y cuando ha sido asesinado su máximo dirigente, Jaime Pardo Leal. Eso me parece monstruoso, aberrante. Descalifico desde lo más profundo de mi ser esa actividad exterminadora. Como descalifico también el terrorismo que proviene de sectores fanáticos de la izquierda, que han utilizado el expediente de la violencia para tratar de imponer sus ideas; descalifico el asesinato de liberales, de conservadores, de empresarios. Todas las actividades que tienen que ver con la violencia, me parecen lamentables, abominables, vengan de donde provinieren. 5. AP: La argumentación explícita que defiende el impuesto de seguridad se refiere a la necesidad de reforzar la capacidad de defensa de las fronteras ante situaciones de emergencia como la provocada por la anterior crisis con Venezuela. Sin embargo, existe el temor de que la mayor capacidad bélica de las Fuerzas Armadas se dirija a acrecentar la autonomía de la que hablábamos antes y a intimidar el establecimiento de una apertura democrática en el país. ¿Qué cree usted sobre esto? IM: Bueno, yo no llegaría al extremo de plantear una posibilidad como ésa. Yo creo que las Fuerzas Militares tienen ellas mismas la capacidad de ejercer un control sobre esos recursos, máxime si se tiene en cuenta la presencia de una Contraloría

Debate General de la República y de la Procuraduría que han logrado un desarrollo muy considerable y muy importante. No creo en la posibilidad de la desviación de esos recursos y en su mala administración, sobre todo después de la experiencia de los 13.5 millones de dólares. Yo creo que ya hay una auditoria sobre los recursos de las Fuerzas Militares, que debe reforzarse ahora con la gran inyección de presupuesto adicional. Sin embargo, déjenme anotar un punto que me parece importante. Es algo que he expresado cada que tengo oportunidad en el Congreso Nacional. Desde el punto de vista no solamente filosófico sino de actitud política frente a la realidad nacional, es necesario que la misma disposición que se tiene frente a la necesidad de robustecer el brazo armado de las instituciones, debe mostrarse para proteger y rob ustecer el brazo de la justicia. Yo no entendería políticamente que un gobierno pidiera recursos extraordinarios para la fuerza, si no pide simultáneamente recursos extraordinarios para el derecho. En eso me parece que hay un gran vacío político en este Congreso. Me parece necesario cuestionar y señalar lo que se está haciendo. Tal como están desenvolviéndose los acontecimientos, se demuestra la inclinación a que los problemas del país se resuelvan solamente por la vía armada. Yo no creo que el problema crítico, social y político que nos plantea la situación de violencia del país se pueda resolver por la vía armada. Naturalmente que es necesario tener unas Fuerzas Armadas bien dotadas. Me parece indispensable, no solamente para resolver los problemas de frontera y los posibles conflictos internacionales, sino también para que exista la dosis necesaria de fuerza en el mantenimiento del orden interno. Me

Guerra sucia, autodefensa... parece vital que estén bien dotadas las Fuerzas Militares. Pero me parece igualmente vital y. si se quiere, como civilista, más vital que esté bien dotada de recursos económicos, humanos e institucionales es rama jurisdiccio nal del poder público. 6. AP: En la primera respuesta habló usted de que los demócratas empezaban a encontrarse en un espacio muy reducido y aparecían como risibles. ¿No sé si esta afirmación corresponda a una experiencia suya, por ejemplo de los esfuerzos en los partidos, de los esfuerzos en el Nuevo Liberalismo, en el liberalismo, en el mismo Congreso de la República, donde ya los esfuerzos por abrir camino a estas ideas que usted ha expuesto ahora aparecen como risibles ante una mayoría? IM: Le quiero decir cuál es el alcance exacto de mis expresiones. Tienen varios orígenes. El primero, para muchos sectores del país ya la vía de la democracia no es una opción. Entonces no acuden a ella, no la consultan, no la oyen, no la obedecen, la desprecian. Me refiero, por ejemplo, a muchos guerrilleros, a muchos empresarios, a muchos miembros de la alta oficialidad del Ejército, de la Po licía y de los cuerpos de seguridad del Estado, ante quie nes cualquier expresión democrática es despreciable, porque eso no es lo que está en juego. Ellos están, cada uno en su propio escena rio, tomando autónomamente sus decisiones y actuando. Y dentro de los partidos hay un gran escepticismo y una gran impotencia. Los partidos no están preparados para esta crisis. Simplemente, cuando se propone la discusión de temas profundos sobre la vida cotidiana, encuentra uno en muchos casos la expresión de la derrota en el rostro de los interlocutores que consideran que es tontería, que no hay nada que hablar, que

Debate no hay nada que explorar en ese espacio en el que nos queremos mover. Por fortuna yo creo que hay gente en la demo cracia colombiana, en todos los partidos, excepcional. Se está formando gente excepcional porque las crisis producen como resultado grandes exponentes. La superación de las crisis crea personalidades, protagonistas espectaculares. Y yo creo que los estamos formando y que va a haber una gran reivindicación de los pacifistas, de los humanistas, de los civilistas, de los demócratas. Una gran reivindicación en el escenario nacional. Yo creo que se están hablando cosas muy importantes y muy intere santes. Estamos viendo figuras nuevas, valerosas, capaces, cuitas, inquietas, que están trabajando muy duro en la temática nacional y que van a cambiar la dirigencia política colombiana. Eso sí no me cabe la menor duda. Porque a la dirigencia que viene de atrás ya le pasó su cuarto de hora y no está preparada para esta coyuntura. Vienen unas generaciones nuevas de dirigentes que van a ser capaces de sobreponerse a las calamidades que encontramos como fruto del deterioro de la democracia y el deterioro de la paz p ública. 7. AP: Surge una pregunta sobre esa posición derrotista que hay dentro de los partidos: ¿Se la puede mirar solamente en términos generacionales? La actitud del director del doctor Galán, asumida con la firma del acuerdo con el oficialismo liberal ¿no sería interpretada como una posición derrotista. por un lado, y que puede contradecir el esquema generacional que ha planteado ahora? IM: Ese paso es muy dramático en la evolución del Nuevo Liberalismo y muy importante. Yo diría que en el propio liberalismo también. Eso es fruto

Guerra sucia, autodefensa... precisamente de la dinámica de la crisis colombiana. Dimos un paso que me parece crucial. Y es que preparamos el escenario para infiltrarnos en el terreno de la lucha democrática con muchas personas y con sectores con los que tenemos grandes identidades y con los que no hemos podido interactuar en la política porque la emergencia nacional no había llegado a tal punto que nos permitiera o que nos obligara a buscar esa interacción, sino que nos colocaba en el terreno de buscar nuestra propia evolución, cada uno por su lado. Naturalmente hay sectores dentro del liberalismo con los cuales no tenemos ninguna identidad ni ninguna posibilidad de entendimiento, y con esos sectores no lo vamos a tener. Pero ya están tendidos los pue ntes para encontrarnos con aquellos protagonistas del liberalismo y con los sectores del liberalismo con los que tenemos esas afinidades para hacer conjuntamente una empresa democrática verdaderamente liberal. Yo creo que se van a cambiar las mayorías dentro del liberalismo colombiano como fruto de este avance que compone el entendimiento al que usted se refiere. El Nuevo Liberalismo ve que el liberalismo va a cambiar de posición en la escena nacional. Tiene que ser ahora, y como fruto de este proceso, un partido más ubicado ideológicamente, más concreto, más coherente, más comprometido, más disciplinado, más organizado en su pensamiento, en sus programas y en su conocimiento de la realidad nacional, y en sus energías humanas e intelectuales para aplicarlas al cambio de estas realidades aberrantes que vivimos. Y también, cosa muy importante, un partido con un fundamento ético, no solamente frente a la sociedad en general y a las instituciones, sino frente a la política. También con

Debate fundamentos claros. Yo creo que es un proceso dirigido al rencuentro del Partido Liberal y de las ideas liberales con sus verdaderas fuentes, con Colombia, con el destino de la nación y con la realidad de la his toria. 1. Reuniones del equipo con profesores visitantes El 26 de junio se realizó una exposición del profesor John Friedmann, investigador de la Universidad de California, sobre el tema de los movimientos sociales urbanos. El profesor Fernando Mires, sociólogo chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania Federal), presentó el lunes 24 de agosto, algunas reflexiones sobre el tema: ¿Existe el sector informal? El 23 de septiembre, el doctor Hiroshi Mashus hita, de la Universidad de Nagoya (Japón, expuso el resultado de sus estudios sobre las relaciones entre Japón y América Latina). Con el profesor León Zamosc, profesor de la Universidad de California en San Diego (EE.UU), se convino organizar, para comienzos de 1989, una semana sobre Colombia en dicha Universidad, promovida por su Centro de Estudios Latinoamericanos con la colaboración del Instituto. El profesor Daniel Pécaut, director del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, presentó al equipo los resultados de su libro Orden y Violencia, recientemente publicado en castellano.

Guerra sucia, autodefensa... 2. La revista Análisis Político El lunes 10 de septiembre, en la Sala de Música de la Biblioteca Nacional se llevó a cabo el lanzamiento de Análisis Político. Tomaron la palabra la vicerectora académica de la Universidad Nacional, profesora Myriam Jimeno; el director del Instituto, profesor Francisco Leal Buitrago; el director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, profesor Gabriel Murillo, y el P. Javier Sanín, S.J., director del Programa de Estudios Políticos de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Javeriana. 3. Otras publicaciones del Instituto El Instituto ha iniciado en el Magazín dominical de El Espectador una serie de colaboracio nes de sus investigadores sobre temas de coyuntura nacional e internacional. También se han publicado otros artículos en las Lecturas Dominicales de El Tiempo. 4. Talleres de coyuntura El Instituto ha continuado promoviendo la rea lización de talleres de coyuntura con la participació n de profesores de la Universidad y de otros invitados especiales. El jueves 7 de mayo se llevó a cabo un taller sobre el tema: Indicadores de los Movimientos Sociales. La exposición estuvo a cargo del profesor Darío Fajardo. El 4 de junio el taller versó sobre el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia en Colombia. Fue presentado por Gonzalo Sánchez y Eduardo Pizarro, investigadores del Instituto. El diferendo colombo-venezolano fue analizado en el taller del jueves 10 de

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septiembre, y contó con la presentación del excanciller y miembro del Instituto, doctor Alfredo Vázquez Carrizosa.

él Francisco Leal Buitrago, Pilar Gaitán, Eduardo Pizarro y William Ramírez Tobón.

5. Conferencias

7. Simposios y congresos

El miércoles 6 de mayo, en el auditorio Camilo Torres de la Facultad de Ciencias Humanas, dictó una conferencia el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa sobre Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

El 4 de julio algunos investigadores del Instituto tomaron parte en una reunión con militares retirados de ACORE, convocada por el general (r) Gabriel Puyana, director de la Fundación Estudios por Colombia. El simposio fue un diá logo entre militares retirados y civiles, sobre el tema "¿Qué hacer por Colombia?". Expusieron sus puntos de vista Francisco Leal Buitrago y Gonzalo Sánchez. Por su interés público, la relatoría de ese encuentro se presenta en este número de la revista.

Sobre el tema: Violencia, Guerrillas y Estructuras agrarias expuso, el jueves 25 de junio, el historiador Gonzalo Sánchez. El 11 de agosto, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de María Cano organizado por el ISMAC, el profesor Sánchez ofreció una conferencia sobre Los Socialistas de los Años veintes. Promovida por el Instituto, el martes 25 de agosto tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Derecho, una conferencia a cargo de Fernando Mires, profesor de la Universidad de Oldenburg (Alemania Federal), sobre el tema Las revoluciones en América Latina.

El 30 y 31 de julio se llevó a cabo en el auditorio del ICFES, un seminario sobre el tema: El primer año de Barco: Análisis y perspectivas; en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Por el Instituto participaron Hernando Valencia Villa, Pilar Gaitán, Martha Ardila, Francisco Leal Buitrago y Eduardo Pizarro.

6. Seminarios Durante este segundo semestre de 1987 profe sores del Instituto dirigieron un seminario en el posgrado de historia de la Universidad Nacional sobre el tema: "Historia y Política". Así mismo se llevó a cabo un seminario en el pos grado de la Facultad de Derecho Público de la Universidad Nacional titulado. Violencia y Derecho. El 22 y 23 de mayo se efectuó, en Manizales, el coloquio La Democracia en Colombia: Encrucijada y Perspectivas, bajo los auspicios del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional, seccional de Manizales. Intervinie ron en

Convocado por Fescol, Fidec y Procomún se llevó a cabo, el 4 y 5 de noviembre, un seminario internacional sobre Descentralización política y Elección popular de Alcaldes. Tomaron parte por el Instituto, Pilar Gaitán y Luis Alber to Restrepo. El 1 de diciembre se realizó en Bogotá el Encuentro académico por la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia. Fue organizado por tres centros de investigación política de la capital: el Departamento de Ciencia política de la Universidad de los Andes, el Programa de Estudios Políticos de la Javeriana y el Instituto de Estudios Políticos y

Debate Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. El director del Instituto, Francisco Leal Buitrago, presentó una ponencia sobre el tema en la actual situación del país. 8. Actividades internacionales Luis Alberto Restrepo viajó, del 10 al 18 de octubre, a Sao Paulo (Brasil) para dirigir un taller con trabajadores sociales de América Latina. El doctor Alfredo Vázquez Carrizosa y Eduardo Pizarro fueron invitados a Lima por la Comisión Andina de Juristas para participar, del 26 al 30 de octubre, en una reflexión sobre los procesos de paz y violencia de Perú y Colombia. 9. Nombramiento El Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), en su última Asamblea realizada en Guanajuato (México) entre el 9 y el 14 de noviembre, escogió como presidente hasta 1990 a Orlando Fals Borda, investigador del Instituto, en reemplazo del profesor brasilero, Paulo Freire. El CEAAL, con sede en Santiago de Chile, es el mayor organismo hemisfé rico que reúne entidades y centros de educación y promoción popular de 16 países, incluyendo Nicaragua y Cuba (observador). Trabaja con 14 redes internacionales, entre otras: comunicación popular, derechos humanos, investigación participativa, campesinado, sindicatos, mujeres y teatro popular. Su secretario ejecutivo es Francisco Vio Grossi, también confirmado en Guanajuato.

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Reseñas Daniel Pécaut Orden y Violencia Cerec y Siglo Veintiuno editores, Bogotá, 1987 Debo confesar que comencé a leer este libro hacia fines de 1979. Entonces se titulaba La clase obrera en Colombia: Política y violencia. Y solo hasta ahora pude terminar de leerlo, no porque yo sea demasiado lento en el oficio sino sencillamente porque en este intervalo el libro no había dejado de hacerse. Parecería como si el profesor Pécaut hubiera estado esperando un cierto desenlace para escribir su epílogo. Para regocijo de sus lectores, que habrán de ser muchos, pero probable mente todavía a su pesar, decidió ponerle punto final bajo este nuevo título orden y violencia. Y lo hizo en un momento en que comenzaba nuevamente a desdoblarse el horizonte de su objeto de investigación, es decir, cuando se descubría que en los hechos el tema no tiene epílogo posible. Subrayo este hecho, porque se trata no solo de un admirable perfeccionismo de Pécaut, que lo ha llevado a que cada frase, cada párrafo, cada página hayan estado sometidos a un ininterrumpido proceso de reelaboración y actualización, sino porque se trata, además, de una experiencia probable mente más general que encuentra aquí su punto límite. Buena parte de quienes comenzamos hace diez o quince años a incursionar en el tema de la Violencia, sin ignorar por supuesto las repercusiones actuales del fenómeno, lo percibíamos y lo abordábamos primordialmente como un campo específico de reflexión his tórica perfectamente determinable. Al concluir

nuestras investigaciones, y sin haberlo advertido hasta entonces, nos encontrábamos con que solo habíamos escrito la introducción al análisis del momento actual. En nin gún otro campo de reflexión, el pasado ha tenido tanta fuerza de presente, o el presente, si se quiere, tanta fuerza de pasado. Obviamente, quiero ser bien interpretado respecto del sentido y alcances que le estoy dando al término - introducción—, cuando me refiero al texto de Pécaut que a mi modo de ver constituye nada menos que una de las visiones más completas e integrales de la historia colombiana de los siglos XIX y XX. Lo que quiero destacar es que el objeto de investigación se nos volvió interminable y quedamos diabólicamente atados a él, como el país a sus consecuencias. Todos sabemos hoy cuánto nos cuesta, individual o colectivamente, desprendemos de él. De hecho, la complejidad y extraordinaria riqueza fáctica y conceptual del libro de Pécaut invitan a múltiples lecturas simultáneas y paralelas y a interesantes reflexiones externas al texto mismo. Voy a intentar trazar las líneas centrales de algunas de ellas. Cuando nos abre el panorama del siglo XIX, nos introduce afirmativamente a problemáticas más o menos compartidas con otros países latinoa mericanos, tales como la de nuestros modos de inserción en el sistema capitalista mundial bajo el apremio del dilema: civilización o barbarie; la de la formación del Estadonación; la de la crisis oligárquica; la de los mecanismos de institución de lo social y lo político, etcétera. Pero al mismo tiempo que nos introduce en esta lectura de afirmaciones, nos va llevando a otra de negaciones, según la cual ni la temática de los modelos de exportación, ni la de la

Reseñas dependencia, ni la de los populismos, ni la de las dictaduras militares y mucho menos la de las revoluciones podrían dar cuenta de la singularidad del caso colombiano. Nos encontramos así de repente en el punto estratégico del libro y de la his toria política nacional: la violencia. La violencia, no como hecho social o como mecanismo de resolver los conflictos, sino como período histórico significó un corte tan radicalmente diferenciador que acentuó un cierto espíritu de introversión del país en muchos niveles. En el plano cultural, por ejemplo, nos dejó por fuera de las grandes discusiones latinoamericanas y particularmente de los intentos de construcción de modelos de desarrollo social y político que animaron los debates de los más prestigiosos centros universitarios y de investigación del subcontinente en las décadas del sesenta y setenta. Visto así, nuestro aislamiento intelectual no es el producto de un caprichoso localismo. Esta singularidad espantó por mucho tiempo a los investigadores extranjeros, entre otros al notable historiador de la Revolución Mexicana, John Womack, quien nos visitó a mediados de los años sesentas, antes de que se decidiera por el país de Zapata y no por el de "Chispas", del cual según sus palabras no entendió nada. Esta singularidad es también en parte responsable, quizás, del relativo retraso de la sociología colombiana. El análisis de la singularidad se le fue dejando paulatinamente a quienes se supone profesionalmente más aptos para captarla: los historiadores. Estos últimos, y en particular los que se han dedicado a la historia contemporánea han gozado en la

última década de un sobredimensionado poder de opinión y de una audiencia universitaria que sorprende a los colegas latinoamericanos, europeos y norteamericanos. El desarrollo específico, singular, colombiano nos ha hecho relativamente fuertes para la historia y débiles, tal vez demasiado débiles, para la sociología y el análisis comparado. Desde luego, no estoy postulando aquí lejos de ello- un privilegio o una frontera infranqueable entre estas disciplinas. Por el contrario, estoy de lado de quienes piensan que la historización de la sociología y la sociologización de la historia constituyen no solo una meta deseable sino una de las tendencias más fructíferas del desarrollo contemporáneo de nuestras disciplinas. De hecho, muchas de las más creativas aproximaciones a la vio lencia, catalogadas como históricas, provienen de investigadores que te niendo una formación básica de antropólogos, sociólogos o politólogos han mostrado una particular sensibilidad histórica. Más aún: una de las contribuciones más sugestivas de Pécaut, sociólogo de formación precisamente, es la de mostramos cómo el proceso político colombiano puede estar dando cabida a una inversión de estas tendencias. Y lo hace, creo yo, con una tesis que resulta a la vez inesperada e impactante. Hoy por hoy, según Pécaut, Colombia estaría pasando de ser un "caso singular" a un caso ejemplar. Este tránsito pone de manifiesto una especie de tensió n y desgarramiento histórico que podría formularse en los siguientes términos: mientras, por un lado, seguimos haciendo parte de una democracia decimonónica, apoyada en una separación partidista insuperable, que constituye el inconsciente partidista, el inconsciente colectivo de los colombianos, por el otro

Reseñas lado, estaríamos aproximándonos al siglo XXI con un nuevo rol: el de paradigma, no envidiable, de las nuevas formas de violencia que amenazan el futuro de América Latina. A riesgo de sacar conclusio nes abusivas de los planteamientos de Pécaut, podría decirse que teóricamente esta eventual colombianización del proce so político latinoamericano tendría un doble efecto: uno, el de que el país podría convertirse en un forzoso escenario de reflexión sociológica y politológica para quienes quieran adivinar el porvenir del subcontinente, y dos, que en un futuro próximo pudiéremos quedar reducidos a la condición de laboratorio de las nuevas estrategias de contención social, incluida la gue rra sucia. Lo que hasta aquí hemos venido señalando correspondería a lo que simplificando las cosas pudiéramos llamar una lectura dinámica del texto de Pécaut y de nuestra historia contemporánea. Podría ensayarse una perspectiva diferente y destacar, en cambio, el carácter repetitivo e inmóvil de la violencia, el carácter consustancial de la violencia a nuestro proceso político, compatible incluso con ciertas representaciones democráticas. En este sentido y dentro de una versión trágica del mito del eterno retorno, parecería como si las descripciones o caracterizaciones del pasado que se nos ofrecen en estos dos volúmenes fueran una anticipación inexorable de un futuro ya definido. Entramos así en el terreno de las recurrencias. En el plano político, primero, nos encontramos ciertamente con actores distintos pero nos estaríamos aproximando a dilemas similares: el país de los años cuarentas, en los límites de la insurrección popular y el compromiso partidista, el de hoy debatiéndose entre la

guerra y la paz negociada. En el orden de loe ritos y las representaciones, luego, las calles y las plazas públicas erigiéndose progresivamente, tanto ayer como hoy, en testigos mudos de manifestaciones por la paz y marchas del silencio, en las cuales la movilización social y politice recobra su unidad en el último elemento irreductible, el grito por la vida. Y, finalmente, en el campa de las relaciones entre los negocios y la politice, los presidentes de la ANDI reservándose el insultante privilegio de pregonar que a ellos les va bien, muy bien, aunque al país le vaya mal. Escuchemos: en diciembre de 1949, cuando el país ya está en llamas, losé Gutiérrez Gómez, presidente de la ANDI: "La situación colombiana es hoy en día la mejor que se haya jamás conocido". El eco de las recientes declaraciones de Fabio Echeverri Correa todavía no se ha borrado. Los paralelismos podrían multiplicarse. Por este camino, en todo caso, el libro de Pécaut invita más que a una lectura convencional del pasado, a una mirada del presente en el pasado. En suma, Orden y violencia representa un asedio permanente a las múltiples temporalidades de la violencia. La violencia es pasado, es presente y ¿quién podrá negar hoy que también será futuro? Gonzalo Sánchez. Historiador, investigador del Instituto de Estudies Políticos y Relaciones Internacionales.

Reseñas

Norberto Bobbio El futuro de la democracia Plaza & Janés, Barcelona, 1985, 221 páginas Este libro del jurista italiano Norberto Bobbio reúne siete ensayos críticos sobre las transformaciones de la democracia contemporánea en Italia y Europa Occidental. Según el autor, se trata de un trabajo de filosofía popular, que aspira a bajar la democracia del cielo de los principios e la tierra de los intereses. Su perspectiva analítica mezcla, por tanto, los enfoques de la teoría constitucional y la ciencia política y se caracteriza por el realismo crítico que es la enseña de la Escuela de Turín. Esta denominación corresponde precisamente al grupo de pensadores que encabeza Bobbio y cuya reflexión se ha traducido ya en una vasta obra teórica distinguida por una curio sa cualidad común: el rescate de los clásicos del pensamiento político Aristóteles, Santo Tomás, Hobbea, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Constante, a partir de los cuales se hace una lectura escéptica e imaginativa de los regímenes contemporáneos. A esta tradición pertenece El futuro de la democracia, donde se encuentran algunas de las más incisivas ideas que pueden leerse hoy sobre las paradojas de la democracia, en el contexto de un discurso ensayístico que no tiene pretensiones sistemáticas pero que alcanza gran rigor expositivo y explicativo. El primero de los ensayos es, con mucho, el más relevante de toda la compilación como que se ocupa del futuro de la democracia tal como pue de verse a través de sus promesas incumplidas, los obstáculos imprevis tos que afronta hoy y

los valores democráticos mismos. En una brillante síntesis, el profesor italiano constata primero las frustraciones históricas del proyecto democrático: en lugar de una sociedad orgánica, basada en el pueblo soberano, tenemos una sociedad poliárquica o policrática en la cual coexisten v chocan entre sí varios soberanos; -a pesar o a causa de la adopción de sistemas de representación política impersonal o nacional, se abre paso un neocorporativismo fundado en la representación de intereses; las oligarquías persisten como poderes de hecho y a veces de derecho; la democracia electoral se ha reducido al ámbito político, con lo cual los mundos de la cultura y de la economía mantienen instituciones y prácticas abiertamente antidemocráticas; los secretos de Estado no solo sobreviven sino que proliferan y enrarecen cada vez más el tema rusoniano de la transparencia como característica central del régimen democrático; y la ilustración de los ciudadanos ha avanzado muy poco, debido en gran parte a la prevalencia del voto de interés sobre el voto de convicción. A continuación, Bobbio señala los obstáculos sobrevinientes con los cuales ha tenido que enfrentarse el sistema democrático en sus doscientos años de historia: la tecnificación de las tareas gubernamentales, la burocratización del aparato institucional y la ingobernabilidad que resulta de todo ello al ensancharse y ahondarse el abismo que separa a la sociedad civil del Estado. Como conclusión, el autor subraya con prudente optimismo el rela tivo fortalecimiento de las grandes democracias liberales de Occidente y reitera la preocupación ética de los clásicos, que se nos plantea hoy en los cuatro valores fundamentales de la democracia como cultura: la tolerancia, los procedimientos pacíficos, el

Reseñas gradualismo en el cambio social y la fraternidad humana. El segundo texto se intitula "Demo cracia representativa y democracia directa" y en él encontramos una sugestiva discusión en torno a uno de los aspectos más problemáticos de la teoría y la práctica democráticas: la representación o intermediación entre gobernados y gobernantes, o electores y elegidos. Bobbio critica con severidad la degeneración de la representación política pero a la vez sale en defensa de la democracia representativa, que es la única que existe, aun cuando de manera imperfecta, y que no es cualitativamente diferente de la llamada democracia directa. Por el contrario, el pensador de Turín muestra cómo entre una y otra las diferencias no son de naturaleza sino de grado; hay una vecindad entre ellas que debe acentuarse porque ambas son necesarias pero insuficientes si se adoptan por separado. En el tercer artículo, "Los vínculos de la democracia", se analizan las reglas de construcción y verificación del consenso como constitutivas del juego democrático y en el cuarto, "La democracia y el poder invisible", se retoma el tema de los arcana imperii secretos de Estado, que conspiran contra la visibilidad del poder democrático tanto como los arcana seditionis del ubicuo terrorismo actual. El quinto texto, por su parte, es una audaz revisión del liberalismo político como tradición intelectual que vale la pena rescatar, al menos en cuanto compañero de ruta de la democracia representativa. Bobbio censura el modelo económico del liberalismo y se pregunta si en el universo burgués es posible un nuevo contrato social que sea compatible con la tradición justiciera del socialismo.

En este mismo orden de ideas, "Contrato y contractualismo en el debate actual", el sexto de los artículos reunidos en El futuro de la democracia, profundiza en una cierta concepción estratégica al afirmar que "la vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue me diante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las Constituciones". El profesor de Turín lleva hasta sus límites la teoría del mercado político para terminar mostrando cómo el contrato social no es un mito sino una realidad, la verdadera ley de hierro de las de mocracias capitalistas contemporáneas, en la medida en que el intercambio de bienes y servicios entre clientes y patronos determina el pro ceso electoral, y las negociaciones entre Estado y capital, y entre partidos y ciudadanos, constituyen la base de las decisiones públicas. "¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?", por fin, es una pequeña obra maestra de esa vieja disciplina que es la teoría del Estado. Bobbio pasa revista a las filosofías políticas autoritarias, desde Platón hasta Hegel, y termina indicando de qué manera el auténtico gobierno de las leyes, ideal esquivo si los hay, es la democracia. Puesto que, como dirían los constitucionalistas norteamericanos más avanzados, lo propio del Estado democrático de derecho no es asegurar resultados legítimos sino procesos y métodos legítimos. Las meditaciones del jurista italiano resultan, en suma, doblemente significativas: porque enriquecen la reflexión actual sobre la democracia con el aporte renovador de los clásicos y porque exploran con lucidez ese territorio limítrofe donde se enfrentan la política y

Reseñas el derecho, que es el verdadero campo de batalla del poder en las sociedades modernas.

Hernando Valencia Villa. Abogado, inves tigador del Instituto de Estudios políticos y Relaciones Internacionales.

Reseñas

Fernando Uricoechea Estado y burocracia en Colombia Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986, 126 páginas El Estado, como entidad dotada de un estatuto lógico e histórico propio, no - ha tenido aún en nuestro medio un desarrollo investigativo adecuado y los esfuerzos para avanzar en esa dirección han sido más bien esporádicos. Existe, es cierto, una extensa bibliografía histórico-política pero en ella lo estatal ha ocupado el lugar de forzosa referencia dentro de un material donde lo económico, lo social y lo político (en términos de partidos, personajes y gobiernos) se abroga una autosuficiente capacidad explicativa. De ahí que la aparición del libro de Uricoechea sea ya remarcable dentro de la anterior perspectiva, toda vez que viene a sumarse a los todavía pocos estudios que hacen del Estado un objeto específico de análisis. Son cuatro temas que como ensayos diferentes, pero unificados por el denominador común de la relación Estadoburocracia, integran la obra. Dos capítulos, de orden teórico, que tratan sobre los principios formales de la organización respecto del Estado y la administración pública, el primero, y sobre los servicios que las tradiciones de Marx-Weber podrían prestarle a una visión sobre la organización del Estado en América Latina, el segundo; y dos capítulos, de orden histórico, que tratan sobre la formación y expansión comparativa de los Estados burocráticospatrimoniales en Colombia y Brasil, el siguiente, y sobre el proceso de modernización del Estado burocrático colombiano, el último.

Lo primero que se advierte en los dos capítulos iniciales es el vigor y la desinhibición conceptual con los cua les se emprenden los objetos de análisis. En el primero de ellos se nos da una clara y crítica relación entre las teorías de la organización, el Estado y la administración pública. Los esquemas de la organización -tan vinculados al auge tecnocratizante actual de la teoría de sistemas-, son denunciados como una propuesta que por su carácter universalista y formalizante tienden a desdibujar las condiciones históricas concretas que acompañan el nacimiento y desarrollo de los apa ratos administrativos. Como lo dice el autor: "en estas teorías uno encuentra flujos de decisión, flujos de actividades y tareas, flujos de comunicación pero no encuentra un flujo importante: el flujo del tiempo, el flujo de la historia" (p. 16). A partir del rechazo de una tal fijación a historicista, Uricoechea subraya la necesidad de diferenciar las organizaciones pública y privada evitando así el rasero unificador que las vincula a una misma lógica de conformación y funcionamiento. Si la racionalidad privada, correspondiente a la sociedad civil, se define por criterios de adecuación técnica entre medios y fines, la racionalidad pública, correspondiente al Estado, se define por el hecho de que los criterios técnicos para la consecución de los fines están me diados por la exigencia de lo político. La administración pública está sobredeterminada políticamente, desde afuera de su dinámica organizacional interna, por la primacía de los valores colectivos que se ve precisada a promover. Las ciencias de la administración pública deben ver, en consecuencia, que ésta se

Reseñas encuentra condicionada tanto por la lógica de la economía, de la eficiencia y la utilidad, como por la lógica de la política, los valores, los conflictos sociales y la lucha que las empresas públicas recogen de la sociedad civil. La política, concluye el autor, "determina los fines de la admi nistración en tanto que la economía determina sus medios" (p. 23). El segundo capítulo es un brillante ensayo sobre la necesidad de recuperar la pertinencia de las proposiciones de Weber y Marx acerca del Estado. Sin timideces, más allá del escrupuloso maximalismo que tilda de ecléctico todo esfuerzo de aproximación entre esas dos grandes perspectivas teóricas, el autor propone un enfoque integral que tome de Weber los énfasis en los valores culturales y en las orientaciones administrativas, y de Marx, su visión histórica sobre el papel del dominio de clase en el desarrollo de la forma Estado. Una articulación que no sea sin embargo un simple agregado, mecánico y sumatorio de perspectivas, de las virtudes de uno y otro ya que no se trata de añadirle a los valo res formales de Weber, los intereses materiales de Marx. Según Uricoechea, quien no se limita a la sola enunciación de la propuesta sino que adelanta orientaciones metodológicas para el análisis del Estado en América Latina, la integración del esquema histórico de Weber con los principios sociológicos de Marx solo puede ha cerse mediante el análisis concreto, nacional, de la administración del Estado en su desarrollo patrimonial y burocrático. Es ahí en esos puntos de convergencia concreta en los cuales lo factual logra realizar las mejores virtualidades teóricas, donde el Estado empieza a mostrar una inteligibilidad propia. Porque, como lo dice lúcida mente el autor, —un esquema histórico sin principios sociológicos es como una intuición sin su concepto

corres pondiente y no puede, por consiguiente, generar conocimiento (...) y un principio sociológico sin una esquematización histórica se transforma en un concepto vacío y metafísico" (pp. 38 y 39). El otro par de capítulos se ubica, co mo ya se dijo, dentro de un tratamiento histórico analítico. El hecho de que estos dos ensayos vayan precedidos por las propuestas teóricas ya señaladas inducen al lector a espera de ellos una traducción, en lo histórico, de lo prefijado conceptualmente. Y ello no ocurre, por lo menos en el capítulo tercero. Que el lector extralimite sus expectativas y rebase el texto, o que el autor se haya quedado corto en su desarrollo, es algo no fácil de precisar. Lo cierto es que el ensayo, más que acogerse a las directrices de aná lisis defendidas en los capítulos anteriores (las determinaciones externas sobre lo interno administrativo, el peso de lo material sobre lo formal, la importancia del principio sociológico, etc.), parece quedar preso de una visión evolucionista formal sobre el fe nómeno administrativo. El examen comparativo sobre el desarrollo del Estado en Colombia y Brasil según la conocida expresión de "burocracia patrimonial" acuñada por Weber, carece del piso de sustentación socio lógico que Uricoechea le acreditara tan convincentemente a Marx, unas páginas atrás. La pareja bien avenida de los dos grandes alemanes se desequilibra a favor de uno de los socios y uno no deja de preguntarse si todo ello es el resultado de una inconsistencia lógica del discurso o, más bien, de un desequilibrio en sus componentes formales y empíricos. Tal vez sea esto último. La excesiva parquedad en el aprovechamiento histórico factual, el trazo apenas insinuado de los condicionamientos extraadministrativos en la evolución del Estado colombiano

Reseñas durante el siglo XIX, debilitan y parecen dejar en el aire una de las directrices básicas del autor: que "un esquema histórico sin principios sociológicos es como una intuición sin su concepto correspondiente y no puede (...) generar conocimiento". Por fortuna, el último capítulo de la obra supera positivamente lo que en el anterior era un precario equilibrio entre lo conceptual- metodológico y lo empírico. Nos encontramos frente a un ensayo muy bien facturado, de notable relevancia argumental, aspecto éste que el autor no deja pasar desapercibido al recordarnos que la historia del Estado burocrático colombiano está aún por escribirse y que su trabajo empieza a llenar algunas de esas páginas. Los aspectos del gasto público y del proceso de burocratización del Estado colombiano, son los ejes sobre los cuáles se va examinando la dinámica político-administrativa de la organización oficial. El gasto no es una simple referencia técnica sino, además, un revelador del sistema de valores que orienta las políticas estatales. Y la burocracia profesional es uno de los fundamentos del Estado moderno en cuyo proceso de evolución se advierte una larga tarea histó rica que compromete no solo los patrones administrativos sino también muchos de los valores y acciones sociales. Gasto público y burocracia profesional son, en fin, dos grandes procesos que integrados en una lectura tanto sociológica como histórica, alcanzan en la solvente interpretación del autor, un sugerente nivel de análisis sobre los condicionamientos internos y externos de la dinámica administrativa estatal colombiana. El libro de Fernando Uricoechea es, en conclusión, un inteligente trabajo de problematización sobre el Estado

colombiano en un aspecto, por cierto, muy descuidado en nuestro medio. La fecundidad de su esfuerzo, de sus propue stas, se verá sin duda realzada por todos aquellos que, tras la lectura de su obra, comprendan la necesidad de emprender una nueva indagación del Estado colombiano desde una perspectiva político-administrativa.

William Ramírez Tobón. Sociólogo, inves tigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Reseñas

Miguel Littín Acta General de Chile Realizar una película de tipo documental, que mostrara al mundo los hechos cotidianos que se suceden bajo la dictadura del general Pinoche t, era un deseo de Miguel Littín madurado a lo largo de mucho exilio. El ascenso al poder de Salvador Allende trajo de la mano para el país aus tral, fuera de los cambios sociales previstos, un notorio empuje en las manifestaciones artísticas y culturales. Fue así como la nueva canción chilena, ese movimiento de cantores de la vida: los Parra, Víctor Jara, los Quilapayún, los Inti Illimani, Patricio Manns, se desparramó por todo el país. De igual forma, y en el campo cinematográfico, Miguel Littín, cineasta por vocación, se aseguraba un puesto de importancia tras la realización de películas como "El chacal de Nahueltoro" y las "Actas de Marusia", concebidas dentro de la nueva corriente del cine político y mediante la utilización de un lenguaje de imágenes con fuerza y contenido propios. El cine de Littín tenía antecedentes inmediatos y experiencias paralelas en varios países del mundo. Costa Gavras en Grecia y luego en el exilio; Sanjinés y Eguino que desarrollaron un cine boliviano con películas como "Sangre de cóndor" y "Chuquiago"; Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás y Néstor Almendros, entre los principales realizadores del nuevo cine cubano, enmarcaron y dieron estructura propia a este género cinematográfico. Pero la época dorada del movimiento cultural chileno termina abruptamente el 11 de septiembre de 1973, con el

asesinato de Salvador Allende y la toma del poder por parte del general Pinochet. Es conocida la situación que se generó en el país a partir del golpe de Estado. La tortura, las desaparicio nes y los asesinatos marcaron la ins tauración del imperio del terror. Con los antecedentes libertarios que identificaron al movimiento artístico y cultural chileno, es comprensible por qué la dictadura se ensañó con especial sevicia contra sus representantes. La muerte, a las pocas semanas del golpe, del poeta de poetas Pablo Neruda, fue el triste presagio de los días que se avecinaban. Entre los cientos de artistas y trabajadores de la cultura que tuvieron que abandonar el país, al igual que otros miles de personas, se encontraba Miguel Littín. En su nueva condición de ciudadano del mundo, Littín continúa haciendo lo que sabe hacer: cine. Su último trabajo, "Alsino y el cóndor", es una coproducción entre Nicaragua y el ICAIC cubano, violenta fábula acerca de la guerra, durante la revolución nicaragüense, apreciada por la óptica de un niño con un solo sueño: volar. A lo largo de todos estos años algo venía inquietando en forma permanente la mente del director: el deseo de realizar una película documental acerca de la real situación que vive Chile, que sirva de alternativa a la "historia oficial" presenta por el régimen de Pino chet tras diez años de dictadura. Lo que en un principio pudo ser calificado como una idea descabellada fue tomando forma lentamente y esa larga espera, llena de impotencia y frustración, se vino a materializar en forma doblemente válida. De un lado, la realización del "Acta General de Chile", película que a lo largo de cuatro horas recoge la situación interna del Chile diario y real. De otro lado, la publicación

Reseñas de un libro-reportaje escrito por Gabriel García Márquez y que en su título, —La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile —, resume la historia de una historia que merecía ser contada. Más de dos meses de filmaciones a lo largo de Chile, realizadas por tres europeos, varios equipos de apoyo lo cales y un magistral trabajo de edición, dieron como resultado la produc ción de cuatro horas de sobrecogedora realidad, preparadas en un principio para televisión y reducidas posteriormente a dos horas para el cine. La película en sí, como documento de denuncia, no pretende ser una muestra especial de manifestaciones estéticas, como posiblemente lo hubieran deseado algunos puristas del séptimo arte. Pero es bueno anotar que esto no obsta para que la realización no tenga una perfecta relación y armonía entre las imágenes, los diálogos, la música -Ángel Parra- y las tomas de archivo. Desde el punto de vista de la estructura formal, la película está dividida en cuatro capítulos que tratan de abarcar los aspectos más importantes de la vida chilena. Una vez iniciada la secuencia se aprecian tomas de Santiago y la voz de Littín en "off" que va acompañando su nueva figura de próspero hombre de negocios, calvo y con gafas, prueba más que disiente de lo difícil que debió ser adoptar una nueva personalidad para ingresar en forma clandestina a su propio país. De aquí en adelante la cámara comienza a pasearse como testigo de excepción por ese Chile con caparazón de mo dernismo y desarrollo, de amplias e iluminadas alamedas llenas de gente, enfrentado al Chile del diario vivir, el de los pobladores de las zonas marginales, el de los mineros del norte, el de los pobladores de Valparaíso, el Chile del "rebusque".

Mediante la ágil utilización del material logrado por los equipos de entrevistadores se va desnudando la aparente calma de las calles dando cabida al terror cotidiano, al mundo de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados. En pocas palabras, y como dijera la hija de un detenido desaparecido desde 1974, el ingreso a "la cultura de la muerte". Es tal vez en esta forma como la película logra, a nivel documental, uno de sus mejores objetivos: establecer un nexo directo entre todo aquello que se ha dicho o se intuye de los años de dictadura, con la denuncia directa y la presentación de los casos y las vivencias concretas de atrocidades por las cuales deberán responder algún día los miembros y colaboradores de la dictadura. Es bastante difícil que al espectador le queden dudas ante los testimonios que se van presentando ante sus ojos. La declaración de un exministro de Justicia de la Junta Militar, que niega reiteradamente el imperio de las torturas y las desapariciones; el testimo nio de un miembro de un equipo de torturas y desapariciones que hace helar la sangre; denuncias de familiares de detenidos desaparecidos; una entrevista con miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; una conversación con ciudadanos relegados a los últimos confines del país y, en fin, con toda una población que vive su propio exilio interior. Terminan las secuencias con un impresionante testimonio de lo muchas veces contado, pero jamás presentado en forma tan vívida, acerca de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y la solitaria lucha del presidente Allende. Pasan los recuerdos de sus

Reseñas familiares, asesores y amigos. Pa sa de nuevo la tristeza y la impotencia. Hace unos años, el maestro Julio Cortázar escribió un artículo con base en una relectura del libro de Orwell, 1984, y decía que comparado con los totalitarismos actuales —el horror es infinitamente más grande en 1984, porque su límite no está en sí mismo, en la progresión del mal, sino en la inversión de la esperanza, el descubrimiento de que es también una de las fuerzas del mal". Luego de observar las cuatro horas de realización cinematográfica entregadas por Littín, no queda duda de que si hay algo que conservan los chilenos, dentro y fuera, es una buena dosis de esperanza, de fe en un futuro lleno de "grandes alamedas por las que circulará el hombre nuevo". Queda, pues, este documento fílmico como prueba hacia el futuro de un período de oscuridad que difícilmente será olvidado, y como un homenaje -al decir de Mario Benedetti- a "quienes adentro y afuera viven y se desviven, mueren y se desmueren". José Luis Ramírez. Abogado.