Los Principios Sin Fundamento Del Juicio De Amparo (Las jurisprudencias que deniegan justicia)

Los principios sin fundamento del Juicio de Amparo (Las jurisprudencias que deniegan justicia) Enrique Antonio Pedraza ...

Author: Pedraza Enrique Antonio -

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Los principios sin fundamento del Juicio de Amparo (Las jurisprudencias que deniegan justicia)

Enrique Antonio Pedraza

Enrique Antonio Pedraza Editorial Abogacía, S. C., adopta como emblema una justicia que vea, que se refleje y que alumbre, pues estamos cansados de la justicia ciega que no ve la corrupción de los funcionarios, que no ve las necesidades del pueblo, ni el equilibrio de la balanza. Por su ceguera es incapaz de utilizar su espada para castigar a los culpables y hacer cumplir sus resoluciones. En esta editorial consideramos que México está harto de una justicia ciega.

D. R. Número de registro 03-2006-011911304100-01 Inscrita el 19 de enero de 2006 Dirección General del Derecho de Autor Secretaría de Educación Pública México

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Los principios sin fundamento del juicio de amparo

Para mis tres amores: Rocío, Aura y Darío, porque son mi remanso de paz y tranquilidad que me permite escribir

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INTRODUCCIÓN ─¿Por qué en el juicio de amparo no opera el principio del Derecho Romano: “Da mihi factum, dabo tibi ius” (Dame los hechos, yo te daré el derecho)? ─Porque en el juicio de amparo opera el “Principio de Estricto Derecho”. ─¿Qué es el Principio de Estricto Derecho? ─El Principio de Estricto Derecho consiste en que el juzgador de amparo analizará la constitucionalidad del acto con base en los conceptos de violación. ─¿En qué parte de la Constitución está este principio? El artículo 17 habla de justicia pronta, de tribunales expeditos, pero no que se administrará justicia cuando existan conceptos de violación. ─En el artículo 107, fracción II, donde establece que procederá la suplencia de la queja en los casos que prevé la ley; por lo que a contrario imperio, en los demás casos opera el Principio de Estricto Derecho. Son cinco principios fundamentales los que rigen el juicio de amparo. Instancia de parte, agravio personal y directo, relatividad de la sentencia o Fórmula Otero, definitividad del acto reclamado y estricto derecho. ¿Alguna duda? ─No.

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Afortunadamente a mi alumno le quedó claro el Principio de Estricto Derecho porque a mí a partir de estas preguntas me surgieron muchas dudas.

El artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su redacción original, establecía como requisitos para poder reclamar una violación a las garantías individuales cometida durante la secuela de un procedimiento: 1. Que el quejoso reclamara la misma oportunamente (agotar el recurso legal correspondiente). 2. Levantara protesta. 3. La alegara como agravio en segunda instancia, cuando la violación se cometiera en la primera instancia (hubiera pronunciamiento por parte de la autoridad). Sin embargo, estos requisitos no eran aplicables en materia penal. En esta materia se otorgó la facultad potestativa a la Suprema Corte de Justicia para que supliera la deficiencia de la queja en dos casos, a saber: a) cuando hubiere una violación manifiesta de la ley, que hubiera dejado sin defensa al quejoso; y b) cuando al peticionario de garantías se le hubiere juzgado con una ley que no fuera exactamente aplicable al caso. Posteriormente, el Constituyente Permanente modificó estos requisitos y estableció que la suplencia de la deficiencia de la queja era una facultad, cuando el acto reclamado se fundara en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, concedió la suplencia de la 8


queja a la parte obrera en materia de trabajo, en términos análogos que en materia penal. En una tercera reforma, el Constituyente Permanente consignó, ya no la facultad, sino la obligación de suplir la deficiencia de la queja cuando los peticionarios de garantías fueran núcleos de población comunal, ejidatarios o comuneros. Además, prohibió el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad y la caducidad de la instancia en estos casos. La siguiente reforma constitucional modifica la redacción del precepto legal en estudio, pero de manera esencial siguió contemplando los casos en que procedía suplir la deficiencia de la queja. En la quinta reforma, el Constituyente Permanente, amplia la suplencia de la queja en favor de los menores de edad y de los incapaces. Finalmente, la última reforma, establece que la suplencia de la queja es una obligación conforme lo disponga la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y conserva los casos agrarios, consignando la obligación de recabar pruebas en esta materia. El principio de estricto derecho nació de una interpretación a contrario sentido del indicado precepto, ya que si la Ley Fundamental fue autorizando la suplencia de la queja en determinados casos, a contrario sentido, en los demás casos, no existía esta facultad. Incluso el Constituyente Permanente fue ampliando los casos de suplencia hasta que finalmente dejó los mismos en manos del legislador ordinario.

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A la par que evolucionó este precepto Constitucional, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia pronta y de manera gratuita. A partir del 17 de marzo de 1987, consagró la obligación de que las resoluciones de los tribunales deben ser prontas, completas e imparciales (ojalá dijera que fueran verdaderas, buenas y justas). El juicio de amparo pretende ser un procedimiento sencillo para estar al alcance de todos, ya que es la principal herramienta para salvaguardar las garantías individuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tramitación y la resolución del juicio de amparo se ha complicado debido a tecnicismos legales que nacieron del principio de estricto derecho. En efecto, al momento de elaborar una sentencia de amparo, cuando se revisa el expediente deben tenerse “presentes los casos en los que, conforme a diversas tesis jurisprudenciales de los órganos del Poder Judicial de la Federación, los conceptos de violación son inoperantes”.1 Sin embargo, el artículo 17 Constitucional, no dispone que los tribunales que conocen del juicio de amparo administrarán justicia siempre que los conceptos de violación o los agravios demuestren que el acto reclamado o la sentencia recurrida son contrarios a la Constitución o a la ley; en consecuencia, existe contradicción entre una garantía individual y un precepto constitucional. Ese es el tema del presente ensayo, descubrir las razones que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que en el juicio de amparo debe aplicarse el “Principio de Estricto Derecho”.

1 Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. "Técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo". Editorial Porrúa. 1ª. Edición. México 1998. ISBN 970-07-1463-2. Página 52.

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Explicación del método: El análisis del principio de estricto derecho que rige el juicio de amparo lo haré con base en su regulación constitucional y en su interpretación jurisprudencial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me ocuparé de la regulación legal de tal principio, pues la ley debe supeditarse a la Constitución, ni analizaré las tesis de los tribunales colegiados porque la máxima intérprete de la Carta Magna es la Corte. Las tesis, las jurisprudencias y los acuerdos que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación están compilados en discos compactos o CDS. La consulta en ellos se realiza mediante la inserción de expresiones en los diversos campos de búsqueda. Tales campos de búsqueda se forman por la interjección de dos listas, la horizontal es de los órganos jurisdiccionales, a saber: Pleno, Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala, Cuarta Sala, Sala Auxiliar y Tribunales Colegiados de Circuito. Y la vertical, está compuesta de las épocas, es decir, Quinta Época, Sexta Época, Séptima Época, Octava Época y Novena Época. Para revisar las tesis y jurisprudencias que ocupo para analizar el principio de estricto derecho, introduje las expresiones: a) Estricto derecho; b) Concepto* violación Inoperan*; c) Concepto* violación insuficien*; d) Concepto* violación inatendible*; e) Concepto* violación inefica*; f) Concepto* violación improceden*; g) Agravio* Inoperan*; h) Agravio* insuficien*; i) Agravio* inatendible*; j) Agravio* inefica*; k) Agravio* improceden*; y l) supl* queja en to11


dos los campos de búsqueda, con la colaboración de mis exalumnos: María Judith González Díaz, Miriam Montero Sánchez, Noemí Gabriela Picazo Castillo, Iván Ulises Rico Orozco, Pedro Stevenson Díaz, Alfredo Suriano Suriano, Mónica Mabel Vázquez Pérez y Martha Grissel Zenteno Morales; a quiénes la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) les permitió que realizaran su servicio social apoyándome en este trabajo. Sin estas colaboraciones no hubiera concluido este ensayo, por lo que doy mis más sinceras gracias, tanto a la casa de estudios que apoyó esta investigación, como a los ahora abogados que me ayudaron a realizarla. También debo agradecer a mi amigo Luis Rubén Baltazar Cedeño la tolerancia para escuchar y dialécticamente discutir las tesis que ocupo en este ensayo. Antes de que se objete el presente trabajo diciendo que hay más tesis de las que cité o que transcribí únicamente las tesis que me convenían; quiero aclarar que leí más tesis que las que empleo y, parafraseando una frase que emplee en mi examen profesional: “son más autores [tesis] las que no leí, que las que leí”. Lo anterior, porque existieron criterios dotados de un amplio sentido humano y de justicia que no citó, ya que estos criterios no fueron los que imperaron. Como ejemplo de estos criterios humanistas está la tesis que obligaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a analizar de oficio la legalidad de un sobreseimiento2 y a revocar el fallo aun cuando las objeciones fueran inoperantes.3

No. Registro: 324,052. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 4978. SOBRESEIMIENTO, DICTADO POR LOS JUECES DE DISTRITO, DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO LA LEGALIDAD DEL. No obsta que no se ataquen en el escrito de agravios, las razones en que se haya fundado el inferior, para sobreseer en el juicio, pues como las causas de improcedencia son de orden público, debe estudiarse de oficio la legalidad del sobreseimiento. Amparo administrativo en revisión. 8357/43. Hernández Téllez María Trinidad. 8 de marzo de 1944. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Franco Carreño no intervino en la vista de negocio por las razones que constan en el acta del día. Relator: Gabino Fraga. 3 No. Registro: 323,927. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 2891. SOBRESEIMIENTO, FALTA DE EXPRESION DE AGRAVIOS CONTRA EL.No obstante que no se ataquen en el escrito de agravios, las razones en que se fundó el inferior para sobreseer en el juicio, contra las causa de improceden2

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¿QUÉ ES EL ESTRICTO DERECHO? Desde un aspecto semántico la palabra: “estricto” es un adjetivo que significa: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley. El vocablo derecho puede ser un adjetivo, un adverbio o un sustantivo. En su primer aspecto posee ocho acepciones, en el segundo, una y en el tercero, siete. Tomando en cuenta que la expresión “estricto derecho” forma un sustantivo compuesto o modificado por el adjetivo, el significado que me interesa es uno de los que tiene como sustantivo, a saber: “Conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en toda sociedad civil”. De las definiciones de las palabras puedo deducir que el significado de la expresión estricto derecho es el acomodo rígido al conjunto de leyes, preceptos y reglas que rigen una sociedad, pero ¿quién debe ajustarse a las leyes?, ¿el particular?, ¿la autoridad? o ¿ambos? El principio de estricto derecho, en materia de amparo, fue definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como:

El principio de estricto derecho estriba en que el juzgador debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los ‘conceptos de violación’ expresados en la demanda, y, si se trata de cia son de orden público, debe estudiarse de oficio la legalidad del procedimiento; y si en el escrito de revisión se atacan las razones que fundan el sobreseimiento decretado en primera instancia, aunque las objeciones sean inoperantes, el fallo del inferior debe revocarse, si es erróneo, en términos absolutos, por motivos distintos a los aducidos por el recurrente.

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resolver un recurso interpuesto contra la resolución pronunciada por el juez de Distrito, en que el revisor se limite a apreciar tal resolución tomando en cuenta, exclusivamente, lo argüido en ‘los agravios’. No podrá, pues, el órgano de control constitucional realizar libremente el examen del acto reclamado, en la primera instancia si se trata de amparo indirecto o en única instancia si es directo, ni de la resolución recurrida si el amparo es bi-instancial, pues debe limitarse a establecer, respectivamente, si los citados conceptos de violación y, en su oportunidad, los agravios, son o no fundados, de manera que no está legalmente en aptitud de determinar que el acto reclamado es contrario a la Carta Magna por un razonamiento no expresado en la demanda, ni que la sentencia o resolución recurrida se aparta de la ley por una consideración no aducida en los agravios respectivos. En virtud de este principio puede ocurrir que, no obstante, que el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la justicia federal solicitada por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo, conducente a aquella conclusión; y que, siendo ostensiblemente ilegal la resolución recurrida, deba confirmarse por no haberse expuesto el agravio apto que condujera a su revocación.4

Aprecio que el significado de la expresión es opuesto a la acepción que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mientras que semánticamente estricto derecho es el apego a la ley;

Amparo administrativo en revisión 6858/43. Espinosa Alvaro. 9 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Gabino Fraga. 4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454-451-0. Página 40.

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para nuestro Máximo Tribunal, el principio de estricto derecho es el apego a los razonamientos del quejoso, aun en contra de la ley. Este principio no estaba contemplado en el acta de reforma de 1847, ya que su artículo 19 establecía:

Los tribunales de la federación ampararán á cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación ya de los Estados, limitándose dichos tribunales á impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley ó del acto que lo motivare.5

Tal principio tampoco estaba contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, pues el contenido del precepto transcrito, con sus respectivas modificaciones, se convirtió en el artículo 101 de dicha Constitución, que a la letra decía:

Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer

Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Historia Constitucional del Amparo Mexicano. Progreso, S.A. de C.V. 1ª. Edición. México 2000. ISBN-968-5153-69-8. Página 50.

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ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.6

Dicho precepto constitucional sufrió dos reformas, la primera se publicó el 12 de noviembre de 1908 y agregó un segundo párrafo; la segunda, es de 27 de octubre de 1915 y suprimió dicho segundo párrafo, el cual establecía:

Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los Tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y en contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser revocación.7

Como se aprecia, este párrafo consagra el nacimiento del principio de definitividad del juicio de amparo, pero hasta este momento, constitucionalmente no existía el principio de estricto derecho. Este principio surge con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917. La iniciativa de este principio fue presentada al Congreso Constituyente, con un dictamen de la comisión donde el artículo 107 pretendió dar las bases para la regulación del juicio de amparo y un voto particular. El dictamen del proyecto de dicho artículo establecía:

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Op. Cit. Página 75. Op. Cit. Página 158.

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El procedimiento, enteramente nuevo entre nosotros y que por miras principales reducir los trámites ante los jueces de Distrito, para que solamente se ventile ante la Suprema Corte, la cual resolverá en vista del escrito de queja y de las copias de los documentos que lo funden. Se deja la suspensión del acto reclamado bajo fianza en los negocios civiles, y se establecen algunos requisitos que tienden a facilitar la nueva tramitación. Esto es lo que contienen, con relación a las resoluciones judiciales de carácter definitivo, las fracciones de la I a la VII inclusive.8

El voto particular presentado por Hilario Medina, diputado por el Estado de Guanajuato y Heriberto Jara, diputado por el Estado de Veracruz, pretendía que no existiera el amparo contra sentencias definitivas porque: “Esto nulifica completamente la administración de justicia de los tribunales comunes de los Estados, porque la sentencia pronunciada por éstos será atacada ante la Corte mediante el amparo.”9

La discusión quedó centrada en este punto por acuerdo tomado por la asamblea.

De consiguiente, se cree por la Presidencia que se ahorraría tiempo en la discusión si se discutiera sólo el voto particu8 Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentación y Análisis. Dirección de Investigación y Automatización Legislativa. Historia legislativa y parlamentaria de la Constitución. ISBN 968.5153-12-4.

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lar, porque es evidente que si se acepta el voto particular ya no habría que discutir la reglamentación que consta en el artículo presentado en el dictamen de la Comisión. Si se rechaza el voto particular, entonces se pondrá a discusión el artículo 107 del proyecto; en tal virtud, se consulta a la Asamblea si acepta esta forma de discusión. Las personas que estén por la afirmativa, se servirán poner de pie. Aceptado.10

La regulación de las bases del juicio de amparo, se debió según el constituyente Fernando Lizardi, diputado por Guanajuato, a:

Dada la forma en que se ha establecido el amparo entre nosotros, se ha hecho verdadero el juicio integrado por las partes respectivas, que es el criterio de queja, en el que se debe decir en qué consiste el hecho de violación, cuál es la ley que ha sido violada, en fin, una serie de requisitos semejantes. En seguida viene la contestación, que es el informe de la autoridad responsable el juicio se abre a prueba y vienen los interesados, es decir, el quejoso y la autoridad responsable a rendir las que tengan. Suponiendo que la autoridad responsable no ha tenido razón en su procedimiento, la Suprema Corte de Justicia dice: “La autoridad responsable ha hecho mal porque está demostrado derecho de fulano”. Debido a esta organización viciosa, la Suprema Corte de Justicia se convierte en revisora de los juicios tramitados por los tribunales de los Estados; y si analizamos atentamente el proyec9

Op. Cit.

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to del ciudadano Primer Jefe, nos encontramos que en materia de juicio civil y criminal no existe ya esa revisión, no hay nuevas pruebas para que vengan a la Corte Suprema de Justicia a fin de que se confirme o revoque la sentencia, sino que la Corte se va a limitar a la función que le está encomendada en el juicio de amparo, se va a limitar a examinar si una autoridad judicial violó o no la garantía; eso es sencillamente su papel.11

Y la discusión se centró entre el dictamen de la comisión y el voto particular. Tan fue así, que el constituyente David Pastrana Jaimes, diputado por Puebla, expresó:

Voy a demostrar que en el fondo estamos de acuerdo y que no hay realmente ninguna dificultad. Dice el dictamen y el voto particular de los ciudadanos Jara y Medina, lo siguiente: (Leyó.) Como ustedes ven, en el fondo no hay diferencia capital; aun las palabras que se usan son las mismas; la diferencia estriba en esto: en que en el proyecto se ponen las II, III, IV, V y VI fracciones del artículo 107, y el ciudadano diputado Medina quiere que esas fracciones las forme el Congreso de la Unión y no nosotros. En consecuencia, la discusión no debe versar sobre el punto capital a que se ha referido el diputado Medina, sino sobre la conveniencia de que hagamos esas bases o las haga el Congreso de la Unión. Vamos a discutir esas bases y dejemos, como quiere el diputado Medina, la primera fracción de ese artículo donde está 10

Op. Cit.

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consagrada toda su exposición. El Primer Jefe y el mismo diputado Medina están de acuerdo en ese punto y todos nosotros estamos de acuerdo; de manera que la discusión ha sido inútil. Si hubiéramos discutido fracción por fracción, se habría facilitado el debate. Si aprobamos la fracción I del artículo, damos al señor Medina todo lo que quiere en su voto particular; en estudio que hagamos de las otras fracciones, allí veremos lo que más convenga; obteniendo así alguna economía en las discusiones.12

Sin embargo, al reanudarse la discusión el 22 de enero de 1917: “Se reanuda el debate sobre el voto particular del artículo 107 (…)”13 y la discusión versó según Diputado por el Distrito Federal, Félix F. Palavicini, en “todo el artículo 107 y no sobre determinada fracción”.14 Después de la intervención del Diputado por Guanajuato José Natividad Macías donde expuso ejemplos sobre la necesidad de conservar el amparo contra los actos de los poderes judiciales de los estados; se procedió a la votación sin discutir las reglas a que debía sujetarse el juicio de amparo, contenidas en las fracciones. Dentro de estas reglas está, la fracción II del artículo 107, que estableció:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por

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Op. Cit. Op. Cit. Op. Cit. Op. Cit.

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medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes: (...) II. En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa, en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio. La Suprema Corte, no obstante de esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.15

De la redacción del artículo y de la discusión del constituyente aprecio que el fin de esta disposición era reducir el número de amparos, pues este juicio sólo podía promoverse contra las sentencias definitivas, pudiendo reclamarse tanto las violaciones cometidas en ellas, como durante la secuela del procedimiento. Respecto de estas últimas, era necesario reclamarlas oportunamente, protestar contra ellas y alegarlas en apelación. Esta era la regla general. Obligar al

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pueblo que se quejara durante el procedimiento judicial, antes de acudir al amparo reclamando una violación procesal. La excepción la estableció el Constituyente en el siguiente párrafo al señalar que:

La Suprema Corte, no obstante de esta regla, [¿cuál? La enunciada en el párrafo anterior] podrá suplir la deficiencia de la queja [¿cuál? La reclamación oportuna en el procedimiento, la protesta y la alegación en segunda instancia] en un juicio penal, [¿Cuándo?] cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, [¿Cuál violación? La del procedimiento o la cometida en primera instancia] que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, [que la autoridad no hubiera aplicado estrictamente la ley, es decir, que no fuera juzgado en estricto derecho] y que sólo por torpeza [¿de quién? Del quejoso, particular, ciudadano… o ¿abogado?] no se ha combatido debidamente la violación [¿cuál? La que cometió la autoridad al no aplicar estrictamente la ley]. (El subrayado es mío).

Por eso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de mayo de 1930, estableció que:

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia Constitucional del Amparo Mexicano. Progreso, S.A. de C.V. 1ª. Ed. México 2000. ISBN-968-5153-69-8. Página 223.

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La facultad que tiene la Suprema Corte para suplir la deficiencia de la queja, no debe restringirse al solo caso en que la demanda de amparo es omisa o incompleta, si no que, y con mayor razón, debe alcanzar a toda circunstancia en que reclamándose violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, no se hayan reclamado éstas, a su vez, oportunamente y protestando contra ellas, por negarse a su reparación o que, cuando se hayan cometido en primera instancia, no se hayan alegado en la segunda vía de agravios.16

En otras palabras, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de estricto derecho consistió en la facultad que otorgó el Constituyente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en materia penal dispensara al quejoso la impugnación de la violación cometida durante el procedimiento, la protesta contra ella o que se alegara en segunda instancia cuando la violación se hubiera cometido en la primera, siempre que la autoridad no aplicara estrictamente la ley, es decir, existiera una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa o que se le hubiera juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso. Dicho de otro modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía dispensar el recurso contra la violación al procedimiento, la protesta y que se hiciera valer como agravio en apelación cuando la autoridad no aplicara el estricto derecho. No. Registro: 314,587. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXIX. Página: 507. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. De conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 93 de la Ley de Amparo, la facultad que tiene la Suprema Corte para suplir la deficiencia de la queja, no debe restringirse al solo caso en que la demanda de amparo es omisa o incompleta, si no que, y con mayor razón, debe alcanzar a toda circunstancia en que reclamándose violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, no se hayan reclamado éstas, a su vez, oportunamente y protestando contra ellas, por negarse a su reparación o que, cuando se hayan cometido en primera instancia, no se hayan alegado en la segunda vía de agravios, si la Suprema Corte advierte que ha habido en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley, lo que lo ha dejado sin defensa. Esto se desprende de la redacción de los artículos 107 constitucional, fracción II, y 93 de la Ley Reglamentaria, pues los preceptos, en ambas leyes, que autorizan a suplir la deficiencia, contienen la frase: "no obstante esta regla", o sea, no obstante que se hubieren dejado de reclamar oportunamente las violaciones al procedimiento. Así resulta también, de la redacción de esos artículos, que el legislador quiso subsanar, en general, la torpeza en combatir debidamente la violación, y esa torpeza se inicia no reclamando oportunamente contra las cometidas a las leyes del procedimiento. Amparo penal directo 4026/29. Cimas Macario. 30 de mayo de 1930. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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Lo anterior es así, porque la expresión “suplir la deficiencia de la queja”, significa:

suplir. (Del lat. supplére) tr. Cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar la carencia de ella. 2. Ponerse en lugar de uno para hacer sus veces. 3. Remplazar, sustituir una cosa para hacer sus veces. 4. Disimular uno un defecto de otro. 5. Gram. Dar por supuesto y explicito lo que solo se contiene implícitamente en la oración o frase.17

deficiencia. (Del lat. deficientía.) f. Defecto o imperfección.18

queja. f. Expresión de dolor, pena o sentimiento. 2. resentimiento, desazón. 3. Acción de quejarse. 4. Der. Acusación ante juez o tribunal competente, ejecutando en forma solemne y como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito. 5. Der. Reclamación que los herederos forzosos hacen ante el juez pidiendo la invalidación de un testamento por inoficioso. 6. Der. K V. recurso de queja, formar queja. fr. Tomar ocasión de quejarse sin motivo para ello.19

Lo que quiere decir que como facultad potestativa la Suprema Corte de Justicia integraría lo que falta, en el caso un recurso, una

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Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1923. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo I. ISBN 84-239-9201-2. Pág. 187. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1704.

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protesta o una alegación en la apelación, que debían hacerse valer solemnemente para tener derecho a impugnar la violación cometida durante el procedimiento judicial al momento de promover el juicio de amparo. Este precepto estuvo vigente del 1 de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de dicho año, hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951. Durante la vigencia de este texto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, no existió regulación constitucional de la jurisprudencia que emitía la Suprema Corte de Justicia de Nación, a pesar de que esta figura jurídica se introdujo desde la Ley de Amparo de 1882, y tuvo su consagración en los artículos 785 a 788 del Código Federal de Procedimientos Civiles de diciembre de 1908. Sin embargo, fue elevada a rango Constitucional hasta las reformas de 1951.20

Fix-Zamudio, Héctor. Ensayos Sobre el Derecho de Amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1ª. Edición. México 1993. ISBN 968-36-2889-5. Página 68.

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EL PARTO DEL ESTRICTO DERECHO La primera etapa de la jurisprudencia vigente es la Quinta Época y comprende el periodo del 1 de junio de 1917 al 30 de junio de 1957; está integrada por 132 tomos. La primera tesis que habló del estricto derecho fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una mayoría de seis ministros contra cinco, el 4 de septiembre de 1917, sin que se sepa quién fue el ponente, pues la publicación no menciona su nombre y tampoco aparece en la sentencia. Tal principio fue enunciado de la siguiente manera: “AMPARO EN MATERIA CIVIL. Es de estricto derecho”.21 La sentencia no revela algún estudio para calificar el amparo en materia civil de estricto derecho, pues únicamente aparece al inicio del considerando lo siguiente: “que el amparo en materia civil es de estrcto (sic) derecho; que la demanda formulada por el señor Mendoza Negrón no se endereza contra una sentencia definitiva respecto de la cual no proceda recurso alguno ordinario, en los términos de la fracción II del artículo 107 de la Constitución (…)” (Anexo 1) Posteriormente establece que el sobreseimiento decretado por la autoridad responsable respecto de la demanda que interpuso el quejoso a nombre de su hijo por ochenta mil pesos no es un acto de imposible reparación, ya que contra él procede el recurso de alzada, mediante el cual puede ser revocado.

No. Registro: 811,093. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: I. Página: 277. AMPARO EN MATERIA CIVIL. Es de estricto derecho.

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Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, jamás estableció que la materia civil fuera de estricto derecho. En efecto, el último párrafo del artículo 14 de la Constitución que permanece con su redacción original, establece que: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”. Lo anterior quiere decir, que en materia civil primero se aplica la ley, después se interpreta y finalmente se integra, en otras palabras, primero se aplica el estricto derecho, después se interpreta y finalmente se recurre a la analogía, a la mayoría de razón, etcétera. En esta materia no existe el estricto derecho, pues para resolver el problema civil pueden aplicarse los principios generales de derecho. Lo anterior a pesar de que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que:

El juicio de garantías es procedente contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles, cuando sean contrarias a las letras de la ley aplicable al caso, o a su interpretación jurídica, o a los principios generales de derecho, a falta de ley aplicable; lo que supone [el subrayado es mío] que el quejoso debe explicar los motivos o conceptos por los que se infringió la ley común, a fin de comprobar la violación constitucional que invoque.22

Amparo civil. Revisión del auto que desechó la demanda de amparo. Mendoza Baz Carlos. 4 de septiembre de 1917. Mayoría de seis votos. Disidentes: Enrique Moreno, Enrique García Parra, Agustín Urdapilleta, Alberto M. González y Agustín de Valle. La publicación no menciona el nombre del ponente. 22 No. Registro: 349,973. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXI. Página: 1253. AMPARO CIVIL, CARACTER ESTRICTO DEL. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme a la fracción II del artículo 107, de la Constitución Federal, en relación con la fracción III, del artículo 158, de la Ley de Amparo, el juicio de

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En esta tesis, la Tercera Sala supone, pero no interpreta, ya que el verbo suponer es diferente que el de interpretar.

suponer. (Del lat. supponere.) tr. Dar por sentada y existente una cosa. 2 Fingir, dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. 3. Traer consigo, importar. La nueva adquisición que ha hecho SUPONE desmedidos gastos de conservación. 4. Conjeturar, calcular algo a través de los indicios que se poseen. 5. intr. Tener representación o autoridad en una república o comunidad.23

interpretar (interpretar. Del lat. intepretari.) tr. Explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos de claridad. 2. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 3. Explicar, acertadamente o no, acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. 4. Representar una obra teatral, cinematográfica, etc. 5. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos. 6. Ejecutar un baile con propósito coreográfi-

garantías es procedente contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles, cuando sean contrarias a las letras de la ley aplicable al caso, o a su interpretación jurídica, o a los principios generales de derecho, a falta de ley aplicable; lo que supone que el quejoso debe explicar los motivos o conceptos por los que se infringió la ley común, a fin de comprobar la violación constitucional que invoque, de acuerdo con el espíritu del artículo 166, fracción VII, de la ley citada. Ahora bien, si el quejoso se limita a afirmar en su demanda, que la sentencia que reclama aplica inexactamente determinados preceptos legales, pero sin expresar el concepto o conceptos por los que tales preceptos fueron infringidos, debe decirse que como el amparo en materia civil, es de estricto derecho y no está permitido suplir ni ampliar nada de la demanda (artículo 79 de la ley reglamentaria invocada), procede negar al quejoso la protección federal, pues si éste no combatió los fundamentos que sirvieron de apoyo a la sentencia reclamada, tales fundamentos quedan firmes y no está comprobada la violación del artículo 14 constitucional, alegada. Amparo civil directo 2452/39. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado de Distrito del Estado de Coahuila. 17 de julio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXI. Página: 1253. AMPARO CIVIL, CARÁCTER ESTRICTO DEL. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 23 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1922.

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co. 7. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.24

La materia penal sí es de estricto derecho, pues conforme al tercer párrafo del precepto constitucional en comento: “En lo juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Esta circunstancia fue reconocida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 7 de mayo de 1952 al establecer que: “Si bien la materia penal es de estricto derecho (…)”.25 Los seis ministros que afirmaron que el amparo civil es de estricto derecho en menos de dos meses (12 de octubre de 1917) convencieron a los cinco ministros disidentes para establecer que:

AMPARO DE ESTRICTO DERECHO. Lo es el promovido contra actos del orden civil por inexacta aplicación de la ley; [primer supuesto que contempla el artículo 14] por lo que la resolución que en él se dicte deberá sujetarse a los términos de la demanda, [¿Cuál? ¿La demanda civil? ¿La demanda de amparo?] sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella.26

Op. Cit. Pág. 1181. No. Registro: 296,008. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX. Página: 1930. TESTIGOS, PROTESTA DE LOS, EN MATERIA PENAL. Si bien la materia penal es de estricto derecho, las fórmulas para tomar la protesta de los testigos no son sacramentales, sino basta que se cumpla con la formalidad esencial prescrita para el procedimiento, el cual no exige palabras sacramentales, sino el hecho de la protesta o promesa de decir verdad. Amparo penal directo 3903/49. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 7 de mayo de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. Relator: Fernando de la Fuente. 26 No. Registro: 292,170. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: I. Tesis: Página: 445. AMPARO DE ESTRICTO DERECHO. Lo es el promovido contra actos del orden civil, por inexacta aplica24 25

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De la anterior tesis deduzco una anfibología, pues del contenido desprendo que se está refiriendo a la demanda civil, pero de su rubro deduzco que se refiera a la demanda de amparo. La sentencia que dio origen a esta tesis da el fundamento legal para esta afirmación.

CONSIDERANDO: el Ministerio Público en su pedimento expone las siguientes razones y fundamentos: Primera:- El juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil por inexacta aplicación de ley, es de estricto derecho; en consecuencia, la resolución que en aquel se dicte, deberá sujetarse a los términos de la demanda sin que sea permitido suplir, ni ampliar nada en ellos. (Artículo setecientos sesenta y siete del Código Federal de Procedimientos Civiles) en el caso tiene exacta aplicación ese artículo por tratarse de un juicio de la naturaleza que especifica. Segunda:- (…) Tercero:- (…) Cuarto:- (…) Quinto:- (…)

ción de la ley; por lo que la resolución que en él se dicte deberá sujetarse a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella. Amparo civil directo. Ochoa Juana. 12 de octubre de 1917. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Epoca: Tomo I, página 358. Amparo civil interpuesto directamente ante la Suprema Corte. Robles Francisco. 29 de septiembre de 1917. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Enrique Colunga, Enrique García Parra, Victoriano Pimentel. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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CONSIDERANDO:- que tales razones y fundamentos son legales y que la Corte estima que en ellos debe fundarse esta resolución la cual como lo pide el Ministerio Público, tiene que declarar que no es de concederse el amparo solicitado primero, por la señora Juana Ochoa, y luego, por su albacea. (Anexo 2)

El artículo que invocó el Ministerio Público pertenece al Código Federal de Procedimientos Civiles expedido por el General Porfirio Díaz el 26 de diciembre de 1908. Dicho precepto establecía:

Art. 767. El juicio de amparo contra los actos judiciales del orden civil por inexacta aplicación de la ley, es de estricto derecho; en consecuencia, la resolución que en aquel se dicte, á pesar de lo prevenido por el artículo 759 deberá sujetarse a los términos de la demanda sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella. Art. 759. La Suprema Corte de Justicia, y los jueces de distrito en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso.

De las transcripciones anteriores advierto que una ley secundaria facultaba a la Suprema Corte de Justicia y a los Jueces 32


de Distrito para suplir el error en la garantía individual violada, tal facultad no podía emplearse en materia civil por inexacta aplicación de la ley, pues este caso particular fue considerado por el legislador (Porfirio Díaz) como “de estricto derecho”. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, no contenía ninguna disposición que permitiera realizar esta consideración, como ya expuse. En consecuencia, el principio de estricto derecho del juicio de amparo tuvo su fundamento en una ley anterior al régimen jurídico que dimanó de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El 6 de noviembre de 1917 por unanimidad de once votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que: “AMPARO EN JUICIOS CIVILES. El que se funda en inexacta aplicación de la ley, es de estricto derecho, y no consiste (sic) oficiosamente alguna por parte de la Suprema Corte.227 La sentencia con relación a la tesis estableció:

Cuando el quejoso no ha presentado con su demanda la copia respectiva, porque la autoridad responsable no se la ha librado a pesar de habérsele pedido, o por otro motivo cualquiera no imputable al mismo quejoso, la Corte ha ordenado que se llene el requisito de la copia y el del informe para poder dar entrada a la demanda, teniendo en consideración que no habiendo culpa de parte del quejoso, no debía pararle perjuicios por hechos ajenos que no le son imputables. Pero No. Registro: 811,399. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: I. Página: 646. AMPARO EN JUICIOS CIVILES. El que se funda en inexacta aplicación de la ley, es de estricto derecho, y no consiste oficiosamente alguna por parte de la Suprema Corte.

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cuando la falta de requisitos proviene de culpa del quejoso, como sucede en este caso, pues no sólo no presentó la copia respectiva al impetrar el amparo, sino que ni siquiera se cuido /oportunamente/ de pedírsela a la autoridad responsable, como ordena la Constitución, la Corte no puede suplir esas deficiencias que son imputables al quejoso y sólo a él; tanto más cuanto que el amparo en juicios civiles es de extricto (sic) derecho cuando versa, como en esta caso, sólo en inexacta aplicación de la ley, no consiente oficiosidad ninguna por parte de la Corte. En consecuencia, y no habiéndose llenado, en su oportunidad los requisitos constitucionales que debió cumplir la demanda, no debe ser admitida. (Anexo 3)

Esta tesis establece que el estricto derecho es una actitud por parte del tribunal, es decir, que la facultad (obligación) contenida en el artículo 107, fracción II, párrafo dos de la Constitución consistente en la suplencia de la queja en un juicio penal, no es aplicable en materia civil.

La anterior circunstancia queda completamente clarificada, con una mayoría de 7 ministros, el 26 de enero de 1918, al establecer que: “AMPAROS DEL ORDEN CIVIL. Son de estricto derecho y la resolución que deba pronunciarse no admite oficiosidad alguna, ni cabe suplir ni ampliar nada en ellos”.28

Amparo civil directo interpuesto ante la Corte. García Francisco. 6 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 28 No. Registro: 291,067. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: II. Página: 224. AMPAROS DEL ORDEN CIVIL. Son de estricto derecho y la resolución que deba pronunciarse no admite oficiosidad alguna, ni cabe suplir ni ampliar nada en ellos. Amparo civil interpuesto directamente ante la Suprema Corte. Ruiz Miguel. 26 de enero de 1918. Mayoría de siete votos. Disidentes: Agustín de Valle, Alberto M. González, Enrique García Parra y Enrique M. de los Ríos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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La consideración para llegar a esta conclusión contenida en la sentencia, está basada en la ley, no en la Constitución.

CONSIDERANDO: Que por faltar, en el caso, la copia relativa y el informe de la autoridad responsable, requisitos exigidos terminantemente por la Constitución y que omitió llenar el agraviado, pues ninguna gestión hizo a su debido tiempo sobre tales particulares para cumplir todas las exigencias de la propia Ley Fundamental; la Corte no puede suplir las omisiones ya expresadas, las cuales son imputables al mismo quejoso, tanto más, cuanto que el juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, por inexacta aplicación de la ley, como en el caso de que se trata, es de estricto derecho, según lo dispone el artículo setecientos sesenta y siete del Código Federal de Procedimientos Civiles; y en consecuencia, la resolución que debe pronunciarse no consiente oficiosidad alguna, pues no es permitido suplir ni ampliar nada de las exigencias establecidas. Por tanto, no habiéndose llenado en tiempo hábil los requisitos constitucionales que debió cumplir el recurrente, su demanda tampoco debe ser admitida. (Anexo 4)

La actitud que conforme a esta tesis debía asumir el juzgador se limitaba a los hechos contenidos en la demanda que fueron materia del juicio de amparo,29 (Anexo 5) en otras palabras, a los actos reclamados.

No. Registro: 811,597. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: II. Página: 625. AMPARO EN MATERIA CIVIL. Es de estricto derecho, y se viola la ley con suplir en él la intención del quejoso, haciendo figurar hechos distintos de los que aparecen en la demanda y que han sido motivo del amparo.

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A pesar de que este principio estaba en el segundo párrafo de una sola fracción, por lo que era necesario que se interpretara íntegramente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero definió que era estricto derecho, con base en la ley, para después interpretar “suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal”. Así, el 4 de Noviembre de 1918, dicho Pleno amplia la facultad de suplencia de la queja contenida en el artículo 107, fracción II, a los jueces de Distrito y la convierte en obligación, al establecer: “No solamente la Corte, sino también los Jueces de Distrito, pueden y deben suplirla en los amparos contra actos del orden penal”.30 Las razones que expuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia fueron las siguientes:

CUARTO: No es exacto, como afirma el Juez de Distrito, que solamente la Corte pueda suplir la deficiencia de la queja en los amparos contra actos del orden penal, puesto que también los Jueces de Distrito pueden y deben hacerlo, en cumplimiento de lo que previenen el artículo setecientos cincuenta y nueve del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la propia fracción segunda del artículo ciento siete de la Constitución. (Anexo 6)

Amparo civil en revisión. Nava Blas. 25 de febrero de 1918. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Agustín de Valle, Santiago Martínez Alomía y Enrique García Parra. La publicación no menciona el nombre del ponente. 30No. Registro: 290,776. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III. Página: 1169. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. No solamente la Corte, sino también los Jueces de Distrito, pueden y deben suplirla en los amparos contra actos del orden penal. Amparo administrativo en revisión. Dueñas Pedro. 4 de noviembre de 1918. Unanimidad de ocho votos, en el primer punto, en cuanto al cateo; por mayoría de siete votos, en cuanto a la detención. Disidente: Santiago Martínez Alomía; por mayoría de siete votos, en cuanto al segundo punto. Disidente: Manuel E. Cruz; y en el tercero, por unanimidad de ocho votos. Ausentes: Agustín de Valle, Alberto M. González, y Enrique García Parra. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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A pesar de las consideraciones anteriores, el 13 de diciembre de 1924, dicho Pleno decidió lo contrario al establecer que: “Sólo la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad para suplir la deficiencia de la queja, y sólo en los amparos directos entablados contra sentencias definitivas; pero ninguna disposición legal autoriza a los Jueces de Distrito a suplir esa deficiencia”.31

Las consideraciones que dieron origen a esta tesis fueron:

No conforme el Ciudadano Agente del Ministerio Público con esta sentencia, por escrito de siete de abril de mil novecientos veintitrés interpuso el recurso de revisión expresando los siguientes agravios: PRIMERO: El quejoso en su demanda de amparo sólo invoca como garantías violadas las consagradas por los artículos catorce y dieciséis de la Constitución Federal y el Juez de Distrito en su sentencia examinó la cuestión a la luz del artículo diecinueve constitucional para conceder el amparo; y de esto deduce el Ministerio Público que el Juez ha invadido las facultades de la Suprema Corte al suplir la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con la segunda parte de la fracción II del artículo ciento siete constitucional, sólo ese Tribunal tiene facultad para hacerlo (…). (Anexo 7)

No. Registro: 284,639. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XV. Página: 1293. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Sólo la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad para suplir la deficiencia de la queja, y sólo en los amparos directos entablados contra sentencias definitivas; pero ninguna disposición legal autoriza a los Jueces de Distrito a suplir esa deficiencia. Amparo penal en revisión. Trejo Luis. 13 de diciembre de 1924. Unanimidad de ocho votos. La publicacion no menciona el nombre del ponente.

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Con estas tesis se separan los conceptos de estricto derecho y suplencia de la queja. Tales conceptos nacieron unidos en la fracción II del artículo 107 constitucional. En efecto, la suplencia de la queja era para dispensar la impugnación de una violación del procedimiento, la protesta respectiva o la falta de alegación en apelación en materia penal y en el caso de una sentencia definitiva, pues era una sola fracción conteniendo dos párrafos. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el segundo párrafo de manera independiente al establecer que:

La Suprema Corte podrá suplir la deficiencia de la queja, en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido, en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que, sólo por torpeza, no se ha combatido debidamente la violación.32 (Anexo 8)

Con esta interpretación, la excepción contenida en este párrafo se transformó en una regla general, sin ninguna limitación, salvo la materia, pues tal suplencia se hacía aun sin agravios.33

No. Registro: 290,271. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III. Página: 406. AMPAROS PENALES. La Suprema Corte podrá suplir la deficiencia de la queja, en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido, en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que, sólo por torpeza, no se ha combatido debidamente la violación. Amparo penal en revisión. Díaz Chávez Manuel. 7 de agosto de 1918. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 33 No. Registro: 284,815, Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV. Página: 359. REVISIÓN, EN AMPARO PENAL.Aun cuando al interponerla no se expresen agravios, la Corte, por equidad y teniendo en cuenta el amplio espíritu del párrafo segundo de la fracción II, del artículo 107 constitucional, puede suplir la deficiencia de la queja, y entrar a la revisión del asunto, en cuanto al fondo. Tomo XIV, página 1995. Indice Alfabético. Amparo penal 1593/19. Jiménez José. 16 de febrero de 1923. Mayoría de nueve votos. Ausente: Leopoldo Estrada. Disidente: Sabino M. Olea. La publicación no menciona el nombre del ponente. 32

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CONSIDERANDO. I: Aun cuando la parte quejosa no expresó agravios al interponer el recurso de revisión, esta Suprema Corte de Justicia estima que tratándose de un asunto del orden penal, por equidad y teniendo en cuenta el amplio espíritu del párrafo segundo, de la fracción segunda del artículo ciento siete constitucional y supliendo la deficiencia de la queja, no debe declararse ejecutoriada la sentencia del Ciudadano Juez de Distrito y que es de revisarse. (Anexo 9)

Posterior a determinar que la suplencia de la queja es una regla general en materia penal, ocho ministros decidieron, el 6 de enero de 1919, que el estricto derecho es “resolver únicamente sobre las violaciones alegadas en la demanda”.34 Las consideraciones de la sentencia fueron las siguientes:

PRIMERO: Como la presente queja de amparo se dirige contra una resolución judicial del orden civil, por violación del artículo catorce constitucional, la sentencia debe contraerse a examinar si existe, en el caso, inexacta aplicación del artículo seiscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que es el único precepto que se cita en la demanda como mal aplicado (…) (Anexo 10).

Tomo XIV, página 359. Amparo mixto en revisión 1863/21. Vera Eduardo y coagraviada. 19 de enero de 1924. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Victoriano Pimentel, Ernesto Garza Pérez y Gustavo A. Vicencio. Disidentes: Jesús Guzmán Vaca, Francisco Díaz Lombardo y Francisco M. Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 34 No. Registro: 289,458. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IV. Página: 69. AMPARO CIVIL. Es de estricto derecho, y la sentencia respectiva debe resolver únicamente sobre las violaciones alegadas en la demanda. Amparo civil directo. Martínez Ramón. 6 de enero de 1919. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Santiago Martínez Alomía, Enrique Moreno y Enrique M. de los Ríos. La publicación no menciona el nombre de ponente.

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Con esta tesis nace el principio de estricto derecho, tal y como lo conocemos, pues ya no se trata de inexacta aplicación de la ley, ni de analizar actos reclamados diversos a los contenidos en la demanda, ni de dispensar recursos, protestas o agravios durante el procedimiento judicial en materia penal, ni de analizar la sentencia recurrida sin que existan agravios, sino de analizar, exclusivamente, las violaciones que alega el particular. En este momento el juicio de amparo cambia su objeto, pues conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las controversias que deben resolver los tribunales de la federación son respecto de leyes o actos que violen garantías individuales;35 y con este criterio las controversias que deben resolver son las violaciones de garantías individuales que le planteen los particulares respecto de actos de autoridad. El objeto de estudio en el juicio de amparo ya no es el acto de autoridad, sino las violaciones que hace valer el quejoso. Con la gracia de que en materia penal es una obligación (en principio jueces y Corte, después sólo Corte) “suplir la deficiencia de la queja” y pueden conceder el amparo “por violaciones no alegadas en la demanda”.36 Sin embargo, esta suplencia únicamente “se refiere a los casos en que se encuentre que ha habido una violación manifiesta de la ley, en contra del quejoso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente; pero esa facultad no da derecho para conceder el amparo por simples omisiones del procedimien-

(Texto original) Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad Federal. 36 No. Registro: 287,835. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VIII. Página: 917. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Suprema Corte puede suplir la deficiencia de la queja en los asuntos del orden penal, y conceder la protección constitucional por violaciones no alegadas en la demanda. Amparo penal directo. Rojas José. 11 de mayo de 1921. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Adolfo Arias y Gustavo A. Vicencio. Disidentes: Alberto M. González, José María Mena y Agustín Urdapilleta. La publicación no menciona el nombre del ponente. 35

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to, por parte de la autoridad responsable, que no vulneren las garantías individuales del recurrente”.37 Con lo anterior, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometieron un error epistemológico porque equivocaron el fundamento del juicio de amparo que era defender garantías individuales y equivocaron el método para resolver las controversias de actos de autoridad, pues no analizaron si éstos se apegaban a la constitución, sino únicamente estudiaron las violaciones que los quejosos hicieran valer contra tales actos. A partir de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron que el estricto derecho consiste en analizar las violaciones alegadas en la demanda, y que la suplencia de la queja en materia penal hacía innecesario que en la demanda o recurso se expresaran conceptos de violación o agravios, emitieron tesis para establecer qué materias son de estricto derecho, qué materias admiten la suplencia de la queja y la manera en que debe analizarse la demanda de amparo. Primero: únicamente debía analizarse la demanda, sin “suplir ni ampliar nada en ella”;38 en segundo lugar, fue “requisito esencial para que proceda, que se citen el precepto o preceptos legales infringidos, sin que basten los simples razonamientos del promovente contra el fallo que recurre”;39 en tercer lugar, la sen-

No. Registro: 289,705. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IV. Página: 503. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La facultad que tienen los tribunales federales de suplir la deficiencia de la queja, en los amparos del orden penal, se refiere a los casos en que se encuentre que ha habido una violación manifiesta de la ley, en contra del quejoso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente; pero esa facultad no da derecho para conceder el amparo por simples omisiones del procedimiento, por parte de la autoridad responsable, que no vulneren las garantías individuales del recurrente. Amparo penal en revisión. García Juan. 5 de marzo de 1919. Unanimidad de siete votos. Ausentes: Alberto M. González y Enrique M. de los Ríos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 38 No. Registro: 811,202. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VII. Página: 342. AMPARO CIVIL. Es de estricto derecho, debiendo sujetarse la sentencia relativa a los términos de la demanda, sin poder suplir ni ampliar nada en ella. Amparo civil directo. Díaz Manuel D. 16 de julio de 1920. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Alberto M. González, Benito Flores y Antonio Alcocer. La publicación no menciona el nombre del ponente. 39 No. Registro: 811,090. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI. Página: 134. AMPARO CIVIL. Es requisito esencial para que proceda, que en él se citen el precepto o preceptos legales infringidos, sin que basten los simples razonamientos del promovente contra el fallo que recurre; y siendo de estricto derecho, el Juez o tribunal que conozca del juicio, no puede suplir las deficiencias de la demanda. Amparo civil directo. Fernández Enrique. 8 de diciembre de 1919. Mayoría de siete votos. Ausentes: Benito Flores, Gustavo A. Vicencio y Enrique Moreno. Disidente: Alberto M. González. La publicación no menciona el nombre del ponente. 37

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tencia “sólo debe ocuparse de los motivos de queja expresados en la demanda”;40 en cuarto lugar, la suplencia sólo procedía si se menciona “con claridad el hecho violatorio de garantías”;41 en quinto lugar, la suplencia en materia administrativa procedía si se expresaba la garantía violada,42 aunque después en esta materia no procedió;43 y en sexto lugar, “en el amparo civil no puede suplirse en nada la deficiencia de la queja”.44 Con estos criterios, la sustancia del juicio de amparo deja de ser los actos reclamados en la demanda y se convierte en los motivos de queja o conceptos de violación. Por eso a partir de este momento empiezan a calificarse los razonamientos del quejoso, es decir, los conceptos de violación o agravios. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: “Si no se expresa agravio alguno contra el fallo que se recurre en amparo, la demanda resultaba improcedente”;45 es decir, que la administración de justicia depende de los razonamientos del que-

No. Registro: 810,664. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVI. Página: 748. AMPARO CIVIL. Es de estricto derecho, y, por consecuencia, la sentencia que en él se dicte, sólo debe ocuparse de los motivos de queja expresados en la demanda. Amparo civil directo 611/23. Sierra viuda de Cantón Teófila. 1o. de abril de 1925. Mayoría de cinco votos, en cuanto al primer punto resolutivo y por mayoría de seis votos, en cuanto al segundo. Ausentes: Jesús Guzmán Vaca y Gustavo A. Vicencio. Disidentes: Leopoldo Estrada, Ernesto Garza Pérez y Francisco Díaz Lombardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Epoca: Tomo XVI, página 1547. Amparo 2434/22. Sierra viuda de Cantón Teófila. 1o. de abril de 1925. Mayoría de cinco votos. Ausente: Jesús Guzmán Vaca. Disidentes: Leopoldo Estrada, Ernesto Garza Pérez, Francisco Díaz Lombardo y Gustavo A. Vicencio. La publicación no menciona el nombre del ponente. 41 No. Registro: 288,758. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI. Página: 556. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La deficiencia de la queja, en amparo penal, puede ser suplida por el Juez de Distrito y aún por la Suprema Corte, cuando en dicha queja se mencione con claridad el hecho violatorio de garantías. Amparo administrativo en revisión. Hernández Teodoro. 23 de marzo de 1920. Unanimidad de diez votos. Ausente: Patricio sabido. La publicación no menciona el nombre del ponente. 42 No. Registro: 288,753. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI. Página: 347. DEFICIENCIAS DE LA QUEJA. Si en la queja en amparo administrativo, no se expresa la garantía violada, la Corte no está en aptitud de suplir esa deficiencia. Amparo administrativo en revisión. Ruiz Castro Federico. 16 de febrero de 1920 Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Agustín Urdapilleta, Enrique Moreno y Ernesto Garza Pérez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 43 No. Registro: 286,751. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: X. Página: 81. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. No puede ser suplida por la Suprema Corte tratándose de amparos administrativos. Amparo administrativo en revisión. García Jesús, sucesión de. 5 de enero de 1922. Unanimidad de ocho votos. Los Ministros Enrique Moreno, Patricio Sabido y Agustín Urdapilleta, no votaron en este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. 44 No. Registro: 810,322. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: X. Página: 126. AMPARO CIVIL. En el amparo civil no puede suplirse en nada la deficiencia de la queja. Amparo civil directo. Brihuega Salvador. 10 de enero de 1922. Mayoría de cinco votos. El Ministro Enrique Moreno, no asistió a la sesión, por las razones que constan en el acta del día. Ausente: Agustín Urdapilleta. La publicación no menciona el nombre del ponente. 45 No. Registro: 810,319. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: X. Página: 125. AMPARO CIVIL. Si no se expresa agravio alguno contra el fallo que se recurre en amparo, la demanda resulta improcedente y debe sobreseerse. Amparo civil directo. Brihuega Salvador. 10 de enero de 1922. Mayoría de cinco votos. El Ministro enrique Moreno, no asistió a la sesión, por las razones que constan en el acta del día. Ausente: Agustín Urdapilleta. La publicación no menciona el nombre del ponente. 40

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joso. Además, calificó los agravios de improcedentes,46 (improcedente. De in y procedente. adj. No conforme a derecho. 2. Inadecuado, extemporáneo47); para posteriormente establecer que los agravios debían puntualizar “las causas en que se fundan”48 y a través de diversas tesis empezó a establecer los requisitos de los agravios, como son que se expresaran en la segunda instancia del juicio49 de donde derivan los actos reclamados o que sean alegados ante los tribunales del orden común.50 Es decir, convirtió los conceptos de violación o los agravios en la materia del juicio de amparo o del recurso de revisión y, a semejanza de los hechos, tenían que hacerse valer ante la autoridad.

No. Registro: 285,102. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV. Página: 1085. AGRAVIOS. Si los que se presenten contra la sentencia del Juez de Distrito, son improcedentes, debe confirmarse aquélla. Tomo XIV, página 1834. Indice Alfabético. Amparo 621/18. Yañez Mariano. 3 de abril de 1924. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XIV, página 1085. Amparo administrativo en revisión 138/22. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motríz de Monterrey, Nuevo León. 27 de marzo de 1924. Unanimidad de diez votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 47 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1148. 48 No. Registro: 280,008. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXII. Página: 83. AGRAVIOS. Si no se expresan y puntualizan las causas en que se fundan, deben ser desechados por improcedentes. Amparo administrativo en revisión 3483/26. Soria Fidencio. 10 de enero de 1928. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 49 No. Registro: 279,720. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVI. Página: 695. SUPLICA. Los agravios en que se funde, son improcedentes, si tales agravios no fueron expresados en la segunda instancia del juicio, como lo previene el artículo 133 de la Ley de Amparo. Tomo XVI, página 1656. Indice Alfabético. Recurso de súplica 63/22. Bolio de Barbachano Ana. 15 de junio de 1925. Mayoría de ocho votos. Ausente: Gustavo A. Vicencio. Disidentes: Salvador Urbina y Jesús Guzmán Vaca. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XVI, página 1656. Indice Alfabético. Recurso de súplica 90/23. Rondero de Espinosa Angela. 20 de abril de 1925. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XVI, página 695. Recurso de súplica 70/24. Méndez viuda de Gavito Adela. 27 de marzo de 1925. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 50 No. Registro: 283,722. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVII. Página: 453. EXCEPCIONES. Si no son alegadas ante los tribunales del orden común, es improcedente hacerlas valer como agravios en el juicio de garantías. Amparo civil directo 1962/23. Beascoa Francisco. 21 de agosto de 1925. Mayoría de seis votos. Disidentes: Jesús Guzmán Vaca, Leopoldo Estrada y Francisco M. Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVII. Página: 453. EXCEPCIONES. 46

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CONSECUENCIAS DEL ESTRICTO DERECHO (QUINTA ÉPOCA)

Al momento en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: 1. Que el amparo en materia civil es de estricto derecho; 2. Que en materia administrativa el amparo es de estricto derecho cuando se trata de inexacta aplicación de la ley; 3. Que en materia penal era posible la suplencia de la queja si se mencionaba con claridad el hecho violatorio; y 4. Que en materia administrativa procede la suplencia de la queja si se expresaba la garantía individual violada, se crea la técnica jurídica procesal que rige el juicio de amparo y quienes se encargan de estructurar estos formulismos son la Primera Sala y la Segunda Sala. La doctrina consistió en que hay materias de “estricto derecho” y materia donde procede “la suplencia de la queja”. Así tenemos que estas salas establecieron que el incidente de suspensión en materia civil era de estricto derecho,51 por lo que el quejoso debía señalar a las autoridades ejecutoras.52 La revisión interpuesta por la autoridad responsable fue calificada de estricto derecho.53 Todos los amparos administrativos y los amparos en ma-

No. Registro: 348,339. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXVII. Página: 2353. AMPARO CIVIL, DEFICIENCIAS DE LAS PARTES TRATANDOSE DE. El Juez de Distrito no puede oficiosamente suplir las deficiencias de las partes al sustanciar un amparo o un incidente de suspensión en materia civil, por ser de estricto derecho su tramitación, de manera que si el artículo 131 de la ley relativa, les da la oportunidad y al mismo tiempo les señala la obligación de probar los extremos que fija la ley, para la procedencia de la suspensión y no lo hacen, el Juez de Distrito no está obligado a suplir esa deficiencia. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8271/45. Viesca de Fernández Luz. 12 de marzo de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 52 No. Registro: 806,082. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVI. Página: 1454. SUSPENSIÓN EN AMPARO CIVIL, ES DE ESTRICTO DERECHO (AUTORIDADES EJECUTORAS). Si el acto reclamado se hace consistir en una sentencia, y sólo se señala como responsable a la autoridad que la dictó, no así a la ejecutora; y por otra parte, no se reclama la ejecución de dicha sentencia y sus consecuencias legales, en tales condiciones, la suspensión no puede concederse, por tratarse de un acto consumado, y porque en los amparos civiles, el Juez sólo debe ocuparse de los actos reclamados y de las autoridades señaladas como responsables, sin que le sea lícito suplir omisiones de los quejosos. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 2215/48. Sánchez Eduwigis, sucesión de. 7 de junio de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 53 No. Registro: 299,699. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Tesis: . Página: 1668. REVISIÓN INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES DE ESTRICTO DERECHO. Sin prejuzgar de la juridicidad de una de las razones aducidas por el Juez de Distrito, para conceder la protección federal, basta con que esa razón no haya sido rebatida por la autoridad recurrente, para que se declare infundado el agravio que se analiza, ya 51

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teria penal promovidos por los denunciantes, son de estricto derecho y no procede la suplencia de la queja. Ésta se redujo a los amparos directos y quedaron excluidos los amparos en revisión. Además, se establecieron casos para suplir la deficiencia de la queja en materia penal y casos para no suplirla. Como la materia del juicio de amparo ya no fue los actos de autoridad, sino las violaciones que alegaban los ciudadanos, se calificaron los conceptos de violación de deficientes, inoperantes e improcedentes. En otras palabras, las violaciones a las garantías individuales que alegaban los quejosos realizadas en sus conceptos de violación recibieron calificativos. También, los agravios que hicieron valer los quejosos en los recursos de revisión fueron calificados de inoperantes, inatendibles, ineficaces, insuficientes, e improcedentes. El 28 de agosto de 1928 fue reformado el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,54 para crear una sala más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentar el número de ministros de 11 a 16. En este momento surge la Tercera Sala, misma que considera que el amparo en materia de trabajo es de estricto derecho. El 15 de diciembre de 1934, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sufre otra reforma que

que la revisión que en un juicio de amparo penal interpone la autoridad responsable, es de estricto derecho y, por ende, no cabe suplir la deficiencia de sus agravios. Amparo penal en revisión 3292/50. Moreno Ruiz Angel. 21 de agosto de 1950. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Página: 1668. REVISIÓN INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES DE ESTRICTO DERECHO. 54 Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de dieciséis Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en tres Salas, de cinco Ministros cada una, en los términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas, serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Las sesiones serán celebradas en la forma y términos que establezca la ley respectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.

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aumenta a cuatro las Salas que componían la Suprema Corte de Justicia de la Nación.55 En este momento surge la Cuarta Sala que conocerá de asuntos laborales. Esta sala aumentó los calificativos de los conceptos de violación a irregulares o ineptos. Los calificativos que usaron las salas para los conceptos de violación significan: “improcedente. (de in- y procedente.) adj. No conforme a derecho. 2. Inadecuado, extemporáneo.”56 “inoperante. adj. No operante, ineficaz.”57 “ineficaz. (Del lat. ineficaz, -acis) no eficaz.”58 “eficaz. (Del lat. eficaz, -acis) adj. Activo, poderoso para obrar. 2. Que logra hacer efectivo un intento o propósito.”59 “insuficiente. (Del lat. Insufficiens, -entis) adj. No suficente”.60 “suficiente. (Del lat. Sfficiens, entes.) adj. Bastante para lo que se necesita. 2. Apto o idóneo. 3. fig. Pedante, engreído que habla con afectación.”61 “deficiente. (Del lat. deficiens, -entis, p. a. de deficere, faltar.) adj. Falto o incompleto. 2. Que tiene algún defecto o que no alArt. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en juzgados de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún Ministros y funcionarios (sic) en Tribunal Pleno o dividida en cuatro Salas de cinco Ministros cada una, en los términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Las sesiones serán celebradas en la forma y términos que establezca la ley respectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, durarán en sus encargos seis años, pero podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111 o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. 56 op. cit. 1148 57 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1171. 58 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1161. 59 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo I. ISBN 84-239-9201-2. Pág. 792. 60 60 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo II. ISBN 84-239-9202-0. Pág. 1176. 55

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canza el nivel considerado normal. 3. subnormal, afectado de una deficiencia mental. Ú. t. c. s. 4. Arit. V. número deficiente.”62 “-in. Prefijo que significa negación o privación.”63 “atendible. adj. Digno de atención o de ser atendido. Razones ATENDIBLES.”64 Las anteriores definiciones tienen en común que significan carencia de algo. Lo que quiere decir que los conceptos de violación adolecían de requisitos. Sin embargo, la definición de los conceptos de violación fue dada por la Tercera Sala y por la Cuarta Sala después de que la Primera Sala y la Segunda Sala calificaron los conceptos de violación y los agravios. En otras palabras, primero el Pleno, la Primera Sala y la Segunda Sala dijeron que los conceptos de violación adolecían de requisitos y después la Tercera Sala y la Cuarta Sala establecieron cuales son los requisitos de los conceptos de violación. La Tercera Sala definió el concepto de violación como:

La manifestación de la lesión de un derecho cometida en la resolución judicial impugnada, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar aquella que rige el caso; por lo que al expresar cada concepto, el quejoso debe precisar cual es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el motivo por el cual fue infringido, pues sin estos requisitos, no existe base para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fa-

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Op. Cit. Págs. 1916 y 1917 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo I. ISBN 84-239-9201-2. Pág. 672. Op. Cit. Pág. 1149. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo I. ISBN 84-239-9201-2. Pág. 221.

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llo reclamado, aunque se citen las garantías constitucionales que se estimen infringidas; y como en materia civil no puede suplirse la deficiencia de la queja, en tal supuesto debe negarse la protección federal.65

Como definición de los conceptos de violación, la Cuarta Sala dijo: “Entendiendo por tales conceptos, los razonamientos que, relacionados con la circunstancia de una causa jurídica determinada, demuestran la infracción de preceptos legales, de los cuales se hace inferir la existencia de las violaciones de garantías individuales”;66 y que:

En la demanda de amparo se expresarán: los preceptos constitucionales cuya violación se reclama y el concepto o conceptos de la misma violación, y la ley que, en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente, a lo que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en la inexacta aplicación de las leyes de fondo.67

No. Registro: 342,844. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVIII. Página: 865. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se entiende por concepto violatorio en el amparo directo, la manifestación de la lesión de un derecho cometida en la resolución judicial impugnada, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar aquella que rige el caso; por lo que al expresar cada concepto, el quejoso debe precisar cual es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el motivo por el cual fue infringido, pues sin estos requisitos, no existe base para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del fallo reclamado, aunque se citen las garantías constitucionales que se estimen infringidas; y como en materia civil no puede suplirse la deficiencia de la queja, en tal supuesto debe negarse la protección federal. Amparo civil directo 4439/49. García Merino Fausto. 26 de abril de 1951. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Roque Estrada. Ponente: Carlos I. Meléndez. 66 No. Registro: 376,383. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 4990. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si el quejoso en sus agravios se limita a impugnar la estimación de improcedencia hecha por el inferior, sin invocar agravio alguno a este respecto, esta es suficiente para confirmar la resolución recurrida, sobre todo, si el análisis de la demanda de amparo, demuestra que en ella no se expresan los conceptos de violación respecto a los actos reclamados, entendiendo por tales conceptos, los razonamientos que, relacionados con la circunstancia de una causa jurídica determinada, demuestran la infracción de preceptos legales, de los cuales se hace inferir la existencia de las violaciones de garantías individuales que se reclaman. Amparo en revisión en materia de trabajo 3341/42. Cervantes Angel. 27 de agosto de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: Hermilo López Sánchez. 67 No. Registro: 376,199. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 123. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO, EN EL DEBE CITARSE LA LEY VIOLADA. El artículo 166 de la Ley de Amparo, en sus fracciones VI y VII, respectivamente, determina que en la demanda de amparo se expresarán: los preceptos constitucionales cuya violación se reclama y el concepto o conceptos de la misma violación, y la ley que, en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente, a lo que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en la inexacta aplicación de las leyes de fondo; por lo que si el quejoso en amparo, no cumple en su libelo correspondiente, con las prevenciones contenidas en las fracciones del citado precepto, no invocado en su escrito, artículo alguno constitucional de los que consignan garantías individuales, y señalando en sus agravios, disposiciones que hubiesen sido infringidas en el laudo reclamado, el amparo resulta improcedente, 65

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Haré a continuación un resumen de las jurisprudencias que trataron del “estricto derecho”. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en la materia penal, los amparos promovidos por los denunciantes eran de estricto derecho.68 En otras palabras, la suplencia de la queja quedó limitada a los presuntos delincuentes, pero no se aplicó a los ofendidos que resintieron el delito, es decir, nuestro Máximo Tribunal suple la queja al presunto delincuente, no a la reconocida víctima. Por eso, también fue de estricto derecho la responsabilidad civil proveniente de delito.69 Con relación a la suplencia de la queja, esta sala repitió las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que era facultad de la Corte suplir la deficiencia de la queja en materia penal,70 no así, de los jueces de Distrito;71 pero dicha suplencia fue limitada a “que no se ha juzgado al procesado por una ley que no es exactamente aplicable al caso

conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en relación con las fracciones del artículo arriba citado, y por tanto, el mismo debe sobreseerse, de acuerdo con la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento. Amparo directo en materia de trabajo 2898/41. Araiza Miguel y coagraviados. 1o. de julio de 1942. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Antonio Islas Bravo no asistió por las razones que constan en el acta del día. Relator: José M. Mendoza Pardo. 68 No. Registro: 299,464. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVI. Página: 2329. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. Aun dentro de la tesis de la suplencia de la queja en amparos indirectos, no cabe tal suplencia cuando se trata, no del acusado, sino del denunciante, pues respecto de este último, la revisión que interponga en todo juicio de garantías, es de estricto derecho. Amparos penales en revisión acumulados 284/50. Abelardo Caballero. 9 de diciembre de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no menciona el nombre del ponente. 69 No. Registro: 296,052. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX. Página: 2151. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL (RESPONSABILIDAD CIVIL). Las sentencias recaídas en los incidentes o juicios de responsabilidad civil por concepto de reparación del daño proveniente del delito, son por su propia naturaleza de carácter esencialmente civil y, por consiguiente, los juicio de amparo que se promueven contra dichos fallos, deben conceptuarse como juicios de estricto derecho, por lo que las omisiones o deficiencias en que se pueda incurrir en las demandas de amparo, no son susceptibles de ser suplidas. Amparo penal directo 7316/46. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 3 de diciembre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Relator: José M. Ortiz Tirado. 70 No. Registro: 810,309. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXV. Página: 1710. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La suprema Corte puede suplir la deficiencia de la queja, en los amparos del orden penal. Amparo penal directo 1464/19. González Manuel. 22 de marzo de 1929. Mayoría de tres votos. Disidentes: Francisco Barba. La publicación no menciona el nombre del ponente. 71 No. Registro: 315,574. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXV. Página: 1300. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Ni la Constitución General, ni la Ley de Amparo, facultan a los Jueces de Distrito para suplir la deficiencia de la queja en los amparos de carácter penal, y la misma Suprema Corte, sólo puede hacerlo tratándose de amparos directos de ese orden. Amparo penal en revisión 3439/27. Afif Amado E. 7 de marzo de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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y que la violación no fue alegada por torpeza en la demanda”72 o “cuando encuentre manifiestas violaciones de la ley, en contra del quejoso, que lo prevén (sic) de defensa”;73 y siempre que “de ello pueda resultar algún beneficio al agraviado; y debe suplirla, cuando existan violaciones que por error o descuido no hubieran sido alegadas”.74 También la suplencia de la queja se redujo a los amparos directos y quedó excluida de los amparos en revisión,75 donde había que confirmar “los puntos resolutivos no objetados por el recurrente”;76 como consecuencia de esto, los sobreseimientos quedaban firmes si no eran impugnados debidamente.77 Sin embargo, posteriormente fue facultad discrecional “suplir la deficiencia de la quejosa en un amparo motivado por un juicio penal, tanto en un juicio directo como en una revisión de juicio indirecto”.78 Dicha suplencia no implicó que el “tribunal, pueda

No. Registro: 315,436. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXV. Página: 156. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Suprema Corte tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja, cuando encuentre que no se ha juzgado al procesado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que la violación no fue alegada por torpeza de la demanda. Amparo penal directo. Herrera Maximino. 17 de enero de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 73 No. Registro: 315,373. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVI. Página: 1860. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Suprema Corte puede suplir la deficiencia de la queja en el amparo penal, cuando encuentre manifiestas violaciones de la ley, en contra del quejoso, que lo prevén de defensa. Amparo penal directo 416/29. Erosa Javier M. 31 de julio de 1929. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el nombre del ponente. 74 No. Registro: 315,313. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVI. Página: 1150. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Corte sólo puede hacer uso de la facultad que le concede la ley, para suplir la deficiencia de la queja, en materia penal, cuando de ello pueda resultar algún beneficio al agraviado; y debe suplirla, cuando existan violaciones que por error o descuido no hubieran sido alegadas. Amparo penal directo 2483/25.Torres Martín. 11 de junio de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 75 No. Registro: 315,049. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVII. Página: 1596. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La ley no autoriza a la Suprema Corte para suplir la deficiencia de la queja, tratándose de amparos en revisión. Amparo penal en revisión 1442/27. Romo Guillermo. 7 de noviembre de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 76 No. Registro: 300,492. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIII. Página: 2817. DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. Si el quejoso omitió expresar agravios contra algunos puntos resolutivos de la sentencia a revisión, no es el caso de suplir la deficiencia de la queja, si ninguno de los actos reclamados es una sentencia, por lo que debe estimarse que, en cuanto a los puntos resolutivos no objetados por el recurrente, no existe materia de revisión, por lo cual deben ser confirmados. Amparo penal en revisión 6144/48. Cuevas Angel Matías. 24 de marzo de 1950. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 77No. Registro: 294,239. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIII. Página: 1736. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. Es de confirmarse el fallo que se revisa en lo concerniente al punto resolutivo que sobreseyó en la controversia, si no fueron objeto de agravios los fundamentos en que se apoyó ese sobreseimiento, por parte de la recurrente, ya que no puede esta Corte suplirlos de oficio, si se trata de un amparo indirecto, de los comprendidos en la fracción IX del artículo 107 constitucional y no tiene aplicación, en consecuencia, la fracción II del artículo 107, de la propia Constitución, en relación con el 163 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un juicio de garantías en que se hubiese reclamado una sentencia definitiva. Amparo penal en revisión 8515/48. Malo Cuenca Emma. 20 de febrero de 1950. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Rebolledo y Luis G. Corona. Relator: Luis G. Corona. 78 No. Registro: 299,674. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Página: 1527. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. La Suprema Corte se encuentra facultada discrecionalmente para suplir la deficiencia de la quejosa en un amparo motivado por un juicio penal, tanto en un juicio directo como en una revisión de juicio indirecto tramitado ante un Juez de Distrito. Amparo penal en revisión 7637/49. González Alcántara Julián y coagraviado. 17 de agosto de 1950. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Rebolledo y Luis G. Corona. La publicación no menciona el nombre del ponente. 72

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cambiar el acto reclamado o convertir en amparo directo, el que únicamente puede resolverse en revisión”.79 Los anteriores requisitos para suplir la deficiencia de la queja en materia penal dieron origen a los siguientes criterios: 1. “Examinar los conceptos de violación que en los agravios extemporáneos se expresen, a efectos de determinar si los motivos que en ellos se aducen, son suficientes para suplir la deficiencia de la queja”;80 siempre que no se tratara de un escrito presentado “casi un mes después de presentada la demanda de amparo, en un escrito que exhibió en la audiencia constitucional”,81 pues en ese caso no debían considerarse como agravios o conceptos de violación. 2. “Que la prescripción producirá sus efectos aunque no la alegue como excepción el acusado”.82

No. Registro: 314,968. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVII. Página: 972. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Suprema Corte de Justicia solamente puede suplir la deficiencia de la queja en los amparos penales, según las facultades que le conceden los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 93 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, cuando se trata de amparos directos y cuando exista una violación manifiesta a la ley, que prive de defensa al quejoso, o bien cuando éste haya sido juzgado por una ley que no sea la exactamente aplicable; pero de ninguna manera y en ningún caso, se extiende esa facultad hasta el grado de que el propio tribunal, pueda cambiar el acto reclamado o convertir en amparo directo, el que únicamente puede resolverse en revisión; sin que lo anteriormente establecido, prejuzgue en modo alguno la cuestión referente a si el quejoso se encuentra en aptitud de promover el amparo directo respectivo, lo que en su oportunidad habrá de decidirse. Amparo penal en revisión 4605/26. Alvarez José. 10 de octubre de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 80 No. Registro: 315,098. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVII. Página: 2007. AGRAVIOS EXTEMPORANEOS. Cuando se trata de agravios hechos valer una vez que ya se ha establecido en el juicio de garantías, la "litis contestatio", por virtud de haber rendido las autoridades señaladas como responsables, sus respectivos informes con justificación, de acuerdo con la tesis sostenida por la Suprema Corte, en el amparo promovido por José Cruz y Celis, a fojas 521 a 523 del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, no procede admitir ni analizar tales conceptos, como parte integrante de la demanda de amparo. Sin embargo, por tratarse de un amparo directo, y atenta la facultad que a la Suprema Corte le conceden los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 93 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la Corte puede examinar los conceptos de violación que en los agravios extemporáneos se expresen, a efecto de determinar si los motivos que en ellos se aducen, son suficientes para suplir la deficiencia de la queja. Amparo penal directo. Romero Carrasco Luis. 22 de noviembre de 1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 81 No. Registro: 300,863. Tesis aislada. Materia(s): Penal, Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CI. Página: 2421. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. No son admisibles como agravios los conceptos de violación que formuló el recurrente para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, no en su demanda de garantías, sino casi un mes después de presentada la demanda de amparo, en un escrito que exhibió en la audiencia constitucional. Amparo penal directo 4479/49. Celorio Torres Angel. 12 de septiembre de 1949. Mayoría de cuatro votos. Ponente y disidente: Luis G. Corona. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 100, tesis 58, de rubro "AMPLIACION DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO.". 82 No. Registro: 314,212. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXI. Página: 235. ACCION PENAL, PRESCRIPCION DE LA. De acuerdo con el Código de Penal, expedido en 1871 para el Distrito y Territorios Federales por la prescripción penal se extingue el derecho de proceder contra los delincuentes por queja de parte o de oficio. La prescripción producirá sus efectos aunque no la alegue como excepción el acusado; los Jueces la suplirán de oficio todo caso tan luego tengan conocimiento de ella sea cual fuere el estado del proceso. Amparo penal en revisión 2364/29. Legorreta Juan de Dios. 14 de enero de 1931. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Paulino Machorro y Narváez. La publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "... del acusado...", la cual se corrige, con base en la errata marcada en la publicación, como se observa en este registro.No. Registro: 314,212. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXI. Página: 235. ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA. 79

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3. “Suplir el error en que haya incurrido el agraviado, al citar la garantía cuya violación reclama”.83 4. Que no se permitiera que el juez penal rebasara la acusación del ministerio público.84 5. “Estudiar las alegaciones de la defensa que, habiéndose expuesto en la primera instancia, no se hayan aducido en la segunda”.85 6. Examinar dos demandas de amparo contra una misma sentencia, una hecha valer por el quejoso y otra por su defensor.86 7. “Si la demanda penal es deficiente, pero se invocan los artículos constitucionales que se estiman violados, entre otros, el 19, como este precepto señala determinados requisitos para que sea procedente la restricción privativa de la libertad, eso es bas-

No. Registro: 314,082. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXII. Página: 199. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. La Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, autorizan a la Suprema Corte y a los Jueces de Distrito, para suplir el error en que haya incurrido el agraviado, al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando la protección federal por la garantía que en realidad aparezca violada, pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda. Amparo penal en revisión 4404/29. Benítez Alberto. 15 de mayo de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente. 84 No. Registro: 313,914. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIII. Página: 527. ACUSACION DEL MINISTERIO PÚBLICO. Si el Ministerio Público acusa por el delito de homicidio, sin que diga si lo estima calificado, debe considerarse que se refiere a ese delito en forma genérica , esto es, que a causa por homicidio simple, y si el Juez estima que el homicidio es calificado, y por esto condena al acusado, con ello viola el artículo 27 de la Constitución General, que concede al Ministerio Público, única y exclusivamente, el ejercicio de la acción penal, y en cuanto a esta violación no haya sido alegada en la demanda de amparo, la Suprema Corte debe suplir la deficiencia de la queja, en uso de las facultades que le concede el artículo 23 de la ley reglamentaria. Amparo penal directo 2028/30. Arrieta Agustín. 23 de septiembre de 1930. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 85 No. Registro: 313,611. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXVI. Página: 1307. APELACIÓN EN MATERIA PENAL. El tribunal de apelación, en materia penal, debe estudiar las alegaciones de la defensa que, habiéndose expuesto en la primera instancia, no se hayan aducido en la segunda, ya que siempre debe estarse a lo más favorable para el reo; quien, en el campo de la defensa, debe tener toda la amplitud posible, y prueba de lo fundado de este principio, es la facultad que el legislador dio a la Corte, para suplir la deficiencia de la queja en materia penal. Amparo penal directo 2858/31. Mejía José y coagraviado. 25 de octubre de 1932. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente. 86 No. Registro: 312,785. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLII. Página: 1515. PLURALIDAD DE DEMANDAS DE AMPARO. Si en contra de una sentencia definitiva pronunciada en un proceso, interpone el sentenciado una demanda de amparo directo, y posteriormente el defensor del propio inculpado, presenta otra demanda de amparo, y la Presidencia de la Suprema Corte ordena que se requiera a dicho inculpado, para que manifieste si se desiste de esta segunda demanda de amparo, por haber sido ya interpuesta otra por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y hecho el requerimiento, manifiesta que está conforme en desistirse de esa segunda demanda, por lo cual, ordena, la propia presidencia de la Corte, que se agregue el toca correspondiente a la primera demanda de amparo, pero la Sala de la misma Suprema Corte que conoce del asunto estima que no debe tenerse por desistido al quejoso de la referida demanda de amparo, tanto porque comprende iguales actos reclamados, por los mismos conceptos, y equivaldría a que se dictara un sobreseimiento respecto de esos actos y que a la vez se concediera o negara el amparo, cuanto porque va a ser el mismo tribunal el que resuelva, simultáneamente, sobre ambas demandas de amparo, lo natural y lógico, es que se tenga el auto de la presidencia que definió una situación legal, tal como consta que se ha dictado, o sea, en el sentido de haberse mandado acumular ambas demandas, para resolver como si fuera una sola, pues tal es el espíritu de dicho acuerdo, y porque, además, con la facultad que en materia penal, y tratándose de sentencias definitivas, concede la Constitución a la Suprema Corte, en su artículo 107, fracción II, para suplir la deficiencia de la queja, y expuestos como se encuentran con más amplitud los capítulos de violación en la demanda de amparo presentada por el defensor, se debe proceder al examen de las cuestiones que esta demanda comprende, a fin de no restringir la defensa, como sería si se limitase el examen de la queja a los conceptos que se alegan en la primera demanda de amparo. Amparo penal directo 10800/32. Narváez Hermenegildo y coagraviado. 10 de octubre de 1934. Mayoría de tres votos. Disidente: Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente. 83

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tante para que se entre al estudio del asunto, sin que se implique suplir la deficiencia de la queja”;87 pues no era “necesario expresar por separado los conceptos de violación, cuando se pide amparo contra actos que importan restricción de la libertad, bastando que se mencione el acto reclamado y las disposiciones constitucionales que se dicen violadas; sin que ello signifique que los Jueces de Distrito suplan la deficiencia de la queja; pues con esos datos se tienen elementos bastantes para examinar si se surten los requisitos del precepto constitucional que se invoque”.88 8. Aun ante la ausencia de conceptos de violación “debe estudiar si el fallo impugnado es realmente vulnerador de garantías”;89 aunque después determinó lo contrario al establecer que: “ello no procede en lo absoluto, porque sería convertir el juicio de amparo en una revisión de oficio, cuando no se trata de una deficiencia de la queja, sino de una carencia total de bases para hacer el estudio, ya que no se expresan propiamente conceptos de violación”.90

No. Registro: 311,872. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVII. Página: 3980. DEMANDA DEFICIENTE EN AMPARO. Si la demanda penal es deficiente, pero se invocan los artículos constitucionales que se estiman violados, entre otros, el 19, como este precepto señala determinados requisitos para que sea procedente la restricción privativa de la libertad, eso es bastante para que se entre al estudio del asunto, sin que se implique suplir la deficiencia de la queja, ya que es tesis aceptada por la Suprema Corte de Justicia, que ésta tiene facultad para examinar las pruebas en que se funde el auto de formal prisión y para apreciar si existen comprobados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado. Amparo penal en revisión 3928/34. Santaella Guillermo M. 11 de marzo de 1936. unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 88 No. Registro: 310,913. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LIII. Página: 2570. LIBERTAD PERSONAL, DEMANDA DE AMPARO TRATANDOSE DE LA. No es necesario expresar por separado los conceptos de violación, cuando se pide amparo contra actos que importan restricción de la libertad, bastando que se mencione el acto reclamado y las disposiciones constitucionales que se dicen violadas; sin que ello signifique que los Jueces de Distrito suplan la deficiencia de la queja; pues con esos datos se tienen elementos bastantes para examinar si se surten los requisitos del precepto constitucional que se invoque. Amparo penal en revisión 4111/37. Tapia Teófilo Adrián. 3 de septiembre de 1937. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Página: 2570. LIBERTAD PERSONAL, DEMANDA DE AMPARO TRATÁNDOSE DE LA. 89 No. Registro: 311,798. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVII. Página: 2304. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si en un amparo penal directo, el quejoso no expresa el concepto por el cual estima que se han infringido los preceptos de la Constitución Federal que expresa en su libelo, la Suprema Corte, supliendo la deficiencia de la queja, debe estudiar si el fallo impugnado es realmente vulnerador de garantías. Amparo penal directo 4941/34. Soto Muñoz Pedro. 11 de febrero de 1936. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 90 No. Registro: 298,187. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CX. Página: 73. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL. Aunque es innegable la facultad de esta Suprema Corte puede suplir la deficiencia de la demanda de amparo penal, en los términos del artículo 163 de la Ley de Amparo, ello no procede en lo absoluto, porque sería convertir el juicio de amparo en una revisión de oficio, cuando no se trata de una deficiencia de la queja, sino de una carencia total de bases para hacer el estudio, ya que no se expresan propiamente conceptos de violación. Amparo penal directo 1363/50. Torres Manzano Luis. 3 de octubre de 1951. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 87

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9. Que no se supliera la queja a la apelación formulada por el Ministerio Público.91 10. Para dispensar los requisitos de forma en la apelación de un auto de formal prisión.92 11. Conceder el amparo para que se admitieran pruebas;93 para que se realizaran notificaciones;94 se sustanciara la apelación;95 se practicaran careos;96 se tomara en cuenta una eximente de responsabilidad.97

No. Registro: 311,429. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: L. Página: 1339. SENTENCIAS PENALES DE SEGUNDA INSTANCIA, MATERIA DE LAS, SI EL APELANTE ES EL DE MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 415 del Código de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, tomando contrario sensu, niega facultades al tribunal de alzada, en armonía con el artículo 21 constitucional, para suplir la deficiencia de la queja, cuando el apelante es el Ministerio Público. No es óbice a las limitaciones a que está sujeto el tribunal de alzada, en las APELACIÓNes interpuestas por el Ministerio Público, la circunstancia de que el artículo 427 del citado código, determine que la Sala, al pronunciar su sentencia, tendrá las mismas facultades que el tribunal de primera instancia; porque esa plenitud de jurisdicción en ninguna forma autoriza para resolver una controversia, en oposición a lo previsto por el artículo 21 constitucional, que otorga al Ministerio Público la facultad exclusiva de interponer las acciones que nacen de los delitos, sea cual fuere la interpretación y alcance que se pretende dar al artículo 427. En consecuencia, si la sala de apelación obra en la forma en que antes se habló, debe concederse el amparo, para el efecto de que pronuncie nueva ejecutoria, en la cual se limite a analizar los agravios que en concepto del agente del Ministerio Público le cause el fallo de primera instancia. Tomo L, página 2430. Indice Alfabético. Amparo penal directo 4628/34. Llanos Noriega Rodrigo. 19 de noviembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José M. Ortiz Tirado. Relator: Daniel Galindo. Tomo L, página 1339. Amparo penal directo 5521/34. Escalante Portas Arturo. 18 de noviembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José M. Ortiz Tirado. Relator: Daniel Galindo. 92 No. Registro: 310,282. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LVII. Página: 1276. AUTO DE FORMAL PRISION, CUANDO NO ES INDISPENSABLE QUE EL PRONUNCIADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONTENGA LOS REQUISITOS DE FORMA. Si en la resolución de segunda instancia que confirma un auto de formal prisión, no se expresa el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, esto no es bastante para conceder el amparo por violación al artículo 19 constitucional, si en el auto de primera instancia combatido por medio del recurso de apelación, se expresaron todos aquellos requisitos, ya que por ello, la Sala de apelación no se vió constreñida a suplir la deficiencia de la queja, atenta la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha dado al artículo 45 del Código de Procedimientos Penales, vigente en el Distrito Federal y a satisfacer tales requisitos. Amparo penal en revisión 8448/37. Adame Audelo Angel. 6 de agosto de 1938. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 93 No. Registro: 806,960. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXX. Página: 783. PROCESOS, OMISION DEL ESTUDIO DE PRUEBAS EN LOS. Si la defensa presentó certificados médicos de los que se desprende que el encausado padece de desequilibrio mental de origen probablemente constitucional o hereditario, que tiende a agravarse de continuar privado de su libertad y no obstante, ni en primera ni en segunda instancias, se designaron peritos para comprobar debidamente este hecho, la Suprema Corte, supliendo la deficiencia de la queja debe conceder la protección federal por violación flagrante del procedimiento, para el efecto de que se practique la prueba omitida. Amparo penal directo 10299/42. Sancha José de la. 19 de abril de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 94 No. Registro: 306,065. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXII. Página: 1419. NOTIFICACIONES A LOS REOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. Como un individuo privado de su libertad está imposibilitado para comparecer ante un tribunal, a menos que éste lo cite por conducto de la dirección del penal correspondiente, debe concluirse que la falta de prueba en contrario es suficiente para aceptar que el reo no fue citado en forma legal, para esa diligencia y como el reo puede expresar agravios también durante la vista, la falta de dicha cita lo imposibilitó para expresarlos y nombrar a persona que lo defendiera, y como la fracción V del artículo 160 de la Ley de Amparo, considera violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso, cuando no se le cita para las diligencias que tiene derecho de presenciar, y el artículo 183 del propio ordenamiento, autoriza a suplir la deficiencia de la queja, cabe concluir que procede conceder el amparo para el único efecto de que se reponga el procedimiento, a partir del auto que señaló día y hora para la verificación de la vista. Amparo penal directo 6712/44. Rodríguez Morales José. 18 de octubre de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 95 No. Registro: 306,005. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXII. Página: 29. APELACIÓN EN MATERIA PENAL (DEFICIENCIA DE LA QUEJA). Es inequitativo que una negligencia del defensor del reo, se traduzca en un perjuicio para éste, ocasionándole un auténtico estado de indefensión. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en todos aquellos casos en que la expresión de agravios del reo o su defensor es defectuosa, y hasta en aquellos en que falta totalmente, casos en los cuales ha proveído el amparo para que el tribunal de apelación supla la deficiencia de la queja. Por tanto, si la presentación de los agravios en la apelación, fue hecha por el defensor del reo el primer día hábil, después de vencido el término, y por tal motivo, el tribunal de alzada declaró desierto el recurso de apelación, debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable sustancie dicho recurso, con vista de la expresión de agravios formulada. Amparo penal en revisión 5664/44. Guevara J. Cruz. 2 de octubre de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 96 No. Registro: 303,504. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCI. Página: 2360. CAREOS (LEGISLACION DE DURANGO). Si en el proceso no aparece que se hayan practicado los careos necesarios entre los testigos que declararon de una manera contradictoria, se dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 664 del Código de Procedimientos Penales, con lo que se violó, en perjuicio del procesado, la garantía consignada en el artículo 14, en relación con el 16, de la Constitución Política de la República; y principalmente, la fracción IV del artículo 20 del mismo ordenamiento, 91

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12. La suplencia no implicaba estudiar otros actos y “sólo habrá de ocuparse el fallo del acto que se precisa como reclamado”.98 Además, en materia de suplencia de la queja esta sala estableció casos específicos que implicaban violación de garantías que no tiene caso citar. Dicha Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró los conceptos de violación eran deficientes si el quejoso reclamó la indebida apreciación de una prueba, pero omitió señalar los preceptos legales que estimó violados.99 Declaró que los conceptos de violación eran inoperantes si “lo aducido por el quejoso con respecto al monto de la reparación del daño, si ya lo expresó como agravio en la segunda instancia, obteniendo merced al mismo, la reducción de la sanción pecuniaria”;100 si las violaciones al procedimiento eran “notoriamente inexistentes debe declararse inoperante el concepto para no obsta-

y por tal motivo procede conceder al quejoso el amparo de la justicia federal, supliendo la deficiencia de la queja, aunque únicamente para el efecto de que la autoridad responsable ordene la reposición del procedimiento, y mande practicar los careos respectivos. Amparo penal directo 7812/46. Rivera José. 17 de marzo de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente. 97 No. Registro: 299,002. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVII. Página: 928. DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve en la necesidad de suplir la deficiencia de la queja, como lo dispone el artículo 163 de la Ley de Amparo, en beneficio del agraviado, si encuentra que quedó comprobada una eximente de responsabilidad. Amparo penal directo 7860/50. Ibarra Barrón Julián. 8 de febrero de 1951. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 98 No. Registro: 305,965. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CII. Página: 1789. ACTO RECLAMADO, FALTA DE SEÑALAMIENTO DEL (SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL). No existiendo acto reclamado de una autoridad señalada como responsable, y no pudiendo suplir en este aspecto la Suprema Corte la omisión del libelo de amparo, sólo habrá de ocuparse el fallo del acto que se precisa como reclamado. Amparo penal directo 9364/48. Coria Villalobos Candelario. 2 de diciembre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no menciona el nombre del ponente. 99 No. Registro: 297,715. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXII. Página: 1358. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES. Es infundado el concepto de violación en que se reclame la indebida apreciación de una prueba, si el quejoso no señala los preceptos legales que estime violados, pues como el amparo en materia civil es de estricto derecho, no cabe estudiar si la responsable aplicó correcta o incorrectamente la ley en el capítulo de apreciación de las pruebas, porque de otro modo se supliría la deficiencia de la queja. Amparo penal directo 6368/51. Moreno Pedro. 9 de junio de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Disidente. Hilario Medina. Ponente: Rafael Rojina Villegas.A 100 No. Registro: 294,476. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIV. Página: 940. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN MONTO DE LA REPARACION DEL DAÑO. Es inoperante un concepto de violación aducido por el quejoso con respecto al monto de la reparación del daño, si ya lo expresó como agravio en la segunda instancia, obteniendo merced al mismo, reducción de la sanción pecuniaria. Amparo penal directo 5012/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 16 de junio de 1955. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Teófilo Olea y Leyva no voto en este asunto por la razón que se expresa en el acta del día. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.

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culizar la celeridad en la administración de justicia”;101 entre otros casos muy específicos que no tiene caso citar. Circunstancias diferentes ocurrieron al calificar los agravios inoperantes, ya que en éstos se establecieron cuestiones genéricas: 1. “Son inoperantes los agravios que atañen a cuestiones de fondo, si fueron causas de improcedencia las que el inferior tuvo en cuenta para sobreseer”.102 2. “El agravio es inoperante si se refiere a acuerdos anteriores a la sentencia”;103 aun cuando en este caso también puede ser inatendible.104 3. “Si no atacan el fundamento esencial de la resolución recurrida”.105 También esta sala utilizó el término de conceptos de violación inatendibles si no se recibieron las declaraciones de los testi101 No. Registro: 292,758. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXXI. Página: 215. VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AGRAVIOS POR. CASOS EN QUE DEBEN SER DESECHADOS POR LA SUPREMA CORTE. Si al analizar la demanda de amparo se encuentra que la quejosa aduce como agravio una violación que se dice cometida durante la secuela del procedimiento y aunque tales violaciones, corresponden ser analizadas por un Tribunal Colegiado, sin embargo si es notoriamente inexistente debe declararse inoperante el concepto para no obstaculizar la celeridad en la administración de justicia. Amparo directo 565/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 26 de enero de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 102 No. Registro: 305,152. Tesis aislada, Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIV. Página: 903. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN (SOBRESEIMIENTO). Son inoperantes los agravios que atañen a cuestiones de fondo, si fueron causas de improcedencia las que el inferior tuvo en cuenta para sobreseer, y éstas resultan ostensible y por ende, en nada preocupan las cuestiones de fondo. Amparo penal en revisión 9473/44. Meneses Ricardo. 20 de abril de 1945. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 103 No. Registro: 304,209. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXVIII. Página: 890. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. El agravio es inoperante si se refiere a acuerdos anteriores a la sentencia recurrida que no forman parte de la misma y que, por consecuencia, no pueden ser materia del recurso de revisión. Amparo penal en revisión 7438/45. Isidra Meléndez. 22 de abril de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente. 104 No. Registro: 345,903. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVI. Página: 1759. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. El agravio aducido en la revisión, es inatendible, si el hecho en que se hace consistir, no fue cometido por medio de la sentencia a revisión, sino mediante acuerdo anterior; que pudo ser recurrido en el tiempo y forma previstos por la ley. Amparo civil en revisión 7850/46. Cortés Ernesto. 16 de junio de 1948. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 105 No. Registro: 301,181. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIX. Página: 360. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Los agravios son inoperantes, si no atacan el fundamento esencial de la resolución recurrida. Tomo XCIX, página 2492. Indice Alfabético. Incidente de suspensión 8680/48. Lugo Roberto. 11 de marzo de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XCIX, página 360. Amparo penal en revisión 4016/48. Flores Contreras Octaviano y coagraviado. 26 de enero de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Véanse: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca,Tomo XCIV, página 985, tesis de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN.".

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gos de cargos y no se reclamó oportunamente tal violación.106 Lo anterior a pesar de que este era un caso de la suplencia de la queja conforme al análisis que realicé del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Primera Sala calificó los conceptos de violación de improcedentes cuando se hicieron valer en una demanda de amparo anterior que fue desechada.107 Y los agravios improcedentes son los argumentos vagos e imprecisos.108 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que “la materia administrativa, es de estricto derecho, y por tanto, nada puede suplirse ni ampliarse de la demanda inicial”;109 pues no hay que olvidar que el Pleno limitó el estricto derecho en materia administrativa cuando se reclamaba inexacta aplicación de la ley. Sin embargo, este principio no era aplicable cuando se multaba al Presidente de la República por no rendir

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 57, tesis 33, de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACION DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA."; y página 60, penúltima tesis relacionada con la jurisprudencia 34, de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN.". 106 No. Registro: 301,330. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIX. Página: 1592. TESTIGOS EN EL PROCESO, FALTA DE RECEPCION DE SUS DECLARACIONES. El concepto de violación relativo a que no se mandó reponer el procedimiento, a pesar de haber sido solicitado por el defensor del reo, en atención a que no se les recibió las declaraciones a los testigos de descargo, es inatendible, si no se reclamó oportunamente la reparación de las violaciones procesales que señala, en los términos del artículo 161 de la Ley de Amparo (debiéndose tener, por lo mismo, como consentidas), ni menos protestó contra ellas ni las hizo valer como agravio al sustanciarse la apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado. Amparo penal directo 865/48. Rodríguez Tránsito. 7 de marzo de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 107 No. Registro: 294,761. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1012. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPROCEDENTE. El concepto de violación que hace valer el quejoso en su demanda de amparo es improcedente, si lo hizo ya valer en anterior demanda de amparo y fue desechado, por lo que debería sobreseerse respecto de el; pero no pudiendo decretarse sobreseimiento parcial, debe negarse el amparo. Amparo penal directo 4823/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 21 de febrero de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Chico Goerne. 108 No. Registro: 312,579. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIII. Página: 162. AGRAVIOS EN REVISIÓN. Si los agravios alegados son vagos e imprecisos, como sucede en el caso de que se exprese que se causa agravio a un quejoso, porque no se siguió en su contra juicio en el que se hubiesen llenado las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se aplicase la ley pertinente, y no se expresa qué formalidades esenciales del procedimiento dejaron de cumplirse, debe declararse improcedente el agravio. Amparo penal directo 688/33. Río Alvarez José del. 17 de enero de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 66, tesis relacionada con la jurisprudencia 40, de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS AL CONTESTAR LA DEMANDA.". 109 No. Registro: 338,271. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXVII. Página: 1159. AMPARO ADMINISTRATIVO. Cono el juicio de garantías en materia administrativa, es de estricto derecho, y por tanto, nada puede suplirse ni ampliarse de la demanda inicial, es claro que, si el quejoso no expresa los conceptos por los cuales estima violadas en su perjuicio las disposiciones constitucionales que cita, no hay base para estimar si el acto que reclama viola o no, sus garantías, en los términos de su demanda; y por consiguiente, por esta causa, procede decretar el sobreseimiento. Amparo administrativo en revisión 2197/29. Garza Estanislao. 22 de octubre de 1929. Mayoría de tres votos. Ausente: Daniel V. Valencia. Disidente: Jesús Guzmán Vaca. Relator: Arturo Cisneros Canto.

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informes, ya que en este caso, la “Corte” podía revocar la multa, aun sin agravios al respecto.110 Por otra parte, esta Segunda Sala determinó que no era suplencia de la queja: 1. El análisis de las causas de sobreseimiento.111 2. Ni que “los agravios hechos valer, se aclaran tomando en cuenta los conceptos que, en su defensa, esgrimió el quejoso ante la propia autoridad responsable”.112 3. Ni “suplir el error relacionado con la cita de la garantía reclamada”.113 4. Ni que se interpretaran “los elementos de la demanda y de esa interpretación obtiene datos que implícitamente estaban contenidos en la misma”.114

No. Registro: 325,432. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXV. Página: 6454. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEBEN REVOCARSE LAS MULTAS IMPUESTAS AL, POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO. Si se impone multa al presidente de la República y al jefe del Departamento Agrario, por falta del informe justificado que oportunamente les fue pedido, como tal imposición es contraria a la prescripción terminante del artículo 108 de la Constitución Federal, y no se trata de ninguna de las cuestiones debatidas en el juicio, en donde rige con todo rigor la regla de que la revisión debe ser interpuesta por los interesados y no suplirse de oficio por la Corte, ningún agravio o violación, es decir, la regla general de la materia, es que el amparo administrativo es de estricto derecho y, por lo mismo, los conceptos de violación y los agravios que se examinan por la Corte y el Juez de Distrito, tienen que ser exclusivamente los que se hayan hecho valer; pero cuando se trata de una medida de la naturaleza de la referida imposición en la que no se discute ninguna de las cuestiones planteadas en el juicio de amparo, sino que es un acto de imperio del Juzgado de Distrito para sancionar una falta de las autoridades responsables, la Suprema Corte tiene plena jurisdicción, sobre todo, cuando existe la circunstancia muy especial de que hay una violación manifiesta del artículo 108 de la Constitución Federal. Amparo administrativo en revisión 7707/40. Comisariado Ejidal de Santa Teresa del Molino, de la Comprensión Municipal de Santiago Paspasquiaro, Durango. 12 de marzo de 1943. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Manuel Bartlett B. 111 No. Registro: 337,954. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXIX. Página: 1040. SOBRESEIMIENTO. Las causas de sobreseimiento en el amparo, no invocadas en los agravios, pueden ser analizadas de oficio por la Corte, sin que esto sea suplir la deficiencia de la queja. Amparo administrativo en revisión 834/28. Richmond Petroleum Co., S. A. 21 de julio de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Arturo Cisneros Canto. Relator: Salvador Urbina. 112 No. Registro: 334,207. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 741. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. No puede decirse que se supla la deficiencia de la queja, si los agravios hechos valer, se aclaran tomando en cuenta los conceptos que, en su defensa, esgrimió el quejoso ante la propia autoridad responsable. Amparo administrativo en revisión 4847/33. "Mexican Explotation Company". 14 de abril de 1936. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Gómez Campos. 113 No. Registro: 326,294. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 5121. DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CUANDO NO EXISTE SUPLENCIA DE LA. Si la parte quejosa señala como acto reclamado, de un modo preciso, las partes que le hayan sido adversas en la sentencia que reclama, que se rigen por determinados considerandos, si bien señala concretamente como acto violatorio de uno de los puntos resolutivos de dicho fallo, equivocadamente, pero no el relativo a las partes de la decisión que le fueron adversas, si todos los conceptos violatorios se encaminan a atacar los relacionado con el punto resolutivo que debió citarse, señalando como acto concreto de ejecución, algo relacionado también con este punto, el Juez de Distrito respectivo, siendo notorio el error que dicha parte quejosa, puede perfectamente tomarlo en cuenta y decidir la cuestión, siguiendo en su estudio los términos de los conceptos de violación que se hubieran alegado, sin que pueda decirse que por ello hubiera suplido deficiencias de la queja, ya que con ello no cambiaba los hechos ni los conceptos, y si el artículo 79 de la Ley de Amparo permite suplir el error relacionado con la cita de la garantía reclamada, el Juez pudo hacerlo tratándose de corregir solamente una nomenclatura mal citada y que es manifiesta, atentos los términos de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo. Amparo administrativo en revisión 8356/41. Anderson, Clayton and Company, S. A. de C. V. 28 de agosto de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: Franco Carreño. 114 No. Registro: 322,731. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIII. Página: 2159. AMPARO ADMINISTRATIVO, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA DE. Cuando 110

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Sin embargo, la suplencia de la queja no implicó que se analizaran preceptos legales contrarios a la Constitución pues el “Juez de Distrito no puede hacer oficiosamente ese examen, supliendo la deficiencia de la queja”.115 Tampoco, “la suplencia de la queja en amparos administrativos está rigurosamente limitada a los casos en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, según el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo cual no es lícita si el acto reclamado se funda en reglamentos declarados inconstitucionales”.116 En cuanto a los conceptos de violación esta sala consideró que “cuando no se expresen, y esto no simplemente mencionando preceptos legales que se dicen violados, sino exponiendo las argumentaciones pertinentes”117 la sanción era sobreseer en el juicio de amparo y que no podía aducir violaciones en los alegatos.118

el Juez de Distrito interpretó los elementos de la demanda y de esa interpretación obtiene datos que implícitamente estaban contenidos en la misma, pero que, con estricto rigor formalista, no habían sido expresados, su labor no extraña, absolutamente hablando, una suplencia de la deficiencia de la queja y es por tanto perfectamente admisible tal interpretación. Amparo administrativo en revisión 9655/44. Báez Ernesto Alonso. 6 de febrero de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Relator: Nicéforo Guerrero. 115 No. Registro: 323,609. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXX. Página: 1636. DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE IMPUGNACION DE PRECEPTOS LEGALES EN LA. Si en la demanda de amparo no se impugna la validez constitucional de los preceptos legales en que se apoyan las responsables, sino que se atacan tan solo los actos de aplicación, y no aparece, ni que se señalen como actos reclamados tales preceptos, ni como autoridades responsables aquellas de quienes emanaron, ni que por vía de conceptos de violación, se les objete como contrarios a las disposiciones de la Ley Fundamental, como no basta que un precepto sea opuesto a la Constitución, para que, por ese simple hecho, se le tenga por insubsistente en los términos del artículo 133 de la misma, sino que es preciso que se le impugne en la demanda de amparo y se señalen los motivos para que exista esa oposición con objeto de que se examine su validez, el Juez de Distrito no puede hacer oficiosamente ese examen, supliendo la deficiencia de la queja, ni puede, tampoco a riesgo de ser inconsecuente con los términos de la demanda, hacer el estudio de cuestiones que no le hayan sido planteadas. Amparo administrativo en revisión 1474/44. Rosas Marcelino. 26 de abril de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Relator: Gabino Fraga. 116 No. Registro: 316,537. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVII. Página: 1033. REGLAMENTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN CONTRA DE. La suplencia de la queja en amparos administrativos está rigurosamente limitada a los casos en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, según el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo cual no es lícita si el acto reclamado se funda en reglamentos declarados inconstitucionales, pues para que una disposición dictada por el poder público tenga el carácter de ley, no solamente se necesita que sea de naturaleza general abstracta, imperativa y permanente, sino, además que emane del órgano constitucionalmente facultado para legislar. En efecto, nuestro sistema de gobierno tiene adoptado el régimen de separación de poderes; otorga exclusivamente al Legislativo la facultad de legislar; tiene prohibido delegarla en otros poderes y enfáticamente prohibe la concesión al ejecutivo, de facultades extraordinarias para legislar, salvo casos graves y excepcionales, señalados expresamente; por todo lo cual es requisito forzoso para que una disposición tenga el carácter de Ley, que reconozca como fuente formal al Poder Legislativo. A lo cual habría que agregar que si las reformas al juicio de garantías vigentes desde mil novecientos cincuenta y uno, quitaron de la competencia de la Suprema Corte la revisión de los amparos contra actos de autoridades de los Estados que no tuvieran el carácter de leyes, persiguiéndose como finalidad principal la de descongestionar a la Suprema Corte del enorme número de negocios de que conocía, y se hiciese extensiva la aludida disposición del artículo 76 a los reglamentos, quedarían desvirtuadas dichas reformas, puesto que, a través de la suplencia de la queja, tendría la Corte que conocer de los múltiples reglamentos expendidos por las autoridades de los Estados. Amparo en revisión 6235/55. Palermo Moreno Velázquez. 23 de marzo de 1956. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Nota: Esta tesis integra la jurisprudencia publicada en las páginas 7 y 29, Segunda Sala, del Informe de Labores correspondiente a 1956. 117 No. Registro: 318,067. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 1832. VIOLACIONES PROCESALES EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS. Si por vía de agravios el quejoso alega que no se ha interpretado correctamente el artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles por el Juez de Distrito, para llegar al convencimiento de la existencia de la violación de garantías, y resulta que el Juez de los autos si tomó en

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Los requisitos para los agravios fueron que: “al interponer el recurso de revisión (…) [el quejoso] debe expresar cuáles son las leyes que, en su concepto, ha violado el juzgador, al dictar su resolución, y las razones legales que tenga para no estar conforme con el sobreseimiento”.119 Los agravios resultaban improcedentes: 1. Si la disposición en que se funda fue derogada.120 2. Si la autoridad responsable hace valer “que el inferior no tomó en cuenta la jurisprudencia que se invocó en el informe justificado, si en él [¿en el informe? o ¿en el agravio?] no se señala la tesis a que se refiere dicho agravio”.121 3. Si no se enderezaban contra la sentencia, “sino contra otra dictada en juicio distinto”.122 4. Si se fundan en un acto no reclamado.123

consideración dicho concepto de violación y la sentencia no es combatida concretamente en los agravios, éstos son infundados, por no poder la Corte suplir la deficiencia aludida y ser el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho. Amparo administrativo en revisión 5242/53. Rudoy Jacobo Abraham. 17 de marzo de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 118 No. Registro: 337,341. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIII. Página: 1135. AMPARO ADMINISTRATIVO. Siendo de estricto derecho, es en la demanda y no en los alegatos donde el quejoso debe invocar la violación de las disposiciones legales en que funda sus derechos. Amparo administrativo en revisión 704/31. Coppe Federico. 8 de octubre de 1931. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jesús Guzmán Vaca. Relator: Daniel V. Valencia. 119 No. Registro: 330,953. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LVIII. Página: 2750. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. El quejoso en el amparo, al interponer el recurso de revisión contra el auto del Juez de Distrito que sobresee en el juicio por causa de improcedencia, debe expresar cuales son las leyes que, en su concepto, ha violado el juzgador, al dictar su resolución, y las razones legales que tenga para no estar conforme con el sobreseimiento, porque de no hacerlo así, la Corte no puede, oficiosamente, entrar al estudio de violaciones no alegadas, ya que la revisión procede a instancia de parte, y la expresión de agravios es la base de la controversia. Amparo 1534/38. Compañía Industrial "El Potosí", S. A. 29 de noviembre de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Epoca: Tomo XLIV, página 4022. Amparo administrativo. Revisión del auto que sobreseyó en el juicio 5422/33. Delgado Filomeno. 31 de mayo de 1935. Unanimidad de cinco votos, La publicación no menciona el nombre del ponente. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 62, tesis 37, de rubro "AGRAVIOS, EXPRESION DE."; y página 436, tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 258, de rubro" REVISIÓN.". 120 No. Registro: 334,900. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVI. Página: 1549. AUTORIDADES RESPONSABLES. Si la autoridad responsable hace valer como único agravio en la revisión, que no intervino en el asunto, y queda demostrada su intervención, dicho agravio es improcedentes y debe desecharse. Amparo administrativo en revisión 2765/32. Breña de Kuri Juana y coagraviado. 20 de octubre de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Jesús Garza Cabello. 121 No. Registro: 334,675. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVII. Página: 3535. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE, FALTA DE APLICACIÓN DE LA. Es improcedente el agravio hecho valer por la autoridad responsable, que se funde en que el inferior no tomó en cuenta la jurisprudencia que se invocó en el informe justificado, si en él no se señala la tesis a que se refiere dicho agravio. Amparo administrativo en revisión 5930/35. American Clothing Company., S. A. 3 de marzo de 1936. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Gómez Campos. 122 No. Registro: 334,451. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVII. Página: 19. AGRAVIO IMPROCEDENTE. Es improcedente el agravio que no se enderece precisamente contra la sentencia que dio motivo al amparo, sino contra otra dictada en juicio distinto. Amparo administrativo 1555/34. Salgado Mariano. 4 de enero de 1936. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Gómez Campos.

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5. “Si en ellos se involucran cuestiones totalmente ajenas a la litis, que pudieron hacerse valer como defensas en la contestación a la demanda”.124 También, esta sala determinó que los agravios eran inoperantes: 1. “Cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda”;125 pues “no reúnen los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para la expresión de agravios, al no impugnar el fallo del inferior, mediante la demostración de violaciones de ley de fondo o forma”.126 2. “Cuando la autoridad recurrente se concreta a reproducir, en términos casi textuales, los argumentos que esgrimió en su informe justificado para sostener la negativa del amparo”.127

123 No. Registro: 334,226. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 907. AGRAVIO IMPROCEDENTE. Es improcedente el agravio que funde la autoridad responsable, en un acto que no es el reclamado. Amparo administrativo en revisión 3705/35. Moreno Manuel M. 16 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Truchuelo. Relator: Agustín Aguirre Garza. 124 No. Registro: 316,634. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXV. Página: 169. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. Los agravios son improcedentes si en ellos se involucran cuestiones totalmente ajenas a la litis, que pudieron hacerse valer como defensas en la contestación a la demanda. Revisión Fiscal 141/54. Tesorería del Distrito Federal (Curiel Longoria Gustavo). 6 de julio de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Angel González de la Vega. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 125 No. Registro: 325,617. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIV. Página: 854. AGRAVIOS. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable, si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, y deben desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido. Amparo administrativo en revisión 5278/42. Casa Alemana de Música, S. A.- 9 de octubre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Relator: Gabino Fraga. 126 No. Registro: 325,608. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIV. Página: 828. AGRAVIOS. Son inoperantes los agravios para los efectos de la revisión cuando los argumentos en que se les hace consistir, fueron ya esgrimidos como conceptos de violación en la demanda y estudiados y desechados por el Juez de Distrito, ya que en tales condiciones, no reúnen los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para la expresión de agravios, al no impugnar el fallo del inferior, mediante la demostración de violaciones de ley de fondo o forma, en perjuicio del quejoso en que incurra el propio fallo. Amparo administrativo en revisión 5693/42. Contadores y Auditores, S. A. 9 de octubre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Relator: Gabino Fraga. 127 No. Registro: 323,876. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 2165. AGRAVIOS INOPERANTES PARA LOS EFECTOS DE LA REVISIÓN. Cuando la autoridad recurrente se concreta a reproducir, en términos casi textuales, los argumentos que esgrimió en su informe justificado para sostener la negativa del amparo, o en la demanda de garantías, por vía de conceptos de violación, tratándose del quejoso y que ya fueron analizados por el Juez de Distrito, pero no expone dicho recurrente razonamiento alguno para atacar y desvirtuar, demostrando su ilegalidad, las consideraciones en que se basa el fallo del inferior, tales argumentos deben estimarse inoperantes para los efectos de la revisión y desecharse como agravios, por no reunir las características necesarias para ello, ya que los mismos razonamientos de la demanda o del informe de la autoridad, no pueden servir de apoyo a los motivos de inconformidad que pudiera causar la sentencia que se recurre, por ser éstos posteriores a la demanda y al informe referidos. Tomo LXXIX, página 6988. Indice Alfabético. Amparo en revisión 9773/43. Gabalich Juan. 7 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Manuel Bartlett B. Tomo LXXIX, página 6988. Indice Alfabético. Amparo en revisión 8003/43. Ramírez Reyes J. Asención. 29 de febrero de 1944. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Manuel Bartlett B.

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3. Si repetían los argumentos expuestos en la contestación de demanda.128 4. Si atacan “una consideración accesoria que, a guisa de mayor abundamiento, se haya expuesto para decretar el sobreseimiento, pero que no hacen impugnación alguna de la consideración esencial en que se haya fundado tal sobreseimiento”.129 5. Si proponen una cuestión no planteada en la primera instancia.130 6. Si se alegan cuestiones de fondo en un incidente.131 7. “Cuando el quejoso no combate la parte sustancial de la tesis sustentada en la sentencia recurrida”.132 8. Si no se demuestra la inconstitucionalidad de la ley.133

Tomo LXXIX, página 6988. Indice Alfabético. Amparo en revisión 9261/42. De la Cueva José I. y coagraviado. 4 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. Ponente: Octavio Mendoza González. Tomo LXXIX, página 2165. Amparo administrativo en revisión 7012/43. Dorantes Rafael. 31 de enero de 1944. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 61, jurisprudencia 36/85, de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". 128 No. Registro: 317,913. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 339. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. Cuando en una revisión fiscal la autoridad recurrente no hace sino repetir casi literalmente, los puntos de la contestación de la demanda en el juicio fiscal, que fueron detenidamente examinados y declarados inoperantes por la sala sentenciadora, esta expresión de agravios debe considerarse infundada, por ser aplicable por analogía, a la revisión fiscal, la jurisprudencia establecida por la suprema corte en materia de revisión en el amparo, en el sentido de que son infundados los agravios que sólo repiten los conceptos de violación. Revisión fiscal 37/52. Instituto Mexicano del Seguro Social (Asociación de beneficencia privada Nidjei Israel ). 14 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Franco Carreño. 129 No. Registro: 324,822. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Tesis: . Página: 1362. SOBRESEIMIENTO, FALTA DE AGRAVIOS CONTRA EL FALLO DE. Son inoperantes los agravios cuando ataquen una consideración accesoria que, a guisa de mayor abundamiento, se haya expuesto para decretar el sobreseimiento, pero que no hagan impugnación alguna de la consideración esencial en que se haya fundado tal sobreseimiento y suponiendo que fuesen plenamente fundados, el efecto que producirían, sería la destrucción de una consideración secundaria en que se apoyó la sentencia recurrida, y ello ninguna trascendencia tiene para la revocación de la misma, puesto que subsiste incólume por inatacada, la consideración esencial que sirvió de fundamento, y en tales condiciones, debe confirmarse la mencionada resolución. Amparo administrativo en revisión 6028/42. Martínez Villavicencio Luis y coagraviados.- 14 de abril de 1943.- Unanimidad de cinco votos. Relator: Gabino Fraga. 130 No. Registro: 321,345. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XC. Página: 100. REVISIÓN, AGRAVIOS EN LA. Si el agravio propone una cuestión que no fue planteada en la primera incidencia del juicio de garantías, dicho agravio es inoperante. Amparo administrativo en revisión 4850/40. Hernández J. Ascensión. 3 de octubre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Octavio Mendoza González. La publicación no menciona el nombre del ponente. 131 No. Registro: 321,325. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCI. Página: 2871. SUSPENSIÓN. Los agravios son inoperantes para obtener la revocación de la resolución incidental que otorgó la suspensión definitiva, si se contra en, en su generalidad, a cuestiones de fondo, propias de la sentencia definitiva que se dicte. Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 7488/46. Charco María y coagraviados. 27 de marzo de 1947. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 132 No. Registro: 320,051. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CI. Página: 2432. AGRAVIO INOPERANTE. Lo es cuando el quejoso no combate la parte sustancial de la tesis sustentada en la sentencia recurrida. Amparo administrativo en revisión 3732/49. Güereña Almada Ignacio. 12 de septiembre de 1949. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Nicéforo Guerrero. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, Común, página 65, tesis 40, de rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES.". 133 No. Registro: 318,012. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Constitucional. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 1251. LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. Si se objeta de inconstitucional una Ley de Hacienda de un Estado y en la demanda de garantías no se demuestra en forma alguna en que consiste dicha

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9. Si controvierten las omisiones de identificar las ejecutorias y jurisprudencias que se invocaron en la sentencia.134 10. “Si la recurrente alega que no estando el acto reclamado debidamente fundado y motivado no puede saberse si se trata de una simple violación procesal o de si, como lo alega, de la imposición de una pena trascendental prohibida por el artículo 22 constitucional, tal argumentación resulta inoperante”.135 11. La falta de orden de notificación personal.136 12. Si la autoridad responsable que expresó agravios, carece de personalidad.137 Los agravios fueron insuficientes, para esta sala si el quejoso no demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados;138 e inconstitucionalidad, limitándose el quejoso a señalar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución en relación con los preceptos de la Ley de Hacienda, sin decir cual es la violación que en esta se comete de aquel precepto constitucional, debe estimarse inoperante el agravio y sobreseerse el juicio. Amparo administrativo en revisión 3589/53. Walls Ricardo. 24 de febrero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 134 No. Registro: 317,425. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXI. Página: 524. EJECUTORIAS Y JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. Si se propone el agravio para intentar la revisión fiscal haciéndolo consistir en que la Sala Sentenciadora omitió identificar las ejecutorias de la Suprema Corte y la jurisprudencia relacionada con ellas que invoca el sentenciador, es inoperante, si de la lectura del fallo se ve que la sentenciadora funda su resolución en disposiciones de ley y estudió y resolvió los puntos controvertidos, por lo que el hecho de que no haya identificado las ejecutorias y jurisprudencias relativas, invocadas para robustecer el criterio sustentado, no puede traer como consecuencia la revocación del fallo, pues quedan en pie los razonamientos jurídicos y legales que además, no han sido objetados en la revisión, por todo lo cual, aun admitiendo sin conceder la inexistencia de las ejecutorias y la jurisprudencia, por sus propios fundamentos habría que confirmar el fallo recurrido. Revisión fiscal 15/54. Tesorería del Distrito Federal ("Hilaturas San Angel", S. A.). 19 de julio de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Rivera Pérez Campos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 135 No. Registro: 316,437. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVII. Página: 436. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, VIOLACIONES DEL. Si la recurrente alega que no estando el acto reclamado debidamente fundado y motivado no puede saberse si se trata de una simple violación procesal o de si, como lo alega, de la imposición de una pena trascendental prohibida por el artículo 22 constitucional, tal argumentación resulta inoperante porque pretende supeditar las violaciones procesales a su magnitud; esto es, que si una violación de esta naturaleza es de tal manera grave, sí se puede reclamar en amparo y que si no, entonces se deberá esperar a que se pronuncie la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de que se trate; pero olvida que para poderse saber la gravedad de la violación, esto es, el fondo del negocio, lo cual es imposible atento lo que dispone el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al establecer que en los casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia le concede, a no ser que el amparo sea promovido por personas extraña a la controversia; así que, no estando supeditadas las violaciones procesales a su gravedad, es claro que no puede admitirse la distinción que pretende hacer la quejosa, máxime que para ello se necesitaría primero resolver si existe o no pena trascendental, que es lo que constituye el fondo del negocio, para luego resolver si era o no de sobreseerse en el juicio, lo cual es invertir la técnica del juicio de amparo. En consecuencia, no haciendo el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo la distinción que pretende la quejosa, es claro que resultan infundados sus agravios, por lo que procede confirmar la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio. Amparo en revisión 3492/55. Mafico, S. de R. L. 6 de febrero de 1956. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 136 No. Registro: 316,421. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVII. Tesis: . Página: 340. AGRAVIO INOPERANTE. Conforme al artículo 30 de la Ley de Amparo, es una facultad discrecional de la autoridad que conoce del juicio de garantías, señalar con respecto a determinadas resoluciones, cuando lo estime conveniente, que su notificación se haga en forma personal a las partes, por lo cual no es agravio que se ordene se haga por estrados. Amparo en revisión 4844/55. Sara Ríos Huerta. 30 de enero de 1956. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 137 No. Registro: 315,870. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXXI. Página: 312. AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALIDAD PARA INTERPONER LA REVISIÓN A NOMBRE DE LAS. Si los escritos relativos en que se interpone revisión por las responsables aparecen firmadas por personas distintas de las señaladas como autoridades responsables, sin que exista disposición legal alguna que autorice tal procedimiento ni esté acreditado en autos que puedan hacerlo por el simple hecho de manifestar que se encuentran en funciones de aquéllas ni justificar que hayan entrado en tales funciones ni por qué motivo, es claro que los agravios que en tal caso se interpongan, resultan de todo punto inoperantes.

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inatendibles “cuando no se indican los preceptos indebida o malamente aplicados por el inferior en su resolución.”139 La calificación de agravios ineficaces se dio, por esta sala, en casos siguientes: 1. En “agravios fundados en cuestiones de hecho”.140 2. Respecto de los argumentos esgrimidos “para impugnar no el sobreseimiento, sino a la negativa de amparo, que no existe”.141 3. Si el quejoso no especificó la causa de improcedencia que el juez dejó de tomar en consideración y omitió citar los preceptos legales que dejaron de aplicarse. 4. “Si no ataca las razones en que se apoyó el juez de Distrito”.142

Amparo en revisión 1346/56. Victoria Serrano Pérez. 7 de febrero de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Franco Carreño. 138 No. Registro: 319,330. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIX. Página: 2543. ACTO RECLAMADO, INCONSTITUCIONALIDAD DEL. Incumbe al quejoso acreditar los hechos constitutivos del acto reclamado, cuando este no es anticonstitucional en si mismo, sino que, su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la autoridad responsable para producir el acto reclamado, y cuando el quejoso no cumple con esta incumbencia, el agravio resulta insuficiente y procede negar el amparo de la Justicia de la Unión. Amparo administrativo en revisión 2664/51. Gómez Sánchez Alberto. 20 de septiembre de 1951. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Manuel Bartlett B. 139 No. Registro: 325,017. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 5133. AGRAVIOS. Son inatendibles cuando no se indican los preceptos indebida o malamente aplicados por el inferior en su resolución. Tomo LXXVI, página 6817. Indice Alfabético. Incidente de suspensión 10380/42. Canseco José. 18 de junio de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Octavio Mendoza González. Tomo LXXVI, página 5133. Amparo administrativo en revisión 834/42. Campos María y coagraviados. 18 de junio de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 140 No. Registro: 331,855. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LIX. Página: 680. AGRAVIOS, EXPRESION DE, ANTE LA SUPREMA CORTE. Como a la Suprema Corte no corresponde calificar los agravios fundados en cuestiones de hecho, son ineficaces los así formulados. Amparo 8048/38. Juan Pérez y coaga. 24 de enero de 1939. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Epoca: Tomo LVII, página 889. Amparo 3594/38. "Rio Blanco", S. A. 28 de julio de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo LV, página 1090. Amparo administrativo en revisión 7353/37. Márquez Natalia y coaga. 2 de febrero de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Jesús Garza Cabello. 141 No. Registro: 330,450. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LIX. Página: 356. REVISIÓN, AGRAVIOS EN LA. Sobreseído un amparo, los argumentos esgrimidos por el quejoso para impugnar no el sobreseimiento, sino a la negativa del amparo, que no existe, son ineficaces del todo y procede confirmar la sentencia en el punto que sobreseyó. Amparo administrativo en revisión 7684/38. Ponce de León Manuel. 17 de enero de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alonso Aznar Mendoza. Relator: Agustín Gómez Campos. 142 No. Registro: 316,958. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIV. Página: 416. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. El agravio es ineficaz, si no ataca las razones en que se apoyó el Juez de Distrito. Amparo administrativo en revisión 5344/54. Alvarado Castañeda Héctor. 25 de abril de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró que el amparo civil era de estricto derecho y “resulta improcedente si el quejoso no señala la ley violada”.143 Aun cuando intentó atemperar la cita de la ley a que “en alguna forma se identifiquen estos textos”;144 prevalecieron las tesis que señalaron que el objeto del juicio eran los conceptos de violación,145 y que el juez de Distrito no podía apoyarse en disposiciones que no fueron invocadas.146 Además, como una extensión del principio de estricto derecho, la Tercera Sala estableció que el juez no podía tomar “como prueba del interés jurídico de la quejosa; un documento que no obra en los autos del incidente”,147 ya que el juicio de amparo y el incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada;148 ni puede recabar pruebas que obren en diverso amparo;149 ni traer a

143 No. Registro: 810,024. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXV. Página: 1703. AMPARO CIVIL. Siendo de estricto derecho, resulta improcedente si el quejoso no señala la ley violada. Amparo civil directo 3710/24. García Beatriz y coag. 22 de marzo de 1929. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Alberto Vásquez Mercado. La publicación no menciona el nombre del ponente. 144 No. Registro: 363,060. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIV. Página: 1040. AMPARO CIVIL. Aunque el amparo en materia civil es de estricto derecho, esto no quiere decir que quien ocurre a él, tenga que precisar los números de los textos legales violados; pues para el examen constitucional, basta que en alguna forma se identifiquen estos textos. Por otra parte, para que el Juez del amparo pueda entrar al examen del acto que se alega que es violatorio de garantías, basta que se cite el precepto constitucional que se considera infringido. Amparo civil en revisión 2501/30. Franco Francisco L. 11 de febrero de 1932. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 145 No. Registro: 351,245. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 6738. AMPARO CIVIL, CARACTER ESTRICTO DEL. El amparo civil es de estricto derecho, y los Jueces de Distrito sólo pueden ocuparse de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, contra el fallo reclamado; por lo que si no se ataca la incongruencia de éste, el Juez de Distrito no puede ocuparse de ésta cuestión, aunque el propio fallo sea en realidad incogruente. Amparo civil en revisión 9753/42. Cameras S. Rafael. 19 de abril de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hilario Medina. La publicación no menciona el nombre del ponente. 146 No. Registro: 351,091. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 2397. AMPARO CIVIL, CARACTER ESTRICTO DEL (FALTA DE CITA DE LAS LEYES VIOLADAS). El artículo 79 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridad judicial del orden civil, es de estricto derecho, y por tanto, la sentencia que en él se dicte, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella. De conformidad con lo dispuesto por el precepto citado, debe estimarse que si el quejoso no combate en su demanda de amparo, la resolución que reclama, aduciendo los conceptos de violación que estima la causa dicha resolución, pues se limita a decir que no se tomaron en cuenta las pruebas que el mismo ofreció, sin citar las disposiciones legales referentes a la apelación de las pruebas, no puede impartírsele la protección federal, por las deficiencias de que adolece la demanda de amparo. Amparo civil directo 1978/42. Ibarra Tirso.- 29 de abril de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe de J. Tena. La publicación no menciona el nombre del ponente. 147 No. Registro: 346,746. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIII. Página: 2153. PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, TRATANDOSE DE AMPARO CIVIL. Si se trata de un amparo en materia civil que es de estricto derecho, lo mismo que el incidente que sigue la suerte del principal, tal como lo previene el artículo 79 de la Ley de Amparo, el juez de distrito violó la jurisprudencia de la Suprema Corte, si oficiosamente tomó como prueba del interés jurídico de la quejosa; un documento que no obra en los autos del incidente, y que no fue rendido como prueba, de acuerdo con lo que dispone el artículo 131 de la Ley de Amparo. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 4274/47. Arenas viuda de Robles Mercedes. 6 de septiembre de 1947. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 148 No. Registro: 346,023. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCV. Página: 503. AGRAVIOS, FALTA DE FUNDAMENTO DE LOS. Si no se acredita el interés jurídico, la suspensión debe negarse, aunque el recurrente sustente en los agravios, que a su demanda acompañó copia certificada que justifica el derecho de posesión que se dice afectado por el embargo que reclama, no debe perderse de vista que el juicio y el incidente se tramitan por cuerda separada, y si el quejoso no aporta esa prueba en el incidente, el Juez no puede llevarla de oficio al mismo, por tratarse de un amparo civil, que es de estricto derecho. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8517/47. Pisen J. Carmen y coagraviado. 17 de enero de 1948. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no menciona el nombre del ponente. 149 No. Registro: 346,241. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIV. Página: 474. PRUEBAS EN AMPARO CIVIL. No basta que el quejoso haya presentado una prueba en un

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los autos los documentos que se presentan con la demanda para obtener la suspensión, pues tocaba al quejoso justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado y “solicitar que en la copia certificada de constancias de la responsable, a petición suya y de su contrario, debe remitir, se inserte no sólo el acto reclamado, sino todo lo demás que sea necesario del juicio correspondiente”.150 Esta Sala calificó “el amparo en materia de trabajo de estricto derecho”;151 y convirtió la improcedencia del juicio de amparo que era una cuestión de orden público, en una cuestión de interés privado152 al establecer que “cuando el Juez de Distrito sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio el interés público, sino que entra en juego el interés privado de una manera predominante y preferente y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos, puesto que no existe revisión de oficio”.153

diverso amparo, para que oficiosamente el Juez de Distrito mandara recabar esa prueba y tenerla como tal en el incidente de suspensión, puesto que esto sería contrario a lo que dispone el artículo 79 de la ley relativa, en la cual se que el amparo en materia civil, es de estricto derecho. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 5514/47. Robles Martínez Gabino y coags. 18 de octubre de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 150 No. Registro: 340,433. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala.Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXII. Página: 315. ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Como el quejoso tiene que justificar la inconstitucionalidad que alega del acto reclamado, debe solicitar que en la copia certificada de constancias que la responsable, a petición suya y de su contrario, debe remitir, se inserte no sólo el acto reclamado, sino todo lo demás que sea necesario del juicio correspondiente, y si no se cumple este requisito, los conceptos de violación no comprobados son inoperantes. Amparo civil directo 2249/53. Gutiérrez Eduardo. 15 de octubre de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 151 No. Registro: 374,024. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXI. Página: 3903. DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO, EN MATERIA DE TRABAJO. Si el quejoso no satisfizo en su demanda los requisitos que establecen las fracciones VI y VII, del artículo 166 de la Ley de Amparo, pues aunque invocó como infringido el artículo 123, fracción XXII, de la Constitución Federal, omitió señalar las disposiciones que vulneran sus garantías individuales, e igualmente dejó de expresar los artículos de la Ley Federal del Trabajo violados por la responsable, limitándose a indicar que ésta infringió el capítulo de enfermedades profesionales del último ordenamiento citado, en tales condiciones, por ser el amparo en materia de trabajo de estricto derecho, la Suprema Corte Justicia está impedida para investigar con infracción de qué preceptos del mencionado capítulo, se dictó la resolución reclamada, motivo por el cual debe sobreseerse en el juicio de garantías. Amparo directo en materia de trabajo 2818/43. Santos Hernández Soledad. 21 de agosto de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 152 No. Registro: 354,024. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXVII. Página: 1957. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia 271, página 470. SOBRESEIMIENTO, NECESIDAD DE EXPRESAR AGRAVIOS CONTRA LA RESOLUCION QUE LO DECLARA. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en jurisprudencia constante, que la cuestión de improcedencia es de orden público, esto es, que siempre que la Corte conozca de un negocio en revisión, antes de estudiar los agravios en cuanto al fondo, ha de analizar si existe alguna causa de improcedencia, para en este caso declararla; pero cuando el Juez de Distrito sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio el interés privado, de una manera predominante y preferente, y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos, puesto que no existe la revisión de oficio. De manera que si en tales casos no se interpone el recurso de revisión, causa ejecutoria la resolución respectiva; si no se expresan agravios, el recurso no será admitido; si se expresan, pero son incongruentes porque no atacan los fundamentos del sobreseimiento dictado, o son ajenos al debate, en realidad se esta en presencia de una falta de agravios en el punto controvertido; por lo que si en este caso, la Corte estudia los fundamentos que adujo el Juez de Distrito, suple la deficiencia del recurrente, analizando una cuestión, que no le fue propuesta, contrariamente al texto legal que regula el recurso de revisión, y al principio de que el amparo en materia civil es de estricto derecho. Amparo civil en revisión 7166/40. Peña Rodolfo. 24 de febrero de 1941. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Felipe de J. Tena no intervino en este asunto por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. 153 No. Registro: 353,380. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXX. Página: 4312. SOBRESEIMIENTO, NECESIDAD DE EXPRESAR AGRAVIOS CONTRA EL.Es cierto que la cuestión de improcedencia es de orden público, lo que trae consigo que siempre que la Suprema Corte conozca de un negocio en revisión, debe analizar, antes de estudiar los agravios en cuanto al fondo, si existe alguna causa de improcedencia, para en este caso declararla; pero también lo es que cuando el Juez de Distrito sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio el interés público, sino que entra en juego el interés privado de una manera predominante y preferente y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos, puesto que no existe la revisión de oficio. De manera que si en tales casos no se interpone el recurso de revisión, causa ejecutoria la resolución respectiva; si no se expresan agravios el recurso no será admitido; si se expresan, pero son incongruen-

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También, la Tercera Sala consideró que el carácter de estricto derecho impedía corregir el error de un padre quejoso que pidió amparo a nombre propio, “siendo que fue demandado como representante legal de su menor hijo”;154 y que no se tomaran “en consideración las pruebas aportadas por el quejoso con posterioridad a su demanda de amparo”;155 ni se examinara de manera general el acto reclamado.156 La suplencia de la queja no implicó que: 1. Se tuviera existente una orden dirigida a otra persona “si el quejoso, al puntualizar el acto reclamado en su demanda, afirmó que consistía en la orden de que se entregaran a determinadas personas, los bienes que constituyen la masa de la herencia”.157

tes, porque no atacan los fundamentos del sobreseimiento dictado o son ajenos al debate, en realidad se está en presencia de una falta de agravios en el punto controvertido; por lo que si en este caso la Corte estudia los fundamentos que adujo el Juez del Distrito para sobreseer, suple la deficiencia del recurrente, al analizar una cuestión que no le fue propuesta, y contraría el texto legal que regula el recurso de revisión y el principio de que el amparo en materia civil es de estricto derecho. Amparo civil en revisión 4813/41. Amador María Carmen. 6 de diciembre de 1941. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Tirso Sánchez Taboada. La publicación no menciona el nombre del ponente. 154 No. Registro: 351,261. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXV. Página: 457. AMPARO CIVIL, CARACTER ESTRICTO DEL. Conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia y los Jueces de Distrito, en sus sentencias pueden suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada, al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda; pero el mismo artículo agrega que en el juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho y por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir o ampliar nada en ella. Ahora bien, si no se trata de que el quejoso se hubiese equivocado al citar la garantía cuya violación reclama, sino que el error de éste consistió en haber pedido el amparo por su propio derecho, siendo que fue demandado como representante legal de su menor hijo, es claro que el Juez de Distrito no podría suplir tal error o deficiencia, de acuerdo con lo ordenado por el propio artículo 79, y en consecuencia, dicho funcionario resolvió acertadamente, si declaró que el acto reclamado no podría afectar los intereses jurídicos del quejoso. Amparo civil en revisión 7482/41. González Emiliano y coaga. 7 de enero de 1943. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 155 No. Registro: 339,373. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVIII. Página: 363. AMPARO, PRUEBAS EN EL. No es posible tomar en consideración las pruebas aportadas por el quejoso con posterioridad a su demanda de amparo, en virtud de que el artículo 78 de la Ley de la materia establece que el acto reclamado deberá estudiarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que sean de admitirse, ni tomarse en consideración, pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad. Además, estudiar la constitucionalidad del acto reclamado tomando en cuenta dichas pruebas y el cambio operado en la situación jurídica del negocio, equivaldría a estudiar el juicio de garantías a través de cuestiones ajenas a la demanda, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que dispone que el amparo en materia civil es de estricto derecho, y que, por tanto, la sentencia que en él se dicte se sujetará a los términos de la demanda, sin que esté permitido al juzgador suplir ni ampliar nada en ella; e infringiendo igualmente el artículo 190 de la propia ley, que dispone que las sentencias de la Suprema Corte no comprenderán más cuestiones legales que las propuestas en la demanda de amparo. Amparo directo 152/54. Abel Carro Ramos. 11 de mayo de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. 156No. Registro: 340,437. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXII. Página: 317. VIOLACIONES INOPERANTES. La Suprema Corte, dentro del régimen jurídico del juicio de amparo, se halla imposibilitada de realizar un examen general del acto reclamado, cuando no se precisan los conceptos de violación, por lo que los que se hagan consistir en impugnaciones abstractas que no proporcionen los elementos indispensables para su análisis, son inoperantes. Amparo civil directo 4219/53. "Salcedo y Alvarez Icaza, Ingenieros", S.A. 15 de octubre de 1954. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Vicente Santos Guajardo. Ponente: Gabriel García Rojas. 157 No. Registro: 353,449. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIX. Página: 821. POSESION, AMPARO CONTRA LA PRIVACION DE LA, AUNQUE HAYA ERROR AL DESIGNAR A QUIEN SE MANDO DAR. Si el quejoso, al puntualizar el acto reclamado en su demanda, afirmó que consistía en la orden de que se entregaran a determinadas personas, los bienes que constituyen la masa de la herencia, en la sucesión de que es albacea, no puede decirse que se supla la deficiencia de la queja, al tener por existente dicha orden, a pesar de que la que se dictó fue en el sentido de mandar que la entrega de los bienes se hiciera a persona distinta de la a que alude el quejoso, pues debe entenderse que éste reclamó esa orden en cuanto lo agravia, porque tiende a privarlo de la posesión de que actualmente está gozando, independientemente de que la entrega de los bienes se haga a cualquiera persona. Amparo civil en revisión 980/41. Tenorio de Campos Refugio. 16 de julio de 1941. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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2. Que se sobrentendiera que también se reclama la ejecución de la resolución o del acto.158 Al no poder suplir la deficiencia de la queja los ministros de esta sala debieron estimar “infundados los conceptos de violación en que se propongan cuestiones que no se hicieron valer como agravios en segunda instancia”.159 Sin embargo:

Si el Juez de Distrito indebidamente suple la deficiencia de la queja, en un amparo civil, y esta circunstancia no es alegada como agravio por quien interpone la revisión, no puede revocarse el fallo del Juez, pues para ese efecto, la Corte, a su vez, necesitaría suplir la deficiencia de los agravios, lo que es contrario al espíritu de las prevenciones legales que reglamentan el recurso de revisión.160

La demanda, y por ende los conceptos de violación, fueron calificadas de deficientes por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en los siguientes casos:

158 No. Registro: 348,138. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXVIII. Página: 3003. ACTOS RECLAMADOS. Cuando se reclama una resolución o determinado acto, que tiene consecuencias o efectos de ejecución, se sobreentiende que también se reclaman estos efectos o consecuencias, y que esto no implica, en manera alguna suplir la deficiencia de la queja; pues de otro modo, bastaría con que comenzara a ejecutarse un acto o tan solo dictarse una resolución, para que ya se considerara como consumado, lo que es inexacto, pues generalmente lo que se reclama son las consecuencias o efectos del acto reclamado. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 2243/46. Urrieta de Carreto María Luisa. 29 de junio de 1946. Mayoría de tres votos. Ausente: José M. Ortiz Tirado. Disidente: Carlos L. Ángeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXXXIV, página 956. 159 No. Registro: 343,909. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIV. Página: 857. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE NO FUERON MATERIA DE AGRAVIOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Deben estimarse infundados los conceptos de violación en que se propongan cuestiones que no se hicieron valer como agravios en segunda instancia, pues como ésta sólo debe ocuparse de aquéllos, el quejoso no puede obtener una enmienda mediante la interposición del juicio de amparo, ya que tenía expeditos sus derechos para hacerlos valer dentro del recurso ordinario de apelación; y tratándose de un amparo en materia civil, no puede suplirse la deficiencia de la queja, por lo cual debe negarse la protección federal. Amparo civil directo 5437/49. Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga, Local y Express "Chiapas", S. C. L. 24 de abril de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque estrada. La publicación no menciona el nombre del ponente. 160 No. Registro: 363,273. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIII. Página: 176. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si el Juez de Distrito indebidamente suple la deficiencia de la queja, en un amparo civil, y esta circunstancia no es alegada como agravio por quien interpone la revisión, no puede revocarse el fallo del Juez, pues para ese efecto, la Corte, a su vez, necesitaría suplir la deficiencia de los agravios, lo que es contrario al espíritu de las prevenciones legales que reglamentan el recurso de revisión. Amparo civil en revisión 678/31. Rocha Juan R., sucesión de y coagraviado. 5 de septiembre de 1931. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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1. Si el quejoso sólo manifestaba “que se violaron en su perjuicio, los artículos 14 y 16 constitucionales”.161 2. Si no contenía “la expresión de la ley que, en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente, o la que dejó de aplicarse”.162 Para esta sala resultaron inoperantes, los conceptos de violación: 1. Si de una “manera abstracta se reclama la mala apreciación de determinadas pruebas por parte de la responsable”.163 2. Si se reclamó “la anticonstitucionalidad de una ley, si el quejoso no solamente no la atacó ante los tribunales de instancia, sino que se sometió expresamente a dicha ley”.164

161 No. Registro: 306,098. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXII. Página: 1927. DEMANDA DE AMPARO CIVIL, DEFICIENCIAS EN LAS. Si el quejoso no expresa en su demanda, concepto de violación alguno ni indica las disposiciones legales que en su concepto haya infringido la autoridad responsable, pues sólo manifiesta que se violaron en su perjuicio, los artículos 14 y 16 constitucionales, no puede suplirse la deficiencia de la queja, por ser el amparo en materia civil, de estricto derecho, y debe negársele la protección federal solicitada. Tomo LXXXII, página 4983. Indice Alfabético. Amparo directo 4124/37. Manríquez Vicente. 4 de diciembre de 1944. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. Tomo LXXXII, página 4983. Indice Alfabético. Amparo directo 5327/43. López viuda de Vera María. 16 de noviembre de 1944. Unani midad de cinco votos. Ponente: Emilio Pardo Aspe. Tomo LXXXII, página 1927. Amparo civil directo 2687/44. Padilla Alvarez Celso. 23 de octubre de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 162 No. Registro: 348,817. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIV. Página: 41. DEMANDA DE AMPARO CIVIL, DEFICIENCIAS EN LA. Si la demanda de amparo no contiene la expresión de la ley que, en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente, o la que dejó de aplicarse, según lo dispone el artículo 166 de la ley reglamentaria respectiva, se carece de base, por la ausencia de ese requisito, para hacer la discriminación de constitucionalidad de la sentencia reclamada, lo que trae como consecuencia que ésta se tenga por legítima y se niegue la protección federal, ya que el artículo 79 de la ley citada, previene que el juicio constitucional en materia civil es de estricto derecho, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en la demanda. Tomo LXXXIV, página 3000. Indice Alfabético. Amparo directo 5840/42. Garibay Martínez Esther. 23 de abril de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo LXXXIV, página 3000. Indice Alfabético. Amparo directo 1095/44. Miranda Socorro. 12 de abril de 1945. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. Tomo LXXXIV, página 3000. Indice Alfabético. Amparo directo 8391/40. Morones Gregoria. 12 de abril de 1945. Unanimidad cinco de votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. Tomo LXXXIV, página 41. Amparo civil directo 1040/44. Castillo Joaquín. 2 de abril de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hilario Medina. La publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: El artículo 79 de la Ley de Amparo fue reformado en el año de 1983, modificando la disposición de estricto derecho. 163 No. Registro: 804,682. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 1404. VIOLACIONES EN AMPARO CIVIL. Es inoperante el concepto de violación en el que de manera abstracta se reclama la mala apreciación de determinadas pruebas por parte de la responsable, pues se debe precisar en qué consiste esa defectuosa apreciación y concretar las pruebas a la que la errónea valoración de la responsable se haya referido, a fin de proporcionar una base para el examen o estudio de la cuestión, ya que la Suprema Corte se halla imposibilitada para realizar un examen general del acto reclamado, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, y no estar permitido suplir la deficiencia de la queja. Amparo civil directo 253/53. Reyna Manuel y coagraviados. 1o. de marzo de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 164 No. Registro: 346,372. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIV. Página: 1328. AMPARO CONTRA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. Debe estimarse inoperante el concepto de violación en que se reclama la anticonstitucionalidad de una ley, si el quejoso no solamente no la atacó ante los tribunales de instancia, sino que se sometió expresamente a dicha ley. Amparo civil directo 9698/45. Gutiérrez Elizarrarás José. 19 de noviembre de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. La publicación no menciona el nombre el ponente.

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3. “Si no obran en autos las constancias respectivas, y por lo mismo, faltan los elementos necesarios que pudieran permitir a la Suprema Corte establecer la existencia de los hechos alegados, y en su caso, la de las violaciones reclamadas”.165 También estableció que los conceptos de violación podían ser fundados, pero inoperantes.166 Además, en una misma tesis, esta Tercera Sala calificaba la violación de inatendible y el concepto de violación de inoperante;167 de infundado el concepto y de inoperante la violación;168 de deficientes o de inoperantes los conceptos de violación;169 de infundados o de inoperantes los conceptos de violación.170

165 No. Registro: 341,086. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Página: 346. AMPARO, CONSTANCIAS EN EL. Tienen que considerarse como inoperantes los conceptos de violación reclamados, si no obran en autos las constancias respectivas, y por lo mismo, faltan los elementos necesarios que pudieran permitir a la Suprema Corte establecer la existencia de los hechos alegados, y en su caso, la de las violaciones reclamadas. Amparo civil directo 2422/53. López Armendáriz José. 14 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada. 166 No. Registro: 339,901. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXV. Página: 971. EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. Si el tribunal responsable, en ejecución de una sentencia de amparo, opta por acertar que como en su primera sentencia hizo un estudio detallado de las constancias de autos y analizó los elementos probatorios ofrecidos por las partes, fijando a cada uno de ellos el valor que legalmente le correspondía, en rigor no tiene sino que repetir dicha sentencia y concluir nuevamente que son improcedentes los agravios hechos valer, aunque en el texto de esta segunda sentencia no se haga el estudio jurídico de las cuestiones que fueron propuestas en vía de agravios, ni la apreciación de las pruebas, sino que se reproduce, o bien se hace referencia a lo asentado en la anterior sentencia que se repite, a pesar de que en virtud del amparo quedó sin efecto alguno, ello no implica una violación que trascienda al interés jurídico del quejoso, ni le produce indefensión que justificara por sí sola la concesión del amparo, toda vez que éste no tendría mas fin que lograr de la responsable una nueva sentencia que no contuviera alusión alguna a la anterior. Por tanto, el concepto de violación que se haga consistir en tal repetición, si bien es fundado, resulta inoperante. Amparo civil directo 207/53. Carballo de Beltrán María. 1o. de agosto de 1955. Unanimidad de cinco votos. Relator: Mariano Ramírez Vázquez. 167 No. Registro: 346,568. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIII. Página: 1062. COMPRAVENTA EN ABONOS, RESCISION DE LA, POR FALTA DE PAGO EN LOS TERMINOS CONVENIDOS (LEGISLACION DE PUEBLA). Si el ofrecimiento de pago hecho por el comprador, se refirió a varios abonos no cubiertos en su propiedad, el vendedor pudo negarse a recibirlos y tuvo derecho para demandar la rescisión del contrato de compraventa; y si el comprador aduce en el amparo promovido por el mismo, que por tratarse de la venta de inmueble, pudo pagar después del término convenido, de acuerdo con el Artículo 2476 del Código Civil del estado de Puebla, y que al no considerarlo así la autoridad responsable en la sentencia reclamada, que declaró la rescisión y no aprobó la consignación en pago, infringió el precepto indicado, por falta de aplicación, debe decirse que tal concepto de violación no es atendible, si al ser demandado el comprador en el juicio rescisorio, no invocó como defensa, su derecho a pagar extemporáneamente, exhibiendo la totalidad de su adeudo, sino que por el contrario, en el ofrecimiento de pago, en la demanda de consignación y aun al contestar la demanda rescisoria, sostuvo que había consignado antes del plazo estipulado, descartando así la aplicación del precepto citado; y como no es al expresar agravios en la segunda instancia, ni mucho menos en amparo, cuando se fija la relación procesal, resulta inoperante el concepto de violación de referencia. Amparo civil directo 1943/47. Briones Ezequiel. 28 de julio de 1947. Mayoría de tres votos. Disidentes: Emilio Pardo Aspe y Carlos y Meléndez. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 168 No. Registro: 342,711. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIX. Página: 2191. PRUEBAS QUE NO OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. Es inoperante el concepto de violación en que se reclame la apreciación indebida de determinadas pruebas, por parte de la autoridad responsable, si dichas pruebas no obran en el expediente formado con motivo del amparo, pues en tales condiciones, la Suprema Corte carece de elementos para resolver si efectivamente se cometió la violación alegada. Amparo civil directo 4069/51. Agente del Ministerio Público Federal. 6 de septiembre de 1952. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Carlos I. Meléndez. 169 No. Registro: 345,218. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIX. Página: 2353. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES. Debe estimarse inoperante el concepto de violación en que no se cite disposición legal alguna, violada por la autoridad responsable, o que la misma hubiera dejado de aplicar. Amparo directo 2823/47. Ferrara Gerardo y coagraviados. 30 de marzo de 1949. Mayoría de tres votos. Disidentes: Roque Estrada y Vicente Santos Guajardo. Relator: Hilario Medina. 170 No. Registro: 342,554. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CX. Página: 1775. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es infundado el concepto de violación en que sólo se reproduzca uno de los agravios que el quejoso hizo valer en la apelación, si no se aduce argumento alguno para desvirtuar las razones expuestas por la autoridad responsable, para declarar inoperante dicho agravio. Amparo civil directo 2557/51. Treviño Esteban. 3 de diciembre de 1951. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente,

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También dicha sala determinó que: “es al quejoso a quien corresponde decir qué ley se aplicó inexactamente, o qué ley dejó de aplicarse, y si no lo hace, la Suprema Corte de Justicia no puede aceptar como correcto el agravio”.171 Con base en lo anterior:

Si el quejoso no señala en su demanda los preceptos constitucionales que estime violados, ni el concepto o conceptos de las violaciones, dicha demanda no reúne los requisitos que establece la fracción VI del artículo 166 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, lo que trae como consecuencia que se carezca de base para resolver la controversia constitucional, por lo que debe negarse la protección federal, pues tratándose de un amparo de naturaleza civil, no puede suplirse la deficiencia de la queja.172

Para impugnar una ley, según esta sala, son necesarios los siguientes requisitos: “a), señalarla como acto reclamado, b), reclamarla de la autoridad o autoridades de que haya emanado, c),

171 No. Registro: 350,417. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 2959. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE NO SE EXPRESA LA LEY VIOLADA. El artículo 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, ordena que en la demanda de garantías deberá expresarse "La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo". De acuerdo con este precepto, es al quejoso a quien corresponde decir qué ley se aplicó inexactamente, o qué ley dejó de aplicarse, y si no lo hace, la Suprema Corte de Justicia no puede aceptar como correcto el agravio, porque está prohibido suplir la deficiencia de la queja. Amparo civil directo 3147/41. Oliva Villagrana Juan, sucesión de. 9 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe, no intervino en la votación de este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. 172 No. Registro: 348,869. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIV. Página: 734. AMPARO CIVIL, OMISION DE LA CITA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN EL. Si el quejoso no señala en su demanda los preceptos constitucionales que estime violados, ni el concepto o conceptos de las violaciones, dicha demanda no reúne los requisitos que establece la fracción VI del artículo 166 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, lo que trae como consecuencia que se carezca de base para resolver la controversia constitucional, por lo que debe negarse la protección federal, pues tratándose de un amparo de naturaleza civil, no puede suplirse la deficiencia de la queja. Amparo civil directo 390/45. Reynoso María Guadalupe. 17 de abril de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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citar las disposiciones constitucionales que dicha ley viola y d), expresar los conceptos de esas violaciones”.173 Por otro lado, los conceptos de violación resultaron ineficaces en los siguientes casos: 1. Si se impugnaba la inconstitucionalidad, pero el amparo no se promovió contra la autoridad legislativa.174 2. Si las violaciones al procedimiento no se preparaban.175 3. Contra cuestiones consentidas.176 4. Si no se impugnaba los razonamientos de la autoridad.177 Los agravios fueron desechados si consistían en inexacta estimación de las pruebas rendidas en el juicio sin dar razón alguna que funde su afirmación.178 No. Registro: 341,604. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXVII. Página: 397. LEYES, AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. Impugnar una ley por su inconstitucionalidad significa: a), señalarla como acto reclamado, b), reclamarla de la autoridad o autoridades de que haya emanado, c), citar las disposiciones constitucionales que dicha ley viola y d), expresar los conceptos de esas violaciones. Ahora bien, aunque el requisito de señalar como acto reclamado la ley impugnada por su inconstitucionalidad pudiera tenerse por satisfecho cuando aparece con claridad que se reclama esa ley, aun cuando no se le cite en el capítulo de " Actos Reclamados ", no es posible, en cambio, suplir la deficiencia de la queja en cuanto a los preceptos constitucionales violados ni en cuanto a los conceptos de las violaciones; pero lo que es más imposible aún, porque implicaría una flagrante violación a la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, sería examinar la constitucionalidad de un decreto sin oír al Congreso de la Unión que lo expidió ni al presidente de la República que lo promulgó. Amparo civil en revisión 2532/52. Jiménez Joaquín. 20 de julio de 1953. Mayoría de tres votos. Disidentes: Rafael Rojina Villegas y Gabriel García Rojas. La publicación no menciona el nombre del ponente. 174 No. Registro: 352,413. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXII. Página: 2592. AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. Si el amparo no se endereza contra la ley, y la inconstitucionalidad de ésta se impugna en via de concepto de violación, en tanto que el quejoso reclama un acto de autoridad judicial en que se aplica esa ley, pudiera inferirse, con indirecto apoyo en un precedente de ésta Suprema Corte de Justicia, que en realidad reclama contra la ley misma (Semanario Judicial, Tomo XVIII, página 1920); pero es preciso tener en cuenta que por la índole y organización jurídica del amparo, la alusión a la inconstitucionalidad de una ley, es ineficaz, cuando el juicio no se promueve contra la autoridad legislativa de quien emana. Amparo civil directo 8090/39. Prida José de. 27 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe de J. Tena. La publicación no menciona el nombre del ponente. 175 No. Registro: 349,792. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXII. Página: 2975. PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Tratándose de violaciones al procedimiento, el amparo debe prepararse en los términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 161 de la ley reglamentaria. No preparado así el juicio constitucional, el mismo debe estimarse improcedente cuando esas violaciones procesales se reclaman como actos autónomos, pero cuando se hacen valer como conceptos de violación, entonces deben considerarse ineficaces para la concesión del amparo. Amparo civil directo 526/40. Flores Adrián. 8 de noviembre de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 176 No. Registro: 349,192. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIII. Página: 2261. AMPARO DIRECTO, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEFICACES EN EL, RELATIVOS A CUESTIONES CONSENTIDAS POR EL QUEJOSO. Si tanto el quejoso como su contraparte interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, pero por no haber expresado agravios el propio quejoso, dentro del término legal, fue declarado desierto ese recurso y firme la sentencia recurrida por lo que a él respecta, de esto se sigue que las cuestiones resueltas en primera instancia y que el tribunal de alzada haya confirmado en la sentencia reclamada en el amparo, fueron consentidas por el quejoso y causaron estado, al haber abandonado él mismo la apelación, por lo que los conceptos de violación que haga valer con relación a esas cuestiones, deben estimarse ineficaces para que se le conceda la protección federal. Amparo civil en revisión 710/44. Trespalacios Antonio. 7 de febrero de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. Ponente: Emilio Pardo Aspe. 177 No. Registro: 339,469. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVII. Página: 222. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INEFICACIA DE LOS. Si los razonamientos de la autoridad responsable no fueron impugnados por el quejoso en sus conceptos de violación, deben subsistir fundamentando la legalidad de la sentencia reclamada. Amparo directo 4444/55. Josefina Rivera Pérez. 16 de enero de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 173

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También los agravios fueron calificados de deficientes por la Tercera Sala en los siguientes casos: 1. Si no se citaba la ley.179 2. Si no se impugnaban todas las causas de improcedencia.180 3. Si eran “tan vagos, que no hay base para estimar si existe o no violación de garantías”.181 4. Si eran “impugnaciones abstractas del quejoso, que no proporcionan los elementos indispensables para su análisis”.182 Fueron calificados de ineficaces si no expresaban la norma jurídica que el quejoso estimaba violada.183 Resultaron inoperantes los agravios si no decían nada sobre los hechos en que se fundan.184

178 No. Registro: 350,837. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVII. Página: 2939. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, TRATANDOSE DE AMPARO CIVIL. Debe desecharse el agravio que se haga consistir en que el Juez de Distrito hizo inexacta estimación de las pruebas rendidas en el juicio, si el recurrente no da razón alguna que funde su afirmación, pues por ser el amparo civil de estricto derecho, la Suprema Corte no está capacitada para hacer una revisión oficiosa de la apreciación de pruebas hechas por el inferior. Amparo civil en revisión 1897/41. López Lamegos David y coagraviados. 29 de julio de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe de J. Tena Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 179 No. Registro: 351,668. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIV. Página: 3370. AGRAVIOS DEFICIENTES. Deben desecharse por improcedentes los agravios, cuando el quejoso no cita las leyes que estima infringidas, en su perjuicio, y cuando los conceptos de violación son tan vagos, que no hay base para estimar si existe o no violación de garantías. Amparo civil directo 8766/41. Feria Ugalde Julio Felipe. 6 de noviembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. La publicación no menciona el nombre del ponente. 180 No. Registro: 350,903. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVII. Página: 4566. SOBRESEIMIENTO, AGRAVIOS DEFICIENTES CONTRA EL. Si el recurrente sólo formula agravios contra el primero de los motivos de sobreseimiento en que se funda la sentencia del Juez de Distrito, sin refutar expresamente la segunda causa de improcedencia que tuvo en cuenta el inferior, debe tenerse por firme esta causa, y confirmarse la sentencia a revisión. Amparo civil en revisión 2712/42. Patlán Jesús. 19 de agosto de 1943. Unanimidad de cuatro votos. El ciudadano Ministro Emilio Pardo Aspe no votó por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. 181 No. Registro: 351,668. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIV. Página: 3370. AGRAVIOS DEFICIENTES. Deben desecharse por improcedentes los agravios, cuando el quejoso no cita las leyes que estima infringidas, en su perjuicio, y cuando los conceptos de violación son tan vagos, que no hay base para estimar si existe o no violación de garantías. Amparo civil directo 8766/41. Feria Ugalde Julio Felipe. 6 de noviembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. La publicación no menciona el nombre del ponente. 182 No. Registro: 339,555. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVII. Página: 687. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES. Si se está frente a impugnaciones abstractas del quejoso, que no proporcionan los elementos indispensables para su análisis, es sabido que la Suprema Corte de Justicia, dentro del régimen jurídico del juicio de amparo, se halla imposibilitada de realizar un examen general del acto reclamado, cuando no se precisan los conceptos de violación, pudiendo afirmarse que, en el sentido que se acaba de precisar, no está permitido suplir la deficiencia de la queja. Amparo directo 3035/54. Víctor Mazutti de la Langa. 20 de febrero de 1956. Cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. 183 No. Registro: 363,355. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIII. Página: 775. AMPARO CIVIL. Si el quejoso no expresa siquiera cual sea la norma jurídica que estima violada, los conceptos de agravio que alegue, son ineficaces para que se le conceda el amparo. Amparo civil directo 4541/30. Bribiesca Federico. 29 de septiembre de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Padilla. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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Para esta sala los agravios fueron improcedentes en los siguientes casos: 1. Si se basan en un documento, pero éste no obra en autos.185 2. Si no combate “la razón por la cual la autoridad responsable desechó el correlativo de alzada”.186 3. Si no atacaban las razones para sobreseer, sino que decía que no analizó los agravios expuestos en la demanda.187 4. Si se ataca el auto admisorio.188 También los agravios fueron calificados por esta sala, en la misma tesis, de infundados y de inoperantes;189 o de infundados y de improcedentes.190

184 No. Registro: 344,537. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CI. Página: 1210. AGRAVIOS. Son inoperantes si nada se alega en la demanda de amparo, sobre los hechos en que se fundan. Amparo civil directo 634/49. González Serrano de García Consuelo. 4 de agosto de 1949. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Carlos I. Meléndez. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 185 No. Registro: 355,031. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIII. Página: 2574. AGRAVIOS IMPROCEDENTES. Es improcedente el agravio cuya justificación se base en un documento, si éste no obra en autos, pues el juzgador se encuentra en la imposibilidad de comprobar su fundamento. Amparo civil directo 5089/33. Díaz Rubín Pedro y coags. 29 de febrero de 1940. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfonso Pérez Gasga y Francisco H. Ruiz. La publicación no menciona el nombre del ponente. 186 No. Registro: 354,878. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIII. Página: 965. AGRAVIO IMPROCEDENTE. Es improcedente el agravio que no combata la razón por la cual la autoridad responsable desechó el correlativo de alzada. Amparo civil en revisión 4053/39. Sánchez Verín Manuel y coagraviada. 27 de enero de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Pérez Gasga. La publicación no menciona el nombre del ponente. 187 No. Registro: 344,535. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CI. Página: 1185. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son improcedentes, si en lugar de atacar las razones del Juez de Distrito para sobreseer, el recurrente se limita manifestar que la sentencia es violatoria en su perjuicio, porque no examinó los agravios expuesto por él en la demanda de amparo, en cuanto al fondo, sin desvirtuar lo que dijo el Juez respecto de los actos reclamados. Amparo civil en revisión 5670/48. Rosas Nicolás Crescenciano y coags. 3 de agosto de 1949. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Roque Estrada. Relator: Hilario Medina. 188 No. Registro: 340,903. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX. Página: 381. AGRAVIOS IMPROCEDENTES. Son improcedentes los agravios que no se enderezan precisamente en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el a quo, sino en contra del auto que admitió el escrito de demanda, si contra éste no se interpuso recurso alguno y quedó firme, por haber operado la preclusión. Amparo civil directo 2745/53. "Britania", S. A. 23 de abril de 1954. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Vicente Santos Guajardo no votó por las razones que constan en el acta del día. Ponente: Gabriel García Rojas. Tomo LXXXVIII, pág. 889. Amparo penal en revisión 7438/45. Meléndez Isidra. 22 de abril de 1946. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XCVI, pág. 1759. Amparo civil directo 7850/48. Cortés Ernesto. 16 de junio de 1948. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 189 No. Registro: 354,994. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIII. Página: 2140. AGRAVIOS INFUNDADOS. Son inoperantes para conceder la protección federal, las violaciones que se aleguen contra una sentencia, si el fundamento de ésta es perfectamente legal y suficiente, por sí solo, para sostenerla. Amparo civil en revisión 2827/38. Ramírez viuda de Vasco Concepción. 21 de febrero de 1940. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfonso Pérez Gasga y Agustín Aguirre Garza. La publicación no menciona el nombre del ponente. 190 No. Registro: 355,664. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXI. Página: 3271. AGRAVIOS INFUNDADOS. Los agravios que constituyen meras apreciaciones del quejoso, sin fundar éstas en algún motivo legal de que deba ocuparse el fallo respectivo, son improcedentes. Amparo civil en revisión 7864/38. Terrazas viuda de Horcasitas Elena. 23 de agosto de 1939. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Luis Bazdresch no intervino en la resolución de este negocio, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.

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La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que la materia administrativa era de estricto derecho,191 al igual que la materia laboral, donde era necesario que se expresara “qué leyes han sido violadas y la naturaleza y concepto de las violaciones”;192 y si no se expresaba “por su número, las disposiciones que se consideran infringidas, es indispensable que, por lo menos, se haga una cita textual de las mismas”.193 En efecto, para esta sala la materia del juicio de amparo siguió siendo los conceptos de violación,194 no siendo suficiente “citar los textos de ley que estima conculcados”.195 Lo importante es que esta sala ya toma en consideración que el estricto derecho está previsto en la Ley de Amparo,196 y con base en ésta se establecieron los requisitos de los conceptos de violación.197

191 No. Registro: 383,406. Tesis aislada, Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIII. Página: 1887. SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Siendo el amparo en esta materia, de estricto derecho, en las sentencias relativas no se puede suplir la deficiencia de la queja, ocupándose de agravios que no se hicieron valer. Amparo en revisión en materia de trabajo 783/34. Ayala Valdemar. 2 de marzo de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Xavier Icaza. 192 No. Registro: 378,615. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXII. Página: 152. TRABAJO AMPARO EN MATERIA DE. El juicio de amparo es de estricto derecho y en él no puede suplirse la deficiencia de la queja, de manera que si en la demanda no se expresa qué leyes han sido violadas y la naturaleza y concepto de las violaciones, debe negarse la protección federal. Amparo directo en materia de trabajo 7736/38. Yasuhara So. 3 de octubre de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Xavier Icaza. 193 No. Registro: 378,528. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIII. Página: 3195. TRABAJO, SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO EN MATERIA DE. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que aun cuando no se expresen por su número, las disposiciones que se consideren infringidas, es indispensable que, por lo menos, se haga una cita textual de las mismas, a fin de poder examinar los conceptos de violación en relación con tales preceptos, pues, de lo contrario, no se cumpliría con lo dispuesto por el artículo 166, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, siendo el juicio de amparo en materia de trabajo de estricto derecho, deberá sobreseerse el juicio de garantías que no llene los requisitos que disponen los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III de la mencionada ley. Amparo directo en materia de trabajo 7749/39. Guerrero Villegas Carlos. 12 de marzo de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Hermilo López Sánchez. 194 No. Registro: 377,411. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIX. Página: 3933. DEMANDA DE AMPARO, REQUISITOS DE LA. Si el quejoso en su escrito de amparo sólo se concreta a afirmar que el laudo que recurre es perjudicial al trabajador y es completamente ilegal, y en la propia demanda señala los artículos constitucionales que estima infringidos y algunos de la Ley Federal del Trabajo, pero sin especificar la naturaleza y concepto de las violaciones que en su perjuicio se hubiere cometido, propiamente no hay materia para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por ser notorias las deficiencias de la queja las que no pueden suplirse de oficio, por ser el amparo de estricto derecho, y como consecuencia, debe sobreseerse este último. Amparo directo en materia de trabajo 759/38. Gutiérrez Eusebia. 9 de septiembre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Vasconcelos. Relator: Antonio Islas Bravo. 195 No. Registro: 377,373. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIX. Página: 3038. TRABAJO, OMISION DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN AMPAROS EN MATERIA DE. Si el quejoso se limitó en su demanda de amparo, a citar los textos de ley que estima conculcados, pero sin expresar los conceptos de violación, como requiere el artículo 166, fracciones VI, y VII, de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, no existen elementos bastantes para estimar la materia de la queja; y como según el artículo 79 de la citada ley orgánica, aplicable en materia de trabajo, el juicio de amparo es de estricto derecho y no es permitido suplir ni ampliar nada en la demanda, resulta que, en cumplimiento de la fracción XVIII del artículo 73 de la misma ley, debe considerarse improcedente la formulada en las condiciones antes apuntadas y sobreseerse el juicio de garantías, conforme a la fracción III del artículo 74 de la propia ley. Amparo directo en materia de trabajo 3031/41, Franco Josefina. 25 de agosto de 1941. Unanimidad de cinco votos. Relator: Roque Estrada. 196 No. Registro: 377,170. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXX. Página: 2913. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO, DEFICIENCIA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPRESADOS EN EL. La vaguedad y la imprecisión de los conceptos de violación y el hecho de que se señalen como leyes violadas por inexacta aplicación, el artículo 123 constitucional, que contiene treinta fracciones, y la Ley Federal del Trabajo, completa, en sus seiscientos ochenta y cinco artículos y catorce transitorios, sin fijar cuál o cuáles de tales artículos de la citada ley, o cuál de las treinta fracciones de que se compone el artículo 123 mencionado, han sido aplicadas inexactamente o dejados de aplicar, es motivo suficiente para negar la protección federal, puesto que el amparo, tanto en materia civil como de trabajo, es de carácter técnico y para que proceda, es necesario precisar las normas legales que concretamente se estiman violadas y expresar los conceptos de violación, de manera clara y concreta; y si la demanda carece de los requisitos de forma y de fondo a que se refiere el artículo 166, fracción VII, de la

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Con relación a la suplencia de la queja, esta sala determinó que no procedía en materia laboral,198 pues “el juicio de amparo es eminentemente técnico y en él no puede suplirse la deficiencia de la queja”;199 por lo que no era procedente recavar pruebas “por razón de para mejor proveer, porque entonces sería suplir de oficio las deficiencias de la queja, cosa que prohíbe la parte final del artículo 78 de la ley reglamentaria”;200 ya que “la Suprema Corte de Justicia no tiene por misión investigar con infracción de qué precepto legal fue dictada una resolución por una autoridad, y menos suplir las deficiencias de la queja”.201 Además, “los Jueces

Ley de Amparo, no pueden tomarse en consideración las razones expresadas a manera de agravios, por el quejoso, si éste no precisa los preceptos legales violados. El artículo 79 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, establece en su parte final, que cuando éste se solicita por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, y por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella, y la fracción VII, del artículo 166 de la Ley, previene que "la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... la ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo". Ahora bien, como las leyes del trabajo, se equiparan a las civiles, para la tramitación del amparo, cuando el quejoso no ajusta su demanda a los términos de la última disposición citada, debe concretarse el sobreseimiento en acatamiento a lo preceptuado por la parte final del artículo 79 de la Ley de Amparo; en relación con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la propia ley. Amparo directo en materia de trabajo 6086/41. Sindicato de Torcedores de Tabaco y Anexos, del puerto de Veracruz. 17 de noviembre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Vasconcelos. Relator: Roque Estrada. 197 No. Registro: 376,622. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXII. Página: 2959. DEMANDA DE AMPARO, REQUISITOS DE LA (CONCEPTOS DE VIOLACIÓN). Si de los conceptos de violación que se haga valer, claramente se desprende que no se cita la ley que a juicio del quejoso, se hubiere aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, ni tampoco el concepto o conceptos de las violaciones, no citándose en la demanda, ni siquiera los preceptos constitucionales cuya violación se reclama, debe concluirse que dicha demanda no reúne los requisitos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, por lo que, dada la completa deficiencia de la queja, que no puede suplir la Corte, por ser el juicio de garantías en materia de trabajo, de estricto derecho , resulta que no existe, en tales condiciones, materia para el juicio de garantías, debiendo sobreseerse, por tanto, en dicho juicio. Amparo directo en materia de trabajo 3182/41. Pérez Araujo Fernando. 30 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Hermilo López Sánchez. 198 No. Registro: 383,248. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 4795. JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, FACULTADES DE LAS. Si queda plenamente comprobado que una Junta de Conciliación y Arbitraje, obró dentro de sus facultades legales, esto es, que sin omitir alguna, califican todas las pruebas rendidas, para deducir de ellas que el actor demostró su acción, en los términos que se expresan en el laudo contra el cual se endereza una demanda de amparo, declarando en la resolución recurrida, que las Juntas no están obligadas a pronunciar sus laudos, sujetándose a las formalidades del procedimiento civil, y si aparece, por otra parte, que el recurrente no cita en su demanda de amparo los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que invoca como fundamento de los agravios que alega, no habiendo, por tanto, congruencia entre la demanda de amparo y la expresión de agravios, como no es permitido en los juicios en materia de trabajo, suplir las deficiencias de la queja, debe confirmarse el fallo del Juez de Distrito que niega la protección federal. Amparo en revisión en materia de trabajo 1203/35. Rodríguez y Hermano. 11 de junio de 1935. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Salomón González Blanco. 199 No. Registro: 382,952. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 947. AMPARO. El juicio de amparo es eminentemente técnico y en él no puede suplirse la deficiencia de la queja, de manera que si en la demanda no se expresan que las leyes han sido violadas y la naturaleza y concepto de las violaciones, debe negarse la protección federal. Tomo XLIV, página 5165. Indice Alfabético. Amparo 4171/31. Tenorio C. Eduardo. 22 de abril de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio M. Trigo. Tomo XLIV, página 5165. Indice Alfabético. Amparo 4069/30. Romero Antonio. 22 de abril de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio M. Trigo. Tomo XLIV, página 5165. Indice Alfabético. Amparo 3626/33. Delgado Emilio P. 13 de abril de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XLIV, página 947. Amparo en revisión en materia de trabajo 2444/33. Ferrocarriles Nacionales de México. 13 de abril de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Octavio M. Trigo. 200 No. Registro: 376,335. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIII. Página: 3988. PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN EL AMPARO. El juicio de garantías se resuelve teniendo en cuenta únicamente los elementos que aportan los interesados, y no es permitido procurarlos por razón de para mejor proveer, porque entonces sería suplir de oficio las deficiencias de la queja, cosa que prohibe la parte final del artículo 78 de la ley reglamentaria. Amparo directo en materia de trabajo 9446/41. Compañía "Comercio del Norte" y coagraviada. l7 de agosto de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez. Relator: Roque Estrada. 201 No. Registro: 324,321. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVIII. Página: 3694. TRABAJO, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES, EN EL AMPARO EN MATERIA DE. Si en sus conceptos de violación, el quejoso hace referencia a distintas partes de los considerandos del laudo reclamado, y a las pruebas que rindió, no cuidando de concordar los argumentos de la responsable, con el resultado de las pruebas, para poner así de manifiesto los hechos que lo agravian y el precepto legal infringido, de ello resulta la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 166, fracción VI y VII, de la Ley de Amparo, y por consiguiente, se está en el caso de negar la protección federal solicitada, puesto que la

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de Distrito carecen de facultades para suplir la deficiencia de la queja, en los amparos en materia de trabajo”.202 Sin embargo, la suplencia de la queja no implicó: 1. En un principio, que conforme a lo establecido en el “artículo 123 constitucional, en su fracción XXVII, incisos g y h, ordena que serán nulas todas las condiciones que constituyan renuncia por parte de los trabajadores (…) a los derechos consagrados en su favor por las leyes; por lo que la estipulación contenida en un convenio, celebrado ante una Junta, acerca de que el obrero reclamante, al darse por recibido de determinada cantidad, tiene por satisfechas todas sus reclamaciones y revela de responsabilidades para el futuro, a la empresa demandada, es nula de Pleno derecho, y no sólo debe tenerse por nula tal estipulación, sino el convenio mismo (…) no siendo necesario que la nulidad del convenio de referencia deba reclamarse por el trabajador, en su demanda de amparo, pues tratándose de una nulidad de Pleno derecho, el juzgador no suple la deficiencia de la queja”;203 aunque después consideró lo contrario al establecer que: “El obrero pretende que la Junta debió resolver de oficio sobre la nulidad del convenio, por contener renuncia de sus derechos, no es de acepSuprema Corte de Justicia no tiene por misión investigar con infracción de qué precepto legal fue dictada una resolución por una autoridad, y menos suplir las deficiencias de la queja. Amparo directo en materia de trabajo 7757/42. López Pedro C. 22 de noviembre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. Relator: José María Mendoza Pardo. 202 No. Registro: 374,469. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 2714. DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE TRABAJO. Los Jueces de Distrito carecen de facultades para suplir la deficiencia de la queja, en los amparos en materia de trabajo. Amparo en revisión en materia de trabajo 6724/43. Mass de Serrano Ana. 7 de febrero de 1944. Mayoría de tres votos. Ausente: José María Mendoza Pardo. Disidente: Antonio Islas Bravo. Relator: Roque Estrada. 203 No. Registro: 809,199. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 693. TRABAJADORES, IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS. El artículo 123 constitucional, en su fracción XXVII, incisos g y h, ordena que serán nulas todas las condiciones que constituyan renuncia por parte de los trabajadores, a las indemnizaciones que tengan derecho por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, etcétera, o a los derechos consagrados en su favor por las leyes; por lo que la estipulación contenida en un convenio, celebrado ante una Junta, acerca de que el obrero reclamante, al darse por recibido de determinada cantidad, tiene por satisfechas todas sus reclamaciones y revela de responsabilidades para el futuro, a la empresa demandada, es nula de pleno derecho, y no sólo debe tenerse por nula tal estipulación, sino el convenio mismo, puesto que debe declararse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aunque facultadas para intervenir en el periodo de conciliación, como amigables componedoras, sólo están autorizadas para el efecto de que no se violen ni menoscaben los derechos de los trabajadores, ya que, de lo contrario, se permitiría que con una simple transacción que no satisficiera el pago de las prestaciones que los obreros tuvieren derecho, se restringiera el alcance efectivo de sus acciones, aun haciéndolos renunciar, contra toda ley, a sus derechos mismos, ya que, con la imposición de tal renuncia, se les impediría ejercitar en lo futuro, las demás acciones que a sus propios derechos competen, no siendo necesario que la nulidad del convenio de referencia deba reclamarse por el trabajador, en su demanda de amparo, pues tratándose de una nulidad de pleno derecho, el juzgador no suple la deficiencia de la queja, sino que simplemente reconoce que la excepción opuesta por la empresa, en tal sentido, con la mira de hacer nugatorios los derechos del trabajador, carece de base legal, y es por lo tanto inaceptable.

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tarse este argumento, en virtud de que la autoridad del trabajo no pudo suplir la deficiencia de la queja”,204 por lo que los contratos nulos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos subsisten si “no se someten a la consideración de la Suprema Corte”;205 ya que la nulidad de Pleno derecho no es reconocida por ningún precepto legal.206 2. Ni conceder amparos aunque se citara “equivocadamente una fracción de determinado artículo de la ley del trabajo”;207 pues debían citarse correctamente los artículos, pues “sólo pueden tenerse como aducidos los preceptos legales expresamente señalados por el recurrente y no aquellos dentro de los que su argumentación pudiera quedar comprendida”.208

Amparo en revisión en materia de trabajo 4705/34. Mendoza Pardo José María. 9 de abril de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Salomón González Blanco. 204 No. Registro: 374,081. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXI. Página: 5266. CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO, NULIDAD DE LOS. Si la empresa demandada sostuvo que la acción de reinstalación ejercitada en su contra por el trabajador, era improcedente, mientras éste no obtuviese la nulidad del convenio mediante el cual dio por terminado su contrato de trabajo, y el obrero pretende que la Junta debió resolver de oficio sobre la nulidad del convenio, por contener renuncia de sus derechos, no es de aceptarse este argumento, en virtud de que la autoridad del trabajo no pudo suplir la deficiencia de la queja, sin incurrir en incongruencia con violación del artículo 551 de la Ley Federal del Trabajo. Amparo directo en materia de trabajo 9294/43. Chiu Pérez Rafael. 7 de septiembre de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 205 No. Registro: 383,489. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIII. Página: 2992. TRABAJO, SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA DE. La cláusula del contrato de trabajo que autoriza al patrono a darlo por concluido, previa notificación con un plazo determinado, es nulo, conforme a la fracción XXII del artículo 123 constitucional; pero si esa cuestión no se somete a la consideración de la Suprema Corte, la sentencia no puede ocuparse de ella, por ser el amparo de estricto derecho. Amparo en revisión en materia de trabajo 2518/26. Compañía Maderera del Sur, S. A. 21 de marzo de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Alfredo Iñárritu. 206 No. Registro: 374,639. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 6081. CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO. Ni la Junta responsable respectiva, ni el Juez de Distrito que conoce en primera instancia del amparo, pueden declarar de oficio y de plano, la nulidad de un convenio en materia de trabajo, porque la ley respectiva no tiene precepto alguno que reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que éstas deben ser declaradas en todos los casos, previo el procedimiento penal correspondiente, por la autoridad del trabajo, que conozca de la controversia, y si el Juez de Distrito procede con todo acierto al sostener que no puede discutirse en el juicio de garantías la nulidad del convenio, si no fue planteada tal cuestión ante la Junta responsable, porque siendo el amparo en materia de trabajo, de estricto derecho, la sentencia que en el se dicte debe concretarse a juzgar la constitucionalidad del acto reclamado. Amparo en revisión en materia de trabajo 444/43. Sindicato de Costureras y Planchadoras en Fábricas de Camisas y Confecciones. 23 de marzo de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Vasconcelos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 207 No. Registro: 381,901. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVII. Página: 3755. DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CUANDO NO PUEDE CONSIDERARSE QUE SE SUPLE. Si el quejoso para fundar en el amparo la procedencia de la prestación que exige del demandado, cita equivocadamente una fracción de determinado artículo de la ley del trabajo, y el Juez, para dictar su fallo, se apoya en la fracción aplicable, este cambio no implica un agravio que amerite la revocación de esa sentencia, puesto que si, en un sentido absoluto, puede decirse que se suplió la deficiencia de la queja, debe tenerse en cuenta que no se puede exigir que el formalismo llegue al grado de que la sola equivocación numérica de una fracción, haga improcedente el amparo; máxime que, si no obstante ese error el quejoso transcribió íntegro el contenido de la fracción, es evidente que la transcripción del precepto es lo fundamental, sin que la numeración que al mismo corresponda pueda tener influencia, porque lo que el quejoso sostiene, es la violación de una norma legal y es claro que tal violación se cometería al contenido material del precepto, sin que tenga importancia el número que en la ley le corresponda. Amparo en revisión en materia de trabajo 7195/35. Loaiza Trinidad. 5 de marzo de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y relator: Alfredo Iñárritu. 208 No. Registro: 383,332. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIII. Página: 943. DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si el recurrente en amparo, hace equivocada referencia a artículos de la Ley del Trabajo, al pretender impugnar la regularidad de la instalación de una Junta, el Juez de Distrito no puede, en ningún caso, suplir la deficiencia originada por el error del quejoso, toda vez que se trata de precisar violaciones de estricto derecho en las que sólo pueden tenerse como aducidos los preceptos legales expresamente señalados por el recurrente y no aquellos dentro de los que su argumentación pudiera quedar comprendida, atento lo dispuesto por el artículo 103, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo. Amparo en revisión en materia de trabajo 3532/34. Foreign Club, S. A. 12 de febrero de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relator: Salomón González Blanco.

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3. Que tocaba al quejoso demostrar las violaciones cometida en un contrato colectivo, pues “no puede suplirse la deficiencia de la queja, teniendo oficiosamente como prueba, aquello que el quejoso, no quiso, no pudo o no supo aportar como tal, en el juicio de garantías”.209 4. La distinción en una sentencia de los considerandos y de los resultados, pues aquellos no causan ningún agravio sino que lo causan los puntos resolutivos, “regidos por las consideraciones de derecho que se hagan valer en la sentencia”.210 5. El juez no podía citar un artículo que no fuera invocado por el trabajador “ni ante la Junta ni ante el juzgado de amparo”.211 6. Podían dictarse dos sentencias contradictorias “con motivo del mismo acto reclamado (…) una, negando el amparo solicitado por la empresa ferroviaria, por considerar que la acción ejercitada por el trabajador no había prescrito, y otra, concediendo el ampa-

No. Registro: 383,241. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Administrativa. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 4651. AMPARO ADMINISTRATIVO, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL. Si una demanda de amparo se funda en la mala interpretación, inexacta aplicación y falta de observancia por parte de la autoridad designada como responsable, de las disposiciones del contrato colectivo de trabajo celebrado entre un patrono y sus trabajadores, que se traducen en violaciones de algunos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, de las garantías constitucionales reclamadas, resulta que si no obstante una copiosa cita de los artículos del contrato de trabajo, mal interpretados, inexactamente aplicados y violados por la autoridad, el quejoso se olvida de que, el amparo en materia administrativa, es de estricto derecho, y que estaba obligado a rendir pruebas para justificar las violaciones, los artículos del contrato colectivo de trabajo en cuya mala interpretación, falta de observancia e inexacta aplicación, se funda la demanda de amparo, no bastan para otorgar la protección federal, ya que no puede suplirse la deficiencia de la queja, teniendo oficiosamente como prueba, aquello que el quejoso no quiso, no pudo o no supo aportar como tal, en el juicio de garantías. Amparo en revisión en materia de trabajo 5038/34. Empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A. 8 de junio de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Octavio M. Trigo. 210 No. Registro: 382,456. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLV. Página: 440. AGRAVIOS EN EL AMPARO. Ningún agravio pueden causar los considerandos de un fallo pronunciado por un Juez de Distrito, ya que dichos considerandos, por si mismos, no pueden ocasionarlo, sino que, en todo caso, lo pueden causar los puntos resolutivos, regidos por las consideraciones de derecho que se hagan valer en la sentencia; por lo que si no se expresa cuales hayan sido las leyes violadas, y consiguientemente, tampoco se dice cuales sean los conceptos de violación, siendo el juicio de garantías de estricto derecho y no pudiéndose suplir la deficiencia de la queja, deben declararse totalmente infundados los agravios y confirmar la sentencia del Juez de Distrito. Amparo en revisión en materia de trabajo 617/27. Yamauchi Manuel. 6 julio de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Xavier Icaza. Relator: Octavio M. Trigo. 211 No. Registro: 382,323. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVI. Página: 4504. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. Si se alega por un trabajador, que la aplicación que hace una Junta de Conciliación y Arbitraje del artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo, le priva del derecho que tenía de percibir todos los salarios correspondientes al tiempo que por su separación injustificada le pertenecían, no obstante que la Suprema Corte ha considerado que dicho precepto es contrario al espíritu del artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, y aparece que el propio trabajador, para fundar su reclamación, invocó el artículo 123, como el amparo en materia de trabajo es de estricto derecho, y en el juicio constitucional el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece probado ante la Junta, la sentencia en el amparo solamente debe ocuparse de estudiar y resolver la cuestión planteada ante la misma Junta, según la demanda y la contestación, y si lejos de esto el Juez de Distrito, cita para fundar su fallo, el artículo 111 de la repetida ley, que ni ante la Junta ni ante el juzgado del amparo fue invocado por el trabajador, debe declararse procedentes los agravios que por tal concepto exprese la Junta responsable. Amparo en revisión en materia de trabajo 4878/35. Gómez Pliego Manuel. 26 de noviembre de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Vicente Santos Guajardo. 209

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ro al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, estimando que la misma acción estaba prescrita”.212 7. También el hecho de que “la autoridad responsable, no tuvo competencia para dictar la resolución reclamada en el amparo”213 no importaba. 8. Que “las partes interesadas están obligadas a plantear sus respectivos puntos de vista en forma tal, que la Cuarta Sala de esta alto Tribunal puede estar en condiciones de saber cuáles son, concretamente, las disposiciones legales que la parte recurrente estime que a su juicio han sido violadas en el fallo recurrido”.214 La cita del precepto violado fue obligatoria, pues “el propio quejoso no debe alegar que como la responsable no mencionó el precepto procesal que aplica, él tampoco está obligado a mencionarlo”.215

No. Registro: 382,057. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVI. Página: 1250. TRABAJO, AMPAROS EN REVISIÓN, EN MATERIA DE. Si una Junta de Conciliación y Arbitraje interpone revisión en contra del fallo pronunciado por un Juez de Distrito, sin combatir las consideraciones en que se funda dicho fallo para conceder el amparo que solicita una empresa ferroviaria, en contra del laudo pronunciado por la mencionada Junta, no puede la Suprema Corte entrar al estudio de la resolución recurrida, por tratarse de un amparo de estricto derecho, en el que el juzgador no puede suplir la deficiencia de la queja, y por la misma razón tampoco puede suplir la deficiencia de la expresión de agravios, y el hecho de que el Juez del amparo haya dictado con motivo del mismo acto reclamado, dos resoluciones contradictorias, una, negando el amparo solicitado por la empresa ferroviaria, por considerar que la acción ejercitada por el trabajador no había prescrito, y otra, concediendo el amparo al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, estimando que la misma acción estaba prescrita, no constituye causa para que la Junta se considere imposibilitada para dar cumplimiento a la resolución recurrida. Amparo en revisión en materia de trabajo 3607/35. Trabajadores Ferrocarrileros de la República. 16 de octubre de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Salomón González Blanco. 213 No. Registro: 375,953. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIV. Página: 1373. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO, CARACTER ESTRICTO DEL. Aunque aparezca que la autoridad responsable, no tuvo competencia para dictar la resolución reclamada en el amparo, si tal cuestión no es objeto de la demanda de garantías, la Sala sentenciadora no puede ocuparse de ella y debe sujetarse a los términos de dicha demanda, sin suplir ni ampliar nada en ella, de acuerdo con lo que previene el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el juicio de garantías en materia de trabajo, es de estricto derecho, por lo que sólo deben examinarse los agravios alegados contra la resolución recurrida, como lo establece el artículo 90 de la ley citada. Amparo en revisión en materia de trabajo 1997/42. Sindicato Unico de Cinematografistas y Empleados de Espectáculos Públicos, del Territorio Norte de la Baja California. 15 de octubre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Disidente: Roque Estrada. Relator: Antonio Islas Bravo. 214 No. Registro: 369,462. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CIII. Página: 1960. AMPARO EN MATERIA LABORAL, ES DE ESTRICTO DERECHO. El juicio de amparo en materia laboral, es de estricto derecho; en consecuencia, las partes interesadas están obligadas a plantear sus respectivos puntos de vista en forma tal, que la Cuarta Sala de este alto Tribunal puede estar en condiciones de saber cuáles son, concretamente, las disposiciones legales que la parte recurrente estime que a su juicio han sido violadas en el fallo recurrido, bien por indebida aplicación o por no haber sido aplicadas las que debieron serlo. Amparo en revisión en materia de trabajo 6172/49. Hagmaier Carmen. 27 de febrero de 1950. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona le nombre del ponente. 215 No. Registro: 369,840. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIX. Página: 84. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al expresarse un concepto de violación, no debe hacerse en forma general, diciendo "que la responsable no se ha ajustado en ninguna norma de procedimiento del que derivan los actos reclamados", pues debe concretarse el agravio señalándose los preceptos violados y omitidos o, al menos, la apreciación de la responsable violatoria de la ley, en forma tal, que el Juez de Distrito, sin sustituirse al quejoso, pueda estudiar lo fundado o infundado del concepto violatorio, pues no puede suplir la deficiencia de la queja, y el propio quejoso no debe alegar que como la responsable no mencionó el precepto procesal que aplica, él tampoco está obligado a mencionarlo, porque precisamente se puede hacer consistir el agravio en la falta de fundamento del acto reclamado, por la omisión en que incurrió la responsable, no señalando los preceptos que eran aplicables dentro del procedimiento que debió surgir, y la forma en que omitió dichos preceptos siguiendo un procedimiento distinto del marcado por la ley, pero concretando, y explicando cuáles son los actos procesales distintos de los legales. 212

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La Cuarta Sala llamó deficientes los conceptos de violación en los casos siguientes: 1. Si “el propio agraviado no señala cuáles son esos razonamientos inexactos y cuáles esas omisiones, ni tampoco las pruebas que se dejaron de apreciar”.216 2. Si “no se impugna el razonamiento empleado por la junta responsable”.217 3. Si no se combatían “los hechos y fundamentos en que se basó la Junta responsable, para tener por probada la excepción de prescripción”.218 4. Si de manera general se afirmaba que la autoridad asentó hechos no declarados por los testigos.219 5. “Si la parte quejosa reclama que la junta responsable hizo una defectuosa estimación de las pruebas y no las estudio ínte-

Amparo en revisión en materia de trabajo 3794/47. Barbachano Bolio Hervé. 12 de enero de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 216 No. Registro: 376,621. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXII. Página: 2952. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO, ES DE ESTRICTO DERECHO. Si el quejoso se limita a manifestar en su demanda de amparo, que la Junta responsable, valiéndose de razonamientos inexactos y omisiones graves, no tuvo por demostrado que la muerte del trabajador hubiera tenido lugar en el desempeño de sus labores y dejó de apreciar las pruebas rendidas; pero el propio agraviado no señala cuáles son esos razonamientos inexactos y cuáles esas omisiones, ni tampoco las pruebas que se dejaron de apreciar, resulta que los conceptos de violación alegados, son completamente deficientes, y como la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, no puede suplir esas deficiencias, por ser el amparo en materia de trabajo de estricto derecho, debe negarse la protección federal. Amparo directo en materia de trabajo 7843/41. Flores Torres José y coagraviada. 30 de abril de 1942. Mayoría de tres votos. Disidente: Antonio Islas Bravo. Relator: Hermilo López Sánchez. 217 No. Registro: 807,418. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVIII. Página: 2958. TRABAJO, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES EN LOS AMPAROS EN MATERIA DE. Si en uno de los conceptos de violación expresados por el quejoso, no se impugna el razonamiento empleado por la Junta responsable, para obtener la conclusión combatida en dicho concepto, la Suprema Corte de Justicia no puede suplir la deficiencia de la queja, dado que el juicio de amparo es de estricto derecho y consiguientemente, sólo han de decidirse las cuestiones planteadas por el agraviado. Amparo directo en materia de trabajo 9336/42. Miranda López Luis. 10 de noviembre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. La publicación no menciona el nombre del ponente. 218 No. Registro: 374,534. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 4230. TRABAJO, CARACTER ESTRICTO DEL AMPARO EN MATERIA DE (CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES). Si el quejoso no combate en sus conceptos de violación, los hechos y fundamentos en que se basó la Junta responsable, para tener por probada la excepción de prescripción, debe decirse que siendo tales fundamentos suficientes para sustentar el sentido absolutorio del laudo reclamado, debe negarse la protección federal, ya que el amparo en materia de trabajo es de estricto derecho, y por lo mismo la Suprema Corte de Justicia no está facultada para suplir la deficiencia de la queja. Amparo directo en materia de trabajo 5481/41. Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera. 25 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Hermilo López Sánchez. 219 No. Registro: 374,319. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXX. Página: 4292. AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO, CARACTER ESTRICTO DEL. Si el quejoso reclama que la Junta responsable falseó las pruebas y asentó hechos que no declararon los testigos; pero con relación a esto, sólo hace una afirmación general, sin expresar sobre que hechos hubiesen declarado los testigos y que la Junta los hubiera falseado, de ello resulta que la alegación del agraviado adolece de deficiencia, la cual no puede suplir la Suprema Corte de Justicia, por ser el juicio de amparo en materia de trabajo, de estricto derecho. Amparo directo en materia de trabajo 7070/42. Circuito "Rialto", S. A. 27 de junio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Hermilo López Sánchez.

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gramente, pero no expresa de manera concreta los motivos de esas infracciones”.220 6. Si “no se precisan los conceptos de violación relacionados con los preceptos constitucionales que en la propia demanda se invocan, ni se mencionan los artículos de la Ley Federal del Trabajo o de algún otro ordenamiento legal”.221 7. Si “el quejoso hace referencia a distintas partes de los considerandos del laudo reclamado, y a las pruebas que rindió, no cuidando de concordar los argumentos de la responsable, con el resultado de las pruebas, para poner así de manifiesto los hechos que lo agravian y el precepto legal infringido”.222 Los llamó irregulares o ineptos “si no se especifican cuáles sean esas pruebas ni se indica en qué consiste la defectuosa apreciación de las mismas”,223 sin embargo, también en caso de que “no se señalan cuáles fueron esas pruebas que dejaron de

No. Registro: 374,512. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXIX. Página: 4067. JUNTAS, APRECIACION DE LAS PRUEBAS POR LAS (CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES). Si la parte quejosa reclama que la Junta responsable hizo una defectuosa estimación de las pruebas y no las estudió íntegramente, pero no expresa de manera concreta los motivos de esas infracciones, ni determina las pruebas apreciadas y indebidamente ni las omitidas, en tales condiciones, el juicio de garantías carece de materia, por no haberse cumplido con las disposiciones de las fracciones VI y VII, del artículo 166 de la ley orgánica respectiva, lo que trae como consecuencia que se estima improcedente dicho juicio y se sobresea en el mismo, de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la misma ley. Amparo directo en materia de trabajo 4092/43. Godínez María Elena y coagraviada. 24 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Mendoza Pardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. 221 No. Registro: 374,271. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXX. Página: 3414. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES, AMPARO IMPROCEDENTE EN CASO DE. Si en la demanda de amparo no se acatan las disposiciones contenidas en las fracciones VI y VII del artículo 166 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues no se precisan los conceptos de violación relacionados con los preceptos constitucionales que en la propia demanda se invocan, ni se mencionan los artículos de la Ley Federal del Trabajo o de algún otro ordenamiento legal que en concepto del quejoso, hayan dejado de aplicarse o se hayan aplicado inexactamente por la autoridad responsable, debe estimarse por tal motivo, que el amparo resulta improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada ley reglamentaria, en relación con lo prevenido por el mencionado artículo 166 de la propia ley. Amparo directo en materia de trabajo 10115/43. Reducindo Enríquez Justina. 15 de junio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 222 No. Registro: 324,321. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVIII. Página: 3694. TRABAJO, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES, EN EL AMPARO EN MATERIA DE. Si en sus conceptos de violación, el quejoso hace referencia a distintas partes de los considerandos del laudo reclamado, y a las pruebas que rindió, no cuidando de concordar los argumentos de la responsable, con el resultado de las pruebas, para poner así de manifiesto los hechos que lo agravian y el precepto legal infringido, de ello resulta la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 166, fracción VI y VII, de la Ley de Amparo, y por consiguiente, se está en el caso de negar la protección federal solicitada, puesto que la Suprema Corte de Justicia no tiene por misión investigar con infracción de qué precepto legal fue dictada una resolución por una autoridad, y menos suplir las deficiencias de la queja. Amparo directo en materia de trabajo 7757/42. López Pedro C. 22 de noviembre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. Relator: José María Mendoza Pardo. 223 No. Registro: 372,792. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIV. Página: 1468. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IRREGULARES (APRECIACION DE LAS PRUEBAS POR LAS JUNTAS). Es inepto el concepto de violación, por el que se manifiesta que la Junta infringió los artículos 550 y 551 de la Ley Federal del Trabajo, por haberse desentendido de las pruebas aportadas por las partes y de la fuerza probatoria de las mismas; porque si no se especifican cuáles sean esas pruebas ni se indica en qué consiste la defectuosa apreciación de las mismas, como ya se dijo, esta circunstancia hace inepto el concepto de violación, pues no da materia de estudio, por estar enunciado en forma genérica, que implicaría labor de investigación de la Cuarta Sala de la Suprema Corte, la que no puede realizarse, porque el amparo en materia de trabajo es de estricto derecho, y las resoluciones que en él se dictan sólo pueden ocuparse de los motivos de agravio expresados por los quejosos. Amparo directo en materia de trabajo 7472/44. Contreras Guillermo. 3 de mayo de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 220

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analizarse ni tampoco se hace valer en forma específica, cuál es el perjuicio que con la abstención de la junta se causa al susodicho quejoso”,224 los conceptos de violación fueron calificados de infundados. Los conceptos de violación fueron inoperantes para la Cuarta Sala en los siguientes casos: 1. Si insistían “en lo que se sostuvo ante la Junta, en época anterior al laudo reclamado, desatendiéndose en lo absoluto y sin objeción alguna concreta, de los razonamientos aducidos por la Junta responsable”.225 2. “Si el quejoso no dice cuáles son las pruebas no apreciadas por la junta, ni porqué estima que no fueron debidamente apreciadas dichas pruebas”.226 3. Si “se omite expresar las razones en virtud de la cuales se considera que los testimonios adolecen”227 de uniformidad y concisión.

No. Registro: 370,811. Tesis aislada. Materia(s): Común, Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCIV. Página: 154. VIOLACIÓN, CONCEPTOS DE. Son infundados los conceptos de violación cuando, el quejoso señala los artículos de la Ley Federal del Trabajo violados, por no estudiar y valorizar la responsable las pruebas ofrecidas por dicho quejoso y por la parte tercera perjudicada, pero no se señalan cuáles fueron esas pruebas que dejaron de analizarse ni tampoco se hace valer en forma específica, cuál es el perjuicio que con la abstención de la Junta se causa al susodicho quejoso, pues debe decirse que siendo el juicio de garantías en materia de trabajo, de estricto derecho, la parte quejosa se encontró obligada no sólo a señalar en forma general la violación de los preceptos de la Ley, sino a precisar en forma específica los actos concretos que originen la violación, y además, el perjuicio que con ello se le causa, lo que tratándose de una violación de la Ley del procedimiento, no viene a ser otra cosa que la expresión del motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado, y que es el requisito a que la Ley de Amparo se refiere en la parte final de la fracción IV,del artículo 166; pues cuando tal cosa no se expresa, la Suprema Corte se encuentra imposibilitada para suplir esa deficiencia, y como consecuencia, hacer el estudio del concepto de violación. Amparo directo en materia de trabajo 5685/46. Marco Duesca Gabriel. 6 de octubre de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. La publicación no menciona el nombre del ponente. 225 No. Registro: 370,311. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVII. Página: 1596. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación que únicamente insisten en lo que se sostuvo ante la Junta, en época anterior al laudo reclamado, desentendiéndose en lo absoluto y sin objeción alguna concreta, de los razonamientos aducidos por la Junta responsable. Amparo directo en materia de trabajo 8665/47. The Guanajuato Power and Electric Company. 25 de agosto de 1948. Mayoría de tres votos. Ausente: Antonio Islas Bravo. Disidente: Mariano Ramírez Vázquez. Ponente: Luis G. Corona. 226 No. Registro: 368,833. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVII. Página: 1330. CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO (PRUEBAS). Si el quejoso no dice cuáles son las pruebas no apreciadas por la Junta, ni porqué estima que no fueron debidamente apreciadas dichas pruebas, no pudiéndose suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo, contra un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el concepto debe considerarse inoperante. Amparo directo en materia de trabajo 2948/49. Martín Pablo y coagraviados. 14 de febrero de 1951. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 227 No. Registro: 367,476. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXI. Página: 3129. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el concepto de violación se hace consistir en que la prueba testimonial rendida por el trabajador no es digna de crédito porque quienes la produjeron no declararon con uniformidad y concisión, pero se omite expresar las razones a virtud de las cuales se considera que los testimonios adolecen de tales defectos, el agravio está defectuosamente estructurado y debe considerarse inoperante. Amparo directo en materia de trabajo 4699/53. Compañía Embotelladora del Trópico, S. A. 8 de julio de 1954. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 224

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4. Si la quejosa no aportó copias certificadas de todas las actuaciones.228 La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró ineficaces los conceptos de violación en dos casos: 1. “Si aparece que una Junta Federal de Conciliación actuó sin secretario”,229 pues no es suficiente para otorgar el amparo. 2. “Cuando la parte quejosa no combate los razonamientos en que la responsable funda su fallo”.230 La calificación de agravios improcedente, la Cuarta Sala, la realizó en los siguientes casos: 1. “Si las razones que expresan, no combaten los fundamentos en que la Junta responsable apoyó el sentido del su laudo”.231 2. “Si un agravio se hace consistir en una relación de hechos”.232

No. Registro: 367,102. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1340. PRUEBAS QUE NO OBRAN EN EL AMPARO. Si el quejoso no cuidó de aportar al juicio de amparo copia certificada de todas las constancias del expediente original del juicio laboral, ni de que la responsable remitiera dicho expediente a esta Suprema Corte de Justicia, y tal omisión imposibilita a este Alto Tribunal para tener por comprobadas las violaciones que se imputan al laudo, esto es, la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe concluirse que el concepto de violación es inoperante y negarse el amparo al quejoso. Amparo directo en materia de trabajo 5487/54. Petróleos Mexicanos. 3 de marzo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 229 No. Registro: 378,222. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXIV. Página: 1198. JUNTAS DE CONCILIACION, LA FALTA DEL SECRETARIO NO IMPLICA VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Si aparece que una Junta Federal de Conciliación actuó sin secretario, como esto no implica una violación de procedimiento de los que ameriten la concesión de un amparo, por no estar comprendido entre las violaciones procesales que privan de defensa al quejoso, señaladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, tal concepto de violación es ineficaz para otorgar a aquel la protección federal. Amparo directo en materia de trabajo 8338/39. Rosas Esteban G. 17 de abril de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Xavier Icaza 230 No. Registro: 366,109. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXXI. Página: 289. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INEFICACIA DE LOS. Cuando la parte quejosa no combate los razonamientos en que la responsable funda su fallo, el mismo queda, por este motivo, firme en todas sus partes, por la circunstancia de no demostrarse su inconstitucionalidad. Amparo directo 3145/52. Fernando Robles. 4 de febrero de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Luis Díaz Infante. 231 No. Registro: 374,116. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXI. Página: 5830. LAUDOS QUE NO TOCAN EL FONDO DEL ASUNTO. Son improcedentes los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda, si las razones que expresan, no combaten los fundamentos en que la Junta responsable apoyó el sentido de su laudo, ya que se relacionan con el fondo de la reclamación que el sindicato quejoso formuló en contra de los demandados, en lo personal, y como la referida autoridad tuvo por probado el hecho de que los demandados no tienen, individualmente considerados, ningún nexo contractual con el mencionado sindicato, puesto que el contrato de trabajo que sirvió de base para promover la reclamación, fue suscrito por la sociedad que los susodichos demandados constituían, la cual tiene una personalidad que necesaria y jurídicamente es distinta de la individual de cada uno de los propios demandados, de ello resulta que la Junta responsable no estuvo obligada a entrar al estudio del fondo del negocio, debiendo concluirse que cualquiera argumentación que se haga valer en contra de esa pretendida omisión, pero sin combatir las razones en que se apoya el sentido del laudo reclamado, debe tenerse por improcedente. Amparo directo en materia de trabajo 3327/44. Sindicato Unico de Empleados de Madererías, Materiales de Construcción y Similares, C. O. C. M. 20 de septiembre de 1944. Unanimidad cuatro votos. Ausente: Eduardo Vasconcelos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 228

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3. Si “no se atacan los fundamentos en que se basó el inferior para sobreseer”.233 4. Si no se referían a la sentencia del juez de Distrito.234 El 19 de febrero de 1951, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es reformado para aumentar cinco ministros supernumerarios;235 estos ministros integraran la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Sala Auxiliar, reitero que el amparo en materia civil era de estricto derecho;236 sin embargo consideró dos cuestiones novedosas, a saber: 1. “Toda cuestión judicial de carácter civil es de estricto derecho, aunque aparentemente no haya equidad”.237

232 No. Registro: 378,658. Tesis aislada, Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXII. Página: 760. AGRAVIO IMPROCEDENTE. Si un agravio se hace consistir en una relación de hechos, no puede tomarse en cuenta para resolver si la sentencia recurrida estuvo fundada o no, y por lo mismo, tal agravio debe estimarse improcedente. Amparo en revisión en materia de trabajo 5255/39. Nacional Financiera, S. A. 14 de octubre de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Salomón González Blanco. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava parte, Común, página 59, tesis 34, de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN DEBEN REFERIRSE A DERECHOS.". 233 No. Registro: 376,554. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXII. Página: 1393. SOBRESEIMIENTO, NECESIDAD DE EXPRESAR AGRAVIOS CONTRA EL. Deben estimarse improcedentes los agravios hechos valer contra la sentencia del Juez de Distrito, si en los mismos no se acatan los fundamentos en que se basó el inferior para sobreseer en el juicio de garantías. Amparo civil en revisión 2361/34. Corona José. 16 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Hermilo López Sánchez. 234 No. Registro: 383,177. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 4091. SINDICATOS, PERSONALIDAD DE LOS, EN EL AMPARO. Los agravios hechos valer contra la sentencia de un Juez de Distrito, son improcedentes, si no se refieren a los fundamentos aducidos por dicho Juez; pues si consta de que éste apoyó su sentencia en la circunstancia de que un sindicato tenía personalidad jurídica, en la fecha en que formuló una demanda, independientemente del registro a que se refiere el artículo 247 de la Ley Federal del Trabajo, porque, conforme al artículo 6o., transitorio, de la misma ley, gozaba del plazo de seis meses para solicitar dicho registro, siendo el juicio de amparo de estricto derecho, no está permitido suplir la deficiencia de la queja, y si los agravios no se refieren a las razones que sirven de base a la sentencia recurrida, procede confirmar ésta, por sus propios y legales fundamentos. Amparo en revisión en materia de trabajo 4704/33. Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos de la Fama Montañesa. 31 de mayo de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y relator: Alfredo Iñárritu. 235 (REFORMADO, D. O. 19 DE FEBRERO DE 1951) (F. DE E. D. O. 14 DE MARZO DE 1951) Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación, y en juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o en Salas. Habrá, además, cinco Ministros Supernumerarios. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Los períodos de sesiones de la Suprema Corte, funcionamiento del Pleno o de las Salas, las atribuciones de los Ministros supernumerarios y el número y competencia de los Tribunales de Circuito y de los Jueces de Distrito se regirán por esta Constitución y lo que dispongan las leyes. En ningún caso los Ministros supernumerarios integrarán el Pleno. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. (F. DE E. D. O. 14 DE MARZO DE 1951) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. 236 No. Registro: 385,207. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXVIII. Página: 92. AMPARO CIVIL, ES DE ESTRICTO DERECHO. Tratándose de negocios civiles, y salvo que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, la Suprema Corte no está facultada para variar o introducir conceptos de violación en la demanda de amparo, ni para examinar cuestiones no propuestas por el quejoso, ni para suplir o ampliar en alguna forma la materia mencionada en la demanda, ya que el juicio de garantías contra actos de autoridades judiciales del orden civil es de estricto derecho.

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2. “Atendiendo a la noble finalidad del juicio de garantías y sin que quiera decir que se olvide que el amparo civil es de estricto derecho, de ninguna manera debe hacerse de él un procedimiento estrictamente técnico, esto es, de modo que resulte casi imposible para la mayoría de los habitantes del país, sino que, cuando la violación legal es notoria, debe considerarse suficiente la mención exacta del hecho en que consiste la infracción, sin exigir la cita expresa del número del artículo infringido, dado que, de lo contrario, sería monstruoso y absurdo dejar con vida y sancionar un acto evidentemente violatorio de garantías, lo que no se justificaría por una omisión del tipo de la señalada que, más que sustancial, es secundaria”.238 También reiteró que el amparo en materia administrativa era de estricto derecho, por lo que no debía suplirse la deficiencia de los agravios de la revisión fiscal que interponía la autoridad;239 y que la responsabilidad civil proveniente de delito era de estricto derecho.240

Amparo civil directo 5358/46. Banco Nacional de México, S. A. 13 de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe Tena Ramírez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 237 No. Registro: 386,349. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVIII. Página: 1751. ESTADO CIVIL, PRUEBA DEL. El hecho de que el Ejecutivo de un Estado haya tenido como base para conceder una variación catastral una acta parroquial de bautizo, no es suficiente para estimar que dicha acta pueda probar el entroncamiento y parentesco de una persona en un juicio sucesorio, ya que deben tomarse en cuenta los principios que rigen en materia civil sobre parentesco, filiación de hijos, etc., pues toda cuestión judicial de carácter civil es de estricto derecho, aunque aparentemente no haya equidad. Amparo civil directo 4272/50. Ambriz Ramírez Marcelina. 13 de junio de 1951. Mayoría de tres votos. Disidentes: Rafael Matos Escobedo y Gabriel García Rojas. Relator: Felipe Tena Ramírez. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXXIV, página 1186, tesis de rubro "ESTADO CIVIL, COMPROBACION DEL, POR PARTIDAS PARROQUIALES.". 238 No. Registro: 385,753. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXIII. Página: 983. AMPARO CIVIL, VIOLACIONES EN EL. Atendiendo a la noble finalidad del juicio de garantías y sin que quiera decir que se olvide que el amparo civil es de estricto derecho, de ninguna manera debe hacerse de él un procedimiento estrictamente técnico, esto es, de modo que resulte casi imposible para la mayoría de los habitantes del país, sino que, cuando la violación legal es notoria, debe considerarse suficiente la mención exacta del hecho en que consiste la infracción, sin exigir la cita expresa del número del artículo infringido, dado que, de lo contrario, sería monstruoso y absurdo dejar con vida y sancionar un acto evidentemente violatorio de garantías, lo que no se justificaría por una omisión del tipo de la señalada que, más que sustancial, es secundaria. Amparo civil directo 8925/49. P. de Parkman Catalina. 29 de septiembre de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Angel González de la Vega. La publicación no menciona el nombre del ponente. 239 No. Registro: 385,003. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época.Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1828. REVISIÓN FISCAL, REGLAS PARA LA TRAMITACION DE LA. La revisión fiscal se tramita según las reglas de la revisión en el juicio de garantías (artículo 2o. del Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis), y puesto que es de estricto derecho el amparo en materia administrativa (artículos 76, 88, primer párrafo, y 91, fracción I, de la Ley de Amparo), no debe en ella suplirse la deficiencia de los agravios, que deben estimarse inoperantes cuando no combaten de modo directo los razonamientos en que esencialmente se apoya la sentencia recurrida. Revisión fiscal 68/50. Procuraduría Fiscal de la Federación (García Sands Manuel). 22 de marzo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 240 No. Registro: 384,521. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXV. Página: 383. RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DELITO. Por ser de índole civil la acción mediante la cual se reclama la responsabilidad civil proveniente de delito, a cargo de tercero, es de la misma naturaleza el procedimiento al través del cual se ejercita, independientemente de que sea planteada en forma de incidente ante la propia autoridad penal que conozca del

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En cuanto a la suplencia de la queja esta sala consideró que era procedente aplicarla cuando en el proceso penal no se practicaron los careos;241 también para que al individualizar la pena se tuvieran en cuenta los “antecedentes y las circunstancias señaladas en los artículo (sic) relativos del Código Penal”;242 para que se tomaran en cuenta la legítima defensa;243 y para que se quitara la pena de privación de ejercer un oficio.244 La calificación de agravios inoperantes fue realizada por esta Sala Auxiliar en dos casos: “Cuando no combaten de modo directo

proceso contra el sujeto penalmente responsable del delito, o que sea planteada ante una autoridad del fuero civil, lo que significa que el procedimiento de amparo, del mismo modo que el procedimiento del fuero común, se debe considerar de estricto derecho. Tomo CXXV, página 3351. Indice Alfabético. Amparo civil directo 5184/51. Compañía Maderera "Monte Oscuro". 22 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Tomo CXXV, página 383. Amparo civil directo 7754/41. Compañía de Tranvías de México, S.A. 11 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 241 No. Registro: 385,001. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1803. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL DIRECTO, POR VIOLACIONES PROCESALES (CAREOS, FALTA DE). Como la falta de careos significa violación de la garantía que consigna el artículo 20 constitucional y causa indefensión al acusado, resulta actualizada la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo, y aun cuando esta violación no se haya reclamado en la demanda de amparo, a virtud de la facultad que le conceden los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República y 76 de la Ley Reglamentaria de Amparo, está dentro de la esfera de competencia de la Suprema Corte suplir la deficiencia de la queja, para tomar en cuenta dicha violación y conceder el amparo a fin de que, reponiéndose el procedimiento, se corrija las comisiones apuntadas y se dicte sentencia en el sentido que el juzgador estime procedente. Aun cuando es cierto que la violación de referencia aparece cometida en la secuela del procedimiento penal y no en la sentencia misma, por lo cual podría argüirse que de su conocimiento habría de ocuparse un Tribunal Colegiado de Circuito y no la Suprema Corte de Justicia, en atención a la división de competencia que establece la fracción VI del artículo 107 constitucional, reformado, sin embargo, hay dos razones para considerar que este precepto no entraña obstáculo para que la Suprema Corte actúe en los término ya anotados: la primera es que la facultad de suplencia sólo puede ser ejercida por la autoridad a quien toca conocer de la queja misma, pues ella se traduce en una aptitud para mejorar la reclamación, separándose de los término estrictos de la litis planteada ante el órgano jurisdiccional de amparo, y el Tribunal Colegiado de Circuito no puede conocer del negocio porque; estando reducidos los conceptos de violación a reclamar violaciones cometidas en la sentencia y no durante la secuela del procedimiento, no existe ninguna queja de la que él pueda conocer; la segunda razón es que el reconocerse la violación configurada por la falta de careos de los testigos y el acusado, en realidad no se está excediendo el ámbito de impugnación conformado por los conceptos de violación formulados por el quejoso, si éste combate, entre otras cosas, el valor que la autoridad responsable concede a la prueba testimonial, y es el enfocarse el problema de la apreciación de dicha prueba testimonial, y es el enfocarse el problema de la apreciación de dicha prueba, cuando se descubre que ella no tiene la regularidad jurídica requerida inclusive por la Constitución General de la República en la fracción IV de su artículo 20, al prevenir que todo reo será careado con las personas que depongan en su contra y se le permitirá interrogarlas. Es decir, aunque en el caso se trata de una violación perpetrada en la secuela del procedimiento, ostensiblemente influye en la valoración de una prueba cuya estimación se ha impugnado ante la Suprema Corte. Amparo penal directo 4676/52. Montoya Mendoza David. 18 de marzo de 1955. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 242 No. Registro: 384,978. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1410. PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. Si la responsable aplicó el máximo de la penalidad que señala el artículo aplicable del ordenamiento punitivo, sin razonar su fallo en la imposición de dicha pena, y tratándose de un sujeto de escasa peligrosidad y que se supone es delincuente primario, ya que no existen antecedentes que establezcan su participación en otros delitos; supliendo la deficiencia de la queja, procede conceder al reo la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se dicte un nuevo fallo en donde, al imponer la pena, se tengan en cuenta sus antecedentes y las circunstancias señaladas en los artículo relativos del Código Penal. Amparo penal directo 9209/48. Smythe Gardea Santiago. 7 de marzo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 243 No. Registro: 384,657. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIV. Página: 614. LEGÍTIMA DEFENSA Y CUMPLIMIENTO DEL DEBER (SUPLENCIA DE LA QUEJA). Aunque la eximente invocada que consagra la fracción V del artículo 15 del Código Penal no sea aplicable, porque no se puede decir que un policía obra en cumplimiento de su deber o en el ejercicio de algún derecho consignado en la ley, cuando dispara su pistola sobre alguna persona que lo esté atacando; si el quejoso, al disparar contra el ofendido lo hizo únicamente con el propósito de contrarrestar la agresión injusta y violenta de que lo estaba haciendo víctima con grave peligro de su propia existencia, supliendo la deficiencia de la queja, se debe reconocer que el fallo reclamado, que condenó al quejoso, viola la garantía de estricta aplicación de la ley consignada en el artículo 14 constitucional, porque se apartó de lo dispuesto en la fracción III del artículo 15 del Código Penal. Amparo penal directo 2846/52. Ibarra Juárez Leopoldo. 6 de mayo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 244 No. Registro: 384,607. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIV. Página: 57. OFICIO, SUSPENSIÓN EN EL (DELITO DE IMPRUDENCIA). Si la autoridad responsable privó al quejoso del derecho para ejercer cierto oficio, que de autos no aparece que ejerciese, como esta Suprema Corte de Justicia ha considerado que la privación o suspensión en el ejercicio de alguna actividad u oficio sólo es procedente cuando esta actividad sirve de medio de vida al acusado, supliendo la deficiencia de la queja procede conceder por este capítulo la protección de la Justicia Federal para el solo efecto de que la Sala responsable dicte nueva resolución en que releve al quejoso de la pena de privación del derecho para ejercer dicho oficio, a que fue condenado. Amparo penal directo 3501/52. Pedrero Priego Mario. 11 de abril de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante.

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los razonamientos en que esencialmente se apoya la sentencia recurrida”245 y “cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos expuestos en la contestación de la demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento”.246 Llamó agravio improcedente “si en él no se combaten las argumentaciones que hace suyas la Sala a que, de la ejecutoria a que la misma se refiere”.247

245 No. Registro: 385,003. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXIII. Página: 1828. REVISIÓN FISCAL, REGLAS PARA LA TRAMITACION DE LA. La revisión fiscal se tramita según las reglas de la revisión en el juicio de garantías (artículo 2o. del Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis), y puesto que es de estricto derecho el amparo en materia administrativa (artículos 76, 88, primer párrafo, y 91, fracción I, de la Ley de Amparo), no debe en ella suplirse la deficiencia de los agravios, que deben estimarse inoperantes cuando no combaten de modo directo los razonamientos en que esencialmente se apoya la sentencia recurrida. Revisión fiscal 68/50. Procuraduría Fiscal de la Federación (García Sands Manuel). 22 de marzo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 246 No. Registro: 384,561. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXV. Página: 1319. REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS EN LA. Son inoperantes los agravios para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos expuestos en la contestación de la demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Tribunal Fiscal, si no expresa argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que tales agravios no reúnen los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para el efecto, y deben desecharse y, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo recurrido. Revisión fiscal 17/50. Presidente de la Comisión Mixta de Planificación y el Tesorero del Departamento del Distrito Federal (González José). 10 de agosto de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Rafael Matos Escobedo. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 247 No. Registro: 384,536. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Común. Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXV. Página: 605. TRIBUNAL FISCAL, SENTENCIAS DEL. El agravio es improcedente, si en él no se combaten las argumentaciones que hace suyas la Sala a que, de la ejecutoria a que la misma se refiere, pues la simple circunstancia que menciona dicho agravio, de que la Sala se funde de ese fallo, no constituye agravio alguno, ya que no hay precepto legal que prohiba a los juzgadores apoyar sus resoluciones en precedentes aplicables, y por el contrario, ese proceder es del todo correcto y aceptable, ya que así se evita emitir en casos similares resoluciones contradictorias. Revisión fiscal 341/54. "Inmobiliaria Portu", S.A. 20 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

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EL ENCUBRIMIENTO CONSTITUCIONAL: LA SUPLENCIA DE LA QUEJA (SEXTA ÉPOCA) A través de los conceptos de “estricto derecho” y de “suplencia de la queja”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió el juicio de amparo en un duelo de intelectualidades donde el quejoso debía demostrar, sin lugar a dudas, que la autoridad violó sus garantías. Con lo que dejó a las autoridades con plena libertad para dictar actos que violaran derechos humanos, pues estos subsistirían siempre que el quejoso no supiera impugnarlos. Para intentar frenar que a los ciudadanos no se nos respetaran nuestros derechos humanos, el Constituyente Permanente, el 19 de febrero de 1951, reformó y adicionó un párrafo al artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de atemperar la denegación de justicia por parte de los tribunales federales. La reforma consistió en aumentar la “suplencia de la queja” en los casos de que los actos se fundaran en leyes declaradas inconstitucionales y en materia del trabajo, por cuanto hace a los obreros. Además, con esta reforma constitucional, aparece en el artículo 107, fracción XIII, la obligatoriedad de la jurisprudencia en los términos y casos que determine la ley; y se admite la posibilidad de que existan tesis contradictorias. Esta reforma ya no se refiere a suplir deficiencia de un recurso, de una protesta o de unos agravios en la apelación, sino que la suplencia de la queja se convierte en suplir los “conceptos 91


de violación” en determinadas materias, como son: que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en materia penal y en materia de trabajo para la parte obrera. En estas dos materias se aplica la suplencia siempre que exista, en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley, que lo haya dejado sin defensa. Además, en materia penal se aplica la suplencia cuando no se juzgue al quejoso con una ley exactamente aplicable al caso, es decir, cuando la autoridad responsable no aplique el estricto derecho. Evidentemente, en las demás materias la Suprema Corte de Justicia no estaba obligada, pues carecía de facultades, para suplir la deficiencia de la queja o la deficiencia de los “conceptos de violación”. Por tanto, el objeto de estudio del juicio de amparo siguió siendo las violaciones que los particulares hacían valer en contra de los actos de autoridad, con la gracia de que en algunos casos, a voluntad, los tribunales podían determinar la violación de garantías individuales, sin que el quejoso la hubiera formulado en su demanda de amparo tal violación. En efecto, el Constituyente volvió a emplear un verbo en tercera persona y en tiempo futuro, “podrá”. Lo que implica que se le está dando un dominio, imperio, facultad y jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que supla la deficiencia de la queja, pero conservando el poder de hacerlo o no. Con esta reforma el concepto de “suplencia de la queja” es elevado a rango constitucional y se convierte en subsanar los razonamientos que los quejosos realizados en sus conceptos de violación. El Poder Constituyente ya no faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dispense un recurso, una pro92


testa o un agravio en segunda instancia, sino que faculta al tribunal para que supla los requisitos que falten a los conceptos de violación que hacen valer los quejosos. El máximo tribunal ya no tiene facultades para apartarse del principio de definitividad en las violaciones al procedimiento en asuntos penales, a fin de dispensar el recurso, la protesta o el agravio en segunda instancia. Ahora sólo está facultado para suplir la deficiencia de los requisitos de los conceptos de violación cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en materia penal y a favor de la parte obrera en los amparos en materia de trabajo. Los requisitos de los conceptos de violación fueron elaborados por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época de la jurisprudencia y ahora se le faculta para que no se exija estos requisitos en tres casos. En otras palabras, esta reforma constitucional acepta que la Corte obró conforme a derecho al crear los conceptos de “estricto derecho” y “suplencia de la queja”, estableciendo cuando aplica un concepto y cuando otro. Lo anterior adquiere mayor sentido al analizar la reforma a este precepto constitucional del 2 de noviembre de 1962, donde se le adiciona un párrafo para obligar a la Suprema Corte de Justicia a suplir la deficiencia de la queja, es decir, de los conceptos de violación o de las violaciones que le planten los quejosos, a favor de los ejidos y núcleos de población comunal. Lo que ocasiona que en las otras materias es un poder o facultad, ya que las oraciones utilizadas en la reforma anterior fueron: “Podrá suplirse la deficiencia de la queja” y “Podrá también suplirse la deficiencia de la queja”, en

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tanto que en ésta se empleó la oración: “…deberá suplirse la deficiencia de la queja…”. Además, con esta reforma se sujeta la suplencia de la queja a la voluntad del legislador ordinario, ya que el deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender las garantías individuales en contra de los actos de autoridad está supeditado a las leyes que expida el Congreso de la Unión. En otras palabras, el Constituyente Permanente dejó la defensa de los derechos humanos en manos del legislador que está obligado a respetarlos. Finalmente, el 25 de octubre de 1967, fue reformado el artículo en estudio para aumentar la improcedencia del desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal. Las reformas son las siguientes: 19 de febrero de 1951 Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (...) II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 94


Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso; (...) XIII.- La ley determinará los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Si los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República o aquellos Tribunales, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál es la tesis que debe prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de su competencia cualquiera de esas Salas o el Procurador General de la República, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, quien decidirá, funcionando en Pleno, qué tesis debe observarse. Tanto en este caso como en el previsto en el párrafo anterior, la resolución que se dicte será sólo para el efecto de la fijación de la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron pronunciadas; (…)248 2 de noviembre de 1962.

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Op. Cit. Página 330.

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Artículo 107.- (...) II.- (...) En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria; y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de la instancia, cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal.249 25 de octubre de 1967. Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- (…) II.- (…) En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución, y no procederán, en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el so-

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breseimiento por inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal; (…)”250 Mientras el Constituyente Permanente, realizaba estas reformas, la Suprema Corte de Justicia emitió las jurisprudencias de la Sexta Época que comprende el periodo del 1º de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968. Aun cuando la primera reforma constitucional es de 1951, sus repercusiones fueron en este periodo. Estas reformas constitucionales a la fracción II del artículo 107, del cual nació, por interpretación, el principio de estricto derecho demuestran que la voluntad del constituyente permanente fue que desaparecieran los criterios que obligaban al quejoso a demostrar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad. Sin embargo, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia continuaron igual, pues el Pleno hizo suyos los criterios que las salas elaboraron en la época anterior. En esta Sexta Época la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica de donde surgió la interpretación del estricto derecho. Dicha sala establece que en apelación (no amparo) existen tres sistemas en el planteamiento y sustanciación del recurso, a saber: 1. El abierto o libre, que consiste en una nueva instancia donde se revisa el proceso en su totalidad.

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Op. Cit. Página 369. Op. Cit. Páginas 563 y 564.

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2. El cerrado o estricto que “consiste en limitar la apelación a la revisión de la sentencia apelada al través de los agravios y sólo a la materia por ellos tratada”. 3. “El mixto, que sigue un término medio entre ambos agravios”. Dicha sala dice que el último “sistema es el tradicional hispano y por tanto el nuestro, y es el que actualmente han acogido ya todos los nuevos códigos europeos. Esta apelación no es el estricto derecho como se ha querido presentar”.251 Para después reiterar que el amparo es de estricto derecho “ya que la Suprema Corte carece de facultades para decidir acerca de una cuestión que no se le ha planteado, por la sencilla razón de que, al hacerlo, supliría deficiencia, de la queja sin estar autorizada por la ley”,252 “porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un examen general del acto reclamado”.253 En esta tesis encuentro las razones que originaron la confusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que el amparo es de estricto derecho. Los juicios civiles son de litis cerrada, pues sólo serán materia de sentencia los hechos que las partes narren. Esta situación se repite en segunda instancia, con algunas salvedades. A esta circunstancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación la llamó “estricto derecho” en lugar de darle su nombre correcto que es “litis cerrada”. Sin embargo, en el juicio de amparo no existe controversia sobre los hechos, pues el

No. Registro: 272,267. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen XVII. Página: 61. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 41, página 110. APELACIÓN, SISTEMAS EXISTENTES EN EL PLANTEAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE SINALOA). Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 110, la tesis aparece bajo el rubro "APELACIÓN, SISTEMAS EXISTENTES EN EL PLANTEAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE SINALOA).". 252 No. Registro: 271,917. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen XXIV. Página: 24. AMPARO, ES DE ESTRICTO DERECHO. 253 No. Registro: 271,307. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen XXXVIII. Página: 96. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia 100, página 275. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 251

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debate es sobre el derecho. Explico lo anterior, la litis en el juicio de amparo no es una controversia del mundo fáctico, como acontece en los juicios civiles, en éstos las partes controvierten hechos y ofrecen pruebas para demostrarlos. En el juicio de amparo la controversia se da en el mundo jurídico. En este juicio lo que se discute es si la autoridad actuó conforme a derecho o violó garantías individuales. Lo anterior porque el acto que reclamó el quejoso ya fue confesado por la autoridad, por lo que entre las partes no hay duda de la existencia de los hechos, la controversia se da porque el particular sostiene que el acto es violatorio de sus derechos humanos, en tanto que la autoridad sostiene la constitucionalidad del mismo. La controversia no es de los hechos, sino del derecho. Al trasladar un principio aplicable respecto a los hechos, a una controversia donde se discute el derecho, se ocasionó que los conceptos de violación tuvieran las calificaciones que hemos visto y que se determinara los alcances de la suplencia de la queja. Durante esta Sexta Época el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:

La suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a que se refieren los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 76, segundo párrafo, de la ley orgánica del juicio de garantías, no puede llegar al extremo de suplir la falta de demostración del interés jurídico del promovente del amparo, ya que esto equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular 99


para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I, del artículo 107, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por su parte.254

Tampoco la suplencia de la queja alcanzó que desaparecieran “las causales de improcedencia que determinan el sobreseimiento del juicio y, por tanto, la imposibilidad de avocarse al fondo del problema de inconstitucionalidad planteado”.255 Por otra parte, el Pleno determinó que para aplicar la suplencia de la queja en leyes declaradas inconstitucionales “no es indispensable que dicha ley figure como acto reclamado en la demanda de amparo, ni que sean llamadas a juicio las autoridades que expidieron y promulgaron la ley”.256

Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen LVI. Página: 152. SUPLENCIA DE LA QUEJA. INTERES JURÍDICO. La suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a que se refieren los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 76, segundo párrafo, de la ley orgánica del juicio de garantías, no puede llegar al extremo de suplir la falta de demostración del interés jurídico del promovente del amparo, ya que esto equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I, del artículo 107, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por su parte, el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio constitucional establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la comprobación del interés jurídico del quejoso. Amparo en revisión 608/55. Reynaldo Pola Gutiérrez. 20 de febrero de 1962. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela. 255 No. Registro: 257,556. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Primera Parte, Volumen CXXIX. Página: 32. SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La suplencia de la queja a que se refiere la Ley de Amparo, artículo 76, párrafo segundo, es una cuestión relacionada con la resolución, en cuanto al fondo, de un problema de inconstitucionalidad de leyes, cuyo supuesto de aplicación de la suplencia no puede ni siquiera estudiarse si en el caso concreto se estima previamente por el Juez que operan una o más de las causales de improcedencia que determinan el sobreseimiento del juicio y, por tanto, la imposibilidad de avocarse al fondo del problema de inconstitucionalidad planteado. Amparo en revisión 3723/53. La Latino Americana, Seguros de Vida, S. A. 19 de marzo de 1968. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 256 No. Registro: 818,173. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Primera Parte, CV. Página: 121. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Cuando se trate de la aplicación de una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no es indispensable que dicha ley figure como acto reclamado en la demanda de amparo, ni que sean llamadas a juicio las autoridades que expidieron y promulgaron la ley. Tan graves limitaciones de la demanda de amparo, no implican un consentimiento de la ley que impide el ejercicio por el Poder Judicial Federal de la facultad de suplir la deficiencia de la queja. La cuestión planteada depende de la interpretación que deba atribuirse a la fracción II, párrafo segundo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, que textualmente establece: "Podrá suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia". Una interpretación restrictiva del precepto estima que la deficiencia de la queja consiste en una deficiencia, de los conceptos de violación expresados en una demanda de amparo en que se reclama expresamente la ley. Pero el sentido gramatical del precepto, las razones emitidas en el Congreso de la Unión para aprobar la iniciativa del Ejecutivo que propuso la reforma a la Constitución, la exposición de motivos del proyecto formulado por el propio ejecutivo, y aprobado por el Legislativo, para adaptar el contenido de la Ley de Amparo a sus nuevas estructuras constitucionales, demuestran claramente que la disposición constitucional debe aplicarse repudiando cualquier restricción que frustraría la nobleza y amplitud de sus propósitos. La fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo se adicionó en el sentido de que no se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. El legislador adopta en 50 un nuevo sistema y permite suplir la deficiencia cuando el acto reclamado se funda en leyes inconstitucionales, a pesar de que la 254

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Además, determinó que:

Si los razonamientos hechos por el Juez de Distrito se refieren, sustancialmente, a cuestiones planteadas en los conceptos de violación de la demanda de amparo, no existe una indebida suplencia de la queja, ya que aunque los razonamientos del Juez de Distrito no sean idénticos, palabra por palabra, a los expuestos en la demanda, sería absurdo limitar a tal grado la facultad jurisdiccional del Juez de amparo, que tuviera que hacer suyos en su fallo, o rechazarlos, los argumentos dados en las demandas de amparo, sin poder variar una sola palabra ni ampliar un razonamiento o fundamento legal.257

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la tesis de la Tercera Sala en el sentido de que las causales de improcedencia son de orden público, pero el sobreseimiento, es decir, sus consecuencias son de interés privado, al establecer que si se “sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio un

propia ley no haya sido previamente reclamada en amparo. Al instituirse la facultad de suplir la deficiencia de la queja por inconstitucionalidad de la ley en que se funda el acto, se excluyó, por tanto, en forma tácita, pero notoria, la aplicación de un principio que conceptuase consentida la ley, por falta de impugnación. También se suprimió la aplicación del principio que obligaba a decretar el sobreseimiento del amparo contra leyes cuando las autoridades responsables de la propia ley no eran oídas en el juicio de amparo, pues al justificar la reforma se advierte que tales autoridades fueron ya oídas en los juicios de amparo en los que se estableció la jurisprudencia que oficiosamente se aplica, calificando la ley de inconstitucional. La suplencia de la queja de que se trata opera al margen de las tesis jurisprudenciales 178 y 181 de la compilación de 1955, reproducidas bajo los números 53 y 56 de la Sexta Parte de la Compilación de 1965, sin que signifique interrupción de la jurisprudencia, sino aplicación de la fracción II, párrafo segundo, del artículo 107 constitucional. Amparo en revisión 9010/63. Marco Tulio Castro Guevara. 15 de marzo de 1966. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. 257 No. Registro: 257,695. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen CX. Página: 73. SUPLENCIA DE LA QUEJA, INEXISTENCIA DE LA. FACULTAD JURISDICCIONAL DEL JUEZ DEL AMPARO. Si los razonamientos hechos por el Juez de Distrito se refieren, sustancialmente, a cuestiones planteadas en los conceptos de violación de la demanda de amparo, no existe una indebida suplencia de la queja, ya que aunque los razonamientos del Juez de Distrito no sean idénticos, palabra por palabra, a los expuestos en la demanda, sería absurdo limitar a tal grado la facultad jurisdiccional del Juez de amparo, que tuviera que hacer suyos en su fallo, o rechazarlos, los argumentos dados en las demandas de amparo, sin poder variar una sola palabra ni ampliar un razonamiento o fundamento legal. Pues debe razonablemente entenderse que lo que el artículo 79 de la Ley de Amparo prohibe, es que en los considerandos de la sentencia se introduzcan argumentos o razonamientos sustancialmente diversos de los expuestos en la demanda, pero no que se ahonde en las cuestiones planteadas, sin modificarlas de una manera sustancial. Amparo en revisión 4441/53. Eugenia Suárez García y coagraviados. 2 de agosto de 1966. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.

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interés público de una manera predominante y preferente, y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos”.258 Dicho Pleno consideró que “la deficiencia de los conceptos de violación determinaría la negativa del amparo pero no la improcedencia del juicio”;259 y que la cita errónea de preceptos legales era un error “corregible de oficio, de acuerdo con el espíritu del artículo 79 de la Ley de Amparo”.260 En otras palabras, la ley atempera el requisito establecido en la jurisprudencia de que debía citarse de manera exacta la disposición que se estime violada. También el Pleno reiteró el criterio de la Segunda Sala en el sentido de que los agravios eran inoperantes “cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable”.261 Y consideró que los agravios eran inoperantes si tomaban

No. Registro: 258,360. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XXXVI. Página: 218. SOBRESEIMIENTO. NECESIDAD DE EXPRESAR AGRAVIOS CONTRA LA RESOLUCION QUE LO DECLARA. La cuestión de improcedencia es de orden público, esto es, que siempre que la Corte conoce de un negocio en revisión, antes de estudiar los agravios en cuanto al fondo ha de analizar si existe alguna causa de improcedencia, para en este caso declararla. Pero cuando el Juez de Distrito sobresee en el juicio de amparo, ya no está de por medio un interés público de una manera predominante y preferente, y toca al quejoso hacer valer los recursos legales respectivos, puesto que no existe la revisión de oficio. De manera que si en tales casos no se interpone el recurso de revisión, causa ejecutoria la resolución respectiva; si no se expresan agravios, el recurso no será admitido; si se expresan, pero son incongruentes porque no atacan los fundamentos del sobreseimiento dictado, o son ajenos al debate, en realidad se está en presencia de una falta de agravios en el punto controvertido, por lo que si en este caso la Corte estudia los fundamentos que adujo el Juez de Distrito, suple la deficiencia del recurrente, analizando una cuestión que no le fue propuesta, contrariamente al texto legal que regula el recurso de revisión y al principio de que el amparo en materia civil es de estricto derecho. Amparo en revisión 2335/57. Pedro Arteaga González y coagraviados. 14 de junio de 1960. Unanimidad de quince votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1364/56. José Castro C. y coagraviados. 14 de junio de 1960. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Agapito Pozo. Amparo en revisión 944/56. Rogelio Garza y coagraviados. 14 de junio de 1960. Unanimidad de dieciséis votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 259 No. Registro: 258,097. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen LIII. Página: 128. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEFICIENTES. La deficiencia de los conceptos de violación determinaría la negativa del amparo pero no la improcedencia del juicio. Amparo en revisión 5853/56. Miguel Martínez Ruiz. 14 de noviembre de 1961. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: José Castro Estrada. Véanse: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, jurisprudencias números 105 y 109, páginas 166 y 169, de rubros "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO." respectivamente. 260 No. Registro: 258,395. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XXXV. Página: 139. PRECEPTOS LEGALES, CITA ERRONEA DE. El concepto de agravio que alude al artículo 73 de la Constitución Federal es fundado, pero inoperante, porque si bien tal precepto no se refiere a las atribuciones de la autoridad legislativa local demandada en el amparo (sino el Congreso de la Unión), es obvio que la demanda de garantías y la sentencia del Juez de Distrito quieren referirse a las facultades del Congreso del Estado para decretar los impuestos necesarios para cubrir los gastos de administración del Estado (artículo 50, fracción III, de la Constitución Local) y este error en la cita de un precepto es corregible de oficio, de acuerdo con el espíritu del artículo 79 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 5609/58. Víctor Rivera M. y coagraviados. 10 de mayo de 1960. Unanimidad de quince votos. Relator: José Rivera Pérez Campos. 261 No. Registro: 803,507. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo, Primera Parte, Volumen XCIII. Página: 9. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son inoperantes los agravios para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino producir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable, si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones en que incurra tal sentencia, puesto que 258

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en consideración la promulgación y refrendo de las disposiciones impugnadas porque no se reclamaron aisladamente, “sino como integrantes del procedimiento legislativo correspondiente, y por lo tanto su constitucionalidad depende de las propias disposiciones y no puede analizarse en forma aislada”.262 El Pleno calificó de ineficaz el agravio que no demuestra “la existencia del primer acto de aplicación”263 de una ley. Y de insuficiente si el quejoso se limitaba:

A sostener que el Juez de Distrito no estudio el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada y que por lo mismo violó la jurisprudencia, que no precisa, de este Alto Tribunal y lo dispuesto por el artículo 79 de la ley orgánica del juicio constitucional sin indicar el propio recurrente, en forma concreta, en qué consiste la omisión del juzgador.264

no reúnen los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para efecto, y deben desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiere recurrido. Amparo en revisión 3091/54. Jesús Herrera Marmolejo. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 262 No. Registro: 258,293. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XXXVIII. Página: 9. AMPARO CONTRA LEYES. AGRAVIOS INOPERANTES. Los agravios resultan inoperantes, si se toma en consideración que los actos consistentes en la promulgación y refrendo de las disposiciones impugnadas en este juicio, no se reclamaron aisladamente, sino como integrantes del procedimiento legislativo correspondiente, y por lo tanto su constitucionalidad depende de las propias disposiciones y no puede analizarse en forma aislada. Amparo en revisión 7139/56. La Ciudad de México, F. Manuel Sucesores, S. A. 16 de agosto de 1960. Mayoría de catorce votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Amparo en revisión 2520/57 2a. Industrias Diesel Cummins, S. A. 16 de agosto de 1960. Mayoría de catorce votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 220/57 2a. Inmuebles Veroy, S. A. 16 de agosto de 1960. Mayoría de catorce votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 263 No. Registro: 258,236. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XLIII. Página: 208. LEYES. TERMINO PARA IMPUGNARLAS EN AMPARO. Es cierta la argumentación de los recurrentes en el sentido de que el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, permite que se impugnen las leyes dentro de los quince días hábiles siguientes al del primer acto de aplicación en perjuicio de los quejosos, aun en el caso de que dichas leyes sean reclamables desde que entran en vigor. Sin embargo, el agravio relativo es ineficaz si los quejosos no demostraron la existencia del primer acto de aplicación, en su contra, de los preceptos que reclaman. Amparo en revisión 7849/58. Gustavo Sansores Ruiz y coagraviados. 31 de enero de 1961. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 264 No. Registro: 258,063. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen LIV. Página: 9. AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA REVISIÓN. Los razonamientos del quejoso son ostensiblemente insuficientes para desvirtuar las consideraciones que sirvieron de apoyo al Juez del conocimiento para negarle la protección federal que solicita, puesto que se limita a sostener que el Juez de Distrito no estudió el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada y que por lo mismo violó la jurisprudencia, que no precisa, de este Alto Tribunal y lo dispuesto por el artículo 79 de la ley orgánica del juicio constitucional sin indicar el propio recurrente, en forma concreta, en qué consiste la omisión del juzgador, independientemente de que contra lo afirmado por el quejoso, el referido Juez de Distrito sí analizó el problema de inconstitucionalidad, negando el amparo en relación con la impugnación de los ordenamientos reclamados, por lo que los referidos razonamientos del recurrente no reúnen los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para los agravios, puesto que no exponen una argumentación concreta para impugnar la legalidad de la sentencia combatida, mediante la demostración específica de violaciones a la ley de fondo o de forma en que incurra la propia sentencia. Amparo en revisión 6722/56. Joel Garcés Castro. 5 de diciembre de 1961. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.

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El Pleno reiteró el criterio de la Cuarta Sala de que los agravios eran improcedentes si “no exponen razonamientos concretos sobre la legalidad de la sentencia recurrida, sino por el contrario, hacen afirmaciones completamente ajenas a la materia de la propia revisión”.265 Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:

La jurisprudencia no es ley en sentido estricto, sino que constituye la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista gramatical, lógico e histórico a través de cinco decisiones ininterrumpidas y pronunciadas en casos concretos con relación a sujetos de derecho determinados, integrada así la nueva jurisprudencia; pero si razonamientos posteriores sustentan otro nuevo criterio de interpretación de la ley, descartan la anterior jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley de Amparo.266

No. Registro: 806,212. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen XLIII. Página: 28. AGRAVIOS IMPROCEDENTES. Si los agravios que se hacen valer no exponen razonamientos concretos sobre la legalidad de la sentencia recurrida, sino por el contrario, hacen afirmaciones completamente ajenas a la materia de la propia revisión, tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial 1025, que figura en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado el año de 1955, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. SOBRESEIMIENTO, FALTA DE EXPOSICION DE AGRAVIOS CONTRA EL.- Si el recurrente no formula agravio en contra del sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito, y el que hace valer sólo se refiere a la cuestión de fondo, ello es bastante para confirmar la resolución del inferior.". Amparo en revisión 4166/58. Arturo Hermosillo y coagraviados. 31 de enero de 1961. Unanimidad de dieciséis votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 5070/55. Eduardo Esses Dayán y coagraviados. 31 de enero de 1961. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XLIII, página 18. Amparo en revisión 7849/58. Gustavo Sansores Ruiz y coagraviados. 31 de enero de 1961. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 266 No. Registro: 800,967. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen LII. Página: 53. JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA LEY. La jurisprudencia no es ley en sentido estricto, sino que constituye la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista gramatical, lógico e histórico a través de cinco decisiones ininterrumpidas y pronunciadas en casos concretos con relación a sujetos de derecho determinados, integrada así la nueva jurisprudencia; pero si razonamientos posteriores sustentan otro nuevo criterio de interpretación de la ley, descartan la anterior jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley de Amparo, ello no implica retroactividad de nueva jurisprudencia y por tanto no conculca garantías. Amparo directo 2079/61. Carlos Penedo y de León. 26 de octubre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Sexta Epoca, Segunda Parte: Volúmen LI, página 68. Amparo directo 155/61. Amado Zazueta y Zazueta. 11 de septiembre de 1961. Cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante. Nota: En el volumen LI, página 68, esta tesis aparece bajo el rubro "JURISPRUDENCIA, NO ES LEY EN SENTIDO ESTRICTO.". 265

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En esta época, esta sala varía el criterio de que la materia penal era de estricto derecho, a pesar de que el texto constitucional siguió contemplando la suplencia de la queja en materia penal, para establecer que en el recurso de apelación “la litis no es cerrada ni de estricto derecho pues se puede suplir la deficiencia de los agravios, tal circunstancia se debe al fin de beneficiar a dicho acusado y por ello se permite que el superior estudie más de lo pedido”.267 En cambio, “la apelación del ministerio público es de estricto derecho”.268 En cuanto a la suplencia de la queja esta Primera Sala consideró que: “si bien en materia penal, conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, es dable suplir la deficiencia de la queja, no puede llevarse dicha facultad al grado de que la Suprema Corte se convierta en abogado de la procesada y tenga por interpuesto un recurso de queja en vez del juicio que aquélla promovió”.269

267 No. Registro: 259,924. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen LXXIII. Página: 9. APELACIÓN EN MATERIA PENAL, OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA EN LA. En materia penal la litis contestatio, está formada por la sentencia de primer grado y los agravios del apelante, y si bien en materia penal cuando el que se alza es el acusado, la litis no es cerrada ni de estricto derecho pues se puede suplir la deficiencia de los agravios, tal circunstancia se debe al fin de beneficiar a dicho acusado y por ello se permite que el superior estudie más de lo pedido; pero esa excepción protectora no debe llevarnos a la conclusión de que el ad quem puede dejar de examinar todas las cuestiones planteadas y así decidir menos de lo que se le pide, estando obligado, bien sea apelante el inculpado o el Ministerio Público, a resolver todas las cuestiones planteadas en los agravios. Amparo directo 1296/63. Javier Avila Albarrán. 17 de julio de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 268 No. Registro: 258,937. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen CXVII. Página: 29. MINISTERIO PÚBLICO, ALCANCE DE LA APELACIÓN DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Si el Ministerio Público hizo valer como único agravio que el delito era simple e intencional, contra la sentencia que condenó al inculpado por el delito de homicidio con pena atenuada (previsto por el artículo 278 del Código Penal), pero esa institución omitió pedir a título subsidiario, que, por lo menos, el delito debía considerarse y sancionarse como realizado en riña, la Sala responsable al no admitir el agravio alegado por el Ministerio Público y decidir que el delito se había cometido dentro de una contienda de obra, aumentando con ello la pena, rebasó los términos de la acusación e infringió lo dispuesto a contrario sensu por el artículo 578 del código procesal penal, que sólo permite al tribunal de apelación suplir la deficiencia de los agravios del acusado o de su defensor, porque tal limitación se funda en que la apelación del Ministerio Público es de estricto derecho, así como porque el ejercicio de la acción penal está reservada exclusivamente a dicha institución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal. Amparo directo 7429/65. Samuel Villanueva Ochoa. 9 de marzo de 1967. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo Fernández. Quinta Epoca: Tomo CVI, página 1016. Amparo penal directo 9923/49. Garduño Colín Antíoco y coagraviado. 26 de octubre de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Teófilo Olea y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: En el Tomo CVI, página 1016, esta tesis aparece bajo el rubro "APELACIÓN EN MATERIA PENAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO).". 269 No. Registro: 264,860. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen I. Página: 90. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 276, página 608. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL (AMPARO Y QUEJA). El amparo debe sobreseerse si la quejosa aduce que la sentencia reclamada incurrió en un defecto de ejecución de una de amparo, pues este caso está previsto expresamente por el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone que el recurso de queja es el procedente y aunque la quejosa solicite en su demanda de amparo que se tenga por interpuesto el recurso o medio de defensa adecuado, en el supuesto de que el amparo directo no sea la forma precisa de combatir la segunda sentencia pronunciada por la autoridad responsable, también lo es que si bien en materia penal, conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, es dable suplir la deficiencia de la queja, no puede llevarse dicha facultad al grado de que la Suprema Corte se convierta en abogado de la procesada y tenga por interpuesto un recurso de queja en vez del juicio que aquélla promovió. Amparo directo 4355/55. Concepción Pichardo Valdez. 13 de julio de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.

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Lo que si podía era “suplir la omisión de la queja, que se ha considerado como la máxima de las deficiencias”.270 En el entendido que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación “la queja” fue equiparada a las violaciones que los particulares hacían valer, es decir, a los conceptos de violación o a los agravios. Con base en la suplencia de la queja, esta sala determinó que debía “revisar la sentencia reclamada, con el propósito de ver si en ella la autoridad responsable alteró los hechos, violó las normas reguladoras de la prueba o las leyes del raciocinio”;271 o conceder el amparo para que “la autoridad responsable individualice la pena que le corresponde, de acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público”.272 También esta Primera Sala sostuvo que si un menor era juzgado procedía “conceder la protección federal solicitada para el efecto de que se declare nulo todo el procedimiento y se inicie el correspondiente a su menor edad”.273 ¿Implicara esto que se le juzgue dos veces por un mismo delito?

Nota: En el Apéndice 1917-1985, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO PENAL (AMPARO Y QUEJA).". 270 No. Registro: 802,911. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen III. Página: 153. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. Se puede suplir la omisión de la queja, que se ha considerado como la máxima de las deficiencias (artículo 76 de la Ley de Amparo). Amparo directo 4660/56. Beatriz Limón Vivanco. 4 de septiembre de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 271 No. Registro: 802,895. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen VI. Página: 244. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. Aun cuando la quejosa en su concepto de violación no señale los preceptos de la ley represiva que en su perjuicio hubiera violado el tribunal de alzada al pronunciar su resolución, la Primera Sala de la Suprema Corte sustenta el criterio de que la máxima suplencia de la queja se traduce en que el recurrente no exprese conceptos de violación y, en tales condiciones, procede revisar la sentencia reclamada, con el propósito de ver si en ella la autoridad responsable alteró los hechos, violó las normas reguladoras de la prueba o las leyes del raciocinio. Amparo directo 978/57. Alicia Ceja Martínez. 4 de septiembre de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Chico Goerne. 272 No. Registro: 264,292. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen IX. Página: 130. ROBO, PENA APLICABLE AL (ACUSACION DEL MINISTERIO PÚBLICO. LEGISLACION DE PUEBLA). Si el agente del Ministerio Público solicitó para el acusado la pena a que se refieren los artículos 352, fracción II, y 361, fracción I, de la ley sustantiva aplicable, en tales condiciones, el Juez sentenciador rebasó los términos de la acusación del Ministerio Público, al aplicar el artículo 352, fracción III, dejando de aplicar el artículo 351, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado; por lo que, supliendo la deficiencia de la queja, se debe conceder el amparo para el único efecto de que la autoridad responsable individualice la pena que le corresponde, de acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público. Amparo directo 3237/57. José María Rodríguez T. 17 de marzo de 1958. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Carlos Franco Sodi. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Segunda Parte: Volumen VI, página 17, tesis de rubro "CLASIFICACION DEL DELITO (LEGISLACION DE DURANGO).". Volumen III, página 47, tesis de rubro "CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL JUEZ NO PUEDE REBASARLAS.". Volumen II, página 13, tesis de rubro "CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (CLASIFICACION DEL DELITO. LESIONES).". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volumen IX, página 130, se remite a los Volúmenes VI y V, páginas 115 y 29, bajo la leyenda "Véase"; sin embargo el reenvío es incorrecto, por lo que se omite como se observa en este registro. 273 No. Registro: 263,366. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XVII. Página: 229. MENORES, PROCESAMIENTO DE. NULIDAD DE LO ACTUADO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO. Si de autos se fija la edad del acusado como menor de 16 años, tiene aplicación el tercer párrafo del artículo 76, de la Ley de Amparo, que establece que podrá suplirse la deficiencia de la queja en materia penal cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, violación que ha consistido en todo el procedimiento ordinario que se siguió en su contra y, por lo mismo, procede conceder la protección federal solicitada para el efecto de que se declare nulo todo el procedimiento y se inicie el correspondiente a su menor edad.

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Comentario especial requiere el hecho de que para esta sala la reparación del daño que en la Quinta Época dijo era de estricto derecho para la víctima del delito por tratarse de una cuestión civil, para el acusado si procedía la suplencia de la deficiencia de la queja cuando:

Verse sobre la reparación del daño, aduciendo que se trata de una cuestión de orden público, porque dicha condena, al igual que la de privación de libertad, suspensión de derechos, etcétera, es una pena pública y participa de la misma naturaleza que aquéllas, sin que exista razón para hacer distingos, ya que en todo el derecho represivo, las acciones pertinentes y las penas que señala, son cuestiones de indiscutible orden público.274

La Primera Sala puso como requisitos para los agravios que éstos estuvieran: “en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se estiman infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia”.275

Amparo directo 5805/58. Juan Sánchez Méndez. 27 de noviembre de 1958. Cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 274 No. Registro: 263,039. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XX. Página: 9. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 17, página 45. AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS, EN LA APELACIÓN. La sentencia de apelación viola las garantías del acusado cuando no suple los agravios, aun cuando ninguno se haya expresado y con mayoría de razón cuando sí fueron formulados. Es inexacto que el tribunal no debe suplir la deficiencia de la queja cuando verse sobre la reparación del daño, aduciendo que se trata de una cuestión de orden público, porque dicha condena, al igual que la de privación de libertad, suspensión de derechos, etcétera, es una pena pública y participa de la misma naturaleza que aquéllas, sin que exista razón para hacer distingos, ya que en todo el derecho represivo, las acciones pertinentes y las penas que señala, son cuestiones de indiscutible orden público. Amparo directo 6925/58. José Refugio Birrueta Bárcenas. 23 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 275 No. Registro: 259,362. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XCIV. Página: 12. AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CARACTERISTICAS DE LOS. Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se estiman infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre

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Para esta Primera Sala fueron inoperantes los conceptos de violación: 1. Referidos “a las conclusiones del Ministerio Público y a su expresión de agravios, porque siendo ajenos al fallo combatido, carecen de origen autoritario”.276 2. Si el “acto evidentemente violatorio de garantías, quedó definitivamente consumado al dictarse la sentencia condenatoria, sin que sea posible su reparación, resultando por consiguiente inoperante el concepto de violación al respecto”.277 3. “Si en los conceptos de violación del juicio de amparo se insiste en la discusión de un punto y no existe en autos más documento que la sentencia reclamada, la cual por otra parte es concisa, y no puede estudiarse el problema jurídico que plantea el quejoso, son inoperantes los conceptos de violación y debe negarse la protección solicitada”.278

aquéllos, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose del Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, principalmente con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla en que únicamente se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se señalen los conceptos por los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede enmendar las deficiencias o corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus facultades, dentro de la órbita jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción decisoria al Ministerio Público, superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con la misma base de los razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco deben concretarse a manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son suficientes para tener por comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, pues tal modo de expresión obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio Público y equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Amparo directo 6368/63. Salvador Balbuena Aguilar. 23 de abril de 1965. Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 276 No. Registro: 264,073. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XII. Página: 157. MINISTERIO PÚBLICO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA SUS ACTOS. Resultan inoperantes los conceptos violatorios referidos a las conclusiones del Ministerio Público y a su expresión de agravios, porque siendo ajenos al fallo combatido, carecen de origen autoritario, y si deben calificarse por los sentenciadores, sus efectos quedan subsumidos por la jurisdicción. Amparo directo 6546/55. Arnulfo Arredondo Arredondo. 26 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro Ruiz de Chávez. 277 No. Registro: 263,497. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XVI. Página: 153. ISLAS MARÍAS, REMISIÓN A LAS. Si el Departamento de Prevención Social, señalado como responsable, determinó la remisión del procesado antes de concluir el procedimiento judicial, es decir, estando sub júdice la sentencia de segundo grado, tal acto evidentemente violatorio de garantías, quedó definitivamente consumado al dictarse la sentencia condenatoria, sin que sea posible su reparación, resultando por consiguiente inoperante el concepto de violación al respecto. Y si, por el contrario, la determinación de la responsable se apoyó en las facultades que como autoridad ejecutora de sanciones le conceden los artículos 25 y 79 del Código Penal del Distrito y Territorios Federales y 575 y 674 del Código de Procedimientos Penales, este último en su fracción XII, el mismo agravio debe declararse infundado, ya que en tales casos la Secretaria de Gobernación, por conducto de su Departamento de Prevención Social, está autorizado para señalar el lugar donde los reos deben cumplir la pena de prisión impuesta, por lo que si en uso de tales facultades dicha autoridad ha ordenado que el inculpado compurgue la pena que se le señaló, en las Islas Marías, tal determinación no puede ser violatoria de garantías. Amparo directo 2153/53. Luis Medina Flores. 1o de octubre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 278 No. Registro: 262,832. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XXII. Página: 41. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación del juicio de amparo se insiste en la discusión de un punto y no existe en autos más documento que la sentencia reclamada, la cual por otra parte es concisa, y no puede estudiarse el problema jurídico que plantea el quejoso, son inoperantes los conceptos de violación y debe negarse la protección solicitada.

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4. Si el quejoso alega que “fue sentenciado después de un año de iniciado el proceso”.279 5. Si se alega que se negó la condena condicional sin que esté probado que es reincidente.280 También la Primera Sala en esta época consideró que existieron conceptos de violación técnicamente fundados, pero inoperantes, en lo tocante a la individualización de la pena.281 Esta calificación también se dio si la pena era la correcta, aun cuando la autoridad no razonara los hechos y circunstancias personales del acusado.282 La Primera Sala calificó de ineficaces los conceptos de violación “relativos a que el acusado fue juzgado por un tribunal incompetente, si esa incompetencia la refiere el defensor al juzgador de primer grado”.283 Para esta sala resultaron improcedentes los conceptos de violación si el careo no se realizó porque el testigo no

Amparo directo 7576/58. Elena Flores y coagraviado. 2 de abril de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 279 No. Registro: 801,229. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XXXIII. Página: 80. PROCESOS, TERMINO PARA CONCLUIRLOS. Aunque es cierto lo que se afirma en la demanda, en el sentido de que el quejoso fue sentenciado después de un año de iniciado el proceso, independientemente de que tal circunstancia constituye un acto irremisiblemente consumado que haría inoperante el concepto de violación relativo, tal irregularidad sólo implicaría responsabilidad para la autoridad que dejó de observar el término señalado por el artículo 20, fracción VIII, de la Constitución General de la República. Amparo directo 6873/58. Jesús Amaro Báez. 22 de marzo de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez. 280 No. Registro: 261,977. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XXXIII. Página: 24. CONDENA CONDICIONAL. Resulta inoperante el concepto de violación que alega el quejoso de que se le niega la condena condicional sin que esté probado que es reincidente, porque basta con que exista un registro anterior en un juzgado penal en contra del quejoso, por el delito de homicidio por imprudencia para que debe estimarse que se comprobó el cuerpo del delito de corrupción de menores. Amparo directo 6749/59. Salvador Rodarte López. 9 de marzo de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 281 No. Registro: 801,489. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XXXVII. Página: 146. PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. Aunque el Juez de primer grado hizo simplemente la paráfrasis de los artículos 52 y 53 del Código Penal local, sin razonar los pormenores particulares del caso, y el tribunal responsable aún fue más breve al respecto, ya que se concretó a calificar como correcta la individualización de las penas porque el de primer grado "individualizó debidamente la pena", sin embargo siendo adecuada la pena reclamada, aun cuando técnicamente sea fundado el concepto de violación, es inoperante y procede negar el amparo que se solicita. Amparo directo 2307/60. Manuel Villanueva de León. 21 de julio de 1960. Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 282 No. Registro: 261,624. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XXXVIII. Página: 74. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia 182, página 392. PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. Carecería de resultados prácticos la concesión del amparo para el único efecto de que la autoridad responsable razonara la pena, si ésta es la adecuada en razón del hecho y de las circunstancias personales del acusado, y es, por consiguiente, inoperante el concepto de violación, debiéndose negar la protección constitucional solicitada, aunque la autoridad responsable no haya razonado la individualización de la pena con base en las circunstancias señaladas por los artículos aplicables del Código Penal. Amparo directo 3649/60. Mauro Rivera Oliva. 24 de agosto de 1960. Cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 283 No. Registro: 263,044. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XX. Página: 16. COMPETENCIA. El concepto de violación relativo a que el acusado fue juzgado por un tribunal incompetente resulta ineficaz, si esa incompetencia la refiere el defensor al juzgador de primer grado y el juicio de garantías versa precisamente sobre la resolución de segundo, que si bien es verdad que fue confirmatoria de la del inferior, vino a sustituirla totalmente. Amparo directo 6286/58. Juvencio Ruvalcaba Esparza. 23 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez.

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se encontraba en el lugar del juicio.284 Y en una misma tesis el concepto de violación fue declarado infundado e improcedente.285 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Sexta Época, consideró que el principio de estricto derecho limitaba el recurso de revisión únicamente a examinar los agravios.286 También estableció que:

El juicio subjetivo de las autoridades administrativas si puede ser revisado por el Poder Judicial Federal, en los casos en que dicho juicio no se encuentre apegado a los principios de la lógica (…) pero si en un caso la recurrente no indica concreta y específicamente los motivos por los cuales considera que el criterio subjetivo de las autoridades responsables es contrario a los principios de la lógica, siendo el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho, la Sala

284 No. Registro: 261,252. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XLII. Página: 221. PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE. Si el quejoso alega violaciones al procedimiento porque no se le careó con un policía, por economía procesal y teniendo en cuenta que dicho careo no se realizó por no haberse encontrado en el lugar del juicio el testigo, y que en su lugar se practicó el careo supletorio, debe declararse improcedente dicho concepto de violación y estudiarse el fondo de las violaciones que se reclaman. Amparo directo 5235/59. José Guadalupe Téllez García. 15 de junio de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante. 285 No. Registro: 263,428. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen XVI. Página: 11. Genealogía: Séptima Epoca, Volumen XXIV, Segunda Parte, página 204. ACTUACIONES, FALTA DE FIRMA DEL JUEZ, EN LAS. Si las diligencias en las que se hicieron constar las declaraciones de los testigos, la ampliación de las declaraciones de unos de ellos, así como los careos practicados entre los testigos de cargo y el acusado y entre los primeros y los de descargo, no aparecen firmadas por el Juez, sino únicamente por su secretario, esta circunstancia, que constituye una simple omisión formal no invalida las referidas diligencias, todas las cuales se encuentran firmadas por las personas que en ellas depusieron o intervinieron, y como las omisiones de referencia no constituyen una violación esencial del procedimiento que hayan dejado en estado de indefensión al acusado, ni se encuentran previstas como tales en el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni comprendidas dentro de las que dan lugar a la reposición del procedimiento en los términos del código respectivo, debe declararse infundado e improcedente el concepto de violación alegado a ese respecto. Amparo directo 6775/57. Luciano Hernández Cañamares. 14 de octubre de 1958. Cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante. Nota: En el Volumen XXIV, página 204, la tesis aparece bajo el rubro "DILIGENCIAS, VALIDEZ DE LAS. FALTA DE FIRMA DEL JUEZ.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, la referencia del nombre del quejoso del amparo directo 6775/57 es incorrecta, por lo que se corrige como se observa en este registro. 286 No. Registro: 265,481. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXVI. Página: 137. REVISIÓN, RECURSO DE. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SOLO ESTA FACULTADA PARA EXAMINAR LOS AGRAVIOS QUE SE PROPONGAN. De acuerdo con lo establecido por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia, al conocer del recurso de revisión, está facultada para examinar únicamente los agravios que se propongan, por cuanto a que en el juicio de garantías la revisión se sigue a instancia de parte, y, además, no es jurídicamente posible suplir las deficiencias de la queja en un amparo que es de estricto derecho. Amparo en revisión 7442/64. Extractos y Derivados, S. A. de C. V. 23 de febrero de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 6788/64. Extractos y Derivados, S. A. de C. V. 8 de febrero de 1967. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

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de oficio no puede suplir la deficiencia de los agravios ni sustituirse en el criterio del quejoso.287

Por otra parte, esta sala consideró que por el principio de estricto derecho “en los conceptos de violación debe precisarse el precepto legal secundario que se considere violado, y, por lo tanto, no basta la mención de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República”;288 que no podían admitirse pruebas en la revisión;289 y que la representación de la autoridad debía ser precisa.290

No. Registro: 267,178. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LIII. Página: 15. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, CRITERIO SUBJETIVO ABSURDO. Es verdad que esta Segunda Sala tiene establecida jurisprudencia en el sentido de que el juicio subjetivo de las autoridades administrativas sí puede ser revisado por el Poder Judicial Federal, en los casos en que dicho juicio no se encuentre apegado a los principios de la lógica, esto es, que se trate de un criterio absurdo que se traduce en la violación de los preceptos legales que rigen la materia del acto de que se trata; pero si en un caso la recurrente no indica concreta y específicamente los motivos por los cuales considera que el criterio subjetivo de las autoridades responsables es contrario a los principios de la lógica, siendo el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho, la Sala de oficio no puede suplir la deficiencia de los agravios ni sustituirse en el criterio del quejoso para examinar el que se contiene en la resolución reclamada. Amparo en revisión 1672/60. The Firestone Tire and Rubber Company. 6 de noviembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 288 No. Registro: 267,111. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LV. Página: 13. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO ADMINISTRATIVO. De acuerdo con la jurisprudencia que tiene establecida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los conceptos de violación debe precisarse el precepto legal secundario que se considere violado, y, por lo tanto, no basta la mención de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República para que de ellos se infiera que los quejosos estiman violadas determinadas disposiciones secundarias, no pudiendo quedar subsanada esa omisión con una alusión imprecisa pues por ser de estricto derecho el amparo en materia administrativa, no cabe suplir la deficiencia de la queja. Amparo en revisión 4712/60. Francisco Millán Serna. 10 de enero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 289 No. Registro: 266,899. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LX. Página: 143. REVISIÓN, PRUEBAS EN LA. Aunque es verdad que esta Suprema Corte en resolución anterior sostuvo el criterio de que: cuando se trate de pruebas que complementan las exhibidas con la demanda, la Suprema Corte, por equidad, puede permitir que dichas pruebas se presenten en la revisión y tenerlas en cuenta para el efecto complementario que se ha dicho. Esa tesis no puede tener aplicación en la materia administrativa por haber sido emitida en materia penal, donde el amparo no es de estricto derecho, lo que da lugar a que deba aplicarse con puntual apego lo que dispone el artículo 91 de la Ley de Amparo cuando dice: "las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: II. Sólo tomaran en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias. Amparo en revisión 8292/61. Lorenzo Alvarez Murguía. 4 de junio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 290 No. Registro: 818,337. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXIX. Página: 32. REVISIÓN FISCAL INTERPUESTA POR EL SUBPROCURADOR FISCAL. CUANDO DEBE DESECHARSE. De acuerdo con el artículo 2o. de la ley que creó el recurso de revisión fiscal, "...La Procuraduría Fiscal podrá interponer el recurso en nombre de la Secretaría de Hacienda e intervenir en todos los aspectos procesales del mismo". También el artículo 4o., de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal, en su fracción I, le concede igual competencia. Por su parte, el artículo 5o. de la misma ley orgánica establece que: "El ejercicio de la competencia asignada a la Procuraduría Fiscal se realizará por el procurador fiscal y, en su ausencia, o por acuerdo de él, por el subprocurador fiscal", y el artículo 6o. que: "Las demandas... recursos ante el Tribunal Fiscal de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación... serán firmados por el procurador, subprocurador fiscales... en los términos del artículo anterior", de lo que se deduce que el recurso de revisión fiscal únicamente lo puede hacer valer el procurador fiscal, y en su ausencia o por acuerdo de él, el subprocurador fiscal. Ahora bien, si el oficio por el que se interpone el recurso de revisión fiscal, está suscrito por el subprocurador P. A., el procurador fiscal de la Federación, en esta forma no se sabe si el recurso lo interpuso "por ausencia" o "por acuerdo" del C. Procurador fiscal; y no obstante que las letras P. A., pueden tener algún otro significado, como "por autoridad", etcétera, esto no se puede concluir si en el contenido del propio oficio de revisión no aparece indicada la significación precisa con que fueron empleadas, y si ni siquiera se cita el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal para de ahí poder concluir que pueden significar "por ausencia" o "por acuerdo" del C. Procurador. Por otra parte, esta Sala considera que en acatamiento de dicho artículo 5o., el C. Subprocurador fiscal está obligado, en los oficios en que interponga recurso de revisión en nombre de la Secretaría de Hacienda, a precisar si lo hace "por ausencia" o "por acuerdo" del C. Procurador fiscal, pues de otra manera el precepto sería letra muerta, nulificándose así su contenido, como sucedería en la especie de aceptarse el recurso de revisión a nombre de la Secretaría de Hacienda firma por el C. Subprocurador P. A, del procurador fiscal. Esto es así, porque en estricto derecho no puede admitirse que en casos como el presente la autoridad emplea términos dubitativos para expresar el carácter o la representación con que comparece en juicio, puesto que la parte actora tiene derecho a conocer estas circunstancias a efecto de que, en su caso, esté en aptitud de objetar el carácter, la personalidad o la representación de la autoridad. Revisión fiscal 121/56. José R. Villasana. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 287

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En cuanto a la suplencia de la queja, esta Segunda Sala consideró que únicamente era procedente: “en materia penal, en los asuntos de trabajo, y cuando el acto reclamado se funde en leyes que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales. Fuera de esas tres hipótesis no se pueden suplir ni ampliar los conceptos de violación”.291 En concordancia con lo anterior, consideró que “el juicio de amparo en materia administrativa es de estricto derecho por lo que la Segunda Sala de la Corte no puede examinar de oficio los argumentos no combatidos en los agravios”;292 a menos que el acto reclamado se fundara en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya que en este caso, procedía la suplencia de la queja.293 Sin embargo, si se trataba de un reglamento declarado inconstitucional, no era procedente la suplencia de la queja;294 ni tampoco procedía a favor de pequeños propietarios.295

Revisión fiscal 386/60. "Servicio de Ventas y Contabilidad", S. A. 13 de marzo de 1963. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Revisión fiscal 301/56. Antonio de Dominicis Manzano. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Revisión fiscal 152/57. Noel Laphond Matehew. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Revisión fiscal 31/59. Perforadora del Golfo, S. A. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Revisión fiscal 254/59. Precisa Offset, S. A. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen LXVIII, página 82. Revisión fiscal 528/61. Radio Tabasco, S. A. 25 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen LXVII, página 32. Revisión fiscal 308/61. Plywood Ponderosa de México, S. A. 7 de enero de 1963. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen LXI, página 117. Revisión fiscal 260/61. Compañía. Hidroeléctrica del Amacuzac, S. A. 26 de julio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Franco Carreño. Volumen LX, página 137. Revisión fiscal 486/60. Compañía Hidroeléctrica del Amacuzac, S. A. 6 de julio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 291 No. Registro: 268,990. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen IV. Página: 254. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO. El artículo 76 de la Ley de Amparo permite suplir la deficiencia de la queja tan sólo en los siguientes casos: en materia penal, en los asuntos de trabajo, y cuando el acto reclamado se funde en leyes que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales. Fuera de esas tres hipótesis no se pueden suplir ni ampliar los conceptos de violación, como se infiere sin duda del propio artículo 76 y del artículo 79 del mismo ordenamiento. Amparo en revisión 1608/57. Julio Villa R. 9 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 292 No. Registro: 266,944. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LIX. Página: 12. AMPAROS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, NO EXISTE SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS. El juicio de amparo en materia administrativa es de estricto derecho por lo que la Segunda Sala de la Corte no puede examinar de oficio los argumentos no combatidos en los agravios puesto que no puede suplir la deficiencia de la queja. Amparo en revisión 8389/61. Encarnación Vázquez. 9 de mayo de 1962. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 293 No. Registro: 266,930. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LX. Página: 195. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La suplencia de la queja, vedada en términos generales, en materia administrativa, excepcionalmente se permite cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, en los términos de la fracción II del artículo 107 constitucional, con el que concuerda el artículo 76, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 1107/56. Comisariado Ejidal de Villa La Trinitaria. 10 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 294 No. Registro: 266,256. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXXXV. Página: 38. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN AMPAROS ADMINISTRATIVOS. ALCANCE. La suplencia de la queja en amparos administrativos está rigurosamente limitada a los casos en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, según el artículo 76 de la Ley de Amparo; por lo cual no es lícita si el acto reclamado se funda en reglamentos declarados inconstitucionales, pues para que una disposición dictada por el poder público tenga el carácter de ley, se necesita que emane del órgano constitucionalmente facultado para

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En materia agraria la suplencia de la queja no comprendía cuestiones de personalidad a favor de los núcleos de población agraria o comunal, ya que las disposiciones legales que norman las cuestiones de personalidad, no fueron reformadas “lo que indica que el legislador quiso conservar las bases procesales que las rigen”.296 Pero dicha suplencia si implicaba recabar pruebas oficiosamente si la autoridad no remitió con su informe constancia del acto reclamado,297 realizar de oficio la prueba pericial298 y diferir la audiencia constitucional de manera oficiosa.299

legislar. En efecto nuestro sistema de gobierno viene adoptando el régimen de separación de poderes, otorga exclusivamente al Legislativo la potestad de legislar. Tiene prohibido delegarla en otros poderes y enfáticamente prohibe la concesión al Ejecutivo, de facultades extraordinarias para legislar, salvo en casos graves y excepcionales señalados expresamente; por todo lo cual es requisito forzoso para que una disposición tenga el carácter de ley, que reconozca como fuente formal al Poder Legislativo. A lo cual habría que agregar que si las reformas al juicio de garantías vigentes desde 1951, quitaron de la competencia de la Suprema Corte la revisión de los amparos contra actos de las autoridades de los Estados que no tuvieron el carácter de leyes, persiguiéndose como finalidad principal la de descongestionar a la Suprema Corte el enorme número de negocios de que conocía, si se hiciese extensiva la aludida disposición del artículo 76 a los reglamentos, quedarían desvirtuadas dichas reformas, puesto que a través de la suplencia de la queja tendría la Corte que conocer de los múltiples reglamentos expedidos por las autoridades de los Estados. Amparo en revisión 515/64. Soledad Pastrana Romero. 13 de julio de 1964. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Amparo en revisión 399/64. Francisco Martínez Lozano. 13 de julio de 1964. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 295 No. Registro: 264,863. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXXVIII. Página: 12. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. Se debe suplir la deficiencia de la queja en materia agraria, cuando el quejoso alegue que ha habido, en contra del núcleo de población o del ejidatario o comunero, una violación manifiesta de sus derechos agrarios sobre tierras y aguas, pero no cuando se ostentan como pequeños propietarios, pues en este caso el amparo es de estricto derecho. Amparo en revisión 3523/68. Hermelinda Zamora Sánchez de Aranda y coagraviados. 5 de diciembre de 1968. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 296 No. Registro: 266,548. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXXII. Página: 12. COMISARIADOS EJIDALES, SU REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD EN EL AMPARO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. La suplencia de la queja no puede comprender cuestiones de personalidad, que por ser la base fundamental del procedimiento, su comprobación es de orden público, como lo demuestra la circunstancia uniformemente asentada de que su estudio debe realizarse de oficio y en cualquiera de las dos instancias del procedimiento de amparo. Es pertinente hacer notar que las reformas de diversos preceptos de la Ley de Amparo, dictadas con el propósito de proteger a los núcleos de población agraria o comunal y en las cuales se implanta la suplencia de la queja y otras prerrogativas en favor de otros conglomerados sociales, no introducen cambio alguno en las disposiciones legales que norman las cuestiones de personalidad, lo que indica que el legislador quiso conservar las bases procesales que las rigen. Amparo en revisión 2556/62. Zeferino Martínez y coagraviados. 27 de junio de 1963. Cinco votos. Ponente: Franco Carreño. 297 No. Registro: 265,683. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CV. Página: 13. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PRUEBAS QUE DEBEN RECABARSE DE OFICIO. Si en su informe justificado, una autoridad responsable en amparo agrario, señala que ha desarrollado la actividad considerada como violatoria de garantías, en acatamiento de órdenes de sus superiores, y no acompaña ni siquiera copia de la comunicación respectiva, de oficio debe recabarse copia certificada de dicho documento. Amparo en revisión 6911/61. Comisariado Ejidal de la Comunidad Agraria de Tequila, Jalisco. 23 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 298 No. Registro: 264,926. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXXII. Página: 130. Genealogía: Apéndice 1917-1995, Primera Parte, tesis 382, página 279. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, Y DILIGENCIACION DE PRUEBAS DE OFICIO (REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO). Los Jueces de Distrito están obligados a suplir la deficiencia de la queja, e inclusive a recabar de oficio la prueba pericial, si ésta es pertinente para precisar la verdadera situación del poblado agrario quejoso, así como para determinar la existencia de los actos reclamados en la demanda de garantías, u otros que, aun cuando no señalados, llegaren a comprobarse en vista de las pruebas y datos obtenidos, y que pudieran ser manifiestamente violatorios de los derechos agrarios del núcleo reclamante, ya que así lo determinan los artículos 76 y 78 de la Ley de Amparo. Cuando el Juez no obra en tales términos a pesar de ser indispensable el desahogo de la prueba pericial para la determinación de la existencia de actos que pudieran causar agravio al poblado quejoso, procede, de conformidad con la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se mande diligenciar de oficio la prueba pericial y, cumpliendo con lo dispuesto en los preceptos legales antes invocados y en los demás relativos de la ley de la materia, se dicte nueva sentencia en los términos que correspondan. Volumen CV, página 13. Amparo en revisión 6911/61. Comisariado Ejidal de la Comunidad Agraria de Tequila, Jalisco. 23 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen CVI, página 13. Amparo en revisión 6026/63. Samuel García Aguilar y coagraviados. 14 de abril de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen CXXVI, página. 13. Amparo en revisión 5195/64. Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Agrícola "La Nueva Era", Municipio de Playa Vicente, Veracruz. 11 de marzo de 1965. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen CXXVI, página 13. Amparo en revisión 4832/65. Comuneros de "San Pedro Tututepec", Juquila, Oaxaca. 7 de septiembre de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen CXXVII, página 16. Amparo en revisión 7825/64. Comunidad Indígena de Nonoava, en el Estado de Chihuahua. 5 de enero de 1968. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 299 No. Registro: 265,011. Tesis aislada. Materia(s): Común, Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXXIII. Página: 43. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.

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Por otra parte, esta Segunda Sala primero considero que la suplencia de la queja permitía que el juez de Distrito tuviera por señalada a la autoridad ordenadora aunque los ejidatarios no la señalaran;300 aunque después señaló que:

Cuando el amparo se endereza contra una de las autoridades responsables, no se puede, conforme a las disposiciones del juicio de garantías, decidir sobre los actos de otra, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a decidir una controversia sobre la responsabilidad constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocer las razones que le sirvieron de apoyo.301

También, esta sala consideró que la suplencia de la queja se aplicaba a decretos anteriores a las reformas constitucionales;302 y que:

DIFERIMIENTO DE OFICIO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Los Jueces de Distrito están obligados a suplir la deficiencia de la queja, e inclusive a diferir de oficio la audiencia constitucional y a requerir a las autoridades para que expidan copias certificadas a los quejosos, máxime cuando, de conformidad con el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en estos amparos se tomarán en cuenta, además de las pruebas que aporte el quejoso, las que de oficio recabe la autoridad judicial. Amparo en revisión 8132/67. Comunidad Agraria de Zapotlanejo, Municipio de Juanacatlán, Jalisco. 4 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen CV, página 12. Amparo en revisión 6336/64. Martina Domínguez Montero. 11 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 300 No. Registro: 265,681. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CV. Página: 12. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. AUTORIDADES ORDENADORAS NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Si al promover juicio de garantías, un grupo de ejidatarios no señala como responsable a la autoridad ordenadora, supliendo oficiosamente la deficiencia de la queja debe solicitarse el informe justificado a dicha autoridad, teniéndosele como responsable. Amparo en revisión 8114/64. Benito Beltrán Jaime y Coagraviados. 28 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 301 No. Registro: 265,051. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXXII. Página: 18. AUTORIDADES EJECUTORAS, AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE LAS. SOLO DEBEN EXAMINARSE LOS VICIOS DE LA EJECUCION. Cuando el amparo se endereza contra una de las autoridades responsables, no se puede, conforme a las disposiciones del juicio de garantías, decidir sobre los actos de otra, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a decidir una controversia sobre la responsabilidad constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocer las razones que le sirvieron de apoyo. Por tanto, solicitada la protección federal contra la autoridad ejecutora, únicamente puede ocuparse el juzgador de los vicios propios de la ejecución. Amparo en revisión 377/68. Margarita Muñoz de García y coagraviados. 20 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Quinta Epoca: Tomo L, página 75. Amparo administrativo en revisión 5209/36. Jaime A. Ramírez S. 3 de octubre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alonso Aznar M. 302 No. Registro: 265,419. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXVII. Página: 50. AGRARIO. EJIDATARIOS. AGRAVIOS FORMULADOS POR ELLOS. DEBE SUPLIRSE SU DEFICIENCIA. De acuerdo con lo establecido por el artículo segundo transitorio del decreto de 3 de enero de 1963, publicado el 4 de febrero del mismo año y que entró en vigor al día siguiente, procede, al examinar los agravios que se formulan contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito, suplir la deficiencia de la queja, no obstante que se reclame una resolución presidencial dictada y publicada con anterioridad a esa fecha, y que la sentencia recurrida también se haya pronunciado anteriormente. Amparo en revisión 6266/62. Teresa G. de Hernández y coagraviados. 15 de marzo de 1967. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

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Hay suplencia de la queja cuando, faltando en la demanda alguno de los elementos requeridos por el artículo 116, el Juez de Distrito lo suple al dictar sentencia (…) [y que] la actividad intelectual del Juez para obtener una cabal inteligencia del contenido de hecho y de derecho de una demanda no es una suplencia, y sólo se interpreta y entiende lo que existe, pues sólo se suple cuando hay falta u omisión.303

Tampoco era suplencia de la queja que el Juez de Distrito aplique un artículo que “la quejosa invocó el número del mismo precepto, sin embargo, omitió indicar la ley a que pertenecía”.304 Esta Segunda Sala determinó que la negativa de las autoridades ordenadoras, no podía desvirtuarse por la afirmativa de las autoridades ejecutoras, ya que de estas últimas se les “reclamo la ejecución de los acuerdos de las autoridades ordenadoras. Lo contrario, induciría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo”.305

303 No. Registro: 267,097. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LVI. Página: 89. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. Hay suplencia de la queja cuando, faltando en la demanda alguno de los elementos requeridos por el artículo 116, el Juez de Distrito lo suple al dictar sentencia, en el supuesto de que, como es debido, no hubiera mandado aclarar la demanda como lo dispone el artículo 146 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la actividad intelectual del Juez para obtener una cabal inteligencia del contenido de hecho y de derecho de una demanda no es una suplencia, y sólo se interpreta y entiende lo que existe, pues sólo se suple cuando hay falta u omisión. Amparo en revisión 3312/60. "Hielería Juárez", S. A. 1o. de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 304 No. Registro: 265,220. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXVII. Página: 46. QUEJA, NO SE CONSIDERA SUPLIDA EN EL CASO DE PROBLEMA RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DE UNA LEY DETERMINADA, CUANDO SIN INDICAR LA LEY A QUE PERTENECE UN PRECEPTO SE INVOCA UNICAMENTE CON EL NUMERO. Si se esgrime que la invocación de un artículo de una ley determinada, constituye una suplencia indebida de la queja por el Juez de Distrito, a causa de que aunque en los conceptos de violación la quejosa invocó el número del mismo precepto, sin embargo omitió indicar la ley a que pertenecía, la verdad es que no hay tal suplencia, porque de la invocación del número del precepto, cuando se trata de un problema relacionado precisamente con la aplicación de la ley relativa por la autoridad responsable, ello es suficiente para inferir, sin suplencia, la ley a que pertenece el precepto, no obstante que la quejosa no hubiera precisado la denominación del repetido ordenamiento en los conceptos de violación. Amparo en revisión 5516/67. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 22 de enero de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Tesis relacionada con la jurisprudencia número 110/85, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, Materia Común, página 171, tesis de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". 305 No. Registro: 266,546. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXXII. Página: 10. AUTORIDADES ORDENADORAS, PRUEBA DE SUS ACTOS. Si las autoridades ordenadoras niegan los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario, la existencia de estos actos no se acredita por la confesión de una de las autoridades ejecutoras en el sentido de que emitió ciertos actos de acuerdo con sus propias facultades, sin que tales actos se le hubieran reclamado expresamente, toda vez de que a dicha autoridad ejecutora se le reclamo "la ejecución de los acuerdos

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Con relación a los agravios, la Segunda Sala, los desechó si reproducían los conceptos de violación, por no reunir “los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para el efecto”;306 y si variaban la litis “los mismos resultan por tanto inoperantes por notoriamente incongruentes”.307 Los agravios fueron ineficaces para esta sala: 1. Si no precisaban “cuales son los argumentos que nos se tomaron en cuenta”.308 2. Si “no se propone algún agravio de derecho, que sea la consecuencia de una violación legal cometida en el fallo impugnado, y que son los únicos que se pueden examinar y resolver en la revisión”.309 3. Si no combatían todos los fundamentos esenciales de la resolución.310

de las autoridades ordenadoras". Lo contrario, induciría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 1258/63. Alfredo A. Carrasco y coagraviados. 5 de junio de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 306 No. Registro: 818,264. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen XVIII. Página: 9. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino producir, casi en términos textuales los conceptos de violación que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable, si no se expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para el efecto y deben desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiese recurrido. Revisión 4668/58. Cervecería Cuauhtémoc, S. A. y coagraviados. 5 de diciembre de 1958. Mayoría de tres votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 307 No. Registro: 267,065. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LVI. Página: 31. AMPAROS EN REVISIÓN, VARIACION DE LA LITIS EN LOS. Si se varía la litis planteada al combatir una situación jurídica que no fue la que motivó la negativa del amparo, la cual, sólo se apoya en que los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, unos son inconducentes y otro infundado, razonamiento que no se combate en los agravios, los mismos resultan por tanto inoperantes por notoriamente incongruentes, por lo que procede confirmar la sentencia recurrida que negó a la quejosa el amparo que solicitó. Amparo en revisión 5945/61. Sofía Garzón de Nieto. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 308 No. Registro: 267,261. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LII. Página: 49. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, DEBEN PUNTUALIZAR LOS ARGUMENTOS QUE AFIRMEN QUE NO ESTUDIO EL JUEZ DE DISTRITO. Es ineficaz un agravio para establecer la revocación de la sentencia recurrida, si se limita a afirmar que el Juez a quo no tuvo en consideración las argumentaciones hechas valer por la recurrente en su informe justificado, sin precisar cuales son los argumentos que no se tomaron en cuenta. Máxime si algunos de los razonamientos esgrimidos en el citado informe se refieren a conceptos de violación a los que ni siquiera atendió el inferior para orientar el sentido de su sentencia. Amparo en revisión 1955/61. Gonzalo Ortega Rubalcaba. 19 de octubre de 1961. Mayoría de tres votos Ponente: Felipe Tena Ramírez. 309 No. Registro: 267,061. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LVI. Página: 21. AGRAVIOS INEFICACES. Si una demanda de amparo carece de los requisitos necesarios para provocar el estudio integral del fallo que se combate, al omitir el señalamiento de las disposiciones legales que el recurrente estimase violadas por el juzgador y que ni siquiera pueden inferirse de los motivos de inconformidad que aquél expresa, es obvio que tampoco hay concepto propio de agravio o sea el razonamiento demostrativo de la infracción a un precepto legal que precisamente ni siquiera se cita; es decir, no se propone algún agravio de derecho, que sea la consecuencia de una violación legal cometida en el fallo impugnado, y que son los únicos que se pueden examinar y resolver en la revisión. Amparo en revisión 6686/61. Rafael García Velázquez. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 310 No. Registro: 802,642. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen V. Página: 17. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. La falta de impugnación de uno de los dos fundamentos del fallo, obliga a tener como ineficaz el único agravio que se hace valer, y por ello, debe confirmarse el otorgamiento del amparo.

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4. Si “no precisa cuales pruebas no fueron estudiadas”.311 5. Si se omitió “el señalamiento de las disposiciones legales que el recurrente estimase violadas por el juzgador”.312 Esta sala calificó de inoperantes: 1. “Los agravios de la autoridad recurrente, si no objetan la legalidad de la resolución”.313 2. Si reproducían los conceptos de violación.314 3. Si “la falta de acatamiento de la jurisprudencia puede ser reparada mediante el citado recurso de queja”.315 4. Si provenían “de parte que no pudo hacerlos valer”.316

Amparo en revisión 4881/55. Reyes Cruz Pérez. 27 de noviembre de 1957.Cinco votos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 311 No. Registro: 267,107. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LV. Página: 10. AGRAVIOS INEFICACES EN LA REVISIÓN FISCAL. Si en un caso la autoridad recurrente no precisa cuales pruebas no fueron estudiadas y por que éstas llevarían a la conclusión de que fue legal cierto acto, como no puede suplirse la deficiencia de la queja, debe considerarse firme al razonamiento correspondiente de la sentencia Revisión fiscal 459/60. Federico Carrasco Rasgado. 5 de enero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 312 No. Registro: 267,061. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LVI. Página: 21. AGRAVIOS INEFICACES. Si una demanda de amparo carece de los requisitos necesarios para provocar el estudio integral del fallo que se combate, al omitir el señalamiento de las disposiciones legales que el recurrente estimase violadas por el juzgador y que ni siquiera pueden inferirse de los motivos de inconformidad que aquél expresa, es obvio que tampoco hay concepto propio de agravio o sea el razonamiento demostrativo de la infracción a un precepto legal que precisamente ni siquiera se cita; es decir, no se propone algún agravio de derecho, que sea la consecuencia de una violación legal cometida en el fallo impugnado, y que son los únicos que se pueden examinar y resolver en la revisión. Amparo en revisión 6686/61. Rafael García Velázquez. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 313 No. Registro: 268,865. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen VI. Página: 119. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. Son inoperantes los agravios de la autoridad recurrente, si no objetan la legalidad de la resolución de la Sala sentenciadora del Tribunal Fiscal, sino que se concretan a repetir lo que se aseveró en la contestación de la demanda, razonamientos que ya tomó en cuenta dicha Sala y que se estudiaron en la sentencia que se revisa. Revisión fiscal 120/56. Sarayde Tomas Estrada. 12 de julio de 1957. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen: IV, página 243, tesis de rubro "REVISIÓN FISCAL. REQUISITOS PARA QUE PROSPERE.". Volumen V, página 195, tesis de rubro "REVISIÓN FISCAL. REQUISITOS PARA QUE PROSPERE.". 314 No. Registro: 818,264. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen XVIII. Página: 9. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino producir, casi en términos textuales los conceptos de violación que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable, si no se expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para el efecto y deben desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes el fallo que se hubiese recurrido. Revisión 4668/58. Cervecería Cuauhtémoc, S. A. y coagraviados. 5 de diciembre de 1958. Mayoría de tres votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez. 315 No. Registro: 267,355. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LI. Página: 65. MATERIA FISCAL. JURISPRUDENCIA. Si se estima que la Sala Sentenciadora del Tribunal Fiscal de la Federación no acató las jurisprudencias establecidas, este hecho admite el recurso de queja que establece el segundo párrafo del artículo 156 del Código Fiscal de la Federación; así que todo lo que se alega en los agravios resulta inoperante, en virtud de que la falta de acatamiento de la jurisprudencia puede ser reparada mediante el citado recurso de queja. Revisión fiscal 238/61. Trinidad Villarreal Rodríguez. 4 de septiembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 316 No. Registro: 818,329. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LVIII. Página: 19. AGRAVIOS INOPERANTES POR PROVENIR DE PARTES QUE NO PUEDEN HACERLOS VALER. Si a la autoridad recurrente no se le atribuyen violaciones autónomas, ni con independencia de la que consiste en haber aplicado una ley inconstitucional, y puesto que es escrito de revisión, reduciéndose a sostener que la norma legal impugnada es congruente con la Carta Magna, no aduce ninguna argumentación encaminada a demostrar que los actos que se reclaman deben estimarse en sí mismo legales, se concluye que tales agravios son inoperantes por provenir de parte que no pudo hacerlos valer.

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5. Si los argumentos no se incluyeron en el informe justificado.317 Para esta sala los agravios incongruentes resultaron insuficientes;318 y los improcedentes también fueron ineficaces;319 también hubo agravios justificados, pero insuficientes.320

Amparo en revisión 8582/61. Mariano Benito Araluce. 13 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 7797/61. Vélez Santiago. 6 de abril de 1962. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 8429/61. Paul Charles Finninger. 5 de abril de 1962. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volúmen LVII, página 10. Amparo en revisión 9266/61. Mario Koslowski Rosé. 26 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmen LVII, página 10. Amparo en revisión 8428/61. George Bach y Ritz. 26 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmen LVII, página 10. Amparo en revisión 7399/61. Roberto Chávez Mc. Nab. 26 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmen LVII, página 10. Amparo en revisión 4002/61. Alberto Franco Touriel. 7 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volúmen LVI, página 21. Amparo en revisión 3931/61. Mario Hidalgo Brenes. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen LVI, página 21. Amparo en revisión 3602/61. William Pluviose Damas. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen LVI, página 21. Amparo en revisión 3458/61. Dante Alegheri Cotton F. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 35, página 23, bajo el rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN POR PROVENIR DE PARTE QUE NO PUEDE HACERLOS VALER.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LVIII, página 19, se señala que el Volumen LVII, página 21, corresponde a un precedente de esta tesis; sin embargo el reenvío es incorrecto, por lo que se corrige como se observa en este registro. 317 No. Registro: 265,049. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen CXXXII. Página: 16. AGRAVIOS INOPERANTES. ARGUMENTOS NO INCLUIDOS EN EL INFORME JUSTIFICADO. No pueden estimarse como agravios de la autoridad responsable elementos nuevos que no expuso en su informe justificado, al no haberse sometido éstos al conocimiento del Juez de Distrito, para tomarlos en consideración al emitir el fallo. Amparo en revisión 469/68. Leonilo Salgado. 19 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. 318 No. Registro: 266,975. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tercera Parte, LVIII. Página: 20. AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. Si los agravios expresados son incongruentes porque no atacan los fundamentos del fallo impugnado, por su insuficiencia, en realidad se está en presencia de una falta de agravios en el punto controvertido; por lo que si en este caso, la Corte estudia los fundamentos que adujo el Juez de Distrito, suple la deficiencia del recurrente, analizando una cuestión que no le fue propuesta, contrariamente al texto legal que regula el recurso de revisión, y al principio de que el amparo en materia civil y en la administrativa, es de estricto derecho. Amparo en revisión 6835/61. Tirso Ibarra Hernández. 6 de abril de 1962. Cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 319 No. Registro: 267,601. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen XLV. Página: 144. QUEJA, LITIS EN EL RECURSO DE. Al recurrirse a la queja contra una resolución que recaiga sobre una queja previa por defectos de ejecución, no pueden invocarse agravios que impliquen una cuestión ajena a la litis sobre la que versó la ejecutoria relativa, particularmente cuando tal cuestión signifique, en estricto derecho, una causal de improcedencia, apta para haberse invocado dentro del juicio de amparo, pero no dentro de la queja. En efecto, en el caso todo lo que aducen los recurrentes se traduce en que las quejosas no sufren ningún perjuicio en sus intereses jurídicos con la negativa a devolvérseles la diferencia de los impuestos de que se trata, ya que dichas quejosas no fueron las que directamente pagaron el impuesto sobre producción de aguas envasadas. Ahora bien, lo alegado por los recurrentes es tanto más infundado, cuanto que, en la ejecutoria respectiva dictada en dicho juicio, lejos de sobreseerse por carencia de interés jurídico de las quejosas, se les concedió a éstas el amparo respecto de la aplicación en su perjuicio de la Ley del Impuesto sobre Producción de Aguas Envasadas y como consecuencia, sobre el pago del propio impuesto establecido por dicha ley precisamente a cargo de las mismas quejosas. Por otra parte, al tramitarse la revisión de la sentencia del Juez de Distrito, las autoridades sostuvieron que existía equidad en el cobro del impuesto relativo a cargo de las quejosas, ya que dicho gravamen se repartía por igual entre todos los fabricantes de aguas envasadas, y en cambio ahora, desconociendo aquel argumento, relativo a la equidad del tributo, plantean una cuestión completamente distinta, cual es la relativa a que los productores de aguas envasadas no son los que cubrieron directamente el impuesto, sino que este repercutió entre los consumidores de aquellos productos, sosteniendo que por esta circunstancia no procede la devolución de la diferencia de impuestos. En consecuencia, como la pretensión de los recurrentes, al querer que en un recurso de queja se examinen cuestiones ajenas a la litis tratada en el juicio de amparo que lo motivó, es inadecuada e inoportuna, por las razones que se han expresado, resulta que los agravios aducidos por los propios recurrentes son improcedentes e ineficaces. Queja 102/58. Secretario de Hacienda y Crédito Público y coagraviado. 6 de marzo de 1961. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 320 No. Registro: 267,258. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LII. Página: 45. AGRAVIO JUSTIFICADO, PERO INSUFICIENTE. Si un agravio es justificado en cuanto asevera que resulta indebida la aplicación que el inferior hizo de un artículo de una ley porque tal artículo fue derogado por otro de una nueva ley, dicho agravio es, sin embargo, insuficiente para conducir a la revocación de la sentencia recurrida, cuando el sentido de dicha sentencia no descansa en la indicada aplicación, y ésta es realizada sólo como una razón adicional para justificar la concesión del amparo. Es decir, aun invalidando la consideración relativa al mencionado artículo que hizo el Juez a quo, quedan en pie las demás consideraciones por él expresadas, que bastan para sustentar la sentencia. Amparo en revisión 1955/61. Gonzalo Ortega Rubalcaba. 19 de octubre de 1961. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, definió los conceptos de violación de la siguiente manera:

El concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no haya ley aplicable al caso.321

Por eso, consideró inexistentes los conceptos de violación:

Si la quejosa se concreta a decir simplemente en su demanda de amparo, que la responsable aplicó incorrectamente los artículos legales que el actor citó en sus agravios, desesti321 No. Registro: 818,095. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen CXXXII. Página: 222. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismo son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determina disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no haya ley aplicable al caso. Volumen CVII, página 12. Amparo directo 7168/64. Clefira Gutiérrez Hernández. 9 de mayo de 1966. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela. Volumen CXII, página 68. Amparo directo 8604/64. Alberto García y coagraviados. 24 de octubre de 1966. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: mariano Azuela. Volumen CXXV, página 20. Amparo directo 486/67. Guadalupe Barrientos de Koestinger. 24 de noviembre de 1967. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Mariano Azuela. Volumen CXXV, página 20. Amparo directo 5509/66. Juan S. Isaia, sucesión. 30 de noviembre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela. Volumen CXXXII, página 35 Amparo directo 6211/67. María Luisa García Bernal. 26 de junio de 1968. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Mariano Azuela. Nota: Esta tesis también aparece en Sexta Epoca, Volumen CXXXVIII, Cuarta Parte, página 57 (con diferentes precedentes).

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mando los argumentos de la sentencia apelada, bien razonada y fundada en sentir de la quejosa, y por esto estima que el fallo de alzada es incorrecto, infundado y no motivado y que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento; estas afirmaciones, tan imprecisas y exentas de razonamientos.322

Con la anterior definición de los conceptos de violación, la Tercera Sala consideró que los conceptos de violación eran inoperantes si no atacaban los fundamentos del fallo reclamado;323 fundados (si se tenía razón en la violación formal), pero inoperantes (si se carecía de razón en el fondo del asunto);324 e improcedente

322 No. Registro: 818,118. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen LVIII. Página: 115. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEXISTENTES. Si la quejosa se concreta a decir simplemente en su demanda de amparo, que la responsable aplicó incorrectamente los artículos legales que el actor citó en sus agravios, desestimando los argumentos de la sentencia apelada, bien razonada y fundada en sentir de la quejosa, y por esto estima que el fallo de alzada es incorrecto, infundado y no motivado y que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento; estas afirmaciones, tan imprecisas y exentas de razonamientos que explicarían por qué conceptúa que se aplicaron mal las disposiciones legales tenidas en cuenta por la responsable para fallar el juicio, y por qué también los argumentos de la sentencia apelada eran los correctos y debieron haber sido compartidos por la responsable, no pueden considerarse que constituyan la expresión de agravios requeridos por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo; y puesto que en el caso no existen conceptos de violación, y se trata de un amparo de naturaleza civil, de estricto derecho, la Suprema Corte no puede analizar la sentencia combatida, y esta imposibilidad de hacerlo determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VII de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74 fracción III de la misma ley, tendrá que sobreseerse. Amparo directo 3262/61. Martha Jiménez Pérez. 9 de abril de 1962. Cinco votos. Ponente: José López Lira. 323 No. Registro: 818,091. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen CXIII. Página: 21. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, toda vez que no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, si en el caso de que se trate el acto reclamado no se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que hubieren habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiere juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable. Amparo directo 5867/65. Antonio Mixtega Cagal. 28 de noviembre de 1966. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada. Amparo directo 4245/65. Villaescusa Oscar. 28 de noviembre de 1966. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen LXIV, página 26. Amparo directo 8826/61. Maximino Salgado Rivero. 22 de octubre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen LXIV, página 26. Amparo directo 4100/61. Ramón Rivera Vázquez. 1 de octubre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 324 No. Registro: 271,511. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen XXXIII. Página: 112. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre el estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. Amparo directo 4489/59. Marciano Lucero Gordillo. 3 de marzo de 1960. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen XXIV, página 120. Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez viuda de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen II, página 58. Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

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“si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación”.325 En cuanto a la suplencia de la queja, esta sala consideró que sólo era procedente:

Cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Alto Tribunal: cuando se trata de una queja en materia penal o de la parte obrera en materia de trabajo; cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, o cuando tratándose de dicha materia penal, se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.326

325 No. Registro: 269,346. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen CXXIX. Página: 33. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO. Los conceptos de violación son improcedentes, si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación, y sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable. Tratándose de una violación cometida en la primera instancia, que fue consentida puesto que no se reclamó en la apelación, por vía de agravio, el concepto de violación que se endereza contra la misma resulta improcedente. Amparo directo 1573/67. Miguel Tomassini Salcedo. 8 de marzo de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen CXXVII, página 15. Amparo directo 5052/66. Teófilo González Hernández. 12 de enero de 1968. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen CXXIV, página 45. Amparo directo 7377/65. Trinidad Nuñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen CXXII, página 51. Amparo directo 6507/63. Emilio Rueda, sucesión. 31 de agosto de 1967. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen CXXI, página 35. Amparo directo 8167/64. Crédito Bursátil, S. A. y Salvador Teuffer. 12 de julio de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Quinta Epoca: Tomo CXXVI, página 545. Amparo directo 4034/53. Celestino Peña Amador y coags. 24 de noviembre de 1955. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Gabriel García Rojas. Ponente: Gilberto Valenzuela. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 606, tesis de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO.". 326 No. Registro: 270,633. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen LXIV. Página: 25. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBEN REFERIRSE A LA TOTALIDAD DE LOS ARGUMENTOS LEGALES EN QUE SE APOYA LA SENTENCIA RECLAMADA. Si con los conceptos de violación no se refieren a la totalidad de los razonamientos legales en que se apoya la sentencia constitutiva del acto reclamado, el amparo debe negarse por carecer la Suprema Corte de facultades legales para decidir acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los argumentos no impugnados, puesto que de hacerlo equivaldría a que supliera una deficiencia de la queja no autorizada por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que únicamente lo permite cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Alto Tribunal: cuando se trata de una queja en materia penal o de la parte obrera en materia de trabajo; cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, o cuando tratándose de dicha materia penal, se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y en ninguno de cuyos supuestos se encuentra colocada aquélla. Amparo directo 8826/61. Maximino Salgado Rivero. 22 de octubre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Sexta Epoca, Cuarta Parte:Volumen LXII, página 87. Amparo directo 6612/58. Luis Castillo Hernández. 27 de agosto de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Volumen XXXIII, página 101. Amparo directo 1710/59. Manuel Corro y Arenas y coagraviado. 28 de marzo de 1960. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

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De la misma manera, esta sala consideró que: “Cuando el quejoso no combate un fundamento básico de la sentencia reclamada, como no es legalmente posible suplir la deficiencia de la queja (…) la sentencia reclamada debe quedar intangible y subsistir en sus términos y, consecuentemente, negarse el amparo de la justicia federal.327 Lo anterior porque:

Los conceptos de violación no son fundados cuando en ellos no se concreta propiamente una violación, respecto de algún precepto de la ley, como sucede si el quejoso dice en su demanda que se infringen determinados artículos del Código de Procedimientos Civiles, porque no obstante que se probaron los elementos constitutivos de la acción intentada, la sentencia reclamada resolvió lo contrario, valorando ilegalmente las pruebas para favorecer al demandado, pero no dice porque se violaron dichas disposiciones legales, ni cuales fueron las pruebas mal estimadas; y si además, el concepto está formulado en una forma tan general, que no puede obligar a la Suprema Corte de Justicia a examinar todo el proceso, y a estudiar cada uno de los elementos de la acción deducida y de las excepciones opuestas, cuando el agraviado no precisa ni se refiere a ellas en particular, con la pretensión de que el Máximo Tribunal haga una revisión ‘res integra’ del negocio, lo que no puede hacer, sin suplir la deficiencia de la queja,

No. Registro: 271,349. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Administrativa. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen XXXVII. Página: 50. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN COMBATIR TODOS LOS ELEMENTOS BASICOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando el quejoso no combate un fundamento básico de la sentencia reclamada, como no es legalmente posible suplir la deficiencia de la queja, porque así lo dispone el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal para la materia civil, y los artículos 79 y 190 de la Ley de Amparo imponen no cambiar los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y dictar sentencia, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella, ni comprender más cuestiones, que las propuestas por el quejoso, resulta que la sentencia reclamada debe quedar intangible y subsistir en sus términos y, consecuentemente, negarse el amparo de la justicia federal. Amparo directo 4670/59. Manuel Vidal León, Sucesión de. 28 de julio de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

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que terminantemente prohíbe el artículo 79 de la Ley de Amparo.328

Por esos motivos, también “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, carece de facultades para revisar oficiosamente el alcance de las pruebas aportadas en primera instancia, ya que ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, para lo cual no está autorizada”.329 Por su parte la Cuarta Sala considero que:

A partir de la Constitución de 1917, ha manifestado claramente su intención de proteger, en cuantas formas sea posible, los derechos de los obreros, por lo que de exigirse que las demandas de amparo presentadas por éstos, fueron siempre claras y precisas, se contravendría la voluntad del legislador, [¿o la voluntad del Constituyente?] ya que se pondría a la clase proletaria en la imposibilidad de defender sus derechos; de donde hay que concluir que es bastante para que pueda entrarse a estudio del fondo de un amparo, en materia de trabajo, que en la demanda se exprese cuál es la

328 No. Registro: 269,534. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen CXXII. Página: 52. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación no son fundados cuando en ellos no se concreta propiamente una violación, respecto de algún precepto de la ley, como sucede si el quejoso dice en su demanda que se infringen determinados artículos del Código de Procedimientos Civiles, porque no obstante que se probaron los elementos constitutivos de la acción intentada, la sentencia reclamada resolvió lo contrario, valorando ilegalmente las pruebas para favorecer al demandado, pero no dice porque se violaron dichas disposiciones legales, ni cuales fueron las pruebas mal estimadas; y si además, el concepto esta formulado en una forma tan general, que no puede obligar a la Suprema Corte de Justicia a examinar todo el proceso, y a estudiar cada uno de los elementos de la acción deducida y de las excepciones opuestas, cuando el agraviado no precisa ni se refiere a ellas en particular, con la pretensión de que el Máximo Tribunal haga una revisión "res integra" del negocio, lo que no puede hacer, sin suplir la deficiencia de la queja, que terminantemente prohibe el artículo 79 de la Ley de Amparo. Amparo directo 5669/66. Elvira Zamudio viuda de Pérez. 25 de agosto de 1967. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Epoca, Cuarta Parte:Volumen LVI, página 26. Amparo directo 5364/59. Hilario Paredes León. 1 de febrero de 1962. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 329 No. Registro: 269,484. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen CXXIV. Página: 55. PRUEBAS. ESTUDIO OFICIOSO IMPROCEDENTE, POR LA SUPREMA CORTE, DE LAS APORTADAS EN PRIMERA INSTANCIA. Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, carece de facultades para revisar oficiosamente el alcance de las pruebas aportadas en primera instancia, ya que ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, para lo cual no está autorizada. Amparo directo 1728/66. Norma Aboumrad de Hajj y Gladys Patricia Aboumrad Ayub. 26 de octubre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

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garantía constitucional que se estima violada y cuál es el hecho con que se conceptúa cometida violación.330

Sin embargo, dicha sala diferenció la suplencia de la falta al decir que: “una cosa es suplir la deficiencia de un concepto de violación y otra muy distinta formular o inventar un concepto de violación, en ausencia del mismo”.331 Después consideró que:

La suplencia de la queja presupone en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción II constitucional y 76, de la Ley de Amparo, no sólo la existencia de conceptos de violación que, por defectuosos, se aparten de los requisitos técnicos impuestos por los ordenamientos legales relativos, sino también una ausencia de conceptos en la demanda de amparo, frente a violaciones manifiestas de la ley, que hayan dejado sin defensa a la parte obrera quejosa.332

No. Registro: 382,903. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XLIV. Página: 245. TRABAJO, AMPARO EN MATERIA DE. Es inconcuso que para la procedencia del juicio de garantías en materia de trabajo, es requisito indispensable que en la demanda se expresen los conceptos por los que el quejoso estima que se han violado en su perjuicio, las garantías constitucionales, ya que, de otro modo, no habría base para la controversia jurídico constitucional; pues si el juzgador supusiere esos conceptos de violación, aparecería, no resolviendo la queja sino supliéndola, lo que sólo es lícito en amparos de carácter penal; pero de lo anteriormente dicho, no puede deducirse que el concepto de violación se plantee en determinada forma, en determinada parte de la demanda y con palabras o frases rituales, que hagan más o menos claro ese mismo concepto, ya que de aceptarse tal restricción, se atacaría en su esencia el recurso de amparo, que fue instituido fundamentalmente para proteger a individuo contra los atentados de las autoridades. Por otra parte, tratándose de amparos interpuestos por trabajadores, debe tenerse muy en cuenta, en primer lugar, que los mismos, por lo limitado de sus recursos, no se encuentran económicamente capacitados para presentar demandas perfectas, y en segundo, que el legislador, a partir de la Constitución de 1917, ha manifestado claramente su intención de proteger, en cuantas formas sea posible, los derechos de los obreros, por lo que de exigirse que las demandas de amparo presentadas por éstos, fueron siempre claras y precisas, se contrataría la voluntad del legislador, ya que se pondría a la clase proletaria en la imposibilidad de defender sus derechos; de donde hay que concluir que es bastante para que pueda entrarse a estudio del fondo de un amparo, en materia de trabajo, que en la demanda se exprese cuál es la garantía constitucional que se estima violada y cuál es el hecho con que se conceptúa cometida violación. Amparo en revisión en materia de trabajo 3147/33. Flores Josefina. 3 de abril de 1935. Unanimidad de cinco votos. Relato: Xavier Icaza. 331 No. Registro: 368,506. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Común. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIX. Página: 2844. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los artículos 107, fracción II, Constitucional y 76 de la Ley de Amparo, facultan a la Suprema Corte de Justicia para suplir la deficiencia de la queja, tratándose de amparo en materia de trabajo, cuando el quejoso es la parte obrera; pero una cosa es suplir la deficiencia de un concepto de violación y otra muy distinta formular o inventar un concepto de violación, en ausencia del mismo. Amparo directo en materia de trabajo 3462/51. Montalvo Arnulfo G. 28 de septiembre de 1951. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 332 No. Registro: 368,241. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXI. Página: 971. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE TRABAJO. La suplencia de la queja presupone en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción II constitucional y 76, de la Ley de Amparo, no sólo la existencia de conceptos de violación que, por defectuosos, se aparten de los requisitos técnicos impuestos por los ordenamientos legales relativos, sino también una ausencia de conceptos en la demanda de amparo, frente a violaciones manifiestas de la ley, que hayan dejado sin defensa a la parte obrera quejosa. Amparo directo en materia de trabajo 5421/51. Pruneda Miguel. 8 de febrero de 1952. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agapito Pozo. 330

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Además, esta sala considero que:

No puede suplir la deficiencia de la queja, si no se trata de una violación notoria de la ley que haya dejado al trabajador sin defensa, y por otra parte, tratándose de un conflicto suscitado entre un trabajador y otros constituidos en cooperativa, no puede decirse que uno y otros gocen del privilegio [los privilegios están prohibidos en México] que establece el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal de la República.333

Igual circunstancia ocurrió con los sindicatos donde:

No podrá suplirse en materia de trabajo la deficiencia de la queja, si no se dan los supuestos de los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 76, párrafo final, de la Ley de Amparo en vigor; esto es, si no se está frente a una relación obrero patronal, que es condición indispensable para que haya ‘parte obrera’ sino que las partes son dos sindicatos, que por razón de igualdad procesal

No. Registro: 368,269. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXI. Página: 1740. SUPLENCIA DE LA QUEJA, NO PROCEDE PARA LOS TRABAJADORES COOPERATIVISTAS. La Suprema Corte no puede suplir la deficiencia de la queja, si no se trata de una violación notoria de la ley que haya dejado al trabajador sin defensa, y por otra parte, tratándose de un conflicto suscitado entre un trabajador y otros constituidos en cooperativa, no puede decirse que uno y otros gocen del privilegio que establece el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal de la República. Amparo directo en materia de trabajo 3441/46. L. Rendón Antonio. 12 de marzo de 1952. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Luis Díaz Infante.

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no pueden considerarse comprendidos en aquellos preceptos, no puede operar la suplencia de la queja.334

Como consecuencia de lo anterior consideró que:

Si la parte patronal sostiene que la Junta no analizó ni estimó las pruebas aportadas por ella, para demostrar que los servicios de una trabajadora fueron de carácter accidental, en los términos del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, pero no indica cuáles fueron esas pruebas, ni porqué con ellas se acreditó ese hecho impide a esta Suprema Corte constatar la existencia de la supuesta violación, en virtud de que no habiendo sido la empresa quejosa parte obrera en el conflicto, no puede suplir la deficiencia de la queja y debe examinar los conceptos de violación como son propuestos, sin cambiarlos ni ampliarlos, según lo ordena el artículo 79 de la Ley de Amparo.335

También la Cuarta Sala estableció que: “el amparo directo en materia laboral, cuando no es el trabajador el que promueve, es de estricto derecho, por lo que no puede suplirse la deficiencia de 334 No. Registro: 366,492. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVIII. Página: 629. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO LAS PARTES SON DOS SINDICATOS.No podrá suplirse en materia de trabajo la deficiencia de la queja, si no se dan los supuestos de los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 76, párrafo final, de la Ley de Amparo en vigor; esto es, si no se está frente a una relación obrero patronal, que es condición indispensable para que haya "parte obrera" sino que las partes son dos sindicatos, que por razón de igualdad procesal no pueden considerarse comprendidos en aquellos preceptos, no puede operar la suplencia de la queja. Amparo directo 530/56. Sindicato de Cordeleros de Yucatán y de la Liga de Trabajadores en Artefactos de Henequén. 20 de junio de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 335 No. Registro: 368,093. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXII. Página: 75. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE TRABAJO, INOPERANCIA DE LA. Si la parte patronal sostiene que la Junta no analizó ni estimó las pruebas aportadas por ella, para demostrar que los servicios de una trabajadora fueron de carácter accidental, en los términos del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, pero no indica cuáles fueron esas pruebas, ni porqué con ellas se acreditó ese hecho impide a esta Suprema Corte constatar la existencia de la supuesta violación, en virtud de que no habiendo sido la empresa quejosa parte obrera en el conflicto, no puede suplir la deficiencia de la queja y debe examinar los conceptos de violación como son propuestos, sin cambiarlos ni ampliarlos, según lo ordena el artículo 79 de la Ley de Amparo.

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la queja”.336 En consecuencia, “si el trabajador no combate debidamente en su demanda de garantías las violaciones que implica el laudo que reclama, procede suplir la deficiencia de la queja”.337 Sin embargo, esa suplencia no facultaba:

A las Juntas para suplir las deficiencias o subsanar los errores en que hayan incurrido las partes, ni siquiera a pretexto del carácter tutelar que en favor de los trabajadores se ha reconocido en las leyes laborales, porque en todo caso la protección de dichos trabajadores está en la ley y no en la actividad de los tribunales encargados de aplicarla, que deban respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso.338

Amparo directo en materia de trabajo 5065/51. Cabral María Guadalupe. 2 de abril de 1952. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 336 No. Registro: 275,681. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen XXXVI. Página: 96. QUEJA, NO DEBE SUPLIRSE CUANDO EL QUEJOSO ES EL PATRÓN. El amparo directo en materia laboral, cuando no es el trabajador el que promueve, es de estricto derecho, por lo que no puede suplirse la deficiencia de la queja; si el quejoso no menciona en su demanda el precepto que haya sido violado, ni tampoco expresa los motivos de esa violación por indebida interpretación, inexacta aplicación o falta absoluta de acatamiento del citado precepto, no existe propiamente concepto de violación. En tales condiciones, esta Suprema Corte de Justicia se ve imposibilitada para examinar la supuesta violación de garantías por no haberse expresado concepto de violación alguno y, por lo mismo al ser omisa la demanda de amparo en cuanto al requisito exigido en la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 de la citada ley y debe sobreseerse conforme a la fracción III del artículo siguiente de la misma. Amparo directo 1035/59. Casa Manrique, S. A. de C. V. 22 de junio de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela. 337 No. Registro: 802,719. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen II. Página: 67. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si el trabajador no combate debidamente en su demanda de garantías las violaciones que implica el laudo que reclama, procede suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo estatuido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76, párrafo final, de la Ley de Amparo. Amparo directo 5212/56. Luis Aréchiga C. 15 de agosto de 1957. Cinco votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. 338 No. Registro: 277,627. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen VIII. Página: 160. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Ninguna disposición legal faculta a las Juntas para suplir las deficiencias o subsanar los errores en que hayan incurrido las partes, ni siquiera a pretexto del carácter tutelar que en favor de los trabajadores se ha reconocido en las leyes laborales, porque en todo caso la protección de dichos trabajadores está en la ley y no en la actividad de los tribunales encargados de aplicarla, que deban respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso; por lo que si el actor ejercitó erróneamente una acción distinta de la que debió intentar, a nadie más que a él perjudica su error y la Junta no pudo enmendarlo y menos aún puede hacerlo la Suprema Corte, que está facultada legalmente para suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo, pero no para alterar los términos en que se hayan planteado los conflictos ante las autoridades responsables. Amparo directo 5219/54. Jesús Poveda. 19 de febrero de 1958. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Gilberto Valenzuela. Ponente: Arturo Martínez Adame.

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Para esta sala si en el laudo reclamado no existía “una manifiesta violación de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso, carece de materia la suplencia de la queja”.339 Tampoco podía suplirse la queja si el actuario practicó:

Una inspección en forma defectuosa no ciñéndose a lo ordenado en autos, violación que si no es reclamada en la demanda de amparo por el quejoso, no puede la Suprema Corte oficiosamente tomarla en consideración, dado que el error no puede imputarse a la responsable, la que sólo podía valorar las constancias existentes en autos.340

Esta sala consideró inoperantes los conceptos de violación 1. “Contra lo que haya dicho el demandado al contestar la demanda”.341 2. “Si la quejosa se refiere en ellos a defensas que no hizo valer ante la junta responsable”.342

No. Registro: 277,200. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen XV. Página: 181. No. Registro: 277,200. SUPLENCIA DE LA QUEJA, CARENCIA DE MATERIA PARA LA. Si no se encuentra en el laudo reclamado una manifiesta violación de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso, carece de materia la suplencia de la queja, en los términos del artículo 76, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Amparo directo 5846/57. Jorge Zúñiga Méndez. 22 de septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Angel González de la Vega. 340 No. Registro: 277,063. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen XVII. Página: 178. QUEJA, IMPOSIBILIDAD DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA. Implica una violación en la secuela del procedimiento, el hecho de que el actuario practique una inspección en forma defectuosa no ciñéndose a lo ordenado en autos, violación que si no es reclamada en la demanda de amparo por el quejoso, no puede la Suprema Corte oficiosamente tomarla en consideración, dado que el error no puede imputarse a la responsable, la que sólo podía valorar las constancias existentes en autos. Amparo directo 4495/57. Jesús Domínguez Ramírez. 26 de noviembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Angel González de la Vega. 341 No. Registro: 277,594. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen VIII. Página: 70. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación no operan contra lo que haya dicho el demandado al contestar la demanda, sino contra lo que exprese el laudo en sus consideraciones y puntos resolutivos, por lo que si los expresados por el quejoso no atacan el laudo, su inoperancia es manifiesta. Amparo directo 2387/57. Rubén Gómez Prado. 14 de febrero de 1958. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. 342 No. Registro: 276,619. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen XXII. Página: 10. ACTO RECLAMADO, APRECIACION DEL. Los conceptos de violación deducidos en el amparo son inoperantes, si la quejosa se refiere en ellos a defensas que no hizo valer ante la Junta responsable, ampliando de esta manera los términos en que la lite quedó planteada, e introduciendo elementos que, por no haberse aducido oportunamente, dicha responsable no pudo tener en consideración en el laudo, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de 339

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3. “Si se plantearon en ellos cuestiones referentes a hechos que no fueron materia de la controversia laboral”.343 Además, para esta sala era necesario que existieran los conceptos de violación, para poder suplir la deficiencia de la queja.344

Amparo, en las sentencias que se dicten en el juicio de garantías el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece aprobado ante la autoridad responsable. Amparo directo 3532/58. Estela G. de Moreno. 29 de abril de 1959. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 343 No. Registro: 275,816. Tesis aislada. Materia(s): Común. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen XXXIII. Página: 15. AMPARO. CUESTIONES QUE NO FUERON MATERIA DE LA CONTROVERSIA. Los conceptos de violación deducidos son inoperantes si se plantearon en ellos cuestiones referentes a hechos que no fueron materia de la controversia laboral, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías el acto reclamado se apreciará tal como parezca probado ante la autoridad responsable. Amparo directo 1397/55. Cruz Chacón y coagraviado. 9 de marzo de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. 344 No. Registro: 273,971. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Volumen LXXX. Página: 13. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE SUPLIR LA QUEJA CUANDO NO EXISTEN. Si el quejoso, parte obrera en el juicio de trabajo, omite en la demanda de amparo expresar conceptos de violación en relación con lo resuelto por una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el laudo mismo, ello hace que no se encuentren satisfechos los requisitos exigidos por las fracciones VI y VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, estándose en consecuencia, frente a un juicio constitucional notoriamente improcedente, supuesto que en estas condiciones se carece de base para juzgar si dicho laudo es o no violatorio de garantías individuales, sin que pueda al respecto tener aplicación lo dispuesto por la fracción II, párrafo tercero, del artículo 107 constitucional, porque no se trataría de una simple suplencia de queja, sino creación de todo un concepto de violación. Amparo directo 6544/63. José Oviedo Vázquez. 12 de febrero de 1964. Cinco votos. Ponente: Agapito Pozo. Amparo directo 3222/63. Luz Martínez de Huitrón. 12 de febrero de 1964. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agapito Pozo. Amparo directo 3171/63. José Guadalupe Vargas Vargas. 12 de febrero de 1964. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agapito Pozo.

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DEL FUNDAMENTO AL ARGUMENTO (SÉPTIMA ÉPOCA) En la Quinta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación varió el objeto de estudio del juicio de amparo de los actos de autoridad que violaran garantías individuales al análisis de las violaciones que el pueblo hiciera valer contra los actos de autoridad. Posteriormente, el Constituyente Permanente encubrió este cambio de objeto reformando la Constitución Federal, aumentando las facultades de los tribunales en lo que atañe a la “suplencia de la queja”, pero no para dispensar recursos, sino para suplir los conceptos de violación, es decir, las violaciones a derechos humanos que planteaban los particulares. Además, obligó al Poder Judicial de la Federación a realizar la suplencia de los conceptos de violación, no de la queja, a favor de los ejidatarios y comuneros. La Séptima Época abarca el periodo del 1º. de enero de 1969 al 14 de enero de 1988. En este periodo el principio de estricto derecho sufre una reforma. El 20 de marzo de 1974, se adiciona otro párrafo al artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: “Artículo 107.- (…) “Fracción II.- (…) “Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, de

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acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución.”345 A pesar de que la intención del Constituyente permanente con esta reforma es ampliar la suplencia de los conceptos de violación, pues establece que ésta también procede a favor de menores e incapaces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuó aplicando el estricto derecho en las demás materias. Incluso es en esta época, el 12 de marzo de1970, cuando el Pleno elabora la definición de estricto derecho, con los elementos que actualmente tiene. Primero: Este principio impone a los tribunales una manera de actuar. Segundo: La conducta de los tribunales que defiende las garantías individuales de la población consiste en que en los fallos (no sentencias) deben analizar exclusivamente los conceptos de violación expuestos en la demanda. Tercero: Los juzgadores que tienen encomendada la alta tarea de vigilar que las autoridades no violen las garantías individuales consagradas en la Constitución, carecen de facultades para apreciar la inconstitucionalidad del acto reclamado (no la violación de garantías individuales). Cuarto: Los juzgadores sólo deben examinar las violaciones que planteen los quejosos en sus demandas de garantías. En este momento, queda completamente determinado que el Poder Judicial de la Federación no defiende al pueblo de los actos de autoridad que violen garantías individuales, sino que única-

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Op. Cit. Pagina 579.

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mente analiza los conceptos de violación o los agravios que expongan los quejosos en contra de la autoridad a fin de demostrar la inconstitucionalidad. Con esta actitud de los tribunales federales, el juicio de amparo pierde su función, pues sólo protege a la población que tiene la capacidad intelectual para exponer conceptos de violación o agravios que demuestren que la autoridad está infringiendo garantías individuales. Además, en esta época el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un nuevo giro al estricto derecho. Hasta este momento se exigió que los quejosos demostraran que el acto de autoridad violaba sus garantías individuales. Ahora, se impondrán nuevos requisitos en los amparos en revisión al quejoso. Explico: el particular que siente que un acto de autoridad viola sus garantías individuales debe acudir ante un juez de distrito a solicitar amparo, exponiendo conceptos de violación que demuestren que el acto de la autoridad no está apegado a derecho. En caso de que el juez de distrito considere que sus conceptos de violación no son suficientes, el particular debe interponer el recurso de revisión donde está obligado a “atacar en sus agravios todos los argumentos [ya no fundamentos] a través de los cuales el juzgador manifestó que la propia quejosa no demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados”.346 Lo que implica que ya no se trata de demostrar la ilegalidad de la sentencia, sino de

346 No. Registro: 233,305. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 50 Primera Parte. Página: 13. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. La recurrente en la revisión debe atacar en sus agravios todos los argumentos a través de los cuales el juzgador manifestó que la propia quejosa no demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados, o por lo menos referirse a ellos en la forma que lo estime conveniente; pero si solamente se refiere a alguno o algunos de dichos argumentos, ignorando los demás, como en materia administrativa impera el principio de estricto derecho, debe negarse el amparo. Amparo en revisión 7597/67. María de la Luz Ballastra de Ramírez. 15 de febrero de 1973. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Séptima Epoca, Primera Parte: Volumen 40, página 13. Amparo en revisión 8501/67. Moisés Lew. 25 de abril de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Abel Huitrón. Volumen 38, página 13. Amparo en revisión 10764/66. María Bendre viuda de Pérez y coagraviados. 29 de febrero de 1972. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen 16, página 14. Amparo en revisión 134/68. María A. Piedrola y coagraviados. 7 de abril de 1970. Mayoría de trece votos. Disidentes: Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Abel Huitrón y Aguado y Jorge Iñárritu. Ponente: Ernesto Solís López.

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atacar los argumentos del juzgador, en caso contrario los agravios son inoperantes.347

argumento. (de lat. argumentum) m. Razonamientos que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. 2. Asunto o materia de que se trata en una obra. 3. Sumario que, para dar breve noticia del asunto de la obra literaria o cada una de las partes en que está dividida, suele ponerse al principio de ellas. 4. p. us. Indicio o señal. a contrariis. Lóg. El que parte de la oposición entre dos hechos para concluir del uno lo contrario de lo que ya se sabe del otro. ad hóminem. Lóg. El que se funda en las opiniones o actos de la misma persona a quién se dirige, para combatirla o tratar de convencerla. a pari. Lóg. El fundado en razones de semejanza y de igualdad entre el hecho propuesto y el que de él se concluye. Aquiles. Raciocinio que se tiene por decisivo para demostrar justificadamente una tesis. a símili Lóg. argumento a pari. cornuto. Lóg. dilema. disyuntivo. Lóg. El que tiene por mayor una proposición disyuntiva, como cuando se dice: El vicio debe ser castigado en esta vida o en la otra; es así que no siempre es castigado en esta, luego ha de ser castigado en la otra. negativo. Lóg. El que se toma del silencio de aquellos sujetos de autoridad que, siendo natural que supiesen o hablasen de una cosa, por se concernientes a la materia que tratan, la omiten. ontológico. Fil. El emplea347 No. Registro: 233,454. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 40 Primera Parte. Página: 13. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Si la recurrente, en los agravios, no aborda todas las consideraciones hechas por el juzgador, sino sólo alguna de ellas, aquéllos son inoperantes para conceder el amparo. Amparo en revisión 8501/67. Moisés Lew. 25 de abril de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Abel Huitrón. Séptima Epoca, Primera Parte: Volumen 38, página 13. Amparo en revisión 10764/66. María Bendre viuda de Pérez y coagraviados. 29 de febrero de 1972. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.

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do por San Anselmo para demostrar a priori la existencia de Dios, partiendo de la idea que tenemos del Ser perfectísimo. apretar el argumento. fr. Lóg. Reforzando para dificultar más su solución. desatar el argumento. fr. Lóg. Darle solución.348

En este momento, las personas no están litigando contra la autoridad responsable que violó sus derechos humanos, sino que el litigio se transforma entre el particular y el juez de distrito, por eso “La expresión de agravios es la base de la controversia en la revisión”. El ciudadano está obligado a controvertir todos los argumentos del juez, a pesar de que a éste la Constitución lo obliga a dictar sentencias fundadas y motivadas, no argumentadas.349 Es muy diferente fundar y motivar a argumentar.

fundar. (Del lat. fundāre). 1. tr. Edificar materialmente una ciudad, un colegio, un hospital, etc. 2. tr. Estribar, apoyar, armar alguna cosa material sobre otra. U. t. c. prnl. 3. tr. Erigir, instituir un mayorazgo, una universidad o una obra pía,

Volumen 16, página 14. Amparo en revisión 134/68. María A. Piedrola y coagraviados. 7 de abril de 1970. Mayoría de trece votos. Disidentes: Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, Abel Huitrón y Aguado y Jorge Iñárritu. Ponente: Ernesto Solís López. 348 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21ª Edición. Madrid 1992. Tomo I. ISBN 84-239-9201-2. Pág. 187. 349 No. Registro: 232,564. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 133-138 Primera Parte. Página: 22. AGRAVIOS EN REVISIÓN QUE REPRODUCEN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en la revisión, la recurrente únicamente se concreta a reproducir en parte los conceptos de violación hechos valer en la demanda pero no controvierte en forma alguna los motivos fundamentales ni las consideraciones sustanciales que tuvo en cuenta el Juez para sobreseer y negar el amparo, en esa virtud, no existen agravios que impugnen la legalidad de la sentencia. Y como la expresión de agravios es la base de la controversia en la revisión, ante la inexistencia de éstos que contuvieran razonamientos susceptibles de poner de manifiesto la lesión o perjuicio que recibió la quejosa en sus derechos o intereses con motivo de la sentencia recurrida, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia se encuentra imposibilitado para analizar oficiosamente derechos que no están en tela de juicio, en virtud de que en el caso opera el principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 1995/78. Catalina Kasuko Nakagaki Aoki. 18 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 127-132, página 54. Amparo en revisión 1963/76. Eliseo Martínez Díaz y coagraviados. 28 de agosto de 1979. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XCII, página 37. Amparo en revisión 2717/55. José Guadalupe Alatorre y coagraviados. 23 de febrero de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XCIII, página 9. Amparo en revisión 3091/54. Jesús Herrera Marmolejo. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte, tesis 30 y 31, páginas 52 y 53, bajo los rubros "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN." y "AGRAVIOS, EXPRESION DE.". Nota: En el Volumen XCII, página 37, la tesis aparece bajo el rubro "REGLAMENTO DEL CAPITULO DE EXPLOTACION DE CAMINOS DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL.". En el Volumen XCIII, página 9, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN.".

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dándoles rentas y estatutos para que subsistan y se conserven. 4. tr. Establecer, crear. Fundar un imperio, una asociación. 5. tr. Apoyar algo con motivos y razones eficaces o con discursos. Fundar una sentencia, un dictamen. U. t. c. prnl.

“motivar. 1. tr. Dar causa o motivo para algo. 2. tr. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. 3. tr. Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. U. t. c. prnl.”

“argumentar. (Del lat. argumentāre). 1. tr. p. us. argüir (sacar en claro). 2. tr. p. us. argüir (descubrir, probar). 3. intr. Aducir, alegar, poner argumentos. U. t. c. tr. y menos c. prnl. 4. intr. Disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. U. t. c. prnl.”350 Fundar y motivar implica que la sentencia se apoye en la ley, explicando las razones que se tuvieron para emitirla. En cambio, argumentar es impugnar o discutir una opinión ajena. En una sentencia deben existir fundamentos y motivos, no argumentos. Con esta interpretación el juez de distrito encargado de defender al pueblo contra los actos de la autoridad que vulneraran sus derechos, se transforma en una autoridad más, contra la que las personas deben litigar a fin de que sus garantías individuales sean respetadas. Tan es así, que el propio Pleno determinó que si el recurrente:

350

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2001. Vigésima segunda edición. ISBN 84-239-6813-8.

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No precisa ni expone argumento [el litigante o particular debe controvertir] que esté en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte de la sentencia, [el juez de distrito debe fundar] así como, si no hace la concordancia necesaria entre éstos y los dispositivos legales que estima infringidos, [requisitos establecidos para los conceptos de violación] es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el Juez de Distrito para resolver [motivos] en el sentido en que lo hizo, siguen en pie [sin importar si están apegados a derecho o no].351

La justificación que dio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para actuar de esta manera no está basada en la Constitución, sino en la ley:

A este máximo organismo judicial de la nación le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones de los Jueces de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por la

351 No. Registro: 232,141. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 205-216 Primera Parte. Página: 151. Genealogía: Informe 1977, Primera Parte, Pleno, tesis 13, página 277. Séptima Epoca, Primera Parte, Volumenes 199-204, página 29. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común al Pleno y las Salas, tesis 252, página 430. AGRAVIOS, EXPRESION DE. Si en los agravios que hace valer el recurrente, ninguna objeción formula contra el considerando que rige el punto resolutivo del fallo en revisión, aun cuando cite ese considerando y señale el artículo del ordenamiento legal reclamado, al que se refiere el mismo, si no precisa ni expone argumento que esté en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte de la sentencia, así como, si no hace la concordancia necesaria entre éstos y los dispositivos legales que estima infringidos, es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el Juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo, siguen en pie, y por lo mismo, continúan rigiendo el punto decisorio respectivo; máxime si se toma en cuenta, por una parte, que en los amparos de naturaleza civil son de estricto derecho y no puede suplirse la deficiencia de la queja y, por la otra, que a este máximo organismo judicial de la nación le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones de los Jueces de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, que terminantemente ordena: "El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I. Examinarán únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida; ...". Consecuentemente, ante la ausencia de agravios, procede confirmar en este aspecto el fallo recurrido. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 97-102, página 40. Amparo en revisión 1964/76. Horacio Moreno Caballero. 28 de junio de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Efraín Polo Bernal. Volúmenes 157-162, página 13. Amparo en revisión 818/81. Tortilladoras Mecánicas, S.A. 13 de abril de 1982. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 181-186, página 18. Amparo en revisión 8279/81. Cementos Portland Nacional, S.A. de C.V. 12 de junio de 1984. Unanimidad de veinte votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Volúmenes 193-198, página 16. Amparo en revisión 1127/83. Banco Nacional de México, S.A. 6 de febrero de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 193-198, página 16. Amparo en revisión 7558/84. Alfonso de Garay Aguilar y otros. 21 de mayo de 1985. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, la referencia de la página 19 del amparo en revisión 8279/81 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este registro.

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fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, que terminantemente ordena: ‘El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I. Examinarán únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida; (...)352

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época determinó que no era aplicable el estricto derecho cuando se trataba de inejecución de sentencia. La suplencia de la queja en materia agraria fue aplicada para recabar pruebas de manera oficiosas y a solicitar a las autoridades responsables que precisaran el derecho en que se fundaron para emitir los actos reclamados, pero dicha suplencia no abarcó a las colonias agrarias. En materia laboral la suplencia de la queja no implicó que se tuviera por señalada a las autoridades que no fueron señaladas.

352 No. Registro: 232,141. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 205-216 Primera Parte. Página: 151. Genealogía: Informe 1977, Primera Parte, Pleno, tesis 13, página 277. Séptima Epoca, Primera Parte, Volumenes 199-204, página 29. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común al Pleno y las Salas, tesis 252, página 430. AGRAVIOS, EXPRESION DE. Si en los agravios que hace valer el recurrente, ninguna objeción formula contra el considerando que rige el punto resolutivo del fallo en revisión, aun cuando cite ese considerando y señale el artículo del ordenamiento legal reclamado, al que se refiere el mismo, si no precisa ni expone argumento que esté en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte de la sentencia, así como, si no hace la concordancia necesaria entre éstos y los dispositivos legales que estima infringidos, es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el Juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo, siguen en pie, y por lo mismo, continúan rigiendo el punto decisorio respectivo; máxime si se toma en cuenta, por una parte, que en los amparos de naturaleza civil son de estricto derecho y no puede suplirse la deficiencia de la queja y, por la otra, que a este máximo organismo judicial de la nación le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones de los Jueces de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, que terminantemente ordena: "El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I. Examinarán únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida; ...". Consecuentemente, ante la ausencia de agravios, procede confirmar en este aspecto el fallo recurrido. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 97-102, página 40. Amparo en revisión 1964/76. Horacio Moreno Caballero. 28 de junio de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Efraín Polo Bernal. Volúmenes 157-162, página 13. Amparo en revisión 818/81. Tortilladoras Mecánicas, S.A. 13 de abril de 1982. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 181-186, página 18. Amparo en revisión 8279/81. Cementos Portland Nacional, S.A. de C.V. 12 de junio de 1984. Unanimidad de veinte votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Volúmenes 193-198, página 16. Amparo en revisión 1127/83. Banco Nacional de México, S.A. 6 de febrero de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 193-198, página 16. Amparo en revisión 7558/84. Alfonso de Garay Aguilar y otros. 21 de mayo de 1985. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, la referencia de la página 19 del amparo en revisión 8279/81 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este registro.

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En cuanto a los menores, la suplencia de la queja abarcó a todos los amparos en que fueran parte sin importar la materia. Dicho Pleno Estableció los requisitos que debían reunir los conceptos de violación y en caso de no reunirlos el juicio de amparo era improcedente. En cuanto a la calificación de los agravios, el Pleno de esta época reiteró los criterios de que eran inoperantes e insuficientes y en una misma tesis se calificó al agravio de insuficiente e ineficaz.353 Las razones que dio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir el estricto derecho y para calificar los conceptos de violación y los agravios de la manera que dejé precisada, fueron las siguientes:

El amparo contra leyes impone una norma de conducta al órgano del Poder Judicial consistente en que, en los fallos que se dicten, sólo deben analizarse los conceptos de violación expuestos en la demanda, sin formularse consideraciones sobre actos que no se reclamen expresamente o que no se relacionen con los conceptos de violación. Es decir, por virtud del principio de estricto derecho, el juzgador no tiene

353 No. Registro: 232,531. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 139-144 Primera Parte. Página: 35. AGRAVIOS INSUFICIENTES POR NO IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA DEL JUEZ. El agravio es ineficaz para combatir el sobreseimiento cuando la recurrente no expone argumento alguno dirigido a combatir los fundamentos que para sobreseer tuvo en cuenta el Juez de Distrito, en lo que se refiere a los actos que se reclaman, pues se limita a expresar, de manera general, que la ley reclamada es inconstitucional por ser violatoria de sus garantías individuales; manifestaciones que, como puede apreciarse, no contienen impugnación razonada a los motivos de improcedencia en que el Juez Federal apoyó el sobreseimiento. Amparo en revisión 5372/78. Manuel Rivera Olivas. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 127-132, página 66. Amparo en revisión 3857/78. César Moo Javier. 17 de julio de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Volumen 69, página 13. Amparo en revisión 1766/58. Carlos Urquiza Septién y coagraviados. 3 de septiembre de 1974. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Nota: En los Volúmenes 127-132, página 66, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES.". En el Volumen 69, página 13, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.".

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libertad para apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado o del que debió ser acto reclamado, sino que está constreñido a examinar únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías. Ello equivale a que el juzgador no pueda colmar las deficiencias de la demanda, o las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados.354

En inejecuciones de sentencia, no se aplicó el principio de estricto derecho porque:

El cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, así como que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de estricto derecho, sino que, tratándose del incidente de inconformidad, si en contra de las consideraciones del Juez de

354 No. Registro: 233,819. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 15 Primera Parte. Página: 43. SUPLENCIA DE DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DE ERROR. El amparo contra leyes impone una norma de conducta al órgano del Poder Judicial consistente en que, en los fallos que se dicten, sólo deben analizarse los conceptos de violación expuestos en la demanda, sin formularse consideraciones sobre actos que no se reclamen expresamente o que no se relacionen con los conceptos de violación. Es decir, por virtud del principio de estricto derecho, el juzgador no tiene libertad para apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado o del que debió ser acto reclamado, sino que está constreñido a examinar únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías. Ello equivale a que el juzgador no pueda colmar las deficiencias de la demanda, o las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados. Ahora bien, la suplencia de la demanda deficiente es distinta a la suplencia del error, que sí procede aun en los amparos de estricto derecho, y que es a lo que se refiere el artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Esta suplencia del error puede darse cuando existe una equivocada cita o invocación de la garantía violada, tanto en su denominación, como en el precepto constitucional que la contenga, y sólo significa que el juzgador puede corregir el error respecto de dicha equivocada cita o invocación, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda. Sin embargo, el imperativo del artículo 79 no opera, no se extiende, a casos en que existe error en lo que debió ser el acto reclamado, pues entonces no hay error en la cita o invocación de la garantía violada, sino se cambiaría propiamente la litis del juicio constitucional para ampliarla a un nuevo acto que no fue reclamado. Consecuentemente, no tiene aplicación a este caso el artículo 79 de la Ley de Amparo. A.R. 3023/56. Tomás de Paz y coagraviados. 12 de marzo de 1970. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Carlos del Río.

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Distrito se expresan algunos agravios, la Suprema Corte debe analizarlos, incluso supliendo su deficiencia.355

El Pleno de esta época estableció que los conceptos debían: “contener las garantías constitucionales que se consideran violadas y los actos concretos de la autoridad que se estima infringen dichas garantías, debe contener los razonamientos tendientes a comprobar tal transgresión”.356 En caso de que no cumplieran con estos requisitos, la sanción era sobreseer, conforme a las siguientes consideraciones:

Las condiciones necesarias para que sean considerados como tales, faltando conceptos de violación y considerados éstos como esenciales en el juicio de garantías, por ser el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones, se debe concluir que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley citada.357

355 No. Registro: 232,168. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 199-204 Primera Parte. Página: 59. Genealogía: Informe 1985, Primera Parte, Pleno, tesis 33, página 401. INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. SI EXISTEN AGRAVIOS LA SUPREMA CORTE DEBE ANALIZARLOS, INCLUSO SUPLIENDO SU DEFICIENCIA. De acuerdo con lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Amparo, si el quejoso en un juicio de amparo en el que se le otorga protección constitucional, considera que las responsables no han cumplido con la sentencia, por haber incurrido en repetición del acto reclamado, puede acudir al Juez de Distrito a la autoridad que haya conocido del juicio o al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que se logre el cumplimiento. Si se determina que no existió el incumplimiento, procederá hacer valer inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación de la resolución referida, debiéndose inferir que si en ella se expusieron diversos razonamientos para concluir que no se dio la repetición del acto reclamado, en la inconformidad se deben expresar consideraciones para desvirtuarlos, por lo que si esto no ocurre en absoluto, debe considerarse infundado el incidente de inconformidad. Por otra parte, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, así como que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de estricto derecho, sino que, tratándose del incidente de inconformidad, si en contra de las consideraciones del Juez de Distrito se expresan algunos agravios, la Suprema Corte debe analizarlos, incluso supliendo su deficiencia. Incidente de inconformidad 1/72. María de Jesús Pureco de Gutiérrez. 20 de agosto de 1985. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 356 No. Registro: 233,491. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 38 Primera Parte. Página: 18. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN CONTENER LOS RAZONAMIENTOS TENDIENTES A COMPROBAR LA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 7, Primera Parte, página 20, tesis de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO.". 357 No. Registro: 818,386. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 18 Primera Parte. Página: 105. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si los quejosos no cumplieron con el artículo 116 de la Ley de Amparo, porque los conceptos de violación aducidos no reúnen las condiciones necesarias para que sean considerados como tales, faltando conceptos de violación y considerados éstos como esenciales en el juicio de garantías, por ser el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones, se debe concluir que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley citada.

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Lo anterior porque la obligación del juzgador federal para:

Suplir la deficiencia de la queja en los términos y casos que permite al artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 de la Ley de Amparo, y el negocio no se encuentra en alguna de las hipótesis que obliguen a suplir la queja deficiente, cuando se cita equivocadamente un artículo de la ley impugnada, en lugar de otro.358

Por tal motivo, a pesar de que el Juez de Distrito:

Contrariando las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, no recibió ni relacionó las probanzas ofrecidas y anunciadas oportunamente por la quejosa, como lo obligan los artículos 151 y 155 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, y la gestionante de la segunda instancia no sólo no compareció a aquella audiencia, sino que además en su escrito de revisión tampoco exSexta Epoca, Primera Parte: Volumen CXXI, página 28. Amparo en revisión 3496/56. José J. Martínez Lara. 11 de julio de 1967. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Séptima Epoca, Primera Parte: Volumen 7, página 20. Amparo en revisión 9229/67. Octavio Rivera Ceja. 1o. de julio de 1969. Mayoría de quince votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Volumen 10, página 21. Amparo en revisión 4077/69. Eulalio Cortés y coagraviados. 16 de octubre de 1969. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Volumen 12, página 25. Amparo en revisión 3496/56. José J. Martínez Lara. 11 de julio de 1967. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Volumen 17, página 17. Amparo en revisión 9193/67. Gustavo García Treviño. 7 de mayo de 1970. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Nota: Esta tesis también aparece en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 42, Primera Parte, página 51 (jurisprudencia con precedentes diferentes). 358 No. Registro: 233,723. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 23 Primera Parte. Página: 68. SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE CUANDO EL QUEJOSO CITA PRECEPTOS EQUIVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. El juzgador federal sólo tiene obligación de suplir la deficiencia de la queja en los términos y casos que permite al artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 de la Ley de Amparo, y el negocio no se encuentra en alguna de las hipótesis que obliguen a suplir la queja deficiente, cuando se cita equivocadamente un artículo de la ley impugnada, en lugar de otro. Además, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Amparo, el Juez no puede cambiar los hechos ni los conceptos de violación expresados en la demanda constitucional y referidos a preceptos no reclamados.

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presa agravio alguno sobre este particular, obviamente este Tribunal Pleno no puede ocuparse oficiosamente de una cuestión sobre la que no se plantea litis alguna, pues de hacerlo estaría supliendo la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, e infringiendo además el criterio jurisprudencial sustentado por este Supremo Tribunal en el sentido de que los agravios constituyen la base de la controversia en la revisión.359

La suplencia de la queja en materia agraria implicó que si los quejosos afirmaban que eran representantes de un núcleo de población:

El Juez de Distrito oficiosamente, y como lo dispone la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala, esté en la obligación de recabar, ante las autoridades correspondientes, los datos necesarios para determinar en forma legal la personalidad con que los quejosos promovieron el amparo, indepen-

Amparo en revisión 2368/57. Eduardo Hernández Elguézabal y otra. 5 de noviembre de 1970. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. 359 No. Registro: 233,224. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 56 Primera Parte. Página: 50. Genealogía: Informe 1973, Primera Parte, Pleno, página 406. PRUEBAS EN LA REVISIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO NO RECIBIO NI RELACIONO LAS OFRECIDAS Y ANUNCIADAS OPORTUNAMENTE POR LA RECURRENTE Y ESTA ULTIMA OMITE EXPRESAR AGRAVIO SOBRE EL PARTICULAR, EL TRIBUNAL PLENO NO PUEDE OCUPARSE OFICIOSAMENTE DE TAL CUESTIÓN. Si el Juez de Distrito, contrariando las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, no recibió ni relacionó las probanzas ofrecidas y anunciadas oportunamente por la quejosa, como lo obligan los artículos 151 y 155 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, y la gestionante de la segunda instancia no sólo no compareció a aquella audiencia, sino que además en su escrito de revisión tampoco expresa agravio alguno sobre este particular, obviamente este Tribunal Pleno no puede ocuparse oficiosamente de una cuestión sobre la que no se plantea litis alguna, pues de hacerlo estaría supliendo la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, e infringiendo además el criterio jurisprudencial sustentado por este Supremo Tribunal en el sentido de que los agravios constituyen la base de la controversia en la revisión; de modo que si no se hacen valer, se juzgaría oficiosamente sobre derechos que no están en tela de juicio, lo que está en abierta pugna con el sistema establecido de la revisión a instancia de parte. Como consecuencia lógica de lo anterior, tampoco pueden examinarse y tomarse en cuenta unas probanzas que, en primera instancia, no fueron rendidas por el interesado ni recibidas por el órgano jurisdiccional capacitado para tales menesteres, pues ello equivaldría a vulnerar el principio de igualdad entre los contendientes, ya que siendo en la audiencia de ley donde las partes deben rendir sus pruebas (artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo) y por supuesto tienen la ocasión de objetar las de la contraria, no cabe la menor duda de que, de recibirse, valorarse y tomar en cuenta los expresados medios de convicción en esta segunda instancia, amén de contrariar los principios rectores que informan al juicio de amparo en materia de probanzas, se dejaría a las demás partes en completo estado de indefensión al no darles oportunidad de externar sus puntos de vista en relación con unas pruebas que no fueron rendidas, recibidas ni relacionadas en su fase procesal oportuna. Amparo en revisión 2844/61. Clotilde Acevedo viuda de Flores. 14 de agosto de 1973. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO NO RECIBIO NI RELACIONO LAS OFRECIDAS Y ANUNCIADAS OPORTUNAMENTE POR LA RECURRENTE PERO ESTA ULTIMA OMITE EXPRESAR AGRAVIO SOBRE EL PARTICULAR, ESTE TRIBUNAL PLENO NO PUEDE OCUPARSE OFICIOSAMENTE DE TAL CUESTIÓN NI MUCHO MENOS RECIBIR VALORAR Y TOMAR EN CUENTA AQUELLOS MEDIOS DE CONVICCION.

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dientemente de que los mismos ni en la demanda ni en la audiencia constitucional hubieran aportado pruebas para ello.360

Lo anterior porque el juez tiene la obligación de recabar pruebas de manera oficiosa,361en dicha materia agraria, donde el juicio de amparo tomó como notas distintivas:

1a. Estatuyen un régimen procesal específico de amparo, para proteger y tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios (artículo 212). 2a. Consignan para el juzgador la obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto en la demanda, como en la revisión (artículo 227). 3a. Señalan qué personas están legitimadas para interponer la acción constitucional en nombre de un núcleo de población (artículo 213). 4a. Simplifican la forma de acreditar la personalidad (artícu-

360 No. Registro: 232,774. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 91-96 Primera Parte. Página: 11. AGRARIO. PERSONALIDAD EN EL AMPARO CUANDO LOS QUEJOSOS SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTES DE UN NUCLEO DE POBLACION. Basta la sola afirmación de los quejosos en el sentido de ostentarse como representantes de un núcleo de población para que el Juez de Distrito oficiosamente, y como lo dispone la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala, esté en la obligación de recabar, ante las autoridades correspondientes, los datos necesarios para determinar en forma legal la personalidad con que los quejosos promovieron el amparo, independientemente de que los mismos ni en la demanda ni en la audiencia constitucional hubieran aportado pruebas para ello, pues aunque en el fallo recurrido se sostenga que en el caso no opera la suplencia de la queja, por cuanto que no se trate de un amparo agrario si no de un amparo fiscal que es de estricto derecho, tal afirmación debe considerarse un tanto precipitada ya que no se entró a estudiar el fondo del negocio, ni se atendió a la naturaleza del acto reclamado. En tales condiciones, si el juzgador desde que se promovió la demanda advierte que los promoventes se ostentan como representantes de un núcleo de población, debe mandar prevenir a los mismos para que subsanen esa omisión en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. Pero si el a quo no procede en los términos señalados antes de admitir la demanda o durante la tramitación del juicio de garantías, incurre en violación de las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en materia agraria, porque el mencionado artículo 146 previene como regla general que en los casos en que existan irregularidades en el escrito de demanda, el Juez debe prevenir a los promoventes para que subsanen los requisitos omitidos, hagan las aclaraciones correspondientes o presenten las copias necesarias. Amparo en revisión 5884/70. Miguel Leal López y otros. 19 de octubre de 1976. Mayoría de once votos de los Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena, Rivera Silva, Téllez Cruces, Serrano Robles, Salmorán de Tamayo, Saracho Alvarez, Calleja García y Presidente Rebolledo. Disidentes: Antonio Rocha Cordero, Ramón Canedo Aldrete, Salvador Mondragón Guerra y Ernesto Aguilar Alvarez. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 361 No. Registro: 232,693. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 103-108 Primera Parte. Página: 31. AGRARIO. PRUEBAS DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el núcleo de población quejoso reclama una fracción de tierras que considera que integra el área que le fue dotada por resolución presidencial y entre las diversas pruebas allegadas al juicio fue omitida la pericial que, por su propia naturaleza, constituye la idónea para dilucidar la cuestión esencial planteada en la litis, el Juez de Distrito estuvo obligado a acordar su desahogo de oficio, supliendo la queja deficiente conforme a lo prevenido por los artículos 2o., párrafo tercero, 76, último párrafo, y 78, parte final, de la Ley de Amparo; y como su omisión es violatoria de las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo en materia agraria, procede, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la invocada ley, revocar la sentencia recurrida y decretar la reposición del procedimiento. Amparo en revisión 2400/59. Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Ixtapalapa, D.F. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de quince votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F.

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lo 214). 5a. Otorgan facultades al juzgador para allegarse las constancias que justifiquen dicha personalidad (artículo 215). 6a. Establecen la improcedencia del desistimiento, de la caducidad y del sobreseimiento por consentimiento (artículo 231). 7a. Instalan la posibilidad jurídica de continuar el trámite de un amparo promovido por un campesino, por aquel que tenga derecho de heredarlo (artículo 216). 8a. Amplían el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, actos que afecten a núcleos ejidales o comunales (artículo 217), lo que se traduce en la prohibición de sobreseer en el juicio con base en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73, cuando el amparo se haya interpuesto por dichos núcleos (artículos 22 y 73, fracción XII). 9a. Limitan el derecho de reclamar, en un término de 30 días, actos que causen perjuicios a ejidatarios o comuneros (artículo 218). 10a. Facultan a los Jueces de primera instancia para admitir la demanda de amparo y decretar la suspensión provisional, en los casos en que se reclamen actos que atenten o puedan tener como efecto privar de sus derechos a un núcleo de población (artículos 215 y 220). 11a. Instituyen la obligación del Juez de recabar, oficiosamente, las pruebas que se consideren convenientes y le dan amplias facultades para acordar las diligencias que se estimen pertinentes y para solicitar de las autoridades los elementos probatorios idóneos, lo que implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios, comuneros o núcleos de población por deficiencia de pruebas (artículo 225). 12a. Obligan a examinar los actos reclamados tal y como aparezcan probados aun cuando sean diferentes a los invocados en la demanda (artículo 225). 13a. Fijan un término de 10 días para interponer el recurso de revisión (artículo 228). 14a. Prohíben que se 145


tenga por no interpuesta la demanda o el recurso de revisión por falta de copias y, obligan a ordenar su expedición (artículos 221 y 229). 15a. Implantan el derecho de los núcleos de población para hacer valer su queja en cualquier tiempo (artículo 230). 16o. Instauran la obligación del Ministerio Público de vigilar que se cumplan las sentencias dictadas en favor de los núcleos ejidales o comunales (artículo 232). 17a. Exigen la procedencia de la suspensión de oficio cuando los actos reclamados entrañan la afectación de los bienes agrarios de núcleos de población, o bien, su sustracción del régimen jurídico ejidal (artículo 233). 18a. Ordenar la no exigencia de la garantía para que surta efectos la suspensión (artículo 234). 19a. Decretan la obligación del Juez de acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados (artículo 226). 20a. Determinan la obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados, no sólo de la manera más precisa que conduzca al conocimiento exacto de los hechos, sino también, acompañándolos de todos los elementos y constancias para precisar los derechos agrarios y los actos reclamados (artículo 224). 21a. Sujetan a término y a requisitos para rendir los informes justificados (artículos 222 y 223). 22a. Crean el régimen para evitar que los ejidatarios, comuneros y núcleos de población puedan quedar sin defensa (artículos 212, 213, 214 y 219).362

362 No. Registro: 232,688. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 103-108 Primera Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1977, Primera Parte, Pleno, tesis 8, página 271. Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, sexta tesis relacionada con la jurisprudencia 1, página 5. AGRARIO. AMPARO EN LA MATERIA. CARACTERISTICAS. Las características del juicio de amparo en materia agraria, distintas del juicio de amparo en general, que se contienen en el decreto de 28 de junio de 1976, publicado en el Diario Oficial el 29 del mismo mes y año, en vigor, a los 15 días de su publicación o sea el 14 de julio de 1976, que reformó y adicionó la Ley de Amparo, estructurando en el libro segundo el amparo en materia agraria, se pueden enunciar de la siguiente manera: 1a. Estatuyen un régimen procesal específico de amparo, para proteger y tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios (artículo 212). 2a. Consignan para el juzgador la obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto en la demanda, como en la revisión (artículo 227). 3a. Señalan qué personas están legitimadas para interponer la acción constitucional en nombre de un núcleo de población (artículo 213). 4a. Simplifican la forma de acreditar la personalidad (artículo 214). 5a. Otorgan facultades al juzgador para allegarse las constancias que justifiquen dicha personalidad (artículo 215). 6a. Establecen la improcedencia del desistimiento, de la caducidad y del sobreseimiento por consentimiento (artículo 231). 7a. Instalan la posibilidad jurídica de continuar el trámite de un amparo promovido

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Además, la suplencia de la queja en materia agraria obligó a los jueces de Distrito a solicitar de las autoridades responsables, que: “precisen el acto reclamado e invoquen los preceptos legales que lo justifiquen, que en el caso concreto omitieron y, en general, ordenar le proporcionen el mayor número de elementos que puedan contribuir para dictar una resolución justa”.363 Sin embargo, la suplencia de la queja no abarcó las colonias agrarias porque:

Los colonos tienen el carácter de pequeños propietarios de los lotes adjudicados; lotes que son susceptibles de transmitirse por enajenación o por cualquiera de las formas autori-

por un campesino, por aquel que tenga derecho de heredarlo (artículo 216). 8a. Amplían el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, actos que afecten a núcleos ejidales o comunales (artículo 217), lo que se traduce en la prohibición de sobreseer en el juicio con base en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73, cuando el amparo se haya interpuesto por dichos núcleos (artículos 22 y 73, fracción XII). 9a. Limitan el derecho de reclamar, en un término de 30 días, actos que causen perjuicios a ejidatarios o comuneros (artículo 218). 10a. Facultan a los Jueces de primera instancia para admitir la demanda de amparo y decretar la suspensión provisional, en los casos en que se reclamen actos que atenten o puedan tener como efecto privar de sus derechos a un núcleo de población (artículos 215 y 220). 11a. Instituyen la obligación del Juez de recabar, oficiosamente, las pruebas que se consideren convenientes y le dan amplias facultades para acordar las diligencias que se estimen pertinentes y para solicitar de las autoridades los elementos probatorios idóneos, lo que implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios, comuneros o núcleos de población por deficiencia de pruebas (artículo 225). 12a. Obligan a examinar los actos reclamados tal y como aparezcan probados aun cuando sean diferentes a los invocados en la demanda (artículo 225). 13a. Fijan un término de 10 días para interponer el recurso de revisión (artículo 228). 14a. Prohiben que se tenga por no interpuesta la demanda o el recurso de revisión por falta de copias y, obligan a ordenar su expedición (artículos 221 y 229). 15a. Implantan el derecho de los núcleos de población para hacer valer su queja en cualquier tiempo (artículo 230). 16o. Instauran la obligación del Ministerio Público de vigilar que se cumplan las sentencias dictadas en favor de los núcleos ejidales o comunales (artículo 232). 17a. Exigen la procedencia de la suspensión de oficio cuando los actos reclamados entrañan la afectación de los bienes agrarios de núcleos de población, o bien, su sustracción del régimen jurídico ejidal (artículo 233). 18a. Ordenar la no exigencia de la garantía para que surta efectos la suspensión (artículo 234). 19a. Decretan la obligación del Juez de acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados (artículo 226). 20a. Determinan la obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados, no sólo de la manera más precisa que conduzca al conocimiento exacto de los hechos, sino también, acompañándolos de todos los elementos y constancias para precisar los derechos agrarios y los actos reclamados (artículo 224). 21a. Sujetan a término y a requisitos para rendir los informes justificados (artículos 222 y 223). 22a. Crean el régimen para evitar que los ejidatarios, comuneros y núcleos de población puedan quedar sin defensa (artículos 212, 213, 214 y 219). Amparo en revisión 1043/67. Pablo Quiroga y coagraviados. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Humberto Román Palacios. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 97-102, página 37. Amparo en revisión 7795/67. Jesús Gaxiola y coagraviados. 13 de enero de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 43, Primera Parte, página 85, tesis de rubro "AGRARIO. MATERIA AGRARIA. CONNOTACION.". Nota: En los Volúmenes 97-102, página 37, la tesis aparece bajo el rubro "AGRARIO. CARACTERISTICAS DEL AMPARO.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AGRARIO. CARACTERISTICAS DEL AMPARO.". 363 No. Registro: 232,651. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 109-114 Primera Parte. Página: 28. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. De los artículos 225 al 227 de la Ley de Amparo, resulta evidente que al Juez de Distrito se le concedan amplias facultades para, de oficio, recabar pruebas para el mejor esclarecimiento de la procedencia o no, acerca de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, aun cuando fueren distintos de los indicados en la demanda, especialmente, en este último caso, si es en beneficio del núcleo de población. Resulta evidente que el a quo, haciendo uso de esas facultades, puede solicitar de las autoridades responsables, que precisen el acto reclamado e invoquen los preceptos legales que lo justifiquen, que en el caso concreto omitieron y, en general, ordenar le proporcionen el mayor número de elementos que puedan contribuir para dictar una resolución justa. Amparo en revisión 9476/67. Perfecto García y otro. 20 de junio de 1978. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 97-102, Primera Parte, página 37, tesis de rubro "AGRARIO. CARACTERISTICAS DEL AMPARO.".

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zadas por la autoridad agraria. En cambio, tratándose de la propiedad ejidal o comunal, dicha propiedad corresponde a los referidos núcleos, con las limitaciones que establece la Ley Agraria, y el usufructo parcelario o colectivo a los ejidatarios o comuneros; propiedad que tiene las características de ser inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible.364

En materia laboral la suplencia de la queja no implicó que se tuviera por señalada a “las autoridades que expidieron la ley tachada de inconstitucional”.365 Por otra parte, el Pleno consideró que:

La suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoría, sino No. Registro: 232,563. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 133-138 Primera Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1980, Primera Parte, Pleno, tesis 10, página 526. AGRARIO. COLONIAS AGRARIAS. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPAROS PROMOVIDOS POR ELLAS. La derogada Ley Federal de Colonización y el Reglamento de Colonias Agrícolas y Ganaderas estatuyen un régimen jurídico de propiedad distinto del que rige para los ejidos y comunidades agrarias. En efecto, en el sistema establecido para las colonias agrícolas, los colonos tienen el carácter de pequeños propietarios de los lotes adjudicados; lotes que son susceptibles de transmitirse por enajenación o por cualquiera de las formas autorizadas por la autoridad agraria. En cambio, tratándose de la propiedad ejidal o comunal, dicha propiedad corresponde a los referidos núcleos, con las limitaciones que establece la Ley Agraria, y el usufructo parcelario o colectivo a los ejidatarios o comuneros; propiedad que tiene las características de ser inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible. Derechos y limitaciones que se establecen en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria (artículos 130, 134 y 138 del Código Agrario anterior). En consecuencia, si el régimen de dichas colonias agrarias no participa de las características del que legalmente se consagra para los ejidos y comunidades agrarias, no procede suplir la deficiencia de la queja en favor de tales colonias. Amparo en revisión 4622/76. Colonia Agrícola "Adolfo Ruiz Cortines", Municipio de Tomatlán, Jalisco. 11 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: José Pérez Troncoso. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 14 y 50, páginas 31 y 105, bajo los rubros "COLONIZACION. ACTOS EMITIDOS EN APLICACIÓN DE LA LEY DE COLONIZACION DEROGADA. NO SON DE CARACTER AGRARIO. INCOMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA." y "MATERIA AGRARIA. SU CONNOTACION.". Nota: En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "COLONIAS AGRARIAS, NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPAROS PROMOVIDOS POR.". 365 No. Registro: 232,617. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Laboral. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 121-126 Primera Parte. Página: 127. LEYES, AMPARO CONTRA, EN MATERIA LABORAL. FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Resulta infundado el agravio que formule el quejoso, consistente en que por tratarse de materia laboral, debe suplirse la deficiencia de la queja consistente en la falta de señalamiento de las autoridades que expidieron la ley tachada de inconstitucional. Tanto el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 76, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, que repite el texto constitucional, señalan que: "podrá suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia", y "la de la parte obrera en materia del trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa..." Siendo estos los dos únicos casos de suplencia de la queja en material laboral, dado que la falta de señalamiento de las autoridades responsables implica una violación a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción III, y dicha deficiencia de la demanda no puede suplirse, por ser diversa a los casos previstos por la ley para que opere la suplencia de la queja. 364

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también para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen.366

En cuanto a la calificación de los agravios, el Pleno de esta época reiteró los criterios de que eran inoperantes si se limitaban “a hacer una mera reiteración de los conceptos de violación que se invocó en su demanda de garantías, si tales conceptos de violación ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito”;367 o si combatían los conceptos de violación.368

Amparo en revisión 3873/78. Gustavo Gordillo de Anda. 13 de marzo de 1979. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. 366 No. Registro: 232,469. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 157-162 Primera Parte. Página: 199. MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATANDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace suyo el criterio sustentado por la H. Segunda Sala de este Tribunal en el sentido de que la adición a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores e incapaces (decreto de 27 de febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año), según la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, tuvo como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendiéndose crear una institución cuya instrumentación jurídica adecuada haga posible la satisfacción de derechos mínimos (de los menores incapaces), necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso. Sin embargo, en la propia iniciativa presentada por el presidente de la República, se expresa que la referida adición a la Constitución Federal "tenderá a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada institución procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad". Tal intención de la iniciativa fue desarrollada ampliamente por el Congreso de la Unión al aprobar el decreto que la reglamentó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 1974, a través de la cual se adicionaron los artículos 76, 78, 79, 91 y 161 de la Ley de Amparo, y al aprobar también el decreto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio siguiente, que introdujo nuevas reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del día 15 de julio de 1976. En efecto, la adición al artículo 76 (cuarto párrafo), dispone que "deberá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos"; y la nueva fracción V del artículo 91 de la Ley de Amparo, establece que "tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores o incapaces (los tribunales que conozcan del recurso de revisión), examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 y en el tercero del artículo 78". Como se ve, ninguno de esos dos preceptos limita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de la familia, y sí, por el contrario, la segunda disposición transcrita remite expresamente al artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (también reformado por el segundo de los decretos que se mencionan), en el que se establece que "en los amparos en que se controviertan derechos de menores e incapaces, el tribunal que conozca del juicio podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes"; es decir, la suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoría, sino también para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera que sea su naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previó también la necesidad de que la autoridad que conozca del juicio recabe oficiosamente pruebas que los beneficien. Amparo en revisión 2933/80. Mario Alfredo Doniz Islas. 19 de enero de 1982. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 367 No. Registro: 232,508. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 145-150 Primera Parte. Página: 31. Genealogía: Informe 1981, Primera Parte, Pleno, tesis 3, página 565. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Cuando al formular los agravios el quejoso- recurrente se limite a hacer una mera reiteración de los conceptos de violación que invocó en su demanda de garantías, si tales conceptos de violación ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito y sin que por otra parte el recurrente exponga argumentación alguna dirigida a impugnar la legalidad de la sentencia del Juez Federal, mediante la demostración de violaciones específicas en que incurra la sentencia recurrida debe considerarse que los agravios así alegados en el recurso de revisión no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, y, en consecuencia, procede desechar los mencionados agravios por manifiestamente inoperantes y confirmar el fallo que se revisa. Amparo en revisión 2112/79. Alfredo Guillén Gallardo. 3 de febrero de 1981. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretaria: María Elena Ramírez Iñiguez de Castañón. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 127-132, página 54. Amparo en revisión 1963/76. Eliseo Martínez Díaz y coagraviados. 28 de agosto de 1979. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XCIII, página 9. Amparo en revisión 3091/54. Jesús Herrera Marmolejo. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 368 No. Registro: 232,205. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 193-198 Primera Parte. Página: 17. Genealogía: Informe 1985, Primera Parte, Pleno, tesis 14, página 387. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE LIMITAN A COMBATIR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si los agravios que se hacen valer en contra de una sentencia se limitan a combatir los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en la demanda deben considerarse inoperantes, puesto que, técnicamente, por naturaleza, lo que deben combatir son las consideraciones en las que se sustentó la sentencia recurrida.

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Calificó de insuficiente el agravio que no “expone argumentación alguna dirigida a impugnar la legalidad de la sentencia del Juez Federal, mediante la demostración de violaciones legales específicas en que incurra la sentencia recurrida”;369 aunque también en este caso, a los agravios los llamó inoperantes.370 Fueron ineficaces los agravios “cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas”.371 Resultaron inatendibles los expuestos por las autoridades ejecutoras “debido a la falta de legitimación”.372

Amparo en revisión 5332/82. José Adulo Vázquez. 29 de enero de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 369 No. Registro: 232,583. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 127-132 Primera Parte. Página: 66. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Si en el amparo en revisión no se expone argumentación alguna dirigida a impugnar la legalidad de la sentencia del Juez Federal, mediante la demostración de violaciones legales específicas en que incurra la sentencia recurrida, debe considerarse que los agravios alegados en el recurso de revisión no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto y, en consecuencia, procede desechar los agravios por manifiestamente inoperantes y confirmar el fallo que revisa. Amparo en revisión 3857/78. César Moo Javier. 17 de julio de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XCII, página 37. Amparo en revisión 2717/55. José Guadalupe Alatorre y coagraviados. 23 de febrero de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XCIII, páginas 9 y 26. Amparo en revisión 3091/54. Jesús Herrera Marmolejo. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Nota: En el Volumen XCII, página 37, la tesis aparece bajo el rubro "REGLAMENTO DEL CAPITULO DE EXPLOTACION DE CAMINOS DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL.". En el Volumen XCIII, páginas 9 y 26, la tesis aparece bajo los rubros "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN." y "COOPERACION, COBRO DE DERECHOS POR. GARANTÍA DE AUDIENCIA.". 370 No. Registro: 232,508. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 145-150 Primera Parte. Página: 31. Genealogía: Informe 1981, Primera Parte, Pleno, tesis 3, página 565. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Cuando al formular los agravios el quejoso- recurrente se limite a hacer una mera reiteración de los conceptos de violación que invocó en su demanda de garantías, si tales conceptos de violación ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito y sin que por otra parte el recurrente exponga argumentación alguna dirigida a impugnar la legalidad de la sentencia del Juez Federal, mediante la demostración de violaciones específicas en que incurra la sentencia recurrida debe considerarse que los agravios así alegados en el recurso de revisión no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, y, en consecuencia, procede desechar los mencionados agravios por manifiestamente inoperantes y confirmar el fallo que se revisa. Amparo en revisión 2112/79. Alfredo Guillén Gallardo. 3 de febrero de 1981. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretaria: María Elena Ramírez Iñiguez de Castañón. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 127-132, página 54. Amparo en revisión 1963/76. Eliseo Martínez Díaz y coagraviados. 28 de agosto de 1979. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XCIII, página 9. Amparo en revisión 3091/54. Jesús Herrera Marmolejo. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 371 No. Registro: 232,950. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72 Primera Parte. Página: 37. Genealogía: Informe 1973, Primera Parte, Pleno, página 267. Informe 1977, Primera Parte, Pleno 14, página 278. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 32, página 55. Apéndice 1917-1988, Segunda Parte, Pleno, tesis 104, página 175. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 28, página 18. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito. Séptima Epoca, Primera Parte: Volumen 38, página 13. Amparo en revisión 10764/66. María Bendre viuda de Pérez y coagraviados. 29 de febrero de 1972. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen 40, página 13. Amparo en revisión 8501/67. Moisés Lew. 25 de abril de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Abel Huitrón. Volumen 55, página 13. Amparo en revisión 6300/69. Ezequiel Albavera Giles. 10 de julio de 1973. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Volumen 69, página 13. Amparo en revisión 1766/58. Carlos Urquiza Septién y coagraviados. 3 de septiembre de 1974. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Volumen 70, página 13. Amparo en revisión 4384/71. Irma Lucrecia Becerra Juárez y coagraviados. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. 372 No. Registro: 232,923. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 75 Primera Parte. Página: 21. LEY, AMPARO CONTRA. LOS ACTOS DE APLICACIÓN DEJAN DE EXISTIR AL DECLARARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA, Y NO ES EL CASO DE HACER RESERVA DE JURISDICCION. Los agravios interpuestos por las autoridades ejecutoras, son inatendibles debido a la falta de legitimación de la autoridad responsable para recurrir la sentencia del Juez de Distrito en amparo contra leyes, atento a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden interponer recurso de revisión en este tipo de amparo, las autoridades expedidoras o promulgadoras, o quien las represente en los términos de la propia Ley de Amparo y debe quedar subsistente la concesión del amparo hecha por el Juez de Distrito, en relación con todos los actos y autoridades, sin que sea el caso de reservar jurisdicción a algún Tribunal Colegiado de Circuito, porque no obstante que se han expresado agravios que defienden la legalidad de los actos de aplicación, considerado que debe quedar firme la sentencia impugnada que otorgó la protección de la Justicia Federal integralmente a la quejosa, la sentencia del tribunal revisor de la legalidad de los actos de aplicación no tendría ninguna significación jurídica ante la inconstitucionalidad de la ley

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También en la misma tesis se calificó al agravio de insuficiente e ineficaz.373 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de los amparos en materia penal. En estos asuntos el objeto del juicio cambia a que la comprobación del cuerpo del delito, a la demostración de la responsabilidad y a la correcta individualización de la pena. En efecto, ya no se trata de analizar las violaciones de garantías que los quejosos plantean en su demanda, pues éstas, aunque fundadas son inoperantes, si de autos se acreditan los tres extremos expuestos, con independencia de los fundamentos y motivos que la autoridad haya tenido para tenerlos por demostrados. Por tanto, la comprobación de estos elementos por parte de la autoridad responsable resulta innecesaria, ya que el análisis se realiza con base en la acusación del ministerio público. Explico: en nuestro sistema penal mexicano la acusación de un delito corresponde al Ministerio Público, por lo que es responsabilidad de él y de nadie más, acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad, así como pedir la imposición de la pena. Conforme a las garantías individuales que otorga la Constitución, el pueblo de México tiene derecho a que una autoridad judicial (diferente del Ministerio Público) a través de un proceso donde deben que fundamenta los actos de aplicación, pues éstos dejan de existir, por la no aplicación de la ley impugnada, que es la consecuencia inmediata de la declaración de inconstitucionalidad de una ley cuando se hace en forma definitiva. Amparo en revisión 4896/50. Constance Parri. 11 de marzo de 1975. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 373 No. Registro: 232,531. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumenes 139-144 Primera Parte. Página: 35. AGRAVIOS INSUFICIENTES POR NO IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA DEL JUEZ. El agravio es ineficaz para combatir el sobreseimiento cuando la recurrente no expone argumento alguno dirigido a combatir los fundamentos que para sobreseer tuvo en cuenta el Juez de Distrito, en lo que se refiere a los actos que se reclaman, pues se limita a expresar, de manera general, que la ley reclamada es inconstitucional por ser violatoria de sus garantías individuales; manifestaciones que, como puede apreciarse, no contienen impugnación razonada a los motivos de improcedencia en que el Juez Federal apoyó el sobreseimiento. Amparo en revisión 5372/78. Manuel Rivera Olivas. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Séptima Epoca, Primera Parte: Volúmenes 127-132, página 66. Amparo en revisión 3857/78. César Moo Javier. 17 de julio de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Volumen 69, página 13. Amparo en revisión 1766/58. Carlos Urquiza Septién y coagraviados. 3 de septiembre de 1974. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Nota: En los Volúmenes 127-132, página 66, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES.". En el Volumen 69, página 13, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.".

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cumplirse formalidades a favor del acusado, compruebe con estricto apego a derecho (estricto derecho) si en el caso concreto sometido a su potestad hay pruebas suficientes (ofrecidas por el Ministerio Público) para demostrar: el cuerpo del delito y la responsabilidad, para hacer procedente la aplicación de una sanción. El juicio de amparo en origen debió estudiar si en el proceso penal se respetaron las garantías individuales del procesado; en caso contrario, debió amparar. Sin embargo, conforme a las jurisprudencias de la Quinta Época, el objeto del juicio de amparo fueron las violaciones que los quejosos (pueblo) hicieron valer en contra de la autoridad que llevó el proceso. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la Séptima Época que el estudio no eran las violaciones que hiciera valer el quejoso, ni si la autoridad judicial (autoridad responsable) respetó las garantías individuales de un procesado; sino si estaba acreditado el cuerpo del delito y la responsabilidad (que tocaba demostrar al Ministerio Público) para imponer una pena correcta, que conforme a las tesis de esta sala, resultaba innecesario fundarla y motivarla, o exponer las razones para imponerla, siempre y cuando fuera correcta. Por eso, esta sala consideró, entre otras cosas, que la prueba de minoridad de edad no podía hacerse valer en amparo,374 ni ofrecer el acta de matrimonio que hacía desaparecer el delito de rapto,375 pues “la suplencia queda a juicio de la autoridad sentenNo. Registro: 234,908. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 127-132 Segunda Parte. Página: 126. Genealogía: Informe 1979, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 22, página 14. PRUEBA SUPERVENIENTE INADMISIBLE EN AMPARO (MINORIA DE EDAD). Es inoperante el concepto de violación en el que el inculpado pide se analice como prueba superveniente su acta de nacimiento, cuya copia acompaña a la demanda de amparo, pues independientemente de su contenido, del que podría determinarse o no la minoría de edad, la Sala se encuentra impedida para el examen de ella, atento a lo que dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, en cuanto a que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivan o fueron objeto de la resolución reclamada. Lo que es suficiente para concluir que debe desecharse la prueba en cuestión, ya que al no haberse aportado ante la responsable, la situación jurídica alegada no puede imputarse a la misma. Amparo directo 6973/78. Manuel Ayala García. 2 de agosto de 1979. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Secretario: Edmundo Alfaro Martínez. Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro "PRUEBA SUPERVENIENTE EN AMPARO DIRECTO.". 375 No. Registro: 236,270. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 50 Segunda Parte. Página: 21. PRUEBAS, IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA EXHIBIRLAS. ACTA DE 374

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ciadora cuando ésta advierte que al recurrente se le causan perjuicios y éste no los hace valer en los agravios correspondientes, y ello no significa que forzosamente tenga que suplir la queja”,376 porque “es inexacto que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja, pues el artículo (…) previene que ‘(…) el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia (…)’, lo que significa que se trata de una facultad del juzgador y no de una obligación.”377 Estas tesis demuestran que la suplencia de la queja era una facultad potestativa del juzgador, incluso en materia penal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta época establece que la suplencia de la queja, no implica que se supla el recurso, pues si la apelación sólo fue interpuesta por el Ministerio Público, el quejoso no puede plantear en amparo “las cuestiones planteadas al fincamiento de la responsabilidad y tampoco las relativas a violaciones procesales, pues hacerlo sería tanto como suplir la falta del recurso de apelación y no la deficiencia de la queja, que sería jurídicamente incorrecto”.378

MATRIMONIO EN CASO DE RAPTO. Si el quejoso, condenado por los delitos de violación y rapto, manifestó que no se puede proceder criminalmente en su contra, en virtud de que ya contrajo matrimonio con la ofendida, circunstancia que efectivamente acreditó ante esta Suprema Corte de Justicia, con el acta de matrimonio respectiva aun cuando es verdad que tal documento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Amparo, no puede ser tomado en cuenta en la resolución del juicio de garantías, también no es menos cierto, que si el acusado había sido absuelto en primera instancia del delito de rapto y sólo condenado en la segunda, dada la imposibilidad jurídica del quejoso de haber exhibido dicha acta ante el ad quem, ya que no podía demostrar la inexistencia de un delito por el cual había sido absuelto en primera instancia, es aplicable, al respecto, la fracción XVII del artículo 160 reformado de la Ley de Amparo, no porque no se le haya recibido al repetido agraviado la prueba documental en cuestión, sino porque existió una imposibilidad jurídica para exhibirla, y por tal motivo, debe suplirse la deficiencia de la queja, en los términos del artículo 76 de la ley reglamentaria, para el efecto de que la responsable, dejando insubsistente el acto reclamado, pronuncie una nueva sentencia y considere el valor que a su arbitrio corresponda a la copia certificada del acta de matrimonio exhibida, determinando en seguida de esa valoración, lo que corresponda en relación con la responsabilidad del quejoso en el delito de rapto. Amparo directo 3587/72. Arturo Corona Quintero. 14 de febrero de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 376 No. Registro: 236,304. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 49 Segunda Parte. Página: 41. SUPLENCIA DE LA QUEJA. La suplencia queda a juicio de la autoridad sentenciadora cuando ésta advierte que al recurrente se le causan perjuicios y éste no los hace valer en los agravios correspondientes, y ello no significa que forzosamente tenga que suplir la queja. Amparo directo 4469/72. Rogelio Salcedo López. 24 de enero de 1973. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. 377 No. Registro: 235,836. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 67 Segunda Parte. Página: 31. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA). Es inexacto que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja, pues el artículo 334 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila previene que "... el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia ...", lo que significa que se trata de una facultad del juzgador y no de una obligación; pero aun en este supuesto, la suplencia de la queja solo puede ser ejercida si la autoridad revisora advierte la misma, pero nunca si pasa inadvertida tal deficiencia al hacerse el estudio respectivo, pues nadie puede estar obligado a actuar en determinada forma si no advierte las causas impulsoras de su actividad. Amparo directo 1062/74. Juan Bañuelos Peralta. 5 de julio de 1974. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 13, página 48, bajo el rubro "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE. SUPLENCIA DE LA QUEJA.". 378 No. Registro: 236,890. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 18 Segunda Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1969, Primera Sala, página 62. Informe 1970, Segunda Parte, Primera Sala, página 50. APELACIÓN INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SUPLENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, INOPERANTE. Cuando la segunda instancia se abre con motivo del recurso interpuesto por el

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Y que las violaciones de garantías que cometieran las autoridades responsables, que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo y se encuentran demostradas379 tales como: 1. Omitir careos;380 2. No expresar agravios en apelación;381 3. No estudiar agravios en la apelación;382 resultaban fundadas pero inoperantes porque no beneficiaria a la situación jurídica de dicho inculpado, si del propio expediente aparecía que se acreditó plenamente el cuerpo del delito y la responsabilidad en su comisión, observándose también

Ministerio Público, por no estar de acuerdo con la pena impuesta al inculpado en relación de lo cual expresó agravios, es evidente que la materia de la alzada quedó circunscrita a tales extremos, no pudiéndose en amparo resolver otras cuestiones planteadas en la demanda de garantías, si no obstante haber tenido expedito el recurso de apelación, el reo no hizo uso de él, por lo que lo resuelto por la corte sentenciadora, adverso a sus intereses, debe considerarse firme, con la calidad de cosa juzgada, no pudiendo ser materia de estudio por esta Suprema Corte las cuestiones planteadas al fincamiento de la responsabilidad y tampoco las relativas a violaciones procesales, pues hacerlo sería tanto como suplir la falta del recurso de apelación y no la deficiencia de la queja, que sería jurídicamente incorrecto, debiendo tan sólo estudiarse el concepto de violación que se refiere a la penalidad único aspecto que no puede tenerse por consentido. Amparo directo 526/70. Gustavo Benítez Flores. 5 de junio de 1970. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. Secretario: Salvador Ramos Sosa. Nota: En los Informes de 1969 y 1970, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.". 379 No. Registro: 235,127. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96 Segunda Parte. Página: 15. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 7, página 12. CAREOS CONSTITUCIONALES. SU OMISION ENTRAÑA UNA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. La omisión de los careos constitucionales entraña siempre una violación a la garantía individual establecida en la fracción IV del artículo 20 constitucional. Pero si de las constancias de autos se observa que el acusado admitió los hechos, mismos que coinciden con lo declarado por los testigos que depusieron en su contra, la omisión o la realización de los careos constitucionales no tendrían ningún efecto práctico jurídico, ya que aquéllos persiguen fines de investigación respecto a la verdad histórica, y si ésta se encuentra integrada con los elementos de prueba antes señalados, procede desestimar, por inoperante, el concepto de violación que se haga valer al respecto. Amparo directo 1073/76. Enrique Raymundo Tavira Miranda. 19 de agosto de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. Amparo directo 1086/76. Josefina Vargas Alarcón de Maciel. 19 de agosto de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 50, página 118, bajo el rubro "CAREOS, OMISION DE, NO VIOLATORIA DE GARANTÍAS.". Nota: En el Informe de 1976, la tesis aparece bajo el rubro "CAREOS CONSTITUCIONALES. SU OMISION ENTRAÑA SIEMPRE UNA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.". 380 No. Registro: 235,597. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 75 Segunda Parte. Página: 18. CAREOS, OMISION DE, NO VIOLATORIA DE GARANTÍAS. Si los testigos de cargo no fueron careados en el proceso con el inculpado, y éste confesó los hechos constitutivos del delito materia de la condena, cualesquiera que fuere el resultado de los careos no beneficiaria la situación jurídica de dicho inculpado, y por lo mismo el concepto de violación que haga valer al respecto es fundado, pero inoperante. Amparo directo 3131/74. Florentino Campos Mejía. 24 de marzo de 1975. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Segunda Parte, tesis 50, página 118, bajo el rubro "CAREOS, OMISION DE, NO VIOLATORIA DE GARANTÍAS.". 381 No. Registro: 818,462. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120 Segunda Parte. Página: 33. AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, CASO DE INOPERANCIA DE LOS. Es fundado pero inoperante el concepto de violación, si en la sentencia materia del amparo se indica que no se habían expresado agravios por parte de la defensa, cuando de autos consta que sí se habían presentado éstos (según copia de los mismos sellada por la responsable), si del propio expediente aparece que se acreditó plenamente el cuerpo del delito y la responsabilidad en su comisión de dicho inculpado. Amparo directo 2282/78. Rigoberto Contreras Rivera. 28 de agosto de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia número 15 y sus relacionadas, del Apéndice 1917-1975, Segunda Parte, página 44. 382 No. Registro: 233,947. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Segunda Parte. Página: 10. Genealogía: Informe 1978, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 4, página 4. Informe 1979, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 3, página 4. Informe 1987, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 3, página 4. AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO DE LOS. El concepto de violación en el sentido de que en la apelación no se estudiaron debidamente los agravios expresados para la sustanciación de la misma, es fundado pero inoperante cuando aparece que efectivamente no se realizó el análisis de cada uno de los agravios hechos valer, pero de las constancias de autos aparece plenamente comprobado el cuerpo del delito que se imputa al acusado, así como la responsabilidad del mismo en su comisión, observándose también que las penas impuestas no le causan perjuicio alguno y que no hubo violaciones de procedimiento, habiendo sido estas circunstancias sí debidamente estudiadas en la resolución de segunda instancia. Amparo directo 2111/86. José Luis Segura Guevara y otro. 7 de septiembre de 1987. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Séptima Epoca, Segunda Parte: Volúmenes 121-126, página 9. Amparo directo 4808/78. Arturo Guerra González. 22 de enero 1979. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Volúmenes 115-120, página 33. Amparo directo 2282/78. Rigoberto Contreras Rivera. 28 de agosto de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Manuel Díaz Infante Márquez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 16, página 40, bajo el rubro, "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO DE LOS.". Nota: En los Volúmenes 115-120, página 33, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, CASO DE INOPERANCIA DE LOS.".

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que las penas impuestas no le causan perjuicio alguno. Lo anterior, a pesar de que sostuvo que era inoperante el desistimiento de las violaciones procesales.383 La Segunda Sala reiteró la jurisprudencia del Pleno al establecer que en materia agraria no rigen las reglas generales de estricto derecho y con base en la suplencia podían tenerse como señaladas autoridades responsables que no figuraran en la demanda; el acto debía apreciarse conforme a su existencia real y era procedente recabar pruebas oficiosamente. Sin embargo, la suplencia de la queja no alcanzó a que se supliera la falta de personalidad, ni para desvirtuar la negativa de existencia del acto reclamado dada por la autoridad responsable, ni para admitir una demanda extemporánea, ni para dispensar recursos En cuanto a la calificación de conceptos de violación, esta sala los llamó inoperantes e ineficaces. Por lo que se refiere a la calificación de agravios, esta Segunda Sala, los nombró inoperantes, insuficientes, inatendibles y deficientes. Las consideraciones en que se basó esta Segunda Sala fueron que en materia agraria: “no rigen las reglas generales de estricto derecho que deben aplicarse a los amparos genéricamente administrativos (…) debe examinar los que hayan probado en el juicio, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, pudiendo incluso el Juez de Distrito, en suplencia de la queja,

No. Registro: 234,549. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162 Segunda Parte. Página: 154. VIOLACIONES PROCESALES. DESISTIMIENTO INOPERANTE. Tratándose de violaciones procesales que sean materia de los conceptos de violación en el amparo, no es procedente el desistimiento, porque las aludidas violaciones adjetivas son irrenunciables, debido a su carácter de dispositivos de orden público; sobre todo, tratándose de irregularidades como la consistente en que, dos días antes de notificarse el auto de radicación al impugnante, se hubiere dictado en su contra la sentencia que constituya el acto reclamado. Amparo directo 1451/81. Efrén González Montes o Francisco Morán Franco. 29 de marzo de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.

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sustituir el acto señalado en la demanda”.384 Lo anterior porque el estudio integral de la demanda para determinar el acto reclamado no era suplencia de la queja.385 Con base en la suplencia de la queja procedió conceder el amparo para que se rindan pruebas ante la Comisión Agraria Mixta.386 También en suplencia de la queja “una autoridad que no fue señalada como responsable en la demanda de amparo origen del negocio, ni llamada al procedimiento por el Juez en suplencia de la queja (…) es de decretarse la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito emplace al juicio a la mencionada autoridad responsable”.387

384 No. Registro: 237,055. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Tercera Parte. Página: 12. Genealogía: Informe 1980, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 32, página 39. Informe 1985, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 14, página 20. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 16, página 19. Informe 1987, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 21, página 23. AGRARIO. ACTOS RECLAMADOS EN MATERIA AGRARIA. SUSTITUCION DE LOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA POR LOS DEMOSTRADOS EN EL JUICIO. Tratándose de amparos en materia agraria promovidos por núcleos de población ejidal, no rigen las reglas generales de estricto derecho que deben aplicarse a los amparos genéricamente administrativos, en particular por lo que se refiere a que el Juez debe limitar su estudio a la constitucionalidad de los actos que se hayan demostrado y que se hayan señalado en la demanda, sino que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Amparo, debe examinar los que hayan probado en el juicio, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, pudiendo incluso el Juez de Distrito, en suplencia de queja, sustituir el acto señalado en la demanda por el que se haya demostrado en el juicio y acontecido así, no debe sobreseerse en el juicio de garantías por inexistencia de los actos reclamados sino ordenarse la práctica de todas las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los núcleos de población como lo ordena el artículo 226 de la mencionada ley. Amparo en revisión 8118/86. Julio Manzo Magaña y otros. 28 de mayo de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Atanasio González Martínez. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 205-216, página 10. Amparo en revisión 7382/85. Comisariado Ejidal del Poblado "Palma Grande", Municipio de Tuxpan, Nayarit y otros. 6 de febrero de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Volúmenes 187-192, página 12. Amparo en revisión 7757/84. Comité Particular Ejecutivo de la Segunda Ampliación del Ejido "Celaya", del Municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. 26 de noviembre de 1984. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara. Volúmenes 133-138, página 10. Amparo en revisión 347/80. Núcleo de Población Ejidal Ceiba Nueva, Municipio de Citlaltepec, Veracruz. 21 de abril de 1980. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Sergio Torres Eyras. Nota: En los Informes de 1980, 1985, 1986 y 1987, la tesis aparece bajo el rubro "ACTOS RECLAMADOS EN MATERIA AGRARIA. SUSTITUCION DE LOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA POR LOS DEMOSTRADOS EN EL JUICIO.". 385 No. Registro: 238,239. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96 Tercera Parte. Página: 65. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 104, página 163. DEMANDA DE AMPARO, ENTENDIMIENTO DE LA, POR EL JUEZ. El Juez constitucional no incurre en suplencia de la queja resolviendo sobre actos no reclamados en la demanda, en caso de que de la lectura de sus partes esenciales, actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, permita la determinación del acto reclamado; ya que ni la circunstancia de que el amparo sea de estricto derecho impide al juzgador apreciar íntegramente la demanda de garantías, que es indivisible y debe ser considerada en su totalidad. Amparo en revisión 5675/75. Graciela Martínez Ostos de Ortiz. 7 de octubre de 1976. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 76, Tercera Parte, página 35, tesis de rubro "DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. INTERPRETACIÓN. PROCEDE EFECTUARLA PARA DETERMINAR CON EXACTITUD LA INTENCION DEL ACTOR.". 386 No. Registro: 238,123. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 103-108 Tercera Parte. Página: 53. AGRARIO. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS. PRUEBAS ANTE LA COMISION AGRARIA MIXTA EN JUICIOS DE ESA CLASE. Si al quejoso le es admitida por la Comisión Agraria Mixta la prueba de inspección ocular ofrecida en procedimiento de nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias, y continúa el procedimiento sin recibir ese elemento de convicción, es evidente que la autoridad no dispuso lo pertinente para su desahogo, dejando de realizar la investigación exhaustiva en relación con los actos impugnados, a que obliga el artículo 408 de la Ley Federal de Reforma Agraria, sin que, tácita o expresamente, pudiera haberse apoyado en las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativas a la deserción de las pruebas por falta de interés del oferente, ya que estas disposiciones rigen para los procedimientos en que impera el principio de estricto derecho, en tanto que en materia agraria el legislador, en el precitado artículo 408 de la Ley Federal de Reforma Agraria, impone la obligación de realizar una investigación exhaustiva en los procedimientos de nulidad de actos y documentos, lo que impide a la Comisión Agraria Mixta dejar de recibir una prueba idónea para la solución del problema, apoyándose sólo en la presunción de que la parte oferente dejó de tener interés en su desahogo. Amparo en revisión 527/77. Pedro Melchor Rosas y acumulado. 5 de diciembre de 1977. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. 387 No. Registro: 818,552. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 3 Tercera Parte. Página: 23. AGRARIO. AUTORIDAD ORDENADORA NO EMPLAZADA A JUICIO EN EL AMPARO. PROCEDE ORDENAR EN LA REVISIÓN QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO, PARA ESTE EFECTO, SUPLIENDO LA QUEJA. Al tratarse de un juicio de garantías en que el quejoso alega violación de sus derechos sobre una parcela, el Juez debe

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De la misma manera “el acto reclamado debe apreciarse como resulta probado, aunque no se alegue en la demanda”.388 Y “la autoridad responsable debe acompañar a su informe justificado la documentación que sirva para apoyarlo relacionada con el acto reclamado”.389 En dicha materia agraria: “la suplencia de la queja y el acopio oficioso de pruebas en favor de los núcleos de población ejidales o comunales que intervienen en los juicios de amparo, opera no sólo cuando tales núcleos tengan el carácter de quejosos en el juicio de garantías, sino que, aun siendo parte tercera perjudicada”.390

suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 2o. y 76 de la Ley de Amparo, por lo que apareciendo de autos datos suficientes para suponer que el acto reclamado emana de una autoridad que no fue señalada como responsable en la demanda de amparo origen del negocio, ni llamada al procedimiento por el Juez en suplencia de la queja, y por ello resulta legalmente imposible analizar en el fallo la constitucionalidad de la orden de la autoridad de referencia, en la revisión, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la ley invocada, es de decretarse la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito emplace al juicio a la mencionada autoridad responsable y, seguida la tramitación que corresponde, dicte nueva sentencia como proceda en derecho. Amparo en revisión 5050/68. Tomás Verdugo Mendívil y coagraviados. 20 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen CV, página 12. Amparo en revisión 8114/64. Benito Beltrán Jaime y coagraviados. 28 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen CII, página 15. Amparo en revisión 3935/64. Zenaido Hernández González. 31 de marzo de 1965. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Nota: En el Volumen CV, página 12, la tesis aparece bajo el rubro "AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. AUTORIDADES ORDENADORAS NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.". En el Volumen CII, página 15, la tesis aparece bajo el rubro "AGRARIO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD ORDENADORA EN EL AMPARO EN LA MATERIA. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.". 388 No. Registro: 239,250. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 7 Tercera Parte. Página: 14. AGRARIO. ACTO RECLAMADO. SU ESTIMACION COMO APARECE PROBADO EN EL AMPARO, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. Se aplica correctamente el artículo 78 de la Ley de Amparo, y es intrascendente que no se invoquen el artículo 2o. del propio ordenamiento, ni el 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, al razonarse que, aunque los quejosos reclaman las órdenes para que se les prive de la posesión de los terrenos a que se refieren en su demanda, y la responsable ordenadora, en su informe justificado, aclara que el desposeimiento fue ejecutado desde antes de la interposición de la demanda, en atención a que por tratarse de un núcleo ejidal, el acto reclamado debe apreciarse como resulta probado, aunque no se alegue en la demanda. Amparo en revisión 6677/68. Audencio Mariscal y coagraviados. 9 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 389 No. Registro: 239,164. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 13 Tercera Parte. Página: 19. AGRARIO. INFORME JUSTIFICADO. DE NO ACOMPAÑARSELE LA DOCUMENTACION QUE SE REFIERE A LOS ACTOS QUE AFECTAN A EJIDATARIOS, SE REPONDRA EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. La autoridad responsable debe acompañar a su informe justificado la documentación que sirva para apoyarlo relacionada con el acto reclamado. No habiendo cumplido lo anterior en lo referente al acuerdo por el que se anula la documentación relativa a la depuración censal practicada en el poblado de que forman parte los quejosos, así como la cumplimentación de ésta, supliendo la deficiencia de la queja, debe revocarse la sentencia a revisión y mandarse reponer el procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito obtenga que las responsables satisfagan los requisitos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remitiendo la documentación que el mismo precepto puntualiza, y hecho esto se emita el fallo correspondiente. Amparo en revisión 3442/69. Ricardo Gómez Galindo y coagraviados. 5 de enero de 1970. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen CXXXII, Tercera Parte, página 130, tesis de rubro "AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, Y DILIGENCIACION DE PRUEBAS DE OFICIO (REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO).". 390 No. Registro: 238,461. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72 Tercera Parte. Página: 42. Genealogía: Informe 1973, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 43, página 86. Informe 1974, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 21, página 44. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 153, página 301. Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 353, página 256. AGRARIO. PRUEBAS DE OFICIO EN AMPARO. PROCEDE ALLEGARLAS CUANDO EL NUCLEO EJIDAL O COMUNAL ES TERCERO PERJUDICADO. Esta Segunda Sala sostiene que del análisis de la adición del cuarto párrafo a la fracción II del artículo 107 constitucional (Diario Oficial del 2 de noviembre de 1962) y de las reformas y adiciones a la Ley de Amparo (Diario Oficial del 4 de febrero de 1963), así como de los correspondientes antecedentes legislativos, se advierte que tales modificaciones se realizaron con el propósito de beneficiar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en particular. Por lo tanto, la suplencia de la queja y el acopio oficioso de pruebas en favor de los núcleos de población ejidales o comunales que intervienen en los juicios de amparo, opera no sólo cuando tales núcleos tengan el carácter de quejosos en el juicio de garantías, sino que, aun siendo parte tercera perjudicada, los Jueces de Distrito están obligados a suplir las deficiencias en que incurran, recabando de oficio los elementos probatorios, siempre que aparezca la posible existencia de

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Sin embargo, la suplencia de la queja “no procede cuando quienes se ostentan con determinada personalidad no la demuestran”.391 Tampoco si la autoridad negaba el acto, ya que no debía “suplirse la deficiencia de la queja, dado que ésta no procede para desvirtuar de oficio la negativa de ellos hecha por las responsables, cuando en el juicio no se rindió prueba alguna para demostrar su existencia”.392 A través de la suplencia de la queja “no se puede subsanar el consentimiento por la extemporaneidad de una gestión procesal, ya que no tiene la virtud de convertir en oportuno lo que es extemporáneo”.393

alguna prueba que, por omisión del núcleo, no se haya aportado al juicio y que de manera notoria pueda beneficiar a dicho núcleo, en cuyo caso el juzgador debe acordar que sea recabada de oficio. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 51, página 20. Amparo en revisión 2218/72. J. Jesús Mendoza Salinas y otros. 8 de marzo de 1973. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 57, página 22. Amparo en revisión 1116/73. Comisariado Ejidal del Poblado José María Pino Suárez, Municipio de Tecate, Baja California. 6 de septiembre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 62, página 22. Amparo en revisión 2601/73. Alberto Pintor Nájera y otra. 21 de febrero de 1974. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 64, página 19. Amparo en revisión 5617/72. Sucesión del Señor Cándido Valladares. 25 de abril de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 67, página 18. Amparo en revisión 3953/73. Ramón Castro Rosas y otros. 22 de julio de 1974. Cinco votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero. Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 301, la tesis aparece bajo el rubro "PRUEBAS DE OFICIO EN AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE ALLEGARLAS CUANDO EL NUCLEO EJIDAL O COMUNAL ES TERCERO PERJUDICADO.". En el Informe de 1974, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA OFICIOSA DE PRUEBAS EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, CUANDO EL NUCLEO EJIDAL O COMUNAL ES TERCERO PERJUDICADO.". 391 No. Registro: 239,280. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 6 Tercera Parte. Página: 74. AGRARIO SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI QUIENES SE OSTENTAN CON UNA PERSONALIDAD NO LO DEMUESTRAN. Los quejosos no demuestran ser integrantes del actual comité ejecutivo agrario porque el primitivo comité hubiese cesado en sus funciones, y que en su lugar tengan ahora su representación legal a pesar de que los miembros de él pueden ser removidos conforme a lo prevenido por el artículo 14 del Código Agrario, al no rendir prueba alguna de su parte a este respecto , no debiendo en el caso suplirse la diferencia de la queja, en los términos de los artículos 78 y 91 , fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que la misma no procede cuando quienes se ostentan con determinada personalidad no la demuestran. Amparo en revisión 78/69. Comité Ejecutivo Agrario del Poblado de "San Cristóbal Huicholchitlán", Municipio de Toluca, México. 9 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Campos. 392 No. Registro: 818,672. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 6 Tercera Parte. Página: 66. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Se deduce de una adecuada interpretación de los artículos 2o., último párrafo, 78, último párrafo y 91, fracción V, de la Ley de Amparo, que deben tenerse por inexistentes los actos reclamados para la procedencia del amparo, de negar su existencia las autoridades responsables, sin que deba suplirse la deficiencia de la queja, dado que ésta no procede para desvirtuar de oficio la negativa de ellos hecha por las responsables, cuando en el juicio no se rindió prueba alguna para demostrar su existencia. Amparo en revisión 10450/68. Porfirio Villegas Pérez y coagraviados. 18 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 8673/68. Mauro Arena Castañeda y coagraviados. 9 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 393 No. Registro: 237,824. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 139-144 Tercera Parte. Página: 36. Genealogía: Informe 1981, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 102, página 82. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, décima primera tesis relacionada con la jurisprudencia 178, página 354. AGRARIO. TERMINOS EN AMPARO, COMPUTO DE LOS. NO DEBE MODIFICARSE EN SUPLENCIA DE QUEJA. El alcance del artículo 227 de la Ley de Amparo, que se refiere a la suplencia de la queja deficiente en materia agraria, no llega al extremo de desvirtuar el consentimiento tácito de un acto jurídico por falta de impugnación legal oportuna del mismo; ya que, si se toma en cuenta que el principio rector en el establecido fue creado por el legislador para corregir los errores y las deficiencias en la queja, pruebas, alegatos, comparecencia, excepciones, etcétera, es indudable que a través del mismo no se puede subsanar el consentimiento por la extemporaneidad de una gestión procesal, ya que no tiene la virtud de convertir en oportuno lo que es extemporáneo. Amparo en revisión 4647/79. J. Luz Cano Meza y otros (Poblado "San Nicolás Parangueo"), Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. 4 de agosto de 1980. Cinco votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 354, la tesis aparece bajo el rubro "TERMINOS EN AMPARO, COMPUTO DE LOS. NO DEBE MODIFICARSE EN SUPLENCIA DE QUEJA.". En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, COMPUTO DEL. NO DEBE MODIFICARSE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA.".

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Tampoco “la suplencia de la queja a que se refiere la ley de la materia en sus distintos numerales, lleve al extremo de eximir a quienes beneficia de la obligación que tienen de intentar los recursos previstos por esta propia ley, o sea que no se extiende hasta el grado de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda examinar supuestas violaciones procesales que les pudieran ser inferidas durante la secuela procesal sin que previamente se hubieran reclamado a través del recurso correspondiente”.394 En cuanto a la calificación de conceptos de violación, esta sala los llamó “inoperantes por incompletos” en caso de que “no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo”.395 También los calificó de inoperantes: 1. “Cuando (…) no atacan consideraciones esenciales”.396

394 No. Registro: 237,552. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumenes 163-168 Tercera Parte. Página: 42. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 84, página 86. Informe 1982, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 92, página 74. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, séptima tesis relacionada con la jurisprudencia 178, página 352. AGRARIO. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, NO OPERA SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE RECURSO LEGAL. Esta Segunda Sala no está en posibilidad de analizar a través del recurso de revisión la legalidad o ilegalidad de un acto originado dentro del procedimiento de amparo, respecto del que procede el recurso de queja que establece la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo; no es óbice para ello, el hecho de que sea un núcleo de población ejidal quien interponga la revisión de ese sentido, puesto que no puede entenderse que la suplencia de la queja a que se refiere la ley de la materia en sus distintos numerales, lleve al extremo de eximir a quienes beneficia de la obligación que tienen de intentar los recursos previstos por esta propia ley, o sea que no se extiende hasta el grado de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda examinar supuestas violaciones procesales que les pudieran ser inferidas durante la secuela procesal sin que previamente se hubieran reclamado a través del recurso correspondiente. Amparo en revisión 2287/82. Comunidad de "San Juan Bautista", Municipio de Jalisco, Nayarit. 21 de octubre de 1982. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón león. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 151-156, página 70. Amparo en revisión 7941/80. Comunidad La Magdalena Contreras, Delegación del mismo nombre, Distrito Federal. 8 de octubre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido castañón León. Volúmenes 103-108, página 58. Amparo en revisión 4784/76. Cirilo Andrade. 27 de julio de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Secretario: Jaime C. Ramos Carreón. Nota: En el Informe de 1977, 1982 y Apéndice 1917-1985, página 352, la tesis aparece bajo el rubro "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, NO OPERA SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE RECURSO LEGAL.". 395 No. Registro: 238,467. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumenes 72 Tercera Parte. Página: 49. Genealogía: Informe 1973, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 6, página 100. Informe 1970, Segunda Parte, Segunda Sala, página 99. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 23, página 53. Amparo directo 4566/69. Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. 23 de noviembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 43, página 62. Amparo directo 774/72. Luis Romero Romero (sucesión). 20 de julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Volumen 55, página 29. Amparo directo 3699/71. Contimex, S.A. 26 de julio de 1973. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 66, página 28. Amparo directo 3520/73. Industrias de Calzado Helen, S.A. 27 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 71, página 31. Amparo directo 4210/73. Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. 14 de noviembre de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 396 No. Registro: 818,481. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81 Tercera Parte. Página: 17. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Cuando los conceptos de violación no atacan consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido, resultan inoperantes porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. Amparo directo 5521/74. Tanques Garza, S.A. 11 de septiembre de 1975. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Antonio Rocha Cordero. Ponente: Jorge Iñárritu. Nota: Reitera tesis 361, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Tercera Parte, página 600.

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2. Que la omisión por parte de la autoridad “trascienda al sentido de la sentencia, entrañando así una verdadera [¿habrá falsas?] transgresión a las garantías constitucionales de la parte quejosa”;397 3. “En los que propone que se tengan como tales las argumentaciones contenidas en su demanda de nulidad”.398 Esta sala determinó que los conceptos de violación eran ineficaces si “no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado”.399 En una misma tesis consideró que los conceptos de violación eran insuficientes, por tanto “jurídicamente ineficaces para otorgar el amparo solicitado”.400

No. Registro: 237,383. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Tercera Parte. Página: 122. PRUEBAS. CASO DE INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE SE RECLAMA SU FALTA DE ESTUDIO. Para la operancia de los conceptos de violación en que se reclama la falta de estudio de algunas de las pruebas rendidas, es necesario, no sólo que la omisión exista, sino que la misma trascienda al sentido de la sentencia, entrañando así una verdadera transgresión a las garantías constitucionales de la parte quejosa. Amparo directo 3023/73. Mexicana de Autobuses, S.A. de C.V. 24 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 8, página 49. Amparo en revisión 5820/67. Miguel González Arregui y coagraviados. 28 de agosto de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Nota: En el Volumen 8, página 49, la tesis aparece bajo el rubro "PRUEBAS, OMISION DE EXPRESAR EL ESTUDIO DE, EN LA SENTENCIA. NO CAUSA AGRAVIO SI NO DESVIRTUA SUS CONSIDERACIONES.". 398 No. Registro: 237,349. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Tercera Parte. Página: 44. Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 119, página 96. Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 89, página 90. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ARGUMENTOS DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROPUESTOS COMO. Son inoperantes los conceptos de violación del quejoso en los que propone que se tengan como tales las argumentaciones contenidas en su demanda de nulidad, sin que exponga razonamiento alguno para impugnar las consideraciones que tuvo en cuenta la Sala responsable para desestimarlas. Amparo directo 4782/82. Hilados de México, S.A. 9 de agosto de 1984. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 163-168, página 52. Amparo directo 6554/81. Le Club, S.A. 7 de octubre de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 399 No. Registro: 238,673. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 54 Tercera Parte. Página: 49. Genealogía: Informe 1970, Segunda Parte, Segunda Sala, página 99. Informe 1973, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 9, página 11. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 204, página 383. Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 415, página 306. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE. Los argumentos que se aducen en los conceptos de violación y que no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, no pueden ser tomados en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no haberse propuesto a la misma. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 23, página 53. Amparo directo 1044/69. Cyanamid de México, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Volumen 47, página 52. Amparo directo 3691/72. Lasky, S.A. 27 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volumen 49, página 21. Amparo directo 5597/71. Mexicana de Autobuses, S.A. de C.V. 18 de enero de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 51, página 75. Amparo directo 4143/72. Felipe Rodríguez Fernández, sucesión. 1o. de marzo de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 51, página 75. Amparo directo 6191/71. Calzado Morsa, S.A. 5 de marzo de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 400 No. Registro: 237,350. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Tercera Parte. Página: 44. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 90, página 91. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INSUFICIENTES, NO SON MOTIVO DE SOBRESEIMIENTO. La posibilidad de que los conceptos de violación aducidos para demostrar la inconstitucionalidad de la ley se estimen insuficientes, no puede llevar a sobreseer en el juicio, puesto que su análisis sólo puede realizarse ante la inexistencia de causales de improcedencia, lo que determina el que se estimen jurídicamente ineficaces para otorgar el amparo solicitado. Amparo en revisión 5707/83. Evencia Espinosa de Miranda. 6 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Amparo en revisión 5631/83. Matilde Martínez viuda de Quiñones. 6 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 397

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Por lo que se refiere a la calificación de agravios, esta Segunda Sala determinó que eran inoperantes: 1. Si no impugnaban los fundamentos de la sentencia.401 2. Si “se alega como agravio que los hechos que motivaron la queja fueron ya materia de otra anterior resuelta por el Juez a quo, dicho agravio resulta inoperante”.402 3. Si “el agravio que se hace consistir en el hecho de que el Juez de Distrito no admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por los quejosos (…) que (…) no es idónea para acreditar la posesión”.403 4. “Si las autoridades recurrentes aducen que para que el Juez de Distrito otorgara valor al dictamen del perito, hubiera sido necesario que dicho dictamen fuese el resultado de trabajos y diligencias practicadas en los terrenos respectivos, pero no expresan

Amparo en revisión 4972/83. Inversiones Orión, S.A. 6 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 401 No. Registro: 239,306. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 4 Tercera Parte. Página: 15. Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 12, página 121. AGRARIO. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON, ENTRE OTROS, LOS QUE NO IMPUGNAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO REBATIDO. Si la sentencia recurrida se apoya, para sobreseer, por una parte, en que la afectación de las propiedades de los quejosos no provenía de una resolución presidencial sino de una resolución provisional, y por otra parte, que en el supuesto de que se hubiera señalado como acto reclamado la resolución provisional del gobernador por no ser definitiva, ya que está sujeta a revisión de oficio, igualmente procedía el sobreseimiento, y los agravios del recurrente se limitan a simples manifestaciones de inconformidad con el sentido de la sentencia, sin impugnar los fundamentos de la misma, deben considerarse inoperantes los agravios y confirmarse la sentencia recurrida. Amparo en revisión 4250/68. Guillermo Ortiz García y coagraviados. 25 de abril de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Gustavo del Castillo Negrete. 402 No. Registro: 239,020. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 23 Tercera Parte. Página: 78. QUEJA, RECLAMACIÓN DEL AUTO EN QUE SE ADMITE RECURSO DE. AGRAVIO INOPERANTE. Impugnado el auto de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia que admite una queja, por recurso de reclamación en que se alega como agravio que los hechos que motivaron la queja fueron ya materia de otra anterior resuelta por el Juez a quo, dicho agravio resulta inoperante para revocar el acuerdo de la Presidencia y desechar la queja sin darle curso, por tratarse de una cuestión que deberá examinar la Sala al resolver la queja cuya admisión se combate y porque, de aceptarse la pretensión del reclamante, equivaldría a prejuzgar sobre el fondo de la litis que se plantea en la queja misma. Reclamación en la queja 19/70. Guillermo Dardón Hernández. 23 de noviembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 403 No. Registro: 238,689. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 50 Tercera Parte. Página: 14. AGRARIO. PRUEBA QUE CARECE DE EFECTOS PRACTICOS NO ADMITIDA. NO CAUSA AGRAVIO A QUIEN LA OFRECE. Es inoperante el agravio que se hace consistir en el hecho de que el Juez de Distrito no admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por los quejosos con la finalidad de acreditar la posesión que dicen tener de sus propiedades afectadas por la resolución presidencial que reclaman, ya que la inspección judicial no es idónea para acreditar la posesión, y la circunstancia de que los quejosos hubieran demostrado tener la posesión de los predios o no, no trasciende en el sentido de la resolución del recurso, que se relaciona con cuestiones diversas a la que se dirige la prueba no admitida. Amparo en revisión 2181/72. Raúl Naranjo Díaz y coagraviados. 15 de febrero de 1973. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 7, página 28. Amparo en revisión 6411/67. Jaime Medina Valencia y otros. 3 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen CXXXVI, Tercera Parte, página 65, tesis de rubro "REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. NO PROCEDE POR OMISION DE DILIGENCIAS QUE NO AFECTAN AL SENTIDO DEL FALLO.". Nota: En el Volumen 7, página 28, la tesis aparece bajo el rubro "AGRARIO. PRUEBA QUE CARECE DE EFECTOS PRACTICOS, NO RECIBIDA. NO AMERITA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 50, página 14, se señala que el Volumen 7, página 28, corresponde a un precedente de esta tesis; sin embargo, de su contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero con un tratamiento diverso, por lo que en este registro se coloca bajo la leyenda "Véase".

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por qué al valor probatorio del dictamen debe condicionarse al hecho de que el perito se constituyera en tales terrenos, el agravio resulta inoperante”.404 5. “La sentencia de una Sala Fiscal se encuentra legal y suficientemente fundada en una causa formal de nulidad, por lo que resulta innecesario que se estudien en ella los demás argumentos aducidos por las partes; motivando que el agravio que se apoye en que hay violación al artículo 229 del Código Fiscal de la Federación por falta del análisis completo de la cuestión planteada, devenga inoperante”.405 6. “Los razonamientos que expresen las autoridades recurrentes con el carácter de agravios, que tiendan a defender la constitucionalidad de actos que no les son propios, y a plantear

404 No. Registro: 238,548. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66 Tercera Parte. Página: 60. Genealogía: Informe 1973, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 29, página 119. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 221, página 367. PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO. AGRAVIO INOPERANTE. Si las autoridades recurrentes aducen que para que el Juez de Distrito otorgara valor al dictamen del perito, hubiera sido necesario que dicho dictamen fuese el resultado de trabajos y diligencias practicadas en los terrenos respectivos, pero no expresan por qué al valor probatorio del dictamen debe condicionarse al hecho de que el perito se constituyera en tales terrenos, el agravio resulta inoperante. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 55, página 20. Amparo en revisión 4267/72. María del Pilar Patiño viuda de Sánchez y otros. 4 de julio de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Volumen 55, página 20. Amparo en revisión 2835/72. Nicolás y Jorge Rumilla Fallad. 5 de julio de 1973. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 61, página 39. Amparo en revisión 1566/73. Octavio Robinson Bours Griffith. 16 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Volumen 61, página 39. Amparo en revisión 1095/73. Leonor Favila de González. 17 de enero de 1974. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 64, página 29. Amparo en revisión 4195/73. María Rosa Pulido Rosas. 1o. de abril de 1974. Cinco votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Informe 1974, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 14, página 38 (jurisprudencia con precedentes diferentes), bajo el rubro "PRUEBA PERICIAL. SU VALOR PROBATORIO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparecen los asuntos "Amparo en revisión 2837/72. Antero R. Flores." y "Amparo en revisión 2600/73. Guadalupe Pérez Castañeda.", los que se corrigen, como se observa en los precedentes cuarto y quinto, con apoyo en la publicación de la tesis aislada correspondiente. 405 No. Registro: 237,623. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162 Tercera Parte. Página: 92. SENTENCIA FISCAL. NO CAUSA AGRAVIO QUE SOLO SE ESTUDIEN LAS CAUSAS FORMALES DE NULIDAD. La sentencia de una Sala Fiscal se encuentra legal y suficientemente fundada en una causa formal de nulidad, por lo que resulta innecesario que se estudien en ella los demás argumentos aducidos por las partes; motivando que el agravio que se apoye en que hay violación al artículo 229 del Código Fiscal de la Federación por falta del análisis completo de la cuestión planteada, devenga inoperante. Revisión fiscal 51/81. Constructora Gys, S.A. 22 de abril de 1982. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 91-96, página 99, tesis de rubro "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. NO NECESARIAMENTE DEBEN OCUPARSE DE TODOS LOS PUNTOS DE DEMANDA, CONTESTACION Y RESOLUCION IMPUGNADA, CUANDO CLARAMENTE SE RESUELVE SOBRE CUESTIONES FORMALES SIN ENTRAR AL FONDO DEL NEGOCIO.". Volúmenes 103-108, página 94, tesis de rubro "SENTENCIAS DE JUICIOS DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. NO NECESARIAMENTE DEBEN OCUPARSE DE TODOS LOS PUNTOS DE DEMANDA, CONTESTACION Y RESOLUCION IMPUGNADA, CUANDO CLARAMENTE SE RESUELVE SOBRE CUESTIONES FORMALES SIN ENTRAR AL FONDO DEL NEGOCIO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162, página 92, se señala que los Volúmenes 91-96, página 99 y los Volúmenes 103-108, página 94, corresponden a precedentes de esta tesis; sin embargo, de su contenido se desprende que son criterios relativos al mismo tema, pero con un tratamiento diverso, por lo que en este registro se colocan bajo la leyenda "Véase".

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causales de improcedencia que, a su juicio, se surten, que el artículo 87 de la ley de la materia no les permite invocar”.406 7. Si la autoridad responsable expone “elementos nuevos que no expuso en su informe justificado”.407 8. “Para que puedan considerarse operantes los agravios en que se reclama la falta de estudio de alguna o algunas de las pruebas rendidas, es necesario, no sólo que la omisión exista, sino que la misma trascienda al sentido de la sentencia”.408 9. “Si la autoridad responsable insiste en sus agravios en que debió sobreseerse en el juicio con base en determinada causal de improcedencia, pero sin expresar argumentación alguna en contra de los razonamientos que se dieron en la sentencia recurrida para determinar que no se presentaba en el caso, deben considerarse inoperantes”.409

No. Registro: 237,609. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162 Tercera Parte. Página: 57. AGRAVIOS, INOPERANTES, DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Es improcedente entrar al estudio de los razonamientos que expresen las autoridades recurrentes con el carácter de agravios, que tiendan a defender la constitucionalidad de actos que no les son propios, y a plantear causales de improcedencia que, a su juicio, se surten, que el artículo 87 de la ley de la materia no les permite invocar. Amparo en revisión 2847/79. Herón Martínez Velázquez y otros. 14 de abril de 1982. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. 407 No. Registro: 237,274. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204 Tercera Parte. Página: 47. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 33, página 58. AGRAVIOS INOPERANTES. ARGUMENTOS NO INCLUIDOS EN EL INFORME JUSTIFICADO. No pueden estimarse como agravios de la autoridad responsable elementos nuevos que no expuso en su informe justificado, al no haberse sometido éstos al conocimiento del Juez de Distrito para tomarlos en consideración al emitir el fallo. Amparo en revisión 12209/84. Nuevo Centro de Población Ejidal "Lázaro Cárdenas", Municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán. 7 de noviembre de 1985. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen CXXXII, página 16. Amparo en revisión 469/68. Leonilo Salgado. 19 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. 408 No. Registro: 237,264. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Tercera Parte. Página: 177. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 117, página 90. Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 124, página 114. Informe 1985, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 55, página 51. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 13, página 15. Séptima Epoca, Tercera Parte, Volúmenes 217-228, página 99. Apéndice 1917-1988, Segunda Parte, tesis 1501, página 2391. PRUEBAS. CASOS DE INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS EN QUE SE RECLAMA SU FALTA DE ESTUDIO. Para que puedan considerarse operantes los agravios en que se reclama la falta de estudio de alguna o algunas de las pruebas rendidas, es necesario, no sólo que la omisión exista, sino que la misma trascienda al sentido de la sentencia. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volúmenes 157-162, página 110. Amparo en revisión 4089/81. José López Méndez y otro. 26 de octubre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Sergio Torres Eyras. Volúmenes 181-186, página 65. Amparo en revisión 9061/83. Jesús Alcántara García. 20 de junio de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Secretario: Sergio Torres Eyras. Volúmenes 193-198, página 86. Amparo en revisión 1411/83. Librado Mendoza González. 29 de abril de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Volúmenes 205-216, página 130. Amparo en revisión 6814/85. Ejido Tlaquepaque, Municipio de su nombre, Estado de Jalisco. 19 de febrero de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 205-216, página 130. Amparo en revisión 5918/85. Francisco Camacho Vea y coagraviados. 13 de marzo de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 409 No. Registro: 237,213. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Tercera Parte. Página: 71. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE INSISTEN EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA FORMULADA EN EL INFORME JUSTIFICADO, SIN REBATIR LOS RAZONAMIENTOS QUE SE DIERON PARA DESESTIMARLA. De acuerdo con la aplicación analógica de la jurisprudencia que lleva por rubro: AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, publicada en la compilación 1917-1985, tesis comunes al Pleno y a las Salas, con el número 36 (página 61), si la autoridad responsable insiste en sus agravios en que debió sobreseerse en el juicio con base en determinada causal de improcedencia, pero sin expresar argumentación alguna en contra de los razonamientos que se dieron en la sentencia recurrida para determinar que no se presentaba 406

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Para esta sala fueron insuficientes los “agravios referentes a dos de las tres causales de improcedencia, que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del amparo”,410 “en atención a que los razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la conclusión, siguen rigiendo el sentido del fallo”.411 En una misma tesis calificó el agravio de deficiente y de inoperante;412 de deficiente y de inatendible.413

en el caso, deben considerarse inoperantes, pues, técnicamente, quedan en pie los motivos expresados como fundamento de la negativa a sobreseer. Amparo en revisión 10049/84. Alfonso González Migoya. 17 de noviembre de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. 410 No. Registro: 818,555. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 3 Tercera Parte. Página: 142. AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA, CUANDO APOYANDOSE ESTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON UNA DE ELLAS. Si en el escrito de revisión sólo se hacen valer agravios referentes a dos de las tres causales de improcedencia, que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del amparo, procede confirmar la sentencia recurrida, en atención a que los razonamientos y fundamentos legales en que se sustenta la conclusión del juzgador, por no haber sido combatidos en su integridad, siguen rigiendo el sentido del fallo recurrido. Amparo en revisión 7793/67. Ernestina Ahumada Castro y coagraviados. 13 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Informe de 1970, Segunda Parte, página 28, tesis de rubro "AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO APOYANDOSE ESTA EN TRES CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON UNA DE ELLAS.". 411 No. Registro: 238,780. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 42 Tercera Parte. Página: 61. Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 13, página 121. Informe 1969, Segunda Sala, tesis 35, página 140. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 39, página 65. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 37, página 24. AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO, APOYANDOSE ESTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON ALGUNA DE ELLAS. Los agravios referentes a causales de improcedencia, que dejan sin tratar una de las que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, son insuficientes para conducir a la revocación de la sentencia que se impugna en revisión, porque no la combaten en su integridad, en atención a que los razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la conclusión, siguen rigiendo el sentido del fallo. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 3, página 142. Amparo en revisión 7793/67. Ernestina Ahumada Castro y coagraviados. 13 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 8, página 44. Amparo en revisión 2272/69. Tomás Balderrama García. 22 de agosto de 1969. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 21, página 26. Amparo en revisión 1650/70. Liliana y Fernando Luna Cardeño. 7 de septiembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volumen 22, página 26. Amparo en revisión 2381/70. Juan Mouett Pérez. 26 de octubre de 1970. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volumen 38, página 28. Amparo en revisión 5392/71. Javier Robinson Bours y coagraviados. 7 de febrero de 1972. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 65, la tesis aparece bajo el rubro "INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO, APOYANDOSE ESTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON ALGUNA DE ELLAS.". 412 No. Registro: 237,673. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156 Tercera Parte. Página: 104. Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 105, página 87. AGRAVIO DEFICIENTE EN LA REVISIÓN FISCAL. Es deficiente el agravio expresado por la autoridad demandada que no impugna el fundamento invocado por el Pleno del Tribunal Fiscal Federal para estimar inoperante el agravio que a su vez había hecho valer la propia autoridad recurrente en contra del fallo de la Sala Fiscal; resultando por ello, aquél, igualmente inoperante. Revisión fiscal 107/80. Orféon Videovox, S.A. 5 de noviembre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Manuel Plata García. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 79, página 23. Revisión fiscal 22/74. Cementos Anáhuac, S.A. 21 de julio de 1975. Cinco votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero. Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 10, página 30, tesis de rubro "AGRAVIOS DEFICIENTES.". Volumen 28, página 54, tesis de rubro "AGRAVIOS DEFICIENTES. DEBE TENERSE FIRME LA SENTENCIA DEL INFERIOR SI NO SE HACEN EXPRESAMENTE CARGO DE ALGUNA DE SUS CONSIDERACIONES SUSTANCIALES.". Volumen 68, página 39, tesis de rubro "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, INSUFICIENCIA DE LOS.". 413 No. Registro: 239,218. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 10 Tercera Parte. Página: 30. Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 7, página 118. AGRAVIOS DEFICIENTES. No son atendibles los agravios de las autoridades recurrentes que insisten en el sobreseimiento del juicio, reproduciendo las consideraciones expuestas en los informes justificados "en atención a que no fueron analizadas debidamente" en la sentencia recurrida, si no precisan cuáles fueron las consideraciones cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, ni cuales las causas de improcedencia propuestas y que este último no atendió. Amparo en revisión 2240/69. Faustino Hernández Ayala y coagraviados. 22 de octubre de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 7, página 56. Amparo en revisión 9134/68. Comité Particular Ejecutivo del Poblado "Isla", Municipio de Tezechoacan, Estado de Veracruz. 16 de julio de 1969. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Gustavo del Castillo Negrete. Volumen 3, página 141. Amparo en revisión 2667/68. Comisariado Ejidal de "La Noria", Atzalán, Veracruz. 19 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Felipe López Contreras.

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de los asuntos en materia civil. Esta Sala reiteró que el amparo civil era de estricto derecho.414 Como consecuencia de esto, no podía realizar un “examen oficioso de las constancias de autos cuando se trata de asuntos meramente civiles, de estricto derecho”;415 ni tampoco “se puede hacer un examen general del acto reclamado (…) [por lo que] en los conceptos de violación deben precisarse las pruebas que se consideren mal apreciadas por la responsable, así como los conceptos por los cuales se estima que fueron incorrectamente valoradas”.416 Para esta sala, la materia laboral fue considerada de estricto derecho por lo que se refiere a la “parte patronal o autoridades

No. Registro: 241,362. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 82 Cuarta Parte. Página: 49. Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 67. Apéndice 19171985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis de relacionada con la jurisprudencia 100, página 276. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL EL EXPRESADO EN EL SENTIDO DE QUE LA VALORIZACION DE LAS PRUEBAS NO SE AJUSTA A LA LEY NI A LA REALIDAD JURÍDICA SIN INDICAR EL POR QUE. El argumento esgrimido en los conceptos de violación, en relación con la valorización de las pruebas, es insuficiente, atento a que no reúne las características de un concepto de violación, si de una manera general y abstracta expresa, sin precisar por qué, que la valorización de las pruebas no se ajusta a la ley (sin indicar a que pruebas se refiere), ni a la realidad jurídica, porque rebasa las reglas basadas en los principios de la lógica, y sin manifestar por qué, que la responsable se excede en su arbitrio judicial; afirmaciones éstas que por resultar irrazonadas deben ser desestimadas, atento el principio de estricto derecho que por razón de la materia impera en la especie, pues de aceptarlas a guisa de conceptos de violación, se infringiría el artículo 79 de la Ley de Amparo; tanto más si el sentido de la sentencia reclamada se encuentra apoyado en consideraciones muy amplias a las cuales ni siquiera se aluda en los conceptos de violación, relacionadas con la confesional y declaración de parte de la demandada; con las contradicciones en que incurrieron los testigos, con la documental consistente en el certificado médico, etcétera. Amparo directo 5736/74. Teresa y María Olea Olea. 23 de octubre de 1975. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Sergio Javier Coss Ramos. 415 No. Registro: 240,700. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150 Cuarta Parte. Página: 143. Genealogía: Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte, tercera Sala, tesis 122, página 360. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si los conceptos de violación se hacen consistir en que en la sentencia reclamada se abordan cuestiones que no fueron planteadas en el juicio, pero sin precisar cuáles son, resulta imposible verificar la exactitud de tal aserto, por no estar permitido a la Suprema Corte el examen oficioso de las constancias de autos cuando se trata de asuntos meramente civiles, de estricto derecho, por lo que debe considerarse que dichos conceptos de violación son inoperantes. Amparo directo 5764/77. Juan Gálvez González. 18 de febrero de 1981. Cinco votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 122, página 360, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". 416 No. Registro: 240,259. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186 Cuarta Parte. Página: 124. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 63, página 58. Apéndice 1917-1985, Tercera Sala, tesis relacionada con jurisprudencia 100, página 275. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE IMPUGNE LA VALORACION DE PRUEBAS. DEBEN PRECISAR CUALES Y POR QUE CONCEPTO FUERON MAL VALORADAS. En los conceptos de violación deben precisarse las pruebas que se consideren mal apreciadas por la responsable, así como los conceptos por los cuales se estima que fueron incorrectamente valoradas, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un examen general del acto reclamado. Amparo directo 8182/82. Luciano Ernesto Rivera Wilson. 1o. de marzo de 1984. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 145-150, página 120. Amparo directo 4434/79. Productos Químicos Mardupol, S.A. 13 de marzo de 1981. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Volúmenes 103-108, página 79. Amparo directo 4843/76. Jesús Zambrano Uriarte. 19 de agosto de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen XXXVIII, página. 96. Amparo directo 4143/58. Blanca Cuen de Hornedo. 17 de agosto de 1960. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 357, tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 121, bajo el rubro " CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Nota: En los Volúmenes 145-150, página 120, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". En los Volúmenes 103-108, página 79, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PRUEBAS.". En el Volumen XXXVIII, página 96, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". 414

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responsables, respecto de los cuales el amparo en materia laboral es de estricto derecho”.417 Esta Tercera Sala consideró que:

En cuestiones de derecho familiar no se puede actuar con el rigorismo de un estricto derecho civil, pues en aquella disciplina la voluntad privada es ineficaz para la solución de los vínculos familiares y es en donde adquiere mayor vigor la aplicación de los supuestos de los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 76 bis fracción VI de la Ley de Amparo, ya que se trata de un menor, sin representación personal, y de un interés superior al individual en que, tanto a la quejosa, pero sobre todo al citado menor, por falta de defensa adecuada se les puede dejar en estado de indefensión, violándose la ley en su perjuicio.418

417 No. Registro: 240,333. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Cuarta Parte. Página: 52. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 15, página 12. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. PROCEDE DECRETARLA, POR LO QUE RESPECTA A LA PARTE PATRONAL O AUTORIDADES RESPONSABLES, SI SE DAN LOS REQUISITOS LEGALES, EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY LABORAL. No es óbice para decretar la aplicación de la causa de sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia el hecho de que se esté en presencia de un amparo en materia laboral, por lo que respecta exclusivamente a la parte patronal o a las autoridades responsables, pues si bien es cierto que el artículo 107, fracción XIV, de la Constitución General de la República y el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo disponen que se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria y que la caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida, no es menos cierto que la exclusión de los amparos que tengan como materia actos de naturaleza de trabajo, obedeció, según las razones de esta exclusión que se expresó en la exposición de motivos de la reforma que se hizo al artículo 107 constitucional, en 1951, en que se estableció nuevamente esta causa de sobreseimiento, a que ello redundaría fundamentalmente en perjuicio de la clase trabajadora, que no está en posibilidad de conocer la técnica del juicio de amparo, ni de cubrir honorarios de profesionistas permanentes encargados del cuidado de la atención de sus negocios. Estas razones que motivaron la exclusión de la aplicación de esta causa de sobreseimiento a los amparos en materia laboral, fueron complementadas posteriormente, al reformarse la fracción II del propio artículo 107 constitucional, al establecerse, en el tercer párrafo, la suplencia de la queja deficiente de la parte obrera en materia del trabajo, cuando se encuentre que ha habido, en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa. Es decir, que el legislador, con el fin de corregir las desigualdades manifiestas entre los dos factores de la producción, el patrón y el trabajador, adoptó la doctrina de Eduardo J. Couture de la igualdad por compensación. Con base en lo anterior debe concluirse que la causa de sobreseimiento por inactividad procesal, atendiendo al espíritu de la ley, no procede decretarla en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora, pero por lo que respecta a la parte patronal o autoridades responsables, respecto de los cuales el amparo en materia laboral es de estricto derecho, en cuanto a ellos sí resultaría aplicable la causa de sobreseimiento mencionada o la caducidad de la instancia. Amparo en revisión 121/77. Raúl Díaz Garduño y coagraviados. 19 de octubre de 1983. Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 418 No. Registro: 239,818. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 322. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 179, página 135. SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR. En cuestiones de derecho familiar no se puede actuar con el rigorismo de un estricto derecho civil, pues en aquella disciplina la voluntad privada es ineficaz para la solución de los vínculos familiares y es en donde adquiere mayor vigor la aplicación de los supuestos de los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 76 bis fracción VI de la Ley de Amparo, ya que se trata de un menor, sin representación personal, y de un interés superior al individual en que, tanto a la quejosa, pero sobre todo al citado menor, por falta de defensa adecuada se les puede dejar en estado de indefensión, violándose la ley en su perjuicio. Al efecto, el derecho familiar cada día adquiere mayor trascendencia reformando la legislación y creando tribunales especializados, y aun cuando forma parte del derecho civil tiene

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También consideró que:

En los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de estricto derecho sino que, tratándose del incidente de inconformidad si en contra de las consideraciones del Juez de Distrito se expresan algunos agravios, la Suprema Corte debe analizarlos, incluso supliendo su deficiencia.419

Esta sala estableció que:

La correcta determinación de la naturaleza de los contratos, cuando son base de una acción, no implica una suplencia de caracteres propios que le comunican una fisonomía peculiarísima. No es de extrañar, pues, que haya juristas que pregunten si efectivamente debe considerársele como perteneciente al derecho privado y si no estaría más propiamente ubicado dentro del público o como una rama independiente de ambos. En este problema hay más que un intento puramente metodológico; implica en el fondo una cuestión conceptual que hace a la esencia de la familia en su relación con el individuo y el Estado. Amparo directo 5725/86. Rufina Rivas Romero. 15 de mayo de 1987. Mayoría de tres votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Julio Ibarrola González. Engrose: Jorge Olivera Toro. 419 No. Registro: 239,578. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 150. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 113, página 94. INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. SI EXISTEN AGRAVIOS LA SUPREMA CORTE DEBE ANALIZARLOS, INCLUSO SUPLIENDO SU DEFICIENCIA. De acuerdo con lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Amparo, si el quejoso en un juicio de amparo en el que se le otorga la protección constitucional, considera que las responsables no han cumplido con la sentencia, por haber incurrido en repetición del acto reclamado, puede acudir al Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que se logre el cumplimiento. Si se determina que no existió el incumplimiento, procederá hacer valer inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, dentro del término de cinco días al de la notificación de la resolución referida, debiéndose inferir que si en ella se expusieron diversos razonamientos para concluir que no se dio la repetición del acto reclamado, en la inconformidad se deben expresar consideraciones para desvirtuarlos, por lo que si esto no ocurre en absoluto, debe considerarse infundado el incidente de inconformidad. Por otra parte, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, así como que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de estricto derecho sino que, tratándose del incidente de inconformidad si en contra de las consideraciones del Juez de Distrito se expresan algunos agravios, la Suprema Corte debe analizarlos, incluso supliendo su deficiencia. Inconformidad 5/72. María Flores de Loza. 27 de abril de 1987. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Secretaria: María Cristina Pardo Vizcaína. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Primera Parte, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 59, tesis de rubro "INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. SI EXISTEN AGRAVIOS LA SUPREMA CORTE DEBE ANALIZARLOS, INCLUSO SUPLIENDO SU DEFICIENCIA.".

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queja que vulnere el principio de igualdad de las partes, sino que, por el contrario, su atención se impone indispensable el juzgador, toda vez que versando el litigio sobre el cumplimiento de un acuerdo de voluntades, es menester que la autoridad judicial precise la real intención de los contratantes, a fin de estar en posibilidad de resolverlo.420

También consideró que las causales de nulidad de matrimonio son de estricto derecho “de tal manera que solamente puede declararse la nulidad de un matrimonio por uno de los motivos expresamente previstos por el ordenamiento jurídico”.421 Sin embargo, “si aparecen afectados los intereses de menores (hijos de la quejosa y el tercero perjudicado), en lo relativo a su derecho de recibir alimentos del padre, por aplicación de la fracción II, que es disposición de orden público, párrafo segundo, del artículo 107 constitucional, supliendo la deficiencia de la queja, debe entrarse al estudio de este aspecto por el tribunal de amparo”.422

Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, se señala que en los Volúmenes 199-204, página 59, aparece un precedente de esta tesis; sin embargo de su contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero emitido por una instancia diferente, por lo que en este registro dicha referencia se coloca bajo la leyenda "Véase". 420 No. Registro: 240,783. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 139-144 Cuarta Parte. Página: 30. Genealogía: Informe 1980, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 27, página 33. CONTRATOS, NATURALEZA DE LOS. SU DETERMINACION NO IMPLICA SUPLENCIA DE QUEJA. La correcta determinación de la naturaleza de los contratos, cuando son base de una acción, no implica una suplencia de queja que vulnere el principio de igualdad de las partes, sino que, por el contrario, su atención se impone indispensable el juzgador, toda vez que versando el litigio sobre el cumplimiento de un acuerdo de voluntades, es menester que la autoridad judicial precise la real intención de los contratantes, a fin de estar en posibilidad de resolverlo. Amparo directo 168/80. Deolindo Fernández Rosendo. 17 de octubre de 1980. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Pedro Reyes Colín. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 115, página 332, de rubro "COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA.". 421 No. Registro: 242,137. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 33 Cuarta Parte. Página: 27. MATRIMONIO, NULIDAD DEL. LAS CAUSALES SON DE ESTRICTO DERECHO. Tratándose de nulidad de matrimonio, las causales señaladas por la ley son de estricto derecho y la relación de ellas formulada por el legislador no es simplemente enunciativa, sino limitativa, de tal manera que solamente puede declararse la nulidad de un matrimonio por uno de los motivos expresamente previstos por el ordenamiento jurídico. Amparo directo 4816/70. Armando Pérez Mancera. 20 de septiembre de 1971. Cinco votos. Ponente: Ernesto Solís López. 422 No. Registro: 241,351. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 83 Cuarta Parte. Página: 46. Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 88. DIVORCIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO, CUANDO SE AFECTAN INTERESES DE MENORES EN RELACION A LOS ALIMENTOS. No obstante el vicio en que incurra la quejosa al limitarse simplemente a repetir como conceptos de violación en el amparo, los agravios que hizo valer en la segunda instancia, sin combatir las razones por las cuales fueron rechazados, lo que determina que tengan que desestimarse de conformidad con la jurisprudencia de este Alto Tribunal (CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO, Volumen 12, página 17, Cuarta Parte, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación), si aparecen afectados los intereses de menores (hijos de la quejosa y el tercero perjudicado), en lo relativo a su derecho de recibir alimentos del padre, por

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La suplencia de la queja para esta sala fue:

Una obligación no sólo de los Jueces federales al conocer de la primera instancia del juicio de amparo, sino también de cualquier autoridad jurisdiccional para allegarse de oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego derechos de menores o incapacitados, pues en ese caso, la sociedad y el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la deficiencia de la queja para disminuir la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter privado, son derechos privados de interés público debido al interés que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, en esos casos, el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca del juicio en que éstos se controviertan.423

aplicación de la fracción II, que es disposición de orden público, párrafo segundo, del artículo 107 constitucional, supliendo la deficiencia de la queja, debe entrarse al estudio de este aspecto por el tribunal de amparo. Amparo directo 5982/74. Genoveva Alvarez Ordaz. 13 de noviembre de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Secretario: Sergio Torres Eyras. 423 No. Registro: 240,436. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumenes 169-174 Cuarta Parte. Página: 144. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 41, página 32. MENORES O INCAPACITADOS, DERECHOS DE. TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 78 de la Ley de Amparo debe interpretarse como una obligación no sólo de los Jueces federales al conocer de la primera instancia del juicio de amparo, sino también de cualquier autoridad jurisdiccional para allegarse de oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego derechos de menores o incapacitados, pues en ese caso, la sociedad y el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la deficiencia de la queja para disminuir la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter privado, son derechos privados de interés público debido al interés que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, en esos casos, el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca del juicio en que éstos se controviertan. Amparo directo 2668/82. María Encarnación Godínez Hernández. 8 de junio de 1983. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar.

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Tal suplencia debía realizarse aun cuando “al momento de pronunciarse la ejecutoria de amparo, adquirió la mayoría de edad”.424 En efecto, dicha sala consideró que “la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó sin defensa”.425 También que la suplencia de la queja “debe aplicarse, lógicamente, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales (…) cuando la regla general en amparo era el Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHO DE MENORES O INCAPACITADOS, CONTROVERSIA DE. TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.". 424 No. Registro: 240,200. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Cuarta Parte. Página: 175. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 141, página 117. QUEJA. SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA, PROCEDENTE CUANDO PROMUEVE EL AMPARO UN MENOR DE EDAD, AUNQUE AL DICTARSE SENTENCIA HAYA ADQUIRIDO LA MAYORIA. Aunque del acta de nacimiento que obre en el expediente, se desprenda que el quejoso, al momento de pronunciarse la ejecutoria de amparo, adquirió la mayoría de edad, ello no obsta para suplir en su beneficio la deficiencia de la queja, dada su minoría de edad al momento de la presentación de la demanda de amparo. En efecto, debe considerarse que en la fecha en que ésta se elaboró, el menor se encontraba en la hipótesis prevista en el artículo 76, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por lo que, dada su anterior incapacidad de ejercicio, no le fue posible intervenir en la formulación de dicho ocurso, de manera que no existe razón jurídica para considerar que esta manera no resulta aplicable. Amparo directo 8600/82. María Elena Calderón Albarrán y otro. 10 de septiembre de 1984. Mayoría de tres votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta. Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE, EN PRINCIPIO, CUANDO PROMUEVE EL AMPARO UN MENOR DE EDAD, AUNQUE AL DICTARSE SENTENCIA HAYA ADQUIRIDO LA MAYORIA.". 425 No. Registro: 239,845. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 322. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 177, página 133. Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 178, página 134. Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 180, página 135. SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA APLICACIÓN LITERAL DEL PRECEPTO QUE LA CONTEMPLA. El artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado al pie de la letra, pues si así se hiciera, su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, el agraviado siempre podrá defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó sin defensa. Amparo directo 8077/85. María Guadalupe Hernández de Kruck. 25 de mayo de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor Poisot. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 217-228, página 271. Amparo directo 6708/85. Blanca Estela Medina León. 9 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Volúmenes 217-228, página 271. Amparo directo 4259/80. Candelario Carmona Méndez y otros. 9 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martínez. Volúmenes 217-228, página 351 y 352. Amparo directo 7010/85. Adelina Toledo Arcos. 25 de junio de 1986. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Nota: En los Volúmenes 217-228, página 271, la tesis aparece bajo el rubro "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. PROCEDE CUANDO ES PATENTE LA INFRACCION DE NORMAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.". En los Volúmenes 217-228, página 351, la tesis aparece bajo el rubro "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. PROCEDE CUANDO ES PATENTE QUE SE VIOLARON NORMAS QUE DEJARON AL QUEJOSO EN ESTADO DE INDEFENSION.". En el Informe de 1987, página 133, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO ES PATENTE LA INFRACCION DE NORMAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.". En el Informe de 1987, página 134, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO ES PATENTE QUE SE VIOLARON NORMAS QUE DEJARON AL QUEJOSO EN ESTADO DE INDEFENSION.".

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estricto derecho y la suplencia de la deficiencia de la queja tenía el carácter de excepción”.426 Sin embargo, en tratándose del arresto no procedía la suplencia de la queja porque “no se trata de un asunto en materia penal”.427 Esta sala consideró que no era suplencia de la queja que “la Sala al resolver la apelación evalúa con minuciosidad dicha probanza (…) pues además de que se planteó como agravio la indebida valoración realizada en la sentencia recurrida, la única forma de hacerse cargo de ese planteamiento radica en llevar a cabo una correcta evaluación”.428 Tampoco era suplir la deficiencia de la queja si el quejoso elaboró:

Este criterio ha integrado la jurisprudencia 3a.J.22(5/89), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo III, Primera Parte, página 399, de rubro "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.". 426 No. Registro: 239,742. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 272. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 181, página 136. QUEJA, SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA. PROCEDE CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDE EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo actualmente vigente previene, como regla general, la suplencia en la deficiencia de la queja, misma que debe aplicarse, lógicamente, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales, hipótesis que ya se encontraba prevista en el texto anterior del artículo 76 de la ley citada, cuando la regla general en amparo era el estricto derecho y la suplencia de la deficiencia de la queja tenía el carácter de excepción. Amparo en revisión 9391/83. Cervecería Yucateca, S.A. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Sánchez y Romero. Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDE EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.". 427 No. Registro: 239,741. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 271. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 452, página 327. QUEJA, SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA. NO PROCEDE CUANDO NO SE EXPRESAN AGRAVIOS Y SE RECLAMA UN PRECEPTO QUE PREVIENE EL ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO POR NO SER DE NATURALEZA PENAL (ARTÍCULO 66 FRACCIÓN IV DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo dispone en su fracción II que en materia penal operará la suplencia de la deficiencia de la queja aún ante la ausencia de agravios del reo, tal hipótesis no se presenta cuando se reclama una norma en la que se previene como medida de apremio el arresto pues no se trata de un asunto en materia penal. Amparo en revisión 8188/86. Guillermo Alvarado Shain. 11 de noviembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretaria: María del Pilar Parra Parra. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 34, tesis por contradicción P./J. 16/98, con el rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO." Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE CUANDO NO SE EXPRESAN AGRAVIOS Y SE RECLAMA UN PRECEPTO QUE PREVIENE EL ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO POR NO SER DE NATURALEZA PENAL (ARTÍCULO 66 FRACCIÓN IV DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA).". 428 No. Registro: 240,393. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Cuarta Parte. Página: 186. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO SE PRODUCE CUANDO SE EVALUA CUIDADOSAMENTE UNA PRUEBA QUE EN EL AGRAVIO SE CONSIDERO INCORRECTAMENTE VALORADA. Si en un agravio se plantea en forma genérica que el juez de primera instancia no evaluó correctamente una prueba testimonial y la Sala al resolver la apelación evalúa con minuciosidad dicha probanza, no incurre en suplencia de la queja, pues además de que se planteó

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Argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de una consideración del acto reclamado y cita equivocadamente los preceptos infringidos por la autoridad responsable, el tribunal de amparo puede subsanar el error de la peticionaria, sin que esto implique una indebida suplencia en la deficiencia de la queja; pero si en la demanda de amparo no existen argumentos que permitan estudiar una cuestión de legalidad, no resulta jurídicamente posible invocar en la ejecutoria constitucional un precepto ajeno a tales argumentos y con base en él elaborar un razonamiento que conduzca a la concesión del amparo.429

La Tercera Sala consideró que los conceptos de violación eran inoperantes: 1. “Si el peticionario de garantías insiste en lo alegado en la apelación y no manifiesta ningún argumento nuevo y distinto de lo expuesto en su escrito de agravios, ni tampoco combate los razonamientos legales que tuvo la responsable para desestimar dichos agravios”.430

como agravio la indebida valoración realizada en la sentencia recurrida, la única forma de hacerse cargo de ese planteamiento radica en llevar a cabo una correcta evaluación. Amparo directo 4106/82. Miguel Luna López. 11 de agosto de 1983. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 429 No. Registro: 240,196. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Cuarta Parte. Página: 169. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 140, página 116. PRECEPTOS LEGALES, SUPLENCIA DEL ERROR EN LA CITA DE LOS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo (reformado recientemente por el decreto de 30 de diciembre de 1983) estatuye que: "En los juicios de amparo en que no proceda la suplencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se consideren violados, y examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda". Ahora bien, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que el tribunal de amparo pueda elaborar razonamientos ajenos a los conceptos de violación, para desvirtuar los argumentos del acto reclamado, basándose en la facultad que tiene de corregir los errores en la cita de los preceptos invocados por la quejosa; o dicho de otra manera, si ésta elabora argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de una consideración del acto reclamado y cita equivocadamente los preceptos infringidos por la autoridad responsable, el tribunal de amparo puede subsanar el error de la peticionaria, sin que esto implique una indebida suplencia en la deficiencia de la queja; pero si en la demanda de amparo no existen argumentos que permitan estudiar una cuestión de legalidad, no resulta jurídicamente posible invocar en la ejecutoria constitucional un precepto ajeno a tales argumentos y con base en él elaborar un razonamiento que conduzca a la concesión del amparo. Darle este último alcance al susodicho artículo 79, equivaldría a eliminar la prohibición legal de suplir las deficiencias de la queja, en casos distintos a los establecidos en el artículo 76 del referido ordenamiento. Amparo directo 146/81. Banco Nacional de México, S.A. 27 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta. Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DEL ERROR EN LA CITA DE LOS PRECEPTOS VIOLADOS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.". 430 No. Registro: 241,154. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Vólumenes 97-102 Cuarta Parte. Página: 42. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 41, página 71.

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2. Si “no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho”.431 3. “Si los quejosos se limitan a repetir, casi textualmente, los agravios que expresaron en la apelación, sin aducir nuevos argumentos, y, a mayor abundamiento, ni siquiera atacan las razones jurídicas en las que la Sala responsable fundó su resolución en consideraciones que motivaron la desestimación de los referidos agravios”.432 4. “Si los mismos no atacan en manera alguna las consideraciones esenciales en que se sustente la sentencia reclamada. Así, si el quejoso sólo se limita a sostener que la sentencia reclamada resulta violatoria de sus garantías individuales porque la responsable, al revocar la sentencia del Juez natural, no tomó en cuenta que se encontraba ante una sentencia que había causado ejecutoria y que por lo tanto no era susceptible de revocarse, por

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el peticionario de garantías insiste en lo alegado en la apelación y no manifiesta ningún argumento nuevo y distinto de lo expuesto en su escrito de agravios, ni tampoco combate los razonamientos legales que tuvo la responsable para desestimar dichos agravios, deben considerarse como inoperantes los conceptos de violación respectivos. Amparo directo 3770/76. J. Jesús Sánchez Orozco. 17 de junio de 1977. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Secretario: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. 431 No. Registro: 240,972. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 109-114 Cuarta Parte. Página: 18. Genealogía: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 29, página 26. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho. Amparo directo 102/77. J. Jesús González Cortazar. 8 de febrero de 1978. Mayoría de cuatro votos. Disidente: J. Ramón Palacios Vargas. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Cuarta Sala, tesis 122, página 360, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". 432 No. Registro: 240,934. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120 Cuarta Parte. Página: 20. Genealogía: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 34, página 29. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación, si los quejosos se limitan a repetir, casi textualmente, los agravios que expresaron en la apelación, sin aducir nuevos argumentos, y, a mayor abundamiento, ni siquiera atacan las razones jurídicas en las que la Sala responsable fundó su resolución para consideraciones que motivaron la desestimación de los referidos agravios, y, en consecuencia, debieron ser combatidas por los recurrentes y ahora quejosos. Amparo directo 6755/77. Roberto Saldierna Valdez y otra. 10 de noviembre de 1978. Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Gregorio Saucedo Ruiz. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 97-102, página 42. Amparo directo 3770/76. J. Jesús Sánchez Orozco. 17 de junio de 1977. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez.

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tener la autoridad de cosa juzgada, pero ningún razonamiento esgrime tendiente a combatir las consideraciones de la responsable, ello implica que esta Tercera Sala se encuentra imposibilitada jurídicamente para examinar la inconstitucionalidad del fallo impugnado, en virtud de que el juicio de garantías en materia civil es de estricto derecho, si el caso no es de aquellos en que deba suplirse la deficiencia de la queja”.433 5. “Independientemente de que las consideraciones de la responsable sean correctas o no, los conceptos de violación son inoperantes si no se precisa con qué pruebas se pretende demostrar haber nacido en fecha diferente a la asentada erróneamente en el acta de nacimiento cuya rectificación se solicita (…) ni se indica cuáles de las pruebas ofrecidas en ambas instancias omitió analizar la responsable en la sentencia impugnada”.434 6. “Si los conceptos de violación se hacen consistir en que en la sentencia reclamada se abordan cuestiones que no fueron planteadas en el juicio, pero sin precisar cuáles son”.435

No. Registro: 240,826. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 133-138 Cuarta Parte. Página: 76. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación que haga valer el quejoso, si los mismos no atacan en manera alguna las consideraciones esenciales en que se sustente la sentencia reclamada. Así, si el quejoso sólo se limita a sostener que la sentencia reclamada resulta violatoria de sus garantías individuales porque la responsable, al revocar la sentencia del Juez natural, no tomó en cuenta que se encontraba ante una sentencia que había causado ejecutoria y que por lo tanto no era susceptible de revocarse, por tener la autoridad de cosa juzgada, pero ningún razonamiento esgrime tendiente a combatir las consideraciones de la responsable, ello implica que esta Tercera Sala se encuentra imposibilitada jurídicamente para examinar la inconstitucionalidad del fallo impugnado, en virtud de que el juicio de garantías en materia civil es de estricto derecho, si el caso no es de aquellos en que deba suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República, y 76 y 227 de la Ley de Amparo. Amparo directo 407/75. Primitivo Trejo Tovar. 14 de enero de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: José de Jesús Taboada Hernández. 434 No. Registro: 240,702. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150 Cuarta Parte. Página: 158. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR IMPRECISOS. Independientemente de que las consideraciones de la responsable sean correctas o no, los conceptos de violación son inoperantes si no se precisa con qué pruebas se pretende demostrar haber nacido en fecha diferente a la asentada erróneamente en el acta de nacimiento cuya rectificación se solicita conforme al artículo 135, fracción II, del Código Civil del Estado de Guerrero, cuya violación se invoca, ni se indica cuáles de las pruebas ofrecidas en ambas instancias omitió analizar la responsable en la sentencia impugnada, motivos que hacen considerar que los argumentos planteados por el quejoso no constituyen lo que técnicamente es un concepto de violación. Amparo directo 5935/78. José Nepomuceno Malpica. 27 de marzo de 1981. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 435 No. Registro: 240,700. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150 Cuarta Parte. Página: 143. Genealogía: Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte, tercera Sala, tesis 122, página 360. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si los conceptos de violación se hacen consistir en que en la sentencia reclamada se abordan cuestiones que no fueron planteadas en el juicio, pero sin precisar cuáles son, resulta imposible verificar la exactitud de tal aserto, por no estar permitido a la Suprema Corte el examen oficioso de las constancias de autos cuando se trata de asuntos meramente civiles, de estricto derecho, por lo que debe considerarse que dichos conceptos de violación son inoperantes. Amparo directo 5764/77. Juan Gálvez González. 18 de febrero de 1981. Cinco votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 122, página 360, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". 433

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7. “Si la estimación hecha en la sentencia reclamada, que sirve de fundamento toral para desechar los agravios de la apelación, no se combate en el concepto de violación”.436 8. “Si no se exponen las razones por las que se estima que la responsable estaba obligada a declarar las correctas consideraciones contenidas en la sentencia de primer grado, sino que en la demanda de garantías sólo se hace una afirmación dogmática al respecto”.437 9. Si “ataca la parte del fallo reclamado respecto de la cual la Sala responsable sostiene carecer de jurisdicción para resolver en términos diversos a los que la vincula la ejecutoria dictada por la Suprema Corte, en cumplimiento de la cual pronunció la que sirve de materia al nuevo juicio de garantías”.438 10. “Si la razón jurídica contenida en un concepto de violación no formó parte de la litis natural, sino sólo se argumentó en la apelación como punto de referencia para alegar la existencia de

No. Registro: 240,699. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150 Cuarta Parte. Página: 122. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si la estimación hecha en la sentencia reclamada, que sirve de fundamento toral para desechar los agravios de la apelación, no se combate en el concepto de violación, procede declarar inoperante el mismo, ya que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está en condiciones de estudiar ese aspecto, pues hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no está comprendido dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Amparo directo 1956/80. Fertilizantes e Insecticidas Misión, S.A. 23 de marzo de 1981. Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 109-114, página 18. Amparo directo 102/77. J. Jesús González Cortázar. 8 de febrero de 1978. Mayoría de cuatro votos. Disidente: J. Ramón Palacios Vargas. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Nota: En los Volúmenes 109-114, página 18, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". 437 No. Registro: 240,613. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156 Cuarta Parte. Página: 100. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si no se exponen las razones por las que se estima que la responsable estaba obligada a declarar las correctas consideraciones contenidas en la sentencia de primer grado, sino que en la demanda de garantías sólo se hace una afirmación dogmática al respecto, tal aseveración no puede tomarse en cuenta como concepto de violación, dado que no consiste en un razonamiento jurídico concreto que combata las apreciaciones contenidas en el fallo reclamado. Amparo directo 82/80. Carmen García Rojas. 23 de noviembre de 1981. Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 438 No. Registro: 240,604. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumenes 151-156 Cuarta Parte. Página: 45. Genealogía: Informe 1981, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 92, página 87. AMPARO PARA EFECTOS. SENTENCIAS VINCULADAS. Es inoperante el concepto de violación que ataca la parte del fallo reclamado respecto de la cual la Sala responsable sostiene carecer de jurisdicción para resolver en términos diversos a los que la vincula la ejecutoria dictada por la Suprema Corte, en cumplimiento de la cual pronunció la que sirve de materia al nuevo juicio de garantías, puesto que habiéndose concedido la protección federal sólo para el efecto de que la responsable examinara con plenitud de jurisdicción, el agravio referente a la condena en costas en ambas instancias, en cuanto a los demás agravios la jurisdicción de la responsable se encuentra limitada en los términos precisos de la citada ejecutoria, y en consecuencia, no puede exceder esas limitaciones. Amparo directo 6898/80. Promotora Inmobiliaria Mexicana, S.A. 5 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzapalo. Secretaria: Gilda Rincón Orta. Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "SENTENCIAS VINCULADAS, AMPARO CONTRA LAS.". 436

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un determinado hecho, no puede ser materia de la litis de amparo”.439 11. “Si en juicio de amparo sólo se demanda una sentencia aclaratoria, debe considerarse que el mismo sólo debe versar sobre los conceptos relativos a lo que fue materia de aclaración. Por consiguiente, si se plantean como concepto de violación argumentos tendientes a combatir la sentencia definitiva en cuestiones diversas a lo que fue materia de aclaración, deben considerarse inoperantes”.440 12. “En los que se reclaman violaciones de procedimiento que no fueron recurridas en el momento procesal oportuno, deben declararse inoperantes, puesto que independientemente de si cometieron o no tales violaciones, ya no pueden subsanarse en la medida en que, de haber existido, ya habrían quedado revalidadas de Pleno derecho”.441 13. “Si se alega en el juicio de amparo, que en el fallo impugnado el ad quem se apoyó en determinada doctrina, los conceptos de violación sobre el particular resultan inoperantes si en No. Registro: 240,345. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Cuarta Parte. Página: 71. CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE CUANDO LA RAZÓN JURÍDICA EN EL CONTENIDA NO FORMO PARTE DE LA LITIS NATURAL. Si la razón jurídica contenida en un concepto de violación no formó parte de la litis natural, sino sólo se argumentó en la apelación como punto de referencia para alegar la existencia de un determinado hecho, no puede ser materia de la litis de amparo. Amparo directo 8724/82. María Teresa Arias Hurtado de Saldívar y otra. 5 de octubre de 1983. Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 440 No. Registro: 240,261. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186 Cuarta Parte. Página: 126. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 65, página 59. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN CUESTIONES DIVERSAS A LO QUE FUE MATERIA DE ACLARACION SI SOLO SE RECLAMA EN JUICIO LA SENTENCIA ACLARATORIA Y NO LA ACLARADA. Si en juicio de amparo sólo se demanda una sentencia aclaratoria, debe considerarse que el mismo sólo debe versar sobre los conceptos relativos a lo que fue materia de aclaración. Por consiguiente, si se plantean como concepto de violación argumentos tendientes a combatir la sentencia definitiva en cuestiones diversas a lo que fue materia de aclaración, deben considerarse inoperantes, pues no impugnan las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, que es la sentencia aclaratoria y no la aclarada. Amparo directo 6637/82. Banpaís, S.A. 22 de marzo de 1984. Mayoría de tres votos en cuanto a los considerativos y unanimidad de cuatro en los resolutivos. Disidente: J. Ramón Palacios Vargas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 441 No. Registro: 240,106. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198 Cuarta Parte. Página: 34. Genealogía: Informe 1985, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 27, página 25. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RECLAMACIÓN DE VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO NO RECURRIDAS EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, "la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho...". Por consiguiente, los conceptos de violación en los que se reclaman violaciones de procedimiento que no fueron recurridas en el momento procesal oportuno, deben declararse inoperantes, puesto que independientemente de si cometieron o no tales violaciones, ya no pueden subsanarse en la medida en que, de haber existido, ya habrían quedado revalidadas de pleno derecho. Amparo directo 9152/84. Carlos Ezequiel Martínez Luna. 20 de mayo de 1985. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Oscar Roberto Enríquez Enríquez. 439

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la demanda de garantías no se expresa el contenido de dicha doctrina ni la fuente respectiva”.442 14. “En el que se reclama la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles por haber sido expedidos por el gobernador del Estado de Veracruz el 20 de septiembre de 1932, en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso del Estado de Veracruz, si el quejoso no reclama también la inconstitucionalidad del Decreto 214 expedido por la Legislatura del Estado de Veracruz, el 4 de julio de 1931, mediante el cual ésta otorgó al titular del Poder Ejecutivo estatal dichas facultades extraordinarias, por lo que debe entenderse que el quejoso al no impugnar dicho decreto, acepta tácitamente la constitucionalidad del mismo, es decir, la concesión al gobernador de las facultades extraordinarias para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles”.443

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO NO RECURRIDAS EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.". 442 No. Registro: 239,916. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Cuarta Parte. Página: 51. Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 42, página 35. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si se alega en el juicio de amparo, que en el fallo impugnado el ad quem se apoyó en determinada doctrina, los conceptos de violación sobre el particular resultan inoperantes si en la demanda de garantías no se expresa el contenido de dicha doctrina ni la fuente respectiva. Amparo directo 8564/83. Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito. 25 de agosto de 1986. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Waldo Guerrero Lázcarez. 443 No. Registro: 239,581. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 152. Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 21, página 21. Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 83, página 75. Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 436, página 313. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ, INOPERANCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN QUE ALEGA LA, CUANDO SE FUNDA EN QUE LAS LEYES SE EXPIDIERON EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS CONCEDIO. Es inoperante el concepto de violación en el que se reclama la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles por haber sido expedidos por el gobernador del Estado de Veracruz el 20 de septiembre de 1932, en uso de facultades extraordinarios concedidas por el Congreso del Estado de Veracruz, si el quejoso no reclama también la inconstitucionalidad del Decreto 214 expedido por la Legislatura del Estado de Veracruz, el 4 de julio de 1931, mediante el cual ésta otorgó al titular del Poder Ejecutivo estatal dichas facultades extraordinarias, por lo que debe entenderse que el quejoso al no impugnar dicho decreto, acepta tácitamente la constitucionalidad del mismo, es decir la concesión al gobernador de las facultades extraordinarias para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles. Séptima Epoca: Informe 1987, página 313. Amparo en revisión 3694/86. Rosa María Cruz de Arrieta. 27 de noviembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: José Luis García Vasco. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 217-228, página 152. Amparo en revisión 8536/86. Héctor Camposeco Ibáñez. 10 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Volúmenes 205-216, página 94. Amparo en revisión 4147/85. Domingo Muñoz Mier. 23 de abril de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Nota: En el Informe de 1987, página 75, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTO DE VIOLACIÓN. RESULTA INOPERANTE SI LA INCONSTITUCIONALIDAD PRETENDIDA SE FUNDA EN QUE LAS LEYES SE EXPIDIERON EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS CONCEDIO (CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VERACRUZ).". En el Informe de 1987, página 313, la tesis aparece bajo el rubro "CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VERACRUZ. RESULTA INOPERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN SI LA INCONSTITUCIONALIDAD PRETENDIDA SE FUNDA EN QUE SE EXPIDIERON EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS CONCEDIO.". En los Volúmenes 205-216, página 94, la tesis aparece bajo el rubro "INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ, INOPERANCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN QUE ALEGA LA, CUANDO SE FUNDA EN HABERSE EXPEDIDO EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS CONCEDIO.".

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15. “Se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes”.444 16. Si “Se introducen cuestiones relativas a la sentencia de primer grado que no fue impugnada por la quejosa sino por el tercero perjudicado”.445 Esta sala llamó conceptos de violación improcedentes: 1. “Aquellos que no combaten la renuncia injustificada del tribunal ad quem a examinar una parte fundamental de los agravios de apelación”.446 2. “Si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación; y por lo mismo, sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable”.447

No. Registro: 239,473. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 74. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 86, página 77. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsables al no examinar razonamientos ajenos a la litis. Amparo directo 4510/86. Rubén Peniche Pérez y William Rodríguez. 9 de febrero de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Guillermo A. Hernández Segura. 445 No. Registro: 239,472. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 74. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 85, página 77. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI INTRODUCEN CUESTIONES QUE DEBIERON PLANTEARSE EN APELACIÓN. Si al reclamarse en amparo una sentencia dictada en apelación se introducen cuestiones relativas a la sentencia de primer grado que no fue impugnada por la quejosa sino por el tercero perjudicado, resultan inoperantes pues, dada la técnica del amparo, no pueden examinarse argumentos ajenos a la sentencia reclamada. Amparo directo 5725/86. Rufina Rivas Romero. 14 de mayo de 1987. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Julio Ibarrola González. 446 No. Registro: 241,246. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90 Cuarta Parte. Página: 15. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 29, página 31. Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 100, página 277. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON IMPROCEDENTES AQUELLOS QUE NO COMBATEN LA RENUNCIA INJUSTIFICADA DEL TRIBUNAL AD QUEM A EXAMINAR UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LOS AGRAVIOS DE APELACIÓN. La renuncia injustificada del tribunal ad quem a estudiar una parte esencial de los agravios expuestos por la perdidosa en contra de la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando no se reclama en amparo esa violación, para negar la protección de la Justicia Federal a la quejosa, atendiendo especialmente a que la parte de los agravios desestimada se dirija a impugnar lo que el inferior consideró como uno de los fundamentos esenciales de la sentencia recurrida, porque si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios, cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principios que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se deja de examinar una parte de los agravios que pudiera considerarse como esencial y por lo mismo, es imprescindible que se impugne en los conceptos de violación tal renuncia. Amparo directo 4769/75. Jasiva León Zaiter. 16 de junio de 1976. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Efraín Ochoa Ochoa. 447 No. Registro: 241,153. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102 Cuarta Parte. Página: 42. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 39, página 70. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Son improcedentes los conceptos de violación, si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación; y por lo mismo, sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable, tratándose de una violación cometida en la primera instancia, que fue consentida puesto que no se reclamó en la apelación por vía de agravio. Amparo directo 1777/76. Pedro Castillo Aguirre. 11 de marzo de 1977. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: José de Jesús Taboada Hernández. 444

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3. “En el que se aleguen transgresiones a diversos artículos del Código Procesal Civil, pero no se explique en qué consisten esas violaciones y por qué se perjudica al quejoso, y también cuándo se dice que se tengan como conceptos de violación los agravios que el quejoso hizo valer en la segunda instancia, solicitando que se tengan por reproducidos; ya que en esas circunstancias el peticionario de garantías no combate las razones por las cuales fueron rechazadas por el tribunal de alzada”.448 4. Si “únicamente se concretó a transcribir los agravios que expresó con motivo de la apelación a la sentencia definitiva, sin que en ninguna parte de ellos haya atacado las consideraciones jurídicas que le dio la responsable para desechárselos”.449 5. Si “la violación procesal que el quejoso hace valer, no la impugnó durante el curso del procedimiento, ni tampoco la planteó como agravio ante la autoridad responsable”.450

Nota: Reitera Jurisprudencia número 120, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, página 354. En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTO DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS.". 448 No. Registro: 241,060. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 103-108 Cuarta Parte. Página: 25. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 40, página 70. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Resulta improcedente el concepto de violación en el que se aleguen transgresiones a diversos artículos del Código Procesal Civil, pero no se explique en qué consisten esas violaciones y por qué se perjudica al quejoso, y también cuándo se dice que se tengan como conceptos de violación los agravios que el quejoso hizo valer en la segunda instancia, solicitando que se tengan por reproducidos; ya que en esas circunstancias el peticionario de garantías no combate las razones por las cuales fueron rechazadas por el tribunal de alzada, pues de lo contrario, este Alto Tribunal abordaría el examen de la sentencia de primera instancia, que no es ya materia del acto reclamado, pues el objeto del juicio constitucional es el análisis de la resolución dictada por el tribunal de apelación, para resolver si los fundamentos de ella violan o no las garantías individuales de la Constitución. Amparo directo 964/76. José Carlos Solís Vargas. 24 de agosto de 1977. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos A. Soto Villaseñor Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen CIV, página 19. Amparo directo 6071/64. Demetrio P. Kyriakis. 18 de febrero de 1966. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Nota: En el Volumen CIV, página 19, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO.". 449 No. Registro: 241,061. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162 Cuarta Parte. Página: 51. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 42, página 71. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si la agraviada en el concepto de violación que se analiza únicamente se concretó a transcribir los agravios que expresó con motivo de la apelación a la sentencia definitiva, sin que en ninguna parte de ellos haya atacado las consideraciones jurídicas que le dio la responsable para desechárselos, debe concluirse que ello no constituye realmente un concepto de violación y, por lo mismo, son improcedentes. Amparo directo 4499/80. Cambridge Wire Cloth Co. International, S.A. 29 de enero de 1982. Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 103-108, página 25. Amparo directo 5927/75. Gladys Chami Manzanilla de Oramas. 28 de julio de 1977. Mayoría de tres votos. Disidente: Salvador Mondragón Guerra. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Carlos A. González Zárate. 450 No. Registro: 239,717. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 256. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 185, página 139. PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DE. SON IMPROCEDENTES EN AMPARO SI NO SE HACEN VALER DURANTE EL PROCEDIMIENTO Y SE REITERAN EN APELACIÓN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, cuando del estudio de las constancias de los autos, se desprende que la violación procesal que el quejoso hace valer, no la impugnó durante el curso del procedimiento, ni tampoco la planteó como agravio ante la autoridad responsable, si la alegan como concepto de violación, el mismo resulta improcedente. Amparo directo 3174/87. Antonio Moreno de la Rosa. 19 de octubre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Hilda Cecilia Martínez González. Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO. SON IMPROCEDENTES EN AMPARO SI NO SE HACEN VALER DURANTE EL Y SE REITERAN EN APELACIÓN.".

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También esta sala consideró que existían conceptos de violación fundados pero inoperantes: 1. “Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos”.451 2. “Si se alega como violación al procedimiento que en el juicio natural (…) tal concepto de violación aunque fundado, resulta inoperante, si se aprecia, en cuanto al fondo del asunto, que el actor no probó las acciones que intentó”.452

No. Registro: 803,194. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Cuarta Parte. Página: 81. Genealogía: Informe 1981, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 28, página 29. Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 67, página 61. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo. Amparo directo 7171/81. Ramón Avalos Romero. 26 de septiembre de 1984. Mayoría de tres votos. Disidente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 157-162, página 50. Amparo directo 3845/79. Julio Laguette Rascón. 10 de marzo de 1982. Mayoría de tres votos. Disidente: Jorge Olivera Toro. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Volúmenes 151-156, página 99. Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Volúmenes 145-150, página 120. Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Volúmenes 145-150, página 120. Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres y otra. 8 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen XXXIII, página 112. Amparo directo 4489/59. Marciano Lucero Gordillo. 3 de marzo de 1960. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen XXIV, página 120. Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez viuda de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen II, página 58. Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI LA CONCESION DEL AMPARO NO CONDUCIRIA A MODIFICAR LO RESUELTO EN EL ACTO RECLAMADO.". 452 No. Registro: 239,912. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Cuarta Parte. Página: 50. Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 160, página 115. CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO PERO INOPERANTE. VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. Si se alega como violación al procedimiento que en el juicio natural no se proveyó de un tutor interino al menor, tal concepto de violación aunque fundado, resulta inoperante, si se aprecia, en cuanto al fondo del asunto, que el actor no probó las acciones que intentó y que ante la falta de evidencias, la propia responsable y en su caso esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un nuevo amparo que en su caso y en su oportunidad se promoviera, tendría que resolver el asunto favorablemente a los intereses del menor demandado. De ahí que, por economía procesal, no se tiene que esperar dicha nueva ocasión para conceder el amparo, que desde luego es procedente. 451

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En la misma tesis calificó los conceptos de violación de inoperantes y de improcedentes.453 En cuanto a los agravios esta sala consideró que:

Si bien conforme al principio de estricto derecho se consideraba que para aceptar que un agravio debiera estudiarse debía consistir en una clara argumentación en la que se especificara la parte de la sentencia que lo causaba, los preceptos que se habían infringido y las razones por las que ello había ocurrido, en la actualidad, al haberse reformado los artículos 76 y 79 de la Ley de Amparo, con lo que prácticamente se abandonó el referido principio de estricto derecho, debe considerarse que es suficiente con que se exprese con brevedad el agravio, de tal manera que se advierta en esencia, el motivo por el que, se estima, se produjo para que deba entrarse a su análisis.454

Amparo directo 7916/85. Gloria Varela Sension y Mayra Clarisa Cárdenas Varela. 20 de agosto de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Waldo Guerrero Lázcarez. Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO PERO INOPERANTE.". 453 No. Registro: 241,060. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 103-108 Cuarta Parte. Página: 25. Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 40, página 70. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Resulta improcedente el concepto de violación en el que se aleguen transgresiones a diversos artículos del Código Procesal Civil, pero no se explique en qué consisten esas violaciones y por qué se perjudica al quejoso, y también cuándo se dice que se tengan como conceptos de violación los agravios que el quejoso hizo valer en la segunda instancia, solicitando que se tengan por reproducidos; ya que en esas circunstancias el peticionario de garantías no combate las razones por las cuales fueron rechazadas por el tribunal de alzada, pues de lo contrario, este Alto Tribunal abordaría el examen de la sentencia de primera instancia, que no es ya materia del acto reclamado, pues el objeto del juicio constitucional es el análisis de la resolución dictada por el tribunal de apelación, para resolver si los fundamentos de ella violan o no las garantías individuales de la Constitución. Amparo directo 964/76. José Carlos Solís Vargas. 24 de agosto de 1977. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos A. Soto Villaseñor Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen CIV, página 19. Amparo directo 6071/64. Demetrio P. Kyriakis. 18 de febrero de 1966. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Nota: En el Volumen CIV, página 19, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO.". 454 No. Registro: 239,389. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 15. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 42, página 48. AGRAVIO. LO CONSTITUYE TODA OBJECION A LA SENTENCIA RECURRIDA AUNQUE SEA FORMULADA BREVEMENTE SIN CITAR NINGUNA NORMA LEGAL. Si bien conforme al principio de estricto derecho se consideraba que para aceptar que un agravio debiera estudiarse debía consistir en una clara argumentación en la que se especificara la parte de la sentencia que lo causaba, los preceptos que se habían infringido y las razones por las que ello había ocurrido, en la actualidad, al haberse reformado los artículos 76 y 79 de la Ley de Amparo, con lo que prácticamente se abandonó el referido principio de estricto derecho, debe considerarse que es suficiente con que se exprese con brevedad el agravio, de tal manera que se advierta en esencia, el motivo por el que, se estima, se produjo para que deba entrarse a su análisis. Reclamación en amparo directo 5600/86. Martín Chonguin Camacho. 22 de octubre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Hilda Cecilia Martínez González.

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En el recurso de reclamación:

La materia del recurso de reclamación es el acuerdo de trámite o providencia impugnados, vistos y examinados a través de los agravios expresados y el objeto de dicho recurso es la revocación o modificación del acuerdo o providencia de mérito. Por lo tanto, cuando el recurrente no expresa agravios en contra del acuerdo de trámite o providencia que impugna, el recurso de reclamación es inoperante.455

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la excepción de prescripción era de estricto derecho por lo que debía precisarse la fecha en que se consumó;456 que “el amparo directo en materia laboral es de estricto derecho cuando

No. Registro: 239,748. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte. Página: 275. Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 74, página 88. Informe 1985, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 59, página 43. Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 149, página 114. Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 172, página 186. RECLAMACION, EXPRESION DE AGRAVIOS NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. El motivo fundado que el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige para la procedencia del recurso de reclamación es obviamente la expresión del o los agravios que el recurrente estima le causa el acuerdo o providencia recurridos, ya que de acuerdo con la interpretación de los artículos 82 y 103 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías la reclamación es un recurso o medio de defensa que la ley concede a las partes para impugnar las providencias o acuerdos de trámite dictados ya sea por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el presidente de cualquiera de las Salas de ésta, ante el Pleno de la Suprema Corte o la Sala correspondiente, respectivamente, y no se trata de una revisión oficiosa de la legalidad de las providencias o acuerdos mencionados, lo cual está en abierta pugna con el sistema establecido en la reclamación a instancia de parte. De lo anteriormente expuesto se colige que la materia del recurso de reclamación es el acuerdo de trámite o providencia impugnados, vistos y examinados a través de los agravios expresados y el objeto de dicho recurso es la revocación o modificación del acuerdo o providencia de mérito. Por lo tanto, cuando el recurrente no expresa agravios en contra del acuerdo de trámite o providencia que impugna, el recurso de reclamación es inoperante, porque no se satisface el requisito que precisamente en ese aspecto exige el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación. Recurso de reclamación en queja 115/87. Manuel Sangochian Mahakian. 21 de agosto de 1987. La publicación no menciona la votación del asunto. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 193-198, página 101. Reclamación 248/84. Oscar Vázquez Jiménez. 29 de mayo de 1985. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Tarcisio Obregón Lemus. Volúmenes 157-162, página 151. Reclamación en amparo directo 5420/81. José Almanza. 15 de enero de 1982. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Julio Humberto Hernández Fonseca. Nota: En el Informe de 1982 y 1985, la tesis aparece bajo el rubro "RECURSO DE RECLAMACION. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE NECESARIAMENTE DE QUE QUIEN LO INTERPONE EXPRESE EL O LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACUERDO O PROVIDENCIA IMPUGNADOS.". En el Informe de 1988, la tesis aparece bajo el rubro "RECLAMACION. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE QUIEN LO INTERPONE EXPRESE EL O LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACUERDO O PROVIDENCIA IMPUGNADOS.". En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "RECLAMACION. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE QUIEN LO INTERPONE EXPRESE EL O LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACUERDO O PROVIDENCIA IMPUGNADOS.". 456 No. Registro: 244,398. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 42 Quinta Parte. Página: 76. PRESCRIPCION. NO PUEDE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA EN SU OPOSICION. Las excepciones deben ser precisas, en su exposición y fundamento, y no opuestas de manera genérica, y si la empresa demandada opone la de prescripción del artículo 328 de la ley laboral de 1931 para todas las acciones susceptibles de prescribir, sin precisar la fecha en que se estima empezó a correr la prescripción y la fecha en que se consumó, la Junta, por tratarse de una excepción de estricto derecho, no puede suplir la deficiencia o deficiencias de la contestación del patrón a la demanda laboral. Amparo directo 884/72. Rubén Leija Castillo. 8 de junio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Quinta Parte, Cuarta Sala, tesis 119, página 120, bajo el rubro "PRESCRIPCION, NO ESTA PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA.". 455

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el que lo promueve no es el trabajador”;457 pues suplir la deficiencia de la queja a favor de patrón “no está permitido legal ni constitucionalmente”.458 Tampoco “está permitido legal ni constitucionalmente suplir la deficiencia de la queja en el caso de que sea el Estado patrón”.459 La Cuarta Sala calificó de inoperantes los conceptos de violación que: 1. Introducen “cuestiones que no formaron parte de la controversia laboral”.460 2. Si “se reducen a impugnar el laudo por defectos de ejecución en el cumplimiento de una ejecutoria anterior, deben desestimarse ante la imposibilidad jurídica de ser estudiados dentro de un nuevo juicio de garantías”.461

No. Registro: 243,802. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66 Quinta Parte. Página: 33. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE TRATANDOSE DEL ESTADO. No está permitido legal ni constitucionalmente suplir la deficiencia de la queja en el caso de que sea el Estado patrón, por no encontrarse en los supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, ni en los dos últimos párrafos del artículo 76 de la Ley de Amparo, de tal manera que el amparo directo en materia laboral es de estricto derecho cuando el que lo promueve no es el trabajador. Amparo directo 5313/73. Secretario de Recursos Hidráulicos. 19 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 458 No. Registro: 800,624. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 62 Quinta Parte. Página: 27. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO PROCEDE TRATANDOSE DEL PATRÓN. Cuando la parte patronal omite impugnar la totalidad del laudo en sus conceptos de violación, no es legalmente posible analizarlo en todos sus aspectos, pues de hacerlo equivaldría a suplir en favor de dicha parte patronal la deficiencia de la queja, lo que no está permitido legal ni constitucionalmente, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y en el artículo 76 de la Ley de Amparo, aquélla únicamente procede en materia laboral en beneficio del trabajador, siempre que se encuentre que ha habido, en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa. Amparo directo 5171/73. Autobuses de Sotavento, S.A. de C.V. 18 de febrero de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Amparo directo 3618/73. Ferrocarriles Nacionales de México. 7 de febrero de 1974. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Quinta Parte, Cuarta Sala, tesis 46, página 61, bajo el rubro "DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE TRABAJO.". 459 No. Registro: 243,802. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66 Quinta Parte. Página: 33. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE TRATANDOSE DEL ESTADO. No está permitido legal ni constitucionalmente suplir la deficiencia de la queja en el caso de que sea el Estado patrón, por no encontrarse en los supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, ni en los dos últimos párrafos del artículo 76 de la Ley de Amparo, de tal manera que el amparo directo en materia laboral es de estricto derecho cuando el que lo promueve no es el trabajador. Amparo directo 5313/73. Secretario de Recursos Hidráulicos. 19 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 460 No. Registro: 244,063. Tesis aislada. Materia(s): Común, Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 54 Quinta Parte. Página: 41. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación y debe negarse el amparo, si quien ocurre a éste no combate las consideraciones fundamentales que rigen el laudo reclamado, sino que introduce en sus conceptos de violación cuestiones que no formaron parte de la controversia laboral. Amparo directo 5224/72. Ferrocarriles Nacionales de México. 25 de abril de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Epoca, Quinta Parte: Volumen 43, página 25. Amparo directo 5845/71. Ferrocarriles Nacionales de México. 26 de julio de 1972. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Nota: En el volumen 43, página 25, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. NEGATIVA DEL AMPARO Y NO SOBRESEIMIENTO.". 461 No. Registro: 243,243. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 121-126 Quinta Parte. Página: 17. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 13, página 13. Informe 1979, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 52, página 44. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR IMPUGNARSE EN AMPARO DEFECTOS DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DE ANTERIOR JUICIO DE GARANTÍAS COMETIDOS EN EL NUEVO LAUDO. No es un nuevo juicio de amparo el técnicamente destinado a conocer de las violaciones que pudieran cometer las autoridades responsables en sus laudos, por defecto o exceso de ejecución de una ejecutoria dictada en anterior juicio de amparo directo, atento a 457

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3. Si “no combaten consideraciones esenciales que rigen, el sentido del laudo reclamado”.462 Para esta Cuarta Sala también existieron conceptos de violación fundados pero inoperantes.463 Los conceptos de violación fueron calificados de improcedentes si “se trata de una violación procesal consentida”.464 lo dispuesto por el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si los conceptos de violación se reducen a impugnar el laudo por defectos de ejecución en el cumplimiento de una ejecutoria anterior, deben desestimarse ante la imposibilidad jurídica de ser estudiados dentro de un nuevo juicio de garantías. Amparo directo 4309/78. Jorge Zúñiga Rodríguez. 6 de junio de 1979. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Guillermo Ariza Bracamontes. Séptima Epoca, Quinta Parte: Volúmenes 121-126, página 103. Amparo directo 5573/75. Hugo René Dorantes Loria. 23 de enero de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Guillermo Ariza Bracamontes. Volúmenes 103-108, página 11. Amparo directo 2851/77. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de septiembre de 1977. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Volúmenes 103-108, página 11. Amparo directo 6171/76. Ferrocarriles Nacionales de México. 11 de julio de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Volumen 86, Quinta Parte, página 15. Amparo directo 4919/75. Angel Rivas Salido. 18 de febrero de 1976. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Eduardo Aguilar Cota. Volúmenes 121-126, página 103. Amparo directo 2247/75. Julio González Arango y otros. 5 de septiembre de 1975. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Eduardo Aguilar Cota. Nota: En los Volúmenes 86 y 103-108, páginas 15 y 11, respectivamente y en el Informe de 1976, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO DEFECTOS DE EJECUCION DEL NUEVO LAUDO.". 462 No. Registro: 243,387. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Común. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 127-132 Quinta Parte. Página: 15. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 12, página 12. Informe 1979, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 51, página 44. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten consideraciones esenciales que rigen, el sentido del laudo reclamado, resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no basta para determinar la concesión de la protección constitucional. Amparo directo 4626/79. Elásticos de México, S.A. 8 de octubre de 1979. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Epoca, Quinta Parte: Volúmenes 103-108, página 11. Amparo directo 5379/76. Ferrocarriles Nacionales de México. 7 de septiembre de 1977. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Volúmenes 91-96, página 22. Amparo directo 1572/76. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 22 de julio de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretaria: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Volumen 85, página 24. Amparo directo 1907/75. Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. 8 de enero de 1976. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Eduardo Aguilar Cota. Volumen 79, página 15. Amparo directo 443/75. Autobuses México Pachuca y Anexas "Flecha Roja", S.A de C.V. 31 de julio de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 103, y Volúmenes 133-138, página 103. En el Volumen 85, página 24, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.". Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XXVII, página 12, tesis de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEFICIENCIA DE LOS.". 463 No. Registro: 800,611. Tesis aislada. Materia(s): Común, Civil. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186 Cuarta Parte. Página: 124. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que van al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso, y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. Amparo directo 3819/83. Francisco Rochín Gallardo y Dolores Uriarte León. 8 de junio de 1984. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 175-180, página 72. Amparo directo 4464/83. Francisco Rochin Gallardo. 14 de noviembre de 1983. Unanimidad de Castro votos. Ponente: Gloria León Orantes. Volúmenes 157-162, página 50. Amparo directo 3845/79. Julio Laguette Rascón. 10 de marzo de 1982. Mayoría de tres votos. Disidente: Jorge Olivera Toro. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Volúmenes 151-156, página 99. Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. Volúmenes 145-150, página 120. Amparo directo 3603/80. María de los Angeles Pineda Rosas. 15 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Volúmenes 145-150, página 120. Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres y otra. 8 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen XXXIII, página 112. Amparo directo 4489/59. Marciano Lucero Gordillo. 3 de marzo de 1960. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen XXIV, página 120. Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez viuda de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Volumen II, Cuarta Parte, página 58. Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

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En una misma tesis calificó los conceptos de violación de inoperantes y de insuficientes.465 Esta sala también consideró que en los agravios era necesario emplear argumentos, ya que:

Aun cuando cite ese considerando y señale el artículo del ordenamiento legal reclamado al que se refiere el mismo, si no precisa ni expone argumento que esté en relación directa inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte de la sentencia, así como si no hace la concordancia necesaria entre estos y los dispositivos legales que estime infringidos, es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el Juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo, siguen en pie, y por lo mismo continúan rigiendo el punto decisorio respectivo.466

No. Registro: 242,724. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Quinta Parte. Página: 37. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 46, página 42. HUELGA, IMPUTABILIDAD DE LA. VIA CONSENTIDA. Si la Junta responsable dicta auto citando a audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, invocando los artículos que regulan los procedimientos especiales y no los relativos al procedimiento de naturaleza económica establecido en el título XVI, capítulo VII de la ley de 1970, y si durante la celebración de dicha audiencia las partes se conforman con la vía fijada por la Junta, sometiéndose al procedimiento señalado, por ello carece de eficacia que lo anterior se pretenda hacer valer como concepto de violación y debe estimarse que se trata de una violación procesal consentida, resultando, por tanto, improcedente el concepto de violación que combata lo ordenado por la Junta en el proveído en cuestión. Amparo directo 8124/82. Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares del D.F. 2 de agosto de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Epoca, Quinta Parte: Volúmenes 181-186, página 23. Amparo directo 9578/83. Manufacturas Althor, S.A. 30 de abril de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 465 No. Registro: 243611. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 79 Quinta Parte. Página: 15. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Si los conceptos de violación formulados por el patrón quejoso no atacan las consideraciones esenciales en las que la Junta funda los puntos resolutivos de un laudo, deben estimarse como insuficientes e inoperantes, pues aun cuando pudiera resultar fundados, no basta para el otorgamiento del amparo. Amparo directo 443/75. Autobuses México Pachuca y Anexas "Flecha Roja", S.A. de C.V. 31 de julio de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XXVII, Quinta Parte, página 12, tesis de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEFICIENCIA DE LOS.". 466 No. Registro: 242,784. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Quinta Parte. Página: 9. AGRAVIOS, EXPRESION DE. Si en los agravios que hace valer el recurrente, ninguna objeción formula contra el considerando que rige el punto resolutivo del fallo en revisión, aun cuando cite ese considerando y señale el artículo del ordenamiento legal reclamado al que se refiere el mismo, si no precisa ni expone argumento que esté en relación directa inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte de la sentencia, así como si no hace la concordancia necesaria entre estos y los dispositivos legales que estime infringidos, es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el Juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo, siguen en pie, y por lo mismo continúan rigiendo el punto decisorio respectivo; máxime si se toma en cuenta, por una parte, que los amparos de naturaleza civil son de estricto derecho y no puede suplirse la deficiencia de la queja y, por la otra, que a este Máximo Organismo Judicial de la Nación le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones de los Jueces de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, que terminantemente ordena: "el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observaran las siguientes reglas: I. examinaran únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida...". Consecuentemente, ante la ausencia de agravios, procede confirmar en este aspecto el fallo recurrido. Amparo en revisión 27/82. Benigno Treviño Robles. 24 de noviembre de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tama Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 97-102, Primera Parte, página 40. 464

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La Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que por el principio de estricto derecho que rige en materia civil:

No es suficiente que el quejoso reclame de una manera abstracta la infracción al citado principio de congruencia, sino que, en estos casos, es indispensable que el peticionario de garantías precise los conceptos de agravios que hubiese omitido analizar el tribunal de apelación, o bien exponga las cuestiones que hubiese abarcado sin observar el planteamiento de los agravios, pues de no ser así, la autoridad de amparo se encuentra imposibilitada para constatar la incongruencia alegada, ya que para ello sería necesario realizar un estudio general tanto de los agravios invocados por el apelante como de las consideraciones que haya sustentado la sentencia reclamada en el juicio de garantías.467

También consideró que “el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho”468 por lo que el quejoso debe señalar a la autoridad que emitió el acto reclamado.

467 No. Registro: 246,356. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 15 Séptima Parte. Página: 32. Genealogía: Informe 1970, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 211. SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia que debe regir en la apelación, consiste en que el tribunal ad quem tiene obligación de estudiar todos los agravios que invoque la parte apelante. De esta suerte, no es suficiente que el quejoso reclame de una manera abstracta la infracción al citado principio de congruencia, sino que, en estos casos, es indispensable que el peticionario de garantías precise los conceptos de agravios que hubiese omitido analizar el tribunal de apelación, o bien exponga las cuestiones que hubiese abarcado sin observar el planteamiento de los agravios, pues de no ser así, la autoridad de amparo se encuentra imposibilitada para constatar la incongruencia alegada, ya que para ello sería necesario realizar un estudio general tanto de los agravios invocados por el apelante como de las consideraciones que haya sustentado la sentencia reclamada en el juicio de garantías, circunstancia ésta que no va con el principio de estricto derecho que rige en materia civil. Amparo directo 1391/63. Roberto Cordero Durán. 20 de marzo de 1970. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. 468 No. Registro: 245,400. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Séptima Parte. Página: 302. AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALAMIENTO DE LA, COMO ELEMENTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO. En el amparo administrativo el quejoso está obligado a señalar en la demanda como responsable a la autoridad de quien provienen los actos reclamados, por ser el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho, salvo los casos de excepción señalados legalmente; si dicho solicitante del amparo se concreta a señalar en lo conducente a una autoridad que no dictó los actos reclamados de que se trata, es de estimarse que sería contrario a la naturaleza del juicio de

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En cambio, “los amparos en materia agraria promovidos por núcleos de población ejidal, no rigen las reglas generales de estricto derecho que deben aplicarse a los amparos genéricamente administrativos (…) sino que (…) debe examinar los [actos] que se encuentren probados en el juicio, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, pudiendo, incluso, el Juez de Distrito, en suplencia de queja, sustituir el acto señalado en la demanda por el que se haya demostrado en el juicio”.469 Con base en la suplencia de la queja en materia agraria debía recabarse de oficio la prueba pericial.470 Acorde con esto:

Si en la demanda interpuesta por quienes no tienen el carácter de ejidatarios ni forman parte de un núcleo ejidal se omite expresar conceptos de violación, la misma carece del requisito (…) pues no basta que se enuncien los artículos que conten-

garantías entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los citados actos reclamados, sin oír previamente a la autoridad de quien emanaron. Amparo en revisión 1652/77. José Oseguera Torres. 18 de septiembre de 1984. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Felipe López Contreras. 469 No. Registro: 245,205. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204 Séptima Parte. Página: 14. AGRARIO. ACTOS RECLAMADOS EN MATERIA AGRARIA. SUSTITUCIÓN DE LOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA POR LOS DEMOSTRADOS EN EL JUICIO. En los amparos en materia agraria promovidos por núcleos de población ejidal, no rigen las reglas generales de estricto derecho que deben aplicarse a los amparos genéricamente administrativos, en particular por lo que se refiere a que el Juez debe limitar su estudio a la constitucionalidad de los actos que se hayan demostrado y que se señalen en la demanda, sino que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Amparo, debe examinar los que se encuentren probados en el juicio, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, pudiendo, incluso, el Juez de Distrito, en suplencia de queja, sustituir el acto señalado en la demanda por el que se haya demostrado en el juicio, y acontecido así, no debe sobreseerse en el juicio de garantías por inexistencia de los actos reclamados, sino ordenarse la práctica de todas las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los núcleos de población como lo ordena el artículo 226 de la mencionada ley. Amparo en revisión 10158/83. Jerónimo Reyes Gómez y otros. 28 de octubre de 1985. Mayoría de tres votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. Amparo en revisión 1323/82. Comité Particular Agrario del Nuevo Centro de Población "24 de Febrero", Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 8 de agosto de 1985. Mayoría de tres votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. 470 No. Registro: 246,401. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 8 Séptima Parte. Página: 14. Genealogía: Informe 1969, Sala Auxiliar, página 140. Apéndice 1917-1985, Séptima Parte, tesis relacionada con la jurisprudencia 5, página 21. AGRARIO. PRUEBA PERICIAL. OBLIGACION DEL JUEZ DE RECABARLA, AUN DE OFICIO, CUANDO SU RECEPCION PUEDA FAVORECER A UN NUCLEO DE POBLACION. De acuerdo con lo previsto por los artículos 76 y 78 de la Ley de Amparo, aun cuando la prueba pericial no haya sido ofrecida en forma correcta, el Juez Distrito está obligado a suplir la deficiencia de la queja, e inclusive a recabarla de oficio, si ésta es pertinente para precisar la verdadera situación del poblado agrario quejoso, así como para determinar la existencia de los actos reclamados en la demanda de garantías, u otros que, aun cuando no señalados, llegaren a comprobarse en vista de las pruebas y datos obtenidos, y que pudieran ser manifiestamente violatorios de los derechos agrarios del núcleo reclamante. Amparo en revisión 1104/65. Ejido "Ensenada", Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. 28 de agosto de 1969. Cinco votos. Ponente: Antonio Capponi Guerrero. Secretario: Carlos Gilberto Canto López. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Tercera Parte, Volúmen CX, página 11, tesis de rubro "AGRARIO, PRUEBAS INSUFICIENTES EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 8, página 15, se señala que el Volumen CX, Tercera Parte, página 11, corresponde a un precedente de esta tesis; sin embargo, de su contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero con un tratamiento diverso, por lo que en este registro se coloca bajo la leyenda "Véase".

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gan las garantías que se estiman violadas, sino que es necesario además que se exprese por qué concepto se irrogan esas violaciones. Al carecer del requisito apuntado, el juicio resulta improcedente, sin que sea dable la suplencia de la queja, toda vez que dicha facultad sólo debe emplearse para beneficio de los ejidatarios.471

Para esta sala la suplencia de la queja fue procedente aun cuando “los quejosos como los terceros perjudicados sean núcleos de población comunal (…) [para que] el juzgador esté en condiciones de resolver la controversia constitucional con Pleno conocimiento de los hechos debatidos”.472 Sin embargo, si:

Las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en

471 No. Registro: 246,400. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 8 Séptima Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1969, Sala Auxiliar, página 158. Apéndice 1917-1985, Séptima Parte, tesis relacionada con la jurisprudencia 6, página 27. AGRARIO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO EXPRESADOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Y DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si en la demanda interpuesta por quienes no tienen el carácter de ejidatarios ni forman parte de un núcleo ejidal se omite expresar conceptos de violación, la misma carece del requisito a que se refiere la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, pues no basta que se enuncien los artículos que contengan las garantías que se estiman violadas, sino que es necesario además que se exprese por qué concepto se irrogan esas violaciones. Al carecer del requisito apuntado, el juicio resulta improcedente, sin que sea dable la suplencia de la queja, toda vez que dicha facultad sólo debe emplearse para beneficio de los ejidatarios. Amparo en revisión 4462/62. Merced Chacón Hernández. 6 de agosto de 1969. Cinco votos. Ponente: Antonio Capponi Guerrero. Secretario: Jesús Arzate Hidalgo. Nota: En el Informe de 1969, la tesis aparece bajo el rubro "IMPROCEDENCIA POR FALTAR EN LA DEMANDA REQUISITOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO.". 472 No. Registro: 245,493. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Séptima Parte. Página: 57. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 31, página 31. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LA MATERIA. PROCEDENCIA CUANDO LOS QUEJOSOS Y LOS TERCEROS PERJUDICADOS SON NUCLEOS DE POBLACION COMUNAL. El hecho de que en un juicio de amparo, tanto los quejosos como los terceros perjudicados sean núcleos de población comunal, no impide que se supla la deficiencia de la queja en favor de alguna de esas partes, ya que la finalidad de la tutela específica de que son objeto dichos núcleos de población, por parte de las disposiciones del Libro Segundo de la Ley de Amparo, no es únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías, sino que, primordialmente, que el juzgador esté en condiciones de resolver la controversia constitucional con pleno conocimiento de los hechos debatidos. Amparo en revisión 4219/80. Poblado de Bienes Comunales de Santiago Mitepec, Municipio de Jolalpan, Estado de Puebla. 9 de agosto de 1983. Cinco votos. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA, PROCEDENCIA DE LA, CUANDO LOS QUEJOSOS Y LOS TERCEROS PERJUDICADOS SON NUCLEOS DE POBLACION COMUNAL.".

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suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados.473

Tampoco la suplencia de la queja era aplicable en materia agraria con el fin “de violar las normas que en materia de personalidad establece la ley”.474 Con base en la suplencia de la queja esta sala consideró que el juez de Distrito:

Está obligado a realizar la compulsa de las pruebas respectivas que obren en el incidente de suspensión para agregarla al cuaderno principal, máxime cuando se haya solicitado y estas obran en un expediente que se está tramitando en el propio juzgado y que incide en el amparo”;475 y que “la junta (…) debe

473 No. Registro: 245,335. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198 Séptima Parte. Página: 483. AGRARIO. SUPLENCIA DE QUEJA IMPROCEDENTE SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa. Amparo en revisión 7330/81. Juan Castillo Ponce y coagraviados. 31 de enero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Salvador Martínez Rojas. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 179, página 354, bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA.". 474 No. Registro: 245,163. Tesis aislada. Materia(s): Común, Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Séptima Parte. Página: 282. AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. NO APOYA QUE SE VIOLEN LAS REGLAS DE LA PERSONALIDAD. La suplencia de la queja no debe llevarse al extremo de violar las normas que en materia de personalidad establece la ley. Amparo en revisión 6270/83. Poblado Ampliación de Ejido de San Antonio de Pantoja, Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. 20 de febrero de 1986. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 176, página 343, bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. NO APOYA QUE SE VIOLEN LAS REGLAS DE LA PERSONALIDAD.". 475 No. Registro: 245,955. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 58 Séptima Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1973, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 43. Apéndice 1917-1985, Séptima Parte, Sala Auxiliar, tesis relacionada con la jurisprudencia 5, página 22. AGRARIO. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. COMPULSA DE OFICIO PARA AGREGARLAS AL PRINCIPAL EN AMPARO EN MATERIA AGRARIA. El artículo 78, último párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo dispone que en los amparos en materia agraria se tomaran en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. Esto debe interpretarse en el sentido de que el a quo, de conformidad con lo establecido en dicho precepto legal, está obligado a realizar la compulsa de las pruebas respectivas que obren en el incidente de suspensión para agregarla al cuaderno principal, máxime cuando se haya solicitado y estas obran en un expediente que se está tramitando en el propio juzgado y que incide en el amparo; pues tratándose de amparos en materia agraria, el juzgador no puede actuar con el rigor que prevé la ley respecto de los juicios de garantías de estricto derecho, como son los demás amparos administrativos y civiles. Amparo en revisión 363/66. Comisariado Ejidal del Poblado "El Ixtle", Municipio de Alamo Temapache, Veracruz. 23 de octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.

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suplir la deficiencia del trabajador y de su abogado (…) en esas condiciones, si los testigos ofrecidos por el trabajador no dieron la razón de su presencia, ni les fue preguntada por el abogado del trabajador ni por el de la empresa, y si la junta estima que esa omisión es lo suficientemente grave para invalidar los testimonios, es claro que en el momento del desahogo de la prueba debe formularles, de oficio, las preguntas pertinentes.476

Para esta sala la suplencia de la queja en materia laboral “debe llevarse a efecto inclusive en lo tocante a precisar a todas las autoridades responsables, siempre y cuando la demanda de amparo haya sido interpuesta por la parte obrera”.477 La Sala Auxiliar consideró que no se suplía la deficiencia de la queja:

Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "COMPULSA DE PRUEBAS PRESENTADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. EL JUEZ DEBE ORDENARLA DE OFICIO EN AMPAROS EN MATERIA AGRARIA.". 476 No. Registro: 245,628. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 169-174 Séptima Parte. Página: 301. TESTIGOS DEL TRABAJADOR. RAZON DE SU DICHO. Es cierto que en un juicio de estricto derecho quien presenta a un testigo debe comprobar, al través de sus preguntas, que el testigo presenció los hechos y, si las circunstancias del caso lo hacen necesario o conveniente, debe también preguntarle la razón por la que estaba en el lugar y momento de que se trata. Esto, sin embargo, podría no ser siempre necesario, si por las circunstancias del caso es natural la presencia del testigo. Pero si la razón de la presencia del declarante en el tiempo y lugar que tuvieron verificativo los hechos sobre los que declara no es por sí manifiesta, es a quien ofrece la prueba a quien corresponde hacer las preguntas pertinentes para darle todo el valor legal posible. Sin embargo, cuando el procedimiento es tutelar, como en el caso de los trabajadores, la junta no debe tratarlos con el mismo rigor con que a un Juez Civil corresponde tratar a sus litigantes, y debe suplir la deficiencia del trabajador y de su abogado, cuando ello sea prudente y necesario. Y en esas condiciones, si los testigos ofrecidos por el trabajador no dieron la razón de su presencia, ni les fue preguntada por el abogado del trabajador ni por el de la empresa, y si la junta estima que esa omisión es lo suficientemente grave para invalidar los testimonios, es claro que en el momento del desahogo de la prueba debe formularles, de oficio, las preguntas pertinentes. Al respecto, es de notarse que el artículo 815, fracción VI, de la ley establece que, cuando lo estime pertinente, la junta examinará directamente al testigo, y la fracción VIII, que los testigos estarán obligados a dar la razón de su dicho, y que la junta estará obligada a solicitarla, respecto de las preguntas que no la lleven en sí. Luego, si ni el patrón en sus repreguntas trata de desvirtuar la razón que de su dicho dieran los testigos del trabajador ni la junta los repregunta al respecto, se deben considerar satisfactorias las razones que dan, salvo que sean absurdas o ilógicas o contrarias a otras constancias de autos. Y si los testigos del trabajador dicen haber presenciado los hechos sobre que declaran, eso basta como razón de su dicho, si el patrón y la junta no ahondan en esa cuestión, con sus repreguntas, ni desvirtúan con ellas su alegada presencia. En caso de duda, se debe resolver la cuestión a favor del trabajador. Amparo directo 5133/80. Martha Sánchez Rodríguez. 7 de marzo de 1983. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis Fernández Doblado y Víctor Manuel Franco Pérez. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 477 No. Registro: 246,234. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 26 Séptima Parte. Página: 51. Genealogía: Informe 1971, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 104. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. Debe llevarse a efecto inclusive en lo tocante a precisar a todas las autoridades responsables, siempre y cuando la demanda de amparo haya sido interpuesta por la parte obrera. Amparo directo 7328/64. Marina Alfaro viuda de Blanco y coagraviado. 19 de febrero de 1971. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Raúl Castellano. Nota: En el Informe de 1971, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE QUEJA.".

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Del Ministerio Público, al corregir en la sentencia el error en que incurrió éste al encuadrar el problema en la fracción I del artículo (…) y no en la fracción III del mismo precepto como debía corresponder. En efecto es intrascendente la errónea invocación de una fracción de un artículo de la ley si se toma en cuenta que los hechos materia de la acusación y la modalidad que se da por acreditar (…) son idénticos y la única nota distintiva entre ambas citas legales, es el carácter más o menos perjudicial para la salud pública de la sustancia con la que incurre en la conducta delictiva.478

Para esta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los conceptos de violación no requirieron formalidades porque:

Aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sen-

No. Registro: 245,413. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Séptima Parte. Página: 417. MINISTERIO PUBLICO, CITA ERRONEA DE FRACCIONES DE PRECEPTOS LEGALES POR EL. Es inoperante el agravio relativo a que el Juez suple las deficiencias del Ministerio Público, al corregir en la sentencia el error en que incurrió éste al encuadrar el problema en la fracción I del artículo 198 del Código Penal Federal (vigente en la época de los acontecimientos) y no en la fracción III del mismo precepto como debía corresponder. En efecto es intrascendente la errónea invocación de una fracción de un artículo de la ley si se toma en cuenta que los hechos materia de la acusación y la modalidad que se da por acreditar (posesión de anfetaminas) son idénticos y la única nota distintiva entre ambas citas legales, es el carácter más o menos perjudicial para la salud pública de la sustancia con la que incurre en la conducta delictiva. Amparo directo 3693/80. Fernando Bernal Torres. 22 de agosto de 1984. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Felipe López Contreras. Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192, página 417, se remite al Volumen 64, Segunda Parte, página 27, bajo la leyenda Véase; sin embargo el reenvío es incorrecto, por lo que se corrige como se observa en este registro.

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tencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo, aun de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cual es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio.479

Esta sala calificó de inoperantes los conceptos de violación: 1. “Si no precisa con toda claridad qué pruebas específicas no fueron debidamente valoradas y qué se debió tener por probado con ellas”.480 2. Si eran incompletos.481 3. Si “no ataca todos los fundamentos de la sentencia reclamada”.482

No. Registro: 245,585. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 169-174 Séptima Parte. Página: 107. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 4, página 7. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EXPRESION DE LOS. NO REQUIERE FORMALIDADES. Ante todo, es de verse que la Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo, aun de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cual es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio. Amparo directo 5632/77. Filiberto Hernández Barraza y otra. 21 de febrero de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". 480 No. Registro: 245,618. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 169-174 Séptima Parte. Página: 257. PRUEBAS, APRECIACION DE. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL PATRÓN. Cuando la parte patronal, en sus conceptos de violación, alega que no se enumeraron ni apreciaron las pruebas rendidas por su parte, el concepto es inoperante si no precisa con toda claridad qué pruebas específicas no fueron debidamente valoradas y qué se debió tener por probado con ellas, pues, de lo contrario, con el concepto de violación ambiguamente expresado obligaría al juzgador de amparo a hacer una revisión oficiosa de todas las constancias de autos, lo que en realidad vendría a ser el equivalente de una suplencia de la queja de la parte patronal, no autorizada por el artículo 76, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Amparo directo 1024/81. Petróleos Mexicanos. 15 de febrero de 1983. Cinco votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 481 No. Registro: 245,500. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 Séptima Parte. Página: 103. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, éstos resultan inoperantes, porque, aun en el caso de que fueran fundados, no bastaría para determinar el otorgamiento del amparo. Amparo directo 7982/79. Cemento Portland Blanco de México, S.A. 26 de octubre de 1983. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Felipe López Contreras. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia número 361, Apéndice 1917-1975, Tercera Parte, Segunda Sala, página 600, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS.". 479

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4. “Es inoperante el concepto de violación que expresa el quejoso, en sentido de que ‘en caso de duda debe absolverse al reo’, ya que de la sentencia reclamada no se advierte que exista por parte de la autoridad responsable indeterminación de ánimo entre dos juicios contradictorios por falta de mayores razones para decidirse por alguno de ellos; sino por el contrario, está claramente determinado por dicha autoridad la responsabilidad del agraviado en la comisión de los delitos”.483 Esta sala llamó improcedentes a los conceptos de violación que planteaban “irregularidades sustantivas o adjetivas de un dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue impugnado ante el Juez del proceso legal y oportunamente”.484 Calificó de inaceptable:

482 No. Registro: 245202. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la FederacióNo. Registro: 245,202. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Séptima Parte. Página: 461. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, página 171. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si el quejoso en sus conceptos de violación se limita a exponer que con las pruebas que analizó la responsable no se probó la existencia de un faltante, pero en nada se refiere a la consideración que se hizo en el sentido de que dicho faltante estaba justificado principalmente con la denuncia que por el delito de robo se formuló en contra de diversa persona, lo que incluso tampoco combatió al formular agravios en contra de la resolución de primer grado, es claro que con ellos no ataca todos los fundamentos de la sentencia reclamada. Amparo directo 5817/79. Rafael Quintero Romero. 9 de septiembre de 1985. Mayoría de tres votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia número 110, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 171, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". n. Tomo: 205-216 Séptima Parte. Página: 461. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común, página 171. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia número 110, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 171, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". 483 No. Registro: 245,177. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216 Séptima Parte. Página: 362. Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 5, página 7. DUDA. NO PUEDE ALEGARSE QUE EXISTE, CUANDO ESTA CLARAMENTE DETERMINADA LA RESPONSABILIDAD DEL AGRAVIADO. Es inoperante el concepto de violación que expresa el quejoso, en sentido de que "en caso de duda debe absolverse al reo", ya que de la sentencia reclamada no se advierte que exista por parte de la autoridad responsable indeterminación de ánimo entre dos juicios contradictorios por falta de mayores razones para decidirse por alguno de ellos; sino por el contrario, está claramente determinado por dicha autoridad la responsabilidad del agraviado en la comisión de los delitos de robo y fraude; sin que por otro lado, pueda obligarse a la indicada responsable a dudar o bien concluir que la ausencia de duda es violatoria de garantías. Amparo directo 3797/85. Américo Flores Hernández. 19 de junio de 1986. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: Clara Eugenia González Avila Urbano. 484 No. Registro: 245,655. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 163-168 Séptima Parte. Página: 116. PERITOS, DICTAMENES DE, NO IMPUGNADOS. Es improcedente el concepto de violación constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas de un dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue impugnado ante el Juez del proceso legal y oportunamente. Amparo directo 5663/80. Oscar Jáquez Jaramillo. 18 de agosto de 1982. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 227, página 489, bajo el rubro "PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO.".

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El concepto de violación que la Junta responsable desestimó una prueba sin razonar adecuadamente su criterio, pero dicha empresa no manifestó las razones específicas por las que en su opinión debió darse valor a dicha prueba, ni precisó qué hechos se debieron tener por acreditados con ella, ese concepto de violación es inaceptable, porque implica la pretensión de que el Juez de amparo haga una revaloración oficiosa de la prueba, supliendo la deficiencia de la queja patronal, como si estuviese haciendo, con plenitud de jurisdicción.

Por lo que se refiere a los agravios “en atención al principio de estricto derecho (…) al no combatir los fundamentos establecidos en los considerandos de la sentencia recurrida, sino que introduce nuevas cuestiones que no fueron invocadas en su demanda de garantías, no existe agravio propiamente que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida”.485 Los agravios fueron calificados de inoperantes: Si reproducían los conceptos de violación “casi en términos textuales”.486 Esta sala llamó insuficientes a los agravios:

No. Registro: 245,397. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Séptima Parte. Página: 280. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN REFERIRSE A CUESTIONES INVOCADAS EN LA DEMANDA. Si el quejoso en su agravio aduce una razón distinta a las señaladas en su demanda de garantías, en atención al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, al no combatir los fundamentos establecidos en los considerandos de la sentencia recurrida, sino que introduce nuevas cuestiones que no fueron invocadas en su demanda de garantías, no existe agravio propiamente que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida, dado que no se permite analizar oficiosamente cuestiones que no son motivo de la controversia. Amparo en revisión 5409/80. Carmen Alvarez del Castillo de Jiménez y otros. 8 de octubre de 1984. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Víctor Manuel Franco Pérez. 486 No. Registro: 245,396. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192 Séptima Parte. Página: 272. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que fueron examinados por el Juez y declarados sin fundamento en la sentencia recurrida, si no expone argumentación alguna para impugnar su legalidad, mediante la demostración de violaciones de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, debiendo desecharse, y, en consecuencia, confirmarse el fallo que se hubiere recurrido. Amparo 5409/80. Carmen Alvarez del Castillo Jiménez y otros. 8 de octubre de 1984. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Víctor Manuel Franco Pérez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte, tesis 31, página 53 (correspondiente a la tesis 36, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 61), bajo los rubros "AGRAVIOS, EXPRESION DE." y "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". 485

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1. “No expone razonamientos concretos sobre la ilegalidad de la resolución impugnada que sobreseyó el juicio, y únicamente sostiene como argumento el de que la sentencia fue omisa en el estudio de los conceptos de violación, de las pruebas y de los alegatos”.487 2. “Cuando en los agravios aducidos por el recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo”.488 3. “Los agravios referentes a causales de improcedencia que dejan sin tratar una de las que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo”.489 En una misma tesis calificó los agravios de incongruentes y de inoperantes;490 de improcedentes y de infundados.491

487 No. Registro: 245,956. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 58 Séptima Parte. Página: 13. Genealogía: Informe 1973, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 107. AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA RESOLUCION DEL JUEZ DE DISTRITO. Si la parte quejosa en su escrito de agravios no expone razonamientos concretos sobre la ilegalidad de la resolución impugnada que sobreseyó el juicio, y únicamente sostiene como argumento el de que la sentencia fue omisa en el estudio de los conceptos de violación, de las pruebas y de los alegatos, dichos agravios son insuficientes para destruir las consideraciones que tuvo el Juez de Distrito para sobreseer el juicio, por lo que debe confirmarse la resolución impugnada. Amparo en revisión 6782/56. Rafael López García y coagraviados. 2 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Amparo en revisión 5347/56. Estanislao García Cureño y coagraviado. 30 de octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. 488 No. Registro: 245,281. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198 Séptima Parte. Página: 488. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por el recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. Amparo en revisión 6278/82. Julián Valencia Alor y otro. 24 de enero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Séptima Epoca, Séptima Parte: Volúmenes 199-204, página 460. Amparo en revisión 306/82. Gustavo Reyes y otro. 8 de enero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Salvador Martínez Rojas. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65, bajo el rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES.". 489 No. Registro: 245,266. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204 Séptima Parte. Página: 343. AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO, APOYANDOSE EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON ALGUNA DE ELLAS. Los agravios referentes a causales de improcedencia que dejan sin tratar una de las que sirvieron de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, son insuficientes para conducir a la revocación de la sentencia que se impugna en revisión, porque no la combaten en su integridad, en atención a que los razonamientos y fundamentos legales en que el juzgador sustenta la conclusión, siguen rigiendo el sentido del fallo. Amparo en revisión 9251/83. Cándido Gradilla Bravo y otros. 27 de agosto de 1985. Mayoría de tres votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Martha Chavez Padrón. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 39, página 65, bajo el rubro "AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE LOS. PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA CUANDO, APOYANDOSE ESTA EN VARIAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN AGRAVIOS EN RELACION CON ALGUNA DE ELLAS.". 490 No. Registro: 245,422. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186 Séptima Parte. Página: 19. AGRARIO. AMPARO AGRARIO, PROCEDENCIA DEL. CANCELACION DE CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD. El agravio relativo a que los quejosos no acreditaron tener certificados de inafectabilidad para demostrar la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 27, fracción XIV, constitucional, es incongruente e inoperante si el acto reclamado es precisamente la resolución que canceló los certificados de inafectabilidad de los quejosos. Amparo en revisión 7541/79. Aquiles Horacio Castelo Paredes y otros. 5 de enero de 1984. Mayoría de tres votos. Disidentes: Felipe López Contreras y Víctor Manuel Franco Pérez. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

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No. Registro: 246,383. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 10 Séptima Parte. Página: 14. Genealogía: Informe 1969, Sala Auxiliar, página 150. AGRAVIOS IMPROCEDENTES CUANDO NO SE REFIEREN A LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE PARA CONCEDER EL AMPARO POR LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RECURRENTES. Deben declararse infundados los agravios que hacen valer las autoridades responsables, si en los mismos argumentan la indebida concesión del amparo por actos reclamados a autoridades distintas de las recurrentes, y nada dicen en relación con la protección federal otorgada en contra de los actos atribuidos a las autoridades que impugnan la sentencia respectiva. Amparo en revisión 4062/64 Comisariado Ejidal "La Isla" Tihuatlán, Veracruz. 1 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Antonio Capponi Guerrero. Secretario: Jesús Arzate Hidalgo.

491

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DE LA CONSTITUCIONALIDAD A LA LEGALIDAD (OCTAVA ÉPOCA) Hasta este momento el principio de estricto derecho, encubierto por la suplencia de la queja, tuvo su base en la Constitución. En la Octava Época de la jurisprudencia que inicia el 15 de enero de 1988 y concluye el 3 de febrero de 1995, el Constituyente Permanente decide delegar la regulación de este principio al Congreso de la Unión y únicamente conserva los casos de recabar pruebas, precisar derechos, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados oficiosamente, cuando dichos actos puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros. Prohibiendo en estos casos el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia, el desistimiento y el consentimiento expreso, a menos que aquél sea acordado por la Asamblea General y éste emane de ésta. En efecto, el 7 de abril de 1986, la fracción II del artículo 107 sufre su última reforma en los siguientes términos:

Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- (…) 197


II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de esta Constitución. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra si podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.492

492

Op. Cit. Paginas 745 y 746.

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Con esta reforma, la regulación del juicio de amparo que pretende proteger los derechos humanos o garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de los gobernados de los actos de autoridad, queda en manos de una autoridad, como lo es el Congreso de la Unión, a la que le corresponde emitir la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, el juicio de garantías o juicio constitucional es regulado por las autoridades cuyos excesos de poder pretende evitar dicho juicio. La situación es más grave de lo que parece, pues el artículo 73, fracción II y III, de la Ley de Amparo establece que:

ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es improcedente (…) II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; (…)

Lo que quiere decir que el juicio de amparo no procede en contra el juicio de amparo donde se aplica la Ley de Amparo (disculpen la cacofonía). También es “improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de 199


Amparo aplicada en la sentencia recurrida”.493 Por tanto, el receptor de las garantías individuales que pretende defenderlas de las autoridades, a través del juicio de amparo, no puede impugnar la ley que regula este juicio, pues esta ley sólo puede impugnarse mediante la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le compete a las propias autoridades en contra de las cuales se tramita dicho juicio, ya que el referido artículo establece:

Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes (…) II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.

493 No. Registro: 194,946. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Diciembre de 1998. Tesis: P. XCVI/98. Página: 260. REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. No es jurídicamente posible que a través del recurso de revisión previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar ésta. En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados puede hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales, de acuerdo con los lineamientos trazados por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reglamenta la Ley de Amparo; esto es, por medio de la promoción de un juicio de amparo indirecto, en el que impugnen en forma destacada la propia ley por su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación; o mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia o laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual dicha impugnación sólo será materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. El recurso de revisión, no se halla previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control de la Ley Suprema sino, exclusivamente, como un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, por lo que es improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo aplicada en la sentencia recurrida. Lo anterior no significa que la Ley de Amparo quede fuera de control constitucional puesto que existen los medios a que se refiere el artículo 105, fracción II, de la Ley Suprema, además del control difuso que excepcionalmente pueda ejercer esta Suprema Corte. Amparo en revisión 1133/96. María del Refugio Ávalos González vda. de Portillo. 21 de abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 2138/96. María de Lourdes Madrazo Cuéllar. 21 de abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 2696/96. Mario Javier Casanova Rodas. 21 de abril de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número XCVI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

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Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos (…).

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Con base en lo anterior, se hace patente que en México la defensa de las garantías individuales que tiene los ciudadanos, en contra de los actos de la autoridad, queda a criterio de las autoridades que están obligadas a respetar tales garantías y que el medio de defensa consagrado en la constitución para evitar tales actos autoritarios, está regulado por las propias autoridades a quienes se les pretende obligar a respetar los derechos humanos. Por este motivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Octava Época determina que: “no opera en favor del quejoso no trabajador la suplencia de los conceptos de violación o de agravios deficientes, ya que tal proceder sería contrario a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, los planteamientos contra la sentencia o la ley, en estos casos, deben examinarse en estricto derecho”.494 También determinó que:

Cuando en el escrito de alegatos se introducen conceptos de violación que no fueron hechos valer en la demanda de garantías, no sólo no existe el deber del juez de Distrito de hacer su análisis, sino que se encuentra imposibilitado legalmente para ello, por ser su planteamiento improcedente por extemporá-

No. Registro: 205,895. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Tesis: P. XXXII/90. Página: 52. Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 65. SUPLENCIA DE LA QUEJA. EN AMPARO CONTRA LEYES NO DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA, NO PROCEDE EN BENEFICIO DEL QUEJOSO NO TRABAJADOR CUANDO LOS TERCEROS PERJUDICADOS SON TRABAJADORES. Cuando en el juicio de amparo contra leyes no declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, y los terceros perjudicados tienen carácter de trabajadores, no opera en favor del quejoso no trabajador la suplencia de los conceptos de violación o de agravios deficientes, ya que tal proceder sería contrario a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, los planteamientos contra la sentencia o la ley, en estos casos, deben examinarse en estricto derecho. Amparo en revisión 2083/88. Carlos Mejía Melgoza. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausente: Rocha Díaz. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Carlos Ronzon Sevilla. Esta Tesis número XXXII/90, fue aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el miércoles dieciséis de mayo en curso, por mayoría de dieciocho votos de los señores ministros: Presidente en funciones González Martínez, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero. Schmill Ordóñez votó en contra. Ausentes: Presidente del Río Rodríguez y de Silva Nava. México, Distrito Federal a dieciséis de mayo de mil novecientos noventa.

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neo, ya que de conformidad con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, es en la demanda de garantías donde deberán de expresarse “los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de violación” y dentro del término a que aluden los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento para presentar dicha demanda, a cuyo estudio debe circunscribirse el juez de Distrito, salvo los casos en los que el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación.495

Por eso:

En los casos en que la ley no previene la suplencia de los agravios en la interposición de un recurso, éstos son la materia que constituye el motivo de inconformidad y son, por tanto, el objeto de estudio del recurso; en consecuencia, si el inconforme se limita a relatar los hechos sin ofrecer los argumentos que en su concepto le agravian, debe considerarse im-

495 No. Registro: 205,428. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: P. XXVIII/94. Página: 30. ALEGATOS. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INTRODUCIDOS EN ELLOS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen II, página 436, ha sustentado el criterio de que los alegatos no forman parte de la litis y, por tanto, el juez de Distrito no tiene, en rigor, el deber de analizar directamente las argumentaciones que en los mismos se hagan valer. Ahora bien, cuando en el escrito de alegatos se introducen conceptos de violación que no fueron hechos valer en la demanda de garantías, no sólo no existe el deber del juez de Distrito de hacer su análisis, sino que se encuentra imposibilitado legalmente para ello, por ser su planteamiento improcedente por extemporáneo, ya que de conformidad con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, es en la demanda de garantías donde deberán de expresarse "los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de violación" y dentro del término a que aluden los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento para presentar dicha demanda, a cuyo estudio debe circunscribirse el juez de Distrito, salvo los casos en los que el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación. Amparo en revisión 1402/92. Ernesto Gutiérrez y González. 13 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes seis de septiembre en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Diego Valadés Ríos, Noé Castañón León, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XXVIII/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado y Atanasio González Martínez. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

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procedente el contenido de su escrito, pero no infundado, siendo lo técnicamente adecuado desechar el recurso interpuesto.496

De la misma manera determinó que:

Los jueces de Distrito tienen libertad de criterio en la resolución de los casos que les corresponde conocer, dentro de los límites y bajo las reglas que consignan nuestra Constitución Federal y la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, salvo en las materias en que ya existe jurisprudencia obligatoria para ellos en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, casos en los cuales estarán obligados a acatar el criterio que en la misma se sustente e, inclusive, a aplicarla en suplencia de la queja cuando se declare la inconstitucionalidad de una ley por la Suprema Corte de Justicia. Por ello, las sentencias que dicten los jueces de Distrito pueden ser contradictorias, ya que es consecuencia lógica de la libertad de criterio en el análisis jurídico de que los jueces gozan, sin que esto signifique que los particulares estén indefensos ante ello, o que se afecte su seguridad jurídica, pues cuentan con el recurso de revisión en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará cual es el criterio válido en torno a la constitucionalidad de la ley reclamada y, al establecerse jurisprudencia, las Salas de la misma la aplicarán en la resolución de los recursos relativos.

No. Registro: 205,720. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Enero de 1992. Tesis: P. XX/92. Página: 41. Genealogía: Gaceta número 49, Enero de 1992, página 83. RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SON IMPROCEDENTES SI NO SE FORMULAN AGRAVIOS.

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Por lo tanto, la contradicción en los criterios sustentados en las sentencias que en amparo contra leyes pronuncien los jueces de Distrito no determina la ilegalidad de unas u otras.497

En cuanto a la suplencia de la queja, el Pleno de la Octava Época determinó que “no está prevista respecto de la autoridad recurrente”.498 En “las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, [¿existirá otra forma de violar la ley?] que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables”.499 Pues “la indefensión 497 No. Registro: 205,522. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 71, Noviembre de 1993. Tesis: P. LXXII/93. Página: 42. SENTENCIAS. LA CONTRADICCION ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS POR LOS JUECES DE DISTRITO NO IMPLICA SU ILEGALIDAD. Los jueces de Distrito tienen libertad de criterio en la resolución de los casos que les corresponde conocer, dentro de los límites y bajo las reglas que consignan nuestra Constitución Federal y la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, salvo en las materias en que ya existe jurisprudencia obligatoria para ellos en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, casos en los cuales estarán obligados a acatar el criterio que en la misma se sustente e, inclusive, a aplicarla en suplencia de la queja cuando se declare la inconstitucionalidad de una ley por la Suprema Corte de Justicia. Por ello, las sentencias que dicten los jueces de Distrito pueden ser contradictorias, ya que es consecuencia lógica de la libertad de criterio en el análisis jurídico de que los jueces gozan, sin que esto signifique que los particulares estén indefensos ante ello, o que se afecte su seguridad jurídica, pues cuentan con el recurso de revisión en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará cual es el criterio válido en torno a la constitucionalidad de la ley reclamada y, al establecerse jurisprudencia, las Salas de la misma la aplicarán en la resolución de los recursos relativos. Por lo tanto, la contradicción en los criterios sustentados en las sentencias que en amparo contra leyes pronuncien los jueces de Distrito no determina la ilegalidad de unas u otras. Amparo en revisión 110/93. Grupo Comercial Castillo, S.A. de C.V. y coagraviados. 2 de septiembre de 1993. Mayoría de quince votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el jueves cuatro de noviembre en curso, por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número LXXII/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Atanasio González Martínez. México, Distrito Federal, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 498 No. Registro: 206,067. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 112. Genealogía: Informe 1988, Primera Parte, Pleno, tesis 80, página 881. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO DE LA AUTORIDAD, POR LO QUE SUS AGRAVIOS RESULTAN INOPERANTES SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Deben considerarse inoperantes los agravios que se hacen valer en el recurso de revisión, cuando los argumentos expresados en ellos por la autoridad recurrente no se encuentran encaminados a controvertir los razonamientos y fundamentos legales en que se apoya la sentencia recurrida que concedió el amparo a la quejosa, procediendo, en consecuencia, confirmar en sus términos dicho fallo, pues al quedar firmes por tal motivo los razonamientos y fundamentos legales que lo sustentan, continúan rigiendo el sentido del mismo, en virtud, además, de que, en los términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias diversas a la penal, laboral y agraria, y en asuntos en que intervengan menores de edad o incapaces, la suplencia en la deficiencia de la queja sólo se admite respecto del particular recurrente, lo que implica que no está prevista respecto de la autoridad recurrente. Amparo en revisión 11376/84. Operadora Vero, S.A. 5 de abril de 1988. Unanimidad de quince votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Raúl Armando Pallares Valdez. 499 No. Registro: 205,929. Tesis aislada. Materia(s): Común, Civil, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: LV/89. Página: 123. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 88, pág. 655. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Amparo en revisión 2608/87. Gustavo A. Hernández Contreras. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de veinte votos de : de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; Castañón León, Rodríguez Roldán, Moreno Flores,

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significa que la autoridad responsable infringió determinadas normas de tal manera que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa”.500 Y su aplicación es estricta, por lo que “no debe introducir en el juicio extraordinario cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario, sobre las que no se expresaron razonamientos ni fueron materia de prueba”.501 Lo anterior porque:

Toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar; sin embargo, puede afirmarse que en una ley se incurre en violación manifiesta de la Carta Magna, tanto de

Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez expresaron que no estaban conformes con algunas consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausente: Pavón Vasconcelos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis LV/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: de Silva Nava, Castañón León, López Contreras, Villagordoa Lozano y Schmill Ordóñez. México Distrito Federal a veintitrés de noviembre de 1989. 500 No. Registro: 205,928. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Civil, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: LIX/89. Página: 123. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 89, pág. 656. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. SIGNIFICADO DEL SUPUESTO DE INDEFENSION. El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece, para suplir la deficiencia de la queja en las materias civil y administrativa, además de haberse producido en contra del quejoso o del particular recurrentes una violación manifiesta de la ley, que, el acto de autoridad lo haya dejado sin defensa. Este supuesto no debe interpretarse literalmente, ya que el precepto se volvería nugatorio, toda vez que contra todo acto de autoridad existen medios de defensa, entre ellos el juicio de amparo. Por ello, debe interpretarse esa disposición en el sentido de que indefensión significa que la autoridad responsable infringió determinadas normas de tal manera que afectó substancialmente al quejoso en su defensa. Amparo en revisión 2608/87. Gustavo A. Hernández Contreras. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de veinte votos de : de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; Castañón León, Rodríguez Roldán, Moreno Flores, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez expresaron que no estaban conformes con algunas consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausente: Pavón Vasconcelos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis LIX/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: de Silva Nava, Castañón León, López Contreras, Villagordoa Lozano y Schmill Ordóñez. México Distrito Federal a veintitrés de noviembre de 1989. 501 No. Registro: 205,926. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Civil, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: LVI/89. Página: 122. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 87, pág. 655. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE SER ESTRICTA Y CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS CONSTITUCIONAL. La suplencia de la deficiencia de la queja prevista por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe ser de aplicación estricta y circunscribirse exclusivamente a la litis constitucional, lo que significa que no debe introducir en el juicio extraordinario cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario, sobre las que no se expresaron razonamientos ni fueron materia de prueba. Amparo en revisión 2608/87. Gustavo A. Hernández Contreras. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de veinte votos de : de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; Castañón León, Rodríguez Roldán, Moreno Flores, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez expresaron que no estaban conformes con algunas consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausente: Pavón Vasconcelos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis LVI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: de Silva Nava, Castañón León, López Contreras, Villagordoa Lozano y Schmill Ordóñez. México Distrito Federal a veintitrés de noviembre de 1989.

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sus normas procedimentales como sustantivas, no sólo cuando la Suprema Corte, en jurisprudencia, la haya definido como inconstitucional, supuesto en el cual procedería la suplencia de la deficiencia de la queja conforme con la fracción I del numeral antes citado, sino también cuando el dispositivo reclamado resulte en sí mismo manifiestamente violatorio de un precepto constitucional, produciendo indefensión al particular.502

Siempre y cuando no se trate de una ley autoaplicativa, ya que:

De tal dispositivo se desprende que las únicas violaciones a la ley que pueden provocar indefensión en perjuicio de un quejoso o de un particular recurrente, son las de carácter procesal, ya que sólo en ese caso se da la aplicación de la ley a un caso concreto. Por lo mismo, tal supuesto no se da en el amparo contra leyes autoaplicativas por no derivar el acto reclamado

502 No. Registro: 205,925. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Civil, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: LXV/89. Página: 121. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 90, pág. 657. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA LEYES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS. PROCEDE CUANDO EL PRECEPTO RECLAMADO SEA MANIFIESTAMENTE VIOLATORIO DE UN DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, PRODUCIENDO INDEFENSION AL PARTICULAR. De conformidad con la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja en las materias civiles y administrativa cuando se advierta que ha habido en contra del agraviado o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar; sin embargo, puede afirmarse que en una ley se incurre en violación manifiesta de la Carta Magna, tanto de sus normas procedimentales como sustantivas, no sólo cuando la Suprema Corte, en jurisprudencia, la haya definido como inconstitucional, supuesto en el cual procedería la suplencia de la deficiencia de la queja conforme con la fracción I del numeral antes citado, sino también cuando el dispositivo reclamado resulte en sí mismo manifiestamente violatorio de un precepto constitucional, produciendo indefensión al particular. Amparo en revisión 2608/87. Gustavo A. Hernández Contreras. 20 de septiembre de 1989. Unanimidad de veinte votos de: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; Castañón León, Rodríguez Roldán, Moreno Flores, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez expresaron que no estaban conformes con algunas de las consideraciones contenidas en dicho proyecto. Ausente: Pavón Vasconcelos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis LXV/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León, Villagordoa Lozano y Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal a treinta de noviembre de 1989. Nota: En el informe 1989, esta tesis aparece bajo el rubro. "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA LEYES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS. PROCEDE CUANDO EL PRECEPTO RECLAMADO SEA MANIFIESTAMENTE VIOLATORIO DE UN DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PRODUCIENDO INDEFENSION AL PARTICULAR.".

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de un procedimiento jurisdiccional, sino del proceso legislativo en el cual no tiene participación el particular y, por tanto, resulta imposible que se dé en su contra una violación manifiesta de la ley que le provoque indefensión.503

En materia laboral la suplencia de la queja “no puede comprender o extenderse a la exigencia de requerir o recabar pruebas oficiosamente”.504 Sin embargo, en materia agraria la suplencia de la queja “debe extenderse aún respecto de la cita errónea o equívoca de los medios de defensa que pretendan interponer”.505

No. Registro: 205,725. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Enero de 1992. Tesis: P. XIV/92. Página: 46. Genealogía: Gaceta número 49, Enero de 1992, página 75. SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE APLICACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. Es incorrecto que en el amparo contra leyes, cuando éstas se reclaman en su naturaleza autoaplicativa, el juez resolutor aplique en beneficio de la quejosa el principio de suplencia de la queja en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que esa aplicación procede sólo: "cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa". De tal dispositivo se desprende que las únicas violaciones a la ley que pueden provocar indefensión en perjuicio de un quejoso o de un particular recurrente, son las de carácter procesal, ya que sólo en ese caso se da la aplicación de la ley a un caso concreto. Por lo mismo, tal supuesto no se da en el amparo contra leyes autoaplicativas por no derivar el acto reclamado de un procedimiento jurisdiccional, sino del proceso legislativo en el cual no tiene participación el particular y, por tanto, resulta imposible que se dé en su contra una violación manifiesta de la ley que le provoque indefensión. Amparo en revisión 6061/90. Martimex, S.A. de C.V. 17 de octubre de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciocho votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Gutiérrez Vidal, Moreno Flores, García Vázquez, Lanz Cárdenas, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez; González Martínez votó en contra. Castañón León, Lanz Cárdenas y Díaz Romero manifestaron su inconformidad con las consideraciones relacionadas con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Ausentes: Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara. Amparo en revisión 3072/90. Instituto Trilingüe Londres, A.C. 16 de octubre de 1991. Puesto a votación el proyecto, se aprobó por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Lanz Cárdenas, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez. Ausentes: Azuela Güitrón, Llanos Duarte, Gutiérrez Vidal, González Martínez y Castañón León. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara. Tesis número XIV/92 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de enero de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas, Atanasio González Martínez, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a nueve de enero de mil novecientos noventa y dos. 504 No. Registro: 205,571. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 64, Abril de 1993. Tesis: P. XXI/93. Página: 18. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. NO COMPRENDE EL REQUERIR O RECABAR PRUEBAS OFICIOSAMENTE. La suplencia que en materia laboral, a favor del trabajador, establece el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como a la de los agravios formulados en los recursos y, por tanto, no puede comprender o extenderse a la exigencia de requerir o recabar pruebas oficiosamente. Amparo en revisión 2648/89. Armando Correa Núñez y coagraviados. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de abril en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XXI/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Clementina Gil de Lester y Samuel Alba Leyva. México, Distrito Federal, a catorce de abril de mil novecientos noventa y tres. 505 No. Registro: 205,442. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: P. XLII/94. Página: 41. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. SU ALCANCE EN LA INTERPOSICION DE RECURSOS EN MATERIA AGRARIA. La intención del legislador al establecer las normas que rigen el juicio de amparo en materia agraria, fue dar a los núcleos de población ejidal o comunal, por razones económicas o sociales, mayores facilidades para la defensa de sus derechos a través del juicio de garantías, disponiendo, entre otras cosas, la obligación de suplir las deficiencias 503

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Lo que no ocurrió en materia penal donde:

La suplencia de la deficiencia de la queja operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables. Esto es, en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente. Por consiguiente, cuando se interpone recurso de queja en contra de un auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual desechó un recurso de revisión, en contra del cual procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 103, de la Ley de Amparo y no el de queja intentado por el recurrente, establecido en el artículo 95 del propio ordenamiento legal, lo procedente es desechar este último, sin que sea

en que lleguen a incurrir, suplencia que, con base en la interpretación sistemática de los preceptos relativos a dicha materia agraria, debe extenderse aún respecto de la cita errónea o equívoca de los medios de defensa que pretendan interponer. Por consiguiente, si en un juicio de amparo en materia agraria, un núcleo interpone recurso de queja en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra de un proveído que tiene por cumplida una ejecutoria que concedió el amparo, recurrible realmente mediante el incidente de inconformidad previsto por el artículo 105, párrafo tercero, de la misma ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 227, del propio ordenamiento legal y considerando que los inconformes comparecen en representación de un núcleo de población comunal, lo procedente es suplir la deficiencia de la comparecencia en el planteamiento del medio de impugnación hecho valer y tener por interpuesto el incidente de inconformidad a que se ha hecho referencia. Expediente varios 558/92. Consulta respecto al trámite que deba darse al recurso de queja interpuesto por la representación sustituta de la Comunidad de Santo Domingo de Los Reyes, Coyoacán, Distrito Federal. 15 de marzo de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Alfonso Soto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes seis de septiembre en curso, por unanimidad de quince votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Diego Valadés Ríos, Noé Castañón León, José Antonio Llanos Duarte, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número XLII/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. No. Registro: 205442. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 81, Septiembre de 1994. Tesis: P. XLII/94. Página: 41. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. SU ALCANCE EN LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN MATERIA AGRARIA.

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obstáculo la disposición contenida en el artículo 76 bis, fracción II, a que se ha hecho referencia.506

En esta época, el Pleno aceptó que la suplencia de la queja también “debe entenderse igualmente aplicable para el caso de los reglamentos; ello, por ser éstos en su aspecto material, actos de naturaleza legislativa, al quedar integrados por normas de carácter general, impersonal y abstracto”.507 El Pleno en la Octava Época calificó de inoperantes los conceptos de violación: 1. Si las sociedades mercantiles impugna el artículo 5º. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresa porque “no está dirigido a las sociedades mercantiles, sino a las asociacio-

506 No. Registro: 205,441. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994. Tesis: P. XLI/94. Página: 40. QUEJA, SUPLENCIA DE LA (ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO). SUS LIMITES EN LA INTERPOSICION DE RECURSOS EN MATERIA PENAL. En el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se establece que en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables. Esto es, en materia penal, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente. Por consiguiente, cuando se interpone recurso de queja en contra de un auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual desechó un recurso de revisión, en contra del cual procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 103, de la Ley de Amparo y no el de queja intentado por el recurrente, establecido en el artículo 95 del propio ordenamiento legal, lo procedente es desechar este último, sin que sea obstáculo la disposición contenida en el artículo 76 bis, fracción II, a que se ha hecho referencia. Amparo directo en revisión 60/93. Consulta respecto al trámite que debe seguir el recurso de queja interpuesto por Daniel Durán García. 19 de abril de 1994. Mayoría de doce votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Alfonso Soto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes seis de septiembre en curso, por unanimidad de quince votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Diego Valadés Ríos, Noé Castañón León, José Antonio Llanos Duarte, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número XLI/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 507 No. Registro: 205,667. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 53, Mayo de 1992. Tesis: P. XLIII/92. Página: 24. SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE RESPECTO DE REGLAMENTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Si bien la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, impone expresamente al juzgador el deber de suplir la queja deficiente tratándose de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, tal disposición debe entenderse igualmente aplicable para el caso de los reglamentos; ello, por ser éstos en su aspecto material, actos de naturaleza legislativa, al quedar integrados por normas de carácter general, impersonal y abstracto. Amparo en revisión 324/90. Química Ehlinger, S. A. de C. V. 19 de marzo de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Amparo en revisión 4068/90. Laboratorios Zerboni, S. A. 19 de marzo de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles trece de mayo en curso, por unanimidad de veinte votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XLIII/92, la tesis que antecede; y determinó que las votaciones son idóneas para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a catorce de mayo de mil novecientos noventa y dos.

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nes y sociedades civiles y a las personas físicas que den en uso inmuebles a otro contribuyente de este impuesto”.508

508 No. Registro: 205,784. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Julio de 1991. Tesis: P./J. 33/91. Página: 50. Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 11. ACTIVO DE LAS EMPRESAS, REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. SU ARTÍCULO 5o. NO AFECTA A LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y, POR TANTO, LOS CONCEPTOS QUE ESTAS FORMULEN EN SU CONTRA, SON INOPERANTES. El artículo 5o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de marzo de 1989, no está dirigido a las sociedades mercantiles, sino a las asociaciones y sociedades civiles y a las personas físicas que den en uso inmuebles a otro contribuyente de este impuesto; por tanto, el concepto de violación que en su contra invoquen las sociedades mercantiles, consistente en que dicha norma reglamentaria contraría en su perjuicio lo establecido por el artículo 2o. de la ley que reglamenta, es inoperante, en virtud de que la hipótesis que establece dicho numeral es ajena al régimen específico, aplicable a los causantes de su categoría. Amparo en revisión 1795/90. Algo para Recordar, S. A. de C.V. 15 de mayo de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y negar el amparo a la quejosa en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 4o., y tercero y cuarto transitorios, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 6o., Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; por mayoría de quince votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 7o., de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz expresó que estaba en contra de las consideraciones del proyecto y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con los artículos 2o., segundo párrafo, 5o. y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con el artículo 12o, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; y por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 2o, primer párrafo, del mismo Reglamento, Adato Green, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que debía concederse el amparo también respecto del segundo párrafo del citado artículo 2o., por violación al artículo 31, fracción IV, y en relación con los artículos 5o. y 9o., por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Ausente: Martínez Delgado. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: María del Refugio Covarrubias de Martín del Campo. Amparo en revisión 3423/90. Tempo Internacional, S. A.. 15 de mayo de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y negar el amparo a la quejosa en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 4o., y tercero y cuarto transitorios, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 6o., Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; por mayoría de quince votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 7o., de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz expresó que estaba en contra de las consideraciones del proyecto y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con los artículos 2o., segundo párrafo, 5o. y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con el artículo 12o, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; y por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 2o, primer párrafo, del mismo Reglamento, Adato Green, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que debía concederse el amparo también respecto del segundo párrafo del citado artículo 2o., por violación al artículo 31, fracción IV, y en relación con los artículos 5o. y 9o., por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Ausente: Martínez Delgado. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: María del Refugio Covarrubias de Martín del Campo. Amparo en revisión 4125/90. Selecciones Mercantiles, S. A. de C.V. . 15 de mayo de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y negar el amparo a la quejosa en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 4o. y tercero y cuarto transitorios, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de dieciséis votos de

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Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 6o., Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; por mayoría de quince votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 7o., de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz expresó que estaba en contra de las consideraciones del proyecto y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con los artículos 2o., segundo párrafo, 5o. y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con el artículo 12o, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; y por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 2o, primer párrafo, del mismo Reglamento, Adato Green, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que debía concederse el amparo también respecto del segundo párrafo del citado artículo 2o., por violación al artículo 31, fracción IV, y en relación con los artículos 5o. y 9o., por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Ausente: Martínez Delgado. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Marcos García José. Amparo en revisión 4206/90. Premix de México, S. A. de C.V. 15 de mayo de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y negar el amparo a la quejosa en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 4o., y tercero y cuarto transitorios, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 6o., Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; por mayoría de quince votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez, en relación con el artículo 7o., de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz expresó que estaba en contra de las consideraciones del proyecto y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con los artículos 2o., segundo párrafo, 5o. y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con el artículo 12o, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; y por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 2o, primer párrafo, del mismo Reglamento, Adato Green, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que debía concederse el amparo también respecto del segundo párrafo del citado artículo 2o., por violación al artículo 31, fracción IV, y en relación con los artículos 5o. y 9o., por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Ausente: Martínez Delgado. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: María del Refugio Covarrubias de Martín del Campo. Amparo en revisión 4390/90. Grupo Palmira, S. A. de C.V. 15 de mayo de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y negar el amparo a la quejosa en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez en relación con los artículos 4o., y tercero y cuarto transitorios, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 6o., Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; por mayoría de quince votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 7o., de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz expresó que estaba en contra de las consideraciones del proyecto y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con los artículos 2o., segundo párrafo, 5o. y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; por mayoría de diecisiete votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió negar el amparo en relación con el artículo 12o, Azuela Güitrón y González Martínez votaron en contra; y por mayoría de dieciséis votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Díaz Romero y Presidente Schmill Ordóñez se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 2o, primer párrafo, del mismo Reglamento, Adato Green, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que debía concederse el amparo también respecto del segundo párrafo del citado artículo 2o., por violación al artículo 31, fracción IV, y en relación con los artículos 5o. y 9o., por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional. Ausente: Martínez Delgado. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Marcos García José Tesis de jurisprudencia 33/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves veinte de junio de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos Duarte,

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2. “En cuanto excluye del acreditamiento que prevé, a las personas morales con fines no lucrativos y a quienes otorgan el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro contribuyente, no afecta al sistema tributario a que están sujetas las sociedades mercantiles, pues éstas no se encuentran en alguna de las hipótesis en las que no puede realizarse el acreditamiento establecido en el mencionado artículo (…) por tanto, los conceptos de violación que en contra de dicha exclusión expresen, son inoperantes”.509

Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ausentes: Carlos de Silva Nava, Salvador Rocha Díaz, Luis Fernández Doblado y Santiago Rodríguez Roldán. México, D. F., a 26 de junio de 1991. 509 No. Registro: 205,750. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Noviembre de 1991. Tesis: P./J. 44/91. Página: 14. Genealogía: Gaceta número 47, Noviembre de 1991, página 11. Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 18, página 23. ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY, EN CUANTO A LAS EXCLUSIONES QUE PREVE NO AFECTA A LAS SOCIEDADES MERCANTILES. El artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, en cuanto excluye del acreditamiento que prevé, a las personas morales con fines no lucrativos y a quienes otorgan el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro contribuyente, no afecta al sistema tributario a que están sujetas las sociedades mercantiles, pues éstas no se encuentran en alguna de las hipótesis en las que no puede realizarse el acreditamiento establecido en el mencionado artículo 9o.; por tanto, los conceptos de violación que en contra de dicha exclusión expresen, son inoperantes. Amparo en revisión 1056/90. Sembradores de Amistad de León, S.A. de C.V. 18 de junio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez; Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones contenidas en las páginas de la cincuenta y cuatro a la sesenta y ocho del proyecto, por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión 2679/89, y a favor de las consideraciones referentes a los aspectos novedosos contenidas en las páginas de la sesenta y ocho a la setenta y tres; y el Presidente Schmill Ordóñez manifestó su conformidad con estas últimas consideraciones, que son las relativas al acreditamiento y a la determinación del tributo por ejercicios (regulares e irregulares). Ausente: González Martínez. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero. Amparo en revisión 1081/90. Inmobiliaria Vire, S.A. de C.V. 18 de junio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez; Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones contenidas en las páginas de la cincuenta y cuatro a la sesenta y ocho del proyecto, por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión 2679/89, y a favor de las consideraciones referentes a los aspectos novedosos contenidas en las páginas de la sesenta y ocho a la setenta y tres; y el Presidente Schmill Ordóñez manifestó su conformidad con estas últimas consideraciones, que son las relativas al acreditamiento y a la determinación del tributo por ejercicios (regulares e irregulares). Ausente: González Martínez. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero. Amparo en revisión 1270/90. Jardines de León, S.A. de C.V. 18 de junio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez; Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones contenidas en las páginas de la cincuenta y cuatro a la sesenta y ocho del proyecto, por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión 2679/89, y a favor de las consideraciones referentes a los aspectos novedosos contenidas en las páginas de la sesenta y ocho a la setenta y tres; y el Presidente Schmill Ordóñez manifestó su conformidad con estas últimas consideraciones, que son las relativas al acreditamiento y a la determinación del tributo por ejercicios (regulares e irregulares). Ausente: González Martínez. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero. Amparo en revisión 2489/90. Automotriz Aeropuerto, S.A. de C.V. 18 de junio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez; Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones contenidas en las páginas de la cincuenta y cuatro a la sesenta y ocho del proyecto, por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión 2679/89, y a favor de las consideraciones referentes a los aspectos novedosos contenidas en las páginas de la sesenta y ocho a la setenta y tres; y el Presidente Schmill Ordóñez manifestó su conformidad con estas últimas consideraciones, que son las relativas al acreditamiento y a la determinación del tributo por ejercicios (regulares e irregulares). Ausente: González Martínez. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Amparo en revisión 2660/90. Inmobiliaria Periman, S.A. de C.V. 18 de junio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió, en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, en los siguientes términos: por mayoría de dieciséis votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con los artículos 1o., 4o., 6o. y 9o., y segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; y por mayoría de catorce votos de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez

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3. “Si el quejoso alega como concepto de violación que el ordenamiento de mérito no es equitativo al dar un trato desigual a los iguales en cuanto a la obligación de realizar pagos provisionales, pues no obstante que todos son contribuyentes del mismo impuesto, unos sí tendrán que cumplir con esa obligación y otros no, y si de las constancias procesales se advierte que dicho quejoso se encuentra ubicado en el grupo de los sujetos que por tener un ejercicio que no coincide con el del año calendario y termina antes del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve, no está obligado a efectuar esos pagos, dicho concepto debe declararse inoperante, pues el tratamiento que la ley da a los contribuyentes en torno a esa materia, no puede causar perjuicio a quien no tenga la obligación mencionada”.510

Roldán, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con el artículo 2o. de la ley reclamada, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, López Contreras y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones y por las consideraciones de su voto particular en el amparo en revisión 2679/89; Rocha Díaz y López Contreras manifestaron que debía concederse el amparo respecto del artículo 2o., de la ley, por violación al artículo 115, fracción IV, constitucional; y el propio señor ministro Rocha Díaz y el Presidente Schmill Ordóñez manifestaron su conformidad con las consideraciones referentes a los aspectos novedosos, que son las relativas al acreditamiento y a la determinación del tributo por ejercicios (regulares e irregulares). Ausente: González Martínez. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García. Tesis de jurisprudencia 44/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Noé Castañón León. Ausente: Salvador Rocha Díaz. México, D. F., a 18 de octubre de 1991. 510 No. Registro: 205,734. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Diciembre de 1991. Tesis: P. LVIII/91. Página: 9. Genealogía: Gaceta número 48, Diciembre de 1991, página 39. ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. ES INOPERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN ALEGADO POR EL QUEJOSO QUE, SIN ESTAR AFECTADO POR LA DISPOSICION QUE ATACA, LA CONSIDERA INEQUITATIVA. La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas divide a los sujetos pasivos de este tributo en dos grupos: los que se encuentran obligados a efectuar pagos provisionales y los que no tienen esa obligación. En el primero figuran aquellos cuyo ejercicio coincide con el año calendario (hipótesis prevista en el artículo tercero transitorio) y una parte de los causantes cuyo ejercicio no coincide con él (hipótesis prevista en la parte primera del artículo cuarto transitorio). En el segundo grupo se encuentra la parte restante de causantes cuyo ejercicio no coincide con el año calendario, pero terminan su ejercicio después del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve (hipótesis prevista en la segunda parte del artículo cuarto transitorio). Ahora bien, si el quejoso alega como concepto de violación que el ordenamiento de mérito no es equitativo al dar un trato desigual a los iguales en cuanto a la obligación de realizar pagos provisionales, pues no obstante que todos son contribuyentes del mismo impuesto, unos sí tendrán que cumplir con esa obligación y otros no, y si de las constancias procesales se advierte que dicho quejoso se encuentra ubicado en el grupo de los sujetos que por tener un ejercicio que no coincide con el del año calendario y termina antes del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve, no está obligado a efectuar esos pagos, dicho concepto debe declararse inoperante, pues el tratamiento que la ley da a los contribuyentes en torno a esa materia, no puede causar perjuicio a quien no tenga la obligación mencionada. Amparo en revisión 2821/89. Aulecar, S.A. de C.V. 2 de julio de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se resolvió, en lo que es materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y con la salvedad a que se refiere el considerando segundo del proyecto, negar el amparo a la quejosa, en los siguientes términos: por mayoría de quince votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra; y por mayoría de catorce votos de Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez en relación con los artículos 7o. y tercero transitorio de la ley reclamada, de Silva Nava, Azuela Güitrón, González Martínez y Presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. Rocha Díaz manifestó que estaba en contra de las consideraciones y por las de su voto particular en el amparo en revisión número 2679/89, y el Presidente Schmill Ordóñez manifestó su conformidad con las consideraciones referentes a los aspectos novedosos. Impedido legalmente: Lanz Cárdenas. Ausente: Rodríguez Roldán. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Hanz Eduardo López Muñoz. Tesis número LVIII/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta

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Los agravios fueron inoperantes para el Pleno de esta época: 1. “Cuando los argumentos expresados en ellos por la autoridad recurrente no se encuentran encaminados a controvertir los razonamientos y fundamentos legales en que se apoya la sentencia recurrida que concedió el amparo a la quejosa”.511 2. “Todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante”.512 3. “Los agravios que plantean violaciones procedimentales o de inexacta aplicación de una ley secundaria resultan inoperantes en la revisión de sentencias pronunciadas en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, pues tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión, toda vez que la Suprema Corte debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad de la ley, conforme con lo dispuesto por los artículos 83, fracción V, párrafo segundo, y 93 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en la revisión en amparo Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez e Ignacio Magaña Cárdenas. Ausentes: Noé Castañón León, y Atanasio González Martínez. México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y uno. 511 No. Registro: 206,067. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 112. Genealogía: Informe 1988, Primera Parte, Pleno, tesis 80, página 881. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO DE LA AUTORIDAD, POR LO QUE SUS AGRAVIOS RESULTAN INOPERANTES SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Deben considerarse inoperantes los agravios que se hacen valer en el recurso de revisión, cuando los argumentos expresados en ellos por la autoridad recurrente no se encuentran encaminados a controvertir los razonamientos y fundamentos legales en que se apoya la sentencia recurrida que concedió el amparo a la quejosa, procediendo, en consecuencia, confirmar en sus términos dicho fallo, pues al quedar firmes por tal motivo los razonamientos y fundamentos legales que lo sustentan, continúan rigiendo el sentido del mismo, en virtud, además, de que, en los términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias diversas a la penal, laboral y agraria, y en asuntos en que intervengan menores de edad o incapaces, la suplencia en la deficiencia de la queja sólo se admite respecto del particular recurrente, lo que implica que no está prevista respecto de la autoridad recurrente. Amparo en revisión 11376/84. Operadora Vero, S.A. 5 de abril de 1988. Unanimidad de quince votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Raúl Armando Pallares Valdez. 512 No. Registro: 205,978. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Tesis: LXXV/89. Página: 182. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 79, pág. 648. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. AGRAVIOS INOPERANTES SI SON AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA. De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante. Amparo directo en revisión 2081/88. Emak Import Export, S. A. 14 de junio de 1989. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: Magaña Cárdenas y López Contreras. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro. Tesis LXX/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León, Villagordoa Lozano y Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal a treinta de mayo de 1989. Notas: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.".

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directo la materia se limita, exclusivamente, a la decisión de cuestiones

propiamente

constitucionales,

sin

poder

comprender

otras”.513 4. “La materia del recurso de reclamación es el acuerdo de trámite impugnado; su objeto es el análisis de la legalidad de dicho acuerdo, visto y examinado a través de los agravios expresados en la reclamación; y su resultado será declarar fundado o infundado el recurso de mérito, sin hacer pronunciamiento alguno en relación con la sentencia combatida”.514 5. “Si en la adhesión al recurso de revisión la parte que la hace valer no combate en sus agravios ninguna consideración de la sentencia recurrida, sino que se limita a dar contestación a los Este criterio ha integrado la jurisprudencia P./J. 46/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 174, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA." 513 No. Registro: 205,892. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Tesis: P. III/90. Página: 49. Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, pág. 39. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES O DE INEXACTA APLICACIÓN DE UNA LEY SECUNDARIA. Los agravios que plantean violaciones procedimentales o de inexacta aplicación de una ley secundaria resultan inoperantes en la revisión de sentencias pronunciadas en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, pues tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión, toda vez que la Suprema Corte debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad de la ley, conforme con lo dispuesto por los artículos 83, fracción V, párrafo segundo, y 93 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en la revisión en amparo directo la materia se limita, exclusivamente, a la decisión de cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Amparo directo en revisión 3109/88. Rosa Hernández García. 17 de enero de 1990. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez, Presidente del Río Rodríguez. Ausente: Castañón León. Ponente: Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Esta Tesis III/90, fue aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes tres de abril en curso, por unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: de Silva Nava, Azuela Güitrón, Rodríguez Roldán y Carpizo Mac Gregor. México, Distrito Federal, a tres de abril de mil novecientos noventa. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Novena Epoca, tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXVIII/97, pág. 439, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA NO VUELVE IMPROCEDENTE EL RECURSO, CUANDO SE ACTUALIZAN CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES EN EL ASUNTO.". 514 No. Registro: 205,579. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 61, Enero de 1993. Tesis: P./J. 1/93. Página: 45. RECLAMACION. SON AGRAVIOS INOPERANTES EN ESE RECURSO AQUELLOS QUE COMBATEN LA SENTENCIA RECURRIDA. La materia del recurso de reclamación es el acuerdo de trámite impugnado; su objeto es el análisis de la legalidad de dicho acuerdo, visto y examinado a través de los agravios expresados en la reclamación; y su resultado será declarar fundado o infundado el recurso de mérito, sin hacer pronunciamiento alguno en relación con la sentencia combatida, por lo que los agravios que combaten dicha sentencia deben estimarse inoperantes. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 5700/90. Luis Zardaneta Ponce de León. 22 de enero de 1991. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 1149/91. Trinidad Edith González Ulibarri. 10 de septiembre de 1991. Mayoría de quince votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretaria: María del Pilar Núñez González. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1677/91. Natalia Moreno Villafuerte. 4 de junio de 1992. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 10/92. Enrique Flores Guzmán. 9 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Graciela M. Landa Durán. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 261/92. Cecilia Amador de la Rosa. 11 de junio de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Idalia Peña Cristo. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de enero en curso, por unanimidad de veinte votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 1/1993, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil novecientos noventa y tres. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 444, página 296.

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agravios expresados en el recurso de revisión, tales agravios deben desestimarse por inoperantes, ya que la materia de la adhesión es la sentencia recurrida y no los agravios expresados en el recurso al que se adhiere”.515 El Pleno de esta época calificó los agravios de insuficientes si no combatían el sobreseimiento porque:

No puede examinarse de oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de Distrito que no sean impugnados, aunque no sean bastantes para haber sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte ha establecido que, si bien es de orden público el estudio de las causales de improcedencia, cuando el juez de Distrito sobresee por una causa determinada, ya no está de por medio el interés público y entra en juego sólo el interés privado de la parte afectada, y que el estudio de ese sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de los agravios que se hagan valer por la parte recurrente.516

515 No. Registro: 205,480. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 77, Mayo de 1994. Tesis: P. XXIV/94. Página: 46. ADHESION A LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE DAN CONTESTACION A LOS EXPRESADOS EN EL RECURSO. De conformidad con el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si en la adhesión al recurso de revisión la parte que la hace valer no combate en sus agravios ninguna consideración de la sentencia recurrida, sino que se limita a dar contestación a los agravios expresados en el recurso de revisión, tales agravios deben desestimarse por inoperantes, ya que la materia de la adhesión es la sentencia recurrida y no los agravios expresados en el recurso al que se adhiere. Amparo en revisión 1310/93. Comercializadora Zae, S. A. de C. V. 10 de marzo de 1994. Mayoría de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diez de mayo en curso, por unanimidad de quince votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número XXIV/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas, Noé Castañón León, Samuel Alba Leyva y Clementina Gil de Lester. México, Distrito Federal, a once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 516 No. Registro: 205,944. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Tesis: XXVIII/89. Página: 22. Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 19, pág. 582. AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO. No puede examinarse de oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de Distrito que no sean impugnados, aunque no sean bastantes para haber sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte ha establecido que, si bien es de orden público el estudio de las causales de improcedencia, cuando el juez de Distrito sobresee por una causa determinada, ya no está de por medio el interés público y entra en juego sólo el interés privado de la parte afectada, y que el estudio de ese sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de los agravios que se hagan valer por la parte recurrente. De ello se desprende que procede declarar firme, por insuficiencia de los agravios expresados, el sobreseimiento dictado por el juez de Distrito. Amparo en revisión 1793/88. Promoción y Creaciones Publicitarias, S. A.. 25 de mayo de 1989. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez,

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:

Si al examinar los actos reclamados el juez hace razonamientos jurídicos que no se contengan en el informe justificado, para tener o no por demostrados los actos, ello no significa que esté supliendo la deficiencia de dichos informes y por ello de la queja, pues además de que el informe justificado no tiene el carácter de una queja ni la autoridad el de quejoso, el juez no está limitado por lo que se exprese o deje de expresarse en los informes justificados para tener o no por demostrada la existencia del acto o actos reclamados.517

Esta sala sostuvo el criterio contrario al Pleno en el sentido de que:

Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; con la salvedad externada por el señor ministro Schmill Ordóñez, en relación con la consideración relativa al sobreseimiento. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Tesis XXVIII/1989, aprobada por el Tribunal en Pleno, en Sesión Privada celebrada el martes trece de junio de 1989, por unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava; Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. México, Distrito Federal a catorce de junio de 1989. 517 No. Registro: 206,261. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Página: 257. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 37, pág. 52. SUPLENCIA DE LA QUEJA INEXISTENTE EN BENEFICIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO, AL EXAMINAR LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUZGADOR HACE RAZONAMIENTOS QUE NO SE CONTIENEN EN EL INFORME JUSTIFICADO. Conforme a los artículos 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; estableciéndose así mismo que en aquéllas el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad. Por tanto, si al examinar los actos reclamados el juez hace razonamientos jurídicos que no se contengan en el informe justificado, para tener o no por demostrados los actos, ello no significa que esté supliendo la deficiencia de dichos informes y por ello de la queja, pues además de que el informe justificado no tiene el carácter de una queja ni la autoridad el de quejoso, el juez no está limitado por lo que se exprese o deje de expresarse en los informes justificados para tener o no por demostrada la existencia del acto o actos reclamados. Amparo en revisión 2586/88. Escuela Moderna Americana, S. C. 15 de mayo de 1989. 5 votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Luz Cueto Martínez. Informe 1989, Segunda Parte, Primera Sala, tesis , pág. . Nota: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro: "SENTENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO. NO HAY SUPLENCIA DE LA QUEJA EN BENEFICIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO, AL EXAMINAR LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUZGADOR HACE RAZONAMIENTOS QUE NO SE CONTIENEN EN EL INFORME JUSTIFICADO.".

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En atención a los valores considerados en la materia penal, en la que para un acusado es latente la afectación de bienes jurídicos tan relevantes como su libertad e incluso la de su vida como acontece en los asuntos emanados del fuero militar, ante el tema de la suplencia en la deficiencia de la queja, en esa rama del derecho es en la que, por la razón apuntada, se privilegian valores fundamentales como los referidos, aun en detrimento de otros de índole económica, es por lo que debe entenderse la aplicación de ese principio en una acepción amplia y no limitada. Lo anterior, conforme a una interpretación también extensa de la garantía de defensa, a que se refiere la fracción IX del precepto 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite establecer que, cuando se advierte ignorancia o error en la interposición de un recurso, cuando lo adecuado era la procedencia de otro distinto, debe considerarse que la suplencia de la queja en ese amplio sentido ejemplificado, alcanza al grado de cambiar la naturaleza del medio impugnativo interpuesto en forma equivocada, máxime cuando existe el antecedente de esa ignorancia en el actuar del acusado o de su defensor.518

Aunque después aceptó el criterio del Pleno al señalar que:

518 No. Registro: 206,147. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Octava Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XI, Marzo de 1993. Tesis: 1a. II/93. Página: 5. RECURSOS, EN MATERIA PENAL LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN SU MAS AMPLIO SENTIDO. ALCANZA EL EXTREMO DE CAMBIAR LA NATURALEZA DE LOS. En atención a los valores considerados en la materia penal, en la que para un acusado es latente la afectación de bienes jurídicos tan relevantes como su libertad e incluso la de su vida como acontece en los asuntos emanados del fuero militar, ante el tema de la suplencia en la deficiencia de la queja, en esa rama del derecho es en la que, por la razón apuntada, se privilegian valores fundamentales como los referidos, aun en detrimento de otros de índole económica, es por lo que debe entenderse la aplicación de ese principio en una acepción amplia y no limitada. Lo anterior, conforme a una interpretación también extensa de la garantía de defensa, a que se refiere la fracción IX del precepto 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite establecer que, cuando se advierte ignorancia o error en la interposición de un recurso, cuando lo adecuado era la procedencia de otro distinto, debe considerarse que la suplencia de la queja en ese amplio sentido ejemplificado, alcanza al grado de cambiar la naturaleza del medio impugnativo interpuesto en forma equivocada, máxime cuando existe el antecedente de esa ignorancia en el actuar del acusado o de su defensor. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 885/92. Enrique Torres Macal. Unanimidad de cuatro votos. 1o. de marzo de 1993. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Jorge Luis Silva Banda.

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Tratándose del análisis de la procedencia del recurso, la regla general es que no debe operar la suplencia de la queja deficiente, que ordena el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no obstante, que se trate de la materia penal (artículo 76 bis, fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales), porque esta suplencia se ha instaurado, para que proceda cuando advierta el juzgador que la queja es deficiente, abarcando en la materia penal, incluso la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, pero no hasta el extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, respecto de la procedencia del recurso de revisión en amparos directos.519

Para esta sala “la improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin”.520

519 No. Registro: 206,106. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 78, Junio de 1994. Tesis: 1a./J. 13/94. Página: 25. PROCEDENCIA DE RECURSOS. NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LA. Tratándose del análisis de la procedencia del recurso, la regla general es que no debe operar la suplencia de la queja deficiente, que ordena el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no obstante que se trate de la materia penal (artículo 76 bis, fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales), porque esta suplencia se ha instaurado, para que proceda cuando advierta el juzgador que la queja es deficiente, abarcando en la materia penal, incluso la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios, pero no hasta el extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, respecto de la procedencia del recurso de revisión en amparos directos. Amparo directo en revisión 3080/80. Silvia López Hernández y otro. 3 de diciembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Clementina Gil de Lester. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo directo en revisión 761/93. Nili Miller Fux. 31 de enero de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario Rubén Arturo Sánchez Valencia. Amparo directo en revisión 2157/93. Eduardo Rojas López Toribio. 14 de marzo de 1994. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Miguel Angel Cruz Hernández. Amparo directo en revisión 760/93. Raúl Sandoval Mendoza. 11 de abril de 1994. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: Jorge Ojeda Velázquez. Amparo directo en revisión 1957/93. Abraham Calleja López. 11 de abril de 1994. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretaria: Norma Lucia Piña Hernández. Tesis de Jurisprudencia 13/94. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada celebrada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos de los señores Ministros: Presidenta Victoria Adato Green, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado. Ausente el Ministro Samuel Alba Leyva. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, Primera Parte, tesis 259, página 146. 520 No. Registro: 206,296. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 191. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 36, página 48. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que:

El señalamiento de la autoridad responsable es una obligación a cargo de la parte quejosa y no del juez de Distrito. Consecuentemente, si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla como responsable, tal omisión no puede ser suplida (…) ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios.521

También sostuvo que:

En los juicios en materia agraria en que una de las partes sea un ejidatario, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios; recabarse de oficio las pruebas que puedan beneficiarlo y acordarse las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ello, con independencia de que si las partes quejosa y tercero perjudicado estén constituidas por ejidatarios, dado que la finalidad primordial de la tutela es la de resolver, con conocimiento Pleno Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. 521 No. Registro: 206,354. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994. Tesis: 2a. I/94. Página: 59. AUTORIDAD RESPONSABLE. OMISION DE SU SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA. NO ES MOTIVO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUNQUE EL QUEJOSO SEA UN TRABAJADOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable es una obligación a cargo de la parte quejosa y no del juez de Distrito. Consecuentemente, si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla como responsable, tal omisión no puede ser suplida en términos del artículo 76 bis de la citada ley, aun cuando el quejoso sea un trabajador, ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios. Amparo en revisión 1109/92. María Elena Méndez Tinajero. 16 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: José Roberto Cantú Treviño.

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la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías. De tal manera que en los casos en que dos ejidatarios tengan el carácter de quejoso y de tercero perjudicado respectivamente, deberá suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra522

Esta Segunda Sala consideró que:

Es cierto que las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio, conforme a jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, en cualquiera de las dos instancias del juicio de garantías, aunque no las invoquen las partes ante el Juez de Distrito o en la expresión de agravios; pero debe advertirse que siempre y cuando la sentencia de primer grado no contenga declaración categórica en los puntos resolutivos sobre que no es de sobreseerse ni se sobresee en el juicio, de manera que si contiene tal declaración, la misma sólo podrá ser revisada por la Suprema Corte en caso de que sea recurrida, pues, de lo contrario, no podrá invocarse la misma causa de

522 No. Registro: 206,345. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994. Tesis: 2a./J. 12/94. Página: 18. SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA CUANDO EL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO SON EJIDATARIOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, en los juicios en materia agraria en que una de las partes sea un ejidatario, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios; recabarse de oficio las pruebas que puedan beneficiarlo y acordarse las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ello, con independencia de que si las partes quejosa y tercero perjudicada estén constituidas por ejidatarios, dado que la finalidad primordial de la tutela es la de resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías. De tal manera que en los casos en que dos ejidatarios tengan el carácter de quejoso y de tercero perjudicado respectivamente, deberá suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra. Contradicción de tesis 50/93. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 4 de julio de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: César Thomé González. Tesis de Jurisprudencia 12/94. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Noé Castañón León. Ausente: Fausta Moreno Flores. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, Primera Parte, tesis 386, página 282.

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improcedencia desechada por el inferior, ya que no sería jurídico que, sobre el mismo punto, precisamente en el mismo juicio, aparecieran dos decisiones contradictorias: la del Juez de Distrito, que causa ejecutoria por ministerio de ley, y la de la Suprema Corte.523

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que suplir la deficiencia en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, no se circunscribe:

Unicamente a la corrección del error en la cita de la garantía violada, sino que se autoriza al juez de amparo a analizar en su conjunto los conceptos de violación expresados por el quejoso, concediendo el amparo por la violación efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esto quiere decir que para que se pueda estudiar un concepto de violación aun en un amparo administrativo contra leyes, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el demandante estima le causa la ley impugnada, y los motivos que originan tal agravio.524

523 No. Registro: 206,539. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 225. IMPROCEDENCIA, CAUSAS DE. ALCANCE DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE SOSTIENE QUE DEBEN ESTUDIARSE DE OFICIO. Es cierto que las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio, conforme a jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, en cualquiera de las dos instancias del juicio de garantías, aunque no las invoquen las partes ante el Juez de Distrito o en la expresión de agravios; pero debe advertirse que siempre y cuando la sentencia de primer grado no contenga declaración categórica en los puntos resolutivos sobre que no es de sobreseerse ni se sobresee en el juicio, de manera que si contiene tal declaración, la misma sólo podrá ser revisada por la Suprema Corte en caso de que sea recurrida, pues, de lo contrario, no podrá invocarse la misma causa de improcedencia desechada por el inferior, ya que no sería jurídico que, sobre el mismo punto, precisamente en el mismo juicio, aparecieran dos decisiones contradictorias: la del Juez de Distrito, que causa ejecutoria por ministerio de ley, y la de la Suprema Corte. Amparo en revisión 9368/83. Mc Fadden, S.A. 20 de mayo de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Guillermo David Vázquez Ortiz. 524 No. Registro: 206,644. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Marzo de 1994. Tesis: 3a. V/94. Página: 68. SUPLENCIA DEL ERROR. EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO AUTORIZA AL JUZGADOR NO SOLO A SUPLIR EL ERROR EN LA CITA DEL ARTÍCULO VIOLADO, SINO TAMBIÉN EN LA

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Para esta sala la sanción por no: “expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación (…) lo cual determina la improcedencia del juicio”.525 Por eso, la procedencia de recurso de revisión en amparo directo quedó condicionada a que “el recurrente debe expresar agravios en congruencia con los razonamientos del tribunal en que fundó su calificación de constitucionalidad o su interpretación del precepto constitucional”.526

DENOMINACIÓN DE LA GARANTÍA LESIONADA. Es cierto que el artículo 79 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales suplan la deficiencia en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, pero tal facultad no se circunscribe únicamente a la corrección del error en la cita de la garantía violada, sino que se autoriza al juez de amparo a analizar en su conjunto los conceptos de violación expresados por el quejoso, concediendo el amparo por la violación efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esto quiere decir que para que se pueda estudiar un concepto de violación aun en un amparo administrativo contra leyes, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el demandante estima le causa la ley impugnada, y los motivos que originan tal agravio. La falta de mención del precepto exactamente aplicable no es bastante para estimar inexistente o inoperante el concepto de violación, ya que el artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al juzgador a suplir el error en la cita o invocación de la garantía violada, tanto en su denominación como en el precepto constitucional que la contenga. Por lo tanto, expresados los hechos del caso, y la lesión que se estima se recibió, es posible que el juzgador examine cuál es el derecho aplicable. Amparo en revisión 1359/92. María del Carmen Munguía Gómez. 7 de febrero de 1994. Cinco votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. 525 No. Registro: 206,659. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 72, Diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 28/93. Página: 38. Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 169, página 114. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. Amparo en revisión 3088/89. Jorge Cores Muradas. 21 de mayo de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 583/91. Gustavo Ramírez Rodríguez. 15 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 1196/92. Duque, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Amparo en revisión 1241/92. Bodegas Costa Chica, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Amparo en revisión 1242/92. Distribuidora Manyol, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario. Ignacio Navarro Rábago. Tesis Jurisprudencial 28/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. 526 No. Registro: 206,726. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XI, Junio de 1993. Tesis: 3a. XXXIX/93. Página: 7. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE. AUNQUE EN LA SENTENCIA SE DECIDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O SE HAGA LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SI LOS AGRAVIOS NO SON CONGRUENTES CON LOS RAZONAMIENTOS DE LA PARTE DE LA SENTENCIA QUE CONTIENE LA DECISION O LA INTERPRETACIÓN CORRESPONDIENTE. En términos de lo dispuesto por los artículos 83, fracción V, y 93 de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo se compone por la parte de la sentencia donde dichos Tribunales hayan analizado la constitucionalidad de la ley o interpretado directamente un precepto constitucional y los agravios expresados en su contra, no basta, para que el recurso de revisión sea procedente, el hecho de que en la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad de una ley o se

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En otro caso esta sala consideró que: “por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional”.527 También, esta sala determinó la competencia en virtud de que los agravios “resulten notoriamente inoperantes (…) ya sea porque no atacan la totalidad de la sentencia del a quo, o porque se refieran a razonamientos no utilizados por éste, debe concluirse (…) [que] pueden las Salas resolver los juicios de amparo en revisión competencia del Pleno del máximo Tribunal”.528

haga la interpretación de un precepto constitucional, sino que además, el recurrente debe expresar agravios en congruencia con los razonamientos del tribunal en que fundó su calificación de constitucionalidad o su interpretación del precepto constitucional. Amparo en revisión 1468/92. María Dolores Leticia Aguilera de García. 15 de marzo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Evaristo Coria Martínez. 527 No. Registro: 206,594. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994. Tesis: 3a./J. 20/94. Página: 22. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 236, página 237. Apéndice 1917-1995, Cuarta Parte, Tomo VI, Tercera Sala, tesis 500, página 330. SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos concretos de aplicación y el juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de estos últimos, pero en lugar de sobreseer también respecto de la ley reclamada entró al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe tomarse en cuenta, por una parte, que en los términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el espíritu del artículo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional. Amparo en revisión 5262/85. Everardo Hernández Reynoso. 28 de noviembre de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Amparo en revisión 615/86. Marcelo Ortega Ortega. 30 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Amparo en revisión 3075/88. Paulino Adame Flores. 10 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Amparo en revisión 4298/90. Especialidades e Industriales y Químicas, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 632/94. Raúl Octavio Avalos Lemus y otro. 13 de junio de 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Tesis de Jurisprudencia 20/94. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal, en sesión de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Diego Valadés. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 500, página 330. 528 No. Registro: 207,130. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990. Tesis: 3a./J. 37/90. Página: 203. Genealogía: Gaceta número 36, Diciembre de 1990, página 18. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 488, página 323. SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. SON COMPETENTES PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN EN LOS QUE HABIÉNDOSE RECLAMADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, NO PROCEDA ENTRAR AL EXAMEN DE ESA CUESTIÓN, POR SER NOTORIAMENTE INOPERANTES LOS AGRAVIOS. Cuando en un juicio de amparo en revisión subsiste el problema de constitucionalidad, pero por diversos motivos se deba confirmar la negativa u otorgamiento del amparo sin que para ello se tenga que entrar a examinar el fondo de la litis constitucional, es decir, el examen de la cuestión de inconstitucionalidad, como en el caso de que resulten notoriamente inoperantes los agravios, ya sea porque no atacan la totalidad de la sentencia del a quo, o porque se refieran a razonamientos no utilizados por éste, debe concluirse que se está en el supuesto del punto primero, fracción I, del Acuerdo I/88 de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, que en lo medular dispone que el Pleno enviará a las Salas, y en su caso, éstas conservarán, para su resolución, los asuntos que, a juicio del Ministro ponente, queden comprendidos en la hipótesis en que habiéndose reclamado la inconstitucionalidad de una ley federal o local o de un tratado internacional, no proceda entrar al examen de esa cuestión, señalando a continuación diversas hipótesis ejemplificativas, no limitativas. Por tanto, no únicamente en estas situaciones ejemplificativas pueden las Salas resolver los juicios de amparo en revisión competencia del Pleno del máximo Tribunal, sino en todos aquellos casos en que se advierta que no procede entrar al examen de la inconstitucionalidad alegada.

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Al igual que en las épocas anteriores:

Si bien (…) las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un Juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan sólo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente.529

Posteriormente determinó lo contrario al señalar que:

Amparo en revisión 1620/90. Mario Culebro Ocampo. 20 de Agosto de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 2523/89. Rigoberto Andrade Santiago y otro. 10 de septiembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretaria: Consuelo Guadalupe Cruz Ramos. Amparo en revisión 3459/89. Industrias Ragoli, S.A. 10 de septiembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. En su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 3551/90. José Luis Mesa Vilchis. 10 de septiembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. En su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 439/90. Petra Magallón Ledesma. 5 de octubre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales. Tesis de Jurisprudencia 37/90 aprobada por la Tercera Sala de esta alto Tribunal en sesión privada celebrada el quince de octubre de mil novecientos noventa. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas. 529 No. Registro: 206,976. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991. Tesis: 3a./J. 34/91. Página: 104. Genealogía: Gaceta número 42, junio de 1991, pág. 80. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 288, pág. 193. IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMO ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. Si bien el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un Juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan sólo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente. Amparo en revisión 4339/90. Joel Alvarado Guillén y otro. 5 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. Amparo en revisión 1818/90. Jorge Eugenio de la Torre Rodríguez. 21 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 3504/90. Inmobiliaria Siman Tov, S. A. 18 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 3721/90. Bienes Inmuebles y Muebles en Administración, S. A. 6 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretaria: Margarita Landa Durán. Amparo en revisión 3632/90. H Y N Construcciones, S. A. 20 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretaria: Margarita Landa Durán. Tesis de Jurisprudencia 34/91 aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Salvador Rocha Díaz, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, José Antonio Llanos Duarte y José Trinidad Lanz Cárdenas. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

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Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio.530

La suplencia de la queja para esta Tercera Sala en materia penal:

No opera para ser alterado el acto reclamado imputándosele a determinada autoridad, sino que tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación en su demanda de garantías, o incluso formularlos ante la ausencia de estos, pero sujetándose estrictamente al señalamiento

530 No. Registro: 206,660. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 72, Diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 29/93. Página: 39. Genealogía: Informe de 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 114, página 148. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 286, página 192. IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio. Amparo en revisión 5699/85. Grupo Especial de Acciones, S. A. 20 de abril de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Ricardo Rivas Pérez. Amparo en revisión 1196/92. Duque, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Amparo en revisión 1241/92. Bodegas Costa Chica, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Amparo en revisión 1242/92. Distribuidora Manyol, S. A. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Amparo en revisión 1243/92. Estufas y Gas del Sur, S. A. de C. V. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Ignacio Navarro Rábago. Tesis jurisprudencial 29/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García.

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que aquél hubiera hecho de los actos y autoridades responsables.531

Ni “se pueda variar la litis constitucional; es decir, no se pueden introducir en ésta, cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario y el juzgador de amparo no puede integrar pruebas que el quejoso o el particular recurrente debieron ofrecer y rendir en el juicio de garantías”.532 Aunque para esta sala: “La suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa”.533

531 No. Registro: 207,510. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988. Página: 242. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 195, pág. 204. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA ALTERACION DEL ACTO RECLAMADO IMPUTANDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA SEÑALADA. Aun cuando en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta no opera para ser alterado el acto reclamado imputándosele a determinada autoridad, sino que tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación en su demanda de garantías, o incluso formularlos ante la ausencia de estos, pero sujetándose estrictamente al señalamiento que aquél hubiera hecho de los actos y autoridades responsables. Amparo en revisión 1681/88. Fernando Martínez Garza y otro. 24 de octubre de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Nota: En el Informe de 1988, la tesis aparece bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA ALTERACION DEL ACTO RECLAMADO IMPUTANDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSAS A LA SEÑALADA.". 532 No. Registro: 207,194. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Tesis: LXXXII/90. Página: 194. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PERMITE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, VARIAR LA LITIS CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que establece la legislación en consulta, la hipótesis prevista por dicha fracción, cuando se advierta que ha habido contra el quejoso o particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Luego, esta suplencia opera sólo respecto de los conceptos de violación o de los agravios, sin que se pueda variar la litis constitucional; es decir, no se pueden introducir en ésta, cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario y el juzgador de amparo no puede integrar pruebas que el quejoso o el particular recurrente debieron ofrecer y rendir en el juicio de garantías. Amparo en revisión 2914/89. Consultores en Ingeniería y Administración, S.C. 4 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: José de Jesús Quesada. 533 No. Registro: 207,446. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Tesis: 3a./J. 22 (5/89). Página: 399. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 31, página 96. Gaceta número 13-15, Enero-Marzo de 1989, página 50. Apéndice 1917-1995, Cuarta Parte, Tercera Sala, Tomo VI, tesis 519, página 341. SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado literalmente, pues si así se hiciera, su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, el agraviado siempre podrá defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del citado numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa. Amparo directo 7010/85. Adelina Toledo Arcos. 25 de junio de 1986. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Carlos Gerardo Ramos Córdova.

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También para la Tercera Sala la suplencia de la queja en materia agraria implicó que también se supliera la vía y se remitieran “los autos al juez de Distrito para que regularice el procedimiento, declare la insubsistencia del incidente de inconformidad y, siguiendo la secuela del recurso de queja (…) proceda en sus términos y resuelva conforme a derecho”.534 Pero, en materia agraria “dicha suplencia no puede ni debe llegar al extremo de aceptar la procedencia de un recurso no previsto por la ley”.535 En materia civil y administrativa, la suplencia de la queja procedía para esta Tercera Sala:

Cuando se advierte que ha habido en contra del agraviado o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley Amparo directo 4259/80. Candelario Carmona Méndez y otros. 9 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martínez González . Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 322. Amparo directo 6708/85. Blanca Estela Medina León. 9 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martínez González. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 322. Amparo directo 8077/85. Ma. Guadalupe Hernández de Kruck. 25 de mayo de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 322. Amparo en revisión 6331/85. Beecham Farmacéutica, S. A. de C.V. 1o. de febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis aprobada por la Tercera Sala, en Sesión de ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, José Manuel Villagordoa Lozano y Salvador Rocha Díaz. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas. 534 No. Registro: 206,719. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Julio de 1993. Tesis: 3a. XLII/93. Página: 12. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA VIA. ES PROCEDENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 227 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE TRATA DE UN NUCLEO DE POBLACION EJIDAL. Si el incidente de inconformidad establecido en el artículo 105, párrafo tercero del propio ordenamiento, promovido por un núcleo de población ejidal, no procede pues no se actualizan los supuestos exigidos por el mismo, tanto porque quien lo promueve carece de legitimación para ello, como porque de lo que en realidad se trata es de un exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia protectora, y el formulante de dicho incidente, tercero perjudicado en el juicio constitucional del que emanó el auto o resolución que tuvo por cumplida la sentencia, es un núcleo de población ejidal, es indudable que existe una deficiencia en la vía elegida y, en tal virtud, con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo se impone remitir los autos al juez de Distrito para que regularice el procedimiento, declare la insubsistencia del incidente de inconformidad y, siguiendo la secuela del recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, proceda en sus términos y resuelva conforme a derecho, puesto que, según ya se precisó, es el caso de suplir la deficiencia de la vía y no de desechar el incidente de inconformidad de que se trata. Incidente de inconformidad 37/93. José Trinidad Alfonso Rangel Fernández y otros. 14 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala 535 No. Registro: 206,611. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Junio de 1994. Tesis: 3a. XXIX/94. Página: 247. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA, NO PROCEDE RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY. Si bien el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 227 del mismo ordenamiento legal, establecen entre otras hipótesis, que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos en materia agraria, cuando lo expresen las entidades o individuos que menciona el artículo 212, dicha suplencia no puede ni debe llegar al extremo de aceptar la procedencia de un recurso no previsto por la ley. Recurso de reclamación en el varios 612/93. Comité Particular del Nuevo Centro de Población Rancho Santa Rita, Municipio de Copándaro de Galeana, Estado de Michoacán. 18 de abril de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

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que lo haya dejado sin defensa. Todo reglamento tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, sin embargo, puede afirmarse que en un reglamento se incurre en violación manifiesta de la Carta Magna, no sólo cuando la Suprema Corte, en jurisprudencia lo haya definido como inconstitucional, supuesto en el cual procedería la suplencia de la deficiencia de la queja conforme con la fracción I del numeral antes citado, sino también cuando el dispositivo reclamado resulte en sí mismo manifiestamente violatorio de un precepto constitucional produciendo indefensión al particular.536

También esta sala, cuya competencia era la materia civil, determinó que en materia laboral la suplencia de la queja únicamente se aplica:

En favor del trabajador, debiendo inferirse que resulta aplicable ese dispositivo cuando una disposición de un reglamento administrativo, como es el artículo 16 del decreto de creación del ‘Servicio Postal Mexicano’, afecta a los trabajadores de ese organismo al establecer que en sus relaciones

Recurso de reclamación en el amparo en revisión 237/93. Francisco Urbano Ramírez, Natividad Ramírez viuda de Urbano y Margarito Trujillo Gutiérrez, integrantes del Comité Particular Agrario del Poblado San Mateo Oxtotitlán, México. 11 de abril de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 536 No. Registro: 206,714. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Septiembre de 1993. Tesis: 3a. XLV/93. Página: 35. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. PROCEDE CUANDO EL PRECEPTO RECLAMADO SEA MANIFIESTAMENTE VIOLATORIO DE UN DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, PRODUCIENDO INDEFENSION AL PARTICULAR. De conformidad con la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja en las materias civil y administrativa, cuando se advierte que ha habido en contra del agraviado o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Todo reglamento tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, sin embargo puede afirmarse que en un reglamento se incurre en violación manifiesta de la Carta Magna, no sólo cuando la Suprema Corte, en jurisprudencia lo haya definido como inconstitucional, supuesto en el cual procedería la suplencia de la deficiencia de la queja conforme con la fracción I del numeral antes citado, sino también cuando el dispositivo reclamado resulte en sí mismo manifiestamente violatorio de un precepto constitucional produciendo indefensión al particular. Amparo en revisión 176/93. Irene Reyes León. 14 de junio de 1993. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis Fernández Doblado, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez en contra de los emitidos por los Ministros Miguel Montes García y José Trinidad Lanz Cárdenas. El Ministro Fernández Doblado integró Sala por acuerdo del Pleno. Los Ministros Lanz Cárdenas y Montes García formularon voto particular. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel Lizette del C. Rodríguez Arcovedo.

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estarán sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puesto que si bien se trata de un amparo que genéricamente podría catalogarse como un amparo contra leyes, al reclamarse un acto que materialmente tiene esa naturaleza, sin embargo, por su contenido es de carácter laboral, dándose por consiguiente la misma razón para suplir la deficiencia de la queja.537

La suplencia de la queja fue aplicable:

En los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio alguno la Suprema Corte debe suplir su deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia.538

537 No. Registro: 206,713. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Septiembre de 1993. Tesis: 3a. XLIV/93. Página: 35. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA UN PRECEPTO DE NATURALEZA LABORAL, CONTENIDO EN UN REGLAMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CUANDO SU APLICACION AFECTA A LOS TRABAJADORES. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo que previene como regla general la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios como una obligación de las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, previene en su fracción IV, que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador, debiendo inferirse que resulta aplicable ese dispositivo cuando una disposición de un reglamento administrativo, como es el artículo 16 del decreto de creación del "Servicio Postal Mexicano", afecta a los trabajadores de ese organismo al establecer que en sus relaciones estarán sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puesto que si bien se trata de un amparo que genéricamente podría catalogarse como un amparo contra leyes, al reclamarse un acto que materialmente tiene esa naturaleza, sin embargo por su contenido es de carácter laboral, dándose por consiguiente la misma razón para suplir la deficiencia de la queja que consideró el legislador al establecer en la fracción IV del artículo 76 bis mencionado. Amparo en revisión 176/93. Irene Reyes León. 14 de junio de 1993. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis Fernández Doblado, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez en contra de los emitidos por los Ministros Miguel Montes García y José Trinidad Lanz Cárdenas. El Ministro Fernández Doblado integró Sala por acuerdo del Pleno. Los Ministros Lanz Cárdenas y Montes García formularon voto particular. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel Lizette del C. Rodríguez Arcovedo. 538 No. Registro: 206,555. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 85, Enero de 1995. Tesis: 3a./J. 36/94. Página: 46. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 141, página 177. Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 142, página 178. Apéndice 1917-1995, Cuarta Parte, Tomo VI, Tercera Sala, tesis 292, página 196. INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE DIO O NO EL CUMPLIMIENTO. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio alguno la Suprema Corte debe suplir su deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia. Incidente de inconformidad 24/88. Manuel Sangochian Mahakian. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Incidente de inconformidad 11/89. Samuel Desentis León. 6 de noviembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. En su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

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Esta Tercera Sala llamó conceptos de violación inoperantes aquéllos en que:

Se reclama la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles por haber sido expedidos por el gobernador del Estado de Veracruz el 20 de septiembre de 1932, en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso del propio Estado (…) al no impugnar dicho decreto acepta tácitamente la constitucionalidad del mismo, es decir, la concesión al gobernador de las facultades extraordinarias para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.539

Para esta sala la expresión de agravios debe contener:

Incidente de inconformidad 101/92. Héctor Enrique Meléndez y otros. 8 de marzo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña. Incidente de inconformidad 53/94. Filomena Licona Limón. 27 de junio de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Diego Valadés. Secretario: Teódulo Angeles Espino. Incidente de inconformidad 56/94. Fidencio Martín Colmenares Galán. 7 de julio de 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Tesis de Jurisprudencia 36/94. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Ausente: Diego Valadés. 539 No. Registro: 207,534. Tesis aislada. Materia(s): Civil, Constitucional. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 279. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, págs. 75 y 313. Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 20, pág. 83. CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ. CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE SI PRETENDE SU INCONSTITUCIONALIDAD POR HABER SIDO EXPEDIDOS EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN IMPUGNAR EL DECRETO QUE LAS CONCEDIO. Es inoperante el concepto de violación en el que se reclama la inconstitucionalidad de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles por haber sido expedidos por el gobernador del Estado de Veracruz el 20 de septiembre de 1932, en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso del propio Estado, el 4 de julio de 1931, mediante el cual éste otorgó al titular del Poder Ejecutivo dichas facultades extraordinarias, por lo que debe entenderse que el quejoso al no impugnar dicho decreto acepta tácitamente la constitucionalidad del mismo, es decir, la concesión al gobernador de las facultades extraordinarias para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles. Amparo en revisión 7634/86. Guillermo Octuna Olivares. 14 de enero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital. Secretaria: Hilda Cecilia Martínez. Séptima Epoca: Amparo en revisión 3694/86. Rosa María Cruz de Arrieta. 27 de noviembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Amparo en revisión 8536/86. Héctor Camposeco Ibáñez. 10 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 151 (2 asuntos). Amparo en revisión 4147/85. Domingo Muñoz Mier. 23 de abril de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Volúmenes 205-216, Cuarta Parte, página 94. Nota: En el Informe de 1988, la tesis aparece bajo el rubro "CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VERACRUZ. RESULTA INOPERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACION SI LA INCONSTITUCIONALIDAD PRETENDIDA SE FUNDA EN QUE SE EXPIDIERON EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SIN PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS CONCEDIO.".

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El planteamiento, expreso o tácito, de la lesión de un derecho para quien lo formula, independientemente de los argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución que se recurre. Cuando no solamente se omite tal planteamiento, sino que el recurrente en el escrito de referencia formula manifestaciones que de manera indubitable conducen a la conclusión de que en su opinión tal resolución no pudo generarle lesión alguna, dichos agravios no son aptos para ser tomados en consideración, pues aun cuando los citados argumentos demostrasen la ilegalidad de la resolución, no se podría desprender ninguna afectación jurídica para el recurrente.540

Esta sala consideró agravios inoperantes: 1. “Los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo”.541

540 No. Registro: 207,139. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Tesis: XXVI/90. Página: 157. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO SON APTOS PARA SER TOMADOS EN CONSIDERACION LOS QUE IMPOSIBILITAN DESPRENDER DE SU CONTENIDO LESION JURIDICA ALGUNA PARA EL RECURRENTE. Toda expresión de agravios debe contener el planteamiento, expreso o tácito, de la lesión de un derecho para quien lo formula, independientemente de los argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución que se recurre. Cuando no solamente se omite tal planteamiento, sino que el recurrente en el escrito de referencia formula manifestaciones que de manera indubitable conducen a la conclusión de que en su opinión tal resolución no pudo generarle lesión alguna, dichos agravios no son aptos para ser tomados en consideración, pues aun cuando los citados argumentos demostrasen la ilegalidad de la resolución, no se podría desprender ninguna afectación jurídica para el recurrente, máxime cuando de conformidad con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo no opera la suplencia de la queja. Así acontece cuando habiendo sobreseído el juez de Distrito respecto de la inconstitucionalidad de una ley en materia civil, el recurrente afirma que no la combatió en la demanda de garantías y refiere que, en el supuesto sin conceder que así hubiese sido, la resolución es ilegal por diversos motivos que expone. Luego, entonces, si toda lesión que de tal resolución se pudiese derivar, implica necesariamente que el quejoso hubiese combatido esa ley, y éste afirma no haberlo hecho, se debe concluir que de su escrito de agravios no puede derivarse alguna lesión jurídica para él y en consecuencia esos agravios no son aptos para ser tomados en consideración. Amparo en revisión 2040/89. Rabindranath Clemente y Chávez. 29 de enero de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. 541 No. Registro: 207,233. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: CXXXII/90. Página: 209. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 42, página 108. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE HACEN CONSISTIR EN

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2. “Cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el juez responsable, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios”.542 3. “Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos”.543

LA OMISION DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Amparo en revisión 147/89. Industrial Lechera, S.A. de C.V. 13 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 10/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 109, de rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISION DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO." En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISION DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "... el sentido del fallo no sólo lo obligaba ..." la cual se corrige con el propósito de adecuarla al contenido del criterio, como se observa en este registro. 542 No. Registro: 207,041. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991. Tesis: 3a. III/91. Página: 46. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el juez responsable, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido. Amparo en revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S. A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 1804/90. Artepan, S. A. de C. V. 13 de diciembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 6/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 43, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." 543 No. Registro: 207,012. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Abril de 1991. Tesis: 3a./J. 17/91. Página: 23. Genealogía: Gaceta número 40, Abril de 1991, página 14. AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACION PERO SIN HACER ESPECIFICACION ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes. Amparo en revisión 3011/88. Compañía Industrial de Orizaba, S.A. 26 de febrero de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: Jean Claude Tron Petit. Amparo en revisión 2955/89. Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas. 4 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 2913/89. José Alvarez Cortés. Propietario de la Agrícola. 20 de agosto de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Gabriel Fernández Martínez. . Amparo en revisión 64/91. Inmobiliaria Leza, S.A. de C.V. 2 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 5973/90. Grupo Edición, S.A. de C.V. 8 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Tesis de Jurisprudencia 17/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el quince de abril de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Antonio Llanos Duarte.

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4. “El recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el juez de Distrito aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo”.544 5. “Si la parte recurrente invoca la violación a preceptos constitucionales por el juez de Distrito, debe considerarse inoperante, ya que el control constitucional que se encomienda al Poder Judicial de la Federación se refiere a los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pero no a la actuación de los jueces de Distrito dentro del juicio de garantías”.545 6. “El agravio en que se combate como violación procesal el que el juez hubiere acordado que la segunda ampliación de demanda se tramite por cuerda separada, si el quejoso no interpuso en contra de ese acuerdo el recurso de queja”.546

544 No. Registro: 206,925. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Agosto de 1991. Tesis: 3a. LXVIII/91. Página: 83. AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente ha sustentado el criterio de que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, esta propia Sala en su tesis jurisprudencial número 13/90, sustentó el criterio de que cuando el juez de Distrito no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juez incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda compresión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el juez de Distrito aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. Amparo en revisión 64/91. Inmobiliaria Leza, S.A. de C.V. 2 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 545 No. Registro: 207,604. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 340. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 183, pág. 198. REVISÓN, AGRAVIOS EN LA. DEBEN INVOCARSE VIOLACIONES A LA LEY DE AMPARO Y NO VIOLACION DE GARANTIAS. Debe establecerse que si la parte recurrente invoca la violación a preceptos constitucionales por el juez de Distrito, debe considerarse inoperante, ya que el control constitucional que se encomienda al Poder Judicial de la Federación se refiere a los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pero no a la actuación de los jueces de Distrito dentro del juicio de garantías. Las determinaciones y resoluciones de los citados jueces Federales se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a la cual deben ceñir su actuación y por ende son las violaciones a dicha legislación las que se deben de invocar en la revisión, y no violaciones a las garantías constitucionales, por ser precisamente la determinación del juzgador de amparo sobre si han sido infringidas éstas, la materia del juicio constitucional. Amparo en revisión 4871/86. Carlos Eduardo Mosqueda Franco. 9 de marzo de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "REVISÓN. DEBEN INVOCARSE COMO AGRAVIOS VIOLACIONES A LA LEY DE AMPARO Y NO VIOLACIONES DE GARANTIAS.". 546 No. Registro: 207,550. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 289. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 15, pág. 80. DEMANDA, AMPLIACION DE. SI SE ACUERDA QUE UNA SEGUNDA SE TRAMITE POR SEPARADO Y NO SE INTERPONE QUEJA, DEBE CONSIDERARSE INOPERANTE EL AGRAVIO FORMULADO EN LA REVISÓN, CONTRA ESE ACUERDO. Es inoperante el agravio en que se combate como violación procesal el que el juez hubiere acordado que la segunda ampliación de demanda se tramite por cuerda separada, si el quejoso no interpuso en contra de ese acuerdo el recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que esa situación se traduce en un consentimiento a dicha violación. Amparo en revisión 7269/87. Comunidad de Santa María Huatulco, Municipio del mismo nombre, Oaxaca. 18 de abril de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "AMPLIACION DE DEMANDA. SI SE ACUERDA QUE UNA SEGUNDA SE TRAMITE POR SEPARADO Y NO SE INTERPONE QUEJA, DEBE CONSIDERARSE INOPERANTE EL AGRAVIO FORMULADO EN LA REVISÓN, EN CONTRA DE ESE ACUERDO.".

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7. “Si combaten un amparo concedido respecto de una ley que no fue reclamada ni fue materia de la sentencia”.547 8. “Si el recurrente, al rebatir en sus agravios la consideración del Juez a quo de que las reformas a un reglamento son de naturaleza autoaplicativa, afirma, por el contrario, que son heteroaplicativas, fundándose en preceptos que notoriamente no son aplicables al caso, dichos agravios son inoperantes”.548 9. “Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos”.549

547 No. Registro: 803,106. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 273. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 10, pág. 78. AGRAVIOS INOPERANTES SI COMBATEN UN AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UNA LEY QUE NO FUE RECLAMADA NI FUE MATERIA DE LA SENTENCIA. Si en el recurso de revisión hecho valer en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una norma legal, se expresan agravios sosteniendo que debió decretarse el sobreseimiento respecto de un precepto diverso, así como que el mismo era constitucional, deben declararse inoperantes, si del examen de la demanda de amparo y de la sentencia recurrida, se advierte que ni en ésta se otorgó el amparo respecto de dicho precepto ni en aquélla se señaló como acto reclamado. Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. 5 votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño. Nota: En el Informe de 1988, la tesis aparece bajo el rubro "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE COMBATEN UN AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UNA LEY SI LA MISMA NO FUE RECLAMADA NI FUE MATERIA DE LA SENTENCIA.". 548 No. Registro: 207,354. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Tesis: LVIII/89. Página: 308. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 43, pág. 109. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE FUNDAN EN NORMAS JURIDICAS AJENAS A LA CONSIDERACION SOBRE LA AUTOAPLICABILIDAD DE UN REGLAMENTO. Si el recurrente, al rebatir en sus agravios la consideración del Juez a quo de que las reformas a un reglamento son de naturaleza autoaplicativa, afirma, por el contrario, que son heteroaplicativas, fundándose en preceptos que notoriamente no son aplicables al caso, dichos agravios son inoperantes. Amparo en revisión 46/89. Plastimetal, S. A. 3 de mayo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. 549 No. Registro: 207,328. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: 3a./J. 30 13/89. Página: 277. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 9, página 77. Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 1, página 67. Gaceta número 19-21, JulioSeptiembre de 1989, página 83. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 36, página 23. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida. Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño.

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10. “Si la parte quejosa no objetó en la audiencia constitucional la validez y eficacia probatoria de ciertos documentos ofrecidos como prueba, los conceptos de agravio que se enderecen en contra de tales documentales son inoperantes, porque aun en el caso de que se dieran las violaciones aducidas, no podría variar la sentencia recurrida, por ser inoportuna la objeción del alcance probatorio de los documentos cuyo contenido se admitió en el juicio, atento a la preclusión del derecho que se tuvo para hacerlo”.550 11. “Si en una sentencia relativa a la inconstitucionalidad de un reglamento el juez de Distrito se funda entre otras consideraciones, en que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad del precepto reclamado y en los agravios formulados por la autoridad recurrente nada se expresa sobre esa cuestión, deben considerarse inoperantes”.551

Octava Epoca, Tomo I, Primera Parte, página 273. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S.A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Octava Epoca, Tomo II , Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría Administrativa, S.C. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Octava Epoca, Tomo III, Primera Parte, página 308. Amparo en revisión 3075/88. Paulino Adame Flores. 10 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión privada de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Cinco votos de los señores ministros: presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas. 550 No. Registro: 207,234. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: CLXVII/89. Página: 210. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 44, pág. 109. AGRAVIOS EN LA REVISÓN INOPERANTES, CUANDO SE REFIEREN A DOCUMENTOS NO OBJETADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si la parte quejosa no objetó en la audiencia constitucional la validez y eficacia probatoria de ciertos documentos ofrecidos como prueba, los conceptos de agravio que se enderecen en contra de tales documentales son inoperantes, porque aun en el caso de que se dieran las violaciones aducidas, no podría variar la sentencia recurrida, por ser inoportuna la objeción del alcance probatorio de los documentos cuyo contenido se admitió en el juicio, atento a la preclusión del derecho que se tuvo para hacerlo. Amparo en revisión 1509/89. Promoción y Desarrollo Agropecuario Mexicano, S. A. de C.V. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Rocha Díaz Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: Jean Claude Tron Petit. Nota. En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES, SON LOS REFERIDOS A DOCUMENTOS NO OBJETADOS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece el número de asunto "Amparo en revisión 1500/89.", el cual se corrige como se observa en este registro, con apoyo en la ejecutoria respectiva. 551 No. Registro: 207,140. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Tesis: LVIII/90. Página: 157. AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE HABIÉNDOSE FUNDADO LA SENTENCIA RECURRIDA EN UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE, QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO DE UN REGLAMENTO, NO SE HACEN CARGO DE ESA CUESTIÓN. De conformidad con lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para, entre otros, los jueces de Distrito. Por otra parte el artículo 76 bis, fracción I del mismo ordenamiento dispone que deberá suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, supuesto en el que se encuentran los reglamentos que desde el punto de vista material tienen carácter de ley. Ahora bien, si en una sentencia relativa a la inconstitucionalidad de un reglamento el juez de Distrito se funda entre otras considera-

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12. “Deben desestimarse por inoperantes los agravios dirigidos a inconformarse con las resoluciones recaídas en el mencionado incidente de suspensión”.552 13. “Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión”.553 14. “Son agravios notoriamente inoperantes aquellos en los que existe un criterio unánime en torno a su inoperancia”.554

ciones, en que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad del precepto reclamado y en los agravios formulados por la autoridad recurrente nada se expresa sobre esa cuestión, deben considerarse inoperantes. Amparo en revisión 456/90. Abarrotes Tlachahualpa, S.A. 16 de abril de 1990. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 552 No. Registro: 207,042. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991. Tesis: 3a. XXV/91. Página: 46. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE EN LUGAR DE COMBATIR LA PARTE DE LA SENTENCIA DE FONDO QUE AFECTA AL RECURRENTE IMPUGNAN LAS RESOLUCIONES DEL INCIDENTE DE SUSPENSION. Cuando una de las partes en el juicio de amparo indirecto promueve recurso de revisión en contra de la sentencia de fondo, debe combatir la parte que le afecta. Ahora bien, como dicho fallo no trata acerca de las cuestiones de suspensión de los actos reclamados en tanto que son materia exclusiva del incidente relativo que, además, se lleva por cuerda separada del expediente principal, deben desestimarse por inoperantes los agravios dirigidos a inconformarse con las resoluciones recaídas en el mencionado incidente de suspensión. Amparo en revisión 2745/90. Color Cassettes, S.A. de C.V. 21 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa. Amparo en revisión 145l/90. Bienes Raíces Calacoaya, S.A. de C.V. 13 de diciembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 553 No. Registro: 207,013. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Abril de 1991. Tesis: 3a./J. 16/91. Página: 24. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 40, página 107. Gaceta número 40, Abril de 1991, página 13. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 32, página 21. AGRAVIOS EN LA REVISÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja. Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S.A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría Administrativa, S.C. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 6382/90. Operadora El Presidente Las Palmas, S.A. de C.V. 11 de marzo de 1991. Unanimidad cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa. Tesis de Jurisprudencia 16/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el dos de abril de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Antonio Llanos Duarte. 554 No. Registro: 206,860. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Febrero de 1992. Tesis: 3a. X/92. Página: 29. AGRAVIOS NOTORIAMENTE INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN QUE HAY UN CRITERIO UNANIME AL RESPECTO. Son agravios notoriamente inoperantes aquellos en los que existe un criterio unánime en torno a su inoperancia. La objeción de un solo Ministro integrante de la Sala de la Suprema Corte de Justicia que conozca del asunto por considerar que los agravios relativos no son inoperantes, revela que tal inoperancia no es notoria. Amparo directo en revisión 1139/91. Motel Las Carretas, S.A. 20 de enero de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Integró la Sala el Ministro Guillermo Guzmán Orozco, en virtud de que se calificó de legal el impedimento planteado por el Ministro Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

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La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que suplencia de la queja “tratándose de ‘leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia’, tal disposición debe entenderse igualmente aplicable para el caso de los reglamentos; ello, por ser éstos en su aspecto material, actos de naturaleza legislativa, al quedar integrados por normas de carácter general, impersonal y abstracta”.555 También consideró esta sala que:

Es cierto que el Pleno de este alto Tribunal ha sentado criterio jurisprudencial en el sentido de que no debe examinarse la constitucionalidad de un acto, si no se señala en la demanda de garantías, como responsable, a la autoridad de la que proviene, en virtud de que, en esas condiciones, se le deja en estado de indefensión. Sin embargo, esta hipótesis general no resulta aplicable cuando uno de los actos que se combaten en el juicio de garantías, es una ley que ya ha sido declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se llamó a juicio a la autoridad responsable del acto de aplicación, el que por otra parte, se encuen-

555 No. Registro: 207,893. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Septiembre de 1991. Tesis: 4a./J. 14/91. Página: 35. SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE RESPECTO DE REGLAMENTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Si bien la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, impone expresamente al juzgador el deber de suplir la queja deficiente tratándose de "leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia", tal disposición debe entenderse igualmente aplicable para el caso de los reglamentos; ello, por ser éstos en su aspecto material, actos de naturaleza legislativa, al quedar integrados por normas de carácter general, impersonal y abstracta. Dicha interpretación armoniza con la de otras disposiciones contenidas en ese mismo ordenamiento, que son aplicables tanto a leyes como a reglamentos, identificados indistintamente bajo el concepto genérico de leyes. Amparo en revisión 3412/90. Bebidas Purificadas, S. A. de C. V. 19 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Amparo en revisión 3433/90. Sanatorio Santa Teresa Zacatecas, S. A. 19 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Amparo en revisión 3457/90. Olinca, S.A. de C.V. 19 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Amparo en revisión 3534/90. Grupo Tresalh, S. C. 19 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Amparo en revisión 4682/90. Inmobiliaria Jasibe, S.A. de C. V. 19 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. Tesis de Jurisprudencia 14/91 aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Cinco votos de los señores Ministros: Presidente Carlos García Vázquez, José Antonio Llanos Duarte, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y Felipe López Contreras. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, Primera Parte, tesis 322, página 298.

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tra plenamente probado, pues en tales circunstancias, opera inclusive la suplencia de la queja deficiente.556

Sin embargo, esta sala consideró que:

Debe suplirse en favor del trabajador la deficiencia de sus conceptos de violación o de sus agravios, según sea el caso. Ahora bien, para que el Tribunal de Amparo esté en aptitud de aplicar tal suplencia, es necesario que existan conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, pues si no existen, no hay nada que suplir, y si se llegara a hacer, lejos de una suplencia de queja se estaría creando en realidad un concepto de violación o un agravio que antes no existía, en un caso no permitido por la ley.557

No. Registro: 207,774. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XI, Junio de 1993. Tesis: 4a. VIII/93. Página: 53. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA CUANDO SE RECLAMA UNA LEY EN SU CARACTER DE HETEROAPLICATIVA Y ESTA HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO LLAMADA A JUICIO LA AUTORIDAD RESPONSABLE APLICADORA. Es cierto que el Pleno de este alto Tribunal ha sentado criterio jurisprudencial en el sentido de que no debe examinarse la constitucionalidad de un acto, si no se señala en la demanda de garantías, como responsable, a la autoridad de la que proviene, en virtud de que, en esas condiciones, se le deja en estado de indefensión. Sin embargo, esta hipótesis general no resulta aplicable cuando uno de los actos que se combaten en el juicio de garantías, es una ley que ya ha sido declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se llamó a juicio a la autoridad responsable del acto de aplicación, el que por otra parte, se encuentra plenamente probado, pues en tales circunstancias, opera inclusive la suplencia de la queja deficiente establecida en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que el vicio de indefensión aludido no se presenta, habida cuenta que ninguno de los argumentos que pueda expresar la autoridad aplicadora no llamada a juicio, podrá hacer variar el criterio de inconstitucionalidad de la ley reclamada establecido por la jurisprudencia; ello si se toma en cuenta, por una parte, que de acuerdo con la ley de la materia, a las autoridades aplicadoras sólo compete rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que específicamente se les reclama y no los de la ley, que les son ajenos y, por el otro que, en su caso, la protección federal se haría extensiva al acto de aplicación, no por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad de la norma en que se funda. Amparo en revisión 3418/89. Watten Ward Polk. 19 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: José Sánchez Moyaho. 557 No. Registro: 207,727. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Marzo de 1994. Tesis: 4a. XX/93. Página: 120. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR, CASO EN QUE NO OPERA. De conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe suplirse en favor del trabajador la deficiencia de sus conceptos de violación o de sus agravios, según sea el caso. Ahora bien, para que el Tribunal de Amparo esté en aptitud de aplicar tal suplencia, es necesario que existan conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, pues si no existen, no hay nada que suplir, y si se llegara a hacer, lejos de una suplencia de queja se estaría creando en realidad un concepto de violación o un agravio que antes no existía, en un caso no permitido por la ley, pues la citada disposición sólo autoriza, en su fracción II, a que se supla la deficiencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, en materia penal a favor del reo. Amparo en revisión 1469/93. José Luis Rodríguez González. 31 de enero de 1994. Mayoría de tres votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez. Amparo en revisión 1348/93. Mauricio Plata Orozco. 13 de octubre de 1993. Mayoría de tres votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Víctor Antonio Pescador Cano. Nota: Esta tesis número XX/93 ubicada en los Semanarios Judiciales de la Federación, Tomos XII (Noviembre de 1993) pág. 176 y XIII (Febrero de 1994) pág 99, a petición de la Sala se vuelve a publicar con un nuevo voto minoritario y un precedente más. 556

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La Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Octava Época no emitió ninguna tesis con relación a los temas tratados.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, número 83, noviembre de 1994, página 29, tesis 4a./J. 47/94, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.".

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LOS ARGUMENTOS DEL ESTRICTO DERECHO (NOVENA ÉPOCA) El 4 de febrero de 1995 inicia la novena época de la jurisprudencia. Lo anterior porque el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado mediante una iniciativa que el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Senado de la República el 5 de diciembre de 1994 y que fue aprobada por el Constituyente Permanente el 31 de dicho mes y año. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 1995. En virtud de esta reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por once ministros y funciona en Pleno o en dos salas. Las razones para reducir el número de ministro de acuerdo con la iniciativa presidencial fueron:

En lo concerniente a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prevé reducir el número de ministros de 26 a 11, volviendo así al número de miembros establecido en el artículo 94 del texto original de la Constitución de 1917. A lo larga (sic) de nuestra historia moderna, el número de integrantes de la Suprema Corte respondió a la necesidad de abatir los rezagos acumulados que, en ocasiones, llegaron a ser muy considerables. En 1928, el número de ministros se elevó de once a dieciséis porque el rezago era de casi 16,000 asuntos; en 1934, el número se elevó a veintiuno 243


y, no obstante, el rezago se mantuvo en 16,000 asuntos, en 1950, además de crearse los Tribunales Colegiados de Circuito, se previó la existencia de cinco ministros supernumerarios, lo cual no impidió que rezago llegara a ser cercano a los 38,000 asuntos. Gracias al esfuerzo sostenido de la Suprema Corte debemos destacar que, al concluir el presente año el rezago es casi inexistente (…)

Como la Novena Época de la jurisprudencia no ha concluido limitaré el estudio de las tesis hasta junio de 2005. En la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta en su jurisprudencia que el objeto de estudio del juicio de amparo no son los actos de autoridad que violaron garantías individuales, sino el análisis de los argumentos que los quejosos hagan valer contra los actos de autoridad, estableciendo en qué casos procede la suplencia de la queja conforme a la ley, sin tomar en consideración las garantías individuales, pues defiende a la Constitución. Por estos motivos, la actual Corte reitera todas las jurisprudencias anteriores, trasladando los criterios a situaciones semejantes, pero con mayores argumentos.

ARGUMENTO = RAZONAMIENTO.- Dos diferentes modos de disputar o discutir las cosas: en el argumento, de dos o tres proposiciones, se deduce una consecuencia: el razonamiento tiene más extensión, pues es seguida de juicios y reflexiones enlazadas unas con otras, para que puedan servir de apoyo y

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demostración a la proposición que se quiere defender, probar o apoyar.558

El actual Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que en la Quinta Época calificó la materia civil de estricto derecho sin analizar las garantías individuales, sino sujetándose únicamente a la ley. También califica la materia electoral como de estricto derecho con base en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exponiendo como argumentos que:

Del análisis integral del mencionado artículo 71 se advierte que aunque las figuras de la suplencia del error en la cita de preceptos y de conceptos de invalidez constituyen una regla general a seguir por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el dictado de sus resoluciones de acción de inconstitucionalidad, el segundo de los supuestos señalados (suplencia de la queja) y el consistente en que la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violación a cualquier precepto constitucional haya sido o no invocado en la demanda, no resultan aplicables en la emisión de sentencias de acciones de inconstitucionalidad cuya materia de impugnación sea una norma general de carácter electoral, por disposición expresa de la ley, ya que en atención a la naturaleza de las normas que pueden impugnarse a través de este medio de

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De Olive, Pedro M., Diccionario de sinónimos de la lengua castellana. Librería de A. Bouret É Hijo. París 1875.

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control de la constitucionalidad, el legislador federal introdujo la salvedad contenida en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a los lineamientos a seguir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la emisión de sus resoluciones sobre impugnación de leyes de contenido electoral, con el propósito de establecer un ‘principio de congruencia’, al ser la naturaleza de la materia electoral de estricto derecho.559

Dicho Pleno explica que la suplencia de la queja y la suplencia del error:

Tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del con559 No. Registro: 180,743. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004. Tesis: P./J. 57/2004. Página: 437. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARA FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El primer párrafo del precepto citado establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir sus resoluciones en materia de acciones de inconstitucionalidad deberá: a) Corregir los errores que advierta en la cita de preceptos invocados; b) Suplir los conceptos de invalidez hechos valer en el escrito por el cual se ejercite la acción de inconstitucionalidad; y, c) Fundar su declaratoria de invalidez en la violación a cualquier precepto de la Constitución Federal, haya sido invocado o no en el escrito inicial. Sin embargo, del análisis integral del mencionado artículo 71 se advierte que aunque las figuras de la suplencia del error en la cita de preceptos y de conceptos de invalidez constituyen una regla general a seguir por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el dictado de sus resoluciones de acción de inconstitucionalidad, el segundo de los supuestos señalados (suplencia de la queja) y el consistente en que la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violación a cualquier precepto constitucional haya sido o no invocado en la demanda, no resultan aplicables en la emisión de sentencias de acciones de inconstitucionalidad cuya materia de impugnación sea una norma general de carácter electoral, por disposición expresa de la ley, ya que en atención a la naturaleza de las normas que pueden impugnarse a través de este medio de control de la constitucionalidad, el legislador federal introdujo la salvedad contenida en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a los lineamientos a seguir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la emisión de sus resoluciones sobre impugnación de leyes de contenido electoral, con el propósito de establecer un "principio de congruencia", al ser la naturaleza de la materia electoral de estricto derecho. Acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004. Partidos Políticos Convergencia, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 15 de junio de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez.

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cepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento (…) opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógicos jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto.560

Por esta suplencia del error: “si el órgano jurisdiccional no requiere al quejoso, como debe hacerlo, en términos del artículo 178 de la citada Ley, para que subsane la omisión de que se trata, sino que se admite la demanda y de su análisis integral se infiere cuál es la garantía constitucional violada, debe entrarse al estudio de fondo”.561

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de agosto en curso, aprobó, con el número 57/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de dos mil cuatro. 560 No. Registro: 200,066. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Agosto de 1996. Tesis: P./J. 49/96. Página: 58. SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto. Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, y el anterior Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo), ambos del Segundo Circuito. 10 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en curso, aprobó, con el número 49/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos noventa y seis. 561 No. Registro: 200,202. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996. Tesis: P./J. 2/96. Página: 107. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO CUANDO NO SE REQUIRIO AL QUEJOSO SUBSANARA EN SU DEMANDA LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS, Y SE PUEDAN INFERIR DEL ESTUDIO INTEGRAL DE AQUELLA. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 166 de la Ley de Amparo, en la demanda de garantías deben expresarse los preceptos constitucionales que el quejoso estime violados y los conceptos de la misma violación, de manera que cuando no cumple con el primero de dichos requisitos,

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También dicha facultad debe ser aplicada:

Por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa.562

por regla general debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII de la legislación de la materia, porque la susodicha demanda no satisface aquel requisito; pero si el órgano jurisdiccional no requiere al quejoso, como debe hacerlo, en términos del artículo 178 de la citada Ley, para que susbsane la omisión de que se trata, sino que se admite la demanda y de su análisis integral se infiere cuál es la garantía constitucional violada, debe entrarse al estudio de fondo. Contradicción de tesis 20/94. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 8 de enero de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintidós de enero en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 2/1996 la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis. 562 No. Registro: 192,836. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: P./J. 133/99. Página: 36. SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele. Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de México, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

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El Pleno actual adoptó el criterio de la Sala Auxiliar de la Séptima Época en el sentido de que los conceptos de violación no requieren formalidades y “basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación”,563 al establecer que:

Como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, re-

Amparo en revisión 135/98. Hotelera Los Cabos, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. Amparo en revisión 340/99. Mario Fregoso Macías o Efrén Fregoso. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo en revisión 1229/98. Concepción Castañares de Ley. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 133/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, página 1247. 563 No. Registro: 245,585. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 169-174 Séptima Parte. Página: 107. Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 4, página 7. CONCEPTOS DE VIOLACION. EXPRESION DE LOS. NO REQUIERE FORMALIDADES. Ante todo, es de verse que la Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo, aun de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cual es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio. Amparo directo 5632/77. Filiberto Hernández Barraza y otra. 21 de febrero de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION.".

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solución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.564

Incluso, el Pleno traslada este criterio a los agravios con los siguientes argumentos:

Esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las

564 No. Registro: 191,384. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, Agosto de 2000. Tesis: P./J. 68/2000. Página: 38. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Nota: La jurisprudencia citada en esta tesis aparece publicada con el número 172 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116.

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circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.565

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera los criterios de que la suplencia de la queja, en las materias: civil, mercantil y administrativa procede ante:

La falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto.

565 No. Registro: 191,383. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000. Tesis: P./J. 69/2000. Página: 5. AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 69/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

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En materia penal, el Pleno de la Corte adopta los criterios de que:

No existe impedimento para suplir los conceptos de violación hechos valer en contra de la ley siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron”566 y “cuando se trate de recursos de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se introducen, vía agravios, planteamientos novedosos en cuanto a que no formaron parte de los conceptos de violación sostenidos en la demanda de garantías natural, que versen sobre inconstitucionalidad de leyes.567

566 No. Registro: 200,313. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995. Tesis: P. LXXXV/95. Página: 162. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. Los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, no hacen distinción alguna en relación a si la suplencia de la queja que prevén se debe aplicar a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, por lo que al no existir limitación alguna es obvio que esa facultad opera indistintamente en tratándose de amparos de legalidad o contra leyes; siempre y cuando en la demanda de garantías se haya señalado a la ley, como acto reclamado, y se designen como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes. Al respecto, se debe distinguir con toda claridad la suplencia que establece el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, que se refiere a la impugnación de actos que se hubieren fundado "en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia", de la diversa hipótesis de suplencia prevista en la fracción II del mismo precepto. En el primero de esos casos no se trata de un "amparo contra leyes", puesto que la ley no figura como acto reclamado ni se designan como autoridades responsables a los órganos legislativos; sino que se trata de una suplencia sui generis en la que, de hecho, el órgano de control constitucional incorpora un nuevo acto a la litis constitucional, al momento de dictar sentencia, pues se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de una ley que no fue reclamada; por eso el legislador exigió para estos casos, que la suplencia solamente opere cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declara la inconstitucionalidad de la ley. Una de las razones en las que se inspiró ese beneficio consiste en que los órganos legislativos ya fueron oídos y vencidos cuando menos en cinco juicios distintos, con cuyas ejecutorias se integró la jurisprudencia; y, en esos casos, se estima innecesario volver a emplazar a las autoridades, porque nada más podrían aducir en su defensa. En cambio, tratándose de la suplencia prevista en la fracción II del numeral en comento, que se refiere específicamente al amparo en materia penal, no existe impedimento para suplir los conceptos de violación hechos valer en contra de la ley siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puesto que, a diferencia de la hipótesis anterior, que sólo da lugar a amparar en contra del acto de aplicación y no contra la ley, la suplencia de la fracción II sí da lugar a que el amparo se conceda en contra de las normas impugnadas, motivo por el cual, esa suplencia no se puede ejercer cuando la ley no es acto reclamado. Amparo en revisión 172/95. Juan Santana Peralta. 3 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Alejandra de León González. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el diecisiete de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LXXXV/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 567 No. Registro: 190,954. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Penal. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000. Tesis: P. CLXVI/2000. Página: 45. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUN CUANDO LOS AGRAVIOS QUE LOS SUSTENTAN, REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SEAN NOVEDOSOS RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN AUSENTES EN LA DEMANDA ORIGINAL. Si se toma en consideración que en la materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse como una verdadera integración de planteamientos ausentes, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXXXV/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, página 162, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.", estableció que cuando se trate de la suplencia prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo al juicio de garantías en materia penal, no existe distinción alguna con relación a si debe aplicarse a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, así como que tampoco hay impedimento para suplir los conceptos de violación referidos a la constitucionalidad de una ley, siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puede concluirse que también resulta procedente dicha suplencia, cuando se trate de recursos de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se introducen, vía agravios, planteamientos novedosos en cuanto a que no formaron parte de los conceptos de violación sostenidos en la demanda de garantías natural, que versen sobre inconstitucionalidad de leyes. Ello es así, en primer lugar, porque ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo contienen disposición expresa que lo prohíba y, en segundo, la referida suplencia se hace extensiva hacia los agravios que se formulen en los recursos previstos en las leyes respectivas. Además, si la citada figura constituye

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También el Pleno establece el criterio de que no es necesario expresar conceptos de violación o agravios, tratándose de “la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado”.568 En tratándose de controversias constitucionales el Pleno, con base en la ley determina que:

La amplia suplencia de la queja deficiente que se contempla en el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a la Suprema Corte a examinar en su conjunto la demanda de controversia constitucional y corregir los errores que advierta, no sólo de los preceptos legales invocados, sino también de algunos datos que puedan desprenderse de la misma demanda o de las pruebas ofrecidas por las partes, en virtud de que, por la propia natu-

una obligación para los Jueces de amparo, entre los que se encuentra la Suprema Corte, y el recurso de revisión, cuyo conocimiento le compete, tiene su razón de ser en que en alguna de las hipótesis del asunto, sujeto a estudio, subsista el problema de constitucionalidad, no puede aceptarse que dicha institución opere privativamente para los negocios de mera legalidad, pues ello generaría el riesgo de hacer nugatorio su efectivo alcance. Amparo en revisión 2003/97. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número CLXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil. 568 No. Registro: 196,877. Jurisprudencia. Materia(s): Civil, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998. Tesis: P./J. 16/98. Página: 34. ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil. Contradicción de tesis 7/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el nueve de febrero en curso, aprobó, con el número 16/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

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raleza de esta acción constitucional, se pretende que la Suprema Corte de Justicia pueda examinar la constitucionalidad de los actos impugnados superando, en lo posible, las cuestiones procesales que lo impidan.569

También la suplencia de la queja procede en acciones de inconstitucionalidad, donde se acepta el criterio de que “basta el simple planteamiento de inconstitucionalidad, aunque sea deficiente, para que este Alto Tribunal proceda a su análisis”.570 Bajo esta misma tónica, reitera los criterios de que la suplencia de la queja no procede a favor de la autoridad responsable:

Contra una sentencia de amparo que determinó la inconstitucionalidad de una ley, debe resolver conforme al estricto análisis de los agravios planteados por aquélla, aun cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 569 No. Registro: 195,031. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Diciembre de 1998. Tesis: P./J. 79/98. Página: 824. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA AUTORIZA A EXAMINAR EN SU CONJUNTO LA DEMANDA A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CORRIGIENDO LOS ERRORES QUE SE ADVIERTAN. La amplia suplencia de la queja deficiente que se contempla en el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a la Suprema Corte a examinar en su conjunto la demanda de controversia constitucional y corregir los errores que advierta, no sólo de los preceptos legales invocados, sino también de algunos datos que puedan desprenderse de la misma demanda o de las pruebas ofrecidas por las partes, en virtud de que, por la propia naturaleza de esta acción constitucional, se pretende que la Suprema Corte de Justicia pueda examinar la constitucionalidad de los actos impugnados superando, en lo posible, las cuestiones procesales que lo impidan. Controversia constitucional 2/98. Roberto Pedro Martínez Ortiz, en su carácter de Procurador General de Justicia y representante legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, contra el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, el Presidente y el Secretario Municipal de dicho Ayuntamiento. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 79/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 570 No. Registro: 178,563. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005. Tesis: P./J. 30/2005. Página: 783. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN LA DEMANDA SE EXPRESAN DEFICIENTEMENTE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE. El hecho de que en una demanda de acción de inconstitucionalidad se expresen deficientemente los conceptos de invalidez, no trae como consecuencia que ésta sea improcedente, sino la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suplir esa deficiencia, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que independientemente de que los conceptos de invalidez sean o no razonamientos cabales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad material o formal de una ley, basta el simple planteamiento de inconstitucionalidad, aunque sea deficiente, para que este Alto Tribunal proceda a su análisis. Acción de inconstitucionalidad 4/97. Diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.

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Nación en la que se haya establecido la constitucionalidad de la misma disposición y, por el otro, que la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia.571

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia reitera el criterio de que un concepto de violación pueden ser “declarado inoperantes, insuficientes o inatendibles”.572

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de mayo en curso, aprobó, con el número 30/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos de mayo de dos mil cinco. 571 No. Registro: 191,122. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Septiembre de 2000. Tesis: P. CXLVII/2000. Página: 11. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE RESPECTO DE LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO QUE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARE SU CONSTITUCIONALIDAD. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se advierte que, en ningún caso, el órgano de control constitucional que conoce de un recurso de revisión interpuesto por una autoridad responsable, en contra de una sentencia emitida en un juicio de garantías, tiene la obligación o inclusive la potestad para suplir los agravios que se hagan valer en el mismo, pues en la fracción VI del referido precepto se limita el ámbito de aplicación de la suplencia de los agravios, exclusivamente, al caso en que sea un particular el que interpone el recurso. En estas condiciones, debe decirse que, por un lado, el órgano revisor al conocer del recurso promovido por una autoridad responsable, contra una sentencia de amparo que determinó la inconstitucionalidad de una ley, debe resolver conforme al estricto análisis de los agravios planteados por aquélla, aun cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se haya establecido la constitucionalidad de la misma disposición y, por el otro, que la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia. Amparo en revisión 1987/99. Ignacio Manzano Jantes y coags. 12 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXLVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil. 572 No. Registro: 200,221. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Enero de 1996. Tesis: P. CXXXII/95. Página: 5. REVISÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE INCLUSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITA, CON VIOLACION AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, O POR ALGUNA RAZON JURIDICA, REALIZAR EL ANALISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN LA DEMANDA. El artículo 10, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que entró en vigor al día siguiente, establece la procedibilidad del recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparo directo, cuando se haya planteado en la demanda de garantías, la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal, de un tratado internacional, o bien la interpretación directa de un precepto constitucional y en la sentencia recurrida se haya omitido decidir acerca de dichas cuestiones. Ahora bien, debe considerarse que se está en la última hipótesis de procedibilidad del recurso, que contempla dicho numeral, cuando con violación al principio de congruencia (error, descuido u olvido), el Tribunal Colegiado al emitir su sentencia haya desatendido los planteamientos de constitucionalidad que fueron propuestos en la demanda de garantías; y también, en el caso de que se hayan declarado inoperantes, insuficientes o inatendibles dichos planteamientos. En efecto, la hipótesis que contempla la última parte de la fracción III del artículo 10, debe entenderse en el sentido de que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, está referida a las cuestiones constitucionales reclamadas en la demanda de garantías, propiamente en los conceptos de violación, y tomando en cuenta que la omisión en el estudio respectivo puede ocasionar a la parte quejosa un agravio no reparable en la instancia de revisión, se dejaría a la quejosa en estado de indefensión, pues en el primer caso no existiría la posibilidad de que en el recurso de revisión se analizara el planteamiento de constitucionalidad y, en el segundo, tampoco habría la posibilidad de examinar si fue correcto o no el argumento jurídico que impidió el estudio de constitucionalidad propuesto. Por las anteriores razones, debe estimarse que en los casos mencionados se actualiza la hipótesis establecida en la parte final del artículo 10, fracción III, del referido cuerpo legal, porque se omite el análisis de las cuestiones de constitucionalidad propuestas en la demanda de garantías. Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 1522/94. Julia María Ishiwara de Aguirre. 13 de noviembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el siete de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número CXXXII/1995 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Nota: Esta tesis CXXXII/95 se editó en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, pág. 260, correspondiente al mes de diciembre de 1995; por instrucciones del Pleno se publica nuevamente con las modificaciones que el mismo ordena sobre la tesis originalmente enviada. Este criterio ha integrado la jurisprudencia P./J. 31/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 43, de rubro "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA. "

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Los conceptos de violación son inoperantes para el Pleno de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes casos que ya fueron establecidos anteriormente: 1. Si en un amparo directo se impugna la inconstitucionalidad “de los preceptos que no fueron aplicados”.573 2. “Si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto legal impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo”.574 3. “Cuando en el juicio de amparo se reclama el auto de formal prisión en el que se cita, entre otros artículos, el artículo 4º., fracción I, inciso A), de la Ley Federal contra la Delincuencia Or-

573 No. Registro: 197,674. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Septiembre de 1997. Tesis: P. CXXXIII/97. Página: 203. CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados. Amparo directo en revisión 698/96. Emilio Ocejo Gutiérrez y otra. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número CXXXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete. 574 No. Registro: 193,438. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999. Tesis: P. LVIII/99. Página: 53. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto dentro de los conceptos de violación de la demanda. No obstante, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto legal impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo al quejoso. Amparo directo en revisión 912/96. Electrónica Remberg, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio en curso, aprobó, con el número LVIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

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ganizada, y la parte quejosa alega que éste viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por establecer una pena inusitada y trascendental, el concepto de violación relativo resulta inoperante porque en ese estado del proceso penal todavía no se da el supuesto de aplicación del mencionado precepto constitucional, en virtud de que no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no se sabe si el inculpado será declarado penalmente responsable de los delitos por los cuales se le acusó ni se le impondrá una pena”.575 4. “La circunstancia de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local, no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa, de modo que los conceptos de violación formulados al respecto serán inoperantes”. 5. “Los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que

575 No. Registro: 186,613. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Julio de 2002. Tesis: P. XXX/2002. Página: 9. DELINCUENCIA ORGANIZADA. ES INOPERANTE EL ARGUMENTO CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA ESTABLECE UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL Y, POR ENDE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Toda vez que el Juez, al dictar el auto de formal prisión, sólo debe tener en cuenta los elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, pero sin imponer pena alguna, se concluye que cuando en el juicio de amparo se reclama el auto de formal prisión en el que se cita, entre otros artículos, el artículo 4o., fracción I, inciso A), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la parte quejosa alega que éste viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por establecer una pena inusitada y trascendental, el concepto de violación relativo resulta inoperante porque en ese estado del proceso penal todavía no se da el supuesto de aplicación del mencionado precepto constitucional, en virtud de que no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no se sabe si el inculpado será declarado penalmente responsable de los delitos por los cuales se le acusó ni se le impondrá una pena, pues conforme a lo establecido en los artículos 20, apartado A, fracciones VI y VIII, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, las penas sólo pueden imponerse válidamente, por el Juez penal, precisamente en la sentencia con que culmine el proceso, de modo que como esta hipótesis de aplicación todavía no se presenta, resultan inoperantes los conceptos de violación respectivos. Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso, aprobó, con el número XXX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil dos.

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se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio”.576 El Pleno de la Novena Época reitero la calificación de agravios inoperantes en los casos siguientes: 1. “En aquellos casos en que el Tribunal Colegiado de Circuito concede el amparo por vicios de legalidad, y esa decisión, dados los términos en que fue emitida, debe subsistir aun cuando la ley impugnada resultara inconstitucional (…) ya que resulta intrascendente que en estos asuntos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en relación con el problema de constitucionalidad, pues aun en el supuesto de que se llegara a considerar inconstitucional el precepto reclamado, no podría alterarse lo que ya fue juzgado en definitiva por el Tribunal Colegiado de Circuito, por provenir de un órgano cuyas decisiones en materia de legalidad son inatacables (…) Téngase presente que en estos casos el amparo concedido sólo puede referirse a la sentencia impugnada sin que trascienda a la ley, cuya inconstitucionalidad únicamente se plantea en los conceptos de violación.”;577 aunque “cuando esa 576 No. Registro: 197,240. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997. Tesis: P./J. 98/97. Página: 22. SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja. Contradicción de tesis 27/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de septiembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 98/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 577 No. Registro: 200,035. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Octubre de 1996. Tesis: P. CXIV/96. Página: 123. AGRAVIOS INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN REVISÓN. LO SON LOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD CUANDO LA SENTENCIA IMPUGNADA RESUELVE POR CUESTIONES DE LEGALIDAD LA TOTALIDAD DE LA LITIS PLANTEADA. En aquellos casos en que el Tribunal Colegiado de Circuito concede el amparo por vicios de legalidad, y esa decisión, dados los términos en que fue emitida, debe subsistir aun cuando la ley impugnada resultara inconstitucional, deben declararse inoperantes los agravios relacionados con cuestiones de constitucionalidad de la ley, ya que resulta intrascendente que en estos asuntos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en relación con el problema de constitucionalidad, pues aun en el supuesto de que se llegara a considerar inconstitucional el precepto reclamado, no podría alterarse lo que ya fue juzgado en definitiva por el Tribunal Colegiado de Circuito, por provenir de un órgano cuyas decisiones en

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concesión no comprende todas las reclamaciones constitucionales, porque el precepto legal impugnado involucra la procedencia o improcedencia de diversas prestaciones materia del juicio natural, que la declaración en comento dejó fuera del otorgamiento del amparo, es inconcuso que sí cuenta con legitimación para interponer el referido recurso en contra de la parte que declaró la constitucionalidad de la ley, pues de llegarse a una conclusión contraria en la revisión, la protección constitucional abarcaría también las otras reclamaciones”.578 2. “Los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso”.579

materia de legalidad son inatacables, según lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Téngase presente que en estos casos el amparo concedido sólo puede referirse a la sentencia impugnada sin que trascienda a la ley, cuya inconstitucionalidad únicamente se plantea en los conceptos de violación. Amparo directo en revisión 812/94. Alejandro Humberto Salazar Díaz y otro. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de septiembre en curso, aprobó, con el número CXIV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 578 No. Registro: 200,099. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996. Tesis: P. LXXXV/96. Página: 104. REVISÓN EN AMPARO DIRECTO. EL QUEJOSO TIENE LEGITIMACION PARA INTERPONERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE DECLARO CONSTITUCIONAL LA LEY QUE IMPUGNO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION, A PESAR DE QUE SE LE HAYA OTORGADO EL AMPARO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD, SI TAL CONCESION NO COMPRENDE LA RESTITUCION DE TODAS LAS GARANTIAS INDIVIDUALES QUE RECLAMO COMO INFRINGIDAS. La regla general indica que otorgada la protección federal por motivos de legalidad de la sentencia o resolución reclamada en el amparo directo, a un declarada constitucional la ley impugnada en los conceptos de violación de la demanda, el quejoso no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de tal fallo, puesto que no obtendría ningún beneficio si al resolverse ese medio de impugnación se considerara inconstitucional la ley respectiva, pero cuando esa concesión no comprende todas las reclamaciones constitucionales, porque el precepto legal impugnado involucra la procedencia o improcedencia de diversas prestaciones materia del juicio natural, que la declaración en comento dejó fuera del otorgamiento del amparo, es inconcuso que sí cuenta con legitimación para interponer el referido recurso en contra de la parte que declaró la constitucionalidad de la ley, pues de llegarse a una conclusión contraria en la revisión, la protección constitucional abarcaría también las otras reclamaciones. Amparo directo en revisión 735/95. Pasta, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Marta Leonor Bautista de la Luz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis. 579 No. Registro: 197,240. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997. Tesis: P./J. 98/97. Página: 22. SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja. Contradicción de tesis 27/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de septiembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes:

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3. Los consistentes en que el juez de Distrito omitió analizar la totalidad de los conceptos de violación ya que “la omisión invocada en nada perjudica a la autoridad recurrente”.580 4. “Todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida”.581 5. “Los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se

José Vicente Aguinaco Alemán y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 98/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 580 No. Registro: 183,095. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003. Tesis: P./J. 59/2003. Página: 8. CRÉDITO AL SALARIO. IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, VIGENTE EN DOS MIL TRES. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSISTENTES EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITIÓ ANALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN LA DEMANDA DE AMPARO. La omisión invocada en nada perjudica a la autoridad recurrente, sino en todo caso a la promovente del juicio de garantías; además, los efectos de la concesión del amparo respecto del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres (decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos), consisten en desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación fiscal de pagar el impuesto del cuatro por ciento sobre el total de las erogaciones que realicen por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, o en su defecto, no enterar, conjuntamente con las retenciones que se efectúen a los trabajadores, un monto equivalente al crédito al salario mensual que hubiesen calculado conforme a la tabla contenida en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; por tanto, es innecesario examinar los diversos conceptos de violación que se refieren a dicho numeral, así como los relativos a otros preceptos jurídicos que inciden en el tributo en cuestión que haya invocado la quejosa, toda vez que no podría obtener mayores beneficios que los mencionados con antelación. Amparo en revisión 807/2003. Steren Producto Empacado, S.A de C.V. 28 de octubre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino. Amparo en revisión 808/2003. Estructuración Contable Empresarial, S.C. 28 de octubre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: J. Fernando Mendoza Rodríguez. Amparo en revisión 811/2003. Universidad Tecnológica de México, S.C. y coags. 28 de octubre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Amparo en revisión 833/2003. Georgina Hernández Castillo. 28 de octubre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Amparo en revisión 834/2003. Consultores en Organizaciones y Administración, S.C. 28 de octubre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número 59/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de dos mil tres. 581 No. Registro: 200,235. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995. Tesis: P./J. 46/95. Página: 174. REVISÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA. De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante. Amparo directo en revisión 2081/88. Emak Import Export, S.A. 14 de junio de 1989. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 74/92. Club Campestre El Cristo, A.C. 11 de marzo de 1993. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 97/92. Club de Golf de Puebla, A.C. 11 de marzo de 1993. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Idalia Peña Cristo. Amparo directo en revisión 799/94. Troy Asesores, S.C. 28 de marzo de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 46/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

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trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.”;582 sin embargo, lo anterior “no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.583 6. “Los agravios dirigidos a combatir la constitucionalidad de un precepto legal, aun cuando éste se relacione con las notifica-

582 No. Registro: 199,492. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: P./J. 2/97. Página: 5. Genealogía: Novena Época, Tomo V, febrero 1, 1997, página 30. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete. 583 No. Registro: 193,777. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999. Tesis: P. LI/99. Página: 9. AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES. DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES. En términos de lo establecido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.", deben desestimarse por inoperantes los agravios aducidos en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número LI/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.

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ciones, como lo es el artículo 29 de la Ley de Amparo, son inoperantes por no ser materia”584 del incidente de nulidad. 7. Expuestos contra los resultandos porque “los antecedentes no pueden causar agravio alguno a las partes interesadas, precisamente porque son una simple reseña del asunto y, en todo caso, son la parte considerativa y los puntos decisorios de la resolución los que eventualmente pueden afectarlas, ya que en éstos es donde la autoridad analiza la materia de la litis, valora las pruebas y emite su juicio”.585 8. “Cuando se controvierte una determinación de no ratificación adoptada por el Consejo de la Judicatura Federal, pues si la razón legal de la existencia del recurso de revisión administrativa es la verificación de la legalidad de las resoluciones del referido órgano administrativo que trascienden a la remoción de un juzgador federal, por identidad de razón, debe estimarse concedida tal atribución respecto de las determinaciones emitidas dentro de tal periodo. Sin embargo, dado que dentro del sistema jurídico nacional es regla general que el derecho a recibir una resolución sobre lo pedido únicamente asiste al que con ella verá afectada su esfera jurídica, debe concluirse que son inoperantes los agravios hechos valer en la revisión administrativa interpuesta contra una resolu584 No. Registro: 194,940. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Diciembre de 1998. Tesis: P. CIII/98. Página: 254. NOTIFICACIONES. MATERIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD. Conforme al artículo 32 de la Ley de Amparo la materia del incidente de nulidad de notificaciones consiste en el análisis de la legalidad de la notificación que debe realizarse en términos de los artículos 27 a 31 del mismo ordenamiento; por tanto, los agravios dirigidos a combatir la constitucionalidad de un precepto legal, aun cuando éste se relacione con las notificaciones, como lo es el artículo 29 de la Ley de Amparo, son inoperantes por no ser materia de dicho incidente. Incidente de nulidad de notificaciones en el amparo en revisión 2244/96. Grupo Smurfit México, S.A. de C.V. 3 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número CIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 585 No. Registro: 194,612. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Febrero de 1999. Tesis: P. X/99. Página: 41. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN DICHO RECURSO EN CONTRA DE LOS RESULTANDOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SON INOPERANTES. Por regla general, toda resolución, sea administrativa o jurisdiccional, debe contener los antecedentes del caso que se resuelve; sin embargo, éstos son únicamente de carácter informativo, en virtud de los cuales se ponderan determinados hechos o datos que constan en el expediente relativo. En estas condiciones, los antecedentes no pueden causar agravio alguno a las partes interesadas, precisamente porque son una simple reseña del asunto y, en todo caso, son la parte considerativa y los puntos decisorios de la resolución los que eventualmente pueden afectarlas, ya que en éstos es donde la autoridad analiza la materia de la litis, valora las pruebas y emite su juicio. Revisión administrativa (Consejo) 8/97. 7 de diciembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

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ción de tal naturaleza, que no motiva la resolución controvertida en forma destacada, pues con independencia de que sean fundados o no, su estudio en nada trascenderá a la resolución respectiva, máxime que tales actos, por sí solos, son inatacables, y únicamente cuando constituyen el sustento de la remoción, son susceptibles de abordarse”. 9. “Los conceptos de agravio expuestos en el recurso de revisión administrativa que no tienden a combatir los fundamentos y consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida, por no ser materia de la litis y sobre lo cual no existe pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa”.586 10. “Los agravios en los que se aduce que son inconstitucionales los artículos aplicados en el auto de formal prisión y en la sentencia de primera instancia, son inoperantes si cuando se dictó la de apelación, ya estaba en vigor una reforma constitucional que convalidaba lo establecido en las disposiciones impugnadas, en virtud de que al ser sustituidas aquellas resoluciones por la sentencia dictada en el recurso de apelación, que es la que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica, ya que las violaciones que pudieran haberse cometido se consumaron irreparablemente”.587

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número X/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. 586 No. Registro: 188,743. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Septiembre de 2001. Tesis: P. XIII/99. Página: 9. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO, SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Son inoperantes los conceptos de agravio expuestos en el recurso de revisión administrativa que no tienden a combatir los fundamentos y consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida, por no ser materia de la litis y sobre lo cual no existe pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa. Revisión administrativa (Consejo) 8/97. 7 de diciembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número XIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 45; por acuerdo del Tribunal Pleno de 20 de septiembre de 2001, se publica nuevamente con la modificación que indicó. 587 No. Registro: 180,482. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Penal. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004. Tesis: P. XLVI/2004. Página: 16. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ARTÍCULOS APLICADOS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI CUANDO SE DICTÓ LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE SE RECLAMA, YA ESTABA EN VIGOR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE SUPERÓ EL VICIO DE AQUÉLLOS. Los agravios en los que se aduce que son inconstitucionales los artículos aplicados en el auto de formal prisión y en la sentencia de primera instancia, son

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También traslada los criterios de que los agravios son inatendibles: 1. “Si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido”.588 2. “Cuando se aduce en los agravios que un precepto de una ley secundaria es inconstitucional porque los juzgadores en diversas instancias no se pusieron de acuerdo en definir su contenido, tales alegaciones por ser agravios de hecho no pueden estudiarse en el recurso de revisión de amparo contra leyes”.589

inoperantes si cuando se dictó la de apelación, ya estaba en vigor una reforma constitucional que convalidaba lo establecido en las disposiciones impugnadas, en virtud de que al ser sustituidas aquellas resoluciones por la sentencia dictada en el recurso de apelación, que es la que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica, ya que las violaciones que pudieran haberse cometido se consumaron irreparablemente. Amparo directo en revisión 654/2002. 30 de marzo de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Amparo directo en revisión 655/2002. 30 de marzo de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el número XLVI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro. 588 No. Registro: 187,928. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002. Tesis: P./J. 139/2001. Página: 1043. RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido. Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 139/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 589 No. Registro: 186,376. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002. Tesis: P. XLI/2002. Página: 7. AGRAVIOS INATENDIBLES. SON LOS QUE EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, CONTIENEN PLANTEAMIENTOS DE HECHO. En la jurisprudencia P./J. 25/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 38, cuyo rubro es: "LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.", se ha sostenido el criterio de que la inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución Federal; por ello, cuando se aduce en los agravios que un precepto de una ley secundaria es inconstitucional porque los juzgadores en diversas instancias no se pusieron de acuerdo en definir su contenido, tales alegaciones por ser agravios de hecho no pueden estudiarse en el recurso de revisión de amparo contra leyes y deben declararse inatendibles.

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En la actualidad tanto los conceptos de violación, como los agravios son considerados inoperantes por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1. Si impugnan “la omisión de una legislatura, ya sea local o federal, de expedir determinada codificación u ordenamiento (…) dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión”.590 2. “Si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo”.591

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número XLI/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 590 No. Registro: 192,864. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXX/99. Página: 40. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Cuando en la demanda de amparo directo o en los agravios expresados en la revisión interpuesta en dicho juicio constitucional, se impugna la omisión de una legislatura, ya sea local o federal, de expedir determinada codificación u ordenamiento, la imposibilidad jurídica de analizar tales cuestionamientos deriva de que conforme al principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional, y 76 de la Ley de Amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, esto es, a legislar, porque esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que, por definición, constituye una regla de carácter general, abstracta e impersonal, la que vincularía no sólo al recurrente y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, apartándose del enunciado principio. Amparo directo en revisión 2632/98. Jorge Villalobos Torres. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXX/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 591 No. Registro: 192,863. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXXI/99. Página: 40. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES SI RESPECTO DEL PRECEPTO U ORDENAMIENTO LEGAL QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL SE ACTUALIZA UNA HIPÓTESIS RESPECTO DE LA QUE SERÍA IMPROCEDENTE EL JUICIO SI SE TRATARA DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto en los conceptos de violación; sin embargo, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia,

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la jurisprudencia del Pleno en el sentido de que debían tenerse como conceptos de violación:

Todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, [no implicaba que] los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.592

declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo. Por aplicación de idéntico principio, deben declararse inoperantes los agravios expresados en el amparo directo en revisión cuando, respecto del precepto impugnado en los conceptos de violación, se actualizaría una causa de improcedencia si se tratara de un juicio de amparo indirecto. Amparo directo en revisión 2632/98. Jorge Villalobos Torres. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXXI/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 592 No. Registro: 185,425. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 81/2002. Página: 61. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

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De igual manera, esta sala establece que:

La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo (…) deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente (…) Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley.593

Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 593 No. Registro: 193,008. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: 1a./J. 58/99. Página: 150. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes. Amparo directo en revisión 671/97. Alicia García Medina. 14 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Amparo directo en revisión 794/97. Margarito González Rivera. 28 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. Amparo directo en revisión 507/97. Rodolfo Bárbara Gama y otra. 21 de octubre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Amparo directo en revisión 2822/98. Félix Castillo Carrasco y otra. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Amparo directo en revisión 52/99. Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

Que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal únicamente procede en la segunda instancia y en el juicio de amparo; y, por otro, que la solicitud de reconocimiento de inocencia no implica la apertura de otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios, ni un medio extraordinario de defensa dentro de las instancias judiciales, sino la destrucción de los que fundaron la sentencia condenatoria, resulta inconcuso que en tratándose de tal solicitud, no procede la aludida suplencia.594

También determinó que la suplencia de la queja: “Sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente”;595 ni es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipó-

Tesis de jurisprudencia 58/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 594 No. Registro: 188,526. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Octubre de 2001. Tesis: 1a. LXXXVII/2001. Página: 360. RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN TRATÁNDOSE DE TAL SOLICITUD. Si se toma en consideración, por un lado, que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo y 364, 560 y 561 del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprende que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal únicamente procede en la segunda instancia y en el juicio de amparo; y, por otro, que la solicitud de reconocimiento de inocencia no implica la apertura de otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios, ni un medio extraordinario de defensa dentro de las instancias judiciales, sino la destrucción de los que fundaron la sentencia condenatoria, resulta inconcuso que en tratándose de tal solicitud, no procede la aludida suplencia. Lo anterior en razón de que al no haber precepto legal que establezca lo contrario, con el escrito en que se pide dicho reconocimiento deben aportarse los medios de convicción a que se refieren las diversas hipótesis previstas en el citado artículo 560 para actualizarlo, los que deben ser posteriores a la sentencia, así como resultar idóneos para demostrar la invalidez de las pruebas en que originalmente se apoyó la condena, por lo que el análisis de los argumentos que se hagan valer y de las pruebas que al efecto se aporten, necesariamente es de estricto derecho. Reconocimiento de inocencia 1/2001. 30 de mayo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino. 595 No. Registro: 195,585. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Septiembre de 1998. Tesis: 1a./J. 50/98. Página: 228. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan.

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tesis de que es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la vía intentada.596

La suplencia de la queja, para esta sala opera:

En beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable.597

Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente. Reclamación 86/96. Sabino Diosdado Contreras. 15 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Reclamación 16/97. Marco Antonio Álvarez Peña. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Reclamación 78/97. Nicéforo Bojórquez Bracamontes. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. Reclamación 84/97. Israel Santamaría Guzmán. 5 de noviembre de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Reclamación 6/98. Aurelio Sánchez Carrillo. 1o. de julio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Blanca Evelia Parra Meza. Tesis de jurisprudencia 50/98. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 596 No. Registro: 197,887. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Agosto de 1997. Tesis: 1a. XX/97. Página: 75. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO IMPLICA EL CAMBIO DE LA VÍA INTENTADA. Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, el quejoso promueve recurso de queja, presentándolo directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipótesis de que es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la vía intentada. Lo anterior conduce a determinar que si el quejoso promueve recurso de queja ante el Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo, dicho recurso debe ser tramitado como tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del cual se duele. Inconformidad 26/97. J. Guadalupe Nava Reyna y otros. 14 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 597 No. Registro: 194,068. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999. Tesis: 1a./J. 18/99. Página: 328. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE

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Tal análisis debe hacerse: “cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen”.598 Tal suplencia en materia penal, al igual que en criterios anteriores, es improcedente a favor del ofendido,599 pero si opera a ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen. Contradicción de tesis 56/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Tesis de jurisprudencia 18/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 598 No. Registro: 192,973. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: 1a./J. 62/99. Página: 316. PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen. Contradicción de tesis 61/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de mayo de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez Hernández. Tesis de jurisprudencia 62/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 599 No. Registro: 183,485. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Agosto de 2003. Tesis: 1a./J. 27/2003. Página: 127. OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Al establecer el citado artículo que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos establecidos en esa ley, en "otras materias", cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, se refiere a las materias civil y administrativa, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis LIV/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 122, toda vez que en el resto de las fracciones que conforman dicho numeral quedan comprendidas de manera especial las materias penal, agraria y laboral. Ahora bien, si se toma en consideración que la fracción II del referido dispositivo delimita en términos claros y específicos los casos en que procede dicha suplencia en materia penal, pues de la exposición de motivos mediante la cual se adicionó el indicado numeral, se advierte que aquella figura opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable, es indudable que la fracción VI no puede servir de fundamento legal para suplir a favor del ofendido o de la víctima del delito

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favor del reo “cuando el acto reclamado sea la condena a la reparación del daño, pues ésta tiene el carácter de pena”.600 Además, al igual que en las demás épocas, para esta sala la suplencia de la queja no es ilimitada, salvo en materia penal, ya que:

El órgano de control constitucional no puede libremente realizar el examen del precepto legal reclamado o de la resolución recurrida, sino que debe hacerlo a partir de lo expresado en los conceptos de violación o, en su caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, porque la suplencia de la queja deficiente es una institución procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer las garantías que otorga la Constitución Federal,

la deficiencia de la queja cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías, ya que ese no fue el alcance que el legislador le dio, pues si hubiese querido que dicha fracción pudiera ser aplicada en materia penal, laboral o agraria, en lugar de señalar "en otras materias", hubiera establecido tal imperativo para todas las materias, ya que de esa manera, cualquiera que ella fuera, de advertir el juzgador de amparo la existencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso, tendría la obligación de suplir la deficiencia en su favor. Contradicción de tesis 57/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primero, Quinto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 14 de mayo de 2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 27/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de mayo de dos mil tres. Nota: La tesis LIV/89 citada, aparece publicada con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA PROCEDENTE." 600 No. Registro: 181,429. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Mayo de 2004. Tesis: 1a./J. 18/2004. Página: 474. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL REO EN CONTRA DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja constituye una excepción al rigorismo jurídico y al formalismo legal, cuyo fin es proteger los intereses del procesado, además de que se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar, en la sentencia, el error u omisión en que haya incurrido el reo o su defensor. En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra, aun cuando el acto reclamado sea la condena a la reparación del daño, pues ésta tiene el carácter de pena en términos de los artículos 24, inciso 6, 29 y 30 del Código Penal Federal. Contradicción de tesis 137/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 24 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Tesis de jurisprudencia 18/2004. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.

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no deja de estar sujeta a los requisitos previstos al efecto tanto en la Ley Fundamental como en la Ley de Amparo.601

Para esta sala no es suplencia de la queja estudiar una orden de comparecencia aunque el quejoso la señalara erróneamente como orden de aprehensión porque a pesar de que:

Tienen sus diferencias, de hecho, son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta

601 No. Registro: 179,445. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Tesis: 1a. CLXIV/2004. Página: 430. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO ES ILIMITADA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo señala que la suplencia de la queja deficiente se entiende referida a los conceptos de violación y, en su caso, a los agravios, es decir, a la materia misma del juicio de garantías, por lo que debe considerarse que dicho precepto limita el ámbito de aplicación de tal figura a las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, de ahí que dicha suplencia no sea aplicable a la procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, a excepción de la materia penal, el órgano de control constitucional no puede libremente realizar el examen del precepto legal reclamado o de la resolución recurrida, sino que debe hacerlo a partir de lo expresado en los conceptos de violación o, en su caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, porque la suplencia de la queja deficiente es una institución procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer las garantías que otorga la Constitución Federal, no deja de estar sujeta a los requisitos previstos al efecto tanto en la Ley Fundamental como en la Ley de Amparo. Amparo directo en revisión 1189/2004. Club Campestre El Campanario, A.C. 13 de octubre de 2004. Mayoría de tres votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Notas: Sobre el tema tratado en esta tesis, la Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 35/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 686, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES ILIMITADA." El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 52/2004-PL resuelta por el Tribunal Pleno, de la que derivaron las tesis P./J. 6/2006, P./J. 7/2006, P./J. 4/2006, P./J. 8/2006 y P./J. 5/2006, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, páginas 7, 8 y 9, con los rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.", "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY." y "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.", respectivamente.

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limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.”;602 en consecuencia, tampoco es suplencia de la queja que “el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y exami-

602 No. Registro: 200,427. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996. Tesis: 1a./J. 6/96. Página: 196. ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Contradicción de tesis 37/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 9 de febrero de 1996. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales. Tesis de jurisprudencia 6/96. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, por cinco votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.

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nar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías.603

Para la Primera Sala procede suplir la deficiencia de la queja en controversias constitucionales:

Si en el escrito por el que se interpone el recurso de reclamación se señala como auto recurrido el de formación, registro y turno del asunto, siendo que lo que se pretende impugnar,

No. Registro: 189,287. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Julio de 2001. Tesis: 1a./J. 34/2001. Página: 287. ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías. Contradicción de tesis 79/99-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 21 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Tesis de jurisprudencia 34/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.

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cuando así se desprenda del análisis integral de los agravios expresados, es la admisión de la demanda de controversia, procede entonces, con apoyo en los dispositivos en cita, suplir la deficiencia de los agravios a fin de analizar la cuestión efectivamente planteada y, por consecuencia, tener como auto recurrido el del Ministro instructor que admite a trámite la demanda y no el de Presidencia que únicamente da seguimiento formal a la instancia, pero sin calificar sobre su admisión.604

Esta Primera Sala también reitera el criterio de que “las resoluciones que determinan inexistente o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, se rige por principios conforme a los cuales no priva el derecho estricto, sino que prevalece el examen oficioso”.605

No. Registro: 196,906. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998. Tesis: 1a. II/98. Página: 335. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CASO EN QUE PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se desprende que, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrá suplirse la deficiencia de los agravios; por tanto, si en el escrito por el que se interpone el recurso de reclamación se señala como auto recurrido el de formación, registro y turno del asunto, siendo que lo que se pretende impugnar, cuando así se desprenda del análisis integral de los agravios expresados, es la admisión de la demanda de controversia, procede entonces, con apoyo en los dispositivos en cita, suplir la deficiencia de los agravios a fin de analizar la cuestión efectivamente planteada y, por consecuencia, tener como auto recurrido el del Ministro instructor que admite a trámite la demanda y no el de Presidencia que únicamente da seguimiento formal a la instancia, pero sin calificar sobre su admisión. Recurso de reclamación 103/97, relativo a la Controversia Constitucional 25/97. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla. 3 de diciembre de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 605 No. Registro: 192,978. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: 1a./J. 56/99. Página: 229. INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER. La inconformidad prevista en el artículo 108 de la Ley de Amparo, como medio de impugnación en contra de las resoluciones que determinan inexistente o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, se rige por principios conforme a los cuales no priva el derecho estricto, sino que prevalece el examen oficioso, a saber: a) en términos del numeral 113 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, como en el caso de que mediante una inconformidad se cuestione si se ha emitido un nuevo acto de autoridad que lejos de someterse a la potestad federal tiende a burlarla con la repetición de aquel que motivó esa concesión; el principio de orden público también se manifiesta en la facultad que se otorga a este Máximo Tribunal para allegarse de los elementos que estime convenientes; b) de acuerdo con la segunda parte del primer párrafo del artículo 108 en comento, el envío del expediente a la Suprema Corte sólo se hará a petición de la parte que no estuviere conforme; es decir, la obligación hacia el disidente es singular: que pida la remisión de los autos al más Alto Tribunal de la nación; no requiere que solicite ese envío y, adicionalmente, que externe las causas o razones que la originaran; y, c) la figura de los agravios coexiste con la de los recursos; forman una dualidad inescindible, en donde el recurso es el medio para encausar el disentimiento y los agravios las razones en que se funda éste, de modo tal que, salvo en los casos en que existe suplencia de la queja, la expresión de los agravios es elemento sin el cual no se puede someter a examen la decisión recurrida; y en el juicio de amparo, por disposición expresa del artículo 82 de la ley que lo regula, los recursos son tres: revisión, queja y reclamación, lo cual obliga a deducir que la inconformidad en cita no es un recurso y, por consecuencia, tampoco es factible exigir la formulación de agravios. Inconformidad 342/98. Félix Muñoz González. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Juan José Olvera López. Inconformidad 43/99. Mario Alberto Fernández Payán. 17 de febrero de 1999. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Inconformidad 40/99. José Ortega Rodríguez. 17 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño. Inconformidad 133/99. Efraín Ramírez Herrera y otro. 28 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. 604

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La Primera Sala establece que para que proceda la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios en materia administrativa:

Se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado.606

Inconformidad 131/99. Antonio Valencia Guzmán. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Tesis de jurisprudencia 56/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 606 No. Registro: 191,048. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000. Tesis: 1a./J. 17/2000. Página: 189. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la

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Los conceptos de violación son calificados de inoperantes por la Primera Sala: 1. Si en amparo directo se controvierte preceptos legales que no fueron aplicados.607 2. “En el sentido de que el artículo 116 de la ley citada y su respectiva tabla, vigente en 2002, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria al no atender a la capacidad contributiva del patrón, pues tal disposición legal se limita a regular el beneficio fiscal de referencia, precisando la forma cómo el retenedor (patrón) deberá acreditar las cantidades establecidas en la tabla contra el impuesto sobre la renta anual que resulte a cargo del trabajador, a fin de que por virtud de dicho acreditamiento, que se traduce en la disminución del gravamen que hubiere correspondido pagar a los trabajadores, reciban ingresos adicionales que les permita elevar su poder adquisitivo. Además, la inoperancia es fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado. Amparo en revisión 1484/90. Fraccionamientos Residenciales Urbanos, S.A. 3 de diciembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Victoria Adato Green de Ibarra. Ponente: Clementina Gil de Lester. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 2614/96. Bering Internacional de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo en revisión 3525/97. Concretos y Asfaltos de Toluca, S.A. de C.V. 29 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 2207/97. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 17 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 421/2000. Javier García Acosta y otro. 26 de abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías. Tesis de jurisprudencia 17/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 607 No. Registro: 191,749. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Junio de 2000. Tesis: 1a. V/2000. Página: 55. INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. No es dable en un juicio de amparo directo, ni en la revisión correspondiente emitir pronunciamiento sobre preceptos en los que no se apoya la sentencia reclamada, al hacerlo en sentido contrario se contravendría el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, habida cuenta que el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal en el juicio de garantías uniinstancial, en el que se impugna la constitucionalidad de una norma (de resultar fundado el concepto de violación respectivo) es sólo para que no se aplique la disposición de que se trate en la sentencia reclamada. Es inconcuso, en tal virtud, que si la sentencia no se apoyó en el precepto que se tilda de inconstitucional es jurídicamente imposible que se dé el efecto restitutorio que es propio de este tipo de juicios de amparo. Por tanto, si la procedencia de la revisión en amparo directo depende no sólo de la expresión de conceptos de inconstitucionalidad en la demanda, sino además de que los artículos impugnados se hayan aplicado en perjuicio del quejoso e influido en el sentido de la resolución reclamada, debe necesariamente concluirse que al no existir aplicación tales conceptos de inconstitucionalidad devienen en inoperantes.

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manifiesta, ya que se parte de una premisa equivocada, consistente en que las cantidades previstas en la tabla del precepto en mención deben ser cubiertas por el patrón con su propio peculio, lo que es incorrecto, toda vez que aquéllas simplemente establecen el monto que debe acreditarse del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador, lo cual se traduce en una disminución en la recaudación por ese concepto y que, por ende, resiente el Estado, no el patrón, quien sólo cumple funciones de retención”.608 3. “Los conceptos de violación en los cuales se impugne la inconstitucionalidad de diverso numeral que decrete el incremento de las citadas cuotas o tarifas resultan inoperantes si éste no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la de aquel que fue consentido y por el cual se sobreseyó en el juicio de amparo”.609 4. “Los argumentos de la parte quejosa en que alega violación a las garantías de irretroactividad de la ley, de equidad y de

Amparo directo en revisión 848/99. Constructora Pesa, S.A. 8 de marzo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino. 608 No. Registro: 181,346. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Junio de 2004. Tesis: 1a. LXXVI/2004. Página: 233. CRÉDITO AL SALARIO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS A QUE EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU RESPECTIVA TABLA, VIGENTE EN 2002, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. De lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor el 1o. de enero de 2002, se advierte que se reconoce en la figura del crédito al salario el carácter de subsidio federal a la actividad económica de los trabajadores de menores ingresos, de lo que se sigue que dicho beneficio fiscal corre a cargo del Estado y no directamente del patrón, pues si bien éste tiene la obligación de calcular el impuesto, retenerlo y enterarlo al fisco, únicamente actúa como intermediario entre el Estado y el trabajador, en virtud de que es el fisco federal quien otorga el mencionado beneficio y que a través de dicho crédito incrementa el ingreso disponible del trabajador. En esa virtud, son inoperantes los conceptos de violación, en el sentido de que el artículo 116 de la ley citada y su respectiva tabla, vigente en 2002, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria al no atender a la capacidad contributiva del patrón, pues tal disposición legal se limita a regular el beneficio fiscal de referencia, precisando la forma cómo el retenedor (patrón) deberá acreditar las cantidades establecidas en la tabla contra el impuesto sobre la renta anual que resulte a cargo del trabajador, a fin de que por virtud de dicho acreditamiento, que se traduce en la disminución del gravamen que hubiere correspondido pagar a los trabajadores, reciban ingresos adicionales que les permita elevar su poder adquisitivo. Además, la inoperancia es manifiesta, ya que se parte de una premisa equivocada, consistente en que las cantidades previstas en la tabla del precepto en mención deben ser cubiertas por el patrón con su propio peculio, lo que es incorrecto, toda vez que aquéllas simplemente establecen el monto que debe acreditarse del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador, lo cual se traduce en una disminución en la recaudación por ese concepto y que, por ende, resiente el Estado, no el patrón, quien sólo cumple funciones de retención. Amparo en revisión 2413/2003. C/R Mexicana, S.A. de C.V. 4 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 609 No. Registro: 181,367. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Junio de 2004. Tesis: 1a. LXXVII/2004. Página: 232. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE IMPUGNAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO QUE ESTABLECE EL AUMENTO DE CUOTAS O TARIFAS DE DERECHOS, HACIÉNDOLA DEPENDER DE LOS VICIOS DE LAS CUOTAS O TARIFAS ORIGINALES QUE FUERON CONSENTIDAS TÁCITAMENTE Y POR LAS QUE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE AMPARO, Y NO POR VICIOS PROPIOS. Si se sobresee en el juicio de amparo en lo que corresponde a un determinado precepto legal, que establece las cuotas o tarifas de determinados derechos, encontrándose demostrado que el quejoso lo ha consentido tácitamente, porque con base en éste ha estado pagando los derechos relativos, los conceptos de violación en los cuales se impugne la inconstitucionalidad de diverso numeral que decrete el incremento de las citadas cuotas o tarifas resultan inoperantes si éste no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la de aquel que fue consentido y por el cual se sobreseyó en el juicio de amparo. Amparo en revisión 1383/2003. José Eloy Jiménez Espinosa. 24 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

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proporcionalidad tributaria, señalando la imposibilidad de acudir al saldo de la CUFIN sin haber agotado el de la CUFINRE, lo cual conlleva el pago de impuesto sobre la renta sobre una base piramidada con un factor del 1.5385, resultan inoperantes dada su ineficacia para conducir a la concesión del amparo, toda vez que la aplicación de tales disposiciones deriva de un acto voluntario que realizaron los contribuyentes, consistente en la reinversión de utilidades, la cual posibilitó el diferimiento en el entero del gravamen”.610 5. “Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, los agravios tendentes a combatir la constitucionalidad de los artículos 2º., fracción III, 4º. y 11 de la ley citada cuando quien promueve el juicio de garantías no es sujeto pasivo del impuesto ni acredita que le haya sido trasladado, en razón de que acorde con la técnica del juicio de amparo directo, para que proceda el estudio relativo a la constitucionalidad de normas se requiere la actualización de una afectación a la esfera jurídica del gobernado”.611

610 No. Registro: 181,183. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004. Tesis: 1a. LXXXIII/2004. Página: 188. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 10-A, 124 Y 124-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, CUANDO SE EJERCIÓ LA OPCIÓN DE DIFERIMIENTO DEL PAGO DEL TRIBUTO POR LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES. Los artículos 10-A, 124 y 124-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001, establecían una opción para los contribuyentes consistente en la posibilidad de diferir el pago del impuesto del ejercicio hasta el momento en que se distribuyeran los dividendos o utilidades, condicionándolos a su reinversión. Con ese fin, los contribuyentes debían generar una cuenta denominada cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE), cuyo saldo debía agotarse previamente al de la diversa cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), al momento de dicha distribución. En tal virtud, los argumentos de la parte quejosa en que alega violación a las garantías de irretroactividad de la ley, de equidad y de proporcionalidad tributaria, señalando la imposibilidad de acudir al saldo de la CUFIN sin haber agotado el de la CUFINRE, lo cual conlleva el pago de impuesto sobre la renta sobre una base piramidada con un factor del 1.5385, resultan inoperantes dada su ineficacia para conducir a la concesión del amparo, toda vez que la aplicación de tales disposiciones deriva de un acto voluntario que realizaron los contribuyentes, consistente en la reinversión de utilidades, la cual posibilitó el diferimiento en el entero del gravamen, debiéndose tomar en cuenta que el impuesto que se difiere y que se paga al momento de distribuir dividendos o utilidades es el mismo que ya se había causado a cargo de la persona moral. Amparo en revisión 1131/2003. Enertec México, S. de R.L. de C.V. y otras. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 611 No. Registro: 179,809. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004. Tesis: 1a. CXXI/2004. Página: 372. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS QUE SE HAGAN VALER EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN III, 4o. Y 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, VIGENTE EN 2000, CUANDO HAY EXENCIÓN Y NO SE ACREDITA SU TRASLADO. En virtud de que el artículo 2o., fracción III, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en dos mil, exenta del pago del impuesto relativo a quienes realicen exportaciones definitivas de tabacos labrados a jurisdicciones que no sean consideradas de baja imposición fiscal, son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, los agravios tendentes a combatir la constitucionalidad de los artículos 2o., fracción III, 4o. y 11 de la ley citada cuando quien promueve el juicio de garantías no es sujeto pasivo del impuesto ni acredita que le haya sido trasladado, en razón de que acorde con la técnica del juicio de amparo directo, para que proceda el estudio relativo a la constitucionalidad de normas se requiere la actualización de una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Amparo directo en revisión 816/2004. Mercados Regionales, S.A. de C.V. 8 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

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La Primera Sala considera inoperantes los agravios: 1. “Cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal”.612 2. Si son “referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas de las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida, ya que la técnica del amparo no permite analizar cuestiones que no son motivo de la controversia”.613

612 No. Registro: 179,132. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Marzo de 2005. Tesis: 1a. XV/2005. Página: 211. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación. Amparo directo en revisión 1500/2004. Abraham Trujillo Esteves. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo 613 No. Registro: 176,604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

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3. “Que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo”.614 4.

“LOS

AGRAVIOS

QUE

CONTROVIERTEN

LA

CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE TRANSFORMAN LOS BANCOS DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN CUANTO QUE SON EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (…) toda vez que respecto a este tema, ya existen jurisprudencias dictadas por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”,615 “en virtud de que el decreto de trans-

Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 614 No. Registro: 200,412. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996. Tesis: 1a./J. 10/96. Página: 109. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISION DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Amparo en revisión 147/89. Industrial Lechera, S.A. de C.V. 13 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. Amparo en revisión 1143/95. Bertina Zúñiga Trejo. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1400/95. Transportadora de Refrescos Mexicanos de Nuevo León, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 845/94. Administración Corporativa, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1999/95. María de Gracia Pano Hernández. 2 de febrero de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Tesis de jurisprudencia 10/96. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: presidente en funciones Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y Castro, por estar gozando de vacaciones. 615 No. Registro: 196,629. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Marzo de 1998. Tesis: 1a. IV/98. Página: 252. RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE TRANSFORMAN LOS BANCOS DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN CUANTO QUE SON EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Si el Tribunal Colegiado del conocimiento efectúa pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto por el cual se transforma un banco de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos; sosteniendo que el mismo no es contrario a la Constitución, aun cuando los decretos correspondientes hayan sido emitidos por el Ejecutivo Federal fuera del plazo que señala el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, y si la parte recurrente promueve en contra de dicha determinación recurso de revisión, sosteniendo que la misma es violatoria de los artículos 14, 16, 17, 101 y 107 constitucionales, en virtud de que el Tribunal Colegiado debió analizar todos y cada uno de los conceptos de violación, ya que omite estudiar si el decreto presidencial impugnado lo fue no solamente en razón de haberse excedido del término establecido por el Congreso de la Unión, sino que en el ejercicio de una facultad discrecional, el Ejecutivo Federal violó diversos dispositivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dichos agravios resultan inoperantes, toda vez que respecto a este tema, ya existen jurisprudencias dictadas por el Pleno de esta Suprema

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formación en comento es un verdadero acto administrativo del presidente de la República, que se expidió en ejercicio de la facultad que establece el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no es obstáculo a la conclusión anterior el que se haya emitido fuera del plazo de trescientos sesenta días, a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la referida Ley de Instituciones de Crédito, ya que para ejecutar la referida ley y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, la facultad del presidente no está sujeta a un plazo, ya que dicha atribución proviene directamente de la Constitución y puede ejercerse en cualquier tiempo”.616

Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 33/96, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en sesión del día treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, cuyos números y rubros son: P./J. 56/97 "BANCOS. DECRETOS EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN CUANTO A SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU VALIDEZ RADICA EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 1990)." y P./J. 57/97 "BANCOS. LOS DECRETOS DE TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS SE UBICAN DENTRO DE LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFIERE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.". Amparo directo en revisión 2505/97. MSG Arquitectura, Diseño y Planeación, S.A. de C.V. y otro. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo directo en revisión 2483/97. Mario Gamboa Solís. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo directo en revisión 2821/97. Aída Guadalupe Lazcano Villalón. 7 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo directo en revisión 1642/97. Roberto Zapata Gil y otros. 7 de enero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. 616 No. Registro: 196,630. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Constitucional. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Marzo de 1998. Tesis: 1a. V/98. Página: 247. BANCOS. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE CONTROVIERTE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE TRANSFORMAN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN CUANTO A QUE SON EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Si el Tribunal Colegiado del conocimiento efectúa pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto por el cual se transforma un banco de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos; sosteniendo que el mismo no es contrario a la Constitución, aun cuando los decretos correspondientes hayan sido emitidos por el Ejecutivo Federal fuera del plazo que señala el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, y si la parte recurrente promueve en contra de dicha determinación recurso de revisión, y en sus agravios no ataca ni desvirtúa todas las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado para desestimar los conceptos de violación respecto de la inconstitucionalidad del decreto presidencial en comento, limitándose a reiterar en este aspecto, que éste fue emitido fuera del plazo establecido por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, éstos resultan inoperantes, en virtud de que el decreto de transformación en comento es un verdadero acto administrativo del presidente de la República, que se expidió en ejercicio de la facultad que establece el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no es obstáculo a la conclusión anterior el que se haya emitido fuera del plazo de trescientos sesenta días, a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la referida Ley de Instituciones de Crédito, ya que para ejecutar la referida ley y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, la facultad del presidente no está sujeta a un plazo, ya que dicha atribución proviene directamente de la Constitución y puede ejercerse en cualquier tiempo. Amparo directo en revisión 2505/97. MSG Arquitectura, Diseño y Planeación, S.A. de C.V. y otro. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo directo en revisión 2483/97. Mario Gamboa Solís. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo directo en revisión 2821/97. Aída Guadalupe Lazcano Villalón. 7 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo directo en revisión 1642/97. Roberto Zapata Gil y otros. 7 de enero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, tesis P./J. 57/97, página 34, de rubro: "BANCOS. LOS DECRETOS DE SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS SE UBICAN DENTRO DE LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFIERE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.".

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5. “Si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reproducir literalmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se encuentran dirigidos a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación que planteó el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes”.617 6. “Cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios”.618

617 No. Registro: 177,092. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Octubre de 2005. Tesis: 1a./J. 133/2005. Página: 13. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE LIMITAN A REITERAR SUSTANCIALMENTE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. Conforme a los artículos 83, fracción IV, 87 y 88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se dirigen a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia recurrida y no los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad que interpuso el recurso de revisión. Amparo en revisión 367/2000. Latin American Reinsurance Company, Ltd. 6 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Amparo en revisión 2595/2003. Ismael Rodríguez Vega y otros. 18 de febrero de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 977/2004. Fernando Luna Gutiérrez. 25 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Amparo en revisión 1556/2004. Icr, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo en revisión 569/2005. Flora María Castillo Contreras. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Tesis de jurisprudencia 133/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 618 No. Registro: 184,999. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 6/2003. Página: 43. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido. Amparo en revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en revisión 107/95. Radiodifusora Cachanilla, S.A. de C.V. 18 de agosto de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. Amparo directo en revisión 298/2002. Aceros Inoxidables y Servicios Industriales, S.A. de C.V. 10 de abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 449/2001. Vidriera Correcaminos, S.A. de R.L. de C.V. 14 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Leticia Mena Cardeña. Amparo directo en revisión 1038/2002. Bodegas Terry, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.

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7. “Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante”619 8. “Los únicos argumentos que son materia y que deben ser analizados en el fondo en el recurso de reclamación, previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, son aquellos que se dirigen a combatir la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución impugnada, de manera que si la parte recurrente esgrime argumentos que cuestionan la validez de la notificación de la resolución que se reclama, tales alegaciones resultan inoperantes, en razón de que no guardan relación con la litis del citado recurso”.620

Tesis de jurisprudencia 6/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 619 No. Registro: 191,056. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000. Tesis: 1a./J. 26/2000. Página: 69. AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 620 No. Registro: 185,920. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Septiembre de 2002. Tesis: 1a./J. 57/2002. Página: 246. RECLAMACIÓN. NO SON MATERIA DE ESE RECURSO, LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La doctrina procesal es uniforme en sostener que el objeto de los recursos consiste en la revisión de la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución recurrida, en tanto que el del incidente de nulidad de notificaciones, se traduce en revisar la legalidad de la notificación de aquélla, esto es, mientras el primer medio de impugnación señalado tiene como materia la revisión del contenido del acto procesal, el segundo tiene la revisión de la notificación del acto. En ese sentido, se concluye que los únicos argumentos que son materia y que deben ser analizados en el fondo en el recurso de reclamación, previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, son aquellos que se dirigen a combatir la legalidad de las consideraciones que sustenten la resolución impugnada, de manera que si la parte recurrente esgrime argumentos que cuestionan la validez de la notificación de la resolución que se reclama, tales alegaciones resultan inoperantes, en razón de que no guardan relación con la litis del citado recurso, ya que no se dirigen a combatir el contenido del acto procesal recurrido. Reclamación 14/99-PS. Leopoldo Ponce de León Torres. 27 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Integró Sala el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Reclamación 118/2001. José Antonio González Pereyra. 13 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Reclamación 131/2001-PL. Sociedad Hidromecánica, S.A. de C.V. 22 de agosto de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Reclamación 180/2001. Corporación Anitur, S.C.P. de R.L. de C.V. 5 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Reclamación 14/2002-PL. María Yolanda González Zaballa. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

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9. Si “no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de presidencia recurrido”.621 10. “Todos aquellos agravios en la adhesión que tiendan a impugnar una consideración que rija un punto resolutivo específico autónomo que le cause agravio, y que por esta razón debió impugnarse a través del recurso de revisión, toda vez que la adhesión a la revisión no puede sustituir al medio de impugnación específico previsto en la Ley de Amparo para obtener la revocación de la sentencia en la parte resolutiva que cause agravio a cualquiera de las partes”.622 11. Si “están encaminados a desvirtuar las consideraciones que sustentan una sentencia diversa transcrita por la autoridad, que no corresponde con la impugnada en el recurso de revisión a examen, los agravios deben declararse inoperantes, por no combatir las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada”.623

Tesis de jurisprudencia 57/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios. 621 No. Registro: 185,000. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Febrero de 2003. Tesis: 1a./J. 7/2003. Página: 32. AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO. Cuando los agravios expresados en el recurso de reclamación interpuesto no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de presidencia recurrido, es evidente que tales argumentos son inoperantes, y que el referido recurso deberá declararse infundado. Reclamación 2521/86. Humberto Cruz Garcés. 29 de enero de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Sánchez y Romero. Reclamación 45/99. Inmobiliaria Catalpa, S.A. de C.V. y otro. 28 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Reclamación 63/99-PS. Elizabeth Zurita Vargas. 16 de junio de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Carlos M. Padilla Pérez Vertti. Reclamación 155/99-PL. Enriqueta Obregón de Cortina. 7 de julio de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. Reclamación 30/2000-PL. Unión de Crédito de la Pequeña Empresa e Industria de Querétaro, S.A. de C.V. 29 de marzo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Carlos M. Padilla Pérez Vertti. Tesis de jurisprudencia 7/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 622 No. Registro: 180,258. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004. Tesis: 1a. CII/2004. Página: 369. REVISIÓN ADHESIVA. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DESVIRTUAR UN PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA QUE CAUSEN PERJUICIO AL RECURRENTE, NO PUEDEN SER PLANTEADOS A TRAVÉS DE LA MISMA, SINO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN EN LO PRINCIPAL. La adhesión al recurso no es autónoma, sino un medio procesal que garantiza a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de mejorar y reforzar las consideraciones que condujeron al punto resolutivo que le benefició, en la medida en la que proporciona al tribunal revisor, como materia de estudio en la segunda instancia, nuevos elementos que permitan confirmar la sentencia en la parte impugnada a través del recurso de revisión. Consecuentemente, la adhesión al recurso no es el medio de impugnación idóneo para lograr la revocación de un punto resolutivo de la sentencia que perjudica a quien se adhirió al recurso, pues como un medio que subsiste cuando los agravios de la recurrente prosperan, solamente puede tener por finalidad que quien obtuvo sentencia favorable no quede en estado de indefensión ante la impugnación de la misma, pues de ser revocada le causaría un perjuicio. En tal virtud, resultan inoperantes todos aquellos agravios en la adhesión que tiendan a impugnar una consideración que rija un punto resolutivo específico autónomo que le cause agravio, y que por esta razón debió impugnarse a través del recurso de revisión, toda vez que la adhesión a la revisión no puede sustituir al medio de impugnación específico previsto en la Ley de Amparo para obtener la revocación de la sentencia en la parte resolutiva que cause agravio a cualquiera de las partes. Amparo en revisión 68/2004. Bebidas Purificadas, S.A. de C.V. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 623 No. Registro: 180,014. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004. Tesis: 1a. CXIII/2004. Página: 352. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES

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12. “LOS QUE PARA COMBATIR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO QUE AUTORIZA Y REGULA LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN EN DETERMINADA MATERIA, SE BASAN EN EL ACTO FORMAL MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ ÉSTA”.624 13. “Resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida, ya que la técnica del amparo no permite analizar cuestiones que no son motivo de la controversia”.625

CUANDO SE FORMULAN EN CONTRA DE DIVERSA RESOLUCIÓN DE LA QUE CONSTITUYE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE AMBAS ABORDEN LAS MISMAS CUESTIONES GENÉRICAS. Si la autoridad formula agravios relacionados con temas genéricos abordados por el Juez que emitió la sentencia impugnada y los mismos están encaminados a desvirtuar las consideraciones que sustentan una sentencia diversa transcrita por la autoridad, que no corresponde con la impugnada en el recurso de revisión a examen, los agravios deben declararse inoperantes, por no combatir las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada, pues al tenor de los artículos 88, primer párrafo y 91, fracción I, de la Ley de Amparo, los agravios deben estar vinculados únicamente a la resolución impugnada. Amparo en revisión 667/2004. Administración Integral de Alimentos, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. 624 No. Registro: 179,686. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Tesis: 1a. CLXXXVI/2004. Página: 410. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE PARA COMBATIR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO QUE AUTORIZA Y REGULA LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN EN DETERMINADA MATERIA, SE BASAN EN EL ACTO FORMAL MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ ÉSTA. Es claro que para combatir la constitucionalidad de un precepto que autoriza determinada forma de notificación debe hacerse una confrontación entre la forma en abstracto de notificación que autoriza la disposición legal con el precepto de la Constitución que se argumenta contraría, sin atender lo relativo al acto formal mediante el cual se hace del conocimiento de la parte impugnante la determinación tomada por la autoridad, ya que en el caso de que lo que se combata sea el acto formal de la notificación, esto es, el acto mediante el cual la autoridad dio a conocer al interesado una determinación, sólo se podría argumentar la inconstitucionalidad del acto cuando se considere que no haya sido realizado conforme a las formalidades que para tal efecto establece la Constitución o en su defecto se podría combatir su ilegalidad, si se cree que éste se haya realizado en contradicción a las disposiciones legales aplicables al caso, pero de ninguna manera la demostración de alguna de dichas circunstancias (inconstitucionalidad del acto o ilegalidad del mismo) traerían como consecuencia la inconstitucionalidad del precepto legal que autoriza y regula las notificaciones en la correspondiente materia. Amparo directo en revisión 907/2004. Allianz Rentas Vitalicias, S.A. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 625 No. Registro: 176,604. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

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Para esta sala la consecuencia de que en un recurso de reclamación los agravios sean calificados de inoperantes es una multa.626 Además, para esta sala “resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado”.627 En la actualidad la Primera Sala considera que los agravios “SON INATENDIBLES CUANDO EN ELLOS SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, COMO ARGUMENTO NUEVO DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO”.628

Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 626 No. Registro: 185,367. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 80/2002. Página: 89. MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE IMPONERLA CUANDO LOS AGRAVIOS SON NOTORIAMENTE INOPERANTES, Y RESULTA MANIFIESTO QUE SU INTERPOSICIÓN BUSCA RETARDAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. De lo dispuesto en los artículos 3o. bis y 103 de la Ley de Amparo, se desprende que procede imponer una multa al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, cuando de las circunstancias del caso se adviertan elementos suficientes para considerar que el recurso fue interpuesto sin motivo y que se actuó de mala fe; en ese sentido, cuando los agravios son notoriamente inoperantes porque no combaten las consideraciones del acuerdo reclamado y resulta manifiesto que se interpuso con la intención de retardar la resolución definitiva, es indudable que dicho recurso fue interpuesto sin motivo y de mala fe y, por ende, es procedente imponer la citada multa. Reclamación 131/2001-PL. Sociedad Hidromecánica, S.A. de C.V. 22 de agosto de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Reclamación 202/2001-PL. Instituto Nacional de Perinatología. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Reclamación 204/2001-PL. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 24 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López. Reclamación 5/2002-PL. Josefina Laura Adela Mercedes Zorrilla Madero de Schroeder o Josefina Martínez Zorrilla. 6 de febrero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías. Reclamación 617/2001-PL. Guadalupe Martínez Castillo y otro. 6 de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. Tesis de jurisprudencia 80/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 627 No. Registro: 198,920. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997. Tesis: 1a./J. 14/97. Página: 21. AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado. Amparo en revisión 31/96. Yock Portillo Fausto. 12 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 333/96. Auto-Transportes Águila de México, S.A. de C.V. 8 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal. Amparo en revisión 2112/96. Alba Inmuebles, S.A. de C.V. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 1964/96. Bodegas, S.A. de C.V. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 2117/96. Lila Isabel Treviño Garza y otros. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucia Piña Hernández. Tesis de jurisprudencia 14/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 628 No. Registro: 182,259. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Febrero de 2004. Tesis: 1a. IV/2004. Página: 83. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INATENDIBLES

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que:

La forma de dictar las sentencias en los juicios de garantías, conforme a los siguientes principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos fallos; b) suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios en los recursos que establece la ley; c) fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de amparo y la omisión de rendir informes por parte de las autoridades responsables (…) de lo que se sigue que en los casos de inoperancia de los conceptos de violación o agravios, en los que no proceda suplir su deficiencia o de causas de improcedencia fundadas, con su estudio y resolución se agota la necesidad señalada y, por lo mismo, no deben hacerse pronunciamientos de fondo.629

CUANDO EN ELLOS SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, COMO ARGUMENTO NUEVO DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO. Es infundado el agravio expuesto por el recurrente en el sentido de que es inconstitucional la norma impugnada porque el Juez de Distrito le otorgó el amparo respecto del acto de molestia en el cual se aplicó, debido a que no estaba debidamente fundado y motivado, pues tal agravio no se hizo valer como concepto de violación, sino como un nuevo argumento derivado de la resolución del a quo. Además, si el efecto de la sentencia concesoria fue para que se emitiera un nuevo acto que purgue tales vicios, la constitucionalidad de dicha norma quedó intocada. Amparo en revisión 1124/2003. Aseguradora Porvenir, GNP, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 629 No. Registro: 191,939. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000. Tesis: 2a. XXVIII/2000. Página: 235. SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. El artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la obligación de los Jueces de resolver todas las cuestiones que hayan sido debatidas en juicio, la cual resulta aplicable supletoriamente a los tribunales de amparo. Lo anterior, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales regula, en su capítulo X, la forma de dictar las sentencias en los juicios de garantías, conforme a los siguientes principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos fallos; b) suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los

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También esta sala establece que:

Las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia

agravios en los recursos que establece la ley; c) fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de amparo y la omisión de rendir informes por parte de las autoridades responsables. Las reglas y principios descritos tienen el objetivo de asegurar a los gobernados una tutela de sus garantías individuales congruente, completa y eficaz. En tal virtud, la obligación establecida en el artículo 351 invocado para que los Jueces resuelvan íntegramente las cuestiones que se les plantean, lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente a los juicios de garantías, debiéndose en éstos emitir las sentencias respectivas examinando y solucionando todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión, de lo que se sigue que en los casos de inoperancia de los conceptos de violación o agravios, en los que no proceda suplir su deficiencia o de causas de improcedencia fundadas, con su estudio y resolución se agota la necesidad señalada y, por lo mismo, no deben hacerse pronunciamientos de fondo. Amparo en revisión 458/2000. Compañía Tratadora de Aguas Negras de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 24 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

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y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente.630

De igual manera la Segunda Sala establece que:

Para que proceda el estudio de su constitucionalidad, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que se haya aplicado la norma controvertida; 2. Que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso; 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista con-

630 No. Registro: 188,101. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Diciembre de 2001. Tesis: 2a./J. 64/2001. Página: 315. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Amparo directo en revisión 1575/2000. Mueblería Central, S.A. de C.V. 6 de julio de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Eva Elena Martínez de la Vega. Amparo directo en revisión 758/2001. Gas de Aguascalientes, S.A. de C.V. 6 de julio de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Manuel Quintero Montes. Amparo directo en revisión 828/2001. Carlos Navarro Curiel. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Amparo directo en revisión 939/2001. Guillermo González Martínez y otra. 22 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 64/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de noviembre de dos mil uno.

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sentimiento, por aplicaciones anteriores a la emisión de la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.631

Sin embargo, esta sala considera que en materia de trabajo ante la obligación de:

Suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el trabajador; de ahí que si éste no manifiesta motivo de inconformidad referente a las cuestiones constitucionales a las que se circunscribe la revisión (lo que haría improcedente el recurso), pero el órgano revisor advierte la existencia de las mismas, ello hace procedente el medio de impugnación, a fin de realizar el análisis constitucional.632

631 No. Registro: 178,539. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005. Tesis: 2a./J. 53/2005. Página: 478. AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). Cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio de nulidad en el que se controvierta un acto o resolución en que se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violación, y no se actualice el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de su constitucionalidad, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que se haya aplicado la norma controvertida; 2. Que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso; 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista consentimiento, por aplicaciones anteriores a la emisión de la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, pues de lo contrario serían inoperantes los argumentos relativos, aun bajo la premisa de que la norma reclamada se hubiese aplicado nuevamente durante el juicio natural. Amparo directo en revisión 1126/2004. Ferrero de México, S.A. de C.V. 10 de septiembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo directo en revisión 1002/2004. Diageo México Comercializadora, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo directo en revisión 1565/2004. Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (ahora Compañía Proveedora de Ingredientes, S.A. de C.V.). 14 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1684/2004. José Daniel Cruz Valencia. 18 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1640/2004. Gabriel González Peña. 18 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 53/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de abril de dos mil cinco. 632 No. Registro: 199,213. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Marzo de 1997. Tesis: 2a. XVIII/97. Página: 491. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE AUNQUE EN LOS AGRAVIOS NO SE PLANTEEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCION, SI SUBSISTE EL PROBLEMA DE INTERPRETACION DIRECTA DE ESTA, Y DEBE SUPLIRSE LA QUEJA DEFICIENTE POR HABERLA INTERPUESTO UN TRABAJADOR. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se observa que por regla general la materia del recurso de revisión en amparo directo queda circunscrita a la constitucionalidad de leyes, sin poder abarcar otros temas, siendo inoperantes los agravios que los planteen. Por otro lado, el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales obliga a suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el trabajador; de ahí que si éste no manifiesta motivo de inconformidad referente a las cuestiones constitucionales a las que se circunscribe la revisión (lo que haría improcedente el recurso), pero el órgano revisor advierte la existencia de las mismas, ello hace procedente el medio de impugnación, a fin de realizar el análisis constitucional.

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Aunque, esta Segunda Sala determinó que en materia penal:

El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en ellas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, se omita el estudio de tales cuestiones, no obstante, haberse planteado en la demanda de garantías. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, el que los agravios que se hubieren hecho valer en la cuestión estrictamente constitucional resulten inoperantes, en virtud de que, tratándose de la materia penal y subsistiendo el problema de inconstitucionalidad, debe suplirse la deficiencia de la queja, incluso cuando se haya omitido formularlos.633

Al igual que en épocas anteriores:

Amparo directo en revisión 2373/96. Centro de Servicios Diesel, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Rojas Caballero. 633 No. Registro: 189,876. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Penal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001. Tesis: 2a. XLI/2001. Página: 502. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS NO CONDUCE A DESECHAR ESE RECURSO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en ellas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, se omita el estudio de tales cuestiones, no obstante haberse planteado en la demanda de garantías. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, el que los agravios que se hubieren hecho valer en la cuestión estrictamente constitucional resulten inoperantes, en virtud de que, tratándose de la materia penal y subsistiendo el problema de inconstitucionalidad, debe suplirse la deficiencia de la queja, incluso cuando se haya omitido formularlos, en términos de lo preceptuado por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Amparo directo en revisión 1093/2000. 30 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Amparo directo en revisión 1346/2000. 12 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Amparo directo en revisión 1108/2000. 26 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Antonio Rebollo Torres.

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La suplencia de la queja deficiente en materia penal opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de garantías por el reo en el proceso penal, con el objeto de que se otorgue seguridad al indiciado, procesado o sentenciado, de que la resolución privativa de la libertad, emitida dentro de un procedimiento penal, es legal, con independencia de que le sea adversa o favorable. En estas condiciones, cuando el recurrente sea el ofendido en el juicio penal, cuya sentencia constituyó el acto reclamado en el amparo directo, no se actualiza el supuesto para que se le supla la queja deficiente, en términos de lo previsto en la fracción II del citado artículo 76 bis. No obsta a lo anterior el hecho de que con la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, se haya elevado a la categoría constitucional la protección de los derechos de la víctima o del ofendido, junto con los del inculpado, con el fin de identificarlo como sujeto de derecho con mayor presencia en el procedimiento penal, esto es, se hayan introducido conceptos innovadores en la teoría procesal penal, elevando al rango de garantía individual la incorporación de la víctima y del ofendido como sujetos del proceso penal y los derechos que tengan en él, pues dentro de ellos no se encuentra el de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de garantías, que es un juicio diverso, que se rige por la Ley de Amparo, distinta a la que regula el proceso penal.634

634 No. Registro: 185,538. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Noviembre de 2002. Tesis: 2a. CXXXVII/2002. Página: 449. OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. VIII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 267, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD.", así como de la exposición de motivos del decreto de reformas

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Para esta Segunda Sala, al igual que en otras épocas, la suplencia de la deficiencia de la queja: “sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables”.635 En materia agraria, la Segunda Sala reitera el criterio de que procede la suplencia de la queja en:

Las exposiciones, comparecencias y alegatos; por tanto, si unos campesinos promovieron erróneamente, dentro del plazo de cinco días, una queja por defecto en contra de la resolución por la que el juez de Distrito tuvo por cumplida la sentencia que les había concedido el amparo, cuando lo técnicamente procedente era la inconformidad, debe tenerse como oportuna ésta, aunque se haya planteado formalmente

a la Ley de Amparo, el cual dio origen a la fracción II del artículo 76 bis, se desprende que la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de garantías por el reo en el proceso penal, con el objeto de que se otorgue seguridad al indiciado, procesado o sentenciado, de que la resolución privativa de la libertad, emitida dentro de un procedimiento penal, es legal, con independencia de que le sea adversa o favorable. En estas condiciones, cuando el recurrente sea el ofendido en el juicio penal, cuya sentencia constituyó el acto reclamado en el amparo directo, no se actualiza el supuesto para que se le supla la queja deficiente, en términos de lo previsto en la fracción II del citado artículo 76 bis. No obsta a lo anterior el hecho de que con la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, se haya elevado a la categoría constitucional la protección de los derechos de la víctima o del ofendido, junto con los del inculpado, con el fin de identificarlo como sujeto de derecho con mayor presencia en el procedimiento penal, esto es, se hayan introducido conceptos innovadores en la teoría procesal penal, elevando al rango de garantía individual la incorporación de la víctima y del ofendido como sujetos del proceso penal y los derechos que tengan en él, pues dentro de ellos no se encuentra el de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de garantías, que es un juicio diverso, que se rige por la Ley de Amparo, distinta a la que regula el proceso penal. Reclamación 228/2002-PL. Roberto Sánchez Sánchez y otra. 4 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 635 No. Registro: 200,805. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Junio de 1995. Tesis: 2a. LV/95. Página: 236. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACION DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables. Amparo en revisión 1882/94. Gloria Automotriz Refacciones, S.A. de C.V. 2 de junio de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.

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después del término previsto por el artículo 108 de la ley en cita, con motivo de que el Tribunal Colegiado les había desechado la queja, dado que resulta clara su intención de inconformarse, evidenciada por el hecho de que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución del juez habían promovido la queja.636

En esta materia existe: “OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR

LA

DEFICIENCIA

DE

LA

QUEJA,

DE

RECABAR

OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA”.637 Lo cual no impide que como:

Todas las prerrogativas que se otorgan a los núcleos de población ejidal y a los ejidatarios y comuneros en particular se

No. Registro: 200,736. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Septiembre de 1995. Tesis: 2a. LXXXVIII/95. Página: 373. INCIDENTE DE INCONFORMIDAD EN MATERIA AGRARIA. EN SU PROCEDENCIA DEBE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 227 DE LA LEY DE AMPARO. De los artículos 212 y 227 de la Ley de Amparo se infiere que deben ser tutelados en los juicios de garantías en que sean parte, los núcleos de población ejidal o comunal, los ejidatarios o comuneros, o quienes pertenezcan a la clase campesina, y que esa tutela implica, entre otras medidas, no sólo suplir la queja deficiente, sino también las exposiciones, comparecencias y alegatos; por tanto, si unos campesinos promovieron erróneamente, dentro del plazo de cinco días, una queja por defecto en contra de la resolución por la que el juez de Distrito tuvo por cumplida la sentencia que les había concedido el amparo, cuando lo técnicamente procedente era la inconformidad, debe tenerse como oportuna ésta, aunque se haya planteado formalmente después del término previsto por el artículo 108 de la ley en cita, con motivo de que el Tribunal Colegiado les había desechado la queja, dado que resulta clara su intención de inconformarse, evidenciada por el hecho de que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución del juez habían promovido la queja. Incidente de inconformidad 32/82. Arnulfo Pérez López y otro. 30 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 637 No. Registro: 197,392. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Noviembre de 1997. Tesis: 2a./J. 54/97. Página: 212. JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA. Con base en lo establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con rubro: "PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.", debe interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria dispone que las sentencias se dicten a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según se estime debido en conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse que el juzgador, percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se allega o no esos elementos, sólo porque los artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el vocablo "podrán" en vez de "deberán", al regular lo relativo a la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias y a la obtención oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la intención del legislador, con la regulación del juicio agrario ausente de formulismos y con el logro de una auténtica justicia agraria. Contradicción de tesis 67/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 54/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 636

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encuentran señaladas expresamente y, entre ellas, no aparece la relativa a que tratándose de asuntos en materia agraria si no se anuncia la prueba testimonial oportunamente, en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, la misma no podrá desecharse. Por tanto, cuando los mencionados sujetos de derecho agrario no anuncien la prueba testimonial con la anticipación debida, el juzgador debe desecharla, sin que ello impida que si lo estima necesario o conveniente y con base en especial en las atribuciones que le otorgan los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, pueda ordenar de oficio el desahogo de la prueba. Con lo anterior se respeta lo establecido por el artículo 151 de la ley de la materia, así como el régimen tutelar que consagra esa ley a favor de los sujetos de derecho agrario, pues conforme a dicho artículo no procede admitir la prueba testimonial cuando no se ofrece con la anticipación que prevé, pero los derechos agrarios quedan protegidos al permitirse al juzgador ordenar el desahogo de la prueba cuando lo considere necesario o conveniente.638

638 No. Registro: 192,794. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999. Tesis: 2a./J. 131/99. Página: 322. TESTIMONIAL EN EL AMPARO AGRARIO. PROCEDE EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES O POR LOS EJIDATARIOS O COMUNEROS, CUANDO NO SE ANUNCIA CON LA ANTICIPACIÓN REQUERIDA POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE ELLO IMPIDA AL JUZGADOR, SI LO ESTIMA NECESARIO O CONVENIENTE, ORDENAR EL DESAHOGO DE DICHA PRUEBA. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución, 76 bis, fracción III, 212, 215, 217, 218, 221, 224 a 227 y 231 de la Ley de Amparo, deriva que el amparo agrario fue establecido con el claro propósito de proteger los derechos agrarios de los núcleos de población ejidales y comunales y de los ejidatarios y comuneros en lo individual, caracterizándose por la obligación que se impone a la autoridad judicial para actuar durante el procedimiento de manera oficiosa para suplir no sólo la deficiencia de la queja, la de exposiciones, comparecencias y alegatos, sino además, la deficiencia de la defensa a favor de los núcleos de población ejidales o comunales y de los ejidatarios o comuneros; específicamente los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, imponen a los Jueces de Distrito el deber de recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a las entidades e individuos mencionados y a acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los mismos y la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Asimismo, deriva de los preceptos citados que todas las prerrogativas que se otorgan a los núcleos de población ejidal y a los ejidatarios y comuneros en particular se encuentran señaladas expresamente y, entre ellas, no aparece la relativa a que tratándose de asuntos en materia agraria si no se anuncia la prueba testimonial oportunamente, en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, la misma no podrá desecharse. Por tanto, cuando los mencionados sujetos de derecho agrario no anuncien la prueba testimonial con la anticipación debida, el juzgador debe desecharla, sin que ello impida que si lo estima necesario o conveniente y con base en especial en las atribuciones que le otorgan los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, pueda ordenar de oficio el desahogo de la prueba. Con lo anterior se respeta lo establecido por el artículo 151 de la ley de la materia, así como el régimen tutelar que consagra esa ley a favor de los sujetos de derecho agrario, pues conforme a dicho artículo no procede admitir la prueba testimonial cuando no se ofrece con la anticipación que prevé, pero los derechos agrarios quedan protegidos al permitirse al juzgador ordenar el desahogo de la prueba cuando lo considere necesario o conveniente. Contradicción de tesis 117/98. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, actualmente Primero y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 29 de octubre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

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También esta sala reitera el criterio de que en materia de trabajo:

La suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.639

Tal suplencia también:

Tesis de jurisprudencia 131/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 639 No. Registro: 200,727. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Septiembre de 1995. Tesis: 2a./J. 39/95. Página: 333. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones. Contradicción de tesis 51/94. Entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

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Debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando acudan al juicio de garantías controvirtiendo actos de autoridad que trascienden directamente a sus intereses, ya que dichos organismos laborales constituyen el medio fundamental con que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Por ello, la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, opera respecto de los sindicatos cuando el acto reclamado consiste en la negativa recaída a su solicitud de registro pues, de lo contrario, los trabajadores verán mermados sus derechos colectivos, porque no podrán hacerlos valer a través del sindicato ni ejercitar acciones de tal naturaleza ante las diversas autoridades, y carecerán de capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su asociación.640

También para esta sala opera: “LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INEXISTENTE LA HUELGA, POR TRASCENDER DIRECTAMENTE A LOS INTERESES DE LOS

Tesis de Jurisprudencia 39/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: Presidente: Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 640 No. Registro: 194,650. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Febrero de 1999. Tesis: 2a. X/99. Página: 243. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 39/95, consultable en la página 333, Tomo II, septiembre, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha sostenido que la suplencia de la queja en favor de los trabajadores, en materia laboral, opera aun ante la ausencia total de agravios. Esta máxima suplencia de la queja debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando acudan al juicio de garantías controvirtiendo actos de autoridad que trascienden directamente a sus intereses, ya que dichos organismos laborales constituyen el medio fundamental con que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Por ello, la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, opera respecto de los sindicatos cuando el acto reclamado consiste en la negativa recaída a su solicitud de registro pues, de lo contrario, los trabajadores verán mermados sus derechos colectivos, porque no podrán hacerlos valer a través del sindicato ni ejercitar acciones de tal naturaleza ante las diversas autoridades, y carecerán de capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su asociación. Amparo en revisión 2425/97. Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria Durango. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/95, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.".

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TRABAJADORES”.641 Y “PARA QUE PROCEDA BASTA CON QUE EL

PROMOVENTE

DEL

AMPARO

SE

OSTENTE

COMO

BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL”.642 Sin embargo, esta sala considera que: “SUPLENCIA DE LA QUEJA

DEFICIENTE.

NO

OPERA

TRATÁNDOSE

DE

LOS

MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA”.643 Respecto a los menores consideró que:

No. Registro: 194,328. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Abril de 1999. Tesis: 2a. XLVI/99. Página: 213. SINDICATOS DE TRABAJADORES. OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INEXISTENTE LA HUELGA, POR TRASCENDER DIRECTAMENTE A LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis X/99, en donde sostuvo que la máxima suplencia de la queja deficiente, que en favor de los trabajadores establece la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo y a que se refiere la jurisprudencia 39/95, debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando el acto reclamado trascienda directamente a sus intereses, porque dichas organizaciones constituyen el medio con que cuentan los trabajadores para lograr el análisis, mejoramiento y defensa de sus intereses. Congruentemente con ese criterio, la queja deficiente debe ser suplida en el caso de que el acto reclamado consista en la resolución que declara la inexistencia de la huelga porque en tal supuesto queda desprotegida jurídicamente la suspensión de labores, cuyas consecuencias son el que se fije a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que vuelvan al trabajo, con la pérdida de sus salarios durante el tiempo que duró el conflicto; se les aperciba de que por el solo hecho de no acatar la resolución se declaren terminados los contratos de trabajo y que el patrón queda en libertad para contratar nuevos trabajadores, lo que evidentemente trasciende a los intereses de los trabajadores. Amparo en revisión 2890/98. Sindicato Único Independiente de los Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 24 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Nota: La tesis 2a. X/99, a que se hace mención aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 243, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS.". 642 No. Registro: 185,879. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Septiembre de 2002. Tesis: 2a. CXI/2002. Página: 351. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE PROCEDA BASTA CON QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SE OSTENTE COMO BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. Si el juicio de amparo es promovido por una persona que se ostenta como beneficiaria de un trabajador protegido por la seguridad social, resulta procedente suplir la queja deficiente con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque ante la duda de que aquélla tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición. Amparo directo en revisión 976/2002. María Teresa Montesinos Cancino. 9 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. 643 No. Registro: 187,061. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002. Tesis: 2a. XLVIII/2002. Página: 590. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA. El artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo señala que las autoridades que conozcan del juicio de amparo en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda y en los agravios sólo cuando se trate de la parte obrera. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, que la relación Estado-empleado en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y del personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral, sino administrativo. Amparo directo en revisión 656/2001. Jesús Sotomayor Sandoval. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 289/2001. Elder Balboa Valdivia. 31 de octubre de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. 641

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Las controversias en que pudieran afectarse derechos de menores de edad o incapaces, el Juez de amparo, fundándose en la fracción V del artículo 76 bis de la ley de la materia, debe suplir la queja deficiente, proveyendo lo necesario para que dichas autoridades no designadas sean emplazadas a juicio, disminuyendo así la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que se discuta sobre sus derechos, de modo que al no proveerse sobre este aspecto, lo procedente es ordenar reponer el procedimiento a fin de que se proceda en los términos descritos.644

En materia penal:

La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la

644 No. Registro: 200,667. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995. Tesis: 2a. CXIV/95. Página: 361. AMPARO CONTRA LEYES. MENORES O INCAPACES. SI NO SE SEÑALARON COMO RESPONSABLES A LAS AUTORIDADES QUE LAS EXPIDIERON Y PROMULGARON, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A EFECTO DE QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, PROVEA LO NECESARIO PARA QUE ESTAS SEAN EMPLAZADAS. Esta Suprema Corte de Justicia, actuando en Pleno, estableció jurisprudencia en el sentido de que debe sobreseerse en el juicio de amparo contra leyes, si en la demanda respectiva no se señaló como responsables a las autoridades que expidieron y promulgaron la norma reclamada, dado que, jurídicamente, no cabe examinar la constitucionalidad de actos de autoridades que no fueron llamadas a juicio, según se advierte de la tesis 115, publicada en la página 211, Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDADES RESPONSABLES NO SEÑALADAS."; sin embargo, tratándose de controversias en que pudieran afectarse derechos de menores de edad o incapaces, el Juez de amparo, fundándose en la fracción V del artículo 76 bis de la ley de la materia, debe suplir la queja deficiente, proveyendo lo necesario para que dichas autoridades no designadas sean emplazadas a juicio, disminuyendo así la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que se discuta sobre sus derechos, de modo que al no proveerse sobre este aspecto, lo procedente es ordenar reponer el procedimiento a fin de que se proceda en los términos descritos. Amparo en revisión 736/94. Rosa del Carmen Verduzco y otra. 17 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

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resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos.645

Para esta sala, la “circunstancia de que se alegue en los agravios que el Código Financiero del Distrito Federal no fue expedido por la autoridad legislativa competente, no constituye una violación manifiesta de la ley, para efectos de suplir la queja deficiente”, en materia administrativa.646 Al igual que en las anteriores épocas, para esta Sala la suplencia de la queja también procede: “en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio, la Suprema Corte debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia”.647

645 No. Registro: 200,655. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996. Tesis: 2a. VIII/96. Página: 267. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURIDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 370/95. Ludwing Angel Hernández Pedroza. 11 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 646 No. Registro: 200,674. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995. Tesis: 2a. CIX/95. Página: 408. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA (ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). NO CONSTITUYE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY, LA DETERMINACION DE SI LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL ES O NO COMPETENTE PARA EXPEDIR EL CODIGO FINANCIERO. La circunstancia de que se alegue en los agravios que el Código Financiero del Distrito Federal no fue expedido por la autoridad legislativa competente, no constituye una violación manifiesta de la ley, para efectos de suplir la queja deficiente que como obligación del juzgador establece el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues el hecho de que la Asamblea de Representantes tenga constitucionalmente facultades para legislar en relación al impuesto sobre nóminas, o carezca de ellas, no constituye la "violación manifiesta" que dicho precepto exige, en virtud de que no es susceptible de advertirse de manera clara y patente, ni resulta obvia, innegable e indiscutible, sino que para decidir al respecto es indispensable realizar una serie de investigaciones, razonamientos y planteamientos que pueden ser cuestionables. Amparo en revisión 1003/95. Casa Marzam, S. A. de C. V.. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Amparo en revisión 1264/95. Distribuidora Puig, S. A. de C. V.. 1o. de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. 647 No. Registro: 200,537. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Septiembre de 1996. Tesis: 2a./J. 46/96. Página: 209. INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE DIO O NO EL CUMPLIMIENTO. Considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que de conformidad con lo

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Sin embargo, la “REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO DENUNCIADA EN UN JUICIO DE

AMPARO EN MATERIA

AGRARIA DISTINTO DE AQUEL EN QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE QUE RIGE EN ESA MATERIA, NO TIENE EL ALCANCE DE SUBSANAR LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE RELATIVO”.648 Reiterando el criterio de otras épocas: “La suplencia de la queja no puede llevarse al extremo de cambiar la vía intentada, por lo que si promovieron revisión, no puede enmendarse este recurso y resolverse como incidente de inconformidad, dado que la naturaleza jurídica y tramitación, de uno y otro, son distintas”.649

dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio, la Suprema Corte debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia. Incidente de inconformidad 44/94. Cooperativa de Trabajadores de Autotransportes de la Línea México-Morelia- Guadalajara, S.C.L. 11 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Incidente de inconformidad 167/95. Sabino Flores Carmona. 19 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Suárez Fragoso. Incidente de inconformidad 10/96. Mario Javier Casanova Rodas. 16 de febrero de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Incidente de inconformidad 39/96. Luis Sánchez Duarte y otros. 17 de mayo de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Neófito López Ramos. Incidente de inconformidad 127/96. Autobuses Flecha de Oro, S.A. de C.V. 16 de agosto de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 46/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 648 No. Registro: 189,600. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2001. Tesis: 2a. LIII/2001. Página: 460. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO DENUNCIADA EN UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA DISTINTO DE AQUEL EN QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE QUE RIGE EN ESA MATERIA, NO TIENE EL ALCANCE DE SUBSANAR LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE RELATIVO. El libro segundo, título único, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado "Del amparo en materia agraria", establece reglas específicas tendientes a proteger a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios, sean éstos quejosos o terceros perjudicados en los juicios en los cuales intervengan; entre esas reglas, el artículo 227 de la propia ley prevé la obligación de suplir la deficiencia de la queja aun en sus exposiciones, comparecencias, alegatos y recursos en los juicios en que aquéllos sean parte; sin embargo, la aplicación de este principio no puede llevarse al extremo de transgredir las normas procesales hasta el punto de resolver y declarar fundado un incidente de repetición del acto reclamado en un juicio de amparo distinto de aquel en el que se otorgó la protección constitucional, pues las reglas de procedencia no pueden alterarse con motivo de tal suplencia, ya que ésta no tiene el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente. Repetición del acto reclamado 4/94. María Teresa Obregón Miranda y otros. 30 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 649 No. Registro: 200,518. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Noviembre de 1996. Tesis: 2a. CV/96. Página: 246. SUPLENCIA DE LA QUEJA, NO DEBE LLEVARSE AL EXTREMO DE CAMBIAR LA VIA INTENTADA. Los avecindados de la zona urbana ejidal no son sujetos de la tutela que establece el Libro Segundo de la Ley de Amparo, toda vez que su situación no se encuentra prevista en el artículo 212 de dicha Ley, por lo cual no cabe suplir la deficiencia de la queja en los términos del artículo 227 del mismo ordenamiento, además de que la suplencia de la queja no puede llevarse al extremo de cambiar la vía intentada, por lo que si promovieron revisión, no puede enmendarse este recurso y resolverse como incidente de inconformidad, dado que la naturaleza jurídica y tramitación, de uno y otro, son distintas. Incidente de inconformidad 135/96. Leandro Vera Zamora y otros. 9 de octubre de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. Sandoval López. Nota: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2/99, que se aparta del criterio que sostuvo en la presente tesis 2a. CV/96. Dicha ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, julio de 1999, página 70; y de ella derivaron las tesis 2a./J. 84/99, de rubro "ACCION AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL.", 2a./J. 87/99, de rubro "NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL REGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA

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Esta sala reitera el criterio de que “en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón”.650 Con base en la suplencia de la queja el juez de Distrito puede diferir la audiencia constitucional.651 Sin embargo, como novedad la Segunda Sala establece que:

MATERIA DE LA RECLAMACION CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER.", y 2a./J. 83/99, de rubro "NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL O COMUNAL. LOS AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL REGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO.", publicadas en el propio tomo X, julio de 1999, páginas 69, 204 y 205, respectivamente. 650 No. Registro: 197,696. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Septiembre de 1997. Tesis: 2a./J. 42/97. Página: 305. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora. Contradicción de tesis 61/96. Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Tesis de jurisprudencia 42/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 651 No. Registro: 196,219. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Mayo de 1998. Tesis: 2a./J. 73/97. Página: 351. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO POR FALTA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS AUTORIDADES. DEBE SOLICITARSE POR PARTE INTERESADA. Cuando los funcionarios o autoridades sean omisos en expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ofrecerlas como pruebas en un juicio constitucional, sólo a solicitud de éstas el Juez Federal, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, requerirá a las autoridades respectivas para que con la debida oportunidad expidan las copias o documentos que se les hubieren solicitado, pues es a las partes a quienes corresponde allegar al juicio los elementos de convicción que pretenden ofrecer y no al a quo, quien únicamente podrá hacerlo de oficio cuando se trate de personas protegidas por la suplencia de la queja deficiente. Amparo en revisión 1300/79. Camerino González Rosas y otros. 29 de agosto de 1979. Cinco votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Amparo en revisión 27/97. María Martha Sánchez Venegas. 28 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 56/97. Alejandro Quistiano Pérez. 28 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 321/97. Micaela Nava Castillo. 5 de marzo de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez. Amparo en revisión 292/97. Mario Ramos Gómez. 12 de marzo de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

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La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Técnicamente resulta absurdo entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el análisis correspondiente.652

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera inoperantes los conceptos de violación: 1. Que controvierten el desechamiento de una prueba testimonial en materia laboral cuando los testigos residen fuera de la jurisdicción de la junta y no se exhibió citatorio, “pues aunque la Junta haya actuado incorrectamente con tal acuerdo, la reposición del procedimiento ningún beneficio acarrearía al oferente,

Tesis de jurisprudencia 73/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 652 No. Registro: 191,489. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000. Tesis: 2a. LXXX/2000. Página: 166. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Técnicamente resulta absurdo entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el análisis correspondiente. Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

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pues en aplicación del artículo 813, fracción III, de la Ley referida, la Junta tendría que declarar la deserción de la prueba”.653 2. “Cuando en un juicio de amparo directo se reclama un acto que reviste una ejecución de imposible reparación y la inconstitucionalidad de la ley en que se apoya, los conceptos de violación relativos deben declararse inoperantes si el quejoso tuvo oportunidad de impugnarlos en amparo indirecto, que debió promoverse a partir de que tuvo conocimiento del acto relativo”.654 3. “Si el planteamiento de inconstitucionalidad respectivo ya fue hecho valer en un juicio de amparo anterior en el propio asunto y de él se ocupó el tribunal correspondiente, habiendo causado estado su sentencia, en un ulterior juicio de amparo el concepto de violación respectivo será inoperante, puesto que al respecto, si bien no existe cosa juzgada en cuanto a la ley, pues en amparo directo no se otorga o niega la protección federal en relación con la misma, sí se da el consentimiento relativo, respecto del planteamiento dirigido contra la ley, toda vez que la revisión en amparo directo habría procedido, en tanto que al desestimar el referido concepto y otorgarse un amparo para efectos, se le causaba un 653 No. Registro: 200,692. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Noviembre de 1995. Tesis: 2a./J. 62/95. Página: 292. TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. PROCEDE LA DESERCION DE LA PRUEBA, SI EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS SE UBICA FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA Y EL OFERENTE NO ACOMPAÑA EL INTERROGATORIO POR ESCRITO. La falta de exhibición del interrogatorio por escrito cuando se ofrece la prueba testimonial de personas que radiquen fuera del lugar de residencia de la Junta, da lugar al desechamiento de la prueba y no a su prevención, en términos de lo expresamente dispuesto en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, congruentemente con lo señalado en el numeral 780 en torno a que las pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, pues de acuerdo con el artículo 817 del propio ordenamiento, el interrogatorio es necesario para el desahogo de la probanza ofrecida en tales términos, ya que debe ser acompañado al exhorto que se gire para el desahogo de la prueba, exhorto que la Junta está obligada a proveer en el término de setenta y dos horas conforme al numeral 758 de la propia Ley, debiendo exhibirse, además, las copias del mismo, conforme al propio artículo 813, fracción III, pues son necesarias para que las demás partes puedan, dentro del término de tres días, presentar su pliego de repreguntas en sobre cerrado. Ahora bien, si en esta hipótesis la Junta, en vez de desechar la prueba testimonial, acuerda que los testigos sean presentados directamente por el oferente de la prueba, es claro que en el juicio de amparo el concepto de violación será inoperante, pues aunque la Junta haya actuado incorrectamente con tal acuerdo, la reposición del procedimiento ningún beneficio acarrearía al oferente, pues en aplicación del artículo 813, fracción III, de la Ley referida, la Junta tendría que declarar la deserción de la prueba. Contradicción de tesis 23/95. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito. 15 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de Jurisprudencia 62/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 654 No. Registro: 195,638. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998. Tesis: 2a. CXII/98. Página: 501. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, EN EL AMPARO DIRECTO, PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS QUE DEBIERON IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO. Cuando en un juicio de amparo directo se reclama un acto que reviste una ejecución de imposible reparación y la inconstitucionalidad de la ley en que se apoya, los conceptos de violación relativos deben declararse inoperantes si el quejoso tuvo oportunidad de impugnarlos en amparo indirecto, que debió promoverse a partir de que tuvo conocimiento del acto relativo.

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perjuicio al quejoso, ya que de prosperar su concepto de violación, referido a la ley, no habría sido para efectos, y de no prosperar en la sentencia dictada en revisión, habría quedado en pie la concesión del amparo para efectos que no habría sido materia de ese recurso”.655 4. “Si el quejoso tuvo la oportunidad de plantear dicha inconstitucionalidad en un amparo anterior donde el precepto se aplicó en su perjuicio por primera vez, debe considerarse que en el segundo o ulterior juicio de amparo que promueva, el concepto de violación respectivo será inoperante, ya que el precepto legal fue consentido”,656 este criterio también es en materia penal pues “si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis;

Amparo directo en revisión 1138/98. Instituto Nacional de Cancerología. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 655 No. Registro: 196,439. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998. Tesis: 2a. L/98. Página: 244. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL, CUANDO YA FUERON MATERIA EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, EN CONTRA DE LA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DERIVADO DEL MISMO ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda; sin embargo, si el planteamiento de inconstitucionalidad respectivo ya fue hecho valer en un juicio de amparo anterior en el propio asunto y de él se ocupó el tribunal correspondiente, habiendo causado estado su sentencia, en un ulterior juicio de amparo el concepto de violación respectivo será inoperante, puesto que al respecto, si bien no existe cosa juzgada en cuanto a la ley, pues en amparo directo no se otorga o niega la protección federal en relación con la misma, sí se da el consentimiento relativo, respecto del planteamiento dirigido contra la ley, toda vez que la revisión en amparo directo habría procedido, en tanto que al desestimar el referido concepto y otorgarse un amparo para efectos, se le causaba un perjuicio al quejoso, ya que de prosperar su concepto de violación, referido a la ley, no habría sido para efectos, y de no prosperar en la sentencia dictada en revisión, habría quedado en pie la concesión del amparo para efectos que no habría sido materia de ese recurso. Amparo directo en revisión 262/98. Inmobiliaria del Sur, S.A. de C.V. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. 656 No. Registro: 197,703. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Septiembre de 1997. Tesis: 2a. CII/97. Página: 408. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO. En amparo directo se puede válidamente alegar la inconstitucionalidad de un precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda, siempre que dicho precepto haya sido aplicado en la sentencia o en el procedimiento por primera vez, de tal suerte que si el quejoso tuvo la oportunidad de plantear dicha inconstitucionalidad en un amparo anterior donde el precepto se aplicó en su perjuicio por primera vez, debe considerarse que en el segundo o ulterior juicio de amparo que promueva, el concepto de violación respectivo será inoperante, ya que el precepto legal fue consentido. Amparo directo en revisión 733/96. Cartón y Montaje, S.A. de C.V. y otro. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

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y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante”.657 5. “Si el quejoso ya la había consentido, como cuando ya había pagado, sin oposición y dejando transcurrir los plazos de impugnación, los tributos que establece dicho ordenamiento, no es jurídico estimar que puede enjuiciarse la constitucionalidad del sistema tributario que rige el impuesto a través del juicio de amparo directo, porque aunque en la sentencia reclamada se haya aplicado nuevamente la ley, resulta evidente que tal resolución, en todo caso, no constituye el primer acto de aplicación que trascendió a la esfera jurídica del peticionario, ni tampoco lo fue el primer acto administrativo que dio lugar al aludido juicio de nulidad, por lo que al no impugnar el sistema que lo rige mediante la acción constitucional dentro de los términos que para el ejercicio de la misma establece la Ley de Amparo, los conceptos de violación que en el amparo directo se formulen deben declararse inoperantes”.658 6. “SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN AMPARO DIRECTO CONTROVIERTEN EL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6o. 657 No. Registro: 185,224. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003. Tesis: 2a. CCV/2002. Página: 726. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO. Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis; y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante. Amparo directo en revisión 1405/2002. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 658 No. Registro: 192,276. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000. Tesis: 2a. XIV/2000. Página: 371. AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD. De conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda, pero si el quejoso ya la había consentido, como cuando ya había pagado, sin oposición y dejando transcurrir los plazos de impugnación, los tributos que establece dicho ordenamiento, no es jurídico estimar que puede enjuiciarse la constitucionalidad del sistema tributario que rige el impuesto a través del juicio de amparo directo, porque aunque en la sentencia reclamada se haya aplicado nuevamente la ley, resulta evidente que tal resolución, en todo caso, no constituye el primer acto de aplicación que trascendió a la esfera jurídica del peticionario, ni tampoco lo fue el primer acto administrativo que dio lugar al aludido juicio de nulidad, por lo que al no impugnar el sistema que lo rige mediante la acción constitucional dentro de los términos que para el ejercicio de la misma establece la Ley de Amparo, los conceptos de violación que en el amparo directo se formulen deben declararse inoperantes. Amparo directo en revisión 1090/99. Servicios Modernos de Acapulco, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 758/99. Operadora Santa Cruz, S.A. de C.V. 11 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 83/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 240, de rubro "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE

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DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO

FISCAL

PROCEDIMIENTO

A

DE SEGUIR

1996, POR

QUE LA

REGULA

SECRETARÍA

EL DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA OBTENER UNA TASA DIVERSA A LA PREVISTA LEGALMENTE PARA EL CÁLCULO DE AQUÉLLOS (…) su aplicación trascendió a la esfera jurídica del gobernado en su beneficio, sin que exista el perjuicio que lo legitime para reclamar su inconstitucionalidad”.659 7. “SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN

LA

SENTENCIA

RECLAMADA,

SI

AQUÉLLA

FUE

CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES”.660

VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES.". 659 No. Registro: 189,889. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001. Tesis: 2a. XXXV/2001. Página: 501. RECARGOS. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN AMPARO DIRECTO CONTROVIERTEN EL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1996, QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA OBTENER UNA TASA DIVERSA A LA PREVISTA LEGALMENTE PARA EL CÁLCULO DE AQUÉLLOS. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado precepto legal, en relación con lo previsto por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente en el referido ejercicio fiscal, conforme al cual la tasa de recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno, será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión, se colige que el legislador estableció un sistema complejo para la determinación de las tasas de recargos, basado en dos porciones normativas, en la primera, que da lugar a la tasa por recargos por mora prevista legalmente, integrada por lo señalado en el artículo 21 del citado código tributario y en el primer párrafo del mencionado artículo 6o., y en la segunda, contenida en el segundo párrafo de este último numeral, en la cual se establece el procedimiento que, con base en la tasa de interés interbancaria de equilibrio, debe seguir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener una diversa tasa de recargos por mora, que resulta aplicable únicamente cuando, una vez calculada, es menor a la tasa determinada conforme a la primera hipótesis. Ante ello, si en la demanda de amparo directo se controvierte la porción normativa conforme a la cual, mediante el citado referente económico, se obtiene una tasa de recargos por mora inferior a la determinada originalmente por el legislador, debe estimarse que los respectivos conceptos de violación resultan inoperantes ya que, en todo caso, su aplicación trascendió a la esfera jurídica del gobernado en su beneficio, sin que exista el perjuicio que lo legitime para reclamar su inconstitucionalidad; máxime que, de declararse ésta, la consecuencia necesaria sería que se aplicara en perjuicio del quejoso una tasa de recargos superior a la calculada por la mencionada autoridad administrativa, pues en el caso concreto los vicios de la porción normativa aplicada en beneficio no podrían trascender, en manera alguna, a la que rige la cuantificación de la tasa de recargos prevista legalmente. Amparo directo en revisión 2731/98. Industrias Peñoles, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 660 No. Registro: 186,364. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002. Tesis: 2a./J. 83/2002. Página: 240. AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES. De conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda. Ahora bien, dichos argumentos de inconstitucionalidad deben declararse inoperantes en términos de la tesis P. LVIII/99, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 53, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", si de las constancias del juicio deriva que el quejoso se autoaplicó la norma combatida y la consintió al pagar el impuesto controvertido sin manifestar su inconformidad mediante la interposición del medio de defensa constitucional dentro de los plazos que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, no es jurídico estimar que puede examinarse la constitucionalidad de la ley tributaria a través del juicio de amparo directo, aun cuando en la sentencia definitiva reclamada se hubiera aplicado nuevamente la norma, si resulta evidente que tal resolución no constituye el primer acto de aplicación que trascendió a la esfera jurídica del particular ni tampoco lo fue el acto administrativo que dio lugar al juicio de nulidad; por tal motivo, al consentir la norma tributaria correspondiente y no impugnarla mediante la acción constitucional en los términos establecidos para su ejercicio, debe concluirse que los conceptos de violación que en el amparo directo se formulen, resultan inoperantes. Amparo directo en revisión 1090/99. Servicios Modernos de Acapulco, S.A. de C.V. 28 de enero de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

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8. “Si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia”.661 9. “Encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguAmparo directo en revisión 758/99. Operadora Santa Cruz, S.A. de C.V. 11 de febrero de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. Amparo directo en revisión 2603/98. Fujur, S.A. de C.V. 10 de marzo de 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Amparo en revisión 1253/2001. Distribución y Reparto del Centro, S.A. de C.V. 5 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz. Amparo directo en revisión 580/2002. Hotel Ambos Mundos, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Carlos A. Morales Paulín. Tesis de jurisprudencia 83/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de junio de dos mil dos. 661 No. Registro: 185,226. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003. Tesis: 2a. CCII/2002. Página: 726. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO. Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al solicitante del amparo respecto a las argumentaciones relativas a que la reforma a los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era violatoria de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ellos, además, se imponía una sanción excesiva e inusitada prohibida por el artículo 22 de la propia Ley Fundamental, sería que el quejoso dejara de tributar conforme a ese régimen, por ser ilegal, desproporcional e inequitativo o por contener un tratamiento perjudicial, por lo que quedaría obligado a tributar conforme al régimen general, ya que de esa manera se le estaría restituyendo en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, lo que le irrogaría un perjuicio más que aportarle un beneficio. En consecuencia, si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia.

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ridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales”.662 10. “Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis”.663 11. “Encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado Amparo en revisión 190/2002. Guillermina Ornelas Vázquez. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Oliva del Socorro Escudero Contreras. 662 No. Registro: 183,886. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003. Tesis: 2a./J. 57/2003. Página: 196. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales. Contradicción de tesis 153/2002-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 20 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Tesis de jurisprudencia 57/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de junio de dos mil tres. 663 No. Registro: 185,224. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003. Tesis: 2a. CCV/2002. Página: 726. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO. Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis; y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante. Amparo directo en revisión 1405/2002. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

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precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen”.664 12. “El argumento relativo a que el dispositivo legal citado transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias porque la cantidad a pagar por concepto de crédito al salario establecida en la tarifa correspondiente no atiende a la capacidad contributiva del patrón. Tal consideración obedece a que el precepto reclamado y su respectiva tabla se limitan a regular el beneficio fiscal denominado crédito al salario, precisando cómo el retenedor (patrón) deberá acreditar las cantidades que se establecen en la tabla ahí prevista contra el impuesto sobre la renta mensual que resulte a cargo del trabajador, a fin de que por virtud de dicho acreditamiento, que se traduce en la disminución del gravamen que hubiere correspondido pagar a los trabajadores, reciban ingresos adicionales que les permitan elevar su poder adquisitivo; además la inoperancia es manifiesta, ya que parte de una premisa equivocada, consistente en que las cantidades previstas en la tabla del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deben cubrirse de su peculio, lo que es incorrecto, toda vez que aquéllas simplemente establecen el monto que debe acreditarse del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador, lo cual se traduce en 664 No. Registro: 183,886. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003. Tesis: 2a./J. 57/2003. Página: 196. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales. Contradicción de tesis 153/2002-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 20 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

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una disminución en la recaudación por ese concepto y que, por ende, sólo resiente el Estado”.665 13. “Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio”.666 Dicha sala reitero el criterio de que:

“Los agravios son ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, no pudiéndose estimar que tienen esas caracte-

Tesis de jurisprudencia 57/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de junio de dos mil tres. 665 No. Registro: 181,164. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004. Tesis: 2a./J. 67/2004. Página: 233. CRÉDITO AL SALARIO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS A QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE LA CANTIDAD A PAGAR POR ESE CONCEPTO PREVISTA EN LA TARIFA RESPECTIVA NO ATIENDE A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL PATRÓN. Es inoperante el argumento relativo a que el dispositivo legal citado transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias porque la cantidad a pagar por concepto de crédito al salario establecida en la tarifa correspondiente no atiende a la capacidad contributiva del patrón. Tal consideración obedece a que el precepto reclamado y su respectiva tabla se limitan a regular el beneficio fiscal denominado crédito al salario, precisando cómo el retenedor (patrón) deberá acreditar las cantidades que se establecen en la tabla ahí prevista contra el impuesto sobre la renta mensual que resulte a cargo del trabajador, a fin de que por virtud de dicho acreditamiento, que se traduce en la disminución del gravamen que hubiere correspondido pagar a los trabajadores, reciban ingresos adicionales que les permitan elevar su poder adquisitivo; además la inoperancia es manifiesta, ya que parte de una premisa equivocada, consistente en que las cantidades previstas en la tabla del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deben cubrirse de su peculio, lo que es incorrecto, toda vez que aquéllas simplemente establecen el monto que debe acreditarse del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador, lo cual se traduce en una disminución en la recaudación por ese concepto y que, por ende, sólo resiente el Estado. Amparo en revisión 907/2003. Viandas, Insumos, Vinos y Alimentos, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 849/2003. Servicios La Tarasca, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Amparo en revisión 925/2003. Metalvex, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Amparo en revisión 930/2003. Concretos Modernos del Sur, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. Amparo en revisión 1042/2003. Productos Verde Valle, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Tesis de jurisprudencia 67/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de mayo de dos mil cuatro. 666 No. Registro: 180,203. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Noviembre de 2004. Tesis: 2a. XCIII/2004. Página: 125. AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados. Amparo directo en revisión 1007/2004. Bandas Internacionales y Transmisiones de Occidente, S.A. de C.V. 8 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

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rísticas aquellos que, si bien no se refieren de manera minuciosa y exhaustiva a todas las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida, de su análisis integral se advierte que permiten al juzgador determinar la causa de pedir y, con ello, abordar el estudio de fondo del asunto, examinando si la referida sentencia combatida fue o no correcta”.667

Esta Segunda Sala califica de inoperantes los agravios: 1. “Si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autori-

667 No. Registro: 189,587. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2001. Tesis: 2a. LXVII/2001. Página: 463. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE REÚNEN LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, AUN CUANDO LOS AGRAVIOS NO SE REFIERAN MINUCIOSA Y EXHAUSTIVAMENTE A TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, SI DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE PERMITEN DETERMINAR LA CAUSA DE PEDIR Y, CON ELLO, ABORDAR EL ESTUDIO DE FONDO. De lo previsto en el punto primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo 5/1999 de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que para determinar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia si los agravios son ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, no pudiéndose estimar que tienen esas características aquellos que, si bien no se refieren de manera minuciosa y exhaustiva a todas las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida, de su análisis integral se advierte que permiten al juzgador determinar la causa de pedir y, con ello, abordar el estudio de fondo del asunto, examinando si la referida sentencia combatida fue o no correcta, resultando aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 63/98, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

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dad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo”.668

No. Registro: 200,631. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: 2a./J. 12/96. Página: 507. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo. Amparo directo en revisión 658/94. Francisco Javier Soto González. 21 de abril de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

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2. “En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en contra de la sentencia que otorgó la Protección Constitucional, son inoperantes los agravios relativos a tópicos respecto de los que en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio suplir la queja deficiente porque el acto reclamado en el juicio de garantías se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues a pesar de que no sea el quejoso el que interpone el recurso, por lo que podría pensarse que es improcedente tal suplencia, debe entenderse que ésta es aquella que el juzgador de la primera instancia constitucional debió realizar en cuanto a los conceptos de violación y que se efectúa por el órgano revisor al avocarse al conocimiento de dicho medio de defensa. Por tanto, ante la inobjetable aplicación del mencionado beneficio para el quejoso, a nada práctico conduciría el examen de tales agravios”.669 3. “Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba Amparo directo en revisión 301/95. Martha Angélica Narváez Montemayor. 30 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Amparo en revisión 1051/94. Multibanco Comermex, S.A. antes S.N.C. 25 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Martha Leonor Bautista de la Luz. Amparo en revisión 1157/95. Transportadora de Refrescos Mexicanos en Nuevo León, S.A. de C.V. 12 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate. Amparo en revisión 2037/95. Leticia Berzunza de Garay. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Tesis de jurisprudencia 12/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 669 No. Registro: 200,559. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Agosto de 1996. Tesis: 2a. LXIV/96. Página: 261. AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS DE LA AUTORIDAD, CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR HABERSE FUNDADO EL ACTO RECLAMADO EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA. En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en contra de la sentencia que otorgó la Protección Constitucional, son inoperantes los agravios relativos a tópicos respecto de los que en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio suplir la queja deficiente porque el acto reclamado en el juicio de garantías se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues a pesar de que no sea el quejoso el que interpone el recurso, por lo que podría pensarse que es improcedente tal suplencia, debe entenderse que ésta es aquella que el juzgador de la primera instancia constitucional debió realizar en cuanto a los conceptos de violación y que se efectúa por el órgano revisor al avocarse al conocimiento de dicho medio de defensa. Por tanto, ante la inobjetable aplicación del mencionado beneficio para el quejoso, a nada práctico conduciría el examen de tales agravios, de lo que deriva su anunciada inoperancia.

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para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo”.670 4. “Los argumentos planteados en la demanda de garantías mediante los cuales se controvierte la constitucionalidad de diversos preceptos legales que fueron citados en la sentencia impugnada, con el único propósito de señalar que las hipótesis normativas previstas en ellos no eran aplicables al caso, dado que la litis planteada se resolvió conforme a lo previsto en diversas disposiciones, pues en tales circunstancias debe estimarse que no tuvo lugar una aplicación de las normas impugnadas en perjuicio del quejoso, que le genere un agravio personal y directo”.671 5. “Si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al Amparo en revisión 2516/90. Infermex, S.A. y otros. 26 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 670 No. Registro: 195,741. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998. Tesis: 2a./J. 52/98. Página: 244. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Amparo en revisión 392/97. Roberto Valenzuela González y otros. 30 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Amparo en revisión 1513/96. Guillermo Natalio Niebla Castro. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. Amparo en revisión 34/98. Luis Rey Morales Palacios. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 3538/97. Alejandra Torres de la Garza. 25 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 2887/97. Juan de Dios Curiel Barreras y otra. 17 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Tesis de jurisprudencia 52/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Tercera Sala, tesis CXXXII/90, página 209, de rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.". 671 No. Registro: 194,924. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Diciembre de 1998. Tesis: 2a. CLII/98. Página: 430. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS QUE SI BIEN FUERON CITADOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS NO FUERON APLICADAS EN ELLA. Son inoperantes los argumentos planteados en la demanda de garantías mediante los cuales se controvierte la constitucionalidad de diversos preceptos legales que fueron citados en la sentencia impugnada, con el único propósito de señalar que las hipótesis normativas previstas en ellos no eran aplicables al caso, dado que la litis planteada se resolvió conforme a lo previsto en diversas disposiciones, pues en tales circunstancias debe estimarse que no tuvo lugar una aplicación de las normas impugnadas en perjuicio del quejoso, que le genere un agravio personal y directo. Amparo en revisión 3413/97. Esperanza Martínez Grado. 6 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

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no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto legal impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo al quejoso”.672 6. “Si se prueba que el quejoso en diverso juicio de amparo indirecto, impugnó la inconstitucionalidad del mismo ordenamiento y se negó la protección constitucional, los agravios relativos en la revisión del amparo directo son inoperantes, puesto que la sentencia denegatoria ya es cosa juzgada”.673 7. “Cuando un Tribunal Colegiado sostuvo en la sentencia que se revisa que existe resolución pronunciada en un juicio de amparo anterior, declarando por ello inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a un determinado punto litigioso, no obstante, se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o a la interpretación de un precepto de la Consti-

672 No. Registro: 193,404. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999. Tesis: 2a./J. 96/99. Página: 78. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de algún precepto dentro de los conceptos de violación de la demanda. No obstante, si respecto del precepto reclamado se actualiza alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría la improcedencia del juicio en su contra y el sobreseimiento respectivo, tratándose de un juicio de amparo directo, al no señalarse como acto reclamado tal norma general, el pronunciamiento del órgano que conozca del amparo debe hacerse únicamente en la parte considerativa de la sentencia, declarando la inoperancia de los conceptos de violación respectivos, pues ante la imposibilidad de examinar el precepto legal impugnado, resultarían ineficaces para conceder el amparo al quejoso. Amparo directo en revisión 262/98. Inmobiliaria del Sur, S.A. de C.V. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Amparo directo en revisión 1138/98. Instituto Nacional de Cancerología. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo en revisión 210/98. Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías. 14 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Amparo directo en revisión 1253/98. Ana Luz Quintanilla Montoya. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Amparo directo en revisión 3271/98. Carlos Villanueva López. 5 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 96/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 673 No. Registro: 185,650. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002. Tesis: 2a. CXXIX/2002. Página: 476. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY APLICADA, SI RESPECTO DE ÉSTA EN DIVERSO JUICIO INDIRECTO SE NEGÓ LA PROTECCIÓN AL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro del capítulo de los conceptos de violación de la demanda; sin embargo, si se prueba que el quejoso en diverso juicio de amparo indirecto, impugnó la inconstitucionalidad del mismo ordenamiento y se negó la protección constitucional, los agravios relativos en la revisión del amparo directo son inoperantes, puesto que la sentencia denegatoria ya es cosa juzgada. Amparo directo en revisión 840/2002. María de los Ángeles Flores Rivas, su sucesión. 30 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos.

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tución; debe estimarse que como resultado de la ejecutoria pronunciada en el anterior juicio de garantías, dichas cuestiones analizadas y resueltas habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, pues por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable en el juicio de origen como cuestiones firmes, en tanto no pueden ser modificadas sin alterar la fuerza ejecutoria de las sentencias de amparo, que reviste la calidad de cosa juzgada”.674 8. “LO SON AQUELLOS QUE PLANTEAN UNA VIOLACIÓN QUE SE IMPUTA A UNA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO, YA EXAMINADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA”.675 9. “Cuando los argumentos de la autoridad son suficientes para estimar controvertidas las consideraciones que sustentan el No. Registro: 178,892. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Marzo de 2005. Tesis: 2a./J. 26/2005. Página: 308. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE DETERMINADO TEMA LITIGIOSO CUANDO HUBO PRONUNCIAMIENTO EN UN AMPARO ANTERIOR, AUN CUANDO EN EL NUEVO AMPARO SE PLANTEEN CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD ANTES NO ADUCIDAS. Cuando un Tribunal Colegiado sostuvo en la sentencia que se revisa que existe resolución pronunciada en un juicio de amparo anterior, declarando por ello inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a un determinado punto litigioso, no obstante se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o a la interpretación de un precepto de la Constitución; debe estimarse que como resultado de la ejecutoria pronunciada en el anterior juicio de garantías, dichas cuestiones analizadas y resueltas habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, pues por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable en el juicio de origen como cuestiones firmes, en tanto no pueden ser modificadas sin alterar la fuerza ejecutoria de las sentencias de amparo, que reviste la calidad de cosa juzgada. En esa virtud, resultan inoperantes los agravios que en el recurso de revisión se hacen valer si en un juicio de garantías anterior se analizó el tema litigioso, porque con independencia de los argumentos que sobre el particular se formulen, no pueden rebatirse cuestiones firmes. Amparo directo en revisión 25/2004. Marisol Moreno Arvizu. 16 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo directo en revisión 689/2004. Rogelio Gómez Gutiérrez y otros. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1087/2004. Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. 27 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1504/2004. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Guerrero. 26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1873/2004. Juan Maceda Rodríguez. 4 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Tesis de jurisprudencia 26/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco. 675 No. Registro: 199,203. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Marzo de 1997. Tesis: 2a. XXV/97. Página: 485. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PLANTEAN UNA VIOLACION QUE SE IMPUTA A UNA ACTUACION DEL JUEZ DE DISTRITO, YA EXAMINADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA. Si de la lectura de una actuación judicial transcrita, se desprende que a través de ella se informa al quejoso que no ha lugar a admitirle las pruebas porque se ofrecieron en forma extemporánea y se realiza el cómputo a partir de la fecha que, según el Juez, fue fijada para la celebración de la audiencia constitucional; actuación judicial que es impugnada mediante un recurso de queja y declarada legal por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, como el fallo pronunciado por dicho tribunal constituye cosa juzgada, en términos de lo dispuesto por el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, según lo previene el numeral 2o. de la Ley de Amparo, el quejoso ya no puede válidamente reclamar, con posterioridad, en el recurso de revisión contra la sentencia, la violación al procedimiento consistente en que la audiencia constitucional debió haberse celebrado en fecha distinta a la que aparece en el citado proveído que fue materia del recurso de queja, pues el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que esa era la fecha correcta para la celebración de la audiencia, resultando, en consecuencia, inoperantes los agravios que sobre el particular se esgriman, pues no puede ya revisarse la legalidad de una actuación que constituye cosa juzgada. 674

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sentido del fallo recurrido, son operantes aunque coincidan o retomen argumentos expuestos en el informe justificado y no hayan sido materia de análisis por el Juez del conocimiento, caso en el cual debe procederse a su estudio para determinar si son fundados o infundados”.676 10. “Si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad”.677 11. “Los razonamientos que a título de agravios en el recurso de reclamación interpuesto por el tercero perjudicado, controvierte lo expuesto en los motivos de inconformidad que formuló la parte quejosa en el recurso de revisión, sin exponer razonamiento alguno en relación con las consideraciones que sustenta el acuerdo impugnado que admitió el recurso”.678

Amparo en revisión 3142/96. Sandro Robledo Alvarez y otro. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. 676 No. Registro: 198,932. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997. Tesis: 2a. XLII/97. Página: 80. AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES. SI COMBATEN LOS CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA, SON OPERANTES AUNQUE COINCIDAN CON ARGUMENTOS DEL INFORME JUSTIFICADO. Cuando los argumentos de la autoridad son suficientes para estimar controvertidas las consideraciones que sustentan el sentido del fallo recurrido, son operantes aunque coincidan o retomen argumentos expuestos en el informe justificado y no hayan sido materia de análisis por el Juez del conocimiento, caso en el cual debe procederse a su estudio para determinar si son fundados o infundados. Por tanto, no son aplicables los criterios sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: "AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." (Jurisprudencia 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, Tomo VI, Materia Común, página 18), y "AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, Precedentes que no han sentado Jurisprudencia del Tribunal Pleno, página 419), pues se refieren a la inoperancia de los agravios que reiteran los argumentos contenidos en el informe justificado, que implica la falta de impugnación de las consideraciones de la sentencia que se recurre, siempre que los mismos sólo tiendan a la justificación del acto reclamado. Amparo en revisión 1150/96. Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank. 12 de marzo de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Nota: En el acta de fecha 12 de marzo de 1997, se ordenó la publicación de la presente ejecutoria. 677 No. Registro: 195,743. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998. Tesis: 2a./J. 53/98. Página: 326. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes. Amparo directo en revisión 1281/97. Centro de Estudios Radiológicos para Diagnósticos de Ortodoncia, S.A. de C.V. 8 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo directo en revisión 1925/97. Juan Ismael Jiménez. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Amparo directo en revisión 909/97. Espectáculos y Desarrollos Hípicos, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. Amparo directo en revisión 184/97. Raúl Avilés Gutiérrez. 6 de marzo de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, quien hizo suyo el asunto en ausencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. Amparo directo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Tesis de jurisprudencia 53/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho. 678 No. Registro: 195,144. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998. Tesis: 2a. CXXXI/98. Página: 52. RECLAMACIÓN. SON INOPERANTES LOS RAZONAMIENTOS QUE, A TÍTULO DE AGRAVIOS, CONTROVIERTEN LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.

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12. “Cuando en el juicio de amparo el examen se centra en la ley reclamada, no es necesario el estudio pormenorizado de las razones que la autoridad legislativa responsable exponga en su informe justificado para avalar la constitucionalidad de sus actos, en tanto que los fundamentos y motivos de una ley deben encontrarse plasmados o desprenderse de su contenido y contexto, y no pueden ser externados, suplidos o enmendados, a través de las argumentaciones contenidas en el informe justificado de las autoridades responsables. Por consiguiente, los agravios en los que se esgrima una omisión de esa índole resultan inoperantes”.679 13. “Este Alto Tribunal, en diversos criterios emitidos en interpretación de las facultades extraordinarias de que en el pasado fue investido el Ejecutivo Federal para legislar en diferentes materias: civil, mercantil, procesal, crédito y moneda, ha establecido su constitucionalidad, considerando que el uso de dichas facultades no implica que dos poderes se reúnan en uno, ni tampoco que se delegue el Poder Legislativo en el Ejecutivo, sino que sólo constituye un auxilio o cooperación de un poder a otro, dirigido a salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad. En esa virtud, son inoperantes los agravios que atribuyen falta de fundamentación y motivación al decreto por el cual el Congreso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para que expidiera la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues atento al pronunciamiento de esta Suprema Son inoperantes los razonamientos que a título de agravios en el recurso de reclamación interpuesto por el tercero perjudicado, controvierte lo expuesto en los motivos de inconformidad que formuló la parte quejosa en el recurso de revisión, sin exponer razonamiento alguno en relación con las consideraciones que sustenta el acuerdo impugnado que admitió el recurso y que, por lo tanto, deben subsistir. Reclamación 89/98. Ana Luz Quintanilla Montoya. 26 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. 679 No. Registro: 195,146. Tesis aislada. Materia(s): Común, Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998. Tesis: 2a. CXXVI/98. Página: 51. AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE EXAMEN DE LAS RAZONES EXPUESTAS POR LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EN SU INFORME JUSTIFICADO. Cuando en el juicio de amparo el examen se centra en la ley reclamada, no es necesario el estudio pormenorizado de las razones que la autoridad legislativa responsable exponga en su informe justificado para avalar la constitucionalidad de sus actos, en tanto que los fundamentos y motivos de una ley deben encontrarse plasmados o desprenderse de su contenido y contexto, y no pueden ser externados, suplidos o enmendados, a través de las argumentaciones contenidas en el informe justificado de las autoridades responsables. Por consiguiente, los agravios en los que se esgrima una omisión de esa índole resultan inoperantes.

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Corte, carecen de trascendencia los vicios formales de que pudiera adolecer el decreto”.680 14. “En materia agraria existe suplencia total de la queja deficiente, por lo que en principio no es posible declarar la inoperancia de los agravios respectivos, pero cuando el núcleo recurrente, al expresar agravios en la inconformidad, introduce argumentos ajenos al acuerdo del a quo que tuvo por cumplida la ejecutoria, deben declararse inoperantes, ya que la inconformidad se limita a determinar si el tribunal de amparo estuvo, o no, en lo correcto al tener por cumplida la sentencia protectora, razón por la que todos los motivos de inconformidad deben circunscribirse a la resolución impugnada; todo ello con independencia de que al suplir se examine si la sentencia fue o no cumplida”.681 15. “Cuando no van dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de garantías, es decir, a si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, sino que dichos motivos de disentimiento pretenden el análisis de aspectos que ya constituyen cosa juzgada, por haber sido materia del juicio de amparo y Amparo en revisión 952/98. Comisión Federal de Electricidad. 14 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. 680 No. Registro: 192,995. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Tesis: 2a. CXXXIV/99. Página: 479. AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE COMBATEN POR VICIOS FORMALES EL DECRETO POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGÓ FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EXPIDIERA LEYES ESPECIALES SOBRE MATERIA DE COMERCIO (LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO). Este Alto Tribunal, en diversos criterios emitidos en interpretación de las facultades extraordinarias de que en el pasado fue investido el Ejecutivo Federal para legislar en diferentes materias: civil, mercantil, procesal, crédito y moneda, ha establecido su constitucionalidad, considerando que el uso de dichas facultades no implica que dos poderes se reúnan en uno, ni tampoco que se delegue el Poder Legislativo en el Ejecutivo, sino que sólo constituye un auxilio o cooperación de un poder a otro, dirigido a salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad. En esa virtud, son inoperantes los agravios que atribuyen falta de fundamentación y motivación al decreto por el cual el Congreso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para que expidiera la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues atento al pronunciamiento de esta Suprema Corte, carecen de trascendencia los vicios formales de que pudiera adolecer el decreto. Amparo directo en revisión 3287/98. Alfredo Tinajero Fontán. 8 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. 681 No. Registro: 191,603. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000. Tesis: 2a. LXI/2000. Página: 152. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON EN LA INCONFORMIDAD SI NO IMPUGNAN EL ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA, AUNQUE SE TRATE DE NÚCLEOS AGRARIOS. Es cierto que conforme a los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, en materia agraria existe suplencia total de la queja deficiente, por lo que en principio no es posible declarar la inoperancia de los agravios respectivos, pero cuando el núcleo recurrente, al expresar agravios en la inconformidad, introduce argumentos ajenos al acuerdo del a quo que tuvo por cumplida la ejecutoria, deben declararse inoperantes, ya que la inconformidad se limita a determinar si el tribunal de amparo estuvo, o no, en lo correcto al tener por cumplida la sentencia protectora, razón por la que todos los motivos de inconformidad deben circunscribirse a la resolución impugnada; todo ello con independencia de que al suplir se examine si la sentencia fue o no cumplida. Inconformidad 253/99, derivada del juicio de amparo directo 2862/95. Poblado "La Españita", Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 19 de mayo del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

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no haber originado el otorgamiento de la protección constitucional, aun cuando ésta se haya concedido por diverso motivo”.682 16. “En materia agraria el principio de suplencia total de la queja deficiente rige en favor de los sujetos individuales y colectivos de derecho agrario, por lo que en principio no es posible declarar la inoperancia de los agravios que éstos expongan; sin embargo, tratándose de un recurso de reclamación o de una inconformidad, se contiene una litis muy especial; por ello, cuando los argumentos formulados carecen de razonamientos suficientes para emprender el estudio de la cuestión propuesta, o si se expresan manifestaciones ajenas a los motivos de disconformidad, deben declararse inoperantes, aunque se trate de esos sujetos, pues deben hacerse valer en atención al punto en que debe quedar circunscrito el estudio de la cuestión debatida. Lo anterior, con independencia de que en los juicios principales los juzgadores de amparo, al suplir, puedan analizar diversas razones de discrepancia, propuestas o no, que sí guarden relación con el asunto de que se trata”.683

No. Registro: 174,946. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006. Tesis: 2a./J. 69/2006. Página: 191. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Los agravios expuestos en la inconformidad resultan inoperantes cuando no van dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de garantías, es decir, a si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, sino que dichos motivos de disentimiento pretenden el análisis de aspectos que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado el otorgamiento de la protección constitucional, aun cuando ésta se haya concedido por diverso motivo. Inconformidad 178/2002. Hugo Ernesto Ramos Vázquez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Alberto Díaz Díaz. Inconformidad 3/2003. Enrique Luis Wiechers de la Lama. 17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Inconformidad 292/2002. Óscar Morales García. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez. Inconformidad 112/2004. Comisión Federal de Electricidad. 23 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Inconformidad 13/2006. Luis Plascencia Padilla, su sucesión. 3 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 69/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil seis. 683 No. Registro: 183,355. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Septiembre de 2003. Tesis: 2a. CVIII/2003. Página: 665. AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS AJENOS A LA LITIS, AUNQUE SE TRATE DE SUJETOS DE DERECHO AGRARIO, SI NO SE FORMULAN DENTRO DEL JUICIO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, en materia agraria el principio de suplencia total de la queja deficiente rige en favor de los sujetos individuales y colectivos de derecho agrario, por lo que en principio no es posible declarar la inoperancia de los agravios que éstos expongan; sin embargo, tratándose de un recurso de reclamación o de una inconformidad, se contiene una litis muy especial; por ello, cuando los argumentos formulados carecen de razonamientos suficientes para emprender el estudio de la cuestión propuesta, o si se expresan manifestaciones ajenas a los motivos de disconformidad, deben declararse inoperantes, aunque se trate de esos sujetos, pues deben hacerse valer en atención al punto en que debe quedar circunscrito el estudio de la cuestión debatida. Lo anterior, con independencia de que en los juicios principales los juzgadores de amparo, al suplir, puedan analizar diversas razones de discrepancia, propuestas o no, que sí guarden relación con el asunto de que se trata. 682

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17. “Cuando un Tribunal Colegiado sostuvo en la sentencia que se revisa que existe resolución pronunciada en un juicio de amparo anterior, declarando por ello inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a un determinado punto litigioso, no obstante, se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o a la interpretación de un precepto de la Constitución; debe estimarse que como resultado de la ejecutoria pronunciada en el anterior juicio de garantías, dichas cuestiones analizadas y resueltas habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, pues por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable en el juicio de origen como cuestiones firmes, en tanto no pueden ser modificadas sin alterar la fuerza ejecutoria de las sentencias de amparo, que reviste la calidad de cosa juzgada. En esa virtud, resultan inoperantes los agravios que en el recurso de revisión se hacen valer si en un juicio de garantías anterior se analizó el tema litigioso, porque con independencia de los argumentos que sobre el particular se formulen, no pueden rebatirse cuestiones firmes”.684

Inconformidad 253/99. El Poblado La Españita, Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 19 de mayo de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Reclamación 170/2003-PL. Comunidad de Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, Estado de México. 8 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 684 No. Registro: 178,892. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Marzo de 2005. Tesis: 2a./J. 26/2005. Página: 308. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE DETERMINADO TEMA LITIGIOSO CUANDO HUBO PRONUNCIAMIENTO EN UN AMPARO ANTERIOR, AUN CUANDO EN EL NUEVO AMPARO SE PLANTEEN CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD ANTES NO ADUCIDAS. Cuando un Tribunal Colegiado sostuvo en la sentencia que se revisa que existe resolución pronunciada en un juicio de amparo anterior, declarando por ello inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a un determinado punto litigioso, no obstante se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o a la interpretación de un precepto de la Constitución; debe estimarse que como resultado de la ejecutoria pronunciada en el anterior juicio de garantías, dichas cuestiones analizadas y resueltas habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, pues por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable en el juicio de origen como cuestiones firmes, en tanto no pueden ser modificadas sin alterar la fuerza ejecutoria de las sentencias de amparo, que reviste la calidad de cosa juzgada. En esa virtud, resultan inoperantes los agravios que en el recurso de revisión se hacen valer si en un juicio de garantías anterior se analizó el tema litigioso, porque con independencia de los argumentos que sobre el particular se formulen, no pueden rebatirse cuestiones firmes. Amparo directo en revisión 25/2004. Marisol Moreno Arvizu. 16 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo directo en revisión 689/2004. Rogelio Gómez Gutiérrez y otros. 13 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1087/2004. Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. 27 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1504/2004. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Guerrero. 26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo directo en revisión 1873/2004. Juan Maceda Rodríguez. 4 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Tesis de jurisprudencia 26/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco.

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18. “EL AGRAVIO RELATIVO A IRREGULARIDADES EN LAS ACTAS

DE

EVALUACIÓN

DE

EXÁMENES

DE

OTROS

PARTICIPANTES EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO, SI EL RECURRENTE NO OBTUVO LA CALIFICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA”.685 La inoperancia de agravios ocasiona, para esta sala que:

La contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito sólo puede suscitarse entre lo que resuelvan al sustentar criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, resulta inconcuso que dicha oposición no puede actualizarse cuando se declara la firmeza de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito frente a la inoperancia de los agravios expuestos, ya que por ese solo hecho el órgano colegiado no hace suyas las consideraciones de aquél y, por lo mismo, al darse tal firmeza la contradicción de criterios se produciría, más bien, entre la sentencia del Juez de Distrito y la del Tribunal Colegiado de Circuito, hipótesis no prevista para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis.686

685 No. Registro: 178,619. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Tesis: 2a. XXXVII/2005. Página: 744. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES INOPERANTE EL AGRAVIO RELATIVO A IRREGULARIDADES EN LAS ACTAS DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES DE OTROS PARTICIPANTES EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO, SI EL RECURRENTE NO OBTUVO LA CALIFICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA. Si las bases de un concurso de oposición para la designación de Jueces de Distrito establecen como requisito la obtención de una calificación mínima en los exámenes que deberán sustentar los participantes en forma individual para estar en posibilidad de acceder a las designaciones, el agravio planteado en la revisión administrativa por el participante que no resultó vencedor al no satisfacer tal requisito, respecto a irregularidades en las actas de evaluación de los exámenes de otros participantes debe considerarse inoperante, pues la legalidad de la calificación otorgada a éstos no le causa afectación a su interés jurídico, porque en nada varía la calificación que obtuvo y que lo descalificó para resultar vencedor en el concurso, ya que cada uno de los participantes sustentó en lo individual su examen y fue objeto de una calificación particular e independiente de la de los demás. Revisión administrativa (Consejo) 8/2002. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot. 686 No. Registro: 188,862. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Septiembre de 2001. Tesis: 2a. CLXXII/2001. Página: 518. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LA OPOSICIÓN DE CRITERIOS SE PRESENTA ENTRE LOS ARGUMENTOS DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y LOS DE UN JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA DECLARADA FIRME POR INOPERANCIA DE AGRAVIOS. Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito sólo puede suscitarse entre lo que resuelvan al sustentar criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, resulta inconcuso que dicha oposición no puede actualizarse cuando se declara la firmeza de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito frente a la inoperancia de los agravios expuestos, ya que por ese solo hecho el órgano colegiado no hace suyas las consideraciones de aquél y, por lo mismo, al darse tal firmeza la contradicción de criterios se produciría, más bien, entre la sentencia del Juez de Distrito y la del

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Sin embargo, esta sala consideró que:

Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos consideraciones diversas y desvinculadas entre sí, cada una de las cuales sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes por insuficientes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses.687

Con relación a los menores o incapaces la Segunda Sala reitero el criterio de que:

Si bien en los términos del Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/1999, punto primero, fracción II, incisos b) y c), publicado en el Diario Oficial de la Fe-

Tribunal Colegiado de Circuito, hipótesis no prevista para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis y la fijación del criterio que deba prevalecer como jurisprudencia. Contradicción de tesis 40/2001-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 8 de agosto de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. 687 No. Registro: 197,397. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Noviembre de 1997. Tesis: 2a. CXXXI/97. Página: 253. AGRAVIOS. NO SON INOPERANTES CUANDO CONTROVIERTEN SÓLO UNA PARTE DE LA SENTENCIA RECURRIDA, SI LA ARGUMENTACIÓN COMBATIDA REVISTE AUTONOMÍA. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos consideraciones diversas y desvinculadas entre sí, cada una de las cuales sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes por insuficientes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. Amparo directo en revisión 1924/96. Volkswagen de México, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez.

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deración el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, debe desecharse el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en amparo directo, entre otras hipótesis, cuando resulten inoperantes los agravios que se formulan, ello no puede establecerse cuando se llegaren a afectar derechos de menores de edad pues en ese supuesto debe suplirse la deficiencia de la queja, lo que implica entrar al estudio de las cuestiones que se propongan aunque de suyo los agravios en sí mismos puedan ser inoperantes.688

Además, determinó que:

La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, sin que obste para lo anterior que, de acuerdo con la legislación penal estatal aplicable, pueda considerarse que el menor que ya cumplió dieciséis años sea sujeto imputable de un delito, porque ello no impide que el órgano jurisdiccional supla la deficiencia de la queja en el amparo, toda vez que esta última edad sólo sería para efectos de dicho ordenamiento estatal, disposición que el quejoso combate en su demanda de garantías.689

688 No. Registro: 191,495. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000. Tesis: 2a. LXXVI/2000. Página: 161. MENORES O INCAPACES. NO PUEDE DESECHARSE LA REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO POR INOPERANCIA DE AGRAVIOS. Si bien en los términos del Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/1999, punto primero, fracción II, incisos b) y c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, debe desecharse el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en amparo directo, entre otras hipótesis, cuando resulten inoperantes los agravios que se formulan, ello no puede establecerse cuando se llegaren a afectar derechos de menores de edad pues en ese supuesto debe suplirse la deficiencia de la queja, lo que implica entrar al estudio de las cuestiones que se propongan aunque de suyo los agravios en sí mismos puedan ser inoperantes. Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 689 No. Registro: 196,435. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998. Tesis: 2a. LIV/98. Página: 253. MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O INCAPACES. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. Conforme a la fracción V del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la deficiencia de la queja en favor de menores de edad, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen; para ese efecto, debe tomarse en consideración que el artículo 646 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, supletorio de la Ley de Amparo, establece que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, sin que obste para lo anterior que, de acuerdo con la legislación penal estatal aplicable, pueda considerarse que el menor que ya cumplió dieciséis años sea sujeto imputable de un delito, porque ello no impide que el órgano

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La misma circunstancia ocurre con los trabajadores porque debe suplirse:

La deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el trabajador; de ahí que si éste no manifiesta motivo de inconformidad referente a las cuestiones constitucionales a las que se circunscribe la revisión (lo que haría improcedente el recurso), pero el órgano revisor advierte la existencia de las mismas, ello hace procedente el medio de impugnación, a fin de realizar el análisis constitucional.690

Esta sala fija la competencia:

De los amparos en revisión en los que subsistiendo el problema de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, ya se haya integrado jurisprudencia al respecto por el Pleno y, en cambio, en el punto primero del Acuerdo 8/1995, de la fecha citada, se establece que en tal supuesto el asunto debe remitirse, para su resolución, a los Tribunales Colegiajurisdiccional supla la deficiencia de la queja en el amparo, toda vez que esta última edad sólo sería para efectos de dicho ordenamiento estatal, disposición que el quejoso combate en su demanda de garantías. Amparo en revisión 413/98. Manuel Ramos Ayala. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 690No. Registro: 199,213. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Marzo de 1997. Tesis: 2a. XVIII/97. Página: 491. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE AUNQUE EN LOS AGRAVIOS NO SE PLANTEEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCION, SI SUBSISTE EL PROBLEMA DE INTERPRETACION DIRECTA DE ESTA, Y DEBE SUPLIRSE LA QUEJA DEFICIENTE POR HABERLA INTERPUESTO UN TRABAJADOR. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se observa que por regla general la materia del recurso de revisión en amparo directo queda circunscrita a la constitucionalidad de leyes, sin poder abarcar otros temas, siendo inoperantes los agravios que los planteen. Por otro lado, el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales obliga a suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el trabajador; de ahí que si éste no manifiesta motivo de inconformidad referente a las cuestiones constitucionales a las que se circunscribe la revisión (lo que haría improcedente el recurso), pero el órgano revisor advierte la existencia de las mismas, ello hace procedente el medio de impugnación, a fin de realizar el análisis constitucional.

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dos de Circuito, lo cierto es que en asuntos en los que existe jurisprudencia del Pleno sólo respecto de algunos de los problemas de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, y respecto de los aspectos en que no existe tal jurisprudencia los agravios resultan notoriamente inoperantes, se surte la competencia de las Salas de la Suprema Corte, dado que no se justifica la intervención del Tribunal Pleno pues en relación a los agravios inoperantes no tienen que abordarse cuestiones de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, y por lo que toca a los aspectos en que debe hacerse, ya está definido jurisprudencialmente el criterio aplicable.691

Para esta Sala la inoperancia de los conceptos de violación libra al juez de Distrito de dictar sentencias incongruentes.692 La Segunda Sala establece que la sanción por expresar agravios inoperantes en un amparo directo en revisión es el desecha-

Amparo directo en revisión 2373/96. Centro de Servicios Diesel, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Rojas Caballero. 691 No. Registro: 200,708. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995. Tesis: 2a. XCIII/95. Página: 309. COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTIENDO EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O DE INVASION DE ESFERAS, EXISTA JURISPRUDENCIA DEL PLENO EN ALGUNOS ASPECTOS, Y, EN LOS OTROS, RESULTEN NOTORIAMENTE INOPERANTES LOS AGRAVIOS. CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE. Aun cuando en el Acuerdo 7/1995, dictado por el Pleno el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, no se contempla el supuesto de remisión, para su resolución, a las Salas de la Suprema Corte, de los amparos en revisión en los que subsistiendo el problema de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, ya se haya integrado jurisprudencia al respecto por el Pleno y, en cambio, en el punto primero del Acuerdo 8/1995, de la fecha citada, se establece que en tal supuesto el asunto debe remitirse, para su resolución, a los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cierto es que en asuntos en los que existe jurisprudencia del Pleno sólo respecto de algunos de los problemas de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, y respecto de los aspectos en que no existe tal jurisprudencia los agravios resultan notoriamente inoperantes, se surte la competencia de las Salas de la Suprema Corte, dado que no se justifica la intervención del Tribunal Pleno pues en relación a los agravios inoperantes no tienen que abordarse cuestiones de constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, y por lo que toca a los aspectos en que debe hacerse, ya está definido jurisprudencialmente el criterio aplicable. Amparo en revisión 783/95. Banco Internacional, S.A. 8 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 692 No. Registro: 185,046. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003. Tesis: 2a. CC/2002. Página: 739. SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio. Amparo en revisión 190/2002. Guillermina Ornelas Vázquez. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Oliva del Socorro Escudero Contreras.

328


miento del recurso,693 aunque para la “PROCEDENCIA ESTÁ DETERMINADA POR LA LEY Y NO POR EL CONTENIDO DE LOS AGRAVIOS”694 Y dicha revisión proceda “CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO

INTRODUCE

CONSTITUCIONALIDAD

DE

LEYES

CUESTIONES CON

MOTIVO

DE DEL

EJERCICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA”.695 Tanto los agravios como los conceptos de violación son inoperantes para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a

693 No. Registro: 185,650. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002. Tesis: 2a. CXXIX/2002. Página: 476. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY APLICADA, SI RESPECTO DE ÉSTA EN DIVERSO JUICIO INDIRECTO SE NEGÓ LA PROTECCIÓN AL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro del capítulo de los conceptos de violación de la demanda; sin embargo, si se prueba que el quejoso en diverso juicio de amparo indirecto, impugnó la inconstitucionalidad del mismo ordenamiento y se negó la protección constitucional, los agravios relativos en la revisión del amparo directo son inoperantes, puesto que la sentencia denegatoria ya es cosa juzgada. Amparo directo en revisión 840/2002. María de los Ángeles Flores Rivas, su sucesión. 30 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 694 No. Registro: 195,578. Tesis aislada. Materia(s): Común, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Septiembre de 1998. Tesis: 2a. CXX/98. Página: 443. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA ESTÁ DETERMINADA POR LA LEY Y NO POR EL CONTENIDO DE LOS AGRAVIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 3/96 con el rubro "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA.", ha sostenido que para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución; o que al dictar la sentencia, el Tribunal Colegiado haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado, o bien, establecido la interpretación de un precepto de la Constitución Federal u omitido su estudio. De ahí que el contenido de los agravios propuestos por la parte recurrente, no puede conducir a declarar la improcedencia del recurso de revisión, pues determinar si versan sobre cuestiones de legalidad o constitucionalidad, corresponde al estudio que de los mismos se haga una vez establecida la procedencia del recurso, la cual debe determinarse en un análisis previo en el que se revise si se actualizan o no las hipótesis previstas en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 83, fracción V de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Amparo directo en revisión 1418/98. Thelma Arrieta Medina. 7 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. Nota: La tesis 2a./J. 3/96, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA.", aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 218. 695 No. Registro: 200,552. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Septiembre de 1996. Tesis: 2a. LXXXIII/96. Página: 289. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO INTRODUCE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por los artículos 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión procede contra las sentencias de amparo directo dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en ellas se contenga el análisis de constitucionalidad de leyes federales, locales o reglamentos, o cuando se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, estudio que por regla general tiene su base en los conceptos de violación; sin embargo, debe considerarse dentro de esa hipótesis de procedencia de la revisión en amparo directo, el análisis de la constitucionalidad de leyes en la sentencia impugnada que el Tribunal Colegiado realiza en cumplimiento del deber de suplir la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la ley de la materia, porque el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es tal suplencia la que obliga al órgano jurisdiccional a introducir a la litis del juicio de amparo directo la constitucionalidad de las leyes, lo que constituye la materia de la citada revisión. Amparo en revisión 1460/96. Nicéforo Salcedo Luna. 30 de agosto de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

329


que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consiste en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley”.696

Además, la inoperancia ya no se da sólo en los conceptos de violación y agravios, sino en los argumentos en caso de: 1.

“NORMAS

GENERALES.

SON

INOPERANTES

LOS

ARGUMENTOS EXPRESADOS EN CONTRA DE AQUÉLLAS SI SE HACE

DEPENDER

SITUACIÓN

LA

INCONSTITUCIONALIDAD

PARTICULAR

DEL

SUJETO

AL

QUE

DE

LA

SE

LE

APLICAN”.697 2.

“CONSOLIDACIÓN

FISCAL.

LOS

ARGUMENTOS

RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 57-J DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA

No. Registro: 183,118. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003. Tesis: 2a./J. 88/2003. Página: 43. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley. Amparo en revisión 896/2003. Carmela, S. de R.L. de C.V. y otras. 5 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 449/2002. Promotora Técnica de Servicios Profesionales, S.A. de C.V. y otras. 19 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 514/2002. Adhesivos de Jalisco, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda. Amparo en revisión 1014/2003. Tiendas Garcés, S.A. de C.V. y otras. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo en revisión 1146/2003. Netiserv, S.C. y otra. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 88/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de dos mil tres. 697 No. Registro: 189,291. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Julio de 2001. Tesis: 2a. CIII/2001. Página: 511. NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN CONTRA DE AQUÉLLAS SI SE HACE DEPENDER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN. Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de las disposiciones generales y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad, que no es otra que demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos. Amparo directo en revisión 44/2001. Rafael Sánchez Montes. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Amparo directo en revisión 1346/2000. José Sánchez Hernández. 12 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Amparo directo en revisión 1108/2000. Cirilo Filomeno Cecilio. 26 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Antonio Rebollo Torres. Nota: Sobre el tema tratado en esta tesis, la Segunda Sala, emitió la jurisprudencia 2a./J. 71/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 215, con el rubro: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN." 696

330


RENTA, QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, NO SON INOPERANTES POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LA NORMA, AUNQUE LA CONTROLADORA RÉGIMEN

QUEJOSA

DESPUÉS

DE

HAYA

PERMANECIDO

CONCLUIDO

EL

EN

EL

PERIODO

OBLIGATORIO DE CINCO EJERCICIOS FISCALES”.698 La Segunda Sala considera que son inatendibles:

Los agravios en los que se argumenta que la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proscribe la estabilidad en el empleo de los servidores públicos de confianza, viola la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 de la propia Constitución. Ello es así porque una norma constitucional no puede ser violatoria de otra, pues implica contraponer dos preceptos constitucionales, lo que es jurídicamente inaceptable, pues ambos tienen igual jerarquía.699

No. Registro: 186,318. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002. Tesis: 2a. XCIII/2002. Página: 381. CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 57-J DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, NO SON INOPERANTES POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LA NORMA, AUNQUE LA CONTROLADORA QUEJOSA HAYA PERMANECIDO EN EL RÉGIMEN DESPUÉS DE CONCLUIDO EL PERIODO OBLIGATORIO DE CINCO EJERCICIOS FISCALES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia P./J. 96/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 6, bajo el rubro de: "CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESULTAN INOPERANTES.", sostuvo que si la sociedad controladora que optó por consolidar sus resultados fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al cumplirse los cinco ejercicios fiscales obligatorios que como mínimo establece el artículo 57-A de la propia ley, no solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para dejar de tributar conforme al régimen de consolidación fiscal, debe inferirse que consintió las reformas que sufrió el capítulo IV del título II de la referida ley, a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, ya que a partir del sexto ejercicio fiscal la permanencia en dicho régimen se vuelve optativa, y si voluntariamente la empresa continúa dentro de él, tácitamente está solicitando la aplicación de las reformas legales en cuestión y, por ende, se actualiza el consentimiento pleno de dicho acto. Dicho criterio es atendible cuando la quejosa impugna las modificaciones al sistema de tributación que prevé el régimen de consolidación fiscal, esto es, el conjunto de reglas establecidas para calcular el impuesto de que se trata, pues en este supuesto es evidente el consentimiento de la aplicación de los artículos relativos, cuando la controladora quejosa permanece voluntariamente en el régimen de consolidación fiscal, una vez transcurrido el periodo obligatorio de cinco ejercicios fiscales, pero no es aplicable cuando se impugnan exclusivamente las reformas al artículo 57-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la actualización de los conceptos especiales de consolidación y de las pérdidas fiscales, para efectos de determinar el impuesto que deriva de la desincorporación de una de las empresas controladas, pues en este caso no puede haber consentimiento respecto de la aplicación de esa norma en particular, porque el supuesto a que alude se refiere a la separación de una empresa controlada, y no tiene que ver con la permanencia voluntaria de la controladora en el régimen de consolidación fiscal. Amparo en revisión 410/2001. Bebidas Peninsulares, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya. 699 No. Registro: 183,162. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003. Tesis: 2a. CXIV/2003. Página: 51. AGRAVIOS INATENDIBLES. SON LOS QUE PROPONEN QUE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES VIOLATORIO DE OTRO. Son inatendibles los agravios en los que se argumenta que la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 698

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proscribe la estabilidad en el empleo de los servidores públicos de confianza, viola la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 de la propia Constitución. Ello es así porque una norma constitucional no puede ser violatoria de otra, pues implica contraponer dos preceptos constitucionales, lo que es jurídicamente inaceptable, pues ambos tienen igual jerarquía. Amparo directo en revisión 813/2003. Arturo Eduardo Cervantes y Cervantes. 8 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

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EL ESTRICTO DERECHO EN EL JUICIO DE AMPARO Conforme a lo expuesto el estricto derecho nació con los artículos 767 y 759 del Código Federal de Procedimientos Civiles expedido por el General Porfirio Díaz, el 26 de diciembre de 1908, pues a pesar de que este régimen dictatorial fue derrocado por la Revolución de 1910, que culminó con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el nuevo régimen siguió con las leyes del antiguo; y con base en preceptos que no tenían validez en la nueva Ley Fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó la materia civil como de estricto derecho, a pesar de que conforme a la Carta Magna de 1917, la materia de estricto derecho era la penal, y en relación con la autoridad, no con el particular, es decir, la materia donde la autoridad debe actuar con estricto apego a derecho es en la materia penal. A pesar de que los preceptos legales en los que se basó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para calificar el amparo civil como de estricto derecho no tenían validez conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el más Alto Tribunal con base en tal principio consideró que correspondía al quejoso demostrar que el acto reclamado viola garantías individuales, en lugar de que la autoridad demostrara que su acto es constitucional. Conforme a la Constitución el objeto del juicio de amparo nunca fue la constitucionalidad, sino que los actos de autoridad no violaran garantías.

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Con base en este cambio del objeto de estudio en el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró una técnica jurídica procesal para tramitar el juicio de garantías y un amplio repertorio de calificativos para los conceptos de violación y para los agravios. Dicha Corte jamás estableció los requisitos que debía reunir un acto de autoridad para no ser violatorio de garantías, ni cuáles son los derechos fundamentales que deben respetar las autoridades. Por el contrario, elaboró un amplio repertorio de requisitos que necesitan satisfacer los quejosos que consideran que los actos de autoridad violan sus derechos humanos, a fin de que los tribunales federales, que tienen la obligación de defender las garantías individuales de la población, realicen su trabajo. Las razones para calificar los conceptos de violación y los agravios de inoperantes, inatendibles, improcedentes, ineficaces, insuficientes, etcétera, no han variado a lo largo del siglo XX. No importó que la Constitución fuera reformada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservó sus criterios y en la actualidad los explica por medio de argumentos. Este es el estado actual de la justicia mexicana. Después de describir los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante todo el siglo XX y al inicio del siglo XXI, entiendo por qué la administración de justicia mexicana es criticada tan acremente internacionalmente, pues en lugar de tener un tribunal que defienda las garantías individuales, tenemos una Corte que pone trabas para que los ciudadanos impugnen los actos de autoridad, con el fin de defender la constitucionalidad, explicándole al pueblo los motivos por lo cuales no puede analizar las violaciones que alegan los ciudadanos, limitándose a calificar los conceptos de violación o los agravios, de inoperantes, inatendibles, improcedentes, ineficaces, insuficientes, etcétera. 334


El derecho mexicano resulta incomprensible para cualquier persona que no memorizó el Principio de Estricto Derecho, pues sin dicho principio que rige el juicio de amparo, no puede entenderse que en este juicio que pretende proteger los derechos fundamentales del individuo, no se busque la verdad, la legalidad, la constitucionalidad o el respeto irrestricto de las garantías individuales, sino que se exija al quejoso la demostración con razonamientos perfectos de que los actos de autoridad son violatorios de derechos humanos. Tampoco puede entenderse que en algunos casos los órganos que tienen el deber constitucional de que las autoridades no violen garantías analicen si los actos de autoridades infringen derechos fundamentales y en otros, se limiten a decir que el ciudadano común o su abogado formuló conceptos de violación inoperantes, ineficaces, inatendibles, improcedentes, etcétera. Todo debido a una suplencia de la queja a favor de los grupos desprotegidos, que lejos de reportarles un beneficio, muchas veces los perjudica, y lo más importante, permite un sistema de justicia discriminatorio. Los conceptos de “estricto derecho” y de “suplencia de la queja”, así como la calificación de conceptos de violación o agravios, son ideas que necesitan explicarse, pues no forman parte de ningún sistema jurídico. El criterio de analizar únicamente las violaciones que los particulares hagan valer es una constante en todo el siglo XX y lo que va del XXI. No importó que la Constitución fuera reformada; nuestro Máximo Tribunal siguió conservando ese criterio; por eso para lograr una reforma integral y coherente al sistema de justicia mexicano lo único que se necesita es que la Suprema Corte de 335


Justicia de la Nación, varíe sus criterios y acepte su misión constitucional e histórica de ser el baluarte de la defensa de las garantías individuales frente a todos los actos de autoridad. Elabore su jurisprudencia con el fin de que todas las normas; sean de la Constitución o de las leyes o de los reglamentos o de los acuerdos, respeten las garantías individuales.

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LOS PRINCIPIOS SIN FUNDAMENTO DEL JUICIO DE AMPARO

“…cabe señalar que la mayoría de los jueces con que se entrevistó el Relator durante su visita mostraron su descontento por el bajo nivel de las actuaciones de los abogados.

Como generalmente los

jueces también son elegidos de entre los miembros de la profesión, la calidad de la administración de justicia se resiente asimismo de forma negativa.”

Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Dato'Param Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos.

A lo largo del presente ensayo demostré, con las propias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el “Principio de Estricto Derecho” no tiene base constitucional sino que su fundamento es jurisprudencial. También probé que nació por una interpretación alejada del significado de las palabras y que se opone a la garantía de administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora revisaré los otros cuatro Principios Fundamentales del Juicio de Amparo, para demostrar sus incongruencias. Ya no narraré el nacimiento de cada principio, ni su evolución constitucio337


nal, ni las jurisprudencias que existen al respecto. Considero que después de las citadas al analizar el “Principio de Estricto Derecho”, un simple diccionario es suficiente para demostrar la indebida interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los otros cuatro principios. El principio de definitividad del acto reclamado fue definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

Puesto que el amparo es, como anteriormente ha quedado precisado, un juicio extraordinario, resulta obvio que a él pueda acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que hace procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso A) de la fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencia definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, y en la fracción IV en lo referente a la materia administrativa, al establecer, respectivamente, que “el amparo sólo procederá… Contra sentencia definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resul338


tado del fallo…” y que “En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal…”700

El artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.701

Del contenido de este precepto se desprende: 1. Que todas las controversias deben ser resueltas por los tribunales de la Federación. 2. Que la materia de las controversias son leyes o actos de autoridad. 3. Que la causa de la controversia es que vulneren garantías individuales.

700 Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454-451-0. Página 34. 701 Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México, 2004. CD. ISBN 970-712-368-0.

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todo, da. (Del lat. totus). 1. adj. Dicho de una cosa: Que se toma o se comprende enteramente en la entidad o en el número. 2. adj. U. para ponderar el exceso de alguna calidad o circunstancia. Hombre pobre todo es trazas. Este pez todo es espinas. 3. adj. U. para dar al sustantivo al que precede valor de plural. Todo fiel cristiano, equivalente a todos los fieles cristianos. Todo delito, equivalente a todos los delitos. 4. adj. pl. cada (ý ante un nombre numerable). Tiene 1000 pesetas todos los meses; es decir, cada mes. 5. m. Cosa íntegra. 6. m. En el juego del hombre y otros de naipes, condición en que se paga más a quien hace todas las bazas. 7. m. En las charadas, voz que contiene en sí todas las sílabas que se han enunciado. 8. adv. m. enteramente. ante todo. 1. loc. adv. Primera o principalmente. así y todo. 1. loc. conjunt. A pesar de eso, aun siendo así. a todo. 1. loc. adv. Cuanto puede ser en su línea; con el máximo esfuerzo o rendimiento. A todo correr. A toda máquina. A todo color. A todo riesgo. 2. loc. adv. Con obligación de velar por la seguridad de algo, no obstante los inconvenientes o riesgos que puedan ofrecerse en contra. Estar, quedar, salir a todo. a ~ esto, o a ~s estas. 1. locs. advs. Mientras tanto, entre tanto. con todo, con ~ eso, o con ~ esto. 1. locs. conjunts. No obstante, sin embargo. del ~. 1. loc. adv. Entera, absolutamente, sin excepción ni limitación. de todas todas. 1. loc. adv. Con seguridad, irremediablemente. de todo en todo. 1. loc. adv. Entera y absolutamente. en todo y por todo. 1. loc. adv. Entera o absolutamente, o con todas las circunstancias. en un ~. 1. loc. adv. Absoluta y generalmente. jugar, o jugarse, alguien el ~ por el ~. 1. locs. verbs. Aventurarlo todo, o arrostrar gran riesgo para alcanzar algún fin. por todo, o por todas. 1. locs. advs. En suma, en total. Son por todas 825 pesetas. ser alguien el 340


~. 1. loc. verb. Ser la persona más influyente o capaz en un negocio, o de quien principalmente depende su buen éxito. sobre todo. 1. loc. adv. Con especialidad, mayormente, principalmente. todo en gordo. 1. expr. irón. coloq. U. para ponderar lo escaso de una dádiva o la pequeñez de una cosa. todo es uno. 1. expr. irón. U. para indicar que algo es totalmente diverso o impertinente y fuera de propósito para el caso o fin a que se quiere aplicar. todos son unos. 1. expr. coloq. U. para indicar que todos están de acuerdo para algo malo. ~ uno. 1. loc. adj. Dicho del carbón mineral: Que sin lavar ni clasificar se destina al consumo tal como sale de la mina. y todo. 1. loc. adv. Hasta, también, aun, indicando gran encarecimiento. Volcó el carro con mulas y todo. 2. loc. adv. desus. Además, también, indicando mera adición. Si vas tú, iré yo y todo. □ V. arco de todo punto. el perejil de todas las salsas. gente de toda broza. humor de todos los diablos. letanía de todos los santos. perrillo de todas bodas. seda de todo capullo. todo cristo. todo relieve.702

¿En qué parte del precepto transcrito establece que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario? Y ¿En dónde dice que sólo en algunas controversias, no en todas, puede acudirse al juicio de amparo? Establecer que contra un acto de autoridad que vulneró garantías individuales debe agotarse “el recurso previsto por la ley ordinaria”, equivale a que hay actos de autoridad que no están incluidos en la expresión: “toda controversia”. Explico: La Consti-

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Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2001. Vigésima segunda edición. ISBN 84-239-6813-8.

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tución tiene un medio de defensa para que todos los actos de autoridad que vulneren garantías individuales sean revisados por los tribunales federales, pero por el “Principio de Definitividad” sólo algunas controversias sobre actos de autoridad que vulneren garantías individuales son de las que conocerán los tribunales federales. Además, exigir que contra un acto de autoridad que viola garantías individuales, se haga valer un recurso o medio de defensa a fin de generar otro acto de autoridad que también viole garantías, para poder acudir al amparo, atenta contra la garantía individual prevista en el artículo 17 Constitucional. Dicho precepto establece:

Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

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Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.703

La garantía transcrita establece que los tribunales estarán expeditos. “expedito, ta. (Del lat. expedītus). 1. adj. Desembarazado, libre de todo estorbo. 2. adj. Pronto a obrar.”704 El hecho de que los tribunales federales exijan que para conocer de una controversia contra un acto de autoridad que viola garantías individuales se necesite agotar los recursos previsto en las leyes ordinarias que puedan revocar, anular o modificar el acto violatorio de garantías, hace que no estén expeditos para administrar justicia, ya que tienen estorbos y no están libres para obrar. ¿Cómo se interpretó la expresión “toda controversia” para concluir que el amparo sólo procede contra los actos de autoridad en contra de los cuales se haya agotado el recurso correspondiente? No sé. Lo cierto es que permitir a las autoridades, como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que fijen recursos en leyes o reglamentos es dejar la procedencia del juicio de amparo en manos de los gobernantes que están obligados a respetar las garantías individuales, pues basta con que establezcan recursos que sean necesarios agotar contra sus actos, para que el juicio de garantías se vuelva improcedente.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454-451-0. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2001. Vigésima segunda edición. ISBN 84-239-6813-8.

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Toca el turno al Principio de Relatividad o Fórmula Otero, que fue definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

El principio de relatividad de las sentencias de amparo, llamado también ‘fórmula Otero’ en virtud de que, si bien lo esbozó la Constitución Yucateca de 1840, fue don Mariano Otero quien lo delineó más explícitamente hasta dejarlo en los términos que consagró la Carta Magna, ha hecho sobrevivir el juicio de amparo en atención a que por su alcance ha evitado que los poderes Ejecutivo y Legislativo [que violan derechos humanos] se resientan de la tutela [evitar que se violen garantías individuales] que, de no existir dicho principio, significaría la actuación del Poder Judicial de la Federación. En efecto, recogiendo la ‘fórmula’ de referencia, el artículo 107 constitucional previene, en su fracción II, que ‘La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare’, prevención que en otras palabras reproduce el artículo 76 de la Ley de Amparo al establecer, en su primer párrafo, que ‘las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales, que los hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare’. 344


El principio que se examina constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal solicitada, al quejoso, de manera que quien no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia; es decir, que quien no haya acudido al juicio de garantías, ni, por lo mismo, haya sido amparado contra determinados ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dichos ley o acto hayan sido estimados contrarios a la Carta Magna en el juicio en el que aquél no fue parte quejosa. La regla en cuestión es ampliada en relación con las autoridades, pues solamente respecto de aquellas que concretamente hayan sido llamadas al juicio con el carácter de responsables surte efectos la sentencia, por lo que únicamente ellas tiene el deber de obedecerla. Sin embargo, esta ampliación no opera cuando se trata de autoridades ejecutoras, pues éstas están obligadas a acatar tal sentencia si por virtud de sus funciones tienen que intervenir en la ejecución del acto contra el cual se haya amparado, ya que sería ilógico, y la sentencia carecería de eficacia, que se otorgara la protección de la justicia federal contra la autoridad ordenadora, y, por consiguiente, que ésta debiera destruir la orden a ella imputada, en tanto que la ejecutora estuviera legalmente en aptitud de ejecutar dicha orden nada más porque no fue llamada al juicio y, consiguientemente, no se amparó al quejoso en relación con ella y con el mencionado acto de ejecución, no obstante que éste padeciera, obviamente, los

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mismos vicios de inconstitucionalidad que la orden de la cual deriva. Existe fuerte corriente de opinión, manifestada en la consulta popular a que convocó la Procuraduría General de la República con el propósito de revisar y reformar la legislación federal con el fin de adecuarla a las actuales necesidades, en el sentido de que se revise la fórmula Otero y se establezca, por el contrario, que cuando la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la República declare la inconstitucionalidad de determinado precepto de la ley ordinaria, tal precepto pierda su vigencia. Pero mientras tal corriente no sea acogida por el Poder Constituyente y convertida en disposición constitucional, el principio de relatividad conservará su vigencia, sin excepciones.705

De la transcripción anterior deduzco que la famosa fórmula Otero sólo implica que la sentencia es una norma individualizada, ya que únicamente se ocupa de individuos en lo particular y no debe “hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”. Este “Principio de Relatividad” no implica que existan autoridades por encima de la Constitución, ¿o sí? Veamos, ¿qué pasa en los poquísimos casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de una ley? La sentencia se notifica a las autoridades responsables como son el Congreso de la Unión que expidió la ley y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que la promulgó y ordenó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Estas autoridades no hace

705 Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454-451-0. Páginas 33 y 34.

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nada, archivan la sentencia en… realmente no sé donde las archiven, pero lo que sí sé es que esta sentencia que declaró que la ley es violatoria de garantías no puede ejecutarse en virtud de la fórmula Otero. En la Constitución o en la Ley de Amparo, ¿existe algún artículo que establezca que la sentencia que declara una ley violatoria de garantías no admite ejecución? No, pero los tribunales federales se escudan en el “Principio de Relatividad” para sostener que carecen facultades para exigir al Congreso de la Unión y al Presidente que cumplimenten una sentencia de amparo. La verdad no existe fundamento que impida a los tribunales federales obligar al Poder legislativo que emita un decreto, en cumplimiento de la sentencia, estableciendo que en virtud de que la ley fue declarada violatoria de garantías no debe aplicarse al quejoso. De la misma manera al Presidente de la República se le debe exigir que en cumplimiento de la sentencia de amparo promulgue el decreto y ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera, todas las autoridades ejecutoras quedarían informadas que al quejoso no debe aplicársele la ley por esta bajo el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Pondré un ejemplo con el fin de clarificar las implicaciones del “Principio de Relatividad” y la incorrecta aplicación del principio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 101 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece: “ARTÍCULO 101.- La Procuraduría rechazará de oficio las reclamaciones notoriamente improcedentes.”706

706 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compila XII. Legislación Federal y del Distrito Federal. México, marzo 2006. CD. ISBN 970712-581-0.

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Con fundamento en este artículo la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación en el estado de Aguascalientes desecha la queja que presenté porque omití un requisito previsto en la ley. Contra este acto promuevo juicio de amparo donde tengo que señalar como autoridades responsables: al Congreso de la Unión que expidió la ley, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que promulgó y ordenó su publicación, al secretario de gobernación que refrendó el decreto de promulgación y publicación, al director del Diario Oficial de la Federación, al delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Aguascalientes y al conciliador que dictó lo resolución. El juez de distrito declara la inconstitucionalidad del artículo porque permite a la autoridad desechar las quejas sin prevenir al consumidor para que subsane las deficiencias, lo que implica una denegación de justicia. Por tanto, tal precepto viola el artículo 17 Constitucional. Una vez que es notificada la sentencia a todas las autoridades responsables, únicamente el delegado de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Aguascalientes y el conciliador que emitió el acto reclamado cumplimentarán la sentencia. El juez de distrito no exigirá cumplimiento de la sentencia al Congreso de la Unión que expidió la ley, ni al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ni al secretario de gobernación ni al director del Diario Oficial de la Federación, puesto que no tienen nada que cumplimentar en virtud de que, por lo fórmula Otero, la ley seguirá vigente. Después de haber obtenido el amparo y protección de la justicia federal en contra del artículo 101 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; por lo que tal precepto ya no debe aplicárseme jamás, comparezco ante la delegación de la Procuraduría Federal de Consumidor en Chiapas y presentó otra queja que me 348


vuelven a desechar con fundamento en el artículo 101 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque faltan requisitos. ¿Qué hago? ¿Ir con el delegado a enseñarle la sentencia que declara la inconstitucionalidad del artículo? ¿Promover una queja o un incidente de repetición de acto reclamado ante el juzgado de Aguascalientes en contra de una autoridad que está en Chiapas? ¿Promover queja o incidente de repetición de acto reclamado ante el juzgado de distrito en Chiapas por un amparo que se tramitó en Aguascalientes? ¿Promover un nuevo amparo? En el estado en que está el juicio de amparo, mejor vuelvo a presentar mi queja ante la Procuraduría Federal de Consumidor y me olvido de defender mis garantías contra las autoridades arbitrarias de mi país. Todo porque los tribunales federales aplican la relatividad de la sentencia en el sentido de no molestar a las autoridades que emitieron la ley, que la promulgaron y que la publicaron. ¿Es contrario a la fórmula Otero que el juez de distrito exigiera al Director de Diario Oficial de la Federación que publicara un extracto de la sentencia? ¿El principio de relatividad implica que al Presidente no deba exigirle que haga pública la sentencia? ¿El Congreso de la Unión que violó la constitución al expedir una ley violatoria de garantías no está obligado a reparar tal violación? Bastaría con que el juez de distrito ordenara al director del Diario Oficial de la Federación, que es una autoridad ejecutora, que publicara un extracto de la sentencia para que ninguna autoridad me volviera a aplicar el artículo declarado inconstitucional. En caso de que se negara, el Presidente de los Estados Unidos 349


Mexicanos está obligado, en virtud de una sentencia de amparo, a ordenar la publicación. Hasta este momento no advierto que esta manera de actuar esté en contraposición con la fórmula Otero. Tampoco infringiría la relatividad de la sentencia, si el Congreso de la Unión emitiera un decreto, en cumplimiento de una sentencia de amparo, declarando que a “fulano de tal” el artículo 101 de la Ley Federal de Protección al Consumidor no debe aplicársele porque esta persona está bajo el amparo y protección de la justicia federal. De lo expuesto, puedo concluir que existe otra indebida interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la fórmula Otero. El cuarto principio sin fundamento del juicio de amparo que analizaré, fue definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

El principio de la existencia del agravio personal y directo también se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional, y 4º. De la Ley de Amparo, que, como se ha visto, respectivamente estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de ‘parte agraviada’ y que únicamente puede promoverse por la parte ‘a quien perjudique el acto o la ley que se reclama’. Ahora bien, por “agravio” debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su de350


trimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Y ese agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo ‘directo’ del agravio). Los actos simplemente ‘probables’ no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza (tesis jurisprudencial 74, página 123 del último Apéndice). Este principio no tiene excepciones.707

La pregunta principal que me hago es: ¿Cómo la expresión “parte agraviada” se transformó en “agravio personal y directo”?

“agraviado, da. (Del part. de agraviar). adj. desus. agravioso.” “agravioso, sa. adj. desus. Que implica o causa agravio.” agravio. (De agraviar). m. Ofensa que se hace a alguien en su honra o fama con algún dicho o hecho. || 2. Hecho o dicho con que se hace esta ofensa. || 3. Ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses. || 4. Humillación, menosprecio o aprecio insuficiente. || ~ com-

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parativo. m. Trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación. || deshacer ~s. fr. Tomar satisfacción de ellos. V. deshacedor de ~s. agraviar. (Del lat. vulg. *aggraviare). tr. Hacer agravio. || 2. p. us. Rendir, agravar, apesadumbrar. || 3. desus. Gravar con tributos. || 4. desus. Presentar como extremadamente grave algo. || 5. desus. Hacer más grave un delito o pena. || 6. prnl. Ofenderse o mostrarse resentido por algún agravio. ||7. desus. Dicho de una enfermedad: agravarse. ¶ MORF. conjug. actual c. anunciar.708

Agraviada o agraviado, agravioso o agraviosa, son el participio del verbo agraviar, lo que implica que esta palabra designa qué o quién recibe la acción de agraviar. Este verbo significa hacer agravio; este sustantivo designa la ofensa el perjuicio que se hace a alguien en su honra, fama, derechos o intereses. ¿De dónde surge que el agravio deba ser material o apreciable objetivamente? La honra, la fama, los derechos y los intereses son subjetivos De la definición deduzco que sólo las personas pueden ser agraviadas, ya que las cosas o los animales, no pueden sufrir agravio. Por tanto, decir que el agravio debe ser personal es un pleonasmo, ya que no existen los agravios impersonales.

707 708

op. cit. 32 y 33. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2001. Vigésima segunda edición. ISBN 84-239-6813-8.

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personal. (Del lat. personlis). adj. Perteneciente o relativo a la persona. || 2. Propio o particular de ella. || 3. m. Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc. || 4. Capítulo de las cuentas de ciertas oficinas, en que se consigna el gasto del personal de ellas. || 5. Conjunto de personas, gente. || 6. f. Dep. En baloncesto, falta que comete un jugador al tocar o empujar a otro del equipo contrario para impedir una jugada. V. alusión ~, carga ~, cédula ~, computadora ~, computador ~, defensa ~, derecho ~, ecuación ~, estatuto ~, forma no ~, forma ~, ordenador ~, prestación ~, privilegio ~, pronombre ~, señas ~es.709

El hecho de que el agravio tenga que ser personal, como dice la Corte, semánticamente no nos dice nada. En cuanto al adjetivo directo.

directo, ta. (Del lat. directus, part. pas. de dirigre, dirigir). adj. Derecho o en línea recta. || 2. Que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. || 3. Que se encamina derechamente a una mira u objeto. || en directo. loc. adj. Dicho de un programa de radio o de televisión: Que se emite a la vez que se realiza. U. t. c. loc. adv. V. acción ~, anteojo ~, complemento ~, contribución ~, discado ~, dominio ~, espectroscopio de visión ~, impuesto ~, línea ~, movimiento ~, objeto ~, rayo ~, tiro ~, traducción.710

709 710

op. cit. op. cit.

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Con base en la anterior definición, agravio directo será la ofensa o perjuicio, humillación o menosprecio de la honra, fama, derechos o intereses hechos en ¿línea recta?, ¿sin detenerse en los puntos intermedios? o ¿encaminado derechamente? El significado de esta palabra no guarda ninguna relación con el concepto que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso es útil para desechar demandas que “no afectan el interés jurídico de la parte quejosa”, ya que el agravio debe ser “personal y directo”. Finalmente, el quinto principio sin fundamento del juicio de amparo, fe definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como:

El principio de iniciativa o instancia de parte, enunciado vagamente, por don Manuel Crescencio Rejón, hace que el juicio jamás pueda operar oficiosamente y, por lo mismo, que para que nazca sea indispensable que lo promueva alguien, principio que resulta obvio si se tiene en cuenta que el procedimiento de control, como juicio que es, sólo puede surgir a la vida jurídica por el ejercicio de la acción, que en el caso es la acción constitucional del gobernado, que ataca al acto autoritario que considera lesivo a sus derechos. El artículo 4º. de la Ley de la Materia categóricamente estatuye que “El juicio de amparo únicamente puede promoverse (lo que significa que no opera de manera oficiosa) por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una acto que corresponda a una causa criminal, o por medio 354


de algún pariente o persona extraña en los casos que esta ley lo permita (como ocurre cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, en que, si el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el juicio, ‘podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad’, según prevención del artículo 17 de la misma ley)”. Este principio, consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna, que expresa que “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada”, no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Y, si el acto autoritario por impugnar es de orden civil o administrativo, no basta con la iniciativa o instancia formulada por el promovente del juicio para que necesariamente éste prosiga hasta concluir con el pronunciamiento de la sentencia relativa, sino que se requiere, además, que el quejoso impulse periódicamente el procedimiento para impedir que se produzca un plaso de inactividad procesal de trescientos días y que, como consecuencia, se decrete el sobreseimiento previsto en la facción (sic) V del artículo 74 de la Ley de Amparo. Según don Niceto Alcalá Zamora todo juicio está animado por la energía de la acción o vibración continuada, y esta apreciación se hace realidad en los juicio de referencia, lo mismo en aquellos de índole laboral en que su promovente es el patrón.711

711 Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454-451-0. Páginas 32 y 33.

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De la transcripción anterior deduzco que la expresión “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte” ha tenido una amplia interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me pregunto: ¿El artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la inviolabilidad de la Carta Magna, permite que la defensa constitucional esté a cargo de la persona a quien perjudique el acto? Dicho artículo a la letra dice:

Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.712

Pienso que la acción para defenderse de los actos de autoridad por medio del juicio de amparo corresponde a todos los mexicanos que nos sintamos agraviados con la actuación de los gobernantes y no únicamente de las personas que resientan el perjuicio, ya que todos estamos obligados a vigilar que los mandatarios

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que están al frente de los órganos del Estado respeten los derechos humanos o garantías individuales. Hasta aquí expuse la manera en que se desarrollaron los principios del juicio de amparo en el siglo XX, para el siglo XXI la administración de justicia en México enfrenta un nuevo error epistemológico al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está para vigilar la constitucionalidad, es decir, para defender las órdenes de las autoridades contenidas en las normas; en lugar de reconocer que su obligación es defender al pueblo en contra de los actos de autoridades que violen sus derechos humanos. Entre los actos de autoridad que pueden vulnerar garantías y de los cuales deben defendernos los tribunales federales están las normas tanto constitucionales, como legales y reglamentarias que dictan nuestras autoridades y en virtud de las cuales nuestros derechos son sobajados por cualquier empleado de gobierno.

712 Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México, 2004. CD. ISBN 970-712-368-0.

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ANEXO 1

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Anexo 2

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BIBLIOGRAFÍA De Olive, Pedro M., Diccionario de sinónimos de la lengua castellana. Librería de A. Bouret É Hijo. París 1875.

Fix-Zamudio, Héctor. Ensayos Sobre el Derecho de Amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1ª. Edición. México 1993. ISBN 968-36-28895.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación. Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de Debates II. México 1960. ISBN 968-805-3481.

Marroquín Zaleta, Jaime Manuel. "Técnica para la Elaboración de una Sentencia de Amparo Directo". Editorial Porrúa. 1ª. Edición. México 1998. ISBN 970-07-1463-2.

Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Documentación y Análisis. Dirección de Investigación y Automatización Legislativa. Historia legislativa y parlamentaria. México. ISBN 968.5153-11-6.

425


Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. IUS 2003. México. ISBN 970-712-323-0.



Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. IUS 2006. Primer semestre. México. ISBN 970-712-6167.

Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. IUS 2006. Segundo semestre. México. ISBN 970-712740-6.

Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México, 2003. ISBN 970-712-309-5.

Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México, 2004. ISBN 970-712-368-0. 426


Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación épocas. México, 1996.

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Espasa Calpe. España 1994. 21ª edición. ISBN 84-329-9200-4.

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 2001. Vigésima segunda edición. ISBN 84-239-6813-8.

Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Edición revisada por las Academias de la Lengua Española. Espasa. España 1999. ISBN 84-329-9250-0.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compila XII. Legislación Federal y del Distrito Federal. México, marzo 2006. CD. ISBN 970-712-581-0.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia constitucional del amparo mexicano. México 2000. 1ª edición. ISBN -9685153-69-8.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Manual del Juicio de Amparo". Editorial Themis. S.A. de C.V. 2ª. Edición Actualizada. Cuarta reimpresión. México, Distrito Federal 1996. ISBN 968-454451-0.

Sitio web consultados www.scjn.gob.mx

www.rae.es

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 7 EXPLICACIÓN DEL MÉTODO: ................................................................ 11 ¿QUÉ ES EL ESTRICTO DERECHO?....................................................13 EL PARTO DEL ESTRICTO DERECHO................................................ 27 CONSECUENCIAS DEL ESTRICTO DERECHO (QUINTA ÉPOCA) 45 EL ENCUBRIMIENTO CONSTITUCIONAL: LA SUPLENCIA DE LA QUEJA (SEXTA ÉPOCA) ............................................................................91 DEL FUNDAMENTO AL ARGUMENTO (SÉPTIMA ÉPOCA) ........... 131 DE LA CONSTITUCIONALIDAD A LA LEGALIDAD (OCTAVA ÉPOCA) ......................................................................................................... 197 LOS ARGUMENTOS DEL ESTRICTO DERECHO (NOVENA ÉPOCA) .........................................................................................................243 EL ESTRICTO DERECHO EN EL JUICIO DE AMPARO.................333 LOS PRINCIPIOS SIN FUNDAMENTO DEL JUICIO DE AMPARO ........................................................................................................................337 ANEXO 1 ......................................................................................................359 ANEXO 2 ......................................................................................................363 ANEXO 3 ...................................................................................................... 371 ANEXO 4 ......................................................................................................375 ANEXO 5 ......................................................................................................379 ANEXO 6 ......................................................................................................387 429


ANEXO 7 ..................................................................................................... 393 ANEXO 8 ..................................................................................................... 407 ANEXO 9 ..................................................................................................... 413 ANEXO 10 ................................................................................................... 421 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 425 ÍNDICE ......................................................................................................... 429

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Los Principios Sin Fundamento Del Juicio De Amparo (Las jurisprudencias que deniegan justicia)

La justicia de los inocentes

La Justicia De Los Inocentes

La justicia de los vencedores

La proposicion del fundamento

Crîtica del juicio

El dia del juicio

Las Energias Que Usan Los Discipulos

Los 10 Principios De La Felicidad

Principios Del Comunismo

Principios del Conocimiento Humano

Principios Del Conocimiento Humano

La Justicia del Visir

La Vispera Del Juicio

Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia

La justicia de Selb

Fundamento De Politica

El Libro del Día del Juicio Final

Las Muertes De Los Pendragon

Los Niños De Las Estrellas

Los Reyes de las Estrellas

Los Textos De Las Piramides

Los Reyes de las Estrellas

Las Hijas De Los Faraones

Los Reyes De Las Estrellas

Las Viudas De Los Jueves

Las joyas de los Romanoff

Las Cartas De Los Mahatmas

Las Guerras de los Judios

Las mascaras de los illuminati

J de juicio

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Principios del Conocimiento Humano

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Las mascaras de los illuminati

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