Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? (vol. 2)

Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?

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Autores por ProFis: Compiladores: Ernesto Kiza Angelika Rettberg

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Autores: Andrés Casas Paula Gaviria Leonardo González Perafán Evelio Henao Germán Herrera Toloza Florian Huber Ernesto Kiza Iris Marín Tathiana Montaña Mestizo Jorge Parra Juan Diego Prieto Angelika Rettberg

Por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, representado por la Embajada alemana en Bogotá, en el marco de su política exterior, el proyecto de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ProFis, apoya desde febrero de 2008 a instituciones del Estado, en especial a los organismos judiciales para la efectiva aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). El proyecto ProFis asesora en temas jurídicos tales como la unificación de criterios de aplicación de la Ley, construcción de la memoria histórica y adecuación a los estándares internacionales necesarios. Adicionalmente acompaña los procesos operativos necesarios para la implementación de técnicas y procesos de investigación e identificación de restos. ProFis concentra principalmente su asesoría en la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad Nacional de Justicia y Paz, y de otro lado en los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia.

Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?

Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integridad

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperación Técnica Alemana ProFis Carrera 13 N° 97-51, oficina 302 Bogotá D.C., Colombia T. (+57) (+1) 636 1114 F. (+57) (+1) 635 1552 www.profis.com.co

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Publicado por: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperación Técnica Alemana ProFis Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad Autores por ProFis Compiladores: Ernesto Kiza Angelika Rettberg Autores: Andrés Casas Paula Gaviria Leonardo González Perafán Evelio Henao Germán Herrera Toloza Florian Huber Ernesto Kiza Iris Marín Tathiana Montaña Mestizo Jorge Parra Juan Diego Prieto Angelika Rettberg Traducción: Jan Paul Castellanos Corrección de texto y estilo: Ma. Gladys Álvarez G. Diseño de portada: Mónica Cárdenas Diagramación: Diana Guayara V. Fotomecánica e impresión: Alvi Impresores Ltda. Primera edición Bogotá, 2010 Impreso en Colombia / Printed in Colombia ISBN 978-958-XXXXXXXX Todos los derechos reservados. Esta publicación no pueder ser reproducida total o parcialmente, ni registrada en, o reproducida por un sistema de recuperación de información, en niguna forma o por ningún otro medio, sea mecánico, foto-químico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o por cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de los editores.

Contenido

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Introducción

Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad Ernesto Kiza & Angelika Rettberg

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“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en procesos de Justicia Transicional Ernesto Kiza

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz? Florian Huber

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Nuevos retos para la reparación por vía administrativa Evelio Henao

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas: Complementariedades entre las encuestas de percepciones y opiniones sobre paz, justicia, verdad, reparación y reconciliación en poblaciones urbanas y rurales, de la Fundación Social, y Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?, de Angelika Rettberg Iris Marín Ortiz & Paula Gaviria Betancur

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

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Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad

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Reparación para las víctimas afro colombianas Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

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¿Lo que quieren las víctimas? Andrés Casas-Casas & Germán Herrera Toloza

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Verdad y reparación Jorge Parra

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Los autores

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Introducción1-2 Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas?* Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad Ernesto Kiza & Angelika Rettberg

A raíz del conflicto armado más prolongado del continente americano desde la Segunda Guerra Mundial, el 10% de los ciudadanos colombianos han sido desplazados internamente3. Según Amnistía Internacional cerca de 70.000 personas han sido asesinadas sólo en los últimos 20 años (Laplante/Theidon, 2007: 56). Miles de personas más fueron víctimas de desapariciones forzadas, secuestros, torturas y reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Lo más sorprendente de todo es que la gran mayoría de víctimas de la guerra han sido y son civiles desarmados (ibíd.) que han soportado la pobreza histórica y la precariedad económica4, como lo demuestran estudios recientes (Rettberg, 2008; Fundación Social, 2009). Se sabe que

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Traducido por Jan Castellanos. En la traducción se conservaron los títulos originales de los artículos citados y las referencias bibliográficas en sus idiomas originales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que en la actualidad la cifra aproximada de desplazados internos es de 3 millones, de los cuales 300.000 corresponden a desplazados forzados por año durante los años 2007 y 2008 (ACNUR, 2010). Para un breve pero muy buen resumen de la historia del conflicto ver, por ejemplo, Laplante/Theidon, 2007, 53. Para un análisis interesante del conflicto desde una perspectiva político-económica, ver Azzellini (2003).

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todos los grupos armados involucrados (las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha y las fuerzas oficiales) han cometido graves violaciones a los derechos humanos. En medio de esta continua crisis los gobiernos posteriores al de Belisario Betancur (1982-1986) se han esforzado por restablecer la paz5. Algunos procesos fueron satisfactorios, pues produjeron la desmovilización de varios grupos insurgentes, mientras que otros, principalmente con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), fracasaron. Algunos de estos procesos incluyeron amnistías e indultos por parte del Gobierno. De manera progresiva se introdujeron elementos incipientes de justicia transicional o búsqueda de la verdad. Hasta el año 2002, con la promulgación de la Ley 782, se intentó por primera vez llevar a cabo un proceso de paz con los grupos paramilitares que no estaban implicados en la violación manifiesta de derechos humanos (Restrepo, próximo a publicarse). Teniendo en cuenta estos antecedentes, la creación e implementación de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, es un hito en el contexto de un proceso de desmovilización masiva de grupos paramilitares de derecha. Esta ley constituye el primer gran esfuerzo para resolver la crisis, al menos en parte, mediante la aplicación de una amplia gama de mecanismos de justicia transicional, incluidas la justicia penal (aunque sea una “versión indulgente” con penas reducidas), la reparación de víctimas, las campañas de desmovilización masiva y la búsqueda de la verdad. Hablando estrictamente, el total de víctimas asciende a más de 3 millones si incluimos a todos los desplazados internos. Este programa afronta retos enormes debido a múltiples factores. En primer lugar, la justicia transicional en Colombia se desarrolla en medio de un conflicto armado. No todas las partes involucradas se han desmovilizado, de hecho, por lo menos dos mantienen combates activos. Por esta razón, las víctimas pueden sentirse intimidadas por la actividad continua de los actores armados. Además, el número total de combatientes desmovilizados (más de 50.000) y víctimas registradas (cerca de 300.000) plantea dificultades de diversa naturaleza: política, social, e incluso fiscal. La capacidad del Estado colombiano algunas veces es insuficiente para satisfacer las necesidades de

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Para una reseña histórica sobre los procesos de paz en Colombia, ver Nasi, Carlo (2008). Cuando callan los fusiles. Bogotá: Editorial Norma, y Villarraga, Álvaro (comp.). Memoria de los Procesos de Paz en Colombia 1982-2002. 5 vol., Bogotá: Fundación Cultura Democrática.

Introducción

los distintos grupos, desde su infraestructura judicial hasta su capacidad para proporcionar medios de reinserción a la vida productiva y supervisar los procesos locales en los cuales las víctimas y los perpetradores conviven en las mismas comunidades. Lo anterior se presenta en un contexto en el que las diferentes partes han aumentado su capacidad de movilización política para exigir soluciones rápidas a sus problemas. A pesar de los retos que plantea el programa de justicia y paz, es una oportunidad extraordinaria que Colombia tiene para aproximarse al establecimiento de responsabilidades en este conflicto extendido por décadas, al reconocimiento de varias formas de victimización y, con el tiempo, a alguna forma de reconciliación social. Las leyes de reparación en Colombia están estrechamente ligadas a los instrumentos internacionales elaborados hasta ahora, están compuestas por intrincadas estructuras organizacionales y una infraestructura que, a pesar de ser considerable, aún es deficiente6. La magnitud y densidad institucional del proceso reflejan el cambio que se está llevando a cabo en los paradigmas internacionales con respecto a los esfuerzos de la justicia posterior a los conflictos, concretamente la adopción de medidas centradas más en las víctimas que en los victimarios en el marco de la justicia penal internacional (ICrimJ, por su sigla en inglés)7. Teniendo en cuenta que la justicia penal internacional aún es muy reciente y, por consiguiente, cambia a medida que los casos se desarrollan, seguramente el caso colombiano aportará muchos elementos a este proceso continuo. A fin de analizar los múltiples desafíos desde el enfoque específico de la viabilidad, alcance e implicaciones de la reparación de víctimas, el programa Profis financiado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ, para apoyar la Ley de Justicia y Paz, organizó un congreso en Bogotá (Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad), en mayo de 2009. Este libro incluye algunas de las principales ponencias presentadas en dicho congreso8. Además, la publicación trasciende este evento en particular recurriendo a varios encuentros, debates, talleres, presentaciones y conferencias sobre la reparación de víctimas en Colombia, enmarcada en la Ley de Justicia y Paz. El libro incluye los puntos de vista de

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Más adelante se tratarán estos problemas en particular. Para un resumen, ver por ejemplo Findlay (2009). Ver el programa completo en el Anexo I.

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representantes del Estado, organizaciones de derechos humanos y destacados académicos colombianos. La pregunta que tratamos de responder, sustentada por investigaciones nacionales9 e incluida en una perspectiva comparativa internacional10, no es sólo qué quieren las víctimas, sino también cómo diferentes organizaciones interpretan y se ocupan de estas necesidades y expectativas, y cómo las respuestas varían en diferentes contextos regionales y locales. Si bien esta pregunta es analizada más a fondo desde la perspectiva colombiana, es claro que la dimensión internacional también es importante. En suma, este libro tiene el objetivo ambicioso de brindar un enfoque bien informado y contemporáneo de los deseos y aspiraciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y de la situación actual del proceso de reparaciones. Además, incluye los logros y deficiencias del proceso en el debate que se está llevando a cabo dentro y fuera del país11.

1. La organización del libro Esta publicación aborda cuatro dimensiones del debate actual sobre la reparación en Colombia. Incluye información y conclusiones científicas muy valiosas sobre la normativa y las variables políticas del modelo de reparación, y contiene información empírica importante sobre las actitudes y opiniones de las víctimas de la guerra, así como sobre el estado actual del modelo de reparación mismo. 1.1 La dimensión internacional En primer lugar, se aborda la dimensión internacional con el fin de brindar una visión amplia sobre la reparación de víctimas de violación de derechos humanos y crímenes internacionales. En el artículo “A wound does not heal without ointment” - Mass Reparations in the Transitional Justice Process [“Una herida no se cura sin tratamiento”, reparaciones masivas en el proceso de justicia transicional], Ernesto Kiza proporciona un marco general para entender las múltiples formas adoptadas por los

Rettberg (2008). Kiza et al. (2006). 11 Otro insumo sobre este tema es Orozco (2009). 9

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programas de reparación en diferentes países durante los últimos 20 años, así como las distintas necesidades de las víctimas. Kiza se propone integrar el conocimiento teórico sobre las mejores prácticas, las fallas y logros de los modelos de reparación mismos, con conclusiones empíricas basadas en encuestas hechas a víctimas de la guerra y a la población (Kiza et al., 2006; Rettberg, 2008). Este debate integrador lleva a la conclusión de que la reparación desde el punto de vista de las víctimas es un tema imprescindible en los esfuerzos de la justicia transicional. Es más, demuestra que para las víctimas la reparación está más distante de lo que sugiere la interpretación de la normativa actual. Esta conclusión, corroborada por muchos estudios recientes, constituye una razón de peso a favor de un debate renovado sobre el derecho a la reparación. 1.2 La dimensión nacional En el artículo “¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?”, Florian Huber nos ofrece una visión general de la base normativa del programa de reparaciones en Colombia. Más que una descripción estrictamente legalista de las normas, Huber presenta una serie de conclusiones empíricas muy importantes, fruto de su arduo trabajo en Colombia, como la necesidad de descentralizar el proceso de justicia y paz e incrementar el número de profesionales en el sector judicial que trabaje estos temas. Huber hace varias preguntas cruciales respecto a la eficiencia y efectividad de la implementación del programa de reparación, apoyándose en una descripción muy detallada de los avances, logros y deficiencias de la ley a nivel regional. Lo más significativo de este trabajo es el argumento convincente de que hasta ahora la reparación interrelacionada con las versiones libres (rendición de información sobre crímenes de individuos vinculados al proceso de desmovilización) presenta graves disfuncionalidades. Mientras Huber intenta comprender la iniciativa de reparación desde una perspectiva más amplia, Evelio Henao nos ofrece hechos y conclusiones relacionados con la denominada vía administrativa, un instrumento de reparación individual a gran escala con procedimientos simplificados de aplicación e implementación. En el artículo “Nuevos retos para la reparación por vía administrativa”, plantea una pregunta esencial: ¿Se pueden poner en riesgo la dignidad y los derechos de las víctimas a fin de obtener procedimientos más eficientes? 9

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1.3 La dimensión regional En segundo lugar, después de tratar la dimensión nacional, se presentan las conclusiones empíricas a nivel regional para entender las diferencias regionales entre las posiciones de las víctimas de diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos, su voluntad de participar en el proceso de justicia y paz, y las particularidades regionales relacionadas con asuntos como la reintegración de las víctimas y victimarios a las mismas comunidades. Con este fin, Iris Marín y Paula Gaviria consultaron el impresionante banco de datos de investigación empírica12 recopilados por la Fundación Social, una de las organizaciones sociales colombianas más prestigiosas. Para evaluar la validez de muchas de las hipótesis que predominan en la discusión sobre víctimas y sus necesidades, en el artículo “Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas”, Marín y Gaviria presentan una comparación rigurosa de las principales conclusiones de su investigación con las de Rettberg (2008). Por consiguiente, los lectores obtienen un análisis empírico, detallado y representativo, de los pareceres y posiciones de las víctimas, que ayuda a comprender lo que consideran necesario para alcanzar metas a largo plazo, como la paz social y la superación de las atrocidades del pasado. Pero también lo que necesitan para alcanzar metas muy específicas, como centrar la atención en la población víctima campesina, en la necesidad de la igualdad de derechos para todas las víctimas, en la necesidad de definir una agenda separada que a su vez sea complementaria para las reparaciones y el desarrollo, y en la necesidad de fomentar la búsqueda de la verdad respetando la privacidad de la víctima. Del estudio empírico anterior “¿Qué quieren las víctimas?” (Rettberg, 2008), Angelika Rettberg y Juan Diego Prieto hacen un análisis aún más pormenorizado del problema de la proximidad social entre víctimas y victimarios en el contexto del programa de justicia y paz en Colombia. En el artículo “Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz”, Rettberg y Prieto examinan esta área poco investigada y descubren que la proximidad social no afecta de manera significativa el tipo y la clasificación de las necesidades de reparación. Sin embargo, la proximidad social afecta negativamente

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Para una descripción general de los datos, ver Fundación Social (2008).

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la confianza de las víctimas en los organismos judiciales nacionales. Las víctimas que conviven en proximidad social con victimarios, a menudo pertenecen a organizaciones de víctimas y son menos optimistas con respecto a las posibilidades de paz en el país. Estas conclusiones, en conjunto, anticipan algunas de las complejidades de un eventual proceso que lleve a la reconciliación nacional en Colombia. Más adelante, Tathiana Montaña Mestizo y Leonardo González Perafán se enfocan en el tema de la victimización de afrocolombianos. Como sabemos por otros informes (por ejemplo, Laplante/Theidon, 2007), las minorías son y muchas veces fueron objetivos militares durante el conflicto. En muchos casos, las minorías ya se encontraban en posición vulnerable por su condición de pobreza, y desfavorable respecto a sus derechos políticos. La situación para los afrocolombianos, que suman cerca del 10% de la población, se vio agravada cuando el Estado, empresas multinacionales y la delincuencia organizada, se interesaron en sus tierras. Por lo tanto, un gran número de afrocolombianos ha sufrido el desplazamiento forzado por parte de distintos gestores de violencia y por el Estado colombiano, lo que convierte a la reparación en un asunto fundamental para ellos. El programa actual de justicia transicional en Colombia no establece medidas especiales para esta comunidad. Los autores del artículo “Reparación para las víctimas afro colombianas”, presentan una perspectiva integral de la situación de los afrocolombianos, explican de manera sucinta la compleja situación, y analizan el marco normativo ya existente con relación al derecho a la reparación y a los instrumentos internacionales y nacionales específicos, destinados a proteger las minorías. Los autores integran estos factores y sugieren algunas recomendaciones sobre cómo abordar de manera apropiada este singular aspecto del modelo de reparación en Colombia. 1.4 La dimensión política La decisión de emprender un programa de justicia transicional con recursos intensivos, que incluya un gran número de instrumentos complejos, ocurre en un contexto de complicados procesos de toma de decisiones políticas en diferentes niveles. Los interesados tienen pocas o muchas posibilidades de influir en la política. A pesar de que las víctimas de actos abominables se han empoderado como nunca antes, su capacidad de influir en la toma de decisiones aún es poca, comparada con la de los gobiernos nacionales, las fuerzas militares y las poderosas 11

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fuerzas enemigas. Los siguientes artículos son un paso importante para comprender la naturaleza compleja de estos temas. Andrés Casas y Germán Herrera Toloza presentan una evaluación de la reparación en Colombia basada en la teoría de juegos. En “¿Lo que quieren las víctimas? Paradojas y retos de la tensión entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia”, Casas y Herrera describen la influencia de los actores principales en el terreno de la política con respecto a la creación de medidas de reparación. Después de presentar los lineamientos teóricos preliminares y el modelo de teoría de juegos apropiado, Casas y Herrera explican los resultados del juego aportando material empírico y además categorizando los diferentes niveles de acción. Algunas de las conclusiones sugieren que las víctimas son difíciles de organizar, enfrentan serios problemas de acción colectiva y son extremadamente vulnerables a presiones de actores más poderosos. Por ende, sus aportes a la definición de un marco legal referente a las reparaciones son muy pocos. Las víctimas alimentan la desconfianza con respecto al Estado y a los organismos judiciales a medida que crece la brecha entre las expectativas y la posible reparación. Por su condición vulnerable, las víctimas se exponen a lo que Casas y Herrera llaman “piratería humanitaria”, proceso mediante el cual las víctimas se convierten en un recurso valioso para los actores que compiten por los recursos fiscales y la legitimidad política. Finalmente, Jorge Parra analiza la interrelación entre verdad y reparación. En el artículo “Verdad y reparación”, Parra analiza las diferentes interpretaciones y mecanismos de búsqueda de verdad y construcción de narrativas comunes del pasado calificado de “verdad”. Compara los modelos arriba-abajo, especialmente modelos de justicia retributiva, con la comprensión abajo-arriba de búsqueda de la verdad como la entienden las víctimas. Además, Parra examina el derecho a la verdad, concepto que ha desarrollado un carácter normativo especialmente en América del Sur (en el contexto de las comisiones de la verdad, pero también en el ámbito del trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), mientras que en la esfera internacional este derecho aún es cuestionable. Luego, Parra apoya la puesta en marcha de una comisión de la verdad en Colombia entre las medidas ya implementadas o, por lo menos, previstas por la justicia transicional. Esta propuesta ha recIbído un fuerte apoyo por parte de los estudios previos de los editores de este volumen (Kiza et al., 2006; Rettberg, 2008). 12

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2. En resumen Este libro surge de la necesidad profunda y sentida de no sólo aclarar las difíciles alternativas comprendidas en procesos de reparación y los desafíos que surgen de las particularidades de las poblaciones y necesidades de las víctimas en Colombia, sino también busca promover el debate público en esta materia. Con frecuencia los asuntos que conciernen a las reparaciones sólo se encomiendan a las personas directamente implicadas como víctimas, organizaciones o legisladores, incluidos los defensores más férreos y los opositores más fuertes de este tema. Los artículos que contiene este libro confirman la dificultad palpable de los temas que están en juego en cualquier proceso de justicia transicional, la necesidad, en Colombia, de resolverlos en medio del conflicto en curso y la heterogeneidad, variedad regional y la escala de la población víctima. Los análisis presentan un balance interesante entre el activismo y la academia e invitan a todos a continuar estudiando estos temas en mayor profundidad. La sociedad colombiana y la academia, en términos generales, deberían familiarizarse con los desafíos y las decisiones que están por venir, ya que los temas que se tocan definen la agenda de la política pública y fiscal en los años venideros.

Bibliografía Ambos, Kai et al. (2009). Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España, in Internet, URL (2010): http://www.kas.de/wf/doc/kas_18236-5444-30.pdf Aponte Cardona, Alejandro (2009). “Colombia”, en: Ambos, Kai et al. (eds.). Justicia de Transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España, in Internet, URL (2010): http://www. kas.de/wf/doc/kas_18236-544-4-30.pdf, pp. 235-300. Azzelini, Darío (2003). “Kolumbien-100 Jahre Krieg gegen die Bevölkerung”, in: Ruf, Werner (ed.). Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg. Opladen, pp. 235-264.

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Findlay, Mark (2009). “Activating a Victim Constituency in International Criminal Justice”, in: The International Journal of Transitional Justice. Vol. 3, pp. 183-206. Fundación Social (2009). Los retos de la justicia transicional en colombia. percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regiones. Bogotá. Kiza, Ernesto/Rathgeber, Corene/Rohne, Holger, C. (2006). Victims of War. War Victimization and Victims´ Attitudes towards Addressing Atrocities, Hamburg, in Internet, URL (2010): http://www.his-online.de/Download/ Forschungsberichte/978-3-936096-73-6.pdf Laplante, Lisa J/Theidon, Kimberly (2007). “Transitional Justice in Times of Conflict: Colombia´s Ley De Justicia y Paz”, in: Michigan Journal of International Law. Vol. 28, pp. 49-108. Nasi, Carlo (2008). Cuando callan los fusiles. Bogotá: Editorial Norma. Orozco, Iván (2009). Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Editorial Temis-Universidad de Los Andes. Rettberg, Angelika (2008). Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: Deustche Gesellschaft für Technische Zusaminenarbert (GTZ) GmbH - Universidad de los Andres - Fiscalía General de la Nación - Embajada de la República Federal de Alemania. Ruf, Werner (2003). Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg. Opladen. UNHCR (2010). 2010 UNHCR country operations profileColombia, in Internet, URL (2010):http://www.unhcr.org/ pages/49e492ad6.html

Villarraga, Álvaro (comp.) (2009). Memoria de los Proceso de Paz en Colombia 1982-2002. 5 vols. Bogotá: Fundación Cultura Democrática.

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“Una herida no se cura sin tratamiento”1 Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional2 Ernesto Kiza

Introducción “Una herida no se cura sin tratamiento”, frase sencilla pero sabia de un ciudadano afgano que participó en un gran estudio de población realizado en Afganistán sobre justicia transicional (AIHRC, 2005), resume perfectamente los objetivos de los programas de reparación masiva, consecuencia de cambios en el sistema y/o conflictos armados a gran escala. Considerar importantes las reparaciones puede parecer trivial a primera vista. Sin embargo, hasta hace muy poco investigadores de todo el mundo han comenzado a analizar la naturaleza compleja de las reparaciones y compensaciones como forma de “sanar las heridas psíquicas” de aquéllos que han sufrido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con frecuencia por periodos de tiempo prolongados. A pesar de que los Estados en general se han concientizado de la necesidad de reparar a nivel individual3 per se, lo cual constituye un avance importante, las ventajas y resultados reales de tales modelos nunca se examinaron seriamente con antelación.

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Ciudadano que participó en un estudio de justicia transicional en Baghlan, Afganistán (AIHRC, 2005, 32). En la traducción se conservaron las referencias bibliográficas en sus idiomas originales. La traducción de las citas contenidas en este artículo es del traductor. Opuesto a la práctica bien arraigada de exigir reparaciones del adversario después de terminar la guerra.

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

En casos poco comunes, donde organismos especializados evaluaban las consecuencias y la utilidad del modelo, los estados no acogían las propuestas que les presentaban. En este artículo, se demostrará de manera sucinta que en la mayoría de los casos se crearon programas “improvisados”, más no programas de reparación bien estructurados e integrales, lo que provocó la desilusión de las víctimas. En cuanto a normas internacionales, hace pocos años (en 2005) los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”4, reiteraron el sentido común inherente a la frase del ciudadano afgano, presentada al principio. En ellos se establece que las víctimas de dichas violaciones tienen derecho a una reparación pronta, adecuada y efectiva, que incluya una combinación apropiada de las siguientes medidas: restitución, indemnización por daños, rehabilitación psicológica y médica, y restablecimiento de sus derechos. Además, las medidas que satisfacen a las víctimas, como revelar la verdad, enjuiciar a los perpetradores y detener la violación continua de los derechos humanos, también pueden considerarse medidas que surten un efecto reparador. Las medidas para prevenir la recurrencia de hechos violentos necesitan ir de la mano con las reparaciones a fin de tranquilizar a las víctimas con la garantía de que la reparación no es una falsa promesa o una medida provisional (Magarrell, 2007). Con respecto al programa de justicia y paz en Colombia y el empeño puesto en crear un programa de justicia transicional amplio que incluya un modelo mejorado de reparaciones masivas, parece haberse tenido en cuenta todas estas condiciones previas, al menos en teoría. Por lo tanto, la Ley 975 que instituye la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en Colombia: hace referencia, por un lado, a la necesidad de concebir las reparaciones como parte del proceso de justicia transicional, que incluye

Aprobado y promulgado por la Asamblea General, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005. En Internet, URL (2009): http://www2.ohchr.org/spanish/ law/reparaciones.htm

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además el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de la justicia y las reformas institucionales; y por otro, al necesario balance que debe existir entre las reparaciones materiales y las simbólicas así como entre las reparaciones individuales y colectivas. Así mismo, la CNRR entiende que el concepto de reparación integral supone reconocer las distintas formas de reparación contempladas en la legislación nacional e internacional, especialmente la restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación; la indemnización, que consiste en compensar los perjuicios causados por el delito y que generalmente asume la forma de un pago en dinero como reconocimiento de los daños padecidos y para reparar las pérdidas sufridas; la rehabilitación, que se refiere al cuidado y asistencia profesional que las víctimas requieren para restablecer su integridad legal, física y moral después de la violación cometida en su contra; la satisfacción, consistente en realizar acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad de lo sucedido; y las garantías de no repetición, que hace referencia a aquellas medidas dirigidas a evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de vulneración de su dignidad y la violación de sus derechos humanos (Rettberg, 2008: 20). En lo que se refiere a derechos de las víctimas, estas condiciones previas parecen muy favorables y, a falta de mejores alternativas, fortalecerán sobremanera la práctica poco efectiva del derecho internacional (Magarrell, 2007). En este artículo intentaré condensar al máximo la de por sí amplia temática referente a las reparaciones masivas, temática importante y a la larga compleja. Empiezo con una categorización sistemática o taxonomía de los retos de mayor importancia que deben considerarse y enfrentarse cuando se diseñan programas de reparación masiva. Luego me concentraré en una descripción concisa de los programas de reparación que se llevaron a cabo y los que aún continúan implementándose en el mundo, y me centraré en las buenas y malas prácticas reconocidas por varios investigadores. Este recorrido es una condición previa para comprender la magnitud de las fuerzas sociales, económicas y políticas que intervienen durante el desarrollo de los programas de reparación, cuyo fin es complementar los programas de justicia y paz destinados para la realización y estabilización de las sociedades. 17

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

A continuación, dirijo la atención hacia el conocimiento empírico disponible en la actualidad sobre una pregunta muy evidente: ¿Qué piensan las poblaciones de los estados transicionales y en particular las poblaciones directamente afectadas por los errores del pasado, es decir las víctimas, sobre los programas de reparación? Las reparaciones con frecuencia son concedidas junto con otras medidas de justicia transicional. En su mayoría se conciben de arriba a abajo, en vez de abajo a arriba. Estos programas a menudo presentan deficiencias en su elaboración, a pesar de que se hagan con las mejores intenciones, y no satisfacen las necesidades particulares de quienes deben recuperar su dignidad y recibir reparación. Por lo tanto, el conocimiento empírico, o más bien un enfoque de base, o si prefiere un enfoque democrático, posee todas las características para crear programas de justicia transicional exitosos y adaptados que incluyan reparaciones masivas. Aunque la información básica sobre el tema sigue aumentando, demostraré que incluso con un conocimiento limitado se pueden distinguir los patrones incipientes. Algunos parecen ser de naturaleza universal y transcultural, mientras que otros indican claramente que existen peculiaridades culturales y estructurales que deben tenerse en cuenta.

1. Una taxonomía de las reparaciones masivas Las reparaciones masivas se incorporan con más frecuencia a programas de paz o justicia transicional de mayor alcance. La idea general que subyace en los programas de reparación es indemnizar a un grupo específico de población identificado como víctima de hechos atroces pasados. Primero, hay que distinguir entre reparación –en un sentido más amplio– e indemnización o restitución –en un sentido restringido–. La reparación implica una gran cantidad de aspectos, mientras que la indemnización o restitución es básicamente un concepto más limitado que “calcula” los daños y, en teoría, proporciona una compensación equivalente o por lo menos adecuada5. Desde este punto de vista, la indemnización sólo debería verse como un aspecto de la reparación.

Este concepto se ha extendido ampliamente en el derecho civil. Para una discusión completa de las formas de reparación, ver Magarrell (2007).

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“Reparar” los daños que sufrieron algunos grupos de población está estrechamente interrelacionado con una percepción más amplia de justicia y está intrincadamente interconectado con la posibilidad de que las partes perjudicadas y victimizadas pongan punto final, y a su vez, con la probabilidad de lograr los resultados esperados en un programa de justicia y paz. Las razones pueden parecer obvias, pero en realidad son bastante complejas (Shapland, 1986: 227). Aparte de aliviar las cargas reales causadas por la victimización de grupos sociales específicos, la reparación podría, dependiendo de quién esté obligado a llevarla a cabo, ser satisfactoria si el delincuente “devuelve” lo que la víctima perdió o experimenta dicho estado asumiendo toda la responsabilidad de la experiencia vivida. Además, la reparación comprende la aceptación de la victimización como injusticia y al asumirla así se afirma el victimismo de la persona perjudicada. La segunda función puede realizarse con un amplio conjunto de formas de reparación que pueden ser tanto financieras como simbólicas6. Muchas de las funciones de los mecanismos de reparación se dan de manera no verbal, dependiendo de la aprehensión del receptor. En otras palabras, el mensaje tiene que expresarse en el lenguaje de la víctima si el objetivo es promover funciones reparadoras. Queda claro que esto se torna especialmente relevante cuando participan varias culturas, lo que hace inevitable investigar tanto las necesidades de la víctima, como los medios para lograrlo7. Otra cuestión importante de la cual debe ocuparse un modelo o programa factible de reparación (el término “programa” deberá reservarse para medidas amplias y coordinadas) es el problema de definir quién es considerado víctima y, a su vez, posible beneficiario. He aquí el problema del umbral entre víctima y victimario: Éste es el caso particular de los combatientes: ¿Tienen derecho a adquirir la condición de víctima a pesar de que han cometido atrocidades sólo si más tarde son capturados y torturados mientras están detenidos?

Un buen ejemplo es el mecanismo de resolución de conflicto tradicional sulha, que incluye medios tanto materiales como inmateriales de restitución, ambos enraizados profundamente en la cultura árabe. Véase Rohne (2004 and 2006c).

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“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

Muchos de los que cometieron crímenes durante la guerra reclamarán la condición de víctima, puesto que sufrieron daños físicos y psicológicos. No obstante, no es claro, incluso bajo la restringida definición jurídica de víctima, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, si estas peticiones pueden ser aceptadas cuando se trata de temas como reparación o restitución. Podría aducirse que los combatientes “se lo merecen”, lo cual los excluye de cualquier petición. Sin embargo, no cabe duda de que esto causará nuevos problemas a gran escala, especialmente por los problemas que estas personas tuvieron después de la guerra (Kiza, 2006). Por último, es necesario hacer hincapié en que la politización del término “víctima” es un obstáculo enorme para determinar quién tiene derecho al rótulo de víctima y a los beneficios en los modelos de reparación. Como se ha observado en el periodo subsiguiente a un conflicto armado, los bandos opuestos exigen victimismo para su propio grupo, mientras que el otro es considerado “perpetrador” (Ignjatovic, 2002: 99). Esto es cierto en especial para la victimización a largo plazo y a gran escala, como en el caso del conflicto palestino-israelí. Por tanto el término “víctima” no debería moralizarse o politizarse, más bien debería usarse como un terminus technicus con el fin de evitar connotaciones no deseadas y conservar un significado común de victimización, de ahí que sea de gran valor práctico desarrollar ese significado común mediante el uso estrictamente lógico del término. Esta aplicación debería basarse en la comprensión objetiva de los términos víctima y victimismo, y no en atribuciones que a menudo son mitificadas, politizadas y autoconstruidas. Lo anterior es particularmente cierto y necesario desde la perspectiva de la jurisdicción universal de los delitos más atroces conocidos por la humanidad. En consecuencia, la universalización de las normas internacionales sobre delitos tiene que ir acompañada de la universalización de los términos claves. Esta breve discusión sobre las distintas dimensiones de las reparaciones demuestra la complejidad del tema. En un esfuerzo por hacer menos complejos y entender los factores más importantes, Pablo de Greiff (2006) ha propuesto una taxonomía muy útil de la reparación. Identifica siete factores claves a partir del análisis de un vasto conjunto de casos: 20

Ernesto Kiza

 Alcance,  Cobertura,  Amplitud,  Complejidad,  Integridad/Coherencia,  Finalidad,  Munificencia.

A continuación, presento las características fundamentales de cada factor con el fin de preparar el terreno para la comprensión de los capítulos siguientes. 1.1 Alcance de las reparaciones Este factor simplemente da cuenta de la totalidad de los beneficiarios de un programa de reparación. Por ejemplo, el número de víctimas de violencia de Estado puede ser bastante pequeño (grupos políticos minoritarios) o muy grande (en conflictos armados internos o situaciones de genocidio). 1.2 Cobertura de las reparaciones La cobertura es un factor crucial y complicado que se refiere a la capacidad de cubrir toda la población beneficiaria de un modelo de reparación. Esto a su vez implica que la capacidad de las personas a cargo de planear y dirigir el modelo determina quién puede ser considerado un posible beneficiario. Esto se relaciona intrínsecamente con los derechos que han sido violados y al final conduce a los beneficios de la reparación. Por otra parte, debe tenerse en cuenta los estándares probatorios. Si los estándares son muy altos, también es alta la probabilidad de que muchos posibles beneficiarios abandonen el modelo porque no pueden aportar pruebas suficientes para sustentar la petición. Si los estándares son bajos existe el problema de fraude causado por pruebas falsas. Finalmente, debe considerarse el alcance. Si existe un modelo de reparación pero los posibles beneficiarios no lo conocen, el proceso es ineficaz. Esta situación empeora aún más a causa de las listas cerradas o los plazos para registrarse ante las autoridades respectivas. Por ejemplo, en Suráfrica muchos beneficios no se reclamaron debido a las listas cerradas y los problemas para contactar a la gente (Sebelebele, 2004). 21

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

1.3 Amplitud de las reparaciones La amplitud de los modelos de reparación está directamente relacionada con los crímenes que se intentan desagraviar con los esfuerzos de reparación. A pesar de que hasta el momento no hay consenso en el derecho internacional –lo cual podría cambiar debido al elemento consuetudinario y a la jurisprudencia en la Corte Penal Internacional con el programa de reparación–, por ejemplo, existe un patrón emergente en el que los crímenes fundamentales, especialmente desapariciones y homicidios, deberían tratarse en los modelos de reparación. Sin embargo, la amplitud también está muy interrelacionada con el tema de los estándares probatorios. El problema se acentúa en el caso de la tortura. Aunque es bastante obvio probar la tortura en una persona que presenta lesiones permanentes, es mucho más difícil probar la petición si ése no es el caso. La mayoría de los modelos de reparación carecen de amplitud, pues no abarcan todo el espectro de crímenes y daños. Por ejemplo, el modelo de reparación argentino era generoso pero no muy amplio. Esto conllevó a que los intentos de reparación se realizaran sucesivamente para enfrentar los daños que no se incluyeron inicialmente. Esto por su parte puede crear tensión, altos costos sociales y de procedimiento. 1.4 Complejidad de las reparaciones La complejidad se refiere a los diferentes niveles de abstracción tratados en los modelos de reparación. La escala va desde el simple pago de grandes sumas de dinero, hasta programas muy complejos que incluyen elementos simbólicos y materiales, por ejemplo la compensación económica, el relato de la verdad, monumentos conmemorativos en honor a las víctimas, disculpas por parte de los delincuentes y/o funcionarios del Estado y la combinación de cualquiera de los anteriores. Como se demostrará más adelante, las víctimas tienen posiciones bastante distintas sobre la complejidad de las reparaciones. 1.5 Coherencia de las reparaciones Para comprender este factor hay que dividirlo en dos diferentes planos de razonamiento. Primero, la coherencia interna debe ser sólida, allí se combinan los diferentes elementos de medidas reparadoras y se apoyan 22

Ernesto Kiza

unos a otros. Entre más compleja sea la medida, mayor es la posibilidad de obtener un resultado coherente. Un buen ejemplo de coherencia sólida sería la combinación de las siguientes medidas: la construcción de un monumento conmemorativo, seguido de una reparación económica junto con una disculpa oficial, todo esto enmarcado dentro de una interrelación reconocible. En segundo lugar, la coherencia externa se refiere a la combinación explícita de mecanismos del prontuario de justicia transicional. Las reparaciones tienen alta coherencia externa si se incluyen en un proceso lógico junto con la justicia penal, el relato de la verdad y la reforma institucional. Para que los ambiciosos procesos de justicia transicional tengan éxito, la interrelación entre los diversos mecanismos tiene que hacerse evidente. El apoyo entre logros puede hacer que los buenos resultados en una u otra área beneficien los resultados menos exitosos a través de efecto halo. No obstante, el efecto contrario también puede ocurrir: si un elemento falla de forma catastrófica, todos los otros elementos también podrían considerarse un fracaso. Es más, existe la posibilidad de que sólo una combinación sensata de mecanismos de justicia transicional tenga toda la capacidad de alcanzar los objetivos fijados por los programas correspondientes. Por ejemplo, una comisión de la verdad sin reparación puede considerarse un gesto vano y viceversa, o el modelo de reparación, después que se haya aprobado una amnistía general, podría considerarse como un intento del Estado por sobornar a las víctimas para que guarden silencio. Estas interrelaciones se dan en todos los niveles de los mecanismos de justicia transicional y se les debe prestar especial atención antes de la implementación de programas de justicia transicional. Eric Stover ha demostrado de forma contundente cómo la interrelación de múltiples aspectos de justicia transicional puede impactar negativamente en la percepción de las víctimas. En el estudio sobre la satisfacción de las víctimas realizado en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), encontró que en vista de muchos de los temas que el tribunal tuvo que afrontar, sólo pudo alcanzar “justicia parcial” e indicó que alcanzar la “justicia plena” hubiera significado: devolver los bienes robados; localizar e identificar los cuerpos de los desaparecidos; capturar y enjuiciar a todos los criminales de guerra, desde criminales locales de las comunidades hasta los ideólogos 23

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

nacionales que influyeron negativamente en sus compatriotas con el odio racial; garantizar reparaciones y disculpas; vivir sin miedo; conseguir trabajos provechosos; brindar buena educación a los niños y ayudar a la recuperación de los traumatizados por las atrocidades (Stover, 2003: 4). Resulta evidente que los participantes de este estudio, todo ellos víctimas-testigos, contaron la experiencia de atestiguar ante el tribunal. El tiempo para contar su historia era limitado, no contaban con otro mecanismo de justicia transicional a su disposición, apenas una breve aparición en un procedimiento de justicia penal que entre otras cosas fue prolongado, muy complicado y fuera de su propio país. Los participantes afirmaron que la reconciliación, objetivo último de los esfuerzos de la justicia transicional, sólo podría llevarse a cabo en comunidades cuando sus integrantes admiten la responsabilidad y participación en crímenes de guerra. Las conclusiones también muestran que además de los juicios, las comunidades se beneficiarían en gran medida de más intervenciones no judiciales como: “proyectos comunitarios que busquen estimular las economías locales, el restablecimiento de los servicios sociales y de salud, reconstrucción de escuelas, bibliotecas y monumentos culturales, y fomentar más transparencia en la vida pública” (Stover, 2003: 5). Esta conclusión demuestra claramente la importancia de la coherencia y el alcance de la reparación como lo perciben las poblaciones víctimas. 1.6 Finalidad de las reparaciones Este factor se refiere a si un modelo de reparación se concibe con el fin de evitar la búsqueda, por otros medios, de reparaciones adicionales por parte de las víctimas, es decir, un procedimiento civil o de otra naturaleza. Si se bloquean todos los demás mecanismos de reparación, el modelo debe considerarse como un proceso último y definitivo. El beneficiario recibe el tipo de reparación establecido en el marco normativo del modelo de reparación y se declara “caso cerrado”. No existe una respuesta sencilla a la pregunta de si la finalidad es deseable o no. Bloquear otras posibilidades de reparación significa excluir a los ciudadanos del sistema de la justicia ordinaria, y así se evita cualquier otra retribución por los daños sufridos a los que iba 24

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dirigido el modelo de reparación. Permitir otras posibilidades de obtener beneficios, podría conllevar a recibir dobles beneficios por el mismo daño. Es más, tener un modelo abierto puede desenmarañar el programa de reparación en su totalidad. Además, los beneficios recIbídos a través de los tribunales sobrepasan a los beneficios ofrecidos en los modelos de reparación masiva, lo que implica un cambio importante en las expectativas y disminuye los beneficios obtenidos de todo el esfuerzo de las reparaciones. 1.7 Munificencia de las reparaciones La magnitud del beneficio de los modelos de reparación ha variado sustancialmente. Por ejemplo, en Argentina a las familias de personas desaparecidas les adjudicaron bonos del Estado por USD$224.000. Al otro lado del espectro se encuentra, por ejemplo, el programa de reparación en Suráfrica con el único desembolso de USD$4.000. Por consiguiente, la munificencia de un modelo de reparación es mucho más que su valor económico desde la perspectiva del beneficiario. Sin embargo, no existen indicios de que la munificencia es per se un criterio para el éxito del modelo. Como se demostrará más adelante, en la mayoría de las sociedades en transición, el apoyo inicial de toda la población a los programas de reparación a menudo es fuerte. Sin embargo, la munificencia depende de la situación económica general del respectivo país y es muy sensible con respecto a la coherencia social. Si la munificencia es alta, a pesar de que el nivel de vida en general sea comparativamente bajo, se podría satisfacer a las víctimas, pero existe la posibilidad de que otras partes de la población sientan envidia de los beneficios económicos otorgados a las víctimas. Hasta donde mis conocimientos lo permiten, puedo decir que este problema no se ha investigado en forma apropiada hasta ahora. No obstante, por experiencia propia fuera del contexto de los programas de reparación oficiales, existen indicios de que esta hipótesis puede ser correcta. Cuando visité Serbia con el fin de trabajar con las víctimas desplazadas de Bosnia o Croacia durante las guerras en la ex Yugoslavia, fue evidente que el Gobierno serbio velaba por el bienestar a través del acceso a vivienda, asistencia las víctimas y medios económicos. Cuando hablé con la población no refugiada, salió a colación el hecho de que los refugiados tenían ingresos superiores y un mejor nivel de vida que los ciudadanos 25

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

“normales”. En ese punto, me di cuenta de que los beneficios para grupos especiales deben ser asignados cuidadosamente, considerando la situación económica general para prevenir la desigualdad social.

2. Breve discusión sobre los modelos seleccionados de reparación masiva Si se cumple con las condiciones mencionadas en todos los siete factores, se crearía, en teoría, el programa de reparación perfecto. Sin embargo, un gran número de variables influyentes harán de los programas un reto bastante difícil de alcanzar. Siempre habrá problemas en uno o varios de los sectores mencionados. Además, esos problemas aparecerán debido a los ciclos políticos que existen en todo sistema político. La investigación política introduce un número casi infinito de variables que los líderes de un Estado tienen que afrontar, incluso cuando implementan los más pequeños cambios políticos. A pesar de que debemos tenerlas presente, necesitamos probar y enfrentar muchos de los posibles factores mencionados a fin de establecer nuevos parámetros e instaurar las mejores prácticas en el campo de las políticas de reparación. Hasta ahora, algunos modelos de reparación fueron implementados en varios Estados de diversos orígenes culturales, sociales y sistémicos. A continuación, hago una exposición muy corta para identificar la ruta seguida hasta ahora y los problemas más graves que estos modelos afrontaron. 2.1 La experiencia argentina8 El modelo de reparaciones argentino fue el primero en aplicarse durante la etapa de transición suramericana. El modelo tuvo lugar en parte por iniciativa de las víctimas. Algunos prisioneros políticos que exigían indemnización por el tiempo que duraron en prisión, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de tres años de litigio, en 1991, el

La descripción de los casos argentino y chileno fue tomado de Hayner (2001: 173 ff).

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gobierno argentino llegó a un acuerdo con los demandantes. Este arreglo fue bastante munificente. Por cada día que pasaron en prisión, cada beneficiario recibió el equivalente del salario del funcionario público argentino mejor pagado: USD$74 por día, USD$2.200 por mes, USD$26.400 por año, hasta un máximo de USD$220.000. Los primeros demandantes recibieron la indemnización mediante un decreto ejecutivo, pero luego el Congreso argentino aprobó una ley que otorgaba la reparación a todos los ex prisioneros políticos. El modelo inicial de reparación demostró ser un buen precedente. Posteriormente, las mismas reparaciones fueron otorgadas a aquellas personas forzadas al exilio, y en 1994, a las familias de las personas desaparecidas. Se otorgaron sumas entre USD$250.000 y USD$3 millones por daños morales a las familias de los desaparecidos con base en las decisiones de tribunal. Aunque el caso argentino fue extremadamente munificente, es el ejemplo principal de la falta de voluntad inicial por enfrentar y enmendar las injusticias del pasado cometidas por el régimen autoritario. También es uno de los peores ejemplos puestos en práctica relacionados con la cobertura, complejidad, amplitud y coherencia. Por lo tanto, no es sorprendente que representantes de las víctimas entrevistados por Priscilla Hayner (2001: 178) afirmen que: “Las reparaciones sólo compran conciencias y venden sangre. El Presidente puede decirnos, “no pueden hablar, les pagamos”. Y: “no pueden ponerle precio a la vida. Algunas cosas no lo tienen, especialmente la dignidad” (Ibíd). 2.2 La experiencia chilena Contrario al amplio alcance y a la impresionante munificencia del caso argentino, el modelo de reparación en Chile (a partir de 1997) tuvo un alcance bastante reducido incluyendo a aquellas familias de personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. En total, 4.886 chilenos recibieron pensiones mensuales de por vida, equivalentes a USD$345 al mes para un único sobreviviente, o hasta USD$482 si sobrevivieron varios miembros de una familia. Estos valores son un poco más altos que el salario mínimo mensual en Chile. También les otorgaron a las familias de las víctimas identificadas generosos beneficios educativos y médicos y la exención del servicio militar. Los 27

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beneficiarios del modelo de reparación fueron las víctimas incluidas en las listas del informe final de la Comisión de la Verdad y aquéllos agregados sucintamente por el organismo de seguimiento. Hay que agregar que el informe de la Comisión de la Verdad se hizo público y se envió a cada familia de las víctimas. El informe se convirtió en un documento histórico sobre el reconocimiento de los crímenes del régimen. Además, el Presidente pidió disculpas en nombre del Estado y el monumento conmemorativo erigido en el cementerio nacional da fe de la responsabilidad que asumió el Estado. Básicamente, estamos ante un modelo de reparación muy complejo no munificente que costó cerca de $16 millones en su punto máximo alcanzado en un año. El modelo fue el resultado directo de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, sucedida por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, entidad encargada de seguir investigando los casos pendientes y vigilar el modelo de reparación, entre otras funciones. No obstante, el modelo de reparación presenta un vacío muy grande: no fue amplio, pues la mayoría de las víctimas del régimen autoritario fueron excluidas del programa, concretamente todos aquéllos que sobrevivieron a las torturas y al encarcelamiento ilegal, incluso las personas que sufrieron lesiones permanentes e incapacitantes. 2.3 La experiencia sudafricana9 El proceso de verdad y reconciliación en Suráfrica se ha convertido en el ejemplo clásico en cuanto a su capacidad, amplitud y filosofía sofisticada. Se esperaría que bajo tales circunstancias se hubiera implementado un programa de reparaciones sólido y ejemplar. Sin embargo, al igual que en el caso chileno, existen muchas fallas en el extraordinario plan inicial recomendado por la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC, sigla en inglés) al Gobierno en 1998. En principio, la Comisión de Verdad y Reconciliación emitió un concepto muy complejo y amplio que seguía los enfoques internacionalmente aceptados para la reparación y rehabilitación. El

Basada en Doxtader/Villa-Vicencio (2004) y Makhalemele (2004).

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28

Ernesto Kiza

Comité de Reparación y Rehabilitación (RRC, sigla en inglés) subrayó algunos principios generales: el derecho a una compensación justa y adecuada.  Restitución: el derecho al restablecimiento de la situación anterior a la violación de los derechos.  Rehabilitación: el derecho a la atención médica y psicológica, al igual que otros servicios y/o intervenciones a nivel individual y comunitario que facilitarían la rehabilitación íntegra.  Restablecimiento de la dignidad: el derecho del individuo o la comunidad al reconocimiento de la violación cometida y el derecho al sentido de valía.  Garantía de no repetición: el derecho a una garantía, mediante una intervención y reforma legislativas y/o institucionales apropiadas, de que los hechos violentos no se repetirán.  Reparación:

Estos principios fueron los pilares de un programa concreto que incluía reparaciones provisionales urgentes, otorgamientos de reparaciones individuales, reparación simbólica (exhumaciones, lápidas, monumentos conmemorativos, cambio de nombre a las calles y edificios públicos) y medidas administrativas (expedición de certificados de defunción, eliminación de antecedentes penales de condenas por motivos políticos, agilización de asuntos jurídicos pendientes), programas de reparación comunitarios (programas de rehabilitación y asistencia), y la reforma institucional. Sin embargo, aunque fueron pensadas con la mejor intención, se presentaron demoras sustanciales por parte del Gobierno para implementar las recomendaciones. En 2001, el Comité de Reparación y Rehabilitación señaló al respecto con bastante cinismo que “en efecto, la única respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido cuestionar el componente que otorga reparación individual presente en las recomendaciones de la Comisión” (Doxtader/Villa-Vicencio, 2004: 5). Lo que ocurrió luego fue, en realidad, lo más parecido a una catástrofe. Después de que el Comité de Reparación y Rehabilitación previera un plan de acción muy preciso, incluido un cálculo preliminar de alrededor de USD$600 millones en ayudas directas que necesitaría el programa para cubrir las 25.000 víctimas, aproximadamente, del Apartheid, el nuevo Gobierno se comprometió verbalmente con el plan. Esta fue la 29

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

señal que permitió al comité anunciar sus planes al público en 1998 y empezar a otorgar reparaciones provisionales urgentes que no fueron lo suficientemente amplias ni munificentes. A pesar de todo, la declaración pública de que sólo las víctimas que participaron activamente en los procesos del comité serían incluidas en el programa de reparación y, por lo tanto, aparecían en las listas, disparó la participación. Sin embargo, aparte de brindar los medios para realizar pagos provisionales, el Gobierno paralizó el programa de reparación. Este hecho en particular se vio agravado especialmente porque se otorgaron muchas amnistías por violaciones a los derechos humanos, mucho antes de que iniciara el proceso de transición. Y mientras los perpetradores circulaban libremente, las víctimas seguían urgidas de asistencia y reconocimiento. Sólo cuando la sociedad civil, especialmente la organización de víctimas, Khulumani, presionó públicamente a través de manifestaciones de apoyo sin par, ruedas de prensa frecuentes y llamamientos al Gobierno, se llegó a un acuerdo en 2003. Probablemente, esta solución al prolongado debate sobre las reparaciones en Suráfrica fue incluso menos satisfactoria para las víctimas que todo el debate previo. Aunque el Comité de Reparación y Rehabilitación había proyectado un modelo de reparaciones muy preciso y complejo, basado en el conocimiento empírico adquirido sobre las necesidades de las víctimas, el Presidente declaró unilateralmente en 2003 que sólo habría un pago excepcional de 30.000 randes (USD$5.000 aproximadamente) para las víctimas que aparecían en las listas del comité. Como se hizo evidente que el nuevo Gobierno estaba tratando de encontrar una solución fácil al problema de las reparaciones, manteniendo las cuentas bajas para el Estado y otorgando indirectamente amnistías a compañías extranjeras y empresas que se habían beneficiado enormemente del inhumano sistema, algunas víctimas interpusieron una demanda en los Estados Unidos, contra grandes empresas y bancos (Makhalemele, 2004). No obstante, el Gobierno surafricano no tardó en intervenir e intentó hundir la demanda arguyendo que los asuntos que son de tal importancia para el futuro de Suráfrica no deben tratarse por fuera del país. Aunque todo el proceso de reparaciones aún presenta graves problemas con respecto a la implementación y la amplitud, por lo menos el Gobierno ha puesto un gran empeño en procesos para reparar a la comunidad y emprender una reforma institucional. 30

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3. Conclusiones empíricas desde una perspectiva de base Hasta ahora hemos constatado que existe una gran variedad de medidas de reparación posibles en las que podemos pensar, como el apoyo médico y psicológico. Así, el estudio Victims of War, realizado en 2004 (Kiza et al., 2006), tuvo que limitarse a ciertas formas de reparación conocidas en los procesos de justicia transicional para lograr el objetivo de reunir información básica sobre diferentes temas de justicia transicional. En un conjunto de respuestas múltiples, nuestro repertorio de respuestas ofrecía formas materiales e inmateriales de reparación. Las formas inmateriales se dividieron en: un elemento conmemorativo, principalmente la construcción de un monumento en honor a las víctimas, y la disculpa mediante un reconocimiento público. De acuerdo con la noción previamente elaborada de responsabilidad, la disculpa puede provenir de diferentes fuentes. Así, a los participantes le sugerimos dos formas de disculpa: una por parte del victimario y otra por parte de funcionarios públicos10. Independientemente de si la reparación fuera colectiva o individual, material o simbólica, el reconocimiento de la victimización como injusticia es una factor fundamental y común a todos los tipos de reparación nombrados (Vandeginst, 2003: 145). El conjunto de preguntas fue abierto y también contenía la opción “olvidar lo ocurrido”. Aunque ésta no es una medida en sí, su inclusión permitió que los encuestados hicieran hincapié en el deseo de poner punto final a lo que pasó, simplemente olvidando lo ocurrido. Se puede olvidar lo sucedido con ayuda de otras medidas, o expresarla como una medida en sí misma. Este efecto se conoció en el discurso público de reconciliación en Suráfrica y fue juzgado negativamente por los investigadores (Hamber, 1995). Sin embargo, como la complejidad de la investigación empírica en etapas tempranas debe ser tan alta como sea posible, decidimos incluir este tema tan controvertido y discutido.

10

Un ejemplo de disculpa por parte de un funcionario público fue la visita y el emotivo acto que encarnó el canciller alemán, en ese momento Willy Brandt, al ponerse de rodillas en el monumento para las víctimas del holocausto en Varsovia en 1970.

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“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

Además, los encuestados tuvieron la opción de mencionar más medidas que desde su punto de vista se consideraran útiles para manejar la victimización. La pregunta fue: “¿Qué le ayudaría a usted en su situación? (puede escoger más de una respuesta)”. Como se muestra en la Tabla 1, nuestras conclusiones revelaron un gran apoyo a las medidas de reparación a lo largo de toda la muestra. Sin embargo, las formas de reparación esperadas son bastante heterogéneas, especialmente a nivel regional. Según las posiciones adoptadas por los participantes, la medida más importante fue (lo cual no nos sorprende, puesto que muchas de las personas encuestadas habían perdido la mayoría de sus pertenencias) la compensación económica (42%). Esta medida también fue la más importante en el reciente estudio de Rettberg (2008) realizado con víctimas colombianas del conflicto armado interno, en el cual cerca de 46% de todos los participantes manifestaron la necesidad de obtener reparaciones económicas. Una vez más, esto no nos sorprendió, ya que el estudio también demostró que las personas pobres, especialmente, fueron victimizadas durante el conflicto. Otra conclusión acorde con nuestro conocimiento empírico, fue él mínimo apoyo que tuvo el otorgar amnistías a los victimarios. Este es un factor especialmente preponderante en el proceso colombiano de paz y reconciliación, ya que está diametralmente opuesto a la estrategia empleada por el Gobierno actual. Este hecho también es apoyado por las conclusiones de Rettberg, pues mostraban que la mayoría de participantes estaban realmente a favor de entablar procesos penales contra infractores de derechos humanos (Rettberg, 2008). Y aunque este tema puede, por lo menos parcialmente, desenmarañar el proceso de paz, como lo argumenté en otra publicación, deberíamos, no obstante, tener en cuenta que las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos tienden a ser muy punitivas (Kiza, 2008a). Por tanto, básicamente hay que tener mucho cuidado para atender adecuadamente las necesidades de las víctimas sin descuidar el proceso de paz que se viene desarrollando. La segunda opción más popular fue la construcción de un monumento conmemorativo en honor a las víctimas (29%), a pesar de que estaba muy por debajo de la reparación material. Sorprendentemente, el 24% de todos los encuestados opinó que si solamente consiguieran olvidar lo sucedido durante la guerra sería de máximo provecho para ellos. Esta conclusión no estaba, como se mencionó antes, acorde con 32

42 22 19 24 3 9 9 6 161

Remuneración económica

Disculpa del victimario

Disculpa de un funcionario del Estado

Olvidar lo ocurrido

Castigo

Otra

No responde

No sabe

Respuestas totales

Fuente: Kiza, Ernesto et. al. (2006).

Total de casos faltantes: 2%.

29

Total

Monumento conmemorativo en honor a las víctimas



Tabla 1. Medidas de reparación (en %)

Afganistán 127

9

11

2

0

11

4

9

68

13

Bosnia y Herzegovina 171

5

8

5

1

15

19

17

60

41

Camboya 180

17

4

2

0

30

33

11

39

44

Croacia 156

6

5

1

10

25

19

17

53

20

República Democrática del Congo 163

0

0

0

2

61

27

43

14

16

Israel 10

10

2

2

21

31

43

24

39

Kosovo

167 182

5

5

17

5

14

2

3

55

61

Ex República Yugoslava de Macedonia 161

5

14

2

0

49

14

16

46

15

Territorios Palestinos 145

6

13

18

6

15

17

16

34

20

Filipinas

1

7

4

0

28

46

62

12

32

Sudán 148 193

0

6

2

6

20

12

35

59

8

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33

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

el razonamiento teórico. Por ejemplo, Hamber advirtió específicamente la tendencia hacia el “perdón y olvido” que había descubierto en Suráfrica y subrayó que el trauma psicológico no puede desaparecer por sí solo. También afirmó que la recuperación psicológica y la superación del trauma únicamente pueden ocurrir mediante la creación de condiciones en las que los sobrevivientes se sientan escuchados, y tengan la oportunidad de revivir su experiencia traumática en un ambiente seguro con el fin de sanar las heridas (Hamber, 1995). A mi juicio, esta perspectiva es exagerada. Por ejemplo, en Bosnia la gente ha vivido la justicia transicional en todas sus formas, en especial la justicia penal, por más de una década. En un estudio muy reciente hecho por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2008), la gente parece haber perdido repentinamente el interés en los procesos judiciales. Cuando les preguntaron por las preocupaciones más sentidas concernientes a los crímenes del pasado, los procesos penales aparecía de último en la lista (Kiza, próximo a publicarse). También sabemos por estudios realizados sobre trauma que cada individuo tiene capacidades diferentes de manejarlo. Algunos son más fuertes, otros menos resilentes. Con respecto a la reaparición del fenómeno del olvido, es evidente la necesidad de más investigaciones para comprender este efecto paradójico. Contrario a nuestras propias conclusiones, en el estudio colombiano sólo el 10% de todos los participantes optó por algún tipo de monumento conmemorativo (Rettberg 2008). Sin embargo, como Rettberg seleccionó un conjunto de respuestas diferente al nuestro, los resultados no pueden compararse directamente. Entonces, podemos decir que las víctimas cuando pueden escoger asuntos importantes como el conocimiento de la verdad, el restablecimiento de la integridad física y psicológica como es el caso del estudio de Rettberg, la gente seguirá considerando la restitución económica como factor fundamental antes que otros. Esto es cierto, por lo menos, en situaciones donde las víctimas eran pobres o sufrían la pobreza por causa del conflicto. Debido a que en la muestra, la cohorte israelí optó primero por un monumento conmemorativo, y en segundo lugar, la compensación económica, podemos decir sin temor a equivocarnos que en tales situaciones, donde las víctimas aún son adineradas, la reparación se entiende de manera completamente diferente. El 22% de todos los encuestados escogió que la disculpa del victimario sería de gran ayuda en su situación, y el 19% manifestó 34

Ernesto Kiza

lo mismo con respecto a una disculpa por parte de un funcionario del Estado. Esta última conclusión sugiere que para los primeros el reconocimiento personal de la culpabilidad y posiblemente el factor interpersonal en una situación apologética podría sería eficaz debido al efecto catártico producido. La posibilidad de responder abiertamente dio lugar a que en ciertos casos los participantes se inclinaran por medidas punitivas que los ayudaran a superar su respectiva situación. Este hecho alcanzó un nivel todavía significativo del 3%. Entre las posiciones punitivas están: castigar a los victimarios, infligirles el mismo daño y arrebatarles la vida. No obstante, si tenemos en cuenta el daño que han sufrido, es incluso un buen indicio que los participantes no recurran a la simple venganza, sino al sistema judicial. Lo anterior junto con las necesidades manifestadas significa, ipso facto, que la complejidad es un factor crucial con respecto al éxito o fracaso de los esfuerzos de la justicia transicional. Por último, otro 9% de los participantes hizo comentarios adicionales como: “que nuestros niños vivan en paz (participante de los Territorios Palestinos), “esclarecimiento de la verdad” (participante de la Ex República Yugoslava de Macedonia), “nada puede cambiar la situación y devolverme a lo que tenía antes” (participante de Israel), “un cambio general en la actitud de la gente y la sociedad” (participante de Croacia). Tabla 2. Perfiles de casos para las medidas de reparación

Combinaciones típicas

Casos

%

Remuneración económica

133

13

Olvidar lo ocurrido

99

10

Monumento conmemorativo en honor a las víctimas

75

8

Monumento conmemorativo y remuneración económica

73

7

Remuneración económica y olvidar lo ocurrido

48

5

Otra

545

55

Faltantes

18

2

Nota: las diferencias en los porcentajes totales se deben al redondeo.

El análisis de los perfiles de respuesta típica (Tabla 2) con un umbral de 5% y un 45% de la población de muestra, reveló que el perfil de respuesta más común fue la compensación económica. El 13% de los 35

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

participantes escogió la compensación económica como única medida de reparación. Otro 10% señaló que solamente querían olvidar lo ocurrido. El 8% de los participantes eligió como única medida un monumento conmemorativo en honor de las víctimas, seguido por el 7% que escogió el monumento conmemorativo en combinación con la compensación económica. Además, otro 5% combinó la compensación económica con olvidar lo ocurrido. A juzgar por los resultados, la medida de reparación más importante, es decir la compensación económica, debería complementarse con otros mecanismos de reparación. Aquellos casos (55%) que no se incluyeron en este perfil de respuesta usando un umbral bajo del 5%, señalan que la pregunta sobre las medidas que les resultan útiles es muy compleja y varía mucho, probablemente debido a las experiencias y necesidades diversas de los encuestados. El análisis de los perfiles de respuesta típica (Tabla 2) con un umbral de 5% y un 45% de la población de muestra, reveló que el perfil de respuesta más común fue la compensación económica. El 13% de los participantes escogió la compensación económica como única medida de reparación. Otro 10% señaló que solamente querían olvidar lo ocurrido. El 8% de los participantes eligió como única medida un monumento conmemorativo en honor de las víctimas, seguido por el 7% que escogió el monumento conmemorativo en combinación con la compensación económica. Además, otro 5% combinó la compensación económica con olvidar lo ocurrido. A juzgar por los resultados, la medida de reparación más importante, es decir la compensación económica, debería complementarse con otros mecanismos de reparación. Aquellos casos (55%) que no se incluyeron en este perfil de respuesta usando un umbral bajo del 5%, señalan que la pregunta sobre las medidas que les resultan útiles es muy compleja y varía mucho, probablemente debido a las experiencias y necesidades diversas de los encuestados. Un análisis regional confirma esta afirmación (Kiza et al., 2006: 119ff.), señalando que la implementación de medidas de reparación debe adaptarse al entorno concreto del conflicto. De lo contrario, las necesidades de la población que se intentan satisfacer usualmente a través de medidas reparadoras no serán cubiertas y las reparaciones fracasarán. Aún cuando la compensación económica fue la medida de reparación más importante a nivel general, las diferencias a nivel regional fueron muy marcadas. Es sorprendente que en algunas regiones las medidas inmateriales, como la construcción de un monumento o una 36

Ernesto Kiza

disculpa pública (medidas de naturaleza simbólica y colectiva) fueron consideradas de mayor importancia en la opinión de las víctimas encuestadas. En muchos casos señalaron la combinación de diferentes medidas. Estas conclusiones apoyan el supuesto teórico de que las reparaciones desempeñan un papel importante en estados en transición y en el proceso social de afrontar el pasado. Particularmente, respecto a la reparación inmaterial, los resultados también apuntan a la importancia del reconocimiento público de la victimización y el sufrimiento. En detalle, el análisis de los datos disponibles reveló que el respaldo a los monumentos conmemorativos como mecanismo de reparación fue mayor al promedio sólo en cinco países. Los israelíes (61%) fueron los que –por una gran diferencia– más apoyaron esta medida, seguidos por Camboya (44%), Bosnia (41%) y Croacia (39%). Los participantes israelíes prefirieron esta opción a la reparación material. El fuerte apoyo a este tipo de reparación inmaterial se debe a la importancia social de las prácticas conmemorativas colectivas en Israel, que se ven reflejadas en fechas, eventos conmemorativos y en los mismos monumentos que hacen parte de la vida pública (Young, 1993: 211; Vinitzky-Seroussi, 2002: 48; Kook, 2005). Los países que menos apoyaron esta opción fueron Filipinas (8%) y Afganistán (13%). Simultáneamente, en todas estas naciones el respaldo a la compensación económica estuvo muy por encima del nivel promedio. Esto sugiere que los encuestados prefieren recibir una compensación individual, en vez de una medida de reparación masiva y simbólica. Lo anterior es comprensible considerando los salarios y el nivel de vida bajos que también pueden incrementar la carga financiera de la victimización. La compensación económica estuvo por encima del promedio en otras tres regiones: en Bosnia y Herzegovina (60%), Croacia (53%) e Israel (55%). En la República Democrática del Congo (14%) y Kosovo (24%) los participantes estuvieron menos inclinados por esta opción. En lugar de la compensación económica, en ambas regiones, los participantes hicieron énfasis en la disculpa. Consideraron que la disculpa, en especial del victimario, puede ser de más ayuda que la compensación económica. En ambos casos esta opción estuvo en un nivel de 43%, el más alto en la comparación por regiones. En general, el apoyo a la disculpa del victimario estuvo por encima del promedio en cuatro regiones. El respaldo más alto se registró en Sudán (62%), porcentaje mucho más elevado comparado con otras regiones. En el otro extremo, Israel (3%), Afganistán (9%) y Camboya 37

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

(11%) prefirieron en menor grado este tipo de reparación. En este último grupo, los participantes expresaron mayor preferencia por una disculpa oficial. A juzgar por el contexto histórico, este resultado es comprensible, por cuanto la estructura del conflicto que instauró el régimen de terror de Khmer Rouge y su líder Saloth Sar (Pol Pot) era una estructura de violencia bastante jerarquizada y de violaciones manifiestas a los derechos humanos. En el caso israelí, el poco respaldo a la disculpa es plausible, pues la mayoría de los encuestados señaló que la victimización producto de un ataque terrorista suicida hace imposible recibir una disculpa del victimario mismo. Lo anterior se cumple también para la disculpa de un funcionario público. Los participantes israelíes no consideraron que esta opción sea válida para su situación y mostraron el menor respaldo (2%) en una comparación regional. Hay que destacar el hecho de que esta opción fue la menos escogida entre las planteadas, en todas las regiones. Sin embargo, en algunas se consideró importante. Nuevamente, se observa un apoyo excepcional en Sudán (46%), seguido por Camboya (33%), Kosovo (31%) y la República Popular del Congo (25%). Los participantes señalaron que una disculpa podría ayudar a las víctimas en su situación. En suma, la disculpa de un funcionario público pareció la medida más controversial y discutida entre los participantes. A pesar de que en algunas regiones no fue para nada relevante, fue de gran importancia, en especial para los sudaneses. Es claro que esta conclusión debe entenderse en el contexto comparado de las grandes intenciones conciliadoras que los participantes sudaneses expresaron en el estudio. Olvidar lo ocurrido en el pasado estuvo por encima del nivel promedio de cinco regiones. Los participantes de la República Democrática del Congo (61%) fueron los que más prefirieron esta opción. Esto sorprende un poco, puesto que el conflicto aún se desarrollaba cuando se llevó a cabo el estudio11. Los participantes de Ex República Yugoslava de Macedonia también optaron por esta medida en un nivel

Un análisis de casos de respuestas combinadas reveló que cerca del 12% de los participantes de la República Democrática del Congo prefirió tener un monumento construido para olvidar lo ocurrido. Esta combinación que parece poco probable dio lugar a la especulación. Era más plausible llegar a una interpretación en

11

38

Ernesto Kiza

comparativamente alto de 49%. En la Ex República Yugoslava de Macedonia, cerca de 23% de los participantes combinó esta opción con la compensación económica, destacando el valor simbólico de una reparación primordialmente material. La retribución como medio para superar el pasado fue seleccionado en cuatro regiones que están por encima de o igual al nivel promedio: Croacia (10%), Filipinas (6%), los Territorios Palestinos e Israel (5%). Ya que los entornos cultural, social y del conflicto de estas regiones son completamente diferentes, no se pudo encontrar una explicación fiable para este hecho. Encontramos muchas semejanzas entre nuestros resultados y los hallados en otros estudios sobre el tema. Al igual que en el nuestro, La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC), encontró que gran parte de la población afgana está a favor de las medidas reparadoras. 88% de los encuestados señalo que las reparaciones deben otorgarse a las víctimas de crímenes ocurridos en el pasado. Sólo el 9% no estuvo de acuerdo con el otorgamiento de apoyo a las víctimas. Y aunque la comisión definió la reparación en un sentido más amplio que incluía asistencia a las víctimas y realizó una comparación detallada de las preferencias que a nuestro parecer resulta imposible, aún existen algunas preferencias visibles en la población afgana, entre ellas: compensación (13%), recursos para suplir las necesidades básicas (23%), educación (16%) y oportunidades laborales (16%). El estudio del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), también confirmó estas conclusiones en Uganda. Al preguntar qué debería hacerse por las víctimas del conflicto armado en Uganda del Norte, la mayoría de los participantes dijo que deberían obtener alguna forma de reparación. Sólo el 2% afirmó que nada puede hacerse por las víctimas. Sobre el particular, el 52% pensó que debería otorgarse a las víctimas una compensación económica, el 40% destacó la alimentación, el 26% escogió la orientación profesional y el 17% prefirió la ganadería

Continúa nota 11



el sentido de un momento catártico, donde la construcción de un monumento conmemorativo brinde el reconocimiento necesario para poner término a los hechos del pasado.

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“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

y el pastoreo. 8% de los participantes escogió justicia, 9% disculpas y 6% prefirió la reconciliación. Si contrastamos los niveles comunitario e individual, la mayoría de los encuestados (58%) dijo que las reparaciones deberían beneficiar a la comunidad en vez de individuos victimizados. 3.1 Interrelaciones entre los motivos para actuar contra los victimarios y las medidas de reparación Si bien es interesante conocer cuáles tipos de reparación consideran importantes las víctimas, es aún más interesante investigar las interrelaciones existentes entre los objetivos de la justicia transicional y los mecanismos de reparación proporcionados en este estudio. Como se muestra en la Figura 1, existen diferencias intergrupales en todos los mecanismos de reparación. Figura 1. Interrelaciones entre los motivos y las medidas de reparación (en %)

Casos faltantes: 33%; X2Pears = 0.002; V de Cramer = 0.162; * X2Pears = 0.000; V de Cramer = 0.210; ** X2Pears = 0.000; V de Cramer = 0.312; *** X2Pears = 0.000; V de Cramer = 0.274; **** X2Pears = 0.005; V de Cramer = 0.149; ***** X2Pears = 0.003; V de Cramer = 0.154

Empezando con el grupo de personas que afirmaron que el objetivo principal de estas medidas debe ser la posibilidad de que las partes involucradas puedan vivir en comunidad, vemos que el porcentaje fue relativamente bajo para casi todos los mecanismos de reparación planteados. La excepción fue olvidar lo ocurrido 40

Ernesto Kiza

(32%), lo que indica el fuerte deseo de seguir adelante con sus vidas. Esto concuerda con la caracterización de una actitud positiva con respecto al futuro. Es evidente que estas personas desean seguir adelante en lugar de aferrarse al pasado. De ahí que el respaldo a las demás medidas de reparación fuera relativamente bajo. Esto también se ve reflejado en el porcentaje más bajo de aprobación para un monumento conmemorativo, comparado con los otros grupos (14%). La actitud vacilante de este grupo hacia las reparaciones en cierto modo es sorprendente, por cuanto las medidas de reparación –como la remuneración económica o el reconocimiento de culpa por el victimario– de hecho contribuyen a preparar las condiciones para vivir juntos en el futuro, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, este resultado puede ser un indicador de que las personas renuentes a respaldar las medidas de reparación las consideran un obstáculo para lograr una coexistencia pacífica en el futuro. El siguiente grupo, aquellos individuos que están a favor de revelar la verdad y crear condiciones para vivir juntos, fue más exigente en términos de mecanismos de reparación. Aunque para ellos la compensación económica es importante (39%), una disculpa por parte del victimario es todavía más importante (47%). Este hecho puede interpretarse como un indicador del potencial tranquilizador y transformador que contienen las disculpas, debido al efecto catártico que produce admitir la culpabilidad por parte del victimario. Una vez se ha relatado la verdad y admitido la culpabilidad, se puede pensar en un futuro común. Adicionalmente, la importancia de las disculpas se reafirma por el porcentaje de personas para quienes una disculpa oficial también es importante (39%). Mientras que la disculpa por parte de los victimarios estaba dirigida al nivel interpersonal, la disculpa oficial hace hincapié en la dimensión macro (o colectiva), así como en la responsabilidad del Gobierno de reconocer la verdad y la condición de víctima. Por consiguiente, el Gobierno admitiría su responsabilidad y sentaría las bases para la verdad y reconciliación. El olvido también ocupa un lugar representativo con el (29%), al igual que el monumento conmemorativo en honor a las víctimas (29%). Curiosamente, aquellos participantes para quienes revelar la verdad es el objetivo principal de las medidas, comparados con los otros grupos no mostraron especial interés por la complejidad de 41

“Una herida no se cura sin tratamiento”. Reparaciones masivas en el proceso de Justicia Transicional

los mecanismos de reparación. Mientras que la mitad de este grupo eligió la compensación económica, casi todos los demás mecanismos de reparación ofrecidos tuvieron porcentajes relativamente bajos. Sin embargo, el interés relativamente alto por esclarecer la verdad se evidencia en que el 26% de los consultados aprobó la construcción de un monumento conmemorativo. Este resultado puede ser interpretado como el deseo inherente de materializar un monumento a la verdad como mecanismo de reparación. El grupo que además de la revelación de la verdad desea venganza, se mostró muy interesado por la compensación económica. De hecho, este grupo fue el que más respaldó este tipo de reparación (66%). También, comparado con los demás grupos, dio el puntaje más alto a la construcción de un monumento conmemorativo (45%). El grupo seleccionó con menor frecuencia las disculpas y el hecho de olvidar, así demuestra que estos mecanismos –si bien relevantes– no son tan importantes como la compensación económica y el monumento conmemorativo. También fue este grupo el que sugirió con mayor frecuencia que las medidas punitivas les ayudarían. Por último, el grupo motivado por la venganza, una vez más demostró poco interés por los mecanismos de reparación listados. Aunque la compensación económica fue el mecanismo de reparación más importante (34%), le siguió la construcción de un monumento conmemorativo (24%), el hecho de olvidar (13%) y una lista considerable de medidas punitivas sugeridas en las respuestas abiertas (9%). En resumen, es razonable concluir que el grupo de personas con actitud positiva con respecto al futuro fue el grupo menos exigente en cuanto a mecanismos de reparación. Aquéllos motivados por la revelación de la verdad y la creación de condiciones para vivir juntos concedieron gran importancia a las disculpas. Lo anterior sugiere la necesidad de reconocimiento y aceptación de la culpabilidad por parte de los responsables de causarles sufrimiento y victimizarlos. Las personas interesadas principalmente por la revelación de la verdad señalaron la necesidad de una compensación económica, mientras que a las disculpas no les dieron mayor importancia. Además, el respaldo por la construcción de un monumento conmemorativo fue bastante alto en este grupo en particular. Aquellas personas que consideraron la revelación de la verdad y la venganza como los objetivos principales de las medidas contra 42

Ernesto Kiza

los victimarios fueron los más interesados –en gran medida– en la compensación económica. Este grupo también, de manera desproporcionada, señaló que las medidas punitivas eran importantes. El grupo de personas cuya motivación más importante era la venganza contra los victimarios, consideró la compensación económica como la medida que más les ayudaría, aunque el respaldo por ésta fue inferior al promedio general. Se encontró un considerable respaldo por la construcción de monumentos conmemorativos y –comparado con los grupos mencionados anteriormente– las medidas punitivas. Lo anterior sugiere que los mecanismos de reparación, hasta cierto punto, deben incorporar nociones de retrospectiva e incluso elementos punitivos. Si bien, esto queda bastante claro en el caso de las medidas económicas, se cumple también en el caso de la construcción de monumentos: se ajusta a la idea de que los monumentos sirven como una declaración manifiesta concreta de injusticia, la cual –desde el punto de vista de algunas víctimas– podría incluso servir como documentación de las atrocidades cometidas y de su victimización. Finalmente, los dos últimos grupos podrían considerarse como los más punitivos. Algunas conclusiones relacionadas con los modelos teóricos, modelos de reparación arriba-abajo y conocimiento de base obtenido empíricamente. Hasta ahora hemos revisado exhaustivamente las ideas sobre lo que se espera lograr con las reparaciones, sobre cómo se implementaron los modelos de reparación en la práctica, –sobre cómo todos estos modelos contenían graves inconsistencias–, y las conclusiones que podemos sacar con respecto a mejores prácticas o la formulación de una taxonomía de la reparación. Además, hemos revisado lo que las víctimas consideran factible en cuanto a reparaciones se refiere. Y con base en gran parte de la información disponible sobre el tema, constatamos que la gran mayoría de población en escenarios de transición parece estar de acuerdo con los programas de reparación. Este hecho nos lleva a concluir que la gran mayoría de la población, la mayor parte del tiempo, es “civilizada” en cuanto a su percepción de la justicia, pero también parece tener una motivación intrínseca para reconocer y aliviar el sufrimiento de aquéllos que, por una u otra razón, han sido expulsados de su medio y severamente victimizados. A pesar de que este resultado parece trivial, es uno de los primeros pasos hacia una teoría de empatía positiva colectiva 43

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contraria a las teorías de psicopatología colectiva (como el fenómeno masivo observado en la Alemania Nazi). No obstante, dejo esta idea puramente teórica en el tintero. Desde el punto de vista práctico, esto tiene implicaciones importantes. Por el momento, podemos afirmar que los programas de justicia restaurativa podrían reconciliar a la sociedad y reparar el daño. Nos muestra que cuando preguntamos sobre esos temas a los directamente implicados, ellos probablemente se inclinarán hacia programas ambiciosos y constructivos, incorporando en gran medida un sustento ético común a todas las naciones y estados. Así, la legislación internacional tiene fuertes posibilidades de desarrollarse bajo estas condiciones, si no es, por consiguiente, acallada por la realpolitik. En un nivel menos abstracto, estudios empíricos, de población o basados en las víctimas, hasta ahora nos han ayudado a comprender que los programas de reparación ante todo deben ser complejos y amplios. Cuando se pregunta a las personas –víctimas o no– sobre lo que puede ser eficaz en situaciones donde la reparación es necesaria en casos de violación de los derechos humanos, en casi todos los casos recibimos respuestas complejas, lo que demuestra que la reparación va más allá de la compensación económica o las disculpas. La reparación involucra asuntos judiciales más amplios de los cuales la impunidad no hace parte. Es sólo en muy pocos casos que la amnistía es una opción viable, mientras que en la mayoría de los casos la amnistía puede considerarse otra violación de los derechos humanos de las víctimas, su dignidad, seguridad y confianza en la sociedad. Y aunque en la mayoría de los estudios la compensación económica encabeza la lista de deseos de las víctimas, podemos deducir de estudios de casos en contexto que con el dinero por sí sólo, incluso cuando se otorga en cantidades significativas como en Argentina, no conduce a un proceso exitoso. Es a través del diseño cuidadoso de programas de justicia transicional que se podría alcanzar la paz social. Esto quedó ampliamente demostrado en el caso de Chile, donde la munificencia fue baja, pero la complejidad fue alta. En cuanto a las actitudes de las víctimas disponibles, esto también quedó demostrado por un estudio reciente llevado a cabo por Angelika Rettberg (2008) en Colombia, o todos los demás estudios citados en este trabajo. Existe un hilo conductor que vincula todos los resultados de los estudios que afirman que las víctimas necesitan instrumentos para 44

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contar la verdad, instrumentos de conmemoración, compensación, curativos, de reconocimiento y reformadores, que les ayuden a superar los problemas del pasado. Está fuera del alcance de este artículo discutir si se deben entablar procesos por crímenes fundamentales internacionales o centrar la discusión en el debate sobre justicia y paz. Evidentemente, el debate sobre si se entablan procesos penales debe estar incluido también en cualquier debate sobre justicia transicional y reparación.

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz? Un balance crítico de la implementación de la Ley 975 de 2005 y su impacto práctico Florian Huber

Introducción ¿Qué quieren las víctimas? –ha sido la pregunta central de un estudio realizado por el programa de Investigación sobre Construcción de Paz (CONPAZ) de la Universidad de los Andes con el apoyo del Proyecto ProFis de la GTZ, con el fin de analizar la situación de las víctimas del conflicto armado, sus características personales, composición demográfica, nivel educativo e ingresos, e identificar sus necesidades, expectativas y deseos en cuanto a una reparación integral de los daños sufridos. Este artículo pretende dar una respuesta a la pregunta opuesta: ¿Qué pueden esperar las víctimas de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz? Por el espacio reducido para el análisis de la pregunta planteada, y el hecho de que la aplicación de la Ley 975 de 2005 y la implementación de las rutas de reparación se encuentran en una etapa inicial, el artículo intenta mostrar unas tendencias en relación con el impacto que puede tener la Ley de Justicia y Paz sobre las expectativas de reparación de las víctimas.

¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

1. Los mecanismos de reparación existentes en el marco de la Ley 975 de 2005 La Ley 975 de 2005 prevé cuatro mecanismos de reparación de carácter judicial1, institucional y administrativo para las víctimas del conflicto armado interno que sufre Colombia. En primer lugar, la Ley 975 de 2005 diseñó un mecanismo de reparación vía judicial para víctimas de delitos cometidos por miembros desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley quienes han sido identificados y condenados en el marco del procedimiento penal especial. Las víctimas de estos desmovilizados, que han sido postulados a la Ley 975 de 2005 y su procedimiento penal especial, pueden acceder a una reparación a través de un incidente de reparación ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz para buscar una reparación por los daños causados2. En segundo lugar, la Ley 975 de 2005, en su artículo 42 inciso segundo, prevé el mecanismo de una reparación vía judicial para víctimas sin victimario identificado a través de un incidente de reparación especial fuera del contexto de un proceso penal3. En tercer lugar, según el artículo 49 de la Ley 975 de 2005, que dispone la creación de un programa colectivo de reparación, el Gobierno siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; recuperar y promover los derechos de los ciudadanos

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El artículo 8° último inciso de la Ley 975 de 2005 aclara que las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley. Véase sobre todo el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. El artículo 42 segundo inciso de la Ley 975 de 2005 dice: “Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación”.

Florian Huber

afectados por hechos de violencia, y reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. En cuarto lugar, el Decreto 1290 del 22 de abril de 2008, que fue expedido con base en los artículos 1°, 3°, 15, y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, el inciso final del parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, crea un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Dado que el tercer y cuarto mecanismo de reparación, es decir el programa institucional de reparación colectiva y el programa de reparación individual vía administrativa, se encuentran en una etapa muy inicial, los siguientes comentarios van a concentrarse en los primeros dos mecanismos de reparación y sus presupuestos4, es decir la reparación vía judicial para

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De los artículos 23, 42 y 54 de la Ley 975 de 2005, el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 4760 de 2005, el artículo 15 del Decreto 3391 de 2006 y las Sentencias C-370 y C-575 de 2006, se puede derivar que las víctimas de los grupos armados ilegales tienen el derecho a demandar ante el Tribunal de Justicia y Paz una reparación integral, previo cumplimiento de los siguientes presupuestos: (1) Comprobar la real ocurrencia del daño real, concreto y específico invocado por la víctima o su apoderado; (2) demostrar la relación causal entre las conductas de los miembros del grupo armado ilegal, realizadas durante y con ocasión de su pertenencia al mismo (bloque o frente), y los perjuicios sufridos por quien aduce la condición de víctima; (3) acreditar que el referido grupo se sometió a la preceptiva de la Ley 975 de 2005, esto es, que tiene la condición de desmovilizado y, en razón de ello, a sus integrantes se les ha postulado por el Gobierno Nacional; (4) citar la declaración judicial de responsabilidad penal de los miembros del grupo armado al margen de la ley (sentencia condenatoria o audiencia en la que se declare la legalidad de la aceptación de cargos), sin que sea necesario que la víctima identifique a un individuo en especial (también están llamados a indemnizar en virtud del principio de solidaridad, quienes hayan sido judicialmente declarados como miembros del bloque o frente al que se impute causalmente la conducta generadora del perjuicio, así ésta haya sido realizada por otros individuos pertenecientes a tal facción y no haya sido posible su individualización; (5) oportunidad procesal definida en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, esto es, que se proponga “En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos”; (6) cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo que realizó la conducta generadora del perjuicio irrogado a la víctima, pero se haya demostrado el daño y su nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario de

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

víctimas con un victimario condenado, según los artículos 23 y 42 primer inciso de la Ley 975 de 2005, y la reparación vía judicial para víctimas sin victimario individualizado, según el artículo 42 segundo inciso. Para estas dos formas de reparación judicial, la Ley 975 de 2005 contempla dos maneras para dar inicio al incidente de reparación integral, uno de carácter ordinario, cuando exista un responsable del hecho dañoso, y otro de carácter especial, para los eventos en los cuales no se haya identificado un autor del ilícito que motiva la petición5.

2. La de en de

reparación vía judicial para víctimas un victimario identificado y condenado el marco del procedimiento penal especial la Ley 975 de 2005

2.1 Marco teórico para la reparación vía judicial Este mecanismo de reparación es el mecanismo principal previsto por la Ley 975 de 2005, y ha encontrado la reglamentación más detallada. Se enmarca en la lógica del procedimiento penal especial diseñado en la Ley de Justicia y Paz, que ofrece al final un incidente de reparación, en el cual las víctimas de las conductas, por las cuales la Fiscalía ha formulado cargos y que han sido aceptados por el procesado, pueden solicitar una reparación integral. El derecho de las víctimas a una reparación adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de

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la Ley 975 de 2005, el pago de la indemnización se realizará con cargo al Fondo de Reparación. Véase Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 11 de diciembre de 2007, Rad. 28769; auto del 21 de abril de 2008, Rad. 29240; auto del 23 de abril de 2008, Rad. 29642. Según el Tribunal de Justicia y Paz, no se trata de dos tipos de incidentes de reparación, sino de formas como las víctimas pueden acudir a dar inicio al trámite con el fin de obtener reparación. Véase Tribunal de Justicia y Paz, Bogotá, Sala de Conocimiento, Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00001; Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00005; Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 2007001001; Auto del 14 de abril de 2008, Rad. 00013 y otros.

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las violaciones y al daño sufrido constituye un deber de garantía del Estado, emanada de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia e incorporados a la legislación a través del artículo 93 de la Constitución y de la normatividad interna6. 2.2 Las lecciones del primer fallo de Justicia y Paz El impacto de este mecanismo de reparación, cuya aplicación todavía se encuentra en una etapa inicial, puede ser evaluada teniendo en cuenta las lecciones de la primera sentencia proferida en el marco de Justicia y Paz, que ha arrojado este mecanismo de reparación judicial7. 2.2.1 Las medidas de reparación En esta sentencia, la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz ordenó –entre otras– las siguientes medidas de reparación a favor de las víctimas directas e indirectas: una indemnización económica por los daños materiales y morales sufridos, medidas de rehabilitación a través de un tratamiento psicológico o psiquiátrico, medidas de satisfacción

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Tribunal de Justicia y Paz, Bogotá, Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00001; Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00005. Sin embargo, es importante hacer la aclaración que el fundamento legal de la reparación en el marco de la Ley de Justicia y Paz es el deber de garantía, pues esta ley no es el escenario para decidir jurídicamente sobre la responsabilidad internacional del Estado; para esto es necesario interponer una demanda ante la jurisdicción contenciosa-administrativa contra el Estado. Véase también Corte Constitucional, Sentencias T- 188 y T-821 de 2007, T-085 de 2008. Tribunal de Justicia y Paz, Sala de Conocimiento, Rad. 11001600253200680526, 19 de marzo de 2009; véase en general sobre el fallo: María Paula Saffon Sanín. “La primera sentencia de Justicia y Paz deja mucho qué desear”, en: http://www.semana.com/ noticias-opinion-on-line/primera-sentencia-justicia-paz-deja-mucho-desear/123173. aspx; “Comisión Colombiana de Juristas: Primer paramilitar sentenciado por ley 975: justicia aparente”, en: http://www.coljuristas.org/documentos/documentos_pag/ Bolet%C3%ADn%20No35%205%20mayo2009.pdf; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. “Condena contra el «Loro» niega los derechos a las víctimas”, en: http://www.colectivodeabogados.org/spip.php?article1532; Eduardo Pizarro Leongómez. “Un hecho histórico”, en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ eduardopizarroleongmez/un-hecho-historico_4893721-1.

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

asistencial consistentes en el acceso a la salud en forma gratuita y el acceso a la educación primaria y secundaria completa para los hijos menores de una de las víctimas directas, medidas de satisfacción y reparación simbólicas que consisten en un acto público en el cual se da lectura a la sentencia, en un reconocimiento público de su responsabilidad por parte del condenado y una disculpa por su conducta, la designación del nombre de una víctima menor al colegio donde estudiaba, y un acto de homenaje a favor de otra víctima directa mediante la designación de una calle, plaza, parque o edificio público con su nombre. 2.2.2 Las fórmulas para la determinación de los montos de indemnización En cuanto a la indemnización, el Tribunal de Justicia y Paz estableció un método especial para determinar los perjuicios. Para la fijación del daño inmaterial (daño emergente y lucro cesante) aplicó los criterios adoptados por el Consejo de Estado, pero ordenó una reducción por 50 %; y para los perjuicios morales, estableció un límite máximo de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por núcleo familiar8. Con esto, el Tribunal decidió no aplicar las reglas y montos para la indemnización establecidos en el Código Penal y el Código Civil. Pero aunque el Tribunal pretendió aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado con ciertas modificaciones, no siguió sus criterios al

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Según la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz: “el conflicto colombiano tiene gran extensión en el tiempo y que ha abarcado casi la totalidad del territorio nacional, lo que ha ocasionado violaciones masivas a los derechos humanos y millonarias víctimas que claman por la efectividad de sus derechos a la justicia, la verdad y, sobre todo, a la reparación. 206. Observa además el Tribunal que cuando sobrevienen violaciones masivas a los derechos humanos, también los Estados deben implementar programas masivos de reparación, en los cuales se privilegien medidas de satisfacción colectivas sobre las meramente individuales, en procura de restablecer la confianza y la solidaridad social. 207. La magnitud de las reparaciones que debe afrontar el proceso de justicia y paz imponen al Tribunal una actuación mesurada y razonable, que por un lado intente compensar a las víctimas de la violencia por los perjuicios ocasionados y, por otra, consulte la realidad económica y la posibilidad de que las sentencias que se impartan tengan posibilidad de hacerse efectivas en un plazo razonable”.

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cuantificar el lucro cesante: por un lado, no tuvo en cuenta que si el valor del salario mínimo legal mensual vigente, que en el momento de la muerte de la víctima reflejaba sus ingresos, después de su actualización tiene un valor inferior al SMLMV actual, se debe tomar este último. Sin embargo, el Tribunal partió del valor del SMLMV de hace diez años, cuando era aproximadamente 203.000 pesos, y no del SMLMV actual que es 497.000 pesos. Por otro lado, el Tribunal de Justicia y Paz dedujo del SMLMV actualizado un 25%, monto que normalmente se presume la víctima destinaba para sus gastos personales; sin embargo, se aplica una excepción, cuando la familia tiene más de cuatro miembros, casos en los cuales el total del salario se divide entre todos9. Aunque una de las víctimas directas tenía 5 hijos, el Tribunal no consideró la excepción al deducir el 25%. Finalmente, la fórmula aplicada por el Tribunal de Justicia y Paz no distingue entre el lucro cesante de la víctima directa que es traslada posteriormente según las normas sobre la herencia a sus familiares, y el lucro cesante que surge en relación con las víctimas indirectas. 2.2.3 Otras medidas de asistencia y reparación El debate sobre la distinción dogmática entre medidas de reparación y medidas de ayuda humanitaria de emergencia, medidas de asistencia y políticas públicas orientadas a la implementación de los servicios sociales como los derechos económicos, sociales y culturales10, también ha tocado el primer fallo de Justicia y Paz, pues el Tribunal de Justicia y Paz ordenó, como medidas de satisfacción asistencial, el acceso a la salud y la educación primaria y secundaria para las víctimas menores de edad. La discusión sobre cómo calificar y distinguir las medidas orientadas a superar los impactos económicos, psicológicos y sociales

Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 24 de abril de 2005; véase también González Medina, Diego Andrés. “Apuntes sobre la Reparación Judicial en el Marco de la Ley de Justicia y Paz”, en: González Medina, Diego Andrés; Perdomo Torres, Jorge Fernando y Mariño Rojas, Cielo (2009). Reparación Judicial, Principio de Oportunidad e Infancia en la Ley de Justicia y Paz. 1ª ed., Bogotá, GTZ. 10 Véase Corte Constitucional, Sentencia C-1199 de 2008, sobre la inexequibilidad del artículo 47 inciso segundo de la Ley 975 de 2005. 9

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de la violencia en las víctimas tiene su origen en el hecho que el marco legal de la Ley de Justicia y Paz no ha sido diseñado como escenario para decidir directamente sobre la responsabilidad internacional del Estado. Por esto, el debate sobre la distinción entre reparación y políticas públicas para garantizar el bienestar social de la sociedad y sus miembros es de carácter particular en Colombia, pues en el derecho internacional las medidas de reparación tradicionalmente han sido entendido como consecuencia de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado, es decir se presentan como obligaciones secundarias derivadas del incumplimiento de las obligaciones primarias del Estado, que consisten en los deberes de respetar, garantizar, proteger e implementar los derechos consagrados en los tratados internacionales11. Esta posibilidad de distinción encuentra sus límites en el marco de Justicia y Paz y su procedimiento penal especial. Sin embargo, la Corte Constitucional entiende la reparación como un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado que es autónomo e independiente de la determinación previa de la responsabilidad internacional del Estado12, lo cual implica el deber del Estado de garantizar una reparación rápida, efectiva y proporcionada al daño sufrido.

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Sin embargo, se puede notar un cambio en el derecho internacional, pues la reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario se entiende cada vez más como un derecho autónomo y desvinculado de la determinación de la responsabilidad internacional del Estado. Véase el artículo 31 del informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 del 8 de febrero de 2005, y la resolución sobre impunidad, número 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidad, Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81 del 21 de abril de 2005; véase también el artículo 15 de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Doc. ONU A/RES/60/147 del 21 de marzo de 2006. Véase Corte Constitucional, Sentencias C-1199 de 2008, T-821 de 2007, T- 188 de 2007, T-085 de 2009.

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2.2.4 Los titulares de la obligación de reparar según el primer fallo de Justicia y Paz En este contexto, la primera sentencia de Justicia y Paz es interesante en cuanto a cómo ha tratado el problema jurídico de los titulares de la obligación de reparar. Según los artículos 23, 38.3, 42 de la Ley 975 de 2005, 15 del Decreto 3391 de 2006, y las Sentencias C-370 de 2006 y C-575 de 2006 de la Corte Constitucional, son, en primer lugar, los penalmente responsables quienes tienen que reparar13, en segundo lugar, y con base en el principio de la responsabilidad civil solidaria los miembros del bloque que ha causado el daño14, y, en tercer lugar, el

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Según la Corte Constitucional, Sentencias C-370 de 2006 y C-575 de 2006, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, que responden con su patrimonio, por las siguientes razones: (1) No existe una razón constitucional que permita excepcionar el principio general según el cual todo aquel que cause un daño antijurídico está obligado a repararlo y trasladar el costo total de la reparación a los ciudadanos y ciudadanas; (2) según el numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, las víctimas tienen derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del delito; (3) el Estado no está autorizado para perdonar –ni penal ni civilmente– a quien ha cometido delitos atroces o al responsable de actos de violencia masiva o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante del daño equivale a una amnistía integral de la responsabilidad, la cual estarían pagando, a través de los impuestos, los ciudadanos que no han causado daño alguno; (4) es constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir el patrimonio de los responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los cuales se pueda comprobar que las personas responsables tienen inmensas fortunas mientras que quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran en dolorosas condiciones de pobreza y desarraigo; (5) resulta razonable que la reducción de las penas que la norma establece se encuentre acompañada de la adopción de otras medidas que, como el pago de los daños y la restitución de los bienes, puedan constituir un marco justo y adecuado para alcanzar de forma sostenible la justicia y la paz. Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, 6.2.4.4.13.: En virtud del principio de solidaridad, responden los miembros del grupo específico al que pertenezcan los perpetradores, pues quienes judicialmente hayan sido calificados como integrantes del grupo armado específico responden civilmente, de manera solidaria, con su patrimonio, por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del bloque o frente al cual pertenecieron, no sólo por los perjuicios derivados de los delitos por los cuales fueren individualmente condenados.

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Estado de manera subsidiaria, para cubrir el riesgo de la falta de recursos de los miembros de los grupos armados ilegales15. A pesar de este marco jurídico, el Tribunal de Justicia y Paz, en la parte resolutiva, se abstuvo de imponer al condenado una obligación de asumir los costos para la reparación. Aunque es cierto que el condenado aparentemente no disponía de bienes, el Tribunal no distinguió entre la imposición de una orden de reparar y su posible ejecución. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia y Paz no se pronunció sobre cómo poner en práctica la figura de la responsabilidad civil solidaria de los miembros del bloque. La dificultad con la responsabilidad civil solidaria de los miembros de un bloque responsable por el daño es que no estaba prevista originalmente en la Ley de Justicia y Paz, sino tiene su origen en la Sentencia C-370 de 2006, en la cual la Corte Constitucional creó esta figura de responsabilidad colectiva al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 54 de la Ley 975 de 200516. En tercer lugar, el Tribunal ordenó exclusivamente el pago de las indemnizaciones y la financiación de las medidas de rehabilitación y las medidas asistenciales a cargo del Fondo de Reparación. Esto resulta interesante en la medida que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-370 de 2006, había señalado que la sujeción de las indemnizaciones decretadas judicialmente, a la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación es inconstitucional17, razón por la cual

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Corte Constitucional, Sentencias C-370 de 2006 y C-575 de 2006: la responsabilidad del perpetrador específico del delito, y solidariamente de los miembros del grupo al que pertenece, no significa que el Estado se pueda liberar de las obligaciones que de manera subsidiaria le corresponden frente a las víctimas. El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes. Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, 6.2.4.4. Según la Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, 6.2.4.3.1.3., la sujeción de la indemnización a la disponibilidad de recursos en el Fondo de Reparación establecida en el numeral 56.1 del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, es inconstitucional por las siguientes razones: (1) es desproporcionada y constituye una afectación excesiva del derecho de las víctimas a la reparación; (2) una vez

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el Estado se convierte en un garante para el pago de las indemnizaciones ordenadas a cargo del Fondo de Reparación. Sin embargo, hasta el momento el Fondo de Reparación cuenta sólo con aproximadamente 8.000 millones de pesos. 2.2.5 La valoración de los requisitos de elegibilidad como condiciones para el acceso a la pena alternativa en la práctica En relación con los requisitos de elegibilidad para acceder al procedimiento penal especial de la Ley 975 de 2005 y la pena alternativa, su evaluación en el proceso penal contra el primer paramilitar condenado deja la lección que los requisitos son poco palpables y verificables. Mientras que fueron diseñados desde la perspectiva de un cumplimiento colectivo por parte del bloque18, la aplicación selectiva de la Ley de Justicia y Paz los

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que se ha ordenado, como consecuencia de un proceso judicial adelantado con las formalidades de la ley, que una persona que ha sido víctima de una violación de sus derechos humanos tiene derecho a recibir una determinada suma de dinero en calidad de indemnización, se consolida a su favor un derecho cierto que no puede estar sujeto a posteriores modificaciones por Acción Social, en su función de liquidador y pagador de dichas indemnizaciones, mucho menos cuando éstas se derivan de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación; (3) adicionalmente, el deber de reparar recae sobre el responsable del delito que causó el daño, de tal forma que el presupuesto general de la nación no es la única fuente de recursos para financiar el pago de las indemnizaciones judicialmente decretadas. La norma parecería eximir al condenado de su deber de reparar en cuanto al elemento de la indemnización; (4) lo anterior no significa que la disponibilidad de recursos públicos sea irrelevante o que la Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación pierda su facultad de fijar criterios para distribuir los recursos destinados a la reparación (artículo 52.6); lo que sucede es que el derecho cierto no se puede desconocer en virtud de los recursos disponibles en una determinada vigencia fiscal; (5) las limitaciones presupuestales justifican medidas de distribución equitativa y temporal de los escasos recursos, pero no el desconocimiento del derecho judicialmente reconocido, situación diferente a aquella en la cual se puede encontrar quien no cuenta a su favor con una providencia judicial específica que ya haya definido el monto de la indemnización a que tiene derecho. Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pronunciamiento sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, OEA/Ser/L/V/II.125 Doc. 15, 1 de agosto de 2006, parag. 24:

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

ha convertido en requisitos que se evalúan de manera individualizada en relación con cada postulado. Para la verificación del requisito de la entrega de bienes del grupo armado colectivamente desmovilizado, las autoridades judiciales hasta el momento han considerado los bienes entregados colectivamente en el momento de la desmovilización, y posteriormente la entrega individual de bienes por parte de postulados. Para el cumplimiento de la entrega de información sobre desaparecidos, se valora la colaboración de los postulados en la ubicación de fosas comunes. Cabe anotar que en cuanto a los requisitos de rendir una confesión completa y veraz sobre todos los delitos cometidos y no reincidir en la comisión de delitos, el incumplimiento de estas dos condiciones debe realizarse mediante sentencia condenatoria por los delitos ocultados19 o cometidos posteriormente a la desmovilización20. 2.2.6 Recomendaciones Cabe resaltar que el marco institucional de Justicia y Paz se caracteriza actualmente por su centralización. Mientras que las versiones libres se realizan en varias ciudades del país, se llevan a cabo las primeras dos audiencias públicas, es decir las audiencias de imputación y formulación de cargos solamente en tres ciudades (Bogotá, Medellín y Barranquilla). La etapa de juzgamiento, que está compuesta por la audiencia de control

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“(…) Del mismo modo, exhorta a las autoridades a definir con claridad los efectos de la falta de cumplimiento de los requisitos de la desmovilización colectiva del artículo 10, en especial el efecto sobre cada miembro del grupo desmovilizado del incumplimiento en que pueda incurrir el grupo en tanto colectivo. Esto es particularmente relevante pues los requisitos del artículo 10 estarían fijando, en principio, deberes del grupo desmovilizado, más allá de que los procesos penales sean individuales, así como los beneficios penales que puedan otorgarse en cada caso. Para la CIDH el incumplimiento de cualquiera de los elementos del artículo 10 debería ser interpretado en el sentido de vedar, en principio, el acceso a los beneficios penales a todos los miembros del grupo desmovilizado colectivamente”. Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, 6.2.2.1.7.27. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 10 de abril de 2008, Rad. 29472.

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de legalidad de la acusación, el incidente de reparación y la audiencia de sentencia, se lleva a cabo actualmente exclusivamente en Bogotá ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz. Esta centralización va dificultar el acceso a las audiencias y la información para las víctimas durante la etapa de juzgamiento, razón por la cual una descentralización del marco institucional de Justicia y Paz podría resultar positiva para los procesos penales y el acceso de las víctimas a la justicia. Además, una sola Sala de Justicia y Paz, compuesta por tres magistrados, tiene que decidir sobre todas las solicitudes de reparación presentadas en las audiencias de incidente de reparación, y luego supervisar la implementación de las medidas de reparación. Sería recomendable que la Sala cuente en el futuro con el apoyo institucional de otras entidades o inclusive disponga de un subcomité compuesto por expertos que pueda asesorar y apoyar al Tribunal de Justicia y Paz durante el procedimiento de decidir sobre las medidas reparatorias y supervisar su implementación. 2.3 Accesoriedad de la reparación vía judicial en un proceso penal y perspectivas para las víctimas hacia el futuro Una de las debilidades de la reparación vía judicial a través de un proceso penal es su carácter accesorio, es decir el acceso a la reparación está condicionado a la existencia de un proceso penal contra un miembro de un grupo armado ilegal postulado a Justicia y Paz. Hasta el momento, se encuentran 3711 personas postuladas a la Ley de Justicia y Paz21. De estas, 1.200 postulados no ratificaron su acogimiento a Justicia y Paz, 5 postulados terminaron su versión libre, y 554 procesos están en curso22.

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De esta cifra son 3.621 desmovilizados de las AUC y 90 de grupos guerrilleros; postulados que se desmovilizaron colectivamente de las AUC son 2.938; postulados de las AUC que se encontraban privados de la libertad en el momento de la desmovilización colectiva del bloque al que pertenecían, son 651, y postulados que se desmovilizaron individualmente de las AUC son 32. Cifras de la Unidad de Justicia y Paz, Fiscalía General de la Nación, del 25 de febrero de 2009. Fiscalía General de la Nación. Información a 13 de marzo de 2009. Véase Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, Justicia y Seguridad para las Víctimas del Conflicto Armado, Análisis con Perspectiva de Género, abril de 2009, p. 24.

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

El carácter accesorio de la reparación vía judicial a través de un incidente de reparación en el marco de un proceso penal contra un miembro de un grupo armado ilegal postulado y sometido a la Ley de Justicia y Paz, ha resultado como uno de los obstáculos más grandes para el acceso de las víctimas a una reparación judicial. La experiencia de la aplicación de un criterio de selectividad, basada en el sometimiento voluntario al proceso penal especial de Justicia y Paz, para definir el ámbito de aplicación personal de esta ley ha mostrado una serie de tendencias muy diferentes en cuanto a la judicialización de miembros de los grupos paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz. En primer lugar, hay bloques desmovilizados, que cuentan solamente con un número muy bajo de postulados23. En segundo lugar, hay bloques con un número muy alto de postulados, pero al mismo tiempo con una cifra muy alta de no-ratificaciones o renuncias al procedimiento penal especial de Justicia y Paz24. En tercer lugar, hay bloques con muchos postulados todavía no llamados a iniciar su versión libre25. En cuarto lugar, hay bloques con muy pocas versiones libres en curso26. En quinto lugar, hay bloques con vacíos. En el caso del bloque Calima, por ejemplo, hay aproximadamente 29 personas postuladas, de las cuales 10 han empezado a rendir versión libre. Sin embargo, varios miembros importantes dentro de la estructura de este bloque, como alias El Cura, uno de los comandantes militares, o alias El Fino, jefe financiero, no han sido postulados hasta el momento, aunque se encuentran presos. Adicionalmente, el comandante del bloque, alias HH fue extraditado, y el jefe político, alias Fernando, está muerto. Por esto, el Despacho 18 de la Unidad Especial de la Fiscalía para Justicia y Paz designado para

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Véase, por ejemplo, las cifras sobre postulaciones en el caso de los bloques: Suroeste Antioqueño, Cundinamarca, Pacífico, Sur del Putumayo y Élmer Cárdenas. Véase el caso del Bloque Norte y el Frente Resistencia Tayrona, que hicieron presencia en los departamentos Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico y Sucre. Véase el caso de los bloques: Héroes del Llano y Guaviare, Centauros y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Véase el caso de los bloques: Héroes de Tolová, Próceres del Cagúan, Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio o Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.

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la investigación de los crímenes cometidos por el bloque Calima, ya ha solicitado la postulación de unos 30 integrantes de este grupo27. Finalmente, la aplicación selectiva de la Ley de Justicia y Paz para miembros de grupos ilegales postulados para el proceso penal especial, dificulta la reparación de los daños colectivamente causados por los miembros de un grupo armado ilegal, y los daños colectivamente sufridos por las comunidades victimizadas por las acciones delictivas de los grupos armados.

P. ha iniciado VL

VL terminadas

Extraditados

Fallecidos

Sin información

 

P. no se ratificó

 

P. no se ha presentado

0

VL aplazadas, suspendidas o canceladas

0

Versiones libres (VL) no iniciadas

Desmovilizados individuales

 0

Privados de la libertad32

48

Desmovilizados colectivos31

Miembros privados de la libertad30

Sur de Magdalena e Isla de San Fernando

Postulados (P.)

TOTAL

Bloque (AUC)

Desmovilizados colectivos29

Cuadro 1. La aplicación de la Ley 975 de 2005 en cifras28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacique Pipintá

0

 0

4

0

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Metro

0

 0

6

0

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Frente Vichada (BCB)

325

 0

6

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Suroeste Antioqueño

126

 0

7

6

 

4

 

 

1

2

 

 

 

 

27 28

29

30

Véase también el Decreto 4719 de 2008. La información específica sobre la situación actual de los postulados (en cuanto al número de versiones libres no iniciadas, aplazadas, canceladas o suspendidas, postulados que no se han presentado o que renunciaron a su postulación, versiones libres iniciadas y terminadas, postulados extraditados, fallecidos, o sin información) ha sido tomada de http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Postulados975.asp (15 de abril de 2009). Cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/g_autodefensa/dialogos.htm Se trata de personas privadas de la libertad en el momento de la desmovilización colectiva del respectivo bloque y certificadas por el comandante del bloque como miembros del grupo armado ilegal. Cifras del Ministerio del Interior y de Justicia, 13 de febrero de 2009.

63

¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

P. no se ratificó

P. ha iniciado VL

VL terminadas

Extraditados

Fallecidos

11

11

 

 

2

1

 

1

6

 

 

 

 

 0

12

12

 

 

 

 

 

4

4

 

1

3

 

Mártires de Guática (BCB)

552

1

14

15

 

 

 

2

 

6

4

 

 

1

1

Sur del Putumayo (BCB)

504

57

18

15

3

 

 

 

 

1

17

 

 

 

 

Cacique Nutibara

868

98

23

20

3

 

 

1

 

8

10

 

1

2

1

Próceres del Caguán

552

0

23

23

 

 

5

1

11

1

5

 

 

 

 

Élmer Cárdenas

1536

8

26

23

3

 

1

 

1

1

23

 

 

 

 

13

1

 

 

10

1

 

 

4

Sin información

P. no se ha presentado

Versiones libres (VL) no iniciadas

 0

358

Desmovilizados individuales

Desmovilizados colectivos31

109

Privados de la libertad32

TOTAL

La Mojana Pacífico

Calima

564

0

29

25

 

Julio Peinado Becerra

251

21

29

15

14

 

 

1

 

7

18

 

 

1

2

Nordeste Antioqueno, Bajo Cauca, MM

1922

0

44

57

 

 

3

 

4

24

5

2

 

4

2

Tolima

207

171

50

7

43

 

24

3

 

7

8

 

 

1

7

Noroccidente Antioqueno

222

6

56

53

3

 

14

1

 

35

6

 

 

 

 

Libertadores del Sur

689

102

59

34

25

 

3

6

5

9

32

 

1

 

4

Vencedores de Arauca

548

91

59

39

20

 

16

1

4

14

15

 

1

2

6

Héroes de Granada

2033

384

75

69

6

 

15

 

4

36

14

1

1

3

1

Bananero

451

21

123

112

11

 

12

2

15

41

41

 

1

7

4

31

32

64

Miembros privados de la libertad30

Bloque (AUC)

Desmovilizados colectivos29

Postulados (P.)

VL aplazadas, suspendidas o canceladas

Cuadro 1 (cont.)

Cifras de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, http:// www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Postulados975.asp, Búsqueda de Postulados por Grupo Armado, (15 de abril de 2009). Se trata de personas privadas de la libertad en el momento de la desmovilización colectiva del respectivo bloque, certificadas por el comandante del bloque como miembros del grupo armado ilegal, y postuladas a la Ley de Justicia y Paz. Cifras del Ministerio del Interior y de Justicia, 13 de febrero de 2009.

Florian Huber

Versiones libres (VL) no iniciadas

VL aplazadas, suspendidas o canceladas

P. no se ha presentado

P. no se ratificó

P. ha iniciado VL

VL terminadas

82

2

5

19

12

 

179

143

36

 

67

3

6

48

35

 

200

196

4

 

54

 

5

119

11

 

108

209

166

43

 

146

4

2

 

27

 

2519

853

216

43

173

 

56

12

10

16

107

2789

44

237

199

38

 

25

1

29

143

24

76

Catatumbo

1434

111

Córdoba

925

48

Héroes del Llano y Guaviare

1765

Sur de Bolívar (BCB) Mineros

Sin información

Desmovilizados individuales  

594

Fallecidos

Privados de la libertad32 33

Montes de María

Extraditados

Desmovilizados colectivos31 105

Miembros privados de la libertad30

138

Bloque (AUC)

Desmovilizados colectivos29

TOTAL

Postulados (P.)

 

6

12

1

4

15

 

10

1

 

7

23

 

1

3

11

 

1

 

14

ACMM

990

154

240

208

32

 

149

37

12

2

26

 

 

5

9

Centauros

1134

708

243

175

58

 

183

5

 

1

13

 

1

7

33

Tayrona

1166

116

537

526

11

 

165

3

43

215

83

 

5

22

1

Norte

4759

468

592

495

97

 

35

5

63

354

99

 

2

21

13

31671

3760

3624

2949

658

s.i.34

1103

101

244

1195

67735

4

17

112

171

31671

3621

2938

651

32

31671

3626

2940

654

32

TOTAL33 Fiscalía

36

Mininterior37

33

34

35

36

37

Estas cifras han sido tomadas principalmente de la página web de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, http://www.fiscalia.gov.co/ justiciapaz/Versiones.asp, 15 de abril de 2009. En la página web de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Postulados975.asp no se encuentra información específica sobre la pertenencia de los 32 postulados individualmente desmovilizados a los bloques paramilitares. Esta cifra es más alta que la cifra presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación del 13 de marzo de 2009; la diferencia se explica por la razón que la información cometida en la página web de la Unidad de Justicia y Paz no está sometida a una actualización permanente; por ejemplo, en el caso del frente Tayrona se menciona que 83 personas han iniciado la versión libre, aunque unas 60 personas han sido citadas solamente a una sesión hace más de 2 años, lo cual permite concluir que estás personas no se presentaron o renunciaron a su postulación. Cifras de la Unidad de Justicia y Paz, Fiscalía General de la Nación, del 25 de febrero de 2009. Cifras del Ministerio del Interior y de Justicia, 13 de febrero de 2009.

65

¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

3. La reparación vía judicial para víctimas sin victimario identificado a través de un incidente de reparación especial fuera del contexto de un proceso penal 3.1 Marco teórico Para atenuar los efectos negativos del carácter accesorio de la reparación en el marco de la ruta de reparación vía judicial para víctimas de un victimario identificado, se diseñó un procedimiento judicial especial para beneficiar a las víctimas de delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales no identificados por el procedimiento penal especial38. Por lo tanto, los requisitos del artículo 42 inciso segundo, para que prospere la solicitud de reparación, son los siguientes: (1) la demostración de la calidad de víctima; (2) la demostración del daño; (3) que no se haya logrado la individualización del autor material del ilícito, en el marco de la Ley 975 de 2005; (4) la demostración del nexo causal entre el daño y las actividades del grupo ilegal, y (5) que se trate de un grupo ilegal beneficiario de la Ley 975 de 2005, esto es, desmovilizado y con el firme propósito de contribuir a la paz nacional39. 3.2 El impacto de la aplicación práctica Resultan curiosas las lecciones de la aplicación de dicho artículo en la práctica, pues en los casos decididos por la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, no ha sido el primer requisito, es decir la necesidad de mostrar la calidad de víctima, sino han sido los requisitos (3), (4) y (5), los que han impedido que las víctimas hayan recIbído una reparación según este artículo.

38

39

66

Tribunal de Justicia y Paz, Bogotá, Sala de Conocimiento, Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 2007001001: “El objetivo del artículo 42 inciso segundo es evitar que las víctimas de acciones de grupos desmovilizados quedaran excluidas de reparación ante la imposibilidad de encontrar responsable de las conductas punibles venerantes del daño”. Tribunal de Justicia y Paz, Bogotá, Sala de Conocimiento, Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00001; Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00005.

Florian Huber

En todos los casos, la calidad de víctima ha sido el requisito más fácil para cumplir, pues el Tribunal de Justicia y Paz se mostró satisfecho con los registros civiles de nacimiento y defunción del cadáver como pruebas suficientes para la demostración de la calidad de víctimas. Han sido los requisitos (3), (4) y (5) del artículo 42 segundo inciso y la respectiva interpretación por la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia, que no han permitido que las solicitudes de las víctimas a obtener una reparación a través de este mecanismo de reparación hayan tenido éxito. El requisito (3), según el cual se necesita que no se haya logrado la individualización del autor material del ilícito, en el marco de la Ley 975 de 2005, ha sido interpretado por las autoridades judiciales como requisito que le otorga al artículo 42 segundo inciso como mecanismo de reparación un carácter subsidiario, es decir que este mecanismo de reparación requiere el agotamiento de la etapa de versión libre, pues se debe establecer que ningún postulado ha confesado el hecho victimizante por el que una persona solicita una reparación según el artículo 42 segundo inciso. El Tribunal de Justicia y Paz ha aclarado que el archivo de un proceso mediante la decisión inhibitoria en el marco de la justicia ordinaria no puede ser interpretado como muestra de la no identificación del responsable, mientras que continua la etapa de versión libre, pues según una interpretación integral y conforme a la teleología específica de la Ley 975 de 2005, se hace necesario que sea a través del procedimiento penal especial consagrado en la Ley 975 de 2005, que se establezca si los desmovilizados del bloque al que se atribuye el hecho delictivo, aceptan o no esta ilicitud y se comprometen a reparar40. Finalmente, el Tribunal de Justicia y Paz se abstuvo de conceder una reparación en un caso, en el cual la víctima contaba con una sentencia condenatoria en la justicia ordinaria contra un desmovilizado que posteriormente fue postulado a Justicia y Paz41.

40

41

Tribunal de Justicia y Paz, Sala de Conocimiento, Bogotá, Auto del 8 de octubre de 2007, Rad. 00005. Tribunal de Justicia y Paz, Sala de Conocimiento, Bogotá, Auto del 31 de julio de 2008, Rad. 1001225200020080000801.

67

¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

Los requisitos (4) y (5) que exigen la demostración del nexo causal entre el daño y las actividades de un grupo ilegal beneficiario de la Ley 975 de 2005, significan, que solamente víctimas de grupos armados ilegales desmovilizados pueden ser beneficiarias del artículo 42 segundo inciso. Esto significa que las víctimas de grupos guerrilleros que no se han desmovilizado, quedan excluidas, pero también víctimas de dos grupos paramilitares que no se desmovilizaron (son las Autodefensas Campesinas de Casanare, ACC, y el frente Cacique Pipintá). Para evaluar la efectividad del mecanismo de reparación vía judicial según el artículo 42 segundo inciso, es necesario mirar a la aplicación del procedimiento penal especial contra los postulados a la Ley de Justicia y Paz, es decir, los grupos armados ilegales desmovilizados, el número de postulados en relación con cada bloque, y los avances en cuanto a la etapa de versión libre. En este contexto, es el caso de las víctimas de la zona oriental de Colombia, que resulta emblemático para mostrar el limitado impacto del artículo 42 segundo inciso en la actualidad. En los departamentos del Meta y Casanare hicieron presencia y se desmovilizaron el bloque Héroes del Llano y del Guaviare y el bloque Centauros, mientras que las Autodefensas Campesinas de Casanare, bajo el comando de alias Martín Llanos, se negaron a desmovilizarse42. Además, había la presencia de grupos guerrilleros. Hasta el momento, de los 2.899 desmovilizados de los bloques Héroes del Llano y Guaviare y Centauros, solamente unos 452 miembros se encuentran postulados, y de estos aproximadamente 329 aún no han sido llamados a versión libre. Esto significa que si una persona pretende ser víctima de uno de estos dos bloques, tendrá que esperar hasta que se agoten las audiencias de versión libre de todos los postulados. Y si la persona se presenta como víctima de las ACC, no puede ser beneficiaria por la falta de desmovilización de esta estructura43. Esto muestra que el carácter subsidiario del artículo 42 segundo inciso y su ámbito de aplicación personal que se restringe para

42

43

68

Véase: González, José Jairo. “Los Paramilitares y el Colapso Estatal en Meta y Casanare”, en: Corporación Nuevo Arco Iris (2007). Parapolítica - La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. 2ª ed., Intermedio, pp. 309 y ss. Véase sobre este caso, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 12 de marzo de 2009, Rad. 31320.

Florian Huber

víctimas de grupos armados ilegales desmovilizados, limita considerablemente su efectividad. El artículo 42 segundo inciso va a aplicarse en un futuro cercano solamente para víctimas de los bloques, que no cuentan con muchas postulaciones o en los cuales el porcentaje de no ratificaciones ha sido muy alto.

4. Conclusiones El carácter accesorio de la reparación vía judicial en el marco de un proceso penal contra un miembro de un grupo armado ilegal postulado a Justicia y Paz, el impacto muy limitado de la reparación vía judicial para víctimas sin victimario identificado en Justicia y Paz, y las limitaciones de la reparación individual vía administrativa según el decreto 1290 de 2008, han sido criticado por la Corte Constitucional en una reciente tutela44. La Corte encontró que ninguno de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz se presenta actualmente como un mecanismo rápido,

44

Corte Constitucional, Sentencia T-085 del 16 de febrero de 2009. En relación con la reparación vía judicial para víctimas con un victimario condenado (artículos 23 y 42 primer inciso de la ley 975 de 2005), la Corte señala que “4.2. (…) En este orden de ideas, la satisfacción del derecho de las víctimas está sometida no sólo a la identificación del victimario, sino también a la aceptación de los cargos por parte de éste, esto es, al reconocimiento de su autoría en el hecho delictuoso, por lo que imponerles el trámite de este proceso es tanto como que los derechos derivados de la condición de víctima quedaran suspendidos hasta cuando se cumpla dicho acto procesal, lo que no sólo desconoce tal condición, ignorando que para su reconocimiento no es necesario siquiera identificar al victimario, sino que también se le está atribuyendo indirectamente la carga de perseguirlo para la satisfacción de sus derechos fundamentales, pues si el Estado no lo hace y el único medio para conseguir la reparación es por medio del proceso penal, entonces la víctima tendría que ejercer la persecución, lo que a todas luces contraviene los postulados imperantes de un Estado Social de Derecho, donde es éste el que tiene el deber de hacer respetar las leyes y de este modo las garantías fundamentales, mediante la persecución del infractor y perpetrador del daño, pues sólo el Estado posee el poder coercitivo para ello….”. Y en cuanto a la reparación vía administrativa en casos de desplazamiento dice que: “(…) En lo que atañe al sometimiento de los accionantes al procedimiento establecido en el Decreto reglamentario 1290 de 2008 «por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley» a fin de ser satisfecho el

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¿Qué quieren las víctimas como reparación y qué pueden esperar de los mecanismos de reparación diseñados por la Ley de Justicia y Paz?

efectivo y adecuado para garantizar una reparación para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por lo tanto, la Corte Constitucional, ante la deficiencia de los mecanismos institucionales de reparación, ordenó en abstracto la indemnización del daño causado, que habrá de liquidarse mediante incidente como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente, ante un Juez de Circuito Administrativo45. Esta evaluación de los mecanismos de reparación por parte de la Corte Constitucional muestra que la Corte ha dado una respuesta a la pregunta planteada al inicio de este artículo –¿Qué pueden esperar las víctimas?– que no es muy alentadora, lo cual requiere un ajuste normativo e institucional en relación con el diseño y la implementación de los mecanismos de reparación.

Continúa nota 44



45

70

derecho a la reparación, esta Sala destaca que el mencionado texto dispone que «la indemnización solidaria prevista en el presente artículo para quienes hayan sido víctimas del desplazamiento forzado, se entregará por núcleo familiar y se reconocerá y pagará a través de FONVIVIENDA…» (artículo 5°), ante lo cual esta Sala considera que dicha disposición es notoriamente contraria al derecho a la reparación, pues le da este calificativo a una conducta propia de la asistencia social que el Estado está en la obligación de proveer a todas las personas, en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en el caso especial de las víctimas del desplazamiento forzado, a que cese su condición mediante la estabilización socio económica; en otras palabras, es un derecho que se tiene por ser persona, no por ser víctima del desplazamiento forzado; luego, al contravenir los postulados del derecho a la reparación, dicho decreto resulta inaplicable al mismo bajo el manto de la Constitución Política que nos rige…”. Por esto la Corte Constitucional llega a la conclusión que: “(…) 4.3. En este sentido, los medios referidos por la entidad accionada para el amparo del derecho a la indemnización de los accionantes, resultan ser ineficaces por las trabas y cargas que le imponen a la víctima, ignorando su condición de tal y el derecho a un recurso ágil, eficaz y sencillo para proteger sus derechos, por lo que el Estado al ser el principal garante de los derechos fundamentales y al recaer en él la obligación investigativa que permita aprehender al autor de la vulneración, tiene el deber de satisfacer el derecho a la reparación de los accionantes, en este caso, a la justa indemnización, sin que ello implique la asunción de responsabilidad directa de los hechos, de allí que posea la facultad de repetir contra el autor del ilícito, pues hay requisitos que la víctima no puede cumplir y que el Estado debe asumir”. Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2009; la decisión es interesante en el sentido que la Corte Constitucional crea una nueva ruta de reparación para víctimas del conflicto armado ante las deficiencias de los mecanismos de Justicia y Paz.

Nuevos retos para la reparación por vía administrativa Evelio Henao

El programa de reparación individual a las víctimas de la violencia armada creado por medio del Decreto 1290 del 22 de abril de 2008 tiene por objeto: “conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2° del artículo 1o de la Ley 975 de 2005” 1. Los derechos fundamentales a los que se refiere este programa son: a) vida; b) integridad física; c) salud física y mental; d) libertad individual, y e) libertad sexual. Temas como la restitución de tierras, reparaciones colectivas y los hechos atribuibles a agentes del Estado no hacen parte del programa, sin que ello signifique su desconocimiento o que sean de menor importancia. El principal motivo para no incluirlos tuvo que ver con la consideración que para ello se requería de una ley, no de un decreto. La razón por la cual el Estado asume la reparación de estas víctimas, según el decreto, es por el principio constitucional de solidaridad2. Sobre este punto debemos decir que algunos consideran que el Estado es responsable por la “omisión al deber de garantía” y no por el principio

1 2

Decreto 1290 de 2008, art. 1º. Decreto 1290 de 2008, art. 3º. “Solidaridad. La reparación individual por la vía administrativa de que trata el presente programa se fundamenta en el principio de solidaridad del Estado con las víctimas”.

Nuevos retos para la reparación por vía administrativa

de solidaridad, pero este es un asunto complejo que merece un estudio aparte, porque la responsabilidad del Estado colombiano en el marco del artículo 90 de la Constitución Política, que dice: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, debe ser declarada judicialmente. Además, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 975 quienes deben reparar a las víctimas son los victimarios. El Estado, de acuerdo con lo señalado por la Sentencia C-370-06, que declaró la constitucionalidad de dicha ley, establece que el Estado solo lo hará de manera residual o subsidiaria. En sus propias palabras: “Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos”. “El Estado –agrega esta providencia- ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso 2o del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes”3. Fue la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que hizo un llamado al Estado colombiano para “6. Estudiar la revisión del sistema de acceso a reparaciones previsto en el marco legal por la vía exclusiva del incidente de reparaciones en el procedimiento penal. El Estado debe asumir un rol principal y no secundario en garantizar el acceso de las víctimas a reparaciones, conforme a los estándares del derecho internacional. Para ello la CIDH recomienda la adopción de un programa

3

72

Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006. Ver párrafo N° 6.2.4.4.11 de dicha sentencia.

Evelio Henao

de reparaciones que funcione de manera optativa frente a la vía judicial penal y complementaria de las demás reparaciones de índole colectiva y de los programas y servicios sociales destinados a la población que ha padecido la violencia en Colombia”4 . Es importante destacar que el programa creado por el Decreto 1290 comprende a todas las víctimas que hayan sufrido un daño o lesión por causa de la violencia armada, lo cual permite el acceso no solo quienes fueron víctimas de grupos que se hayan desmovilizado (AUC), sino también de la guerrillas que aún no se han desmovilizado (FARC y ELN). Así mismo se debe tener en cuenta que, contrario a lo que algunos sostienen, el programa incluye los diferentes modos de reparación, a saber: restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición e indemnización5. Si bien el monto de las indemnizaciones podría alcanzar para el fisco nacional una cifra aproximada de 11 billones de pesos, en algunos casos las otras medidas podrían tener individualmente un costo superior a los montos señalados para las indemnizaciones. Esto no lo han entendido la mayoría de los críticos del programa, e incluso algunos funcionarios que tienen el deber de implementarlo. Como la reparación indemnizatoria no se hace sobre la base del daño emergente y el lucro cesante, o el daño moral, se optó en el programa por que los montos fueran iguales en todos los casos de un mismo derecho violando, con el fin de evitar discriminaciones derivadas de la edad, el género, la condición socio-económica o cualquiera otra. Esto quiere decir, por ejemplo, que a todas las víctima por el homicidio de un ser querido se le reconoce la misma cantidad de dinero expresada en salarios mínimos. Respecto al procedimiento se optó porque este fuera lo más sencillo y sumario posible a través de un Comité Nacional de Reparaciones, con amplias facultades, dejando en manos del Estado la carga de la prueba sobre la condición de víctimas, bajo el principio de la buena fe del solicitante. En caso de que el Estado no resuelva la petición en el término de los 18 meses señalados, automáticamente se considera que se debe reconocer la reparación.

4 5

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 3 2 octubre 2007 Original: Español. Decreto 1290 de 2008, art. 4º.

73

Nuevos retos para la reparación por vía administrativa

Si bien lo dicho anteriormente sobre los montos de la reparación y el procedimiento, merecen especial atención, los nuevos retos que surgen para el programa en este momento a raíz de dos recientes decisiones de la Corte Constitucional que tienen que ver con la naturaleza de las medidas de reparación y el procedimiento para su reconocimiento. Mediante la Sentencia C-1199 de 2008 se resolvió de una vez por todas que las medidas de reparación son distintas a los servicios sociales que presta el Estado (en materia de vivienda, salud y educación), y a las medidas de emergencia. En síntesis los siguientes fueron los pronunciamientos de la Corte Constitucional6:  La reparación es un conjunto integral de acciones encaminadas a bo-

rrar o desparecer los efectos que sobre las víctimas han dejado los crímenes cometidos.  Los servicios sociales comunes que presta el Gobierno, así sea a personas que hayan sido víctimas de los delitos a que se refiere la Ley 975 de 2005, no corresponden a alguna de las acciones a través de las cuales debe procurarse la reparación de las consecuencias nocivas del delito.  En determinados casos se presenta la simultánea ejecución de ambos tipos de acciones.  No es posible, en cambio, que aquéllos puedan sustituir éstas (distinta intencionalidad, diverso título jurídico).  Resulta inadecuado plantear que la acción gubernamental, en desarrollo de deberes de carácter general que al Estado atañen, pueda suplir la acción reparatoria. Por otra parte, la Sentencia T-085 de 2009 ha dispuesto que las víctimas de desplazamiento forzado tienen derecho a ser reparadas por el Estado colombiano (Acción Social para estos efectos), sin que esto implique reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y por lo tanto conserva el derecho a repetir contra el victimario, en las dimensiones del daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Y en caso de no hacerlo, se podrá acudir, a través de una acción de tutela, al procedimiento especial previsto por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

6

74

Corte Constitucional, Sentencia C-1199 de 2008.

Evelio Henao

Sobre este particular dijo la Corte7: las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del daño causado. Esta reparación debe ser plena y efectiva y comprender acciones (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) que distan de la asistencia social que el Estado tiene la obligación de brindar de forma prioritaria por el hecho de ser los desplazados personas en estado de desigualdad y vulnerabilidad. En el entendido que la indemnización comprende: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. Estas dos decisiones, sin duda, modifican y aclaran a la vez por completo el panorama de las reparaciones individuales por vía administrativa. A partir de las mismas, estos temas ya no deberían ser objeto de controversia, como las que se dieron al diseñar el programa y las que se han venido presentando en los debates relacionados con la ley de víctimas. A propósito de este tema, en un nuevo proyecto de ley de víctimas se deberían incluir estas decisiones para ser consecuentes con lo señalado anteriormente por la Corte Constitucional. No obstante, es de la mayor importancia que el Estado y el país en general resuelvan desde ahora cómo va a ser viable fiscalmente este compromiso histórico con las víctimas de la violencia política, bajo el entendido de que no basta con reconocerles una determinada suma de dinero, sino que las medidas de reparación deben ser percIbídas por estas “como un acto de justicia”, según expresión de Pablo de Greiff. Vale la pena destacar que el programa, de acuerdo con el número de víctimas que han acudido a solicitar la reparación (205 mil a

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Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2009.

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Nuevos retos para la reparación por vía administrativa

abril de 2009) prevista en el decreto comentado, ha tendido una amplia demanda, como lo demuestran los siguientes cuadros de Acción Social8. Gráfico 1

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Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y la Acción Social, informe de abril de 2009.

Evelio Henao

Se causaría un enorme daño a la confianza y la credibilidad de las víctimas, y sobre todo sería un irrespeto a su dignidad y demás derechos, que el programa de reparación administrativa fracasara, pues como lo dijera hace pocos días el Cardenal Pedro Rubiano al referirse al tema de la paz: “si no hay justicia, no hay paz, y no hay paz si no hay reparación”.

Bibliografía Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007). Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa. Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. De Greiff, Pablo (2006). The hand book of reparations. Oxford: Oxford University. Huber, Florian (2007). La Ley de Justicia y Paz, desafíos y temas del debate. Bogotá: FESCOL. Orozco Abad, Iván (2009). Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Ed. Temis. Procuraduría General de la Nación (2008). La prevalencia de los derechos de las víctimas del delito de desaparecimiento forzado. Bogotá. Rettberg, Angelika (Comp.) (2005). Entre el paredón y el perdón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá: Universidad de los Andes. Rettberg, Angelika (2008). Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: Deustche Gesellschaft für Technische Zusaminenarbert (GTZ) GmbH - Universidad de los Andres - Fiscalía General de la Nación - Embajada de la República Federal de Alemania. Sanar, no tanto castigar. Justicia restaurativa y paz en Colombia (2006). Simposio Internacional. Memorias. Todorov, Tzvetan (2000). Los abusos de la memoria. Buenos Aires: Paidós.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas: Complementariedades entre las encuestas de percepciones y opiniones sobre paz, justicia, verdad, reparación y reconciliación en poblaciones urbanas y rurales, de la Fundación Social, y Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? de Angelika Rettberg Iris Marín Ortiz & Paula Gaviria Betancur Fundación Social

Durante los últimos años, la Fundación Social ha seguido de cerca las salidas jurídicas formuladas para permitir la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales y garantizar los derechos de las víctimas de delitos de derechos humanos en Colombia. Un primer esfuerzo lo constituyó el seguimiento al proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de justicia y paz, que definió un marco normativo para la desmovilización de los miembros de los grupos armados ilegales, y en particular, los grupos paramilitares, que adelantaban para el momento un proceso de negociación con el Gobierno nacional. Una vez aprobada la ley de justicia y paz, la Fundación Social buscó profundizar en el conocimiento, percepciones, opiniones y actitudes de las víctimas y de la sociedad colombiana sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la disposición a la reconciliación en medio de la incertidumbre sobre la terminación del conflicto armado. En asocio con el Consejo Noruego para Refugiados, la Consejería en Proyectos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, realizó una encuesta

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

sobre el tema en zonas urbanas aplicada a una muestra de 2.000 hogares, 800 de ellos afectados por delitos graves, y 1.200 hogares no afectados. La muestra es representativa de 8.3 millones de hogares urbanos1. En enero de 2008 la Fundación Social inició una serie de estudios a profundidad sobre justicia transicional a nivel regional. El primero de ellos fue un estudio sobre el departamento de Nariño2. Posteriormente, en agosto del mismo año, realizó una nueva encuesta nacional pero aplicada a 2000 hogares representativos de 481.822 hogares rurales en Colombia3. Esta encuesta cuenta además con muestras específicas en cuatro regiones o departamentos, a saber: Valle, Antioquia, Montes de María y Meta4. Tanto en la encuesta nacional como en las regionales, el 60% de las entrevistas se realizaron a hogares no afectados por la violencia y el 40% a hogares afectados por la violencia. Con los anteriores estudios, la Fundación Social ha logrado recabar una buena cantidad de información relevante sobre las percepciones, opiniones y experiencias de las víctimas y del resto de la población sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Dicha información

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Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación. Fundación Social, Consejería en Proyectos, Fundación Social, Centro Internacional para la Justicia Transicional. Bogotá, 2006. La encuesta fue realizada por Econometría Consultores S.A. Para este ejercicio la Fundación aplicó una encuesta similar a la realizada en 2006 en zonas urbanas, actualizando y ajustando el formulario de la encuesta para que fuera representativo de las particularidades del departamento, y realizó un estudio cualitativo donde aplicó entrevistas semi estructuradas y realizó talleres con organizaciones sociales y víctimas. Entre los meses de enero y febrero de 2008 se aplicó la encuesta en 20 municipios del departamento a 400 hogares; 200 de ellos de personas afectadas por el conflicto armado o por graves violaciones a los derechos humanos, y 200 de personas no afectadas. Se definió como ámbito geográfico los municipios del país con menos de 10.000 habitantes en la cabecera, excepto los municipios pertenecientes a los departamentos de Amazonas, Arauca, San Andrés, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada (no incluidos por su baja concentración de población). En Valle se realizaron 469 encuestas, que representan a 35.450 hogares rurales. En Antioquia se realizaron 337 encuestas, representativas de 93.906 hogares rurales. En Montes de María se realizaron 235 encuestas, representativas de 9.522 hogares rurales. Por último, en Meta se realizaron 265 encuestas, representativas de 22.303 hogares rurales.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

ha sido un insumo básico para la formulación de recomendaciones y la incidencia en procesos de diseño de política pública. Algunos de los puntos tocados por los estudios realizados anteriormente por la Fundación Social son también abarcados por la encuesta realizada por la profesora Angelika Rettberg entre junio y julio de 2008, con el Programa de Investigación sobre Construcción de Paz (CONPAZ) del Departamento de Ciencia Política y el Centro de Desarrollo Económico (CEDE), ambos de la Universidad de los Andes. El objeto de este artículo es comparar y complementar algunos de los resultados de las encuestas mencionadas e identificar lineamientos de políticas públicas que se podrían derivar de dicho análisis.Para tal fin, inicialmente se hará una comparación de las metodologías de los estudios, para determinar los aspectos comparables y no comparables de los mismos. Luego se abordarán los siguientes aspectos: porcentaje de victimización y caracterización de la población víctima, principales responsables de los hechos victimizantes, formas de reparación preferidas por las víctimas, conocimiento de la verdad, percepciones y experiencias sobre justicia, conocimiento de la ley de justicia y paz y perspectivas sobre la finalización del conflicto.

1. Comparación metodológica Como ya advertimos, las comparaciones entre los estudios de la profesora Rettberg y de la Fundación Social tienen limitaciones pues existen diferencias metodológicas importantes entre ambos ejercicios, los cuales pasamos a explicar. 1.1. Diferencias respecto a los aspectos abordados por los estudios El estudio de la profesora Rettberg indagó por las formas de victimización, los actores responsables, la proximidad social entre víctimas y perpetradores, las preferencias frente a las medidas de reparación y frente a la verdad y a la justicia, el conocimiento de la ley de justicia y paz y la evaluación de programas de reparación entre otros temas de análisis. Los estudios de la Fundación Social, han indagado sobre el porcentaje de población afectada por delitos graves, 81

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

percepciones sobre el conflicto y la paz, percepciones y actitudes sobre justicia, sobre verdad y sobre reparación. En este documento se abordarán sólo algunos de los temas en los que el análisis de los estudios puede resultar especialmente complementario. 1.2. Diferencias en relación con la muestra: La encuesta de 2006 de la Fundación Social, consistió en 2.000 entrevistas representativas de 8.3 millones de hogares urbanos. La muestra para la encuesta de 2008 fue también de 2.000 hogares, representativa, como ya se mencionó, de 481.822 hogares rurales. Las muestras de ambas encuestas fueron probabilísticas, de conglomerados, estratificadas y multietápicas5. Por su parte, la encuesta de la profesora Rettberg correspondió a 1.014 personas encuestadas por búsqueda focalizada. La información fue recogida acudiendo a organizaciones tanto nacionales como regionales, públicas y privadas que trabajan con víctimas del conflicto armado. Una vez se confirmaron los datos de las organizaciones, estas fueron contactadas y consultadas sobre su voluntad de participar en el estudio. Los criterios de selección de municipios fueron intencionales y explícitos6. De acuerdo a lo anterior, la muestra es representativa principalmente del grupo encuestado, y en ella se “subrepresentan las personas que están por fuera de las redes de alcance estatal y de las organizaciones regionales y locales, y se representan los que ya han pasado por un proceso de socialización y aprendizaje en las organizaciones”7.

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Es probabilística porque cada hogar del universo estudiado tuvo una probabilidad de selección conocida y superior a cero. La ventaja de este tipo de muestras es que permite estimar los indicadores investigados para el universo de estudio con un margen de error calculable. Es de conglomerados de diferente categoría, donde las categorías definidas son las cabeceras municipales agrupadas en estratos, las manzanas al interior de las cabeceras seleccionadas y los hogares al interior de las manzanas. El diseño es multietápico, es decir que la selección final de la unidad informante se realiza por etapas. Rettberg, Angelika. Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas? (2008). Bogotá: GTZ - Fiscalía General de la Nación - Universidad de los Andes - Embajada de la República Federal de Alemania, pp. 37 y 38. Ibíd., p. 34.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

1.3. Diferencias en cuanto a la población encuestada: Las encuestas de la Fundación Social se dirigieron tanto a población afectada, como a población no afectada por delitos graves. Mientras tanto, la encuesta de la profesora Rettberg se centró en población afectada por el conflicto armado. El estudio de 2006 de la Fundación Social,sólo indagó sobre la población víctima de grupos armados ilegales debido a que era la población que tendría cobertura por la ley de justicia y paz. Sin embargo, en los estudios posteriores incluyó en su análisis a víctimas de agentes estatales, con el fin de contar con información sobre las necesidades de la totalidad de las víctimas.

2. Porcentaje de victimización y caracterización de la población víctima Los estudios de Fundación Social en cuanto encuestaron población afectada y no afectada, permitieron hacer una proyección del porcentaje de hogares afectados. Se entendió, para efectos del estudio de 2006, que un hogar afectado era aquél en el que una persona con vínculo directo con la persona directamente encuestada (papá, mamá, hermana, hermano, hija, hijo, cónyuge, compañero o compañera permanente) hubiera sido víctima de algunas de las siguientes conductas, atribuibles a grupos armados ilegales: secuestro, extorsión, desplazamiento forzoso, asesinato, amenaza de muerte, tortura, desaparición forzada o violación física. En la encuesta de 2008, se entendió que un hogar afectado era aquél que a) había sufrido alguna acción violenta en el marco del conflicto armado o por grave violación a los derechos humanos, en las cuales hubiera tenido responsabilidad las guerrillas, los grupos paramilitares, la Fuerza Pública u otro agente estatal; b) el delito por el cual había sido afectado era secuestro, extorsión, desplazamiento, asesinato, amenaza de muerte, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de niños, niñas y jóvenes8, y c) el hecho le había ocurrido a la persona encuestada, o a

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La lista no es exhaustiva por razones metodológicas, por lo cual la cifra no da cuenta del total de personas afectadas por los graves delitos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, aunque en la encuesta de 2006 se incluyó la violación sexual, en esta no se incluyó porque la pregunta resultaba invasiva.

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su padre o madre, o a su compañero, compañera o cónyuge, o a su hijo o hija, o a su hermano o hermana9. De acuerdo a lo anterior, se encontró que 12% de hogares urbanos contaban con al menos una víctima de grupos armados ilegales. A nivel rural se encontró que un 20% de hogares rurales tenían al menos una víctima de grupos armados ilegales o agentes estatales. En la encuesta de 2008 también se indagó sobre la afectación por pérdida de bienes, y se encontró que el 9% de la población había perdido bienes por causa del conflicto armado. En el plano regional, se encontró que Montes de María es la región con mayor nivel de afectación, con un 35%; seguido de Valle, con un 29%, por último se encuentran Antioquia y Meta con un 24% de hogares afectados. En todo caso, todas las regiones estudiadas están por encima del nivel de victimización rural nacional. En cuanto a pérdida de bienes, los resultados arrojaron un 8% de afectación en Valle, 10% en Antioquia, y en Meta y 23% en Montes de María. En cuanto a su caracterización, de acuerdo al estudio de Rettberg, la mayoría de víctimas adscritas a instituciones son mujeres: 69.8%, frente a 30.2% de hombres. Los estudios de Fundación Social, por estar dirigidos a hogares, la metodología no permite determinar el sexo de las víctimas directas y de las víctimas indirectas o sobrevivientes10. Los resultados dan cuenta del sexo de la persona que respondió la encuesta al abrir la puerta de la casa, pero no lo hacen respecto del de la persona afectada directamente por el hecho en su hogar, o de familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En cuanto al estado civil, los estudios son coincidentes: se encontró que alrededor del 60% de las víctimas vive en unión libre o es casada, y alrededor del 20% es soltera. El estudio de la Fundación Social muestra además que hay más personas viudas entre personas afectadas que entre aquellas no afectadas.

La definición de víctima en la encuesta es restrictiva respecto de la que establece la jurisprudencia constitucional, que también incluye a otras personas cercanas que prueben el daño. Esto se debe a las características de la encuesta, en la que es imposible determinar ese punto. 10 Jurídicamente sólo se considera víctima a la persona que directamente sufrió el delito. Los familiares directos sólo se consideran víctimas cuando la persona afectada directamente fue asesinada o desaparecida forzadamente. 9

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El estudio de Fundación Social evidencia que en zonas rurales las víctimas habitan en viviendas de menor estrato y calidad. Sin embargo, en zonas urbanas el estrato socioeconómico de la población afectada y no afectada no es estadísticamente relevante. Los estudios confirman que el nivel socioeconómico de las víctimas es extremadamente bajo. De acuerdo con el estudio de Rettberg, el 61.5% de las personas entrevistadas perciben menos de $360.000 mensuales y el 16.6% no perciben ingresos. Esta situación es más grave entre las mujeres. Adicionalmente, las víctimas tienen en promedio 4 personas a cargo. Respecto del nivel educativo, con algunas diferencias en porcentajes, las encuestas coinciden en que más del 70% de las víctimas no han terminado secundaria. En lo referente a la configuración racial de las muestras, si bien los resultados son diferentes las tendencias son similares. En el estudio de la Fundación Social 2008,el 55% del total de encuestados se considera a sí mismo mestizo, una tercera parte (32%) blancos, un 5% afrocolombiano, negro o mulato y un 5% indígena; en el estudio de Angelika Rettberg el 43.3% se considera mestizo, el 21.5% blanco, el 13.4% afrocolombiano y el 6.5% indígena11.

3. Conocimiento de la verdad En la encuesta urbana de Fundación Social de 2006, más del 35% de las víctimas dijo no conocer la verdad de los hechos que le habían ocurrido, mientras que un 59% dijo que sí conocía la verdad. Estos porcentajes varían en lo rural, según lo muestra la encuesta 2008: el 51% de la población rural colombiana afectada por la violencia no conoce las razones, circunstancias y responsables del hecho que les afectó. En Valle, este porcentaje es de 46%, en Antioquia 53%, en Montes de María 42% y en Meta 49%. Por su parte, el estudio de Angelika Rettberg señala que el 43.1% de hombres y 30.1% de mujeres sí conoce la verdad. Mientras que el

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El estudio de Rettberg indagó, adicionalmente, por la religión de la población encuestada y encontró que alrededor del 60% de las personas encuestadas se consideran católicas y entre 19 y 24% –dependiendo del sexo– cristianos no católicos.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

53.2% de los hombres y el 68.1% de las mujeres no conoce la verdad. A la pregunta de si conoce a la persona del crimen sufrido personalmente, el 20% dijo que no, mientras que el 62% señaló que no sabía o no respondió. Al preguntarse si conocía al responsable del crimen sufrido por la familia, el 23.1% dijo que no, mientras que el 60.4% dijo no saber o no respondió. En cuanto al conocimiento del responsable del crimen que la comunidad sufrió, el 49% dijo que no lo conocía, y el 44% dijo no saber o no respondió. Esto muestra que, aunque los estudios no coinciden en la magnitud, el porcentaje de personas que no conoce la verdad es considerable. De otra parte, todos los estudios preguntaron a las personas afectadas si desearían que la verdad se informe públicamente. En el estudio urbano de la Fundación Social de 2006 se encontró que un 49% de la población afectada sí lo quiere. En cuanto al estudio rural de la Fundación Social de 2008, el 52% dijo estar de acuerdo. Este porcentaje es especialmente alto en montes de María, donde el 75% así lo quiere. Según el estudio de Angelika Rettberg, sólo el 26.4% de los hombres y el 27.8% de las mujeres opinan que la verdad ha sido divulgada adecuadamente al público. Por último, en el estudio de Rettberg se preguntó si se consideraba que una Comisión de la Verdad sería útil en su caso. Aunque el porcentaje de conocimiento es bajo, de quienes habían respondido sí haber escuchado hablar de comisiones de la verdad12, una importante mayoría opinó que este mecanismo sería útil en su caso (80.9% de las mujeres y el 85.3% de los hombres).

4. Principales responsables de los hechos victimizantes Como se vio antes, un porcentaje alto de las víctimas no conoce la verdad sobre lo sucedido, incluso, no conoce con certeza los responsables de los hechos.

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Sólo el 20% de las mujeres y el 15.2% de los hombres habían escuchado hablar de comisiones de la verdad.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

En las encuestas de la Fundación Social, se preguntó tanto a población afectada como a no afectada si se consideraban víctimas de la violencia. Dado que la encuesta de Fundación Social no pretendió ser una encuesta sobre victimización13, se preguntó a todos los encuestados si se consideraban a sí mismos como víctimas. En segundo lugar, se les preguntó por el grupo o grupos del que se consideraban víctimas, pudiendo señalar a más de un grupo como responsable. El 89% de la población afectada y el 11% de la población no afectada respondieron que sí se consideraban víctimas14. Quienes se consideran víctimas y pertenecen a población afectada, estiman que el responsable de su afectación es, en primer lugar, la guerrilla (63%); en segundo lugar, los paramilitares (44%); en tercer lugar, la Fuerza Pública (9%) y en cuarto lugar, el Estado (4%). De acuerdo a las respuestas, la percepción por parte de la población afectada sobre la responsabilidad de guerrillas y paramilitares fue muy similar en el Valle (alrededor del 45%); mientras que en Montes de María la población afectada señala más a la guerrilla (66%) que a los paramilitares (45%); al igual que en Meta, donde el señalamiento a la guerrilla es significativamente mayor (82%) que a los paramilitares (28%). Antioquia es la única región donde se responsabiliza en mayor medida a los grupos paramilitares (63%) que a la guerrilla (44%). En relación a la percepción sobre responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, si bien en todas las regiones se les responsabiliza en

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Las encuestas de victimización requieren un grado de confianza y cercanía con la persona encuestada que no se presenta en un operativo de campo con entrevista puerta a puerta de búsqueda aleatoria, como el desarrollado por la Fundación Social. Resulta invasivo preguntar a la víctima sobre hechos tan delicados sin tener un acercamiento previo de confianza con ella. Las razones para sentirse víctima son variadas entre afectados y no afectados: haber sido forzados a desplazarse y la muerte de familiares o amigos son las razones más frecuentemente relacionadas por las personas afectadas que se sienten víctimas, mientras que las personas no afectadas mencionan razones más generales que muestran que el impacto del conflicto armado es mucho más que una acción directa de un grupo armado, sino que incluye aspectos como el sufrimiento, el desempleo, el miedo, la inseguridad y la intranquilidad. Al tratarse en esta ocasión de una pregunta abierta, que se codificó con un grupo de categorías diferentes a las utilizadas en el año 2006, estos resultados son directamente comparables entre sí, pero se ven más similitudes que diferencias en ambas opiniones.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

un porcentaje bajo respecto de los otros grupos, los resultados no dejan de ser graves por tratarse de actores que no están al margen de la ley. Este porcentaje es mayor en Antioquia y Valle, en donde la población afectada señala en un 10% y 9% respectivamente la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública. El porcentaje es de 4% en Meta y del 1% en Montes de María. Ahora bien, al preguntar por otros agentes del Estado –diferentes a miembros de la Fuerza Pública–, la población no los identifica como responsables, con porcentajes entre el 0 y 4%. Resultado que sorprende pues son de público conocimiento los probados nexos de los grupos armados ilegales y sectores políticos en casi todas las regiones del país. Se buscó también indagar de manera más general a las personas encuestadas su opinión sobre quiénes consideraban como mayores responsables de los delitos cometidos en el conflicto. Las guerrillas ocuparon el primer lugar (46%), los políticos que han apoyado los grupos armados ilegales un segundo lugar (21%), los paramilitares un tercer lugar 17%–por debajo de los sectores económicos y sociales que han apoyado a dichos grupos– (13%), y sólo el 2% considera que es responsable la Fuerza Pública y agentes del Estado. En relación con la encuesta de Angelika Rettberg, la pregunta fue más directa respecto del autor responsable del crimen propio, el responsable del crimen en la familia y el responsable del crimen en la comunidad. En todos los casos se señala como primer responsable a las AUC y segundo a la guerrilla de las FARC.

5. Formas de reparación preferidas por las víctimas En los estudios de Fundación Social, así como en el estudio de Rettberg se indagó sobre las formas de reparación preferidas por las víctimas. En el estudio urbano de la Fundación Social de 2006, se ofrecieron varias opciones de reparación. Para su calificación se utilizó la escala de Lickert, de acuerdo a la cual, las categorías para responder esta pregunta se clasifican en una escala entre totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Se le dio un puntaje de 2 a totalmente de acuerdo, 1 a de acuerdo, 0 a indiferente, -1 a en desacuerdo y -2 a totalmente en desacuerdo. Los puntajes son el promedio de las repuestas de los encuestados: 88

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

Cuadro 1.

Localización de personas secuestradas o desaparecidas

1.75

Devolución de bienes, dinero o propiedades

1.67

Que el Estado otorgue bienes y servicios especiales a los afectados

1.53

Cárcel

1.29

Verdad

1.25

Que los responsables pidan perdón

1.10

En la encuesta rural de Fundación Social de 2008, se preguntó también sobre la simpatía con las medidas de reparación, usando un método similar, pero calificando en una escala de 0 a 5. En la siguiente gráfica se muestra quiénes señalaron estar de acuerdo o totalmente con la respectiva medida de reparación: Cuadro 2.

Que los responsables digan toda la verdad sobre lo sucedido, frente a los afectados y su comunidad

93%

Que los responsables de delitos y crímenes pidan perdón frente a los afectados y su comunidad

91%

Que los responsables paguen una pena en la cárcel

90%

Que el Estado otorgue bienes y servicios especiales a los afectados

90%

Que los responsables de los delitos y crímenes devuelvan a las personas afectadas o a sus familias los bienes, dinero o propiedades que les quitaron

89%

Que los responsables colaboren en la localización de las personas secuestradas y desaparecidas

88%

Si bien, la escala de preferencias en cuanto a las medidas prácticamente se invierte de orden en el ámbito rural frente al urbano, resulta muy alto 89

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

el grado de aceptación de las diferentes medidas razón por la cual la diferencia de orden no es relevante estadísticamente. En el estudio de Rettberg, por su parte, se preguntó también sobre la preferencia de diferentes medidas como reparación. Los resultados fueron los siguientes: Cuadro 3.

Cubrir necesidades económicas Verdad Dinero en compensación por los daños y pérdidas Garantías de no repetición

45.5% 44% 37.8% 36%

Devolución de bienes

32.2%

Juzgamiento de responsables

26.6%

Recuperación física y psicológica

16.1%

Liberación del ser querido

14.1%

Devolución restos de persona allegada

13.1%

Homenajes a la memoria de las víctimas

10.4%

Solicitud de perdón

5.1%

La metodología usada por Rettberg permite identificar el grado de aceptación de la medida y también su preferencia ante la necesidad de selección, pues para responder, las personas encuestadas debieron elegir su tres favoritas. La opción con mayor apoyo es ladel cubrimiento de las necesidades económicas. Esta preferencia resulta natural, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de las víctimas. Sin embargo, se debe tener cuidado con la interpretación de estos resultados, pues podría validar aquellas tesis que permiten validar las medidas generales dirigidas a población pobre, como medidas de reparación.Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que tanto víctimas como población no víctima en zonas urbanas tienen más o menos igual nivel socioeconómico. En el ámbito rural, las víctimas están en una situación socioeconómica más baja, pero no mucho más, que el resto de 90

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

la población. Adicionalmente, no es posible saber si el mayor grado de vulnerabilidad se derivó del hecho violento o si la victimización afectó más a la población más vulnerable. En este sentido si bien es claro que es un deber del Estado adoptar medidas para enfrentar la pobreza, estas medidas deben dar cobertura a toda la población que no tiene sus necesidades básicas satisfechas; ello no sustituye la obligación de los responsables y del Estado de reparar por virtud del daño causado por un delito grave, bajo el derecho internacional. Además, el derecho al mínimo vital, es decir a un sustento básico, es un derecho fundamental, y no podría ser cubierto únicamente o prioritariamente a las víctimas, pues el Estado se estaría eximiendo de su responsabilidad de hacerlo respecto de toda la población pobre del país.

6. Justicia Aunque la experiencia de las víctimas cuando han llevado su caso a la justicia no ha sido siempre exitosa, estas confían y tienen altas expectativas en ella: Cuadro 4.

Efectividad de la justicia para… (FS, urbana, 2006)

Superar el conflicto: 49.6% Revelar la verdad: 58.02% La reconciliación: 57.11%

Efectividad de la justicia para… (FS, rural, 2008)

Superar la violencia: 80% Revelar la verdad: 86%% La reconciliación: 81%

¿En su opinión, para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano? (AR)

Para conocer la verdad: 41.1% Para permitir que las personas puedan volver a convivir: 26.1% Para perdonar los actos cometidos: 11%

Las diferencias de las respuestas de los estudios de Fundación en 2006 y 2008 muestran un incremento de la confianza de la población afectada en la justicia. Este incremento podría obedecer al aumento de la 91

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

discusión nacional sobre el derecho a la justicia con la implementación de la ley de justicia y paz. Sin embargo, los resultados sobre credibilidad en la justicia penal no son tan altos en la encuesta de Rettberg. Resulta positivo que en un país cargado por una historia de violencia tan larga y cruenta, y considerables los niveles de impunidad, las personas victimizadas confíen en la justicia como un medio para resolver los graves conflictos sociales violentos. Esta confianza se refuerza con la valoración positiva que tienen las instancias de la justicia nacional como medios para hacer justicia sobre tribunales extranjeros o internacionales: Cuadro 5.

¿Qué instancias podrían servir para hacer justicia con respecto a los delitos? (FS, rural, 2008)

¿Quién debería juzgar a los responsables? (AR)

Fiscalía Presidencia15

62% 47%

Tribunales Internacionales

38%

Instancias de Justicia y Paz

35%

Jueces Penales

23%

Justicia de USA a través de la extradición Órganos nacionales de justicia

23% 27.6%

Cortes Internacionales

18.7%

Un sistema mixto nacional e internacional La comunidad

17.2%

Cortes militares

7.4%

15.5%

Ahora bien, si se sumaran las respuestas que prefieren como instancias para hacer justicia con respecto a los delitos a tribunales internacionales (38%) y a la justicia de Estados Unidos a través

15

92

Aunque la presidencia no es parte de la rama judicial, es percIbída por las víctimas como una institución clave para la justicia. En efecto, aunque la responsabilidad de hacer justicia recae en fiscalías, jueces y tribunales, parece también ser evidente que sin la contribución de todas las ramas del poder, incluyendo la ejecutiva, la justicia puede ver nublado el alcance de

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de la extradición (23%), la opción por la justicia internacional o extranjera pasaría a un segundo lugar de preferencia, después de la Fiscalía, con un 61% de apoyo. Igualmente, en cuanto a la pregunta de quién debería juzgar a los responsables, si se sumaran las respuestas de quienes prefieren cortes internacionales (18.7%) y un sistema mixto nacional e internacional (17.2%), la opción por intervención de la justicia internacional obtendría un 35.9%, es decir, sería preferida por encima de los órganos nacionales de justicia, que alcanzan un 23% de favoritismo. La lectura anterior podría permitir plantear la hipótesis de la posible existencia de una tendencia que favorecería a la justicia internacional. Independientemente de lo anterior, la justicia nacional tiene una alta confianza. Estos resultados,si bien son un reconocimiento importante para el sistema judicialcolombiano, a pesar de las notables falencias y dificultades que debe enfrentar para hacer justicia, denotan igualmente una gran responsabilidad de su parte, por la confianza y expectativas que tienen las víctimas sobre su gestión. Por otra parte, la exigencia de penas ordinarias o más fuertes es la opción más escogida por los encuestados en los estudios de la Fundación Social, como se puede observar en el Cuadro 6. De esta manera, más del 60% de las víctimas urbanas consideran que se les debe imponer una pena igual o mayor a la establecida ordinariamente. En efecto, el 41.45% prefirió que se hagan cumplir las penas sin tratamiento especial y el 29.12% prefirió que se les incremente las penas. La suma de estos dos porcentajes da un 70.57% de apoyo a penas iguales o más altas para los responsables. Esta proporción es de más del 90% en ámbitos rurales. En la encuesta rural el 64% prefiere que no se les rebajen las penas y el 27% prefiere que se les incrementen, lo que da como resultado 91% de apoyo a la imposición de unas penas iguales o más altas.

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sus objetivos. Otra posible explicación es que según la Constitución Política, el presidente de la república es el jefe de Estado, de gobierno y la suprema autoridad administrativa, ello sumado a que existe en la actualidad una fuerte figura presidencial que lleva dos períodos consecutivos en el poder.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

Cuadro 6.

Rigor en la aplicación de la justicia a los responsables

FS, urbana, 2006

FS, rural, 2008

Que se les haga cumplir las penas tal como están establecidas actualmente en la ley, sin tratamiento especial

41.45%

64%

Que se les aplique la justicia con mayor rigor que lo establecido actualmente, incrementando las penas

29.12%

27%

Que se les reduzca la pena por el delito que cometieron

24.12%

7%

Que no se les imponga ninguna pena

5.32%

2%

Estos resultados no pueden desconocerse por quienes han diseñado y tendrán que diseñar marcos legales para la desmovilización de combatientes pues el desacuerdo con la reducción de penas que ha primado en las soluciones legislativas en Colombia es muy representativo en estas respuestas. El estudio de Rettberg refuerza esta conclusión, pues a la pregunta: ¿Cómo deberían ser castigados los culpables de los crímenes?, el 37% respondió que deberían ser encarcelados, el 37% respondió que deberían pagarle a sus víctimas, el 17% respondió que deberían prohibírseles ocupar cargos públicos16, sólo el 6% dijo que sería suficiente con el pago de una multa. Por otra parte, hay una opinión importante de las víctimas respecto a enjuiciara líderes y rasos pero con preferencia a que se enjuicie con más rigor a los líderes:

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En todo caso las víctimas rechazan, en su mayoría, la posibilidad de que los responsables ocupen cargos públicos, de acuerdo a los resultados sobre el punto indagado en las encuestas de Fundación Social, en el capítulo sobre reconciliación. En la encuesta urbana de 2006 el 34.9% de los hombres afectados y el 20.6% de las mujeres afectadas, dijeron estar dispuestas a aceptar que los responsables participaran en política y si fueran elegidos gobernaran. En el 2008, sólo el 11% de la población afectada respondió que sí.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

Cuadro 7.

¿Quién cree ud. que debe ser juzgado? (FS, urbana, 2006)

Solamente los líderes 32.46% Todos: 65.74% Solamente los rasos: 1.8%

¿Quién cree ud. que debe ser juzgado? (FS, rural, 2008)

Solamente los líderes 15% Todos: 84% Solamente los rasos: 1%

¿Debe distinguirse entre quienes ordenan un crimen y quienes lo ejecutan? (AR)

Si: 48.8% No: 36.9%

¿Quiénes cree que deberían recibir el castigo más fuerte? (AR)

Los que ordenan: 37.5% Los que ejecutan: 9.2% NS/NR: 53.4%

Aunque la necesidad de buscar eficiencia en la investigación, dada la magnitud de personas responsables de los hechos y la masividad de los mismos, han llevado a preferir la investigación únicamente de los líderes, la verdad es que las personas encuestadas opinan que se debería juzgar a todas las personas responsables. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de Rettberg, parece haber aceptación de que se concedan penas más benignas a quienes ejecutan los hechos, respecto de quienes los ordenan.

7. Conocimiento de la Ley de Justicia y Paz Luego de más de tres años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en los estudios de la Fundación Social del 2008 y de Rettberg se indaga sobre el grado de conocimiento de esta ley. Cada estudio aborda el tema de manera distinta. En el Gráfico 1 se puede observar las preguntas utilizadas por la Fundación Social y sus resultados. Alrededor de 6 de cada 10 habitantes en zonas rurales del país (cifra que es ligeramente más alta entre afectados que entre no afectados) sabe que a algunos desmovilizados los están juzgando a través de una “ley especial que les da rebajas de penas a cambio de que cumplan ciertas condiciones”. Ello sugiere un conocimiento importante de la 95

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

Gráfico 1.

legislación actual que se refuerza con que más de la mitad menciona específicamente la “Ley de Justicia y Paz” cuando se indaga sobre cómo se llama la ley mediante la cual están siendo juzgados. Esta proporción es menor en Montes de María, donde cuatro de cada diez sabe, y es mucho mayor en Meta, donde el 85% de las personas conocen la existencia de dicha ley17. Estos resultados contrastan con los del estudio de Rettberg pues al preguntarse a las víctimas si conocían la diferencia entre la ley de justicia y paz y la ley ordinaria, un 74.2% respondió que no. Luego, a quienes conocían la diferencia, se les preguntó cuál de las dos prefería: el 81.7% dijo no saber o no respondió, mientras que un 12.3% dijo preferir la ley de justicia y paz. Sólo un 6% dijo preferir la ley ordinaria.

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En Meta paradójicamente es donde menos instituciones de justicia y paz hacen presencia y donde las que sí tienen presencia manifestaron no conocer aspectos básicos de dicha ley, de ahí que el alto conocimiento de justicia y paz pueda atribuirse a la difusión del tema en medios de comunicación.

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8. Las víctimas: entre el miedo, la confianza y la desesperanza Las víctimas como ciudadanas que luchan por construir o reconstruir un proyecto de vida, se debaten entre el escepticismo respecto a la finalización del conflicto, las posibilidades reales de un futuro mejor para ellas y la confianza en que las cosas van a cambiar. Así, frente a la pregunta sobre si va a haber paz en Colombia en los próximos 5 años, las respuestas son mayoritariamente optimistas. Cuadro 8.

Estudio A. Rettberg

¿Cree usted que va a haber paz en Colombia en los próximos cinco años?

¿Cuándo va a finalizar el conflicto? NS/NR

3.8% hombres 7% mujeres

NO

37.7% mujeres 45.9% hombres

SI

55.3% mujeres 50.3% hombres

Los estudios de la Fundación Social, por su parte, tienden a mostrar, más bien, una gran incertidumbre. Tanto en el ámbito rural como en el urbano, más del 50% de la población encuestada no sabe cuándo terminará el conflicto, o cree que no va a ser nunca. Cuadro 9.

Estudio Fundación Social

¿En cuántos años cree usted que se va a acabar el conflicto en Colombia? (FS, urbano, 2006)

¿Cuándo va a finalizar el conflicto? Nunca

30%

No sabe

28%

Se acaba (promedio 14 años)

42%

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

Cuadro 9 (cont.)

Estudio Fundación Social

¿En cuántos años cree usted que se va a acabar el conflicto en Colombia? (FS, rural, 2008)

¿Cuándo va a finalizar el conflicto? Nunca

18%

No sabe

48%

Se acaba (promedio 12 años)

34%

En Valle y en Antioquia la tendencia es al pesimismo. En Valle, cerca del 80% responde no saber cuándo se terminará el conflicto o piensa que no se terminará nunca. En Antioquia, entre el 70% y el 80% responde no saber cuándo será la terminación de la confrontación armada, o piensa que no se terminará nunca. En Montes de María y Meta, la población es menos pesimista. Alrededor del 60% de la población de Montes de María y de Meta responde que no sabe cuándo se acabará el conflicto o considera que nunca. Al panorama anterior se le agrega el temor que mantienen las víctimas. Sin bien se reconocen cambios positivos en las percepciones sobre el debilitamiento de los grupos armados ilegales y el nivel de violaciones cometidas por ellos, las víctimas están atrapadas entre el miedo y la desesperanza. En la gráfica se ve que el alto porcentaje que cree que los grupos se han debilitado contrasta con que casi nadie considera que ya no existan. Igualmente la percepción positiva sobre la reducción de la violencia a partir de las desmovilizaciones, 62%, contrasta con la baja denuncia de las víctimas sobre sus delitos a causa del miedo (del 51% que no ha denunciado, el 60% no lo hizo por miedo a represalias). El miedo también es la principal razón para no conocer la verdad (39%) y para no solicitar reparación (de las 65% de las víctimas señalaron que no habían solicitado reparación, el 35% no lo hizo por temor a represalias). Valle y Antioquia son los departamentos donde las víctimas tienen más miedo a represalias comparativamente con Montes de María y Meta. Este miedo no es sólo una percepción si se tiene en cuenta que el año pasado la Corte Constitucional tuteló a varias mujeres que pidieron 98

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protección por la grave situación de riesgo que enfrentaban por el hecho de participar en los procesos de justicia y paz. De hecho varias de ellas fueron asesinadas. Los grupos armados ilegales después de las desmovilizaciones Cuadro 9.

Guerrillas

Paramilitares

Se han debilitado 87%

Se han debilitado 81%

Conservan el mismo poder 12%

Conservan el mismo poder 16%

Están fortalecidos 1%

Están fortalecidos 1%

Ya no existen 0%

Ya no existen 1%

9. Conclusiones y recomendaciones A continuación se profundiza en algunos análisis de los resultados, en aras de dar algunas recomendaciones para la construcción de políticas públicas para víctimas de violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se requiere fortalecer mecanismos de acceso a la justicia para población rural. Dado que parece ser significativamente más alto el porcentaje de victimización en las zonas rurales que en las urbanas, deberían de redoblarse los esfuerzos por establecer mecanismos de acceso a la justicia y a las medidas de reparación para la población rural, que es la que más dificultades enfrenta para acceder a las instituciones. La mayoría de las instituciones de atención a víctimas se encuentran ubicadas en cabeceras municipales. Tal es el caso de las oficinas regionales de atención de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, las Procuradurías Regionales y Provinciales y las sedes regionales de la Defensoría del Pueblo. Dado que evidentemente sería muy difícil contar con oficinas especiales de atención a víctimas en todos los municipios del país, lo más razonable es apoyarse en las entidades ya existentes en los municipios, como las personerías. Igualmente, es necesario apoyar la creación de programas de atención por parte de las alcaldías y gobernaciones y fortalecer los ya existentes. 99

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

Todos los grupos han agredido a la población civil, todas las víctimas deben tener iguales derechos. Los mayores responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado han sido las guerrillas y los grupos paramilitares. Hay también un porcentaje de víctimas de la Fuerza Pública, y otras que se reportan como víctimas de las Águilas Negras18. Igualmente, hay una percepción de una responsabilidad comparativamente alta de sectores políticos y sociales que han cohonestado e incluso apoyado las actividades de los grupos armados ilegales. Resulta indispensable atender y garantizar sus derechos a todas las víctimas de estos delitos por igual, sin hacer distinciones en consideración al grupo que las ha victimizado. No confundir las obligaciones sociales del Estado con la obligación de reparar. La mayoría de las víctimas se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La mayoría de las víctimas son mujeres de un bajo nivel socioeconómico y educativo. Las víctimas rurales se encuentran en una situación socioeconómica ligeramente más difícil que la de la población no afectada. No se sabe si esta situación es consecuencia de la victimización o si la victimización afectó más a población más vulnerable, o ambas. En los centros urbanos, en cambio, el nivel socioeconómico de población afectada y no afectada es similar. Las apremiantes necesidades económicas que enfrentan las víctimas pueden llevar a que estas acepten beneficios sociales encaminados a cubrir sus necesidades económicas básicas, como medidas de reparación. Esto parece indicar la encuesta de Angelika Rettberg, en la que resulta clara la preferencia de las víctimas por ayudas para cubrir las necesidades económicas personales y familiares. Sin embargo, la población no afectada también es población pobre y de bajo nivel socioeconómico y educativo. Así, si el Estado decidiera, como se ha planteado en la discusión de algunas medidas legislativas,

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Las Águilas Negras son grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de los grupos paramilitares, con presencia en varias zonas del país. En las discusiones del proyecto de Ley 157 de 2007 –Senado y 044 de 2008– Cámara, se propuso hacer valer como medida de restitución de bienes inmuebles la concesión de acceso prioritario a los subsidios parciales de vivienda. Estos subsidios

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como el proyecto de ley de víctimas19, hacer pasar por reparación las medidas de asistencia social, generaría una pugna nociva entre víctimas y población no afectada. Se enviaría el equívoco mensaje de que, para tener acceso a políticas sociales del Estado en vivienda, salud o educación, no sólo es necesario ser pobre y no tener medios para garantizarse esos derechos, sino además, haber sido víctima de un grave delito de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Tomar esta decisión restaríala capacidad de acceso a estas políticas sociales al resto de la población pobre. Pero además, las medidas sociales, en principio, no son reparadoras. Así lo ha confirmado la jurisprudencia constitucional, especialmente en la Sentencia C-1199 de 2008, en la que la Corte Constitucional estudió la Ley 975 de justicia y paz y señaló que las medidas sociales no pueden ser validadas como medidas de reparación, pues cada una de es tipo de medidas tiene fuente y finalidad distinta. Por consiguiente, la solución de reparar con beneficios sociales, que parece práctica y poco costosa en términos de recursos económicos, es inconstitucional, dificulta el acceso a las políticas sociales por parte del resto de la población pobre, y no repara. Lo que se podría concluir es que se requiere que, a la vez que se destinan recursos adicionales y específicos para reparación, se fortalezcan las medidas para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de toda la población, incluyendo las víctimas. No todas las víctimas saben la verdad de su caso y no están de acuerdo con la difusión pública de la verdad. El 50% o más de las víctimas de zonas rurales no conocen la verdad sobre lo que les ocurrió. Este porcentaje es un poco más bajo en las zonas urbanas. Lo anterior muestra que es imperioso fortalecer los mecanismos de acceso a la verdad: a la determinación de los responsables y las causas de los hechos. También muestra que el reto todavía es enorme, a pesar de los resultados de la aplicación de la Ley 975 de 2005, en particular

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los ofrece el Estado para garantizar el derecho a la vivienda. Disposiciones similares se han discutido en relación con costos educativos de educación básica primaria, que debe ser gratuita de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales aplicables.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

por las declaraciones de los desmovilizados20, así como por el trabajo del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ahora bien, aunque la mayoría de las víctimas quieren saber la verdad, quienes no la quieren saber manifiestan que esto se debe al temor a represalias. Esta razón podría ser también la explicación para que alrededor de la mitad de las víctimas prefieran que la verdad no se haga pública. En todo caso, parece ser que es indispensable que para la difusión pública de la verdad, tanto de los procesos judiciales como de los mecanismos de verdad histórica, se deba contar con la autorización expresa de la víctima concernida, y no desconocer ni minimizar los temores o resistencias que esta pueda manifestar. Justicia es sanción, y las víctimas prefieren el encarcelamiento como sanción. Parecería que aceptan que se focalice el juzgamiento en los líderes, y creen que la justicia nacional es quien puede y debe hacerlo. Mayoritariamente, las víctimas consideran que los responsables deben ser juzgados yque deben ser privados de la libertad. Creen además que las penas deben ser iguales o mayores a las establecidas en la ley ordinaria. Es decir, las víctimas, en principio, rechazan los indultos, y quieren justicia retributiva sin rebajas para los responsables de los delitos. Sin embargo, de acuerdo al marco legal vigente, los miembros de los grupos postulados a la ley de justicia y paz, que equivale al 10% de los desmovilizados, aproximadamente, responderían con penas de entre 5 y 8 años de cárcel. El resto de los desmovilizados no cumplirían pena alguna. Además, la ley de justicia y paz sólo fue prevista para el juzgamiento de quienes tuvieran procesos judiciales por delitos graves al momento de su desmovilización. El resto de los desmovilizados accederían, conforme a la Ley 782 de 2002 y a su Decreto Reglamentario 128 de 2003, a una medida de indulto, sin investigación alguna. Sin embargo, la posibilidad de indultar sin condiciones a quienes hubieren hecho

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El balance sobre los resultados y alcances de esas declaraciones es agridulce. Un análisis del tema se encuentra en los panoramas nacional y regional de la justicia transicional, elaborado por la Fundación Social en 2008.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

parte de los grupos paramilitares, fue encontrada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia21. Ahora bien, no es una tarea fácil la que la Fiscalía ha asumido con la implementación de la ley de justicia y paz. Las cifras sobre confesiones recIbídas, formularios diligenciados por las víctimas para participar en los proceso de justicia y paz, entre otras, muestran que ha sido una tarea descomunal. De otra parte, la Corte Constitucional ha revisado la Ley 975 de 2005 y ha encontrado que la reducción de la sanción a una privación de la libertad de entre 5 y 8 años es aceptable, siempre que se garanticen los derechos de las víctimas. Igualmente, las víctimas, de acuerdo a las encuestas, muestran aceptación de la focalización del juzgamiento en quienes ejercían mando en los grupos, sin perjuicio del deber del Estado de investigar, con la debida diligencia, todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario22.

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Cuando más de 11.000 desmovilizados habían sido indultados la Corte Suprema de Justicia expidió el 11 de julio de 2007 una sentencia que señaló que los desmovilizados de grupos paramilitares no podrían ser indultados, aunque no hubieren cometido delitos diferentes a la pertenencia al grupo, al porte ilegal de armas y al porte ilegal de uniformes e insignias. Según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la pertenencia a grupos paramilitares constituía el delito de concierto para delinquir agravado, es decir, en el delito de asociarse para cometer delitos graves de derechos humanos. La Corte Suprema estimó que ese delito no era indultable y que el perdón de la pena vulneraría las normas que reconocen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por tal razón, 19.000 desmovilizados quedaron a la espera de una solución jurídica. Al momento de culminar este artículo el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permite aplicar el principio de oportunidad, es decir suspender, renunciar o interrumpir la investigación penal, de estos desmovilizados. El juez puede, si así lo estima, imponer algunas condiciones relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas y la garantía de no reincidencia. Es altamente probable que entre los 19.000 en espera de una solución jurídica se encuentren personas que, aunque no tengan investigaciones o procesos por delitos graves, los hayan cometido, o incluso hayan actuado como mandos medios o altos en las estructuras, sin que la justicia haya avanzado en su individualización como presunto responsable del hecho. El Estado debe investigar los hechos para garantizar que estas personas no escapen a la responsabilidad penal que tienen por los delitos que hayan podido cometer.

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Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

Lo que sí resulta indispensable, es que todas las personas postuladas a la ley de justicia y paz sean privadas de la libertad. De acuerdo a cifras suministradas por la Fiscalía a la Fundación Social, en ninguna de las regiones estudiadas a profundidad en el estudio realizado en 200823, la proporción de personas sometidas a justicia y paz que estaban privadas de la libertad superaba el 35%. En algunos casos, como los del Bloque Pacífico, este porcentaje era del 9%. Es decir, en las cuatro regiones estudiadas, por lo menos el 65% de los paramilitares desmovilizados sometidos a justicia y paz, que tienen investigaciones en contra por delitos contra los derechos humanos y el derecho humanitario, no están privados de la libertad. No sólo porque es lo que quieren las víctimas, sino además porque es lo que exige la ley, habría que fortalecer los esfuerzos para capturar a todos los desmovilizados sometidos al marco de la ley de justicia y paz, pero también a los miembros de las guerrillas y los miembros de la fuerza pública comprometidos en delitos graves. Retos para la justicia en medio del conflicto. A pesar de la percepción de mejoramiento de la situación de violencia general y del debilitamiento de los grupos, ninguna víctima encuestada cree que los grupos paramilitares hayan dejado de existir, a pesar de su desmovilización. Adicionalmente, en ellas prima el miedo, y este las disuade de reclamar sus derechos. Las falencias del programa de protección de víctimas y testigos de la ley de justicia y paz son notables. Así lo ha constatado la Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 2008, que tuteló a las mujeres que estaban en una grave situación de riesgo por su interés de participar en los mecanismos de justicia y paz. Dado que la mayoría de las víctimas que solicitan servicios de los programas del Estado son mujeres, es fundamental que en estos programas se incorpore un enfoque diferencial de género, además del enfoque etáreo, étnico y para personas en situación de discapacidad. Debido a que los mecanismos de justicia y de reparación están operando en medio del conflicto, la participación de las víctimas en lo procesos judiciales –no sólo en justicia y paz–, así como

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Valle, Antioquia, Montes de María y Meta.

Iris Marín Ortíz & Paula Gaviria Betancur

en los procesos de esclarecimiento de verdad no judiciales y de búsqueda de la reparación, las pone en riesgo. Por consiguiente, tal vez la tarea más apremiante en este proceso es fortalecer los mecanismos de protección. Además, estos mecanismos se deben complementar con políticas de prevención. La Corte Constitucional ha encontrado defectos graves en la política pública de prevención en el marco del proceso de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004. Para ser solucionados, la Corte ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollar un Sistema Nacional de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos: Según los distintos informes y evaluaciones remitidos a la Corte Constitucional con ocasión del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, en materia de prevención, continúa faltando el desarrollo de un sistema nacional de prevención del desplazamiento propiamente dicho que, entre otras cosas, (i) funcione en el marco de una política pública de prevención de violaciones de derechos humanos, (ii) cuente con recursos adecuados que no dependan exclusivamente de la cooperación internacional; (iii) permita un seguimiento permanente de la dinámica del desplazamiento, de la evolución del conflicto armado y de otros factores de alteración del orden público y de seguridad ciudadana que incidan en el desplazamiento forzado; (iv) supere el análisis puramente coyuntural activado por los informes de riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo; (v) establezca mecanismos y protocolos técnicos para desvirtuar objetivamente los informes de riesgo; (vi) permitan mantener por un tiempo prudencial las medidas de protección a bienes y personas, así no se declare la alerta temprana; (vii) cuente con un sistema de información adecuado para valorar los riesgos, que tenga en cuenta otros sistemas de seguimiento existentes sobre la evolución del conflicto armado y el orden público y sobre violaciones de derechos humanos, de tal manera que sea posible establecer mecanismos adicionales para la prevención del desplazamiento; (viii) facilite la implementación de planes de contingencia cuando el riesgo esté relacionado con operaciones legítimas del Estado para el mantenimiento del orden público; (ix) retroalimente el sistema de protección individual a líderes y personas desplazadas a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia; y (x) de una 105

Elementos para una política de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas

respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo y ante las declaratorias de alerta temprana que emita el CIAT24. La Corte ha señalado que entre las deficiencias de las medidas de prevención de violaciones a los derechos humanos se encuentra la ausencia de enfoques diferenciales en las mismas. En particular, ha resaltado la necesidad de dar respuestas específicas para la prevención de los riesgos desproporcionados del conflicto en las mujeres (Auto 092 de 2008); en niños, niñas y adolescentes (Auto 251 de 2008); en la población indígena (Auto 004 de 2009); en la población afrodescendiente (Auto 005 de 2009) y en la personas en situación de discapacidad (Auto 006 de 2009). Para superar las falencias señaladas, la Corte ha ordenado al Gobierno el diseño e implementación de planes de prevención del desplazamiento forzado, en el marco de una política de prevención de las violaciones a los derechos humanos. Para proteger efectivamente a las víctimas, la multiplicidad de programas de protección, así como los planes de prevención ordenados por la Corte Constitucional en materia de prevención y protección, deben ser articulados bajo una política pública integral y armónica de prevención de violaciones a derechos humanos y de protección de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

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Corte Constitucional, Auto 008 de 2009.

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz* Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto** Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes Bogotá, Colombia

Introducción “¿Conoce usted a la persona responsable del crimen que usted sufrió?”. “Sí, ese se aparece por aquí a ratos…”, contesta una mujer desplazada, encuestada para el proyecto Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? (Rettberg, 2008) durante una jornada en Caquetá (1° de julio de 2008). Cerca de una quinta parte de las víctimas del conflicto armado colombiano encuestadas para este proyecto dijo conocer a su victimario (ver Tabla 1). 9,1% de la muestra afirmó saber dónde vive éste, y el 5,1% afirmó que vive en su comunidad. Porcentajes similares

Agradecemos a GTZ-Profis la oportunidad de presentar resultados preliminares en el foro “Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? - Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad”, realizado el 8 de mayo de 2009 en el Hotel de la Ópera, Bogotá. Agradecemos también a Natalia Lombana por compartir sus observaciones del trabajo de campo realizado en el marco de la encuesta Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?, cuyos resultados fueron recopilados en Rettberg (2008). ** Rettberg, Angelika Ph.D. es directora del Programa de Investigación sobre Construcción de Paz (ConPaz) y directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Juan Diego Prieto es estudiante de la Maestría de Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. *

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

dijeron conocer (16,6%), saber dónde viven (8,1%), o tener en su comunidad (3,8%) a los victimarios de sus familiares. Tabla 1. Porcentajes de proximidad social entre víctimas y victimarios

Propio

Familia

Conocen al victimario

17,6%

16,6%

Saben dónde vive

9,1%

8,1%

Vive en su comunidad

5,1%

3,8%

Colombia se distingue de otros países inmersos en conflictos armados por la extracción social similar de la mayoría de víctimas y victimarios (Arjona, 2009; Rettberg, 2008). Orozco (2005) ha definido este fenómeno como de “victimización horizontal”. Esto hace referencia no sólo a que las bases sociales y económicas de ambos grupos coinciden a grandes rasgos, sino también a que, debido a la larga duración del conflicto colombiano, muchos victimarios pueden aducir su propia victimización previa como causante o justificación de su acción1. En varias regiones del país víctimas y victimarios han convivido en las mismas poblaciones o tienen antecedentes familiares comunes. Muchas veces, haber quedado de un lado u otro de la responsabilidad frente a graves violaciones de Derechos Humanos ha sido fruto más de la coincidencia que del cálculo político. La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y el proceso de desmovilización (Ley 782 de 2002) han sido instrumentales para poner de presente muchas de estas realidades. Tanto las versiones libres de los paramilitares desmovilizados como las declaraciones de los desertores de las guerrillas, como también los testimonios de las múltiples

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Este no sólo es el caso de grandes cabecillas como Carlos Castaño, líder de las AUC, quien en su autobiografía relata una larga historia de victimización por parte de la guerrilla a su familia (Aranguren, 2001). También líderes intermedios y combatientes rasos recurrentemente relatan que ataques del bando opuesto –a sus familias y sus poblaciones– jugaron un papel en su decisión de vinculación (ver Bolívar, 2006).

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

víctimas y organizaciones de víctimas surgidas en los últimos años no sólo sugieren experiencias sociales similares –de pobreza, abandono, precariedad material y pocas oportunidades– sino también coincidencia en las regiones de origen y de residencia. Si bien el abismo moral que separa a estos dos grupos resulta infranqueable, su convivencia en la práctica plantea preguntas que son relevantes para la construcción de paz en Colombia: ¿En qué medida la proximidad social –desde el conocimiento hasta la coincidencia en lugares de residencia con una probabilidad elevada de contacto cotidiano– entre víctimas y victimarios representa un obstáculo o una oportunidad para la reparación de unas y la reintegración social de los otros? En breve, ¿en qué medida la paz y la reconciliación en Colombia van a depender de resolver –en el nivel micro local (casi que de barrio)– la convivencia entre (antiguas) víctimas y (antiguos) victimarios? Este trabajo no pretende dar respuesta a estas preguntas pero intenta iniciar una reflexión con base en insumos como los presentados al comienzo de este documento. Intenta derivar indicios de respuesta a las preguntas planteadas arriba de lo que víctimas consultadas en la encuesta Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? (Rettberg 2008) dijeron sobre sus necesidades y expectativas de reparación. En concreto, intenta identificar en qué medida la proximidad social con el victimario incide en sus preferencias y necesidades de reparación. En primer lugar, este documento establece un perfil de aquellas víctimas que reportan proximidad social para aclarar si se pueden distinguir del universo general de víctimas. En ese sentido, el texto describe quiénes son estas personas, qué crímenes sufrieron y qué actores armados son los responsables de su victimización. En segundo lugar, el documento se adentra en la pregunta de si las necesidades de reparación de las víctimas y sus opiniones sobre temas de justicia son condicionadas por la experiencia de la proximidad social con los victimarios: ¿Convivir con el victimario hace que las víctimas se inclinen más por ciertas formas de reparación que por otras? ¿Conocer a los responsables de los crímenes afecta sus opiniones acerca de la manera adecuada de juzgarlos? Finalmente, con miras al contexto más amplio, ¿en qué medida la proximidad social incide en la percepción de las víctimas sobre su papel político y sobre la situación del país? Esta utilización de opiniones sobre reparación de víctimas en condiciones de proximidad social con sus victimarios como “proxy” 109

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

del potencial de reintegración social y convivencia en Colombia tiene sentido metodológico dada la carencia de datos disponibles acerca de cómo está funcionando, en la práctica, la reintegración social de los victimarios y la convivencia entre ambos grupos. En un futuro, estudios de caso más profundos podrán arrojar con mayor precisión información acerca de la construcción de la convivencia (o de su ausencia) en el nivel micro colombiano. Al mismo tiempo, la decisión de unir el análisis de ambos grupos –víctimas y victimarios– puede resultar políticamente polémica. Lo común –en la institucionalidad que se ha desarrollado y también en los estudios académicos sobre estos temas– es la fragmentación y la especialización. En Colombia, la Alta Consejería de la Reintegración atiende a los desmovilizados, mientras que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Agencia Presidencial para la Acción Social representan la respuesta estatal a las necesidades de las víctimas. En medio de las dos, un ejército de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, compiten para incidir en la agenda y para definir respuestas adecuadas a las múltiples necesidades2. Al mismo tiempo, en la academia la especialización hacia uno de los dos grupos suele generar recomendaciones irreconciliables o, mínimamente, incompletas. Un paraíso para quienes estudian la lógica de la acción colectiva (o su ausencia - ver Olson, 1971), este escenario resulta ser una pesadilla para quienes procuran transmitir una visión integral y sostenible en el tiempo que responda tanto al fantasma del sabotaje advertido por estudios internacionales acerca de los procesos de desmovilización, desarme y reinserción (Humphreys & Weinstein, 2007; Springer, 2005 y Walter, 1999) como a la necesidad de conocer la verdad, reconocer la responsabilidad y construir una paz con justicia (De Greiff, 2006; Díaz 2006 y Rombouts et al., 2005). Este estudio aborda explícitamente esta tensión al considerar la realidad de la proximidad social entre víctimas y victimarios y sus implicaciones para

2

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Consideramos que el ejemplo más reciente de esta heterogeneidad fue el fracaso en el Congreso de la República en la expedición de una Ley de Víctimas. Cálculos inmediatistas y poca coordinación entre los muchos involucrados llevaron a que se postergara esta que es una de las necesidades más imperiosas del momento.

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

la formación de preferencias de las primeras frente a un tema crítico: la reparación. Muchas de sus conclusiones apuntarán a la necesidad de superar explícitamente la división surgida en la atención a ambos grupos y buscar maneras de atender integralmente las necesidades de ambos en el nivel local colombiano. El documento está estructurado de la siguiente manera. La siguiente sección describe aspectos metodológicos del estudio y destaca posibles fuentes de sesgo. La tercera sección revisa el lugar de la proximidad social en la literatura académica. En seguida, presentamos y discutimos los datos sobre las preguntas planteadas: a) perfil de las víctimas en contextos de proximidad social; b) proximidad social y reparación; c) proximidad social y actitudes frente a la justicia, y d) proximidad social, organización política y perspectivas de paz. El documento concluye con una sección que resume los principales hallazgos y discute sus implicaciones a la luz de las preguntas planteadas arriba.

1. Consideraciones metodológicas El principal insumo de este documento son los datos recogidos por la encuesta Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? (n=1014) cuyos principales resultados fueron publicados en Rettberg (2008). Para analizar los datos, llevamos a cabo pruebas estadísticas de dos tipos. Para estudiar la incidencia de la proximidad social en las preferencias de reparación, segmentamos la muestra total según conocimiento del victimario, de dónde vive y de convivencia en la comunidad y obtuvimos estadísticas descriptivas sobre las respuestas de estos grupos de encuestados para compararlas con las del total de las víctimas. Para los demás temas, realizamos pruebas de chi-cuadrado (X²) de Pearson con el fin de establecer la significancia estadística (p ≤ 0.05) de las diferencias observadas entre quienes están en situaciones de proximidad social y quienes no lo están. Para la interpretación de los datos, nos apoyamos en la literatura sobre conflicto armado y construcción de paz en Colombia y en las notas cualitativas de los encuestadores que participaron en la aplicación de la encuesta. Destacamos posibles sesgos en los datos recolectados. En primer lugar, es posible que la pregunta relacionada con el conocimiento del victimario (”¿Conoce usted a la persona responsable del crimen que 111

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

usted sufrió?) haya sido malinterpretada por algunas de las personas encuestadas, ya que al pasar a la pregunta de si sabe dónde vive éste, algunas personas respondieron con frases como “sí, en Estados Unidos, en la cárcel allá” (una persona encuestada en Medellín, 26 de junio de 2008). Así mismo, es probable que, en algunos casos, el conocimiento del victimario expresado al responder la encuesta sea más un reconocimiento del jefe del grupo culpable de la victimización (“Macaco”, “Tirofijo”, “Don Berna”, “El Mono Jojoy”) que un conocimiento personal directo. También, los altos porcentajes de respuestas negativas y de “no sabe, no responde” pueden ser reflejo del temor a responder en contextos donde la continua amenaza contra las víctimas es latente porque los victimarios –aun desmovilizados– siguen ejerciendo poder social3. En todo caso, los datos recogidos son insumos importantes para una agenda académica en ciernes. Por otro lado, la muestra no es proporcional con respecto a las regiones estudiadas4, ni en términos de las víctimas de diferentes delitos. En particular, las víctimas de secuestro, minas antipersonales y delitos sexuales están subrepresentadas. Además, vale la pena señalar que muchas de las personas encuestadas figuran en más de una categoría de victimización. De hecho, el 8,9% de los encuestados reportó dos formas de victimización propia y el 1,5% reportó tres o más (Rettberg 2008). Además, 67,2% de los encuestados son víctimas directas y, al mismo tiempo, familiares de víctimas. Por estas razones, una simple enumeración de cuántas víctimas de cada crimen conocen, saben dónde vive o conviven con los victimarios no sería suficiente para establecer asociaciones entre proximidad social y formas de victimización. Con esto en mente, llevamos a cabo pruebas de chi-cuadrado comparando las respuestas a estas preguntas de las víctimas de los distintos delitos con las de aquellas que no reportaron victimización por esos delitos.

Por ejemplo, cuando se le formularon las preguntas sobre proximidad social a una persona encuestada en Medellín (27 de junio de 2008), ésta contestó: “Eso me lo reservo. El día que yo vuelva por allá no quiero que me pregunten por esto”. 4 De las 1.014 personas encuestadas 423 residían en la región central (Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Caquetá y Meta), 418 en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre), 106 en la región Pacífica (Cauca, Nariño y Valle del Cauca) y 67 en la región Oriental (Santander). 3

112

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

2. La proximidad social en la literatura académica El tema de las relaciones sociales entre víctimas y perpetradores ha sido objeto de estudio desde varias perspectivas. Desde la victimología criminal, por ejemplo, se ha señalado que estas relaciones constituyen un asunto de gran importancia en el estudio de la violencia criminal ya que pueden brindar información sobre las estructuras sociales dentro de las cuales ocurre la victimización (ver por ejemplo Loftin et al., 1987 y Miethe & Meier 1994). Además, se ha llamado la atención sobre las diferencias entre el impacto de la victimización por parte de extraños y por parte de personas conocidas o cercanas a la víctima, así como las diferencias en el tratamiento por parte del sistema judicial de estas distintas formas de victimización (Hessick, 2007). En Colombia, una de las variables analizadas por Medicina Legal en sus estudios anuales sobre muertes y lesiones personales es precisamente “la relación existente el agredido y el agresor, de acuerdo con los grados de cercanía o vínculo entre ellos” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009). Según el estudio más reciente, en 2008 hubo más homicidios y lesiones personales causados por familiares, amigos, vecinos o conocidos que por actores del conflicto armado5. En segundo lugar, desde un punto de vista psicológico, la convivencia de las víctimas con sus victimarios puede ser fuente de serios problemas para la recuperación de aquéllas, ya que el tratamiento efectivo de traumas suele requerir un entorno que genere algo de confianza y un sentido de seguridad (ver por ejemplo Herman 1997 y Montiel, 2000). Por otra parte, el tema ha sido estudiado por expertos en asuntos de justicia transicional y reconciliación post-conflicto. Ya que la reconciliación –más allá de la construcción de paz entendida en términos minimalistas (al respecto, ver Rettberg, 2003)– suele entenderse como la superación

5

Vale la pena anotar, a propósito, que la literatura criminológica en general se ha enfocado más en las relaciones entre víctimas y agresores con respecto a la criminalidad común que a la violencia en contextos de guerras. Por ejemplo, el estudio de Medicina Legal trata como categorías distintas la “violencia impulsiva” en contextos de relaciones cercanas (por ejemplo, violencia intrafamiliar o riñas) y la “violencia sociopolítica”.

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

de un pasado de violencia con el concurso de toda una sociedad y la transformación de relaciones sociales de conflicto en relaciones de paz y convivencia (Lederach, 1998; Rigby, 2001 y Santa-Bárbara, 2007), los problemas que implican las relaciones entre víctimas y victimarios resultan ser un asunto ineludible para prevenir la perpetuación de ciclos de violencia y venganza (Minow, 2002; Staub, 1998 y Walker, 2006). Según Kalyvas (2006), la violencia entre personas cercanas no es un rasgo exclusivo de las guerras contemporáneas: ésta ha sido común en muchos conflictos a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta las guerras de los siglos XIX y XX. No obstante, en años recientes el tema ha sido estudiado con gran atención en varios trabajos sobre conflictos como los de Ruanda y la antigua Yugoslavia (ver Halpern & Kideckel, eds., 2000 y Stover & Weinstein, eds., 2004). Por su parte, el estudio pionero sobre víctimas en once países6 de Kiza, Rathgeber y Rohne (2006) otorgaron gran importancia a la proximidad social de las víctimas con sus victimarios. Según los autores, estudiar la relación entre víctimas y victimarios antes, durante y después de la victimización es crucial para entender las actitudes de las víctimas respecto a su experiencia y sus necesidades a futuro. Notablemente, como se muestra en la Tabla 2, en la muestra de Kiza et al. el conocimiento de los victimarios varía de 1% en Israel a 75% en Sudán, lo que destaca diferencias importantes entre los conflictos y el nivel en el que las estructuras bélicas permean a las sociedades. La pregunta era: ¿Conocía usted a las personas que le hicieron lo que le hicieron? Nota: Las discrepancias en los porcentajes totales se deben a estimaciones (traducción libre). En su conjunto, la literatura sobre estos temas señala desde aspectos psicológicos y emocionales de la víctima y del perpetrador, aspectos sociales relativos al poder social y económico que pueden tener los victimarios y aspectos jurídicos sobre el tratamiento diferencial que reciben ambos grupos. Si bien los estudios coinciden en destacar que tanto la probabilidad de la reincidencia de los victimarios así como de la convivencia entre

6

114

Los países son Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Croacia, República Democrática del Congo, Israel, Kosovo, Macedonia, Territorios Palestinos (Gaza y Cisjordania), Filipinas y Sudán.

49

38

7

4

2

No

Sin comentarios

No sabe

Faltantes

TOTAL

Sí

Afganistán

0

0

2

76

22

Antigua Rep. Yugoslava de Macedonia 2

7

12

20

59

Bosnia-Herzegovina 2

5

10

31

51

Camboya 2

20

2

30

46

Croacia 1

6

9

50

35

Filipinas 0

2

4

41

53

Israel 3

0

0

96

1

0

1

10

48

40

Kosovo

Tabla 2. Conocimiento del victimario (en porcentajes) en once países, según Kiza, Rathgeber y Rohne (2006)

Rep. Dem. Congo 2

0

4

26

69

Sudán 3

3

9

13

75

Territorios Palestinos 1

4

7

16

72

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

víctimas y victimarios dependen de una combinación de factores, la comprensión de los contextos de conflicto armado como el colombiano y los retos que plantean aún requieren un significativo esfuerzo.

3. Relaciones entre proximidad social, formas de victimización, justicia, activismo y expectativas de paz 3.1 Perfiles de victimización y proximidad social Las víctimas encuestadas son, en su mayoría, mujeres solteras de más de cuarenta años, con varios hijos, responsabilidad económica exclusiva frente a su mantenimiento y escasos niveles de educación. Este perfil general se mantiene igual en casos de proximidad social. En términos geográficos, Bogotá y, en menor medida, Medellín sobresalen notoriamente como escenarios de proximidad entre víctimas y victimarios: tanto con respecto al conocimiento del victimario propio y del familiar y a saber dónde vive como en términos de convivencia en las comunidades, los porcentajes de respuestas afirmativas son significativamente más altas que en los demás municipios estudiados. Este hallazgo es consistente con los datos según los cuales el Distrito Capital y el departamento de Antioquia ocupan los primeros lugares como receptores tanto de desplazados como de combatientes desmovilizados (Acción Social, 2009; Alta Consejería para la Reintegración, 2009). Tabla 3. Proximidad social entre víctimas y victimarios según municipio

BOGOTÁ

Propio

Familia

Conocen al victimario

39,5%

35,0%

Saben dónde vive

21,9%

19,0%

Vive en su comunidad

17,2%

13,1%

Propio

Familia

Conocen al victimario

32,3%

26,1%

Saben dónde vive

21,9%

17,4%

Vive en su comunidad

9,1%

8,7%

MEDELLÍN

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Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

En cuanto a formas de victimización, como lo muestran los Gráficos 1 y 2, el conocimiento del victimario propio está asociado con la victimización por secuestro y tortura; así mismo, ser familiar de víctimas de secuestro, homicidio, desaparición y tortura está relacionado con conocer al victimario de un familiar. No hay correlaciones significativas entre el conocimiento del victimario propio y la victimización por desplazamiento, minas antipersonales o delitos sexuales, ni tampoco entre el conocimiento del victimario de un familiar y la victimización de familiares por masacres, minas o desplazamiento. Gráfico 1. Conocimiento del victimario según formas de victimización propias ¿Conoce Ud. a la(s) persona(s) responsable(s) del crimen que Ud. sufrió?

*La diferencia es significativa según prueba de chi-cuadrado (p ≤ 0.05). Gráfico 2. Conocimiento del victimario del familiar según formas de victimización en la familia ¿Conoce Ud. a la(s) persona(s) responsable(s) del crimen que sufrió su familiar?

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

En todas las categorías, menos de la mitad de las víctimas dice conocer a los responsables de los crímenes que sufrieron. No obstante, entre una cuarta parte y la mitad de las víctimas de estos crímenes conoce a sus victimarios, lo cual significa un aumento importante respecto al nivel de conocimiento expresado por la muestra general. Por otra parte, las únicas formas de victimización con asociaciones significativas con saber dónde vive el victimario propio o el del familiar son el secuestro y la tortura, propios y el homicidio en la familia. En estos casos, las personas que fueron afectadas por estos crímenes saben dónde vive su victimario o el de su familiar en mayor proporción que quienes no lo fueron. En cuanto a la presencia del victimario en la comunidad, ésta no está asociada significativamente con ninguna forma de victimización en particular. Ahora bien, ¿de qué actores armados son víctimas las personas en situaciones de proximidad social? Como lo muestra el Gráfico 3, las víctimas y los familiares de víctimas de las AUC conocen y saben dónde vive su victimario y el de sus familiares (respectivamente) en mayor proporción que los de las FARC7. No hay datos suficientes para sacar conclusiones respecto a la presencia de victimarios en las comunidades de las víctimas según actor armado. Gráfico 3. Conocimiento del victimario según actor armado responsable ¿Conoce usted a la(s) persona(s) responsable(s) del crimen que sufrió usted/su familiar?

7

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No podemos extraer conclusiones sobre las víctimas de “otros” actores armados (ELN, EPL, agentes del Estado, Águilas Negras y delincuencia común). Por un lado,

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

En resumen, podemos identificar diferencias importantes dentro de la muestra consultada respecto al conocimiento de los victimarios: Bogotá y Medellín aparecen como los escenarios principales de situaciones de proximidad social, lo cual plantea retos importantes en términos de protección tanto para víctimas como para ex combatientes desmovilizados, seguridad ciudadana en las localidades receptoras y generación de oportunidades, entre otros. Frente a situaciones como esta se hace evidente la necesidad de adoptar enfoques menos fragmentados para atender las necesidades de estos grupos. En cuanto a las diferencias en términos de proximidad social según tipos de victimización, resultan especialmente reveladores los hallazgos sobre los familiares de víctimas de homicidio, desaparición y tortura. Su conocimiento de los victimarios puede indicar que estas dinámicas del conflicto armado colombiano muchas veces tienen lugar en ámbitos locales, con participantes –tanto víctimas como victimarios– pertenecientes a las mismas esferas sociales. Con respecto al hallazgo de que las víctimas de las AUC conocen a sus victimarios en mayor proporción que las de las FARC, éste puede indicar, por un lado, que el proceso de desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz posiblemente ha permitido a las víctimas de los paramilitares conocer más información sobre su victimización. Por otra parte, también puede reflejar las estrategias de penetración en las comunidades que tuvieron las AUC antes de entregar las armas, así como la visibilidad con la que llegaron a operar en algunos de los lugares donde se aplicó la encuesta, como Medellín, Sincelejo y Valledupar. 3.2 Reparación y proximidad social Respecto a las formas de reparación preferidas por las víctimas en situaciones de proximidad social, no hay diferencias muy grandes con relación a las preferidas por el total de las víctimas. Las medidas más

Continúa nota 7



en la muestra son muy pocas en comparación con las de las FARC y las AUC, y por otro lado sería inadecuado agrupar a grupos tan disímiles para propósitos distintos a la categorización.

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

escogidas siguen siendo las reparaciones materiales (ayuda con necesidades económicas o pago de indemnizaciones) y que se sepa la verdad sobre los hechos8. La menos escogida, aun por quienes tienen a su victimario o al de su familiar en la comunidad, sigue siendo “que los responsables de los actos me pidan perdón”. Por lo demás, los únicos contrastes notables con respecto a la muestra general son la disminución en el porcentaje de respuestas a favor de recibir indemnizaciones materiales y el aumento en el porcentaje de respuestas a favor de “que liberen a mi ser querido” entre quienes dijeron tener al victimario propio en sus comunidades. Este último hallazgo es llamativo ya que sólo una de las 16 personas que escogieron esta última opción y afirmaron convivir con su victimario dijo ser familiar de víctimas de secuestro9. Por su parte, la disminución en las respuestas a favor de recibir indemnizaciones parecería indicar que la presencia de victimarios puede coartar las exigencias de las víctimas. En el Anexo 1 se presenta la información sobre preferencias y necesidades de reparación según las diferentes categorías de proximidad social.

4. Proximidad social y actitudes frente a la justicia En donde la proximidad social parece concentrar su impacto es en las actitudes de las víctimas frente a la justicia. En términos de castigo

En la muestra general, “Que me ayuden con mis necesidades económicas y las de mi familia” obtuvo el mayor porcentaje de respuestas, con 45,5%. Le siguieron “Que se sepa la verdad sobre los hechos” (44%) y “Que me den dinero para compensar la pérdida y los daños” (37,8%). 9 De hecho, de las 143 personas en la muestra completa que seleccionaron “que liberen a mi ser querido”, sólo 15 dijeron tener familiares víctimas de secuestro. Una persona encuestada en Bogotá (30 de julio de 2008), al no lograr decidirse por ninguna de las opciones de reparación, dijo: “No sé cuál de todas esas. Ponga que liberen a los secuestrados”. Podría plantearse que ya que en esa pregunta no se ofrecía la opción de marcar “no sabe, no responde”, quienes no supieron qué contestar se inclinaron por esa opción, ya sea por empatía con las víctimas de secuestro y sus familiares o bien, sobre todo en casos de cercanía con los victimarios propios, precisamente por tratarse de una opción no relacionada consigo mismas ni con sus victimarios. 8

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Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

para los responsables de los crímenes, aunque en todos los casos de proximidad social las medidas preferidas siguen siendo que éstos sean encarcelados y que les paguen a sus víctimas, los porcentajes de respuestas a favor de estas opciones disminuyen entre quienes conocen a su victimario. De igual manera, quienes conocen al victimario de su familiar se inclinan menos por que los responsables les paguen a sus víctimas y quienes saben dónde vive su propio victimario se inclinan menos por el encarcelamiento de los responsables. La misma tendencia parece mantenerse entre quienes tienen victimarios en sus comunidades, pero las diferencias en los datos no son estadísticamente significativas. Respecto a las respuestas a la pregunta sobre quién debe juzgar a los responsables, en situaciones de proximidad social hay una menor tendencia a inclinarse por los órganos nacionales de justicia. Cuando conoce al victimario de su familiar, la gente suele preferir más a las cortes internacionales o sistemas mixtos (con jueces colombianos y extranjeros) y menos a las cortes militares que cuando no lo conoce (el Gráfico 4 muestra las opiniones de este segmento en comparación con las de todas las víctimas encuestadas). Así mismo, el porcentaje de respuestas a favor de un sistema mixto aumenta entre quienes saben dónde vive su victimario o el de un familiar, como también crece el porcentaje de respuestas “no sabe, no responde” entre quienes conocen a su propio victimario o lo tienen en su comunidad. Gráfico 4. ¿Quién debe juzgar a los responsables de los crímenes?

La preferencia por cortes internacionales o por sistemas mixtos llama la atención. Por un lado, porque expresa cierta suspicacia frente a las instituciones nacionales y, quizás, temor ante la continua presencia del 121

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

victimario y sus vínculos con –o capacidad de presionar– los órganos de justicia nacionales. Datos acerca de la penetración de las entidades estatales regionales por parte de los grupos armados justifican este temor. En segundo lugar, porque expresa confianza en entes externos presumiblemente neutrales frente a las condiciones locales. Esto, aunque no lleve a la realización de juicios propiamente, constituye un capital importante para las agencias y órganos internacionales que busquen incidir en estas realidades locales mediante iniciativas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –impulsada por la sociedad civil de ese país, reconocida por el Gobierno y apoyada por Naciones Unidas– adaptadas a las realidades locales dentro del contexto colombiano10. Notablemente, la proximidad no parece tener un gran impacto en las opiniones de las personas encuestadas sobre la participación de las víctimas en los juicios ni sobre cómo deben participar (presencia directa, a través de abogados, etc.). Por último, aunque el conocimiento de la diferencia entre la justicia ordinaria y la Ley de Justicia y Paz se mantiene escaso, las víctimas en situaciones de proximidad social conocen la diferencia en mayor proporción que las demás. No hay correlaciones significativas entre proximidad social y preferencia por un mecanismo u otro.

5. Proximidad social, organización política y perspectivas de paz Respecto al papel político de las víctimas en condiciones de proximidad social con sus victimarios también hay hallazgos interesantes y preguntas abiertas para investigaciones futuras. En primer lugar, no encontramos asociaciones significativas entre proximidad social y participación electoral. En todo caso, vale la pena reiterar que casi tres cuartas partes de las personas encuestadas afirman haber votado en las pasadas elecciones (las departamentales y locales de 2007), en gran contraste con los promedios nacionales de abstención (Rettberg,

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Para más información sobre CICIG, ver http://www.cicig.org/documents/CICIG_ factsheet.pdf

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

2008). Sigue en pie la pregunta de si quizás esto pueda deberse a la coacción por parte de grupos armados en las regiones donde se realizó la encuesta. Con respecto a la vinculación de las víctimas a organizaciones, quienes conocen a su victimario o al de su familiar, así como quienes saben dónde vive y quienes tienen en la comunidad a su victimario, dicen formar parte de organizaciones de víctimas en mayor proporción que quienes no. Esto sugiere que el conocimiento del victimario y la proximidad con éste pueden ser motores de vinculación estratégica a –y activismo en– organizaciones. Como señala un informe reciente de la CNRR sobre el corregimiento de La Libertad (Sucre), las organizaciones de víctimas pueden servir como elementos de apoyo y protección para permitir la participación de las víctimas en los procesos de Justicia y Paz en comunidades de riesgo (CNRR 2009)11. El Gráfico 5 muestra los porcentajes de vinculación a organizaciones de víctimas según las respuestas a las preguntas sobre proximidad social. Gráfico 5. ¿Forma Ud. parte de una organización de víctimas?

11

El análisis de los datos de esta pregunta abre un interrogante difícil de resolver con la información disponible. Entre quienes dijeron no saber si su victimario vive en su comunidad o prefirieron no responder esta pregunta (NS/NR), el porcentaje de personas que dijeron no pertenecer a organizaciones aumenta de manera significativa. En ninguna otra pregunta se encuentra un caso similar. Tal vez este hallazgo esté relacionado con la posibilidad de que algunas respuestas

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Finalmente, ¿qué impacto tiene la proximidad social en las perspectivas de las víctimas sobre la paz en Colombia? Mientras que en la muestra completa el 52% de las personas consultadas opinó que va a haber paz en los próximos cinco años, la proximidad social está asociada significativamente con actitudes menos optimistas. En particular, quienes saben dónde vive el victimario propio son los más escépticos frente al tema: el 62% cree que no va a haber paz y sólo el 38% cree que sí la va a haber. Este pesimismo de la sub-muestra es llamativo en la medida en que la proximidad social, sobre todo cuando el victimario conserva espacios de poder como es el caso en muchas regiones colombianas, parece generar un efecto limitante sobre la expectativa de las víctimas de lograr vivir en paz. El Gráfico 6 muestra las perspectivas sobre la paz de las víctimas en situaciones de proximidad social, en comparación con las de la muestra completa. Gráfico 6. ¿Cree Ud. que va a haber paz en Colombia en los próximos cinco años?

En resumen, la proximidad social ejerce un impacto importante en la decisión de movilizarse como víctimas así como en las expectativas frente a la paz. Conocer al victimario o tenerlo cerca aparece como incentivo para

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del tipo “no sabe, no responde” puedan interpretarse como expresiones de temor a retaliaciones. Este miedo podría explicar la prevención de este segmento en contra de integrar organizaciones o de reconocer su vinculación. Es necesario estudiar el tema a mayor profundidad para aclarar este hallazgo.

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la búsqueda de apoyo en organizaciones y potencialmente el activismo político en defensa de sus intereses frente a la presencia –y posibles presiones– de los victimarios. Por su parte, el reducido optimismo de estas víctimas respecto a las posibilidades de que haya paz en Colombia puede verse como resultado de los recuerdos traumáticos y el temor a una nueva victimización que el contacto continuo con el victimario puede evocar, teniendo en cuenta los hechos reseñados en varias regiones colombianas de las recurrentes amenazas contra las víctimas y el continuo control social, político y económico por parte de los actores armados.

6. Conclusiones Este trabajo parte de un hallazgo importante constatado en Rettberg (2008) que muestra que una parte importante de las víctimas en Colombia conoce a su victimario, sabe dónde vive y convive con éste en su comunidad. Estos indicadores de proximidad social fueron analizados más detalladamente en este documento y permiten identificar una serie de rasgos distintivos de esta población que tienen importancia tanto para nuestro conocimiento de los mecanismos de la convivencia (o su ausencia) en el nivel local entre víctimas y victimarios durante y después de un conflicto como para la formulación de políticas que aborden esta realidad particular de múltiples regiones colombianas. En primer lugar, no encontramos grandes diferencias entre esta población y la muestra completa en cuanto a sus preferencias en términos de reparación. Como también las que no viven en situación de proximidad social, estas víctimas declaran que necesitan reparación material y que se sepa la verdad, aunque es posible que la presencia de sus victimarios en las comunidades tenga un efecto limitante sobre sus exigencias. En todo caso, ambos grupos prefieren estas dos opciones muy por encima de recibir disculpas de sus victimarios. Esto sugiere que es necesario tener cautela en Colombia frente a esquemas de reconciliación adoptados de otros contextos internacionales y que centran gran parte de sus esfuerzos en la obtención y el otorgamiento del perdón. En segundo lugar, este grupo, en contraste con la muestra general, el segmento de víctimas en situaciones de proximidad social expresa cautela frente a órganos nacionales de justicia y, en cambio, apoya entes internacionales o sistemas mixtos. Esto es un llamado de atención para 125

Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

las entidades nacionales que operan en las zonas de mayor incidencia en cuanto a proximidad social entre víctimas y victimarios, porque enfrentan un problema de desconfianza. También representa una oportunidad para órganos internacionales o nacionales no-estatales interesados en explorar formas novedosas adaptadas a contextos locales concretos para establecer verdades y responsabilidades. En tercer lugar, la participación en organizaciones por parte de esta población en mayor proporción que quienes no conocen ni tienen contacto con sus victimarios indica que las víctimas no permanecen inmóviles frente a los problemas que supone la presencia de aquéllos en sus comunidades. Con esto en mente, las organizaciones parecerían tener un gran potencial para facilitar avances en la construcción de paz en las comunidades colombianas. Se hace necesario, por ende, estudiar el tema a mayor profundidad para determinar, entre otras cosas, qué tipos de organizaciones –asociaciones de base, movimientos de gran envergadura nacional, etc.– pueden ser más útiles en diferentes contextos. En cualquier caso, el disminuido optimismo de las víctimas en situaciones de proximidad social con sus victimarios sobre la posibilidad de alcanzar la paz anticipa las complejidades de la reconciliación en Colombia. Todos estos hallazgos tienen repercusiones para los análisis del potencial de reconciliación en Colombia, especialmente en los ámbitos regional y local. Nos muestran, en primer lugar, que, además de las diferenciaciones que se han hecho entre formas de victimización (el contraste entre secuestrados y desplazados es útil aquí), también es necesario distinguir de acuerdo con proximidad social. Aparentemente, las realidades que viven las víctimas en situación de proximidad social son diferentes a las de quienes no enfrentan esta situación. Por tanto sus opciones y sus necesidades de atención (porque no de reparación) parecieran ameritar estrategias investigativas y de políticas públicas distintas. Como primer paso, será importante prestar atención a las dinámicas que se vayan desarrollando con el tiempo en términos de interacciones y conflictos entre víctimas y victimarios en ciudades como Bogotá y Medellín, que presentan los casos más notables de proximidad social entre todos los municipios donde se realizó la encuesta Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Además, los contextos y datos presentados aquí refuerzan la necesidad de mirar la reparación de las víctimas y la reintegración social de los 126

Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

victimarios en conjunto y de forma integral, especialmente en los contextos de proximidad social. Que en esos contextos la reparación y la reintegración avancen a ritmos diferentes y con énfasis y recursos distintos a la luz de nuestros hallazgos resulta no sólo problemático por lo injusto sino por el potencial que encierra de sentimientos sostenidos de agravio y maltrato. Finalmente, si algo queda claro también en este estudio es la gran importancia de llevar a cabo investigaciones adicionales fundamentadas empíricamente, de alcance nacional y comparativo así como estudios de caso detallados en las regiones en las que la proximidad social ha sido reportada con más frecuencia. En esa agenda de investigación ampliada podrán encontrarse muchas de las respuestas precisas a los interrogantes planteados aquí para que se puedan traducir en recomendaciones políticas ancladas en realidades locales y regionales específicas.

7. Anexo 1. Preferencias frente a medidas de reparación n = todas las víctimas

n = conocen a su victimario

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

n = saben dónde vive su victimario

n = el victimario propio vive en la comunidad

n = conocen al victimario de un familiar

n = saben dónde vive el victimario de un familiar

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n = el victimario de un familiar vive en la comunidad

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

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Angelika Rettberg & Juan Diego Prieto

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Víctimas, victimarios y vecinos: proximidad social y actitudes de las víctimas frente a la reparación, la justicia y la paz

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Reparación para las víctimas afro colombianas Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

Introducción La reparación colectiva es actualmente uno de los ejes fundamentales de las luchas de los pueblos afrocolombianos. Para estas comunidades se ha convertido en una exigencia permanente al Estado que les sean concedidos sus derechos a la verdad, justicia y reparación colectiva; pero especialmente el reconocimiento real y efectivo de su autonomía (expresado en la Constitución 1991). Este reconocimiento de la autonomía permite entre otras cosas, que el discurso la defensa del territorio colectivo, sea apropiado por la sociedad en general; además de convertirse en un instrumento efectivo para superar la condición de pobreza, la desigualdad y la exclusión social, económica y política a la que históricamente han sido sometidas las comunidades afrocolombianas. Este artículo pretende hacerle réplica a las voces de los pueblos afros, al Auto 005 de 2009 proferido por la corte constitucional y a las anotaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre la reparación colectiva. Examinaremos la situación de los afrocolombianos en la actualidad, las causas y consecuencias del desplazamiento, confinamiento y resistencia por el conflicto armado y las propuestas de las comunidades sobre la reparación colectiva, concluyendo que las reparaciones aplicadas desde la visión de las propias comunidades son una plataforma necesaria para el goce de los derechos ciudadanos, pero en especial los sociales, económicos, culturales y colectivos. El derecho a la reparación a las víctimas afro descendientes en Colombia, se debe comprender como un proceso complejo en cual intervienen muchas variables que imputan a que este derecho sea

Reparación para las víctimas afro colombianas

atendido de manera diferencial y exige una prioridad en las agendas de las instituciones del Estado. Cabe anotar que el Derecho a la reparación para las comunidades afro descendientes, es una obligación del Estado, que no debe limitarse a los procesos de violencia armada que estas comunidades han soportado, sino también debe detenerse y estudiar con atención factores tales como la exclusión estructural, la discriminación y marginalización.

1. Contexto La población afro descendiente que habita el territorio colombiano, principalmente se encuentra en la región del Pacífico y en el Caribe; según los resultados de la encuesta realizada por la Universidad de los Andes y la Fiscalía ¿Qué quieren las víctimas? (2008), señala que 69.8% de las víctimas son mujeres; el 84.6% tienen ingreso bajo; el 44.9% solo tienen educación primaria y el 13.4% son afros; del universo de victimas encuestadas, el 74.3% son por desplazamiento forzado, constituyéndose este como en la primera manifestación de violación a los derechos fundamentales de las personas. De acuerdo con las cifras dadas por Registro Único de Población desplazada entre los años 1997 y 2007 se registró el desplazamiento forzado de 140.266 afro colombianos. En el Censo de 2005, 4.311.757 personas de la población censada fueron reconocidas como afro descendientes, es decir un 10% del total de población desplazada; del total de afro descendientes desplazados, 29.140 personas lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 111.126 lo hicieron de forma individual (Auto 005 de 2009). Según la CIDH “la población afrocolombiana constituye el segmento mayoritario de las clases más pobres del país, muestra los indicadores socioeconómicos más bajos, con menor acceso a servicios básicos, como la educación y salud, y menor acceso a empleos redituables y participación en la vida pública”1.

1

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Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la República de Colombia.

Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

Según la Procuraduría General de la Nación (2008), las causas del desplazamiento forzado de las comunidades afro son, la Militarización de los territorios por parte de la fuerza pública y de actores ilegales: guerrillas, narcoparamilitares, “nuevos grupos o grupos emergentes”. La persistencia del narcotráfico sin que las autoridades competentes lo impidan. La aplicación inconsulta e indiscriminada de programas de erradicación aérea con químicos y de erradicación manual forzada y la ocupación y uso del territorio por agentes legales que adelantan proyectos sin consultar previa y sin obtener su consentimiento libre e informado2. Las organizaciones de afros descendientes en Colombia, han demostrado que sus territorios, reconocidos por la Ley 70 de 1993 como territorios colectivos en la región del Pacífico, contienen intereses tanto de actores nacionales y extranjeros por la riqueza natural; además se les agrega valor militar, de defensa y seguridad que el Estado pone en ellos y adicionalmente el interés económico por parte de actores armados y no armados, legales e ilegales, entre otros: las empresas nacionales y multinacionales y el narcotráfico (ver Gráfico 1). 1.1 Población afrocolombiana El Pacífico colombiano es el territorio colombiano que más riqueza natural y cultural proporciona al país y a su vez es el territorio en donde se encuentran los índices más bajos de pobreza y exclusión. También es la región que concentra la mayor cantidad de intervención extranjera, los Mega proyectos como el Puerto de Buenaventura, la Vía al Mar por el Chocó, el Proyecto Puerto de Tribugá, el Proyecto Puerto Bahía Málaga, el Puerto de Tumaco, el Ferry Urabá-Panamá, los Sistemas portuarios Urabá-Atrato y el Plan Arquímedes así lo determinan (Flores, 2007). Pese a esta situación, la protección jurídica e institucional sobre los territorios es deficiente. Su carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables no es suficiente a pesar de los instrumentos como la Constitución Política de 1991 en donde se señala que “Colombia

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Procuraduría General de la Nación. Primero las Víctimas, criterios para la reparación integral de los grupos étnicos. Fase 2, Bogotá, diciembre de 2008.

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Reparación para las víctimas afro colombianas

Gráfico 1

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Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista (artículo 1°) y se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (artículos 3°, 7° y 8°). De otro lado, algunos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT-Ley 21 de 1991, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación RacialLey 22 de 1981, entre otros, reconocen los derechos especiales de los grupos étnicos, así como la protección de estos frente a situaciones que se traduzcan en su vulneración o amenaza; en ese sentido, la normativa adquiere rango constitucional en virtud del Bloque de Constitucionalidad. Por su parte la Ley 70 de 1993 es un instrumento jurídico y advierte en el artículo 4° que “El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo segundo, comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1° de la presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción”. Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad colectiva se denominarán para todos los efectos legales “Tierras de las Comunidades Negras”. Esto es, la relación directa que existe entre la tierra y la existencia de las comunidades como pueblos, la cohesión social. A pesar de que la Constitución de 1991 reivindicó la lucha de los pueblos afrocolombianos por sus derechos, las condiciones sociales de dichas comunidades no han cambiado y por el contrario la violencia y la disputa por los recursos naturales ha hecho que se exacerbe la inequidad a una magnitud aberrante. Uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos afrocolombianos, en especial los del pacífico, es el accionar de agentes externos en sus territorios (partes del conflicto armado, colonos, empresas, megaproyectos, etc.). Los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas han sido objeto de presiones de grupos armados y no armados tanto legales como ilegales, generando constantes desplazamientos, confinamientos, emplazamientos y asesinatos selectivos de los líderes. Los actores armados han desarrollado actividades que afectan a la población civil que vive en condiciones de pobreza extrema, y por lo 137

Reparación para las víctimas afro colombianas

tanto la población afrodescendiente se ha visto sujeta a actos de violencia individual y colectiva, desplazamiento forzado y usurpación de tierras. Para los afrocolombianos, existen varias situaciones que hacen su desarrollo social, económico y político a diferencia del resto de la población sea desventajosa: las situaciones de racismo, discriminación, marginalidad y exclusión a la cual históricamente han sido sometidos, el incremento de jóvenes afrocolombianos que son reclutados o se ven obligados a engrosar las filas de los grupos armados tanto legales como ilegales, hacen parte de las constantes violaciones a sus derechos. La población afrocolombiana sufre una grave crisis provocada por el incumplimiento por parte del Estado por la falta de políticas públicas diferenciadas; por tanto, se requiere la implementación de políticas de acción afirmativa que posibiliten avanzar en la promoción de la igualdad real y material al tiempo que tiendan a superar las desigualdades históricas de las cuales han sido víctimas. La Corte Constitucional en el Auto de 005 de 2009, afirma que en el último periodo el incumplimiento de las políticas de reconocimiento ha sido evidente. Las políticas benévolas ante la inversión extranjera para integrar a sus poblaciones y territorios a las dinámicas de los megaproyectos han generado un resquebrajamiento del tejido social, y atenta directamente contra la autonomía de los pueblos afrodescendientes. El derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios ancestrales del Pacífico, establecido en la Ley 70 de 1993, ha sido violado constantemente por múltiples factores. Especialmente por la falta de voluntad política para iniciar proceso de titulación de los territorios. Esta situación hace que las comunidades se encuentren en estado de indefensión jurídica frente al capital privado, el cual ha pretendido adueñarse ilegalmente de este territorio. Las principales críticas que se han presentado a la aplicación de grandes proyectos en los territorios son porque generan el daño ambiental, y beneficia su ocupación ilegal. Es de resaltar que según las cifras oficiales sobre desplazamiento forzado a nivel nacional, muestran una similitud geográfica entre los sitios donde hay procesos de legalización de títulos de propiedad colectiva, las acciones de confrontación y lucha por el territorio por parte de los actores del conflicto (guerrillas, narcoparamilitares y ejército), y los intereses de apropiación de la tierra por parte de empresarios de la palma aceitera. Esta similitud parece ser más que una simple 138

Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

coincidencia tal como fue demostrado en los territorios de Jiguamiandó y Curvaradó, en el Chocó. La ausencia de una estrategia del Estado para “blindar” jurídicamente el patrimonio individual y colectivo de las personas en situación de desplazamiento hace que se facilite la ocupación ilegal y el aprovechamiento de las tierra y en ocasiones titulando el territorio colectivo a intereses privados.

2. Preocupaciones de la Corte Constitucional El Auto 005 de 2009 enuncia de manera enfática algunas de las consecuencias más graves de esta pérdida territorial son las siguientes: 1. Imposibilita la titulación de territorios ancestrales que aún no han sido reconocidos como territorios colectivos: el desplazamiento modifica la relación con la tierra y con el entorno, así como la cohesión social de la comunidad, lo cual imposibilita la activación de los procesos de titulación colectiva. 2. Aumenta el riesgo de pérdida de los territorios colectivos ya titulados: las presiones ejercidas en los territorios que han sido titulados están en riesgo de una pérdida irreparable tanto del bosque de respaldo o de uso colectivo en las comunidades, de las cuencas y de los mares, como de los medios de uso, los mecanismos tradicionales de subsistencia y de recreación de sus imaginarios culturales. 3. Facilita la proliferación de procesos de colonización y de formas de explotación económica abrasiva de los territorios colectivos: Las presiones que se ejercen sobre los afrocolombianas para abandonar sus territorios ha facilitado que personas ajenas a sus comunidades se apropien de sus tierras y promuevan un modelo económico que destruye el medio ambiente. 4. La pérdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y cambio de la composición étnica, como por ejemplo, en el Urabá, en algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y de Nariño, en el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el norte del Cauca y más concretamente en los municipios de Suárez y Buenos Aires, ha sido causado por per139

Reparación para las víctimas afro colombianas

sonas provenientes de Nariño, en Buenaventura por “paisas” y en el Urabá por “chilapos”, venidos de Córdoba3. 5. Aumenta el riesgo de pérdida de sus modelos de desarrollo y de protección del medio ambiente: Las comunidades afrocolombianas han defendido el etnodesarrollo como una alternativa para la explotación ambientalmente sana de los recursos naturales. El desplazamiento, así como el confinamiento, obligan a abandonar estas formas de explotación y permite la prevalencia de modelos de desarrollo que arrasan con el medio ambiente y con la posibilidad de supervivencia cultural de las comunidades afrocolombianas. 6. Impide la aplicación de mecanismos efectivos para la restitución de los territorios colectivos: El abandono de los territorios colectivos y la dispersión de la comunidades afro colombianas como consecuencia del desplazamiento hace más compleja la posibilidad de restitución de los territorios colectivos, como quiera que los procesos de reunificación contemplan la reunificación familiar, pero no la reunificación de las comunidades para efectos de facilitar un retorno seguro, en condiciones de dignidad y voluntariedad a sus territorios ancestrales”4.

3. Principales conclusiones de la Corte Constitucional Auto 005 de 2009 No se ha estructurado una verdadera política pública con enfoque diferencial, tal como lo demandan los instrumentos y las observaciones realizadas por organismos internacionales de derechos humanos y por la misma Corte Constitucional. En ese sentido, la formulación de políticas y la intervención institucional a favor de los afrocolombianos hasta ahora

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4

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CNOA. Informe “Lineamientos para tener en cuenta en la definición, implementación y seguimiento de una política pública de atención diferenciada a la población afrocolombianas en situación de desplazamiento y confinamiento”. Corte Constitucional, Auto 005 de 2009. Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

no han tenido en cuenta sus particularidades culturales y por el contrario han contribuido a procesos de negación y pérdida de la identidad cultural; No existe voluntad política del Estado y sus instituciones para el respeto de los derechos adquiridos de las comunidades afrocolombianas; Hay una ausencia de mecanismos que sirvan real y efectivamente para la protección de sus derechos colectivos, y Las comunidades afro colombianas hasta ahora han sido excluidas y/o sub representadas en los procesos de toma de decisiones, ocasionando la violación sistemática de su derecho a participar.

4. Principales instrumentos legales nacionales e internacionales en materia de protección a grupos étnicos El Estado colombiano ha incorporado en su ordenamiento jurídico interno, instrumentos internacionales que reconocen los derechos especiales de los grupos étnicos (ver Tabla 1). Tabla 1.

Convenio 169 de la OIT - Ley 21 de 1991. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial - Ley 22 de 1981. El artículo II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. El artículo 24 de la Convención Americana establece que “todas las personas son iguales ante la ley y que en consecuencia, “tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. La Constitución Política define a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (artículo 7°) y promueve la adopción de medidas “a favor de grupos marginados o discriminados” (artículo 13). La Constitución asimismo establece que “las tierras comunales de grupos étnicos… son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (artículo 63). La Ley 70 de 1993 legislación especializada a favor de los afrodescendientes. Sobre el alcance y la implementación de esta norma en materia de titulación colectiva de territorios. Autos Corte Constitucional: 004, 005 y 008 de 2009

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Reparación para las víctimas afro colombianas

5. Reparación colectiva La reparación colectiva es la recuperación de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades, grupos u organizaciones afectadas por hechos de violencia. La reparación colectiva a comunidades afrocolombianas debe entenderse como una restitución plena de derechos. Entonces desde esta visión, podemos afirmar que son aquellas medidas eficaces que sirven para enfrentar las violencias (estructural y física), tanto en términos de indemnización económica, de garantías a los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, como en la generación de medidas que garanticen la plena igualdad ciudadana, la inclusión en la democracia y el logro del desarrollo humano y de las libertades culturales plenas de los grupos sociales. Esta reparación, debe ser precedida de la garantía de los derechos a la verdad y a la justicia, y además sugiere la adopción de un enfoque diferencial al momento de identificar los daños ocasionados y adoptar las respectivas medidas de reparación. Según la corporación Avre5, la reparación colectiva comprende los componentes de restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de satisfacción. Estos componentes permiten:  El

restablecimiento de los derechos vulnerados, que debe partir de considerar a las víctimas como sujetos políticos y de derecho y por lo tanto debe contribuir a garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía y con ella su participación social y política,  Una compensación proporcional a los perjuicios económicos causados por los derechos vulnerados,  La rehabilitación de comunidades, organizaciones y grupos por los daños generados en su salud mental, que debe contemplar estrategias de acompañamiento psicosocial orientadas a la recuperación emocional de las víctimas,

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Castro, Clara (2008). La dimensión política de la reparación colectiva. Aportes de Andrea Becerra de ILSA y Liliana Romero del Grupo de Trabajo pro Reparación, Corporación Arve

Tathiana Montaña Mestizo & Leonardo González Perafán

 Medidas

de satisfacción que promuevan el reconocimiento público de los hechos y aporten a la dignificación de las víctimas y a la recuperación y difusión de la memoria histórica.

Nota. Según la CNRR6, “la ley de justicia y paz (975/05) afirma que la reparación colectiva es aquella que se orienta”, tan solo, “a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática (art. 8°)”.

6. Medidas de reparación a las comunidades afrocolombianas 1. Protección a sus territorios de colonos: se deben proteger a las comunidades afrocolombianas del repoblamiento por parte de grupos de desmovilizados en territorios colectivos quienes por medio de los proyectos productivos pretenden desarrollar una reconciliación forzada; así como una protección efectiva por parte de empresas tanto las que están vinculadas a los paramilitares7, como de las empresas legales que han utilizado fraudulentamente los territorios o han obligado a los pobladores a vender sus propiedades lo que se convierte en una venta viciada, o peor aún a trabajar en sus propios territorios convirtiéndose en empleados en su propia tierra. Por lo anterior se deben considerar viciados los negocios sobre bienes cuando:  Se haya solicitado titulación colectiva de un territorio ancestral.  El proyecto no fuese consultado ni haya obtenido el consentimiento de las comunidades. 2. Seguridad personal: se debe garantizar la seguridad de las comunidades frente a la presencia de actores del conflicto tales como grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN), narcoparamilitares y la fuerza pública (Ejército y policía) los cuales en ocasiones ubican sus campamentos en escuelas y centros de salud, poniendo en peligro a la población civil.

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Fuente en internet www.cnrr.org.co/clases.htm Fuente en internet www.indepaz.org.co Informe de para empresarios 2008.

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Reparación para las víctimas afro colombianas

3. Reconocimiento como población afrodescendiente: Mediante la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, Colombia ha tenido importantes avances hacia el reconocimiento y mejoramiento de la protección de los derechos de los afrodescendientes y la protección de su identidad cultural, Pero a pesar de ello es de observar que el Estado no ha tenido ningún compromiso real para la implementación de políticas públicas a largo plazo encaminadas al reconocimiento de los derechos colectivos de los afrocolombianos, como lo anota la corte constitucional8. El derecho a la reparación a la población Afro debe partir de los principios de la diferenciación y la especificidad cultural. 4. Titulación de territorios colectivos: Las comunidades han tenido una constante exigencia por las dificultades procesales para otorgar la titulación de territorios colectivos los cuales como afirma la Ley 70 son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estas dificultades se han presentado tanto por la falta de voluntad política como por las amenazas, el chantaje y la compra de líderes. 5. Medidas de diferenciación positiva: El Estado debe aplicar políticas sociales concretas, integrales, suficientes y especialmente diferenciadas (ofertas de trabajo, salud, educación, respeto a identidad cultural, créditos a pesar de la tierra inembargable) no vistas como parte de la aplicación de políticas públicas (obligatorias) sino como una medida de reparación que implique acciones extensivas a sus necesidades y acordes con su especificidad cultural. 6. Reparación para todos: Deben aplicarse medidas de reparación no solo a quienes abandonaron sus territorios sino también a quienes se quedaron resistiendo o fueron confinados en su propia tierra, así como a los desplazados de corta duración y retornaron sin medidas de seguridad, quienes en su mayoría no fueron registrados (subregistro). 7. Capacitación: una de las medidas que más han sido reiteradas por las comunidades afrocolombianas es la capacitación sobre sus derechos, ya que en muchos casos los colonos se aprovechan de este desconocimiento para vulnerarlos.

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Auto 004 de 2009. Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de casos, declarado inconstitucional en la Sentencia T-025 de 2004.

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8. Colonos y Coca: Las comunidades han insistido en la necesidad de implementar nuevos mecanismos de erradicación de los cultivos de coca que no afecten otros cultivos (pan coger y producción agrícola); la aspersión aérea utilizada en la guerra contra las drogas, a lo largo de su implementación ha demostrado que no ha logrado cumplir con los objetivos para lo cual fue diseñada (erradicación total de los cultivos ilícitos), con el agravante de que esta estrategia se ha constituido en una condición para el desplazamiento de las comunidades. 9. Territorio no solo es la tierra: Las políticas de reparación sobre la recuperación del territorio están enfocadas a la recuperación solo de la tierra; pero el concepto general de territorio va más allá, no solo lo geográfico (superficie terrestre), dependiendo de las diferentes visiones se puede hablar de territorio, en ese sentido, desde la visión ecológica, el término territorio se entiende como sinónimo de medio natural, con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio; desde la visión social, el territorio se entiende como el sistema que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. Es por ello que el territorio se debe ver tanto en sus relaciones culturales, como en sus características: organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico en cuanto condiciona a la sociedad. 10. Reparación por sus autoridades: La Corte Constitucional en el Auto 004 insiste en que para aplicar un programa de reparación en las comunidades étnicas, éste debe ser consultado y tener el consentimiento de dichas comunidades. Pero debemos ir más allá y no solo exigir el consentimiento, sino que bajo el reconocimiento de las autoridades étnicas (consejos comunitarios y resguardos) se les debe dar la tutela de la formulación del plan de reparaciones y la coordinación del mismo9. Primero, porque esto fortalece el

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En ese sentido la Corte IDH ha reconocido la importancia de ordenar medidas de reparación que atiendan las tradiciones y costumbres de los miembros de las comunidades afectadas. Casos: Aloeboetoe vs Surinam, masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Comunidad Moiwana vs. Surinam, Yakye Axa vs. Paraguay. Además es reiterado por la misma Corte Constitucional en la Sentencia T-380 de 1993 y con el Convenio 169 de 1989 de la OIT y con la Constitución de 1991, los afrodescendientes dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en activos que tienen la capacidad de decidir sobre las medidas que los afectan.

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Reparación para las víctimas afro colombianas

derecho a la gobernabilidad; segundo, porque no propicia divisiones internas, y tercero, como medida de seguridad. 11. Reparación por reclutamiento: Una de las formas de reparación colectiva que debe generar el Estado es la no obligatoriedad del servicio militar para los jóvenes afrocolombianos. Esta exigencia nace de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional10, la cual dio el primer paso para declarar la excepción por diversidad etnocultural respecto del servicio militar obligatorio a las comunidades indígenas. En ese sentido, y por el principio de aplicación e interpretación extensiva, se le debe dar el mismo tratamiento a las comunidades afrocolombianas; ya que como lo anota la corte constitucional en la mencionada sentencia, estas comunidades tienen derecho a participar especialmente en las decisiones que las afecten. Entonces, un joven afrocolombiano tiene el derecho a incorporarse al Ejército Nacional a prestar servicio militar “voluntario” y, por tanto, a desincorporarse cuando voluntariamente así lo decida. Este consentimiento debe ser libre e informado. 12. Reparación cultural a través de mujeres: es necesario que para generar una política pública de reparación, esta debe basarse en las voces de las mujeres de la comunidad ya que como lo afirma el informe de la procuraduría, las mujeres en las comunidades étnicas son las que transmiten las tradiciones, los cantos, los ritos y cuidan a los muertos11. En ese sentido la Corte IDH ha reconocido la importancia de ordenar medidas de reparación que atiendan las tradiciones y costumbres de los miembros de las comunidades afectadas12. 13. La verdad de la autoridad mediata como medida de reparación: La aplicación de medidas de reparación a las comunidades afrocolombianas no se puede dar sobre el olvido de la verdad de los sucedido, una verdad que no sólo se base en la Ley 975 de 2005 o de justicia y paz ni en la “ley de víctimas”; se debe ir más allá, conocer

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Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2009. Primero las víctimas-criterios para la reparación integral víctimas individuales y grupos étnicos- Procuraduría General de la Nación. Junio de 2007. Casos: Aloeboetoe vs. Surinam, masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, comunidad Moiwana vs. Surinam, Yakye Axa vs. Paraguay.

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la autoridad mediata de quien ejecutó el hecho, como una forma de participación en el delito (parapolítica y paraeconomía). En ese sentido la verdad se convierte en una medida de reparación. 14. Plan de caracterización: Frente a la reparación de afrocolombianos debe presentarse un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales para determinar:  La situación jurídica de los predios señalados como territorios colectivos –titulados o en proceso de titulación– y ancestrales;  Las características socioeconómicas de las comunidades asentadas en dichos territorios;  La situación fáctica y jurídica en que se encuentran los consejos comunitarios y las autoridades locales constituidas en dichos territorios;  Los riesgos y potencialidades para la protección de los territorios; Los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de dichos territorios, y  Los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los territorios cuya propiedad haya sido transferida con violación de lo que establece la Ley 70 de 1993, incluido el establecimiento de presunciones de ilegalidad de las transacciones realizadas sobre dichos territorios sin el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley 70 de 1993. 15. Parar para reparar: Las causas del desplazamiento no pueden ser políticas de reparación, por lo tanto se debe dejar de ejecutar las políticas, proyectos y alianzas que hayan generado el desplazamiento; en ese sentido, si uno de los motivos por los cuales la población afrocolombiana se ha desplazado es por la implementación de megaproyectos en sus territorios; no puede ser una política de reparación (ni de desarrollo) el que la población desplazada trabaje en megaproyectos. 16. Plan regional de reparación como política pública: Se debe formular un plan regional de reparación, teniendo en cuenta que las víctimas son víctimas de las violaciones a los derechos humanos, toda la población afrocolombiana. En ese sentido se debe aplicar una política no por municipios sino por región así por ejemplo una política para toda la región del pacífico colombiano. 17. No inclusión en el conflicto: Como política de reparación debe darse un cese de hostilidades especialmente en los territorios de los afrodescendientes. 147

Reparación para las víctimas afro colombianas

18. Consentimiento libre e informado: Una de las medidas de reparación es la exigencia de suspensión de proyectos que hayan sido adelantados por agente legales por medio de la ocupación y uso del territorio sin consultar previamente y sin obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades afrocolombianas.

7. Conclusiones Al igual que la reparación individual, la reparación colectiva debe ser integral y se proyecta tanto de manera material como simbólica. La recuperación de las personas afectadas y el restablecimiento de un ambiente apropiado para la plena salud mental, son fines que la reparación integral debe atender desde un aspecto psicosocial, así como el fortalecimiento del tejido social, y la restitución de la confianza y la solidaridad. Está visto que uno de los retos más grandes de reparación en países en guerra, es conseguir la verdad para reparar los derechos fundamentales de quienes han sido y son víctimas (Kiza, 2006). La mirada desde lo local es fundamental, para entablar y pensar en estrategias certeras que garanticen los derechos fundamentales de las comunidades afro descendientes en Colombia, partiendo de la verdad total, como medida de reparación. Muchos estudios, en especial los realizados por las organizaciones afros, de la Procuraduría General de la Nación y las sentencias y autos de la Corte Constitucional, señalan con mucha claridad la importancia de hacer efectivo el derecho a la reparación, con base en los principios de la diferenciación positiva, es decir, la puesta en marcha de “políticas especiales, concretas, integrales y suficientes para mejorar las condiciones de vida de quienes han sido víctimas de procesos de guerra y conflictos armados”. Esto debe ser entendido de esta forma, debido a la histórica exclusión estructural, discriminación y marginalización que las comunidades afro de Colombia han soportado desde hace varias décadas en Colombia. Por lo anterior es necesario identificar y tener claridad sobre la importancia que merece atender por medio de política públicas, las necesidades históricas /básicas de las comunidades afro en Colombia, pero también se debe diferenciar que estas políticas no se constituyen en la reparación ni individual ni colectiva; pues el derecho a la reparación 148

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de las comunidades afro, va mas allá de retornar a las condiciones de vida antes de la generación de daño. Lo anterior con base en la obligación del Estado Colombiano de reconocer el Territorio, entendido este no solo como es espacio físico en el cual las comunidades afro desarrollan actividades económicas que garantizan sus derechos fundamentales, sino con el espacio físico, social, cultural, ambiental, económico y político en donde las comunidades desarrollen y garanticen la permanencia en el tiempo de su identidad y cultura. Las comunidades afro descendientes en Colombia ocupan de manera mayoritaria, los territorios de la región del Pacífico, esto sin desconocer la existencia e importancia de comunidades afro en la región Caribe. El Pacífico toma mayor atención por es la región en donde “convergen de manera critica las condiciones de desigualdad en medio de un territorio reconocido por su significativa riqueza natural (…) Esta región es reconocida desde tres perspectivas: como productora de materias primas, como plataforma de acceder a mercados internacionales y como potencial extractivo de recursos biológicos dada su significativa variedad” (Flores, Millán, 2007). El escenario dado para iniciar procesos de reparación a las comunidades afro del Pacifico colombiano, está marcado por la confluencia de intereses de actores legales e ilegales, armados y no armados, nacionales y extranjeros, por la apropiación y explotación de recursos naturales y la apropiación forzada de la tierra. Estos fenómenos han generado que la región del pacífico sea una de las regiones del país con mayores indicadores de desplazamiento forzado en Colombia. El 13% del total de los desplazados del país, pertenecen a esta región (Rettberg, 2007). Según la PGN las causas del desplazamiento de los grupos étnicos son, la militarización de los territorios por parte de la fuerza pública y de actores ilegales: guerrillas, paramilitares, “nuevos grupos o grupos emergentes”, la persistencia del narcotráfico sin que las autoridades competentes lo impidan, la aplicación inconsulta e indiscriminada de programas de erradicación aérea con químicos y de erradicación manual forzada y la ocupación y uso del territorio por agentes legales que adelantan proyectos sin consultar previa y sin obtener su consentimiento libre e informado (Procuraduría General de la Nación, 2008). 149

Reparación para las víctimas afro colombianas

Dadas las condiciones, el derecho a la reparación de las comunidades afro no se queda en el simple hecho de exigir tierras para garantizar el retorno de las comunidades. Se trata de reparar en el territorio, de exigir tierras cuyo uso garantice los derechos fundamentales de las comunidades de acuerdo con lo establecido por la constitución política de Colombia y las leyes que han desarrollado estos asuntos; la Ley 7ª de 1993, el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Sentencia de la Corte Constitucional T-113 de 2009 y los Autos étnicos de la Corte Constitucional de Colombia, 004, 005, 008 de 2009. En este sentido, es indispensable reconocer la responsabilidad directa e individualizada del Estado para que garantice la titulación de territorios colectivos, los cuales son escasamente el señalamiento de la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad (Ley 70 de 1993). A pesar de la ley, la realidad señala dificultades que van más allá del ordenamiento jurídico: los intereses económicos y políticos representados en las amenazas a líderes sociales, los chantajes a las comunidades, la compra de líderes por parte de las empresas y multinacionales. Es importante señalar que no basta con generar procesos forzados de reparación; no pueden ser políticas de reparación, los motivos y las causas de la victimización. En el caso del desplazamiento, no puede ser la política de atención a la población desplazada, la ejecución de proyectos de desmovilizados en territorios colectivos, la inclusión de poblaciones afro descendientes sin previo y libre consentimiento en el desarrollo de mega proyectos en la región. Por estas razones, una política de reparación desde lo local para las comunidades afro descendientes en la región del Pacífico Colombiano, debería desvincular de manera urgente de los conflictos armados en la región a las comunidades afro, fortalecer los mecanismos establecidos por la ley, como los consejos comunitarios (Ley 70 de 1993, art. 4°), suspender los proyectos que no han tenido consentimiento de las comunidades, elaborar un censo para identificar el universo de víctimas, las violaciones, los daños y los responsables, elaborar un Plan Integral de Prevención, Protección y Atención, esto es reparar en el territorio y para el territorio, para fortalecer los modelos de desarrollo –el etnodesarrollo– que obedece al uso adecuado o la explotación ambientalmente sana de los recursos naturales y por ende, al la garantía de todos los derechos fundamentales de las personas que habitan esta región. 150

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Bibliografía Autos Étnicos de la Corte Constitucional (2009). Atienza, Manuel (2001). Algunas tesis sobre la analogía en el derecho. Madrid. Ed. Civitas. Deshacer el embrujo (2006). Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Flórez López, Jesús Alfonso, Millán Echeverría, Constanza (2007). Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico Colombiano. Diócesis: Tumaco, Quibdó, Guapi, Buenaventura, Istmina. Gómez Méndez, María Paula (2006). Una mirada hacia adelante: elementos para la reparación colectiva en Colombia. Bogotá: Fundación Social Konrad Adenauer Stiftung. Kiza, Ernesto (2006). Victims of war, An empirical study on war victimization and victim`s attitudes towards addressing atrocities. Hamburger edition online. Castro, Clara (2008). La dimensión política de la reparación colectiva. Aportes de Andrea Becerra de ILSA y Liliana Romero del Grupo de Trabajo pro Reparación, Corporación Arve. Constitución Política de Colombia de 1991. Ley 70 de 1993. Procuraduría General de la Nación (2008). Primero las víctimas, criterios para la reparación integral de los grupos étnicos Fase 2. Bogotá: ASDI, Consejo Noruego para los Refugiados. Rettberg, Angelika (2008). Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: Deustche Gesellschaft für Technische Zusaminenarbert (GTZ) GmbH - Universidad de los Andres - Fiscalía General de la Nación - Embajada de la República Federal de Alemania.

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Lo que quieren las víctimas Paradojas y retos de la tensión entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia Andrés Casas-Casas & Germán Herrera Toloza1

Introducción Pensar los problemas que las reparaciones en procesos de justicia transicional le plantean a las sociedades en general, y a las víctimas en particular, implica ante todo identificar tensiones y dilemas sociales y personales que lejos de encontrar su solución en fórmulas mágicas requieren del acuerdo colectivo para asumir altos costos políticos y económicos, una gran inversión de energía, de información y recursos para el diseño, implementación, negociación, deliberación, construcción de acuerdos, y formación de coaliciones y alianzas; así como para la acción colectiva sostenida orientada a influenciar y hacer seguimiento, monitoreo y control del cumplimiento de las reglas seleccionadas para atar a los actores involucrados evitando los efectos perversos del paso del tiempo en sus decisiones. Así, pensar en las reparaciones implica también pensar en tensiones y paradojas. Estas tensiones afloran en situaciones clave de estos procesos y constituyen dilemas con efectos intertemporales (en el presente, en el futuro, en la manera en que se va a narrar el pasado) y multidimensionales (a nivel institucional, organizacional, interpersonal

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Agradecemos el apoyo, interés y gentileza de Ernesto Kiza, Angelika Rettberg y de Jorge Parra (Profis-GTZ) por hacer posible esta participación.

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y personal). Las paradojas resultan del encuentro desafortunado entre variables que aunque seductoras a nivel personal en el corto y mediano plazo, resultan perversas a nivel colectivo en el largo plazo. Son muchas las aproximaciones existentes para estudiar los fenómenos asociados con la reparación a víctimas de la violencia en procesos de justicia transicional. Sin embargo, en su gran mayoría estás miradas adoptan perspectivas normativas que aunque necesarias, de no contar con evidencia precisa y rigurosa pueden llevar a la distorsión, confusión y al desaprovechamiento de ventanas de oportunidad clave para las víctimas, las sociedades, y sobre todo para garantizar un tránsito efectivo de la guerra a la paz, o de la dictadura a la democracia. Es por esta razón que al hablar del proceso de reparación a víctimas en el caso colombiano es importante no perder de vista la doble premisa expuesta: identificar tensiones desde la evidencia y la inferencia; por un lado, para establecer las condiciones, dinámicas y retos que enfrentan tanto las víctimas, como la sociedad y el Estado colombiano, por el otro. Dos razones adicionales motivan este capítulo. En primer lugar, en Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, escrito por Angelika Rettberg (2008) con el apoyo de GTZ, la Fiscalía General de la Nación, la Embajada de la República Federal Alemana y la Universidad de Los Andes, se ofrece una mirada en la que se privilegia la importancia de hablar desde la evidencia y no desde el deseo. Esto, debido a la fortaleza teórica y metodológica que permite realizar inferencias que trasciendan los hallazgos del estudio y revisen las implicaciones que estos tienen desde otras perspectivas de análisis. En segundo lugar y como afirma Rettberg (2008, 14), “La reparación, además de una forma práctica y legal de resarcir daños a personas afectadas, es también una expresión política que capta el poder relativo de diferentes grupos en la definición de la agenda social (Segovia, 2006 y Casas y Herrera, 2008)”. Es desde este ángulo que queremos aportar a través de la revisión e interpretación de los hallazgos de Rettberg y de sus colaboradores (2008). Como advierte la autora, paradójicamente la atención a los aspectos políticos de la reparación a víctimas siguen siendo uno de los aspectos menos exploradas por quienes estudian reparaciones, justicia transicional e incluso dentro de la denominada “victimología”. 154

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En este sentido, tomando la información proporcionada por la encuesta, así como los hallazgos producto de los talleres con representantes de instituciones clave y con ONG´s (ambos realizados en Bogotá el 29 de enero de 2009), este capítulo rastrea algunas de las implicaciones micro, meso y macropolíticas de la valiosa evidencia ofrecida por Rettberg y sus colaboradores. Para satisfacer este propósito en primer lugar buscamos desarrollar, interpretar y analizar los hallazgos a la luz de la mirada analítica del Juego Político de las Reparaciones (Casas y Herrera, 2008) con el fin de contrastar los hallazgos realizados en los dos trabajos. En segundo lugar buscamos establecer las implicaciones posibles de la reparación a víctimas de la violencia en Colombia en cuatro niveles: Satisfacción de derechos; Satisfacción de los estándares internacionales; Su contribución al cierre del ciclo de violencia; así como de los retos para el Estado colombiano. Por último, se busca analizar las implicaciones de las percepciones y preferencias de las víctimas frente a la evolución y oferta de los posibles programas de reparación en Colombia. Nuestra hipótesis de trabajo es que la evidencia de la encuesta sugiere una paradoja: al parecer lo que quieren las víctimas encuestadas va en contravía de la lógica de la reparación integral y afirma los efectos perversos del juego político de las reparaciones. Al explorar esta hipótesis buscamos aportar a la discusión sobre la reparación a víctimas en el país de tres maneras: a) ofreciendo alternativas para la explicación de fenómenos políticos relativos a procesos de reparación en contextos de justicia transicional; b) esbozando estrategias para que las víctimas puedan superar las ataduras establecidas por el juego político que surge entre gobierno y victimarios; Por último, c) identificando las tensiones que surgen entre lo normativo (deber ser) y lo que existe (ser) en materia de reparaciones, así como los efectos perversos que plantean para las víctimas, el capital social, y en general los bienes públicos de sociedades que han decidido romper con el pasado. El capítulo se divide en seis secciones. En la primera abordamos la relación entre el juego político de las reparaciones y las víctimas de la violencia política en Colombia. En la segunda presentamos un análisis del caso colombiano desde el marco analítico de las reparaciones en procesos de Justicia Transicional sin transición. En la tercera sección ofrecemos una mirada fugaz del contexto 155

Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

y del desarrollo de los programas de reparación en el país. En la cuarta sección y a manera de ejercicio contrastamos el Ser (las percepciones de las víctimas) frente al deber ser de las reparaciones (tipos de medidas y cumplimiento de principios internacionales) en cuatro dimensiones de análisis. En la quinta sección abordamos algunas preguntas y respuestas inquietantes a partir del análisis de la encuesta. Por último, reflexionamos sobre algunas implicaciones de la evidencia para el futuro de las víctimas colombianas desde el juego político de las reparaciones.

1. Una mirada política de las reparaciones en procesos de justicia transicional En las conclusiones de su informe sobre América Latina N° 29-30, el International Crisis Group –ICG– (2008, 27) urge afrontar tres problemas necesarios para corregir el curso que está siguiendo el proceso de las víctimas frente a la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Para el ICG (2008, 27) en Colombia todavía no se ha asignado prioridad a la representación política de las víctimas y a la defensa y promoción de sus derechos; además las instituciones encargadas de implementar la Ley de Justicia y Paz (LJP)y de garantizar los derechos de las víctimas siguen enfrentando serios cuellos de botella operacionales y financieros; y la persistencia del conflicto armado en muchas regiones impide seriamente la participación de las víctimas y la aplicación rigurosa de la LJP. La preocupación manifestada en este sentido, por este y otros estudios, centros de investigación y organizaciones, lejos de sorprender identifica el síntoma de una condición que ha caracterizado muchísimos procesos de reparación dentro y por fuera de procesos de justicia transicional. Algunos analistas olvidan que las reparaciones como cualquier producto humano están informadas por los intereses de los actores involucrados. En particular, por las preferencias de aquellos que definen las ataduras y alcances en las negociaciones previas que dan paso a las normas en las que se desenvuelven las decisiones y las acciones a través de las cuáles se desarrollan estos procesos. Durante los últimos dos años hemos venido diseñando herramientas teóricas para analizar desde una perspectiva no normativa el tema de 156

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las reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad Casas y Herrera (2007a, 2007b, 2008). Lo anterior en el marco de procesos de justicia transicional, desde una perspectiva politológica. Este intento se inspiró en una intuición que gracias a la evidencia constituye una regularidad que lejos de ser un rasgo determinante y obligatorio, implica un reto para las sociedades, las víctimas, ante todo para los Estados, así como para los actores clave que desde la comunidad internacional han decidido dejar de ser espectadores pasivos para convertirse en aliados, facilitadores y garantes. Siguiendo a Jens Arup Seip: “En política, la gente nunca trata de atarse a sí misma, sólo de atar a los demás” (Ver Elster, 2002. p 11). Así la política puede ser vista como el arte de atar a otros’ (Elster, 2002). La esencia política de las reparaciones se refleja en tres aspectos: a) se puede afirmar que la justicia transicional es un proceso de ruptura con una situación dada (pasado) con el fin de alcanzar un estado de cosas deseado (futuro) (Elster, 2005); b) en este sentido es un proceso que implica la selección entre diferentes alternativas de cambio; c) es un proceso en el cual están en juego los intereses y expectativas de quienes toman decisiones de impacto colectivo y de quienes se ven afectados por ellas. Así, vale la pena preguntar ¿qué es la Justicia transicional (J.T) desde una perspectiva política? Desde el punto de vista político, la J.T es un proceso en el cual se intenta atar a otros en el tiempo con el fin de: a) reducir la incertidumbre propia del paso de la guerra a la paz, o de la dictadura a la democracia; b) generar confianza a través de la aceptación de restricciones y de la reparación de los daños realizados en el marco del conflicto. Lo político de las reparaciones en los procesos de justicia transicional se expresa en que constituyen mecanismos para atar estados posibles del mundo en el tiempo, unos que implican un reparto de valores determinado a nivel de toda la sociedad. Esto, ya sea a través de la sincronización de preferencias en el tiempo, o para establecer ataduras débiles con el fin de desatarse en el futuro. Puede observarse entonces que las reparaciones desde un punto de vista estratégico constituyen un mecanismo político de transformación social. Es aquí dónde buscamos aportar una mirada distinta a la literatura tradicional. 157

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Tabla 1. Una mirada política de las reparaciones en procesos de justicia transicional

Procesos de Justicia Transicional

= Escenario estratégico de selección de alternativas

Programas de reparación

= Mecanismos para atar a otros

El potencial de transformación social de las reparaciones

Depende de las alternativas que se seleccionen, es decir, de las agendas que se privilegien

¿Qué implica esta mirada?

Mirar a las víctimas como partes activas dentro de estos procesos y no como meros depositarios de “derechos y beneficios”

Fuente: Casas y Herrera, 2009.

1.1 Lo que hemos aprendido: regularidades de los procesos de reparación Un estudio comparado de los procesos de las Reparaciones dentro y por fuera de procesos de Justicia Transicional ha permitido establecer algunas regularidades clave que arrojan estos procesos (Ver Casas y Herrera, 2007 y 2008; Naranjo y Casas, 2009)2: 1. La mayoría de los procesos se desviaron de sus metas iníciales y muchos de ellos no lograron sus cometidos.

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Los 10 casos estudiados son: Sudáfrica, Guatemala, Chile, Argentina, El Salvador, República Federal Alemana, Estados Unidos, Perú, Marruecos y Colombia. El estudio de los mismos se basó en la revisión de fuentes primarias (leyes y decretos que dieron origen a los distintos procesos de justicia transicional, a comisiones de verdad y reparación, informes y propuestas de las mismas y documentos propositivos de ONG’s y organizaciones relevantes en cada uno de los casos) y fuentes secundarias (trabajos académicos y periodísticos relacionados con los mismos casos). Para aproximarse a la revisión de los distintos casos internacionales, véase Casas-Casas, Andrés y Herrera, Germán (2007a; 2007b). Para un análisis del papel de las víctimas frente a las reparaciones desde una perspectiva comparada de diferentes casos ver Naranjo y Casas (2009).

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2. En la mayoría de los casos se crearon organizaciones formales (comisiones de verdad, de reconciliación, etc.) para dirigir el proceso de justicia transicional, cuyo diseño se caracterizó por el no otorgamiento de poder vinculante a sus decisiones, razón por la cual las mismas adquirieron fundamentalmente la forma de recomendaciones que para materializarse debían ser acogidas por una organización política distinta (e.j. el Congreso, Asamblea Constituyente, entre otros). 3. Aun cuando en la mayoría de los casos estas “comisiones de verdad” fueron las encargadas de diseñar inicialmente los programas, políticas y estrategias para reparar a las víctimas, sus recomendaciones no se tradujeron de manera fidedigna en las políticas y leyes que buscaron implementarlas, lo que a su vez fue visto por las víctimas como una muestra clara del desinterés por parte de los tomadores de decisión frente a sus sufrimientos, a excepción, claro está, del caso marroquí. 4. En la gran mayoría de los casos, las víctimas y las organizaciones que las representaron no tuvieron gran capacidad de influencia en los procesos de toma de decisiones que llevaron a las políticas de reparación finalmente implementadas, debido fundamentalmente a las restricciones previas impuestas al proceso por las negociaciones iniciales que les dieron vida, en la mayoría de las cuales las víctimas tampoco fueron tenidas en cuenta. 5. Se puede afirmar que, en su mayoría, las víctimas expresaron altos niveles de insatisfacción y desconfianza respecto de las medidas de reparación finalmente implementadas. Entonces, ¿quién ata a quién? La experiencia internacional demuestra que los actores que tradicionalmente definen las ataduras que dan paso a la paz son los victimarios y los representantes de la organización política que negocia con ellos (en el caso de transiciones negociadas) o los actores victoriosos (en el caso de conflictos resueltos militarmente). Desde este punto de vista, estas ataduras se hacen fundamentalmente entre los actores que negocian, pero afectan directamente a las víctimas, especialmente para restringir su capacidad de reclamación de verdad, justicia y reparación frente a las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos. 159

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1.2 El juego político de las reparaciones3 Con el uso de herramientas de la teoría de juegos se busca formalizar a continuación la dimensión política de las reparaciones de acuerdo con la idea de que lo que se busca a la hora de diseñar e implementar políticas de reparación es atar a los demás para definir el reparto terminante de valores en la sociedad a futuro4. De manera específica, y como ya se planteó, el efecto del juego político entre quienes negocian la transición ata a las víctimas en relación con el reparto terminante de ciertos valores: las posibles medidas y programas de reparación, así como los alcances de las mismas. En términos concretos, se busca definir qué consiguen las víctimas, de qué forma y de quién (Estado, victimarios o ambos). El juego que se presenta se circunscribe al contexto de una transición negociada hacia la paz, donde básicamente dos partes (Estado y victimarios) deben “ponerse de acuerdo” acerca de: ¿a quién reparar?, ¿cómo se va a reparar? y ¿qué tanto se va a reparar? Se parte de la idea según la cual es preciso reparar; es decir, el problema de “si reparar o no” está fuera de discusión y se da por sentado que las víctimas de los actos atroces cometidos deben recibir algún tipo de reparación por los daños sufridos. Esto se justifica en que en el contexto internacional actual, debido a los avances de la legislación internacional, especialmente de la relacionada con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, existe una gran presión por parte de distintos actores internacionales la cual hace impensable considerar que en escenarios de posconflicto o de transición hacia la democracia, aquellas personas que han sufrido los vejámenes de la guerra o de un sistema político represivo no sean tenidas en cuenta a la hora de garantizarles la verdad, la justicia y la reparación5.

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Esta sección obedece fundamentalmente a Casas y Herrera (2008 y 2009). Una discusión sobre la política, lo macro político y lo micropolítico se puede revisar en Losada y Casas (2008) y Casas (2008). Además, se debe tener en cuenta también que a la par de las presiones internacionales, existen presiones internas por parte de distintos actores, tanto públicos como privados, medios de comunicación, gremios, ONG, entre otros, para asegurar un nivel mínimo de justicia, verdad y reparación para las víctimas de delitos atroces y violaciones a los derechos humanos.

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Bajo este marco de acción, el problema a resolver se centra en “cómo reparar”. Éste es el problema de interacción estratégica que se pretende formalizar a través de un árbol de juego compuesto por dos jugadores: Estado y victimarios. Antes de desarrollar el juego, es necesario dejar claros los supuestos e ideas de los que parte y que lo definen a su vez: Se busca modelar un juego donde intervienen sólo dos jugadores: Estado y victimarios. En este sentido, se asume inicialmente que el Estado y los victimarios son dos actores distintos capaces de tomar decisiones autónomas y cuya negociación inicia el proceso de transición6. Se asume también, por simplicidad a la hora de plantear el ejercicio, que el jugador Estado juega primero, seguido por el jugador victimarios7. Los pagos que se asignan a cada uno de los jugadores son de naturaleza variable, es decir, la utilidad que representan es ordinal y no cardinal8. Las estrategias que tienen disponibles cada uno de los actores son las mismas, a saber: comprometer recursos (tiempo, dinero, reputación, trabajo, entre otros) para llevar a cabo reparaciones “amplias” (Estrategia A) o comprometer recursos para llevar a cabo reparaciones “restringidas” (Estrategia B)9.

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Esta diferenciación es útil incluso en los casos en donde los victimarios hacen parte y controlan el aparato estatal (caso Argentina, Chile y Suráfrica), pues en estos contextos los victimarios también tienen que negociar con aquellos grupos que van a acceder al control del aparato estatal todo lo concerniente a la justicia, la verdad y la reparación para los victimarios. A la hora de la verdad, el orden de los jugadores no altera el equilibrio final del juego; sólo usamos está convención, otra vez, en aras de hacer lo más simple posible el árbol de juego. En términos estrictos lo que se busca con esta idea es demostrar que el juego es de carácter secuencial y no simultáneo. Si bien las estrategias que pueden escoger cada uno de los jugadores implican costos materiales medibles (en términos de dinero, tiempo, costos de oportunidad y percepción política), también es cierto que los mismos varían en cada caso, razón por la cual es más recomendable utilizar pagos ordinales que reflejen los órdenes de preferencia de cada uno de los actores entre los resultados posibles del juego. En el contexto de este juego la idea de reparaciones amplias o restringidas no se relaciona estrictamente con las definiciones que se dieron de cada una en la dimensión administrativa de las reparaciones. En esta situación específica, cuando se plantea la idea de reparaciones amplias o restringidas se busca incorporar en estos conceptos qué tan incluyentes (en términos de víctimas a reparar y delitos a reparar), qué tan generosas (en términos de recursos, materiales y no materiales,

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

Los supuestos anteriormente mencionados se relacionan directamente con la forma que adquiere el juego de las reparaciones en contextos de transiciones negociadas. Aparte de estos, es necesario también describir los supuestos e ideas que definen los pagos para cada uno de los jugadores. Así, se tiene: Se asume que el jugador “Estado” se enfrenta, por un lado, a restricciones políticas por parte de distintos actores con intereses propios acerca de las medidas de reparaciones a implementar y con capacidad de veto sobre sus decisiones10; y por el otro, a restricciones fiscales y macroeconómicas que le dificultan llevar a cabo reparaciones “amplias”, especialmente si se enfrenta a un contexto de recursos escasos definidos por una agenda política en las que se prioriza la atención a otros problemas. Lo anterior, sobre todo en escenarios de posconflicto, donde paralelamente son imperantes metas tales como la consolidación de políticas de seguridad, el desarrollo de la infraestructura, de una política social amplia, de disminución de pobreza y de asegurar el crecimiento económico. En el caso del jugador “victimarios” se asume que éste, frente al dilema “justicia vs. paz” desea obtener la paz al menor costo posible; esto es, sin justicia para las víctimas o con niveles muy bajos de la misma. En este sentido, posee un interés manifiesto porque las reparaciones sean lo menos costosas posible (tanto en términos judiciales, económicos, políticos, y de imagen), pues lo contrario se constituye en un incentivo negativo para cesar sus acciones violentas. Del anterior contexto se desprende la matriz de pagos descrita en la Tabla 2 y la Figura 1.

Continúa nota 9



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para reparar) y qué tan abiertas (en términos de los requisitos que deben cumplir las víctimas para acceder a las reparaciones) resultan ser las reparaciones, donde las reparaciones “amplias” son más incluyentes, generosas y abiertas que las “restringidas”; es decir, las primeras son más costosas para cada uno de los actores y las segundas menos costosas. Entre estos se pueden citar a los partidos políticos, el estamento militar, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, entre otros.

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Tabla 2. Matriz de pagos del juego de las reparaciones

Resultados posibles

Estado

Victimarios

(A,A)

3

2

(A,B)

1

4

(B,A)

4

1

(B,B)

2

3

Figura 1. Juego de las reparaciones entre Estado y victimarios

En este juego el jugador “Estado” juega primero y, como se planteó ut supra, esto no afecta la lógica del juego (esto significa que el jugador “victimarios” pueden jugar primero y esto no alteraría el resultado final. Decidimos que “Estado” jugara primero porque es lo que hemos encontrado en la mayoría de los casos estudiados). “Estado” se enfrenta con la opción de jugar dos estrategias: A (Reparaciones amplias) y B (Reparaciones restringidas). Cada una de estas estrategias es representada por las ramas superiores del árbol, seguidas por dos nódulos negros que corresponden a las posibles jugadas que el jugador “victimarios” puede llevar a cabo después que el jugador “Estado” juega. En este sentido, el jugador “victimarios” puede jugar las mismas dos estrategias que el jugador “Estado”, lo que explica las 4 ramas inferiores del árbol. Después de 163

Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

cada posible combinación de estrategias11 se encuentran los pagos que se desprenden de las mismas. Al usar el método de backward induction (razonamiento hacia atrás) para resolver el juego, se tiene que el equilibrio de Nash –es decir, aquella situación de juego en la que ningún jugador puede mejorar su posición unilateralmente– del mismo está dado por la combinación de estrategias (B,B), esto es, ambos jugadores escogen por alternativa a seguir la de comprometer recursos para llevar a cabo reparaciones “restringidas” o mínimas. La principal implicación de este “juego de las reparaciones” es que la idea normativa de que las reparaciones por sí mismas deben ser lo más incluyentes, generosas y abiertas posibles probablemente se verá erosionada frente a los intereses y los incentivos que los actores tienen respecto de las reparaciones (y con el proceso de justicia transicional en general). Además, es importante ver que estos actores deciden bajo restricciones, tanto accidentales como auto-impuestas. Lo anterior se debe, fundamentalmente, por un lado, al peso que en las percepciones de los tomadores de decisión tienen las restricciones económicas y fiscales sobre los Estados, y al interés de los mismos por lograr la paz (cese de hostilidades), incluso a costa de la justicia para las víctimas; y por el otro, el interés manifiesto y, por cierto obvio, de los victimarios de que la transición les resulte lo menos costosa posible, tanto en términos económicos como políticos, judiciales y en términos de percepción/reputación. Ahora bien, el problema no radica solamente en que la formulación normativa del problema de las reparaciones no concuerde con los intereses que puedan tener los distintos actores involucrados. El problema estriba en que de no generar incentivos y mecanismos que influyan y cambien el juego descrito, las reparaciones, sus mecanismos y sus alcances resultarán limitados, lesionarán los derechos y las expectativas de las víctimas y podrán generar poderosos incentivos perversos que motiven conductas atajistas, rencorosas o descaradas en el tiempo12.

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Cómo se puede ver en el árbol y en la matriz de pagos, sólo existen 4 combinaciones posibles: (A,A) (A,B) (B,A) (B,B). Para una reflexión sobre la cultura del atajo ver Mockus y Cante (2005) y Drago, Cante y Ortiz (Comps.) (2005).

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El resultado del juego se hace latente cuando los victimarios hacen o han hecho parte, en el pasado reciente, del aparato estatal o se han constituido en actores con alta influencia local. Esto genera dificultades pues se da una evidente aversión a estar “cediendo el poder” a aquellos que victimizaron, o por lo menos a sus representantes, o a aquellos que no sufrieron directamente o en gran medida sus acciones represivas y violatorias (caso Argentina, Chile y Suráfrica) y que están por fuera de su órbita de influencia. En casos como estos, los incentivos para que las reparaciones se limiten a su naturaleza mínima son aún mayores. De hecho, se puede decir que hay incentivos para no reparar del todo13. Ahora bien, en contextos de este tipo, ¿qué esperan estos actores de las víctimas? La respuesta, aunque desalentadora, es obvia: aceptar cualquier tipo de medidas o políticas que se les propongan para repararlas. La razón principal por la que ésta es la estrategia dominante para las víctimas reside en que estas se encuentran “atadas” por las decisiones previas hechas entre el Estado y los victimarios, pues son ellos los que deciden cómo se “reparten las reparaciones” para las víctimas. Este es el incentivo perverso que resulta del juego para las víctimas. Ya que frente al miedo, la impotencia propia del trauma generado por los hechos, el desarraigo, la vulnerabilidad económica, el riesgo de revictimización, y sobre todo, el afán para algunos de cerrar este capítulo, el desinterés por el tiempo y la aparente eficiencia de un beneficio inmediato hace que muchos y muchas acepten indemnizaciones económicas y ofertas de servicios de la política social. Además, ante lo imperativo de una paz negativa (ausencia de violencia), muchos gobiernos están dispuestos a sacrificar la justicia. En otras palabras, las víctimas “juegan” después del Estado y de los victimarios, o de manera estricta, se puede afirmar que las víctimas no “juegan” en el juego de las reparaciones, pues las acciones del Estado y los victimarios de forma espontánea no están en situación de interdependencia estratégica con las víctimas, pues cómo lo ha mostrado la experiencia estas no participan si no hasta mucho después de esta primera fase.

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En Argentina y Chile, por ejemplo, las medidas y programas de reparación se dieron, relativamente, mucho después que los victimarios cedieran el poder y se consolidara la democracia.

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

La afirmación anterior se confirma cuando se analizan los distintos casos de justicia transicional en el mundo. En la gran mayoría de los mismos, las víctimas y las organizaciones que las representan inicialmente no han tenido gran capacidad de influencia en los procesos de toma de decisiones que llevaron a las políticas de reparación finalmente implementadas ¿Por qué? Fundamentalmente por el papel que juegan las restricciones previas impuestas al proceso en las negociaciones iniciales que les dieron vida, en la mayoría de las cuales las víctimas tampoco fueron tenidas en cuenta.

2. El caso colombiano desde el marco analítico de las reparaciones en procesos de justicia transicional sin transición La pregunta entonces es si aplica el juego político de las reparaciones para el caso colombiano. La respuesta, desafortunadamente, es afirmativa. Esta situación se debe básicamente a dos razones. Por un lado, el bajo nivel de influencia y agenciamiento de las víctimas frente al proceso de negociación, y por otro, a las fuertes restricciones institucionales previas a las que las víctimas fueron sometidas14. Como lo deja ver Rettberg (2008, 85-86) solamente alrededor de una cuarta parte de las víctimas pertenece a alguna organización de víctimas, lo que evidencia un bajo nivel de organización política y de capital social, requisitos indispensables para ejercer influencia sobre los actores clave y, fundamentalmente, sobre resultados políticos como lo son las reparaciones, y en general los procesos de justicia transicional. Este hecho se ve reflejado y potenciado por las restricciones institucionales a las que las víctimas han sido sometidas, condensadas básicamente en la Ley 975 de 2005. Esta ley es un reflejo del bajo nivel de influencia y agenciamiento de las víctimas dada la poca (o mejor, nula) injerencia de

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Si bien el juego político de las reparaciones aplica al conjunto de casos estudiados en Casas y Herrera (2008, 2007b y 2007a), las peculiaridades del mismo en el caso en el caso colombiano hacen a éste muy parecido a los casos surafricano, chileno y, en menor medida, al caso peruano.

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las víctimas y las organizaciones de víctimas en su diseño y aprobación. Asimismo, potencializa tal circunstancia debido a los pocos espacios formales que crea para la participación de las víctimas, y en especial a las limitaciones y requisitos que impone sobre tal participación15. Ahora bien, si se acepta que el juego político de las reparaciones aplica para Colombia, la inquietud que sobresale se refiere a la pregunta por los efectos que tiene tal situación en el proceso de justicia transicional colombiano, uno que se perfila como un proceso de justicia transicional sin transición. La preocupación recae específicamente en la dinámica de la relación entre las víctimas y el componente de reparaciones de tal proceso. Al respecto se pueden anotar 4 efectos relevantes, cuyas implicaciones trascienden la faceta del diagnóstico y llegan hasta el punto del diseño de políticas de reparaciones para las víctimas. El primer efecto que el juego tiene es el de engendrar ciertos niveles de desconfianza de las víctimas en la capacidad del Estado para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, tal y como se desprende de los resultados de los talleres con representantes de instituciones estatales y ONG’s clave llevados a cabo por el proyecto Profis-GTZ. Además según Rettberg (2008, 84), sólo una cuarta parte de las víctimas manifiesta confianza en que el programa de atención al que está vinculado logre atender sus necesidades adecuadamente16. Un segundo efecto es la existencia de una brecha muy grande entre las expectativas de las víctimas frente a los programas de reparación y las posibilidades reales de los mismos. Esto se desprende fundamentalmente de los bajos aportes (materiales y no materiales) de los victimarios y de la reticencia por parte del gobierno nacional a otorgar reparaciones integrales, escudándose en la naturaleza complementaria de los aportes estatales y en las restricciones fiscales que el Estado enfrenta17.

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16

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Véase infra un análisis más detallado de la Ley de Justicia y Paz y del marco institucional del proceso colombiano. Hay que tener claro que sólo el 60% de las víctimas afirma pertenecer a algún programa de atención a víctimas, y que de estas sólo la cuarta parte están vinculadas a programas de carácter estatal (Rettberg, 2008, 83). Véase el Decreto 1290 de 2008, el cual crea el “programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

El tercer efecto que se desprende del juego político de las reparaciones en Colombia tiene que ver con los incentivos perversos que el juego y el marco institucional vigente crean en el proceso colombiano, dónde de acuerdo a las víctimas, es mejor y más rentable ser “victimario que víctima”18. Por último, el resultado del juego político de las reparaciones en Colombia incentiva la manipulación política y “burocrática” de las víctimas por parte de determinados actores políticos (políticos locales, partidos políticos, etc.) y administrativos (tramitadores, gestores, etc.) lo que genera un proceso de “piratería humanitaria” y una situación en la que se aumentan las probabilidades y los incentivos para la corrupción alrededor y dentro de los programas de reparación existentes (y por existir). 2.1 El marco analítico de las reparaciones en procesos de justicia transicional sin transición: un análisis del caso colombiano En este apartado se analiza el caso colombiano a partir del marco analítico de las reparaciones desarrollado previamente (Casas y Herrera, 2008), el cual se resume en la Tabla 2. Tabla 2. Marco analítico de las reparaciones19

Dimensión Justicia

Resarcir el daño (material y no material) causado Justicia legal vs. Justicia política Materializada por victimarios, Estado o ambos

Adminisrativa

Formas que adquieren las reparaciones y como son materializadas Tipología de acuerdo a la forma en que son diseñadas: 1) amplias vs. restringidas; 2) judiciales vs. administrativas Tipología de acuerdo a la forma en que son materializadas: 1) “en especie vs. monetarias”; 2) programas autónomos vs. insertas en políticas públicas

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Características

Véanse los resultados de los talleres con representantes de instituciones estatales y ONG’s clave realizados por Profis-GTZ, Bogotá, 29 de enero de 2009. Por marco analítico se entiende un conjunto de presupuestos, reglas de inferencia y estrategias metodológicas que permiten descomponer un fenómeno con el fin de comprenderlo, describirlo, explicarlo e incluso de elaborar estimaciones de probabilidad sobre su ocurrencia o de fenómenos asociados al mismo (ver Casas y Herrera, 2008).

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Dimensión

Política

Características Política: “el arte de atar a otros” (Elster) Procesos de reparaciones entendidos como escenarios estratégicos de selección de alternativas ¿Quién ata a quien? Estado y victimarios atan a víctimas Juego (interacción estratégica) entre dos actores fundamentalmente: Estado y victimarios Víctimas son vistas básicamente como sujetos pasivos

Fuente: Casas y Herrera (2008).

La utilidad de este marco analítico radica en que permite descomponer el fenómeno de las reparaciones en procesos de justicia transicional en sus 3 dimensiones básicas: justicia, administrativa y política. Dado el carácter inconcluso del caso colombiano y al hecho que hasta ahora se encuentra en sus fases iniciales de implementación, el análisis del mismo a la luz del marco analítico de las reparaciones, como se puede ver en la tabla 3, se centra básicamente en los aspectos institucionales formales y en las informaciones que se tiene sobre su inicial y reciente ejecución (Tabla 3). Tabla 3. Colombia y el marco analítico de las reparaciones

Dimensión Justicia

Dimensión Administrativa

Dimensión Política

Busca resarcir daño tanto material (reparación económica) como no material (reconocimiento de los hechos ¿y arrepentimiento?) Combinación entre justicia legal y justicia pura (pero se acerca más al extremo legal: “debido proceso con presunción de culpabilidad”) Materializada (en principio) por Victimarios y Estado (rol complementario)

Diseño: amplias (restitución, indemnización rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y judicialesadministrativas (pendiente de aplicación) Materialización: monetarias Distancia entre diseño y materialización

Estado y victimarios atan a víctimas Víctimas son tratadas (de una u otra forma) como sujetos pasivos Víctimas son sujetas de manipulación (política y “burocrática”) Respuesta de las víctimas: falta de confianza, insatisfacción, frustración. Pero también intentos de acción colectiva

Fuente: Casas y Herrera (2009).

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

Entre los resultados de este ejercicio vale la pena resaltar los siguientes tres: 1. Se encuentra que en la dimensión justicia, si bien se busca resarcir tanto el daño material como el no material, en la práctica, con la información con la que se cuenta hasta el momento, existe cierta tendencia a centrarse más en la primera que en la segunda. Además, el Estado, en principio, participa en esta dimensión con un rol complementario20. 2. En cuanto a la dimensión administrativa se encuentra que la misma no se encuentra del todo definida, especialmente en cuanto a la manera de implementar las reparaciones, dónde se encuentran dos caminos: el judicial y el administrativo, sobre los cuales todavía no se tiene total claridad. Asimismo, se observa una distancia considerable entre el diseño de las medidas de reparación, pensadas inicialmente de manera amplia, y su ejecución inicial, la cual tiende a ser de carácter restringido. 3. Por su lado, en la dimensión política se observa que el juego político de las reparaciones entra en acción en el caso colombiano, donde Estado y victimarios terminaron atando a las víctimas, por lo menos en la fase inicial del proceso. Esto ha producido en las víctimas sensaciones de falta de confianza en el Estado, de insatisfacción y de frustración, pero también intentos incipientes de acción colectiva.

3. Contexto histórico e institucional de los programas de reparación en el país21 En esta parte se describen de manera sucinta tanto la historia de procesos de reparación en Colombia como el marco institucional formal que rige el actual proceso de justicia transicional: la ley 975 de 2005, haciendo especial énfasis en las características institucionales de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

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Claro está que con la reciente aceptación por parte del gobierno nacional de incluir las víctimas y crímenes de Estado dentro del universo de crímenes y víctimas a reparar, este rol complementario empieza a adquirir visos de cambio y a constituirse la participación estatal en una más activa y directa. Este apartado presta fundamentalmente de Casas y Herrera (2007a)

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3.1 Breve recuento de procesos de reparación en Colombia A pesar de la gran cantidad de conflictos que pulularon en Colombia a lo largo de su vida republicana, la solución de estos, que usualmente incluía un tratado o algún tipo de negociación formal, nunca tuvo en cuenta de manera expresa el concepto de reparación como parte constituyente del mismo. Tal fue el caso de los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinácota, que le dieron fin a la guerra de los mil días, del decreto 1823 del 13 de junio de 1954, que dio fin a las guerras del período de la violencia y del pacto de Sitges,22 que dio inicio al Frente Nacional23. Tales tratados sólo incluían las condiciones para la desmovilización, y se configuraban usualmente como perdones amnésicos, es decir, estas negociaciones incluían figuras como el indulto y la amnistía, y las víctimas nunca eran consideradas sujetos de derechos como la justicia, el conocimiento de la verdad, o la reparación integral24. La razón de ésta situación se puede encontrar, en que sólo hasta la segunda mitad del siglo XX se empiezan a discutir y aplicar principios de reparación a las víctimas de conflictos internacionales o domésticos o de regímenes autoritarios, debido al avance de la legislación internacional al respecto25. No obstante, en el caso de la negociación con el M-19, a finales de la década de los 80’s y principios de la década de los 90’s, cuando ya se

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Gutiérrez Sanín, Francisco. “¿Negociación racional? La experiencia del frente Nacional en Colombia”, en: Cante, F. (Ed) (2008). Argumentación, negociación y acuerdos. Bogotá: CEPI - Ed. Universidad del Rosario. Bastidas Martínez, Liliana y Gómez Parra, María Alejandra (2005). La memoria, el perdón y la reparación en los acuerdos de paz y en la prolongación del conflicto armado en Colombia. Monografía para optar al título de psicólogas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, junio de 2005, p. 301. Uprimny Yepes, Rodrigo. “Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano”, en: ¿Justicia transicional sin transición?: verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá: DeJusticia, 2006, p. 26. No obstante, algunos autores hacen un recuento de las políticas de reparación anteriores a éste período, sólo que éstas sólo aplican para conflictos de carácter internacional. Véase Elster, Jon (2004). Closing the books: transitional justice in historical perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

habían instaurado tales principios internacionales en relación con los derechos de justicia, verdad y reparación para las víctimas, estos no se cumplieron, pues no se incluyó en ningún momento un mecanismo o medida tendiente a asegurarlos26. Lo anterior deja entonces como única instancia de reparación para colombianos por crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad la que se resume en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) proferidas contra el Estado colombiano, en las que se obliga a éste a indemnizar y garantizar la vida y seguridad de determinados individuos (o sus familiares) que han demandado al mismo ante dicha Corte. Entre los casos más representativos se encuentran el de Ituangó, el de la masacre de Mapiripán, el del asesinato de 19 comerciantes en Puerto Boyacá en el Magdalena Medio y el de Wilson Gutiérrez Soler, entre otros27. En todos estos casos, la CIDH obligó al Estado Colombiano a reparar a las víctimas de los actos punibles considerados (desaparición forzada, ejecución extrajudicial, secuestro, etc.) en dinero y a través de indemnizaciones de distinto monto de acuerdo a los daños sufridos. 3.2 Análisis institucional: Ley de Justicia y Paz y la CNRR Tal y como lo muestran Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon (2006), a pesar de las “buenas intenciones” de los legisladores y del Gobierno Nacional, en el proceso que llevó a la Ley de Justicia y Paz, para con la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, los mecanismos y herramientas consagrados en la misma ley para implementar estos principios se constituyen en insuficientes y dejan ciertos vacíos a la hora de su materialización efectiva28.

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Bastidas Martínez, Liliana y Gómez Parra, María Alejandra. La memoria, el perdón y la reparación en los acuerdos de paz y en la prolongación del conflicto armado en Colombia. Op. cit., pp. 389-391. Estos casos se pueden consultar en detalle en www.corteidh.org.cr Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, María Paula (2006). “La ley de «justicia y paz»: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades?”, en: ¿Justicia transicional sin transición?: verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá: DeJusticia, 2006, p. 176.

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Tales deficiencias son transversales a la consecución de los derechos de justicia, verdad y reparación. En relación con el primero, si bien la ley establece la obligación del Estado de investigar los hechos punibles llevados a cabo en el marco del conflicto armado y de identificar, capturar y sancionar a los responsables de tales actos29, su aplicación se ve truncada por problemas en el diseño de los mecanismos aprobados para implementarlo. Esto es así, aun cuando la Corte Constitucional, en Sentencia C-370 de 2006, la cual declara exequible la Ley 975 de 2005, corrige algunos aspectos de la misma que impedían la aplicación eficaz del derecho a la justicia30, pues problemas como los cortos plazos para la investigación por parte de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y la falta de recursos para la misma persisten e imposibilitan la materialización efectiva del derecho a la justicia de las víctimas31. Por otro lado, la ley establece también el derecho de la sociedad, y en especial de las víctimas de conocer la verdad sobre los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado32. No obstante, la misma ley dispone que el o los imputados no están obligados a contar toda la verdad en la versión libre que deben rendir como primer paso dentro del proceso judicial, error que se subsana en la Sentencia C-370 de 2006 ya mencionada33. Así, y como lo reconocen Uprimny y Saffon (2006), en ausencia de la exigencia de una confesión plena como requisito para la concesión de los beneficios allí previstos, no existe en la Ley de Justicia y Paz ningún tipo de incentivo para que los desmovilizados suministren

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Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005: por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, Diario Oficial N° 45.980, 25 de julio de 2005, art. 6°. Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, en http://portal2.semana.com/ documents/doc-1294_2006713.doc, acceso el 29 de mayo de 2007. Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, María Paula (2006). “¿Al fin, ley de justicia y paz? La ley 975 de 2005 tras el fallo de la Corte Constitucional”, en: ¿Justicia transicional sin transición?: verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá: DeJusticia, pp. 213-215. Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005. Op. cit., art. 7°. Ibíd., art. 25.

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

información sobre los crímenes perpetrados por ellos de los cuales no tenga conocimiento el Estado. Asimismo, y al igual que en la provisión del derecho a la justicia, la precariedad de las herramientas con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para investigar exhaustivamente delitos complejos, sistemáticos y masivos imposibilitan también el recuento eficaz de la verdad de los hechos sucedidos34. Finalmente, la ley establece también el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral de los delitos sufridos, la cual se fundamenta en los 5 pilares de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición35. Pero al igual que con los dos principios anteriores, las disposiciones específicas destinadas a lograr este objetivo distan de ser suficientes. Inicialmente, si bien los beneficiarios de la ley tenían la obligación de reparar materialmente a las víctimas de sus actos violentos, esta reparación se veía truncada por exigencias tales como: debía comprobarse que los beneficiarios efectivamente poseían bienes con que reparar (lo que abría la posibilidad del testaferrato)36, que se deberían entregar sólo los bienes adquiridos ilícitamente (dejando de lado los bienes lícitos o supuestamente lícitos)37, que las víctimas mismas (o el Ministerio Público o el Fiscal del caso en su nombre) debían iniciar la reclamación de reparación ante el tribunal encargado de juzgar a sus victimarios (lo que hacía engorroso el procedimiento)38. No obstante, y al igual que en el caso de la provisión de los derechos a la justicia y a la verdad, los condicionamientos hechos por la Corte Constitucional subsanan hasta cierto punto estas deficiencias39. Ahora, en cuanto a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada por la misma ley, vale la pena resaltar las dos características institucionales más importantes de la misma:

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Uprimny Yepes, Rodrigo y Saffon, María Paula. Op. cit., p. 187. Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005. Op. cit., art. 8°. Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005. Op. cit., art. 44. Ibíd., art. 44.1. Ibíd., art. 45. Véase Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, en http://portal2.semana. com/documents/doc-1294_2006713.doc, acceso el 29 de mayo de 2007.

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 Si

bien la ley le otorga un gran número de funciones a cumplir, la misma no le confiere poder vinculante a ninguna de sus iniciativas y decisiones, lo que la hace, hasta cierto punto, inefectiva, y;  La fuerte presencia del gobierno nacional le otorga una influencia desproporcionada al mismo a la hora de plantear la agenda y de tomar las decisiones dentro de la Comisión. Por último, frente a la posibilidad de un Plan Nacional de Reparaciones Administrativo (PNRA), y aun cuando se avanza en relación con el mismo en el Decreto 1290 de 2008, su implementación queda abierta a discusión por dos razones: primero, tal y como está en el decreto el PNRA se restringe solamente a reparación individual (y específicamente material) y segundo, a que no existe un consenso definitivo en torno al mismo40. Como afirma el informe del International Crisis Group (2008, 27) citado arriba, “La CNRR, cuya misión es defender los intereses de las víctimas, ha mantenido un perfil bajo y no tiene la independencia necesaria con respecto al gobierno como para recomendar los cambios de políticas requeridos”.

4. Ser vs. deber-ser de las reparaciones En este acápite se analiza el caso colombiano en función de la comparación entre el “ser” y el “deber ser” de las mismas. Por el “ser” de las reparaciones se entienden las preferencias de las víctimas frente a las medidas, programas y políticas de reparación41. Por el “deber ser” se entienden las prescripciones que en torno a las reparaciones se consagran en los estándares internacionales y en la normatividad nacional (ley de justicia y paz, resoluciones y documentos de trabajo CNRR, etc.).

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Esta falta de consenso definitivo se manifiesta en el hecho que cursa actualmente en el Congreso Nacional un proyecto de ley de víctimas que contempla la posibilidad de crear un Programa Nacional de Reparaciones Administrativo con facultades distintas a la del actual. La evidencia para estas preferencias se basa en Rettberg (2008) y en los talleres con representantes de instituciones estatales y ONG’s clave realizados por Profis-GTZ.

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

La comparación entre estas dos maneras de ver las reparaciones se basa en 4 niveles de análisis, a saber: satisfacción de derechos, satisfacción de estándares internacionales, contribución al cierre del ciclo de violencia y retos para el Estado colombiano. De este análisis se desprende la Tabla 4, dónde se compara el Ser vs. el Deber-Ser de las reparaciones en los 4 niveles de análisis. Tabla 4. Ser vs. Deber ser de las Reparaciones

Nivel de Análisis

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Deber Ser

Ser

Satisfacción de derechos

• Víctimas desean verdad, justicia y reparación, pero • Verdad: conocimiento el énfasis está en reparación y reconocimiento de los material (pensión, vivienda, actos atroces cometidos educación, subsidios) • Justicia: castigar • ¿Cómo reparar lo que (judicial y socialmente) no es reparable?: homicidio, a los responsables de los desaparición actos atroces • Ciertas víctimas no quieren • Reparación: Resarcir los que se sepa la verdad en público daños causados (materiales (mujeres y delitos sexuales) y no materiales) • Víctimas no quieren ser • Priorizar víctimas sobre priorizadas. Estarían satisfechas otros actores con acceder a política social ya existente

Satisfacción de estándares internacionales

• Penas (alternativas) mínimas • Incorporar a los victimarios en el procesos • Restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición • Priorizar víctimas sobre otros actores • Celeridad e inclusión (universo de víctimas y de delitos)

• Desconocimiento de estándares internacionales (y de la diferencia entre justicia ordinaria y justicia transicional) • Bajo nivel de asociatividad, capital social y acción colectiva (información como bien público) • Proceso lento y tortuoso • Víctimas piensan que victimarios deben pagar (prisión, dinero, etc.) por sus hechos

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Nivel de Análisis

Deber Ser

Ser

Contribución al cierre del ciclo de violencia

• Victimarios deben contar toda la verdad • Victimarios deben pedir perdón por las acciones cometidas • Reparaciones simbólicas junto con reparaciones materiales • Deben asegurar la no repetición de los hechos • Resarcir el daño moral, emocional y psicológico

• Victimización continúa (FARC y ELN, Bandas emergentes, paramilitares no desmovilizados) • Problema fundamental: víctimas conviven con victimarios a nivel local • Altos niveles de miedo y amedrentamiento (NS/NR ~ 60%) • Victimarios no cuentan toda la verdad (distintas razones) • Daño moral, emocional y psicológico no es prioritario para las víctimas • Reparación simbólica nula o casi nula

Retos para el Estado

• Medidas para preservar la memoria histórica • Priorizar las reparaciones • Restricciones fiscales y económicas no son excusa • Control efectivo del territorio y monopolio del uso de la fuerza • Balancear estos requisitos con los propios del post-conflicto • Celeridad e inclusión (universo de víctimas y delitos) • Programas diferenciados de la política social

• Falta de confianza en el Estado y en su capacidad de garantizar la no repetición (proceso lento y engorroso) • Extorsión de los intermediarios: “piratería humanitaria” • Incentivos perversos: es mejor ser desmovilizado que víctima • Víctimas no quieren programas y políticas de reparaciones diferenciados

Fuente: Casas y Herrera (2009).

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Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

5. Siete respuestas inquietantes a seis preguntas inquietantes El análisis realizado en las páginas precedentes sobre el caso colombiano nos lleva a formularnos 6 preguntas inquietantes en torno a qué se debería y a qué se podría hacer para llevar a cabo un programa de reparaciones exitoso para las víctimas colombianas. Estas seis preguntas son:  ¿Cómo  ¿Cómo  ¿Cómo  ¿Cómo

responder a las necesidades de las víctimas? equilibrar dichas necesidades con los recursos del Estado? garantizar la integralidad de los programas? articular los esfuerzos de reparar después del proceso judicial con un programa de reparaciones por vía administrativa?  ¿Quiénes son las víctimas?  ¿Qué clases de víctimas existen? Por motivos de espacio y de empatía con el lector, antes de proponer respuestas puntuales a estas preguntas, se presenta un horizonte general para responder las mismas, así como las preocupaciones que guían y enmarcan nuestra reflexión. El horizonte general se define en concordancia con la CNRR, para la cual “el objetivo general del Programa Nacional de Reparaciones Administrativas (PNR) es el de redignificar a las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado, con el fin de lograr la satisfacción de las mismas y la restitución de los derechos que les han sido violentados, a través de políticas que implementen los componentes de un proceso amplio de reparación, definidos por la CNRR, a saber: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” (CNRR, 2007). De acuerdo con este horizonte general, las respuestas a las preguntas planteadas deberían cumplir con los siguientes requisitos:  Contribuir

al logro de la reconciliación entre las víctimas y sus agresores, y entre los distintos miembros de la sociedad afectados por el conflicto armado.  Complementar los mecanismos de reparación implementados por la Ley de Justicia y Paz, y en sentido estricto, el proceso judicial establecido por la misma. 178

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 Establecer

un registro confiable y oficial de las víctimas de la violencia así como del patrón de violaciones padecidas, que permita diseñar e implementar medidas puntuales acordes a los distintos tipos de víctimas existentes.  Identificar las comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros grupos específicos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado de manera colectiva, para que su reparación se dé en la misma dimensión colectiva.  Incorporar al Estado colombiano a través de sus distintas agencias, para la atención económica, política, legal, psicológica y médica de las víctimas de la violencia, que evidencie a su vez la aceptación de responsabilidad por parte de todos los actores involucrados.  Depende de las víctimas sus organizaciones y de actores no gubernamentales generar procesos genuinos de acción colectiva que blinden las organizaciones contra los peligros y tentaciones propias de estos procesos. Formar alianzas clave a nivel nacional, regional e internacional que actúen como acompañantes, facilitadores y garantes de un proceso de reparación que simultáneamente llene las expectativas de las víctimas y cumpla con los principios internacionales que orientan las reparaciones. A partir de una lectura interpretativa de la Encuesta de Rettberg (2008), las preocupaciones que quedan se resumen en tres. En primera instancia la evidente tensión entre el “ser” y el “deber ser” de las reparaciones, que alimenta nuestra segunda preocupación: el surgimiento de una paradoja dónde lo que quieren las víctimas frente a la reparación no es necesariamente lo que deberían obtener. Y de estas dos preocupaciones objetivas surge una tercera de carácter más subjetivo ¿estaremos lesionando la libertad de las víctimas imponiendo nuestro interés normativo sobre sus necesidades objetivas?

6. Reflexiones finales El ejercicio realizado en estas páginas nos lleva a exponer de manera breve algunas reflexiones y conclusiones sobre el proceso de ‘Justicia Transicional’ en Colombia, específicamente en cuanto al componente de reparaciones. 179

Lo que quieren las víctimas. Paradojas y retos entre el ser y el deber ser en el proceso de reparación en Colombia

En un primer instante se llega a la conclusión que el juego político de las reparaciones desafortunadamente sí aplica para Colombia. ¿Qué se puede hacer al respecto? La respuesta aventurada inicialmente (Casas y Herrera, 2008) se centra en que las víctimas jueguen herestéticamente en los niveles intermedios y micro de definición e implementación de las políticas y medidas de reparación42. Para esto se requiere del apoyo técnico y práctico desde sectores aliados a nivel interno (ONG´s, Universidades, medios de comunicación responsables y comprometidos más allá de la coyuntura, partidos políticos que no vean a las víctimas como mero caudal electoral, organizaciones de reintegrados, así como de profundizar el apoyo de autoridades en el nivel local, regional y nacional para facilitar la parte operativa de los procesos y garantizar la seguridad de las víctimas y de las familias sobrevivientes); a nivel externo de la conformación de coaliciones y alianzas para influenciar desde afuera las agendas políticas, lo ha demostrado gran efectividad en casos exitosos a nivel internacional. En un segundo momento surge la inquietud de cómo resolver la tensión entre el “ser” y el “deber ser” de las reparaciones, ya sea centrándose en lo que quieren las víctimas o en lo que deberían obtener. Hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico y psicológico generado por la diversidad de las víctimas (Kiza, Rathgeber, Rohne, 2006). Esto requiere un diálogo y una conciencia sobre los efectos que las decisiones tomadas en el presente pueden tener en el futuro, a mediano y largo plazo. Ante todo implica un gran esfuerzo de deliberación y definición de acuerdos que favorezcan la resolución de dilemas personales y colectivos a favor de un óptimo social en el que todos ganemos. Por último, surge la pregunta acerca de si es viable un Programa Nacional de Reparaciones Administrativas y de cómo resolver el dilema aparente entre materializar las reparaciones por vía judicial o por vía administrativa. Esto plantea un reto en términos del empoderamiento de las víctimas no sólo a través de coaliciones ganadoras que influyan en las agendas legislativas, sino que además definan en un proceso de abajo hacia arriba qué es lo que quieren las víctimas teniendo en cuento las ataduras que van a asumir y las implicaciones que estas tendrán para ellas y los suyos en el futuro.

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Para un análisis más detallado de la herestética véase Riker (1984 y 1986).

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Verdad y reparación Jorge Parra

Tras una situación de violencia generalizada, conflicto o régimen autoritario, algunas sociedades se han esforzado en hacer el tránsito, sea de vuelta o inicial, hacia la democracia. Las preguntas que surgen sobre qué trato deben recibir las personas e instituciones involucradas en ese pasado violento es motivo de numerosas y complejas preguntas. ¿Qué hacer con los responsables de cometer las violaciones de derechos? ¿Cómo reparar a sus víctimas? Sobre estas dos preguntas quiero referirme en este artículo. Luis Joinet al escribir el conjunto de principios en la lucha contra la impunidad1 sugiere el triángulo de derechos sobre el cual reposan los esfuerzos a considerar para hacer el tránsito mencionado de forma efectiva: verdad, justicia y reparación. En instrumentos que aparecieron posteriormente se incluyen las garantías de no repetición como un cuarto pilar en la ingeniería a considerar en la reconstrucción o construcción de la sociedad. Estos derechos, principios si se quiere, se ponen a jugar de forma correlativa, creando puentes y necesidades recíprocas que van a favor de las víctimas, y que se articulan a las garantías procesales en los juicios y tratamientos a los antiguos combatientes. De las ecuaciones que se hagan entre estas variables se termina por construir la ingeniería institucional necesaria para la transición, sea el caso de crear Comisiones de Verdad, procesos judiciales novedosos (caso colombiano) o empleo de la institucionalidad preexistente.

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Conjunto de Principios para la Lucha contra la Impunidad.

Verdad y reparación

En razón de que es un juego de múltiples variables, ¿Por qué concentrar especial interés en la verdad? Esta respuesta se sugiere sencilla de responder por la importancia innegable que tiene el descubrir la verdad sobre lo acontecido, pero merece una breve explicación. La consideración inicial está relacionada con el tránsito a una democracia real, lo cual necesariamente implica transparencia del Estado y acceso a la información de parte de la ciudadanía. Como fundamento de la vida democrática, en especial al cabo de una transición, es necesario convivir en paz, superando la situación de conflicto, en lo cual coincido con Rettberg (2005) quien afirma que: “una de las medidas del éxito o fracaso de la construcción de paz es si efectivamente evita la reanudación del conflicto y logra una consolidación institucional” (p. 12). En el entendido de las garantías de no repetición, se hace fundamental con ello, llevar el esclarecimiento de la verdad con propósitos claros, entre los que se destacan las reformas institucionales. Es así como se puede comprender que la utilidad de un proceso para saber la verdad, como lo son claramente las Comisiones, no basta por el informe final que produce: Es posible que una comisión pueda ayudar a evitar abusos futuros sencillamente mediante la publicación de un registro exacto de los abusos del pasado, con la esperanza de que una ciudadanía más informada reconocerá y resistirá cualquier signo de retorno a un régimen represivo. Sin embargo, la paz y la convivencia futura probablemente dependerá mucho más del cambio de las instituciones en las cuales esos abusos han tenido lugar, como la policía y el ejército, así como de las instituciones responsables de prevenir abusos y castigar a los malhechores, como el poder judicial (Hayner, 2008: 72). Es la necesidad de avanzar hacia la reconciliación de las partes enfrentadas, de superar los conflictos entre ellas que se debe procurar por sembrar nuevas confianzas y arraigar la legitimidad o credibilidad en las nuevas instituciones (o en la reforma de las antiguas). En Colombia, el escoger un proceso judicial como mecanismo de esclarecimiento de la verdad, trae nuevos aspectos a tener en cuenta. La literatura de justicia transicional suele ser escéptica del papel que pueda cumplir el proceso judicial, en especial por su carácter penal: 186

Jorge Parra

La justicia penal tiene características distintitivas frente a los otros mecanismos de la transición… los mecanismos formales propios de la justicia penal también limitan su actuación. La prueba que puede incorporarse válidamente al proceso, por ejemplo, es acotada y ello puede impedir la maduración de ciertos tipos de reconstrucción histórica. Al mismo tiempo, la pena sólo opera respecto de una persona individual, lo que obstaculiza los procesos de responsabilidad colectivos (Magarell, Filippini, 2006: 45). La principal virtud que se reconoce en el proceso penal, el cotejo de una narración con los medios materiales para la demostración de la veracidad de esta, lo cual lleva a la contienda en afirmación y comprobación ante un estrado imparcial, es la sin-salida en un proceso en el que se indaga por violaciones masivas a derechos humanos. Dado que se deben allegar pruebas de cientos de miles de víctimas (más de 213.000 registradas ante la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz en Colombia) se encuentra que las posibilidades reales de encontrar justicia de forma masiva son escasas y se reducen proporcionalmente en la medida en que más víctimas llegan a ser parte del proceso. Esta no es una particularidad colombiana, pues se encuentra que: La abrumadora mayoría de las víctimas y de los perpetradores de crímenes masivos jamás encontrarán la justicia en un tribunal y por lo tanto, resulta necesario complementar los enjuiciamientos con otras estrategias. Es importante no sólo hacer saber ampliamente que han ocurrido violaciones de los derechos humanos, sino también que los gobiernos, los ciudadanos y los perpetradores reconozcan la injusticia de tales abusos. El establecimiento de una verdad oficial acerca de un pasado brutal puede ayudar a inocular a las futuras generaciones contra el revisionismo y empoderar a los ciudadanos para que reconozcan y opongan resistencia a un retorno a las prácticas abusivas (Van Zyl, 2008:18-19). El propósito de saber la verdad, al crear una conciencia popular sobre lo acontecido y con ello sensibilizar sobre las posibilidades en el futuro de que ello vuelva a suceder, implica el conocer las causas estructurales que produjeron el fenómeno: economía política, connivencia de grupos políticos y estructuras ilegales, articulación de conflictos individuales 187

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o personales con la lucha de los grupos ilegales, etc. Para fundar una verdad oficial, el proceso judicial debe hacer mayores esfuerzos de los que suele hacer ordinariamente pues no sólo necesita demostrar la responsabilidad individual de cada postulado a la Ley (miembros de los grupos organizados al margen de la ley que se desmovilizan, individual o colectivamente, y se presentan al proceso judicial) sino de los daños infligidos colectivamente y de cómo se creó y funcionó el grupo en conjunto. En síntesis, se debe mostrar la historia del conflicto. Esta exhibición, es el reto que asumen los órganos judiciales al afirmar que: “La historia que se revela, se sanciona y sobre la cual la sociedad debe hacer catarsis, es una historia que se declara judicialmente ante el juez colegiado”. Se precisa que “no solo la voluntad del postulado sino también el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, de cada crimen”2 (M.P.: Augusto Ibáñez, 2008: 18), con el propósito de avanzar de la concepción penal-individual hacia la comprensión de un fenómeno de macro criminalidad. Este esfuerzo tendrá repercusiones en el desarrollo y trabajo de operadores judiciales hacia el futuro, que merecerá nuevos pronunciamientos y decisiones, no solo de la Corte Suprema de Justicia, que permitan rediseñar el proceso de justicia y paz para zanjar las dificultades prácticas que una ambición tan grande sugiere.

1. ¿Qué quieren las víctimas? En términos abstractos se encuentra la importancia y necesidad de la verdad. ¿Cómo se relaciona esta con las necesidades básicas y prácticas de las víctimas? En su estudio, Angelika Rettberg (2008) muestra que las víctimas:  En

el escalafón de preferencias frente a medidas de reparación, en segundo lugar con 44%, desean que se sepa la verdad sobre los hechos (70).

2

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Razón por la cual se exigen ocho (8) puntos en el escrito de acusación para que relacionen la actuación individual con la del GAOML al cual hacía parte y en el cual durante y con ocasión a dicha pertenencia cometió estos crímenes.

Jorge Parra

 68.1%

de las mujeres y 53.2% de hombres no conocen la verdad respecto de los hechos que los afectaron (82).  65.1% y 68,2% de hombres y mujeres consideran que la verdad no ha sido divulgada adecuadamente al público (82). Ante una manifiesta necesidad de las víctimas, el diseño de estrategias de reparación debe responder eficientemente, trascendiendo de la enunciación de la importancia de buscar mecanismos de esclarecimiento y difusión de la verdad, a tener articulaciones con el proceso judicial. En este punto merece la pena avanzar hacia algunas consideraciones sobre el caso colombiano y de ahí analizar los aspectos críticos que merecen ser atendidos y sugerir recomendaciones al Estado colombiano.

2. Procedimiento en la Ley de Justicia y Paz. Derecho a la Verdad Este proceso, como se mencionó anteriormente, busca garantizar los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación. Siendo el énfasis de este artículo el primero de estos, me detendré a explicar este derecho. Afirma la ley en su artículo 8º: La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada3.

La Corte Constitucional ha definido en el marco del proceso transicional de Justicia y Paz, al Derecho a la verdad, “como la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. Véase en: Corte Constitucional, Sentencia 370 de 2006. Ms.Ps.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, p. 247. En dicha sentencia, se invocan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se desarrolla la importancia del derecho a la verdad: Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de marzo de 2001.

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En esta definición se encuentran dos dimensiones para la satisfacción de este derecho, una colectiva que le compete a toda la sociedad colombiana (por lo que se debe difundir ampliamente) y otra individual para las víctimas a quienes se les debe informar sobre los avances y resultados de las investigaciones. El énfasis puesto a las víctimas de secuestro y desaparición forzada responde al desarrollo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado en sus fallos, sobre la particular necesidad que tienen sus familiares de saber la verdad, relacionada al paradero, para cerrar procesos de duelo. En el ámbito internacional, este derecho ha tenido dificultades en encontrar su campo autónomo, pues se suele relacionar con la Justicia (en el sentido de que esta debe apuntar inequívocamente a su garantía) o con el deber de investigar que asiste al Estado. Pero sobre su especificidad: …podría decirse que el derecho a la verdad se sitúa entre el umbral de una norma jurídica, y una herramienta narrativa. Su incuestionable vínculo con la dignidad humana hace que nadie niegue su importancia, pero, a raíz de las persistentes dudas sobre su contenido y sus parámetros normativos, se sitúa un poco por encima de un buen argumento y un poco por debajo de una norma jurídica clara. Aún hay que ponerse de acuerdo sobre el asunto de la verdad sobre el derecho a la verdad (Nasqvi, 2006: 33). A pesar de esta indefinición jurídica, su garantía se hace explícita por la mención a la interdependencia que este tiene con los demás derechos y su necesidad en las medidas de reparación. Se entiende que es necesario

Continúa nota 3



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Sobre la dimensión individual de este derecho la Corte Interamericana ha expresado su importancia, en particular para los casos de desaparición forzada (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia C-4 de 29 de julio de 1988, Párrafo 181; Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia C-5 de 20 de enero de 1989, párrafo 191.), manteniéndolo en sus fallos de manera sostenida (Ticona vs Bolivia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C N° 191. Párrafo 80).

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este último vínculo por la importancia que hay en la concepción de la condición de víctima y en la restitución de sus derechos vulnerados, más allá del rol que cumple el proceso penal: Si las reparaciones tienen una relación complementaria con la justicia penal, la relación es aún más fuerte en el caso de la verdad, ya que las reparaciones sin verdad pueden interpretarse fácilmente como la “compra del silencio” (Magarell y Filippini, 2006: 58). En Colombia este aspecto tiene un carácter especial, pues el Decreto 1290 de 2008 que reglamenta la Reparación Individual por Vía Administrativa, abre un proceso en el que esta es brindada de forma paralela al proceso judicial, en reconocimiento de la lentitud de llegar a una decisión en los Tribunales y por la necesidad de brindar ayuda a las víctimas. Este proceso de reparación se fundamenta en el principio de solidaridad del Estado, lo cual es explícito pues se evita la confusión con un principio de responsabilidad (dada la discusión sobre participación de fuerzas armadas legales en la comisión de violaciones) y lleva a una confusión en el mensaje sobre qué es la reparación. Esta surge de la ruptura entre el vínculo que hay entre el daño cometido por un grupo armado ilegal y la necesidad de la víctima de superar el estado de vulneración (en las dimensiones que comprende el derecho a ser reparado: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición). Si se entregan recursos en un concepto indemnizatorio, ¿qué necesidad encuentra una víctima de seguir siendo parte en un proceso judicial en el que las trabas legales impedirán que se conozca la verdad sobre lo acontecido? ¿No se estimula así un ciudadano-consumidor y no un ciudadano en ejercicio de derechos? Magarell y Filippini se refieren a estos casos en los que desconectar la verdad de la reparación dan un mensaje negativo a las víctimas, por esto se encuentran posturas radicales en contra de este programa en Colombia de parte de organizaciones de víctimas mientras que otras víctimas en situación de vulnerabilidad (la mayoría de ellas según muestra Rettberg) no encuentran otra salida que recurrir a esta. Responder a los interrogantes merece ser trabajado a profundidad por las repercusiones en términos democráticos que se irán observando en los próximos meses y años en el país. 191

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3. Esclarecimiento de la Verdad. Proceso judicial Sucintamente, sin entrar en muchos detalles de procedimiento, el proceso que enmarca la Ley de Justicia y Paz se divide en las siguientes fases: 1. Desmovilización, individual o colectiva. 2. Postulación. 3. Versiones Libres. 4. Formulación de Imputación y de Cargos. 5. “Juicio”4. 6. Condena, incidente de reparación integral y ejecución de pena. En la ruta jurídica que describe el procedimiento, se encuentra un énfasis particular para la atención al desmovilizado, su confesión, juicio y reparación a las víctimas. Considérese que en dos momentos se pueden hacer parte las víctimas: Versiones Libres y “Juicio”. En el primer momento, sólo lo pueden hacer a través del Fiscal, dado que se encuentran en habitaciones diferentes (por motivos de seguridad) y esto lleva a limitaciones en la confrontación de la versión que se hace allí. En el segundo momento, al ser audiencias públicas, se pueden hacer parte directamente. Una limitación surge para este acceso: la sala de conocimiento (única en el país) se encuentra en la capital, Bogotá, lo cual impide que las víctimas de menos recursos pueda desplazarse desde ciudades muy apartadas. Un tercer elemento, que se convierte en elemento de contexto, se convierte en problema para el acceso de las víctimas: La persistencia del conflicto armado en algunas regiones del país impide que las víctimas se acerquen al proceso por amenazas, o temores, de retaliación. Este mismo elemento hará que las tareas de esclarecimiento en ocasiones se haga difícil, pues la necesidad de realizar exhumaciones en zonas de conflicto obliga a suspender actividades en algunos lugares. La labor que tiene la Fiscalía General de la Nación, concentradas principalmente en la Unidad para la Justicia y la Paz, es titánica, ya que debe:

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El uso deliberado de las comillas responde a que en esta etapa no hay confrontación como sucede en un juicio en el procedimiento ordinario.

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Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales (Ley 975 de 2005, art. 15). Considerando las dimensiones de la criminalidad, es de esperar que la capacidad institucional esté desbordada al tener que documentar y verificar cada uno de los crímenes que se enuncian y confiesan en las versiones libres. Esto sumado al control de legalidad necesario en las audiencias ante los Magistrados de Justicia y Paz (encargados del juicio) muestran que las dificultades procesales hacen lento el esclarecimiento y publicidad de la verdad. Un caso similar en el que se buscó develar la verdad por vía judicial, se encuentra en Etiopía, en donde: …la Oficina del Fiscal Especial trató de documentar minuciosamente el amplio patrón de abusos cometidos bajo el régimen de Mengistu Haile Mariam, en el curso de preparar los juicios de más de 2.000 perpetradores acusados y publicar sus amplias conclusiones en un informe (Hayner, 2008: 58). Al cabo de varios años de trabajo, con los esfuerzos por acusar a los perpetradores, llamando cientos y miles de víctimas de cada parte, se decidió abandonar la construcción del informe, de tipo histórico, y mantener los juicios (a un ritmo mucho más lento), se concluye que: El intento de Etiopía de fundir las dos metas de una amplia revelación de la verdad y los juicios criminales en un solo proceso es claramente problemático y ha sido criticado por observadores internacionales (Hayner, 2008: 59). Estas reflexiones se traen para el caso colombiano a modo de reflexión sobre las verdaderas capacidades que tienen las instituciones judiciales por crear una narrativa histórica simultánea con los casos que se siguen contra postulados. Aún más, se debe tener en cuenta la necesidad pero imposibilidad por enjuiciar de forma sensata con 193

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una baja participación de las víctimas, que confronten la versión del victimario, y con las exigencias de comprobación de lo confesado para emplearlo como plena prueba5. En el mandato a la Fiscalía, y por lo tanto parte de la decisión de los jueces, se encuentra la necesidad de determinar y sancionar los daños individuales y colectivos. Si bien en el país existe una clara tradición legal respecto del primero, se debe precisar que ha estado encaminada a la indemnización (como se encuentra en el Consejo de Estado) pero no hay una tradición, por lo tanto una comprensión, de reparación integral, por lo que medidas de garantías de no repetición, o de preservación de la memoria histórica no está claro cómo deben ser satisfechas en el proceso judicial. En el trabajo con documentación de daños colectivos se agrava, dado que no hay claridades sobre este tema y por lo tanto las medidas que se deban diseñar. Este último punto tiene una arista legal que dificulta la determinación del daño infligido a una comunidad o al país en general y que con ello implica mayores dificultades para la verdad histórica del país: las imputaciones parciales6. En principio la Ley 975 exige la confesión plena y completa de los crímenes, lo cual implicaba por supuesto la investigación completa de donde se derivaría una imputación completa de la Fiscalía ante los magistrados. En razón de las dimensiones de a criminalidad, se encontró en esta solución un camino para agilizar el proceso mediante la imputación de delitos agrupados. Este procedimiento que buscaba mayor celeridad ha producido una dificultad práctica para la verdad histórica, pues no se ha logrado articular los hechos a una narrativa lógica en la que se explique cómo estos fueron cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del individuo a la organización, algo que se ve claramente en el primer fallo en el caso contra Wilson Salazar Carrascal alias El Loro.

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Vale la pena considerar la decisión 31133 de la Corte Suprema de Justicia en este sentido, en la que se invita a considerar la confesión como plena prueba e invita a flexibilizar el régimen probatorio en Justicia y Paz, cuyos efectos prácticos están por verse. Esto se puede consultar en los Autos de Trámite, Segunda instancia 30120 del 23/07/2008. Segunda instancia 30955 del 09/02/09. Segunda instancia 31115 del 16/04/09.

Jorge Parra

La importancia que tiene el proceso judicial debe considerarse en razón a que la búsqueda de verdad está articulada con el acceso de las víctimas a la justicia. Como muestra el estudio de la profesora Rettberg el 37% de las víctimas consideran que los culpables deben ser encarcelados. El 41.1% cree que los juicios son un mecanismo útil para conocer la verdad, el 48.8% le parece que debe distinguirse entre quienes ordenan y ejecutan el crimen pero un 53.4% no sabe o no responde sobre quién debe recibir un castigo más fuerte. Un 27.6% cree que deben ser los órganos nacionales quienes deben juzgar. El 59.6% opina que las víctimas deben participar en los juicios, 49.6% deben hacerlo a través de un abogado defensor o directamente. Estas cifras muestran que existe una necesidad y un grado de conciencia acerca de cómo trabajar con los organismos judiciales. Sobre estas necesidades y las particularidades de las diferentes formas de victimización se deben diseñar los mecanismos para garantizar el acceso de ellas al proceso, y en virtud de las limitaciones expuestas en este artículo se debe rediseñar o adecuar la oferta institucional.

4. Articulación institucional para esclarecer la verdad Si bien una gran parte del proceso está concentrada en los organismos judiciales, esto no excluye el concurso de otras instituciones del Estado que aportan una considerable dosis de verdad al país. Sea el caso de la información que recoge la Defensoría del Pueblo en su trabajo con las víctimas, o de la Procuraduría General de la Nación en su rol de promotora y garante de los derechos humanos, ambas presentes en los procesos judiciales. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ha venido documentando casos de víctimas con investigaciones académicas que enriquecen la perspectiva histórica. El primer caso investigado y publicado es sobre los periodos de violencia en la comunidad de Trujillo, Valle del Cauca, en donde se aprecia un esfuerzo por documentar cómo se produjeron los fenómenos de violencia allí. En este punto merece hacerse una precisión y definición. La verdad, sea judicial o histórica, tiene una correspondencia con la memoria histórica. En su artículo 56 la Ley 975 describe el Deber de Memoria que tiene el Estado, y lo describe: 195

Verdad y reparación

El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado. Como se aprecia, el propósito social del esclarecimiento de la verdad que se persigue por vía judicial, en su dimensión histórica, implica que sea preservado con las técnicas adecuadas. Este deber es resultado del trabajo que se hace al incorporar los estándares internacionales7 y explicitando la importancia de crear ahora un acervo de conocimiento que será útil hacia atrás para cerrar heridas y hacia el futuro para consolidar la democracia y evitar la repetición de los hechos. La forma concreta de cumplir este deber se traduce en la preservación de archivos, por lo que el artículo 57 afirma: El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes. La obligación atañe a los organismos judiciales al ser en estos donde se concentra la mayor producción de información. Incluye a la Procuraduría General por ser la entidad que tiene relación con las víctimas (sin quedar claro porque no lo hace con la Defensoría del Pueblo). Y al ser el Tribunal Superior de Distrito Judicial la última instancia en la que se reúne la información procesal, le asigna en el artículo 32 la creación de una Secretaría para dicho fin. La diferencia entre verdad y memoria implica un debate acerca de los alcances y características de cada uno. Si bien la verdad alimenta la memoria, la relación en dirección contraria no está muy clara. Quizás se logre precisar en el plano histórico pues la función de la memoria

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Citar Joinet y deber de archivos.

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tiende a cuestionar e interpelar lo que se afirma como verdadero en un momento y circunstancias políticas determinadas. Por ello, la tarea por esclarecer la verdad sobre lo pasado se lanza hacia el futuro para crear fundamentos sociales más concretos acerca de los valores y de la inclusión de narrativas de sectores sociales tradicionalmente oprimidos. En las tareas de esclarecer la verdad y preservar la memoria, concurren los archivos General y locales. En estos se debe concentrar el esfuerzo por crear experticia acerca de la preservación archivos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos. Es evidente que con las heridas que abren se involucran sectores sociales poderosos (sea el caso de militares) que buscarían su destrucción y con ello la pérdida de valiosa información hacia el futuro, con lo que la impunidad sería campante.

5. Entre lo judicial y lo no judicial El proceso de esclarecimiento de la verdad no es una tarea sencilla en ningún país que busque superar un pasado violento. El caso colombiano comporta la particularidad de tener un conflicto de larga duración, en el cual se dificulta diferenciar las líneas de contorno entre víctimas y victimarios. Si bien se debe hacer una apuesta por las primeras, empleando los supuestos de buena fe, no se puede hacer una campaña en contra de los victimarios, dado que el enfoque de reconciliación implica una superación de los odios y resentimientos producto de la confrontación. El uso del término reconciliación es problemático, dado que sus menciones en otros procesos (caso Rwanda) implica un cese de hostilidades, acuerdos de paz y promesa de buena voluntad entre las partes. El caso colombiano no tiene este momento inicial. Cuenta si, con opciones (en varias veces empleada) para producir encuentros entre víctimas y victimarios con pedidos de perdón públicos, y construcción de iniciativas o memoriales que cierran el proceso violento. Las preguntas surgen más por la dificultad de acercar en el proceso judicial a las dos partes y enfrentar sus versiones. Las trabas legales, en especial penales, para el proceso merecen ser atendidas con adecuaciones explícitas de los procedimientos, sea el uso de regímenes probatorios flexibles, mayor participación de víctimas en audiencias públicas, programas de atención a víctimas en zonas de 197

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conflicto, entrenamiento de operadores judiciales en atención a víctimas de grupos vulnerables, celeridad en investigaciones, entre otros. No obstante, es importante reconocer el siguiente hecho: el 15.2% de mujeres y el 20% de los hombres víctimas afirman conocer sobre comisiones de la verdad. Y de estos el 80.9% y el 85.3% respectivamente, creen que serán útiles en sus casos. Este hecho puede ser el inicio para pensar que el proceso judicial colombiano puede pensar en alternativas no judiciales que lo complementen. Si bien esta afirmación responde rápida y coherentemente con el argumento presentado en el texto, no se puede pensar en aplicaciones prácticas sencillas. Llevar a la realidad esta implementación debe considerar las relaciones que se establezcan entre ambos procedimientos: ¿Ante quién responde cada desmovilizado? ¿Una confesión judicial excluye una de Verdad? ¿Los testimonios acumulados por la futura Comisión serán remitidos o compulsados al poder judicial? ¿Qué garantías tendrán las víctimas al participar allí? Un caso comparativo que resulta interesante para reflexionar sobre las tensiones que existen en esta materia se encuentra a continuación, al analizar el caso de Sierra Leona. Con respecto a las consecuencias prácticas del derecho a la verdad en relación con los juicios penales, uno de los sectores en que el reconocimiento de ese derecho podría afectar el funcionamiento de los juicios es la relación entre los procesos de búsqueda de la verdad y los procesos judiciales. En principio, se supone que esos procesos son complementarios, pero hay posibilidades de conflicto, como se vio en la decisión del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), cuando rechazó la solicitud de que Samuel Norman compareciese ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación antes de que lo juzgara el TESL, alegando la falta de salvaguardias procesales para el acusado. Esto implicaba que los derechos a juicio imparcial del acusado pasarían por encima de la función de la Comisión, que era la búsqueda de la verdad. Al recibir la apelación, el juez Robertson propuso una solución de compromiso, permitiendo que Norman presentase pruebas por escrito o se reuniese con la Comisión en privado, pero sin hacer lugar a una audiencia pública. En efecto, ésta nunca tuvo lugar, pero, a causa de la resolución del conflicto de jurisdicción a favor del tribunal, se perdió la posibilidad de profundizar la investigación de algunos elementos del conflicto en Sierra Leona. Cabe preguntarse si la decisión hubiera 198

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sido distinta en caso que el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad de Sierra Leona, se hubiese reconocido y sopesado contra los derechos del acusado (Nasqvi, 2008: 30). No se puede afirmar que el fin de Justicia y Paz esté próximo en relación al esclarecimiento de la verdad, en primer lugar por los logros que alcanza (en términos cuantitativos y cualitativos), y con ellos sugerir que la decisión de crear una Comisión de la verdad, como instancia única o complementaria, sea la solución. Pero se puede comenzar a pensar en formas complementarias extra judiciales, o dentro del mismo proceso judicial, que faciliten la tarea de reconstruir nuestra historia como país, a favor de las víctimas, y reparar los daños sufridos para evitar su repetición. Esta tarea implicará análisis jurídicos muy juiciosos y avances en materia penal que den pasos más allá de las concepciones tradicionales e individualistas.

6. Conclusión En el presente artículo me propuse discutir la relación entre la verdad y la reparación para las víctimas. Para ello discutí que es la verdad en un sentido práctico, como se ha desarrollado en el proceso de Justicia y Paz, cómo se esclarece y que finalidad tiene. Me he detenido en los problemas que enfrenta esta tarea en el proceso judicial. Mencioné la forma como se construye inter institucionalmente y la relación que tiene con la memoria histórica. Finalicé con una discusión sobre la necesidad o pertinencia de una comisión de la verdad en el país. Se encuentra que la verdad es una necesidad, independiente de las consideraciones legales-judiciales que su esclarecimiento tiene, pues es una necesidad sentida por las víctimas y una obligación estatal.

Recomendaciones  Incorporar

las decisiones jurisprudenciales en el ordenamiento legal de justicia y paz, con el fin de crear líneas argumentativas que permitan incrementar los niveles de verdad, bien sea con mayor participación de las víctimas. 199

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 Articular

los esfuerzos institucionales alrededor del esclarecimiento de la verdad, generando espacios y canales de comunicación entre la CNRR y los organismos judiciales.  Transformar prácticas judiciales que consideren lo individual para avanzar hacia judicializaciones de crímenes de sistema.  Capacitar y sensibilizar a los funcionarios judiciales sobre las particularidades de la implementación de la Ley de Justicia y Paz.  Sistematizar y profundizar el diálogo con víctimas y organizaciones de víctimas respecto a sus necesidades y expectativas en términos de reparación.  Promover el diálogo y las consultas entre sectores sociales, académicos y funcionarios del Estado sobre la pertinencia y características de procesos no judiciales que complementen la verdad judicial.

Bibliografía Bleeker, Mô (Editora General) (2008). El Legado de la verdad: impacto de la justicia transicional en la construcción de a democracia en América Latina. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional. Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) Confederación Suiza. Bogotá. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (2008). Autores Varios. Manual de Procedimiento para la Ley de Justicia y Paz. Bogotá: Milla. Hayner, Priscilla. “Enfrentando crímenes pasados y la relevancia de comisiones de verdad”, en: Romero, Mauricio (editor) (2008). Verdad, Memoria y reconstrucción. Estudios de caso y análisis comparado. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional. Magarrell, Lisa y Filippini, Leonardo. “La justicia penal y la verdad en la transición democrática”, en: Magarrell, Lisa y Filippini, Leonardo (editores) (2006). El legado de la verdad. La justicia penal en la transición peruana. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Montoya Salamanca, Alexandra (editora) (2007). El mosaico de la memoria: Experiencias locales, no oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica. Bogotá: Géminis. Nasqvi, Yasmin (2006). “El Derecho a la Verdad en el derecho internacional, ¿Ficción o realidad?”, en: International Red Cross Journal, Número 862, junio de 2006. Rettberg, Angelika (2008). Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: Deustche Gesellschaft für Technische Zusaminenarbert (GTZ) GmbH - Universidad de los Andres - Fiscalía General de la Nación - Embajada de la República Federal de Alemania. Rettberg, Angelika (2005). “Reflexiones introductorias sobre la relación entre construcción de paz y justicia transicional”, en: Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional. Compilado por Angelika Rettberg – Bogotá: Universidad de los Andes. Van Zyl, Paul (2008). “Promoviendo la justicia transicional en sociedades posconflicto”, en: Romero, Mauricio (editor). Verdad, Memoria y reconstrucción. Estudios de caso y análisis comparado. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

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Los autores

Paula Gaviria Betancur Abogada de la Universidad de los Andes, con posgrados en periodismo y opinión pública y marketing político y especialista  en Derechos Humanos. Experiencia en el servicio público en la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo: auxiliar judicial de la Corte Constitucional en el despacho del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz y jefe de prensa de la misma Corporación. Secretaria Privada del Defensor del Pueblo, Delegada para las Comunicaciones y Directora de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Desde 2005 dirige el Área de Incidencia en Políticas Públicas de la Fundación Social.

Andrés Casas-Casas Politólogo con estudios de Maestría en Filosofía. Es Profesor Asistente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.

Evelio Henao Abogado, periodista e investigador, con Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Autor de varias obras biográficas, de Derecho y crónicas periodísticas. Consultor y ex asesor del Alto Comisionado para la Paz y del Ministro del Interior y de Justicia de Colombia en materia de Justicia Transicional y Ley de Justicia y Paz (975 de 2005).

Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad

Florian Huber Jurista de la Universidad de Munich, Alemania; LL.M., Universidad de Essex, Inglaterra; Investigador del Instituto de Ciencias Criminales, Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional, Catedra de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Comparado y Penal Internacional; Candidato al doctorado en Derecho, Universidad de Gotinga, Alemania.

Ernesto Kiza Se ha dedicado al estudio en profundidad del campo de la justicia transicional, con especial interés en los asuntos de víctimas, Derecho Penal Internacional y mejores prácticas. Ha trabajado para el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional en Friburgo, para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y como consultor independiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Aparte de su interés en asuntos de post-conflicto, también se ha involucrado en la investigación teórica y empírica de problemas relativos a la victimización de migrantes ilegales en la Unión Europea.

Tathiana Montaña Tathiana Montaña es internacionalista, especializada en Estudios de Desarrollo y Magister en Ciencia Política; es  profesora asociada al programa de Relaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y forma parte del equipo académico de Indepaz. Ha realizado trabajos académicos sobre participación ciudadana, comunidad internacional y paz y conflictos internacionales.

Iris Marín Ortiz Abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Amplia experiencia y 204

Los autores

conocimiento en derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional colombiano. Experticia en legislación relacionada con derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, desde la perspectiva del derecho internacional, la experiencia comparada latinoamericana y el derecho constitucional colombiano. Trayectoria en el litigio constitucional. 

Jorge Parra Politologo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Los Andes. Ha trabajado como investigador en temas de violencia y delincuencia urbanas, ejercicio de prostitución y conflicto armado. Actualmente es asesor para la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (gtz) en temas de preservación de memoria histórica en el proceso de la Ley de Justicia y Paz.

Leonardo González Perafán Profesional en Derecho con experiencia en elaboración de documentos analíticos sobre la realidad política nacional e internacional con capacidad argumentativa, objetividad y uso de datos estadísticos y fuentes. Experiencia en temas de justicia transicional, desarme y reinserción de los grupos armados ilegales, y derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Actualmente es Coordinador de la Unidad de investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Juan Diego Prieto Juan Diego Prieto es estudiante de la Maestría de Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 205

Reparación en Colombia: ¿qué quieren las víctimas? Retos, desafíos y alternativas para garantizar la integralidad

Angelika Rettberg Angelika Rettberg Ph.D. es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Construcción de Paz (ConPaz).

Germán Herrera Toloza German Herrera es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a Magíster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad ExternadoIAED. Se ha desempeñado como profesor de introducción a las relaciones internacionales y enfoques para el análisis político en la Pontificia Universidad Javeriana.

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Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de ALVI IMPRESORES LTDA. en el mes de noviembre de 2010.