Introduccion Al Derecho

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Author: Abelardo Torre

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INTRODUCCIÓN AL DERECHO ABELARDO TORRE

DECIMOCUARTA EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA

LexisNexis Abeledo-Perrot BUENOS AIRES


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Torré, Abelardo Inlroducción al derecho. - 14". ed.- Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2003. 976 p. ; 23x16 era. ISBN 950-20-1522-3 I. Título - 1. Derecho-Introducción

Todos los derechos reservados © by ABELEDO-PERROT LF.XlSNlíXlS ARG1ÍNTIN.^ S.A.

Lavalle 1280 - (C1Ü48AAF) - Buenos .Aires - Argentina Tel. (54-1 1) 52.'í5-5430- info(í*le,xisnexis.com.ar Queda hecho el deposito que marea la ley 11.723

I.S.B.N.: 9.S()-2()-i522-3

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su iraducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios eieciromcos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y ctiak|uier sistema de aimacenamienlo de inforinación; por consiguiente ii.idie tiene la facultad de ejercitar los derechos precitados sin permiso del autor y del editor, por escrito, con referencia a una obra que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición pilblicas o privadas, excepto el uso con fines didácticos de comentarios, críticas o notas, de hasta mil palabras de la obra ajena, y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. l„os infractores serán reprimidos con las penas del artículo 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2". 9". 10. 71. 72. lev 11.723).

IMPRESO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA



PROLOGO A ESTA EDICIÓN Al aparecer la decimocuarta edición de este libro, destinado principalmente —lo reitero— a los estudiantes de abogacía, pero también a toda persona que quiera tener una formación jundica básica, creo conveniente formular algunas aclaraciones previas, referidas como corresponde a las novedades incorporadas. Ante todo, dejo constancia de que se mantiene la estructura sistemática de las ediciones anteriores, por lo ya explicado en el prólogo de la edición anterior, es decir, la decimotercera. Por otra parte, he incorporado algunas novedades y retoques en diversos lugares, tendientes a seguir aclarando aún más, las explicaciones formuladas en ediciones anteriores, pero siempre con la mayor brevedad compatible con la cabal comprensión de los temas. Entre las novedades incorporadas, recordaré las que menciono de inmediato: 1) Definición integral del derecho (Cap. 1, párr. 13): La he completado para que puedan encuadrarse en ella las definiciones de todas las ramas del derecho, inclusive la de! derecho penal. 2) Clasificación de los objetos (Cap. L párr. 21): Ha sido simplificada para que resulte más fácil la comprensión de la misma. 3) Libertad moral (Cap. 4, párr. 33): Para explicar con mayor claridad este aspecto importantísimo de la conducta humana y su diferencia con la libertad jurídica, lo he tratado con mayor extensión por ser ello imprescindible. 4) Concepto del derecho penal: A la definición de esta rama jurídica formulada en la edición anterior, he agregado algunos argumentos complementarios, a fin de que el lector pueda comprender cabalmente la definición antedicha (Cap. 24, párrs. 1 y 2). 5) Conflicto de leyes penales en el tiempo (Cap. 17,párr.61): El problema se plantea cuando una ley penal vigente, es reformada por otra ley penal, que http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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puede ser más benigna que la actual (p.ej.: disminuyendo la pena), o más severa (p.ej.: aumentando la pena). Como en tal situación, el derecho argentino dispone que siempre debe aplicarse la ley penal más benigna de las dos, he tratado de explicar la solución de la manera más sencilla posible. Conclusión.— Como todo es mejorable, espero que esta edición resulte para los lectores más útil que las anteriores, en virtud de las novedades y retoques incorporados. Además, y para terminar, reitero mi agradecimiento a profesores y estudiantes, por la favorable aceptación que siguen brindando a este libro. MIGUEL ÁNGEL DIVITO

Buenos Aires, junio 12 de 2003



PROLOGO A LA DECIMOTERCERA EDICIÓN Al salir la decimotercera edición de este libro, destinado principalmente a los estudiantes de abogacía, pero también a toda persona que quiera tener una formación jurídica básica, creo conveniente adelantar algunas breves aclaraciones, referidas sobre todo a las novedades incorporadas. A) Caracteres generales de esta edición.— Al respecto dejo constancia de que se ha mantenido la misma estructura de las ediciones anteriores, por estimar que es la más adecuada para un manual de Introducción al Derecho que, por tratarse de una materia que tiene precisamente un carácter introductorio a la carrera de abogacía, debe contener un panorama general de las disciplinas jurídicas. Concretamente, la mencionada estructura —bien reflejada en el índice sistemático— está integrada por las cuatro partes de este libro, que son las siguientes: P) Primera parte: Introducción general. En ella explico en forma sintética las principales disciplinas jurídicas, ya que pretender hacerlo con todas, sería imposible. Aplicando este criterio, se tratan los temas siguientes: a) La Ciencia del Derecho {o Dogmática Jurídica): como excepción y por ser la ciencia que los abogados aplican en su función específica, ha sido tratada in extenso en el Cap. 2, párrs. 24 a 52. Además, a lo largo de todo el libro, hay múltiples referencias a la Dogmática Jurídica y, por último, la cuarta parte de la obra está dedicada a las especialidades de la Ciencia del Derecho. b) La parte general de las demás disciplinas jurídicas, que complementan la Ciencia del Derecho. Son las siguientes: b') La Filosofía del Derecho (Cap. 2, párrs. 53 a 73). Allí encontraremos, entre otras enseñanzas, la fundamentación filosófica de la Dogmática Jurídica, lo que nos permitirá comprender mucho mejor a esta última. b-) La Teoría General del Derecfio (Cap. 2, párrs. 74 a 103), incluyendo las distintas concepciones que hay sobre esta disciplina, así como la aplicación de la misma, en las diversas especialidades de la Ciencia del Derecho (tema este último tratado en la cuarta parte del libro). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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h^) LsL Historia del Derecho {Cap. 2, párrs. 104 a 117): es una ciencia cuyos conocimientos son necesarios para comprender cabalmente las instituciones jurídicas actuales; en efecto, esto último se alcanza, cuando se conoce el desarrollo histórico de las respectivas instituciones, analizando las distintas causales que han influido en las diversas transformaciones producidas. b"*) La Sociología del Derecho (Cap. 2, párrs. 118 a 124): es una ciencia cuyo enfoque y conclusiones sobre el ámbito jurídico deben ser conocidos, no sólo por la utilidad directa que aportan, sino también para no confundir esta disciplina con la Ciencia del Derecho, error en el que incurren los sostenedores de ciertas concepciones sociologistas del realismo jurídico estadounidense (Cap. 18, párr.40). b^) La Psicología Jurídica (Cap. 2, párrs. 130 a 134): es otra ciencia de la que pueden formularse análogas —pero no iguales— consideraciones a las expresadas para la Sociología del Derecho. b^) Otras disciplinas jurídicas, como la Ciencia del Derecho Comparado (Cap. 2, párrs. 125 a 129), etcétera y, por último, b^) Hay otras disciplinas no jurídicas que, por lo tanto, no han sido tratadas en la primera parte de este libro, pero algunas de ellas sí en otras partes de la obra. Un ejemplo son las ciencias criminológicas, cuyo conocimiento elemental, aunque sea en los puntos básicos, resulta útil para el penalista (Cap. 24, párr. 7). Otro caso análogo es el conocimiento elemental de la meteorología, para el especialista en derecho ambiental, etc. c) La abogacía, vocación jurídica y ética profesional. Esta obra contiene una serie de explicaciones, que considero imprescindibles en un libro de Introducción al Derecho, tendientes a dilucidar qué es la abogacía (Cap. 3, párrs. 1 a 16), así como algunos aspectos complementarios pero muy útiles, como son la vocación jurídica (Cap. 3, párrs. 20 a 29), y la ética profesional (Cap. 3, párrs. 30 a 47). Respecto de la vocación jurídica, me voy a permitir relatar una anécdota muy elocuente: un médico de mi familia me contó hace unos cuantos años que había iniciado la carrera de abogacía y que luego de leer en mi libro la parte dedicada a la vocación jurídica, especialmente el párr. 29, abandonó esta carrera y estudió medicina. Esta decisión la tomó porque en aquella oportunidad, tuvo plena conciencia de que la medicina era su verdadera vocación, como lo pudo comprobar aún más en los años siguientes, pues recordar aquel momento de la elección definitiva, siempre le producía una gran alegría. Por otra parte, cuando él me estaba contando lo antedicho, no sabía que yo era el autor del libro, porque éste se publicaba con el seudónimo Abelardo Torré, sin aclarar mi nombre verdadero, lo que recién ocurrió en el prólogo de la 11^ edición (año 1997). Pues bien, durante la referida conversación que mantuve con el médico de la anécdota, le revelé que yo era el verdadero autor del libro. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Después del esperado gesto de asombro, a pesar de que él sabía mi condición de abogado, me agradeció efusivamente el inmenso favor que le había hecho. Como es obvio, ésta fue la satisfacción más grande que me ha dado este libro, d) Otras profesiones jurídicas (escribanía y procuración): es útil saber desde el comienzo de los estudios de abogacía, el objeto y régimen jurídico de estas dos profesiones liberales, porque pueden ser ejercidas también por los abogados, cumpliendo obviamente con los requisitos que establecen las respectivas leyes que rigen el ejercicio de cada una de dichas profesiones (Cap. 3, párrs. 17 a 19). 2^) Segunda parte: Introducción a la Filosofía del Derecho. Complementando lo ya explicado sobre esta disciplina en la primera parte del libro (Cap. 2, párrs. 53 a 73), se tratan en este lugar los fundamentos filosóficos de una serie de temas, que son aplicados habitualmente por los juristas de todo el mundo, e inclusive por los que en el mundo han sido. Dichas explicaciones permiten comprender los temas respectivos con una gran claridad. Tales son, por ejemplo, la teoría filosófica de la norma jurídica, de los conceptos jurídicos fundamentales, la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, la interpretación y aplicación del Derecho a los casos concretos de la vida, para darles una solución legal y justa, así como muchos otros temas que surgen, al menos parcialmente, del índice sistemático. 3*) Tercera parte: Introducción a la Historia del Derecho y a la Sociología Jurídica. a) Historia del Derecho. A lo expHcado en general respecto de esta ciencia en el Cap. 2 (párrs. 104 a 117), debemos agregar lo resumido sobre la historia de cada una de las ramas del Derecho (civil, comercial, etc.), en los respectivos lugares de la cuarta parte de esta obra. Todo ello nos permite ver el lento y a veces accidentado camino del progreso de cada una de ellas, pero, además, el lector encontraráen la tercera parte de este libro, algunos temas muy importantes que complementan lo antes mencionado. Tales son algunas consideraciones sobre el origen del Derecho y especialmente algunas breves referencias sobre el Derecho Romano, que ayudarán al lector a comprender el origen de los regímenes jurídicos de los países del mundo occidental, inclusive del propio derecho argentino. b) La Sociología del Derecho, por su parte, ha sido tratada en forma breve, porque en muchas facultades de ciencias jurídicas, se la estudia en una materia especial. Es por ello que ha sido explicada sintéticamente y en general en el Cap. 2 (párrs. 118 a 124), pero, además, se incluyen algunos estudios sociológicos en la tercera parte de este libro (Cap. 19). Tales son, por ejemplo, los dedicados al origen del Derecho (párrs. 1 a 13), al simbolismo del Derecho antiguo (párrs. 14 a 17), y también a las transformaciones del Derecho (párrs. 18 a 29), etc. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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4') Cuarta parte: Introducción a las especialidades de la Ciencia del Derecho. Como es obvio, estudian las correspondientes ramas jurídicas (constitucional, administrativo, penal, civil, etc.). Al respecto no debemos olvidar que hay otras ramas en formación, como el derecho ambiental, por ejemplo (Cap. 20, esp. párrs. 1 a 9 y 12), etc. B) Novedades de esta edición.— Sin perjuicio de lo explicado y como toda obra humana es mejorable —máxime tratándose de un libro de contenido tan amplio como éste— el lector encontrará algunos temas nuevos, que sin duda le facilitarán y ampliarán aún más la comprensión del Derecho. La conveniencia de esta incorporación ha surgido por haber comprobado que son temas importantes —vinculados por supuesto a cuestiones tratadas en este libro— de los que se habla mucho, pero que particularmente los estudiantes —y por supuesto el público en general— no comprenden bien. Esto me preocupó, ya que no debemos olvidar que tanto para llegar a la verdad, como para hacer bien las cosas —de cualquier clase que fueren— es necesario estudiar primero los temas respectivos, a fin de tener ideas cada vez más claras, hasta llegar a la comprensión cabal de los asuntos en estudio. Por tal motivo, he tratado de explicar con la mayor claridad posible, entre otros, los problemas que resumo de inmediato: 1) Definición integral del Derecho: La considero un punto muy importante, porque cuando es lo suficientemente clara y precisa, facilita la comprensión de los demás temas jurídicos. Por tal motivo, he tratado de formular una definición que llene tales requisitos, aunque haya resultado un poco más extensa que la incluida en la edición anterior (v. Cap. 1, párr. 13). 2) Concepto de moral. Sin perjuicio de ser un tema corriente de conversación, es fácil comprobar que los estudiantes, y la gente en general, no tienen una noción clara del mismo. Por eso he formulado un concepto y algunas explicaciones complementarias, a ñn de disipar las dudas mencionadas (Cap. 4, párr. 14 y sigs.). 3) Dignidad humana. Es otra expresión también muy usada en el vocabulario corriente y aun en el ámbito jurídico, cuando se afirma por ejemplo que tal o cual derecho protege la dignidad humana, etc.; en consecuencia, para no caer en confusiones, he tratado de aclarar este concepto con la mayor precisión posible (Cap. 21, párr. 42). 4) Concepto del Derecho Romano. Sin perjuicio de haber explicado en ediciones anteriores algunos aspectos importantes de este derecho, advertí que faltaba incluir un concepto claro del mismo. Por tal motivo, he intentado llenar este vacío (v. Cap. 19, párr. 51 y sigs.).


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5) Otros temas. Además he incorporado otros puntos y procedí a la actualización de todo lo que creí necesario. C) Conclusión—. Por último, reitero mi agradecimiento a profesores, alumnos y, en general, a todos los lectores, por la favorable recepción que han brindado a ediciones anteriores de este libro. Además, y en virtud de las novedades incorporadas a la edición presente, espero que ésta les resulte más útil que las anteriores. A todos pues, muchas gracias. MIGUEL ÁNGEL DIVITO

Buenos Aires, enero 8 de 2002





PROLOGO A LA UNDÉCIMA EDICIÓN Hace poco han ocurrido varios hechos que me obligan, por razones morales, a formular algunas aclaraciones: 1") Abelardo Torré es un seudónimo de Miguel Ángel Divito.— Hago esta revelación de manera expresa y categórica, para disipar cualquier duda que pudiera caber al respecto. Por otra parte, resulta muy oportuno aclarar lo antedicho al salir esta edición, porque me han llamado de varias bibliotecas públicas, preguntándome si yo soy el verdadero autor de este libro. Como es lógico, les he contestado afirmativamente, porque no hubo ni hay motivo alguno para ocultar mi autoría y, además, respondí a todas las preguntas que desearon formular. Teniendo en cuenta quienes me llamaron, supongo que esta obra debe estar ya registrada a mi nombre, al menos en varias bibliotecas. Asimismo, son muchas las personas que saben el "secreto" ahora revelado categóricamente, por haberse puesto en comunicación con la editorial, donde les fueron aclaradas todas las dudas que tenían al respecto. En síntesis, los hechos aludidos son suficientes para justificar las explicaciones que anteceden; no obstante ello, el libro sigue con el seudónimo, ya que por él es conocido desde que salió la primera edición, cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de abogado. Por otra parte, Abelardo Torré es para mí como un hijo que ha cobrado vida propia y, como a todo hijo, hay que dejarlo vivir. 2") Finalidad perseguida con este libro.— En esencia, sigue siendo la misma de la primera edición, vale decir que sirva como un auxiliar del profesor, en la tarea de enseñar esta materia. Por tal motivo, los estudiantes que comienzan la carrera de abogacía, son los principales destinatarios de esta obra, lo que implica reconocer que además puede ser útil a otras personas, como por ejemplo a quienes deseen tener una visión panorámica y sintética del derecho, porque tal es en esencia el contenido de este libro. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Para lograr dicha finalidad, he tratado siempre de explicar los temas con la mayor claridad posible, citando cuando corresponde las distintas opiniones o teorías, lo que ayuda al estudiante a pensar y a formarse su propia opinión, que en definitiva es lo más importante ("el que piensa poco se equivoca mucho", dijo Leonardo Da Vinci). Además, he tenido presente el carácter elemental que debe tener esta obra, como todas las introducciones a distintos estudios, inclusive los de jerarquía científica o filosófica, como en el presente caso. Ahora bien, este carácter elemental no debe resentir la comprensión de los temas por el estudiante, pues en tal caso habrá que profundizar lo necesario para lograr esa comprensión (p. ej., brindando explicaciones de carácter lógico, histórico, económico, etc., según las circunstancias). Esto debe ser así, porque laprofundización plena de los temas científico-jurídicos, corresponde hacerla cuando se estudien las distintas ramas de la Ciencia del Derecho (constitucional, civil, etc.), así como la profundización de las cuestiones filosófico-jurídicas, corresponde al curso de Filosofía del Derecho. Para terminar estas consideraciones didácticas, debo manifestar que he tratado de seguirlas a través de toda la obra, con el fin de lograr un libro útil, pero como es obvio, corresponde al lector juzgar si he alcanzado o no esa finalidad. En caso negativo, recomiendo, sobre todo al estudiante, que investigue por sí mismo, hasta esclarecer los temas que no alcance a comprender en esta obra, recurriendo a otros libros o medios informativos, que siempre es útil consultar porque, en definitiva, hay que aprender para saber y no sólo para aprobar los exámenes. Si no obstante haber hecho lo indicado, no hubiera conseguido entender el tema, convendrá preguntar a los que saben más, empezando por los profesores, y esto no debe frenarlo, pues como bien dice un proverbio japonés, "si preguntas, puede ser que alguna vez pases por tonto, pero si no preguntas, serás seguramente un tonto". Por otra parte, aun cuando el estudiante de abogacía llegara a ser un gran jurista, no debemos olvidar que nadie es tan sabio que no pueda aprender algo más, ni tan ignorante que no pueda enseñar algo. Avanzando por este camino, el estudiante se irá acostumbrando, además de la forma habitual de estudiar, a investigar por sí mismo profundizando los temas conocidos superficialmente y encarando temas nuevos. Esto es, por otra parte, lo que suelen impulsar los buenos profesores porque, dicho sea de paso, educar, como implica una relación interactiva de enseñanza-aprendizaje, no es sólo transmitir conocimientos, sino también valores, enseñar a aprender por sí mismo (autoaprendizaje), etc. A este fin debe desarrollarse en el estudiante el espíritu crítico, alertarlo sobre el método que en cada oportunidad corresponda emplear (científico o filosófico), etc. Lo dicho nos permite apreciar que una cosa es instruir (en esencia informar), y otra muy distinta es educar (que en esencia es formar). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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En definitiva, el saber debe servir ante todo para poder solucionar problemas individuales o sociales {saber para poder, como suele decirse en forma breve). Esto es cierto porque todo lo malo que nos pasa a los seres humanos, se debe en primer lugar, a la ignorancia de quien pudo haberlo evitado y, a veces también, a que quienes lo saben, no tienen los medios necesarios para evitarlo, o si los tienen, les falta la generosidad y/o el coraje necesarios para impedir que el mal se produzca. Lo expresado no implica desconocer que todos podemos equivocarnos {errare humanun est), pero bueno es recordar, que el éxito suele ser el resultado de uno o varios fracasos bien aprovechados. Las reflexiones antedichas son oportunas, porque debemos tener presente que la abogacía es una profesión que tiene por objeto no sólo el asesoramiento extrajudicial de las personas, sino también la asistencia jurídica ante los tribunales, para ayudarlas a solucionar conflictos de convivencia social. Y es que como dijo Couture, "la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia". 3") Novedades de esta edición.— Las principales, más allá de algunos retoques a lo largo del libro, son las siguientes: actualización con respecto a la última reforma constitucional argentina (1994), de las partes del texto influidas por dicha modificación, como son por ejemplo las que se refieren a las diversas ramas jurídicas. Además, han sido actualizadas las leyes incluidas en el libro; se ha reelaborado el Derecho de la Seguridad Social, pues actualmente no se discute su autonomía científica, etc. Conclusión.— Por último, sólo me resta desear al lector que este libro le sea útil y, al estudiante en particular, que le permita orientarse en sus estudios, sin olvidar—entre otras nociones—que el ordenamiento jurídico no sólo es un sistema de normas, sino también que constituye una plenitud hermética, vale decir que en él hallaremos forzosamente, una solución, justa o injusta, para todas las controversias humanas (v. Cap. 7). Esto es útil en particular, para los abogados especialistas en alguna rama o sector jurídico. Ahora bien, el ámbito más propicio para comprender estos conceptos es la Filosofía del Derecho, a la que cada tanto conviene volver, sobre todo a los especialistas, pues de lo contrario, podemos caer en la concepción de George Bemard Shaw, cuando dice; "conozco dos clases de sabios: los especialistas, que saben todo de casi nada, y los filósofos, que no saben nada de casi todo". MIGUEL ÁNGEL DIVITO

Buenos Aires, febrero de 1997





PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN GENERAL

EL DERECHO Y DISCIPLINAS QUE LO ESTUDIAN. LIBERTAD ESPIRITUAL Y LIBERTAD JURÍDICA. LA ABOGACÍA Y OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS





CAPÍTULO 1

EL DERECHO, LA LIBERTAD Y LA VIDA HUMANA. LA TEORÍA DE LOS OBJETOS

SECCIÓN PRIMERA

EL DERECHO 1. Aclaraciones previas.— Una parte de esta introducción general, se refiere al estudio del concepto no sólo de las distintas ciencias creadas en tomo al derecho, sino además a la ramafdosófica (Filosofía del Derecho), que también lo tiene por objeto. Al respecto conviene recordar que ambos sistemas de conocimientos (ciencia yfilosofía),suelen ser englobados en el vocablo "disciplinas" (jurídicas en el caso), razón por la cual se impone aclarar esta última denominación. Hoy día, entre los varios significados del vocablo "disciplina", se lo utiliza para designar a un conjunto ordenado de conocimientos, que pueden constituir o no una verdadera ciencia o una rama de lafüosofía. Prueba de ello es que muchas veces se habla de "disciplina" para referirse a conocimientos no científicos; en cambio, en otros casos, también se habla de "disciplina", para designar a verdaderas ciencias. Así, por ejemplo, cuando se afirma en ámbitos científicos de la necesidad del concurso "interdisciplinario", para resolver tal o cual problema, se quiere significar el concurso de varias ciencias. En síntesis y estrictamente hablando, cuando se trata de una verdadera ciencia, lo correcto es decir "disciplina científica"; en cambio, cuando se está frente a una verdadera ramafilosófica,debe decirse "disciplina^í/oíó^cú!". Lo dicho no impide reconocer que muchas veces en la práctica, por una tendencia generalizada a la brevedad del lenguaje, se habla de "disciplina", así a secas, cuando lo que en realidad se quiere decir es "disciplina científica" o "discipYmafilosófica'', según el caso. Para comprobarlo, bastará con tener en cuenta el contexto. Aclarado lo anterior y antes de tratar las diversas disciplinas jurídicas, es decir, las diversas ciencias y ramasfilosóficasque se refieren al derecho, es conveniente por razones didácticas, dar una noción sencilla del objeto por ellas estudiado. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Pues bien, ese objeto es el "derecho", y comenzaremos entonces por preguntarnos qué es ese objeto llamado derecho. Al pretender contestar la pregunta surge la primera dificultad, derivada no sólo del objeto que vamos a estudiar, sino también de la ambigüedad del término "derecho", que es empleado en nuestro idioma, para designar cosas distintas. En consecuencia, para evitar confusiones, se impone adelantar someramente cuáles son los sentidos o acepciones en que se emplea esta palabra. 2.— Aprovechando esta primera oportunidad que se nos presenta, quiero hacer una importante advertencia sobre la terminología empleada por los juristas, que es la siguiente: en el campo de las disciplinas jurídicas no hay acuerdo sobre el sentido preciso en que deben emplearse muchos vocablos, a tal punto que no es raro encontrar en una misma página de cualquier libro de derecho, palabras iguales empleadas en distintos sentidos. Como ejemplos, bastará con recordar los términos "derecho" (v. párr. 3), "jurídico" (v. índ. alfab.), "ley" (v. índ. alfab.), "jurisprudencia" (v. índ. alfab.), etc. Esto trae como consecuencia grandes equívocos y discusiones inútiles, que perturban el planteo correcto y la solución adecuada de los problemas jurídicos. ¡Cuántas discusiones inútiles se evitarían, si los que en ellas intervienen comenzaran por aclarar en qué sentido emplean las palabras! En virtud de lo antedicho y como no resulta fácil uniformar el vocabulario jurídico, es aconsejable que cuando se empleen vocablos equívocos, se aclare el sentido en que se los usa, por lo menos hasta lograr el ideal de tener vocablos técnicos para designar cada "objeto" jurídico, como corresponde a toda ciencia y aun a la filosofía. 3. Acepciones del vocablo "derecho".— Esta palabra (derivada del latín directus, participio pasivo de dirigere, dirigir, alinear, encauzar), es empleada corrientemente en varios sentidos que deben ser aclarados. Empezaré advirtiendo que por no interesar a nuestros fines, descarto las acepciones que tiene en el orden físico, así como su sentido vulgar, para limitamos a los significados con que se la usa en el ámbito de las disciplinas jurídicas. Todo ello para saber qué debe entenderse por "derecho", así a secas. Estos sentidos en que se la emplea, son los siguientes: 1) Designando algunos impuestos. Ejemplos: derechos aduaneros, de importación, etc. Se trata de un uso tan generalizado como incorrecto, pues lo que corresponde decir, hablando con precisión técnica, es impuestos aduaneros, impuestos a la importación, etc. Queda por lo tanto descartada esta acepción. 4.— 2) Como sinónimo de Ciencia del Derecho. Tal sucede cuando se dice doctor en derecho, estudiante de derecho, facultad de derecho, etc. También en este caso estamos frente a un empleo inexacto del término, porque si lo que se


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quiere es referirse a la Ciencia del Derecho (v. Cap. 2, párr. 24), o a las distintas especialidades que la integran, lo que corresponde es decir entonces, doctor, estudiante, o facultad de ciencia del derecho, o de ciencias jurídicas, siguiendo la expresión más corriente y eufónica. En consecuencia, dejamos también de lado este sentido. 5.— 3) Designando el derecho subjetivo o facultad jurídica, es decir, la facultad que tiene una persona de realizar determinados actos (v. índ. alfab.). Ejemplos: el derecho de testar, el de transitar, el de votar, etc. En esta acepción, la palabra derecho no da generalmente lugar a equívocos, ya sea porque se aclara el derecho subjetivo de que se trata (p. ej. cuando se dice "el derecho de testar"), o porque se lo refiere a su titular (v.gr.: "mi derecho"), o bien porque se emplea el sustantivo en plural (p. ej.: "los derechos del hombre"). Como es evidente, en estos casos es fácil comprender que se hace referencia al derecho subjetivo. En cambio, no sucede lo mismo cuando se dice genéricamente "el derecho", así a secas, para referirse al derecho subjetivo. Pues bien, en este caso, la tendencia dominante en las ciencias jurídicas y en la Filosofía del Derecho, es la de hacer referencia, no a la facultad jurídica, sino a las "leyes" y demás normas }und'icsLS. Por eso también se dice derecho-norma o derecho objetivo, para hacer referencia a las normas jurídicas. En síntesis, la expresión "derecho" o "el derecho", así a secas, no debe emplearse técnicamente para designar lo que con propiedad debe llamarse derecho subjetivo o facultad jurídica, salvo en los casos citados en que se aclara su sentido. Y por lo tanto, debemos descartar asimismo este significado, en la investigación de lo que debe entenderse por "derecho", sin perjuicio de recordar que oportunamente será tratado el tema del derecho subjetivo y el concepto del "derecho en sentido subjetivo" —que no es lo mismo (v. índ. alfab.)— por ser necesarios para lograr una comprensión cabal del fenómeno jurídico. 6.— 4) Designando las leyes y demás normas o reglas de conducta que rigen la convivencia humana, normas que, obviamente, son obra del hombre y, por lo tanto, un objeto cultural, es decir, una parte de la cultura (v. párrs. 22, 26, etc., de este capítulo). Tal por ejemplo, cuando decimos derecho civil, derecho argentino, el derecho, etc. (v. concepto preciso en los párrs. 7 a 13). Según ya dije, para designar esta acepción del vocablo, se habla también de derecho-norma, derecho objetivo, derecho en sentido objetivo, etc. (v. índ. alfab.). Después de lo dicho —especialmente en el párr. 5, ap. tercero— creo haber aclarado que es éste el sentido auténtico y técnico-jurídico de la palabra derecho, razón por la cual debe ser empleada con ese significado, en el ámbito de la Filosofía del Derecho y de las ciencias jurídicas. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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7. Concepto de derecho.— Indudablemente, todos tenemos una idea más o menos aproximada de lo que es el derecho. En efecto, todo ser humano sabe que si le pega una bofetada al agente de policía, lo llevan preso y no creo que nadie tenga que probarlo para convencerse de la verdad del aserto; sabe igualmente que si mata a un semejante, será privado de la libertad; sabe que no puede salir del país, a menos que lo haga subrepticiamente, sin llenar antes una serie de requisitos, porque no se le permite, etc., etc. Todo ello significa que hay ciertas "leyes" o normas, que estamos obligados a cumplir, queramos o no. Y eso es precisamente el derecho. Sobre esta base y a modo de punto de partida, daré una noción sencilla del derecho, para saber qué vamos a estudiar. 8. Definición ' ontológica ^ elemental.— El derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social (en el párr. 13 se hallará un concepto más preciso). Analicemos un poco esta definición: a) Digo sistema de normas, porque el derecho es precisamente eso: un conjunto más o menos ordenado y jerarquizado de reglas o normas de conducta que, por ejemplo, nos impone la obligación de dar o hacer determinadas cosas (pagar un impuesto, vacunamos, votar, etc.); que nos indica cómo debemos realizar ciertos actos, aunque no tengamos la obligación de hacerlos (matrimonio, testamento, etc.); que establece además los actos que no deben hacerse bajo pena de sanción (robo, hurto, etc.). Nótese que digo sistema y no conjunto de normas, como suele decirse, para destacar de ese modo que se trata de un conjunto ordenado y jerarquizado, puesto que entre las normas jurídicas hay relaciones de coordinación y de subordinación. En nuestro derecho, ese orden jerárquico se refleja, por ejemplo, en la circunstancia de que una ordenanza municipal no puede disponer válidamente contra lo establecido en una ley del Congreso, ni ésta, contra lo dispuesto por la Constitución Nacional, etc. 9.— b) Coercibles: esto quiere decir susceptibles de ser aplicadas mediante la fuerza, en caso de inobservancia. En efecto, las normas jurídicas que Valor didáctico de las definiciones: contrariamente a muchos autores que no se preocupan por definir, creo que ello facilita la comprensión y fijación de los conceptos. Desde luego, no dudo que es imposible lograr una definición perfecta, dado que no se puede abarcar los múltiples aspectos que presenta un objeto cualquiera, en el estrecho marco de una definición (Ortega y Gasset ha dicho: "lo real rebasa siempre el concepto que intenta contenerlo"); sin embargo, me parece suficiente con que reúna los caracteres esenciales o definitorios del objeto en cuestión. Si logramos de esta manera individualizar rápidamente ese objeto en forma bastante precisa, estaremos frente a una buena definición. Va de suyo que debe estar al alcance de la capacidad intelectual de los destinatarios. Sobre definiciones en leyes y demás normas jurídicas: v. Cap. 9, párr. 15. Sobre "ontología", ver nota 8 de este capítulo.


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constituyen el derecho están respaldadas por la fuerza pública del Estado, y si no hacemos lo que disponen las leyes, ni omitimos lo que ellas declaran ilícito, seremos compelidos a observarlas. Ejemplo: si cuando me corresponde pagar un impuesto no lo hago, seré intimado oportunamente y, en definitiva, obligado a pagarlo por resolución judicial (previo embargo de algún bien, etc.). Este carácter de las normas jurídicas, denominado coercibilidad, es uno de los que las diferencian de otras normas querigentambién la convivencia social, pero cuyo cumplimiento es facultativo: tales son las normas morales, las de urbanidad o usos sociales, etc. En efecto, nadie puede obligamos, por ejemplo, a ser caritativos cuando no queremos serlo (la caridad es una virtud impuesta por una norma moral); ni tampoco pueden obligamos a ceder el asiento a un anciano en un medio de transporte público (práctica establecida por una norma de urbanidad); etc. Nótese que en la definición se habla de normas coercibles, en vez de normas impuestas coercitivamente por el Estado, como suele decirse. Esto se explica porque en la etapa histórica preestatal, es decir, cuando no había nacido el Estado, había ya derecho que era aplicado por el mismo grupo social. La redacción objetada hace inaplicable cualquier definición que la contenga, a todas las épocas de la historia, resultando así defectuosa como concepto puro. 10.— c) Que rigen la convivencia social. En efecto, las normas jurídicas rigen las relaciones de los seres humanos entre sí (v. párr. siguiente). 11. Objeto del derecho: es la conducta humana en interferencia intersubjetiva.— Se trata de establecer aquí, cuál es la materia sobre la que actúa el derecho; en otros términos, precisar el objeto de la normación jurídica o, si se quiere, en lenguaje aristotélico, la causa material del derecho. Pero llámeselo materia o causa material, estamos siempre frente al mismo problema, que llamaré materia u objeto, por ser más sencillo y gráfico. Pues bien, así como el escultor actúa sobre una materia dada, el mármol por ejemplo, trabajándolo, dándole una forma, etc., el derecho, mutatis mutandis, actúa también sobre una materia que es la conducta humana, encauzándola en una dirección determinada, declarando ilícitos algunos actos, etc. Pero es menester precisar aún más esa determinación, pues el derecho no abarca toda la conducta humana, sino parte de ella. En efecto, pudiendo ser ésta aislada o social, fácil es ver que el derecho se refiere a la conducta social del hombre, o conducta interhumana, es decir, a la conducta del hombre en relación con la de los demás hombres, o más precisamente aún, a la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, según se ha dicho con admirable claridad (v. Cap. 4, párr. 24). No obstante, vuelvo a recordar que esa conducta está regida también por normas morales, etc.


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12. Definición ontológica más precisa de derecho.— Después de esta aclaración referente al objeto del derecho, cabría decir con más exactitud, que el derecho es el sistema de normas coercibles, que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Ahondando un poco más el análisis, puede agregarse que el derecho rige toda la conducta social del hombre, es decir, toda la conducta humana desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva y, para comprenderlo, basta con tener presente que cualquier controversia humana será resuelta por los jueces atendiendo al respectivo derecho. Estas palabras en bastardilla, hacen mención de una realidad jurídica innegable y significadora de que en el ordenamiento jurídico hallarán solución —justa o injusta— todos los problemas de coexistencia social. Y si frente a algunos casos, pareciera que no hay para ellos una solución legal, es porque se trata de situaciones en las que el derecho nos deja un amplio margen de libertad, para proceder lícitamente de acuerdo con nuestra libre decisión. Cuando estudiemos más adelante, la llamada "norma de libertad" (v. Cap. 7, párr. 14), según la cual todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, no quedará duda alguna respecto de lo antedicho. Consideremos ahora un ejemplo: la acción de ir al cine con un amigo, ¿cae bajo el orden jurídico? Sí, porque allí hay interferencia de dos o más conductas y mientras los amigos ejercen un derecho, el empresario cinematográfico cumple una obligación al dejarlos entrar a la sala, siempre que hayan cumplido los requisitos correspondientes. Veamos ahora otro ejemplo más difícil: una persona se halla sola trabajando en su domicilio. Ante este caso, cabe también preguntarse si esa conducta tiene relevancia jurídica y no dudamos que muchas personas contestarán que no, argumentando poco más o menos que "al derecho no le interesa lo que esa persona haga o deje de hacer en su domicilio". Sin embargo, es ésta una contestación errónea, como quedará demostrado en seguida; en efecto y ya que se ha hecho referencia a este caso, cabe recordar que nuestro derecho consagra el principio de la inviolabilidad del domicilio (art. 18 de la Const. Nac.) y que el Código Penal instaura el delito de violación de domicilio, tanto para los particulares (art. 150), como para la autoridad (art. 151). Estas menciones, por sí solas, nos revelan que el derecho no se desentiende de esas conductas "íntimas", sino que se refiere a ellas —claro que desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva— y de una manera genérica, puesto que —en principio— al no declararlas ilícitas, reconoce el derecho a realizar cualquier conducta dentro del domicilio, salvo —reitero— las declaradas ilícitas (p. ej., una violación). Y si cualquiera de esas posibles conductas no ha sido declarada ilícita por el ordenamiento jurídico, significa que tienen relevancia jurídica. La prueba más contundente que a este respecto puede darse, consiste en recordar que ni bien cualquier


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persona pretenda perturbar o violar esa inviolabilidad domiciliaria, habrá de ser sancionada por la autoridad competente. Por eso creo que Legaz y Lacambra ^ se equivoca cuando sostiene que la vida "personal" es irrelevante para el derecho (el filósofo español llama personal, a la que —para dar una idea aproximada al lector— podríamos calificar de vida íntima, y la distingue de la vida "social"). Lo que sucede en estos casos, que a primera vista pueden parecer ajurídicos, es que el derecho deja al hombre un margen más o menos amplio de libertad —amplísimo a veces—dentro del cual, el hombre puede hacer o no ciertas cosas según le convenga o quiera (es el llamado comúnmente "derecho de libertad", que Cossio denomina "facultad de señorío"). Como es obvio, esa libertad es mayor en los Estados democráticos que en los totalitarios. Ahora bien, lo realmente cierto es que esa vida personal, respecto de la cual el derecho nos deja amplia libertad, hallará en la moral una orientación más precisa (v. Cap. 4, párr. 49). Para mayor exactitud, aclaro que el mtxo pensar—que es una facultad natural y básica del hombre (además del sentir y el hacer)— no constituye conducta y, en consecuencia, es algo ajurídico, pero cuando se expresa el pensamiento la cosa cambia; en efecto, ese expresar el pensamiento (por cualquier medio), en cuanto se lo enfoca desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva, constituye conducta jurídica (p. ej. si alguien perturbara o impidiera dicha expresión). Por otra parte, ¿quién duda por ejemplo de que se puede causar más daño a una persona dirigiéndole ciertos insultos, que atacándola físicamente? Después de estas explicaciones, podemos afirmar que toda la conducta del hombre que vive en sociedad, sea ella "personal" o "social", es conducta jurídica y como tal tendrá un régimen jurídico que, con mayor o menor minuciosidad, la regirá desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva. Por el contrario, la conducta aislada del hombre —tal la de un Robinson en su isla desierta— no ha menester de regulación jurídica, pues para que haya derecho, se requiere que existan dos seres humanos como mínimo, cuyas conductas se interfieran recíprocamente. Por último, agregaré que aun en este caso de aislamiento, la moralrigeesa conducta, y así por ejemplo, según el sistema moral que haya adoptado ese habitante solitario, puede que le esté prohibido suicidarse, etc. 13. Definición integral de derecho.— Sintetizando lo manifestado en una expresión más extensa pero más clara, puede afirmarse que el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva, para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. A talfin,las normas aludidas prescriben qué conductas ^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 178 y esp. 184.


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son ilícitas (un grupo limitado), reconociendo implícitamente como lícitas a todas las demás (que son infinitas), y disponiendo respecto de algunas conductas lícitas —pocas o muchas— cuáles son y cómo deben hacerse, prescribiendo además para las transgresiones a los deberes jurídicos antedichos, las sanciones que deberán aplicarse a los responsables de las mencionadas transgresiones (v. Cap. 5, párr. 69). Puede ocurrir que algunos lectores no comprendan cabalmente ahora esta definición, pues para ello son necesarias otras nociones que serán explicadas más adelante, razón por la cual y con el objetivo de facilitar dicha comprensión, adelantaré de inmediato algunos conceptos en forma breve. a) Valores jurídicos: por ser bipolares (Cap. 8, párr. 3, inc. 4), pueden materializarse como justicia o injusticia, seguridad o inseguridad, etc. Por eso el derecho puede ser, por e]cvcv^\o, justo o injusto, como lo sabe cualquiera por experiencia propia o ajena, sin perjuicio de lo cual volveré más adelante sobre el punto mencionado (Cap. 8). b) Licitud o ilicitud: de la definición surge que toda la conducta humana en interferencia intersubjetiva, es forzosamente lícita o ilícita (v. Cap. 6, párr. 97, inc. 1). Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que los cambios constantes de la realidad social, hacen que algunas conductas que antes eran ilícitas pasen a ser lícitas y viceversa, o que aparezcan nuevos hechos ilícitos (p. ej., los delitos informáticos), etc. c) Conductas lícitas: me referiré primero a ellas, para que se comprenda más fácilmente la relación entre lo lícito y lo ilícito; en efecto: c') En la conducta humana, la libertad de acción es lo primero (v. Cap. 6, párrs. 91 y sigs.; Cap. 7, párr. 16; etc.), como lo prueba el hecho de que el hombre, por ser racional y libre, actúa en la vida ejerciendo la libertad espiritual que le es inherente (v. párrs. 48 y sigs. de este capítulo), como si fuera lícito hacer casi todo lo que quiere. Y digo casi todo, porque en la actualidad y en general, ya desde la adolescencia, el ser humano sabe que hay ciertos actos que no debe hacer (robar, matar, etc.), porque si los hace le serán aplicadas las sanciones que el derecho prescribe. C-) Las conductas lícitas posibles son infinitas y, en consecuencia, resulta imposible regirlas a todas y a cada una en particular, como se hace con las conductas ilícitas. Ahora bien, esto no impide que el legislador regule algunas conductas lícitas, que pueden ser pocas o muchas según los distintos países y épocas históricas. Así, por ejemplo, si en un momento dado se considera en algún país que el matrimonio debe tener ciertas modalidades básicas, se lo regula conforme a las ideas vigentes (cómo debe celebrarse el casamiento, derechos y deberes de los cónyuges, etc.). Con igual finalidad, se han constituido verdaderas ramas jurídicas que rigen distintos sectores de conductas lícitas, como son por ejemplo los derechos civil, comercial, del trabajo, de la navegación, etc. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Para terminar con esta referencia a las conductas lícitas, recordaré que ellas son el objeto a que aluden principalmente los derechos subjetivos (Cap. 6, párr. 30; etc.), y los deberes jurídicos (Cap. 6, párr. 88). d) Conductas ilícitas: dado que es imposible regir todas las conductas lícitas y como el derecho debe regir todas las conductas en interferencia intersubjetiva (v. principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico —Cap. 7, párrs. 8 y sigs.—), resulta evidente que la única manera de lograrlo, respetando la estructura esencial de dicha conducta (v. subinc. c'), eí comenzar declarando cuáles son las conductas ilícitas, quedando así como lícitas todas las demás .Sin perjuicio de ello, parte de las conductas lícitas (pocas o muchas), puedan ser especialmente reguladas, como ya manifesté (v. subinc. c-). Las conductas que se declaran ilícitas son las que violan ciertos valores jurídicos, cuya vigencia se considera necesaria para mantener el orden, la seguridad, la justicia, etc., en un lugar y en un momento histórico determinados. Además y sin perjuicio de profundizar más adelante las relaciones entre lo lícito y lo ilícito (Cap. 5, párr. 9; Cap. 6, párrs. 92 y lOl; etc.), recordaré que en la actualidad, se establece en el derecho, por lo general con mucha claridad y precisión, qué conductas son ilícitas (v., p. ej., el Código Penal), para que no se planteen dudas en su aplicación, o que por lo menos sean muy pocas. A este respecto debo adelantar, que es necesario interpretar las normas jurídicas antes de aplicarlas (v. Cap. 16). Por último hago notar que esta definición tiene la ventaja de reflejar los tres aspectos esenciales del derecho, que son los siguientes: 1) que el derecho es en esencia, una norma coercible que rige la conducta humana en interferencia intersubjetiva (aspecto ontológico); 2) que el derecho delimita lo lícito de lo ilícito (aspecto lógico); y 3) que el derecho es forzosamente un punto de vista sobre todos los valores jurídicos —orden, seguridad, justicia, etc.— (aspecto axiológico o valorativo). 14. Fin "del derecho".— En términos generales, el/in de algo es aquello para lo cual existe, o en otras palabras, su razón de ser. Es por ello que el conocimiento de ese fin es necesario para la cabal comprensión del objeto de estudio, que en nuestro caso es el derecho. Así por ejemplo, resulta imposible comprender el significado de la entrega de una suma de dinero, sin conocer su fin: puede ser un préstamo, un pago, una donación, etc. Y es que en la conducta humana consciente, el fin es lo que da sentido y orienta los actos del hombre. 15.— Ahora bien, siendo el derecho —según queda explicado— una norma obligatoria de convivencia, se dice comúnmente que tiene también un fin. A continuación, aclararemos cuál es el fin propio del derecho (causa final en lenguaje aristotélico), no sin antes advertir que, en rigor de verdad, debe decirse más bien fin perseguido con el derecho, ya c^&fines sólo tiene el hombre, pues http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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el derecho es, en este enfoque, uno de los medios de que se vale el ser humano, para lograr los fines que persigue. Por lo tanto, únicamente por extensión o en sentido traslaticio, puede hablarse de fin del derecho. 16.— A modo de introducción y sin proponerme en este lugar el análisis de opiniones y escuelas que desorientarían al estudiante, adelantaré que según la concepción más generalizada, el fin del derecho es Injusticia, vale decir que el fin o ideal supremo al que debe orientarse el derecho, es la vigencia plena y auténtica de la justicia en la convivencia humana. Este resumen es de fácil comprensión, no necesitando por ahora de mayores explicaciones. Aquí sólo agregaré que esta expresión me parece muy acertada y, además, implica o supera a todas las propuestas. Así por ejemplo, el escolasticismo (v. índ. alfab.), le asigna como fin el bien común, porque el derecho, según dicen, como toda norma de conducta, persigue un bien que, en este caso, es el bien común, vale decir, el bien de cada uno y de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, debe tenerse presente que el derecho contempla y protege además, el bien individual, y que si muchas veces —por suerte— lo hace en función del bien común, otras, por el contrario, lo asegura contra el mismo bien común (p. ej., la esclavitud). También se habla de un orden de paz, de un orden de libertad, etc., pero, como ya dije, me parece que la justicia los implica, porque no puede darse un orden auténticamente justo, es decir, una convivencia justa, sin que reine el bien común, sin que haya paz y sin que estén aseguradas las "libertades" * fundamentales del hombre. 17.— Si bien es cierto que el derecho debe tener como fin o ideal supremo a la justicia, conviene advertir que todo derecho positivo establece ya en la vida social una mayor o menorjusticiay, muchas veces, tremendas injusticias. Este último es el caso del derecho injusto, que no por eso deja de ser derecho (v. al respecto la opinión contraria del escolasticismo). Esta comprobación de la existencia de fines o \dea\espositivos (también llamados contingentes, relativos, reales, etc.), es decir, de ideales materializados en la realidad de la vida, sea presente o histórica (ideales actuales o históricos), nos anticipa ya que cuando estudiemos con más profundidad este problema (v. "valores jurídicos" en índ. alfab.), deberemos considerar no sólo los fines absolutos, sino también los fines positivos. 18.— Advierto por último al lector, que con esto no se agota el concepto del derecho; por el contrario, son necesarias otras reflexiones que nos darán una noción más cabal del mismo. Si finalizo aquí esta sección, es por creer que con lo dicho basta como primera aproximación al objeto de nuestro estudio. "* Con esta expresión se hace referencia a lo que técnicamente debe llamarse "derechas fundamentales del hombre" (v. índ. alfab.).


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SECCIÓN SEGUNDA EL DERECHO Y LA TEORÍA DE LOS OBJETOS 19. Aclaraciones previas.— Para saber la ubicación del derecho en el mundo que nos rodea, no hay nada más seguro que partir de nuestra propia existencia, porque la propia existencia es algo de lo que nadie puede dudar y sin recurrir a demostración alguna, pues tenemos de ella un conocimiento inmediato y evidente. También es evidente que el hombre no vive solo, sino que se encuentra rodeado de otros hombres, razón por la cual, más que existir, el ser humano coexiste, y por eso la existencia es más propiamente una coexistencia, o si se quiere, una convivencia. También es indudable que el hombre vive rodeado de cosas u objetos, con los cuales se pone en relación de alguna manera, y el derecho es uno de los tantos objetos que encuentra el hombre en el mundo, es decir, una de las tantas cosas con que tiene que vérselas. Otros objetos son, por ejemplo, las plantas, los animales, un cuadro, un triángulo, una melodía, etc. Ahora bien, como toda ciencia se refiere forzosamente a un determinado sector de objetos, resulta evidente la conveniencia y necesidad de dar una somera noción, no sólo de lo que debe entenderse por objeto, sino también de sus caracteres y clasificación, porque de los ejemplos dados cabe inferir que hay entre ellos grandes diferencias. Dicho sea de paso, la llamada enfilosofíateoría de los objetos, es una de las aportaciones más destacadas del pensamientofilosóficoactual. Teniendo ordenado el panorama de la totalidad de los objetos, podrá emprenderse con provecho la consideración de las distintas ciencias que se refieren a cada grupo de ellos, así como de los distintos métodos que, como es sabido, deben adecuarse a la respectiva clase de objetos a estudiar. Finalmente, concluiremos esta sección ubicando el derecho en el ámbito de la totalidad de los objetos —que constituyen el universo— para referirnos en el capítulo siguiente a los distintos grupos de ciencias que los estudian y a la ubicación de las disciplinas jurídicas, en ese panorama general de las ciencias. 20. Concepto de objeto.— "Desde un punto de vista formal, se denomina objeto todo lo que es capaz de admitir un predicado cualquiera, todo lo que puede ser sujeto de un juicio. Es, pues, la noción más general posible, ya que no importa que lo mentado exista o no exista: basta que se pueda pensar y decir algo de ello" ^. En otras palabras, objeto es cualquier cosa de la que se pueda decir ^ ROMERO, Francisco - PUCCIARELLI, Eugenio, Lógica, Buenos Aires, 1948, 11" ed., pág. 16, páiT. 2.


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algo, o mejor aún, para definirlo con el vocabulario más preciso y técnico de la Lógica, cabría decir que es todo aquello de lo que se pueda predicar algo. 21. Clasificación de los objetos.— No hay acuerdo total entre los autores con respecto al tema del epígrafe. De todas las clasificaciones, me parece más acertada la propuesta por Carlos Cossio *, constituida sobre la base de las investigaciones del filósofo alemán Edmundo Husserl (1859-1939). No obstante ello, me permitiré omitir algunos aspectos, sin afectar lo sustancial de la misma, con el fin de hacerla más accesible a los lectores que recién comienzan estos estudios. Empezaré por esquematizar en un cuadro sinóptico, inspirado en el de Cossio'', los datos que aquí nos interesan por el momento. REGIONES ÓNTICAS» CARACTERES

OBJETOS 1

I. Reales a) Naturales al) físicos a2) psíquicos b) Culturales II. Ideales III. Metafísicos

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Reales: tienen existencia Carecen de sentido (neutros al valor) Reales: tienen existencia Irreales: no tienen existencia Reales: tienen existencia

Tienen un sentido (valiosos positiva o negativamente) Carecen de sentido (neutros al valor) Tienen un sentido (valiosos positiva o negativamente)

^ Puede verse El Derecho en el Derecho Judicial Buenos Aires, 1945. págs. 20 y sigs. ^ Idein, pág. 21. Cossio, en su cuadro sinóptico, hace referencia, además, a los métodos aplicables a los distintos grupos de objetos, a los actos gnoseológicos que integran dichos métodos y a la estructura gnoseológica de los respectivos conocimientos. ^ Ontología (del griego onlos. .ser, y lof>(}S, teoría): rama de la Filosofía General que estudia la esencia de ios objetos, o en otras palabras, el ser peculiar o el modo de ser propio de los objetos. Husserl la llama también eidética (del griego eidos, esencia), pero se trata de una denominación poco usada. Ahora bien, al ser agrupados los objetos en distintos sectores o grupos, se habla de regiones ónricas y. correlativamente, de antologías regionales, para hacer referencia a los respectivos capítulos de la Ontología General que a ellas se refieren. Respecto de la Ontología Jurídica, véase el Cap. 2, párr. 58.


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- Cap. 1

Para simplificar la explicación, comenzaré analizando los objetos culturales que son, por otra parte, los que nos interesan fundamentalmente en la órbita de las disciplinas jurídicas. L OBJETOS CULTURALES 22.— A) Concepto: como punto de partida cabe decir que son todos aquellos objetos hechos por el hombre, para la realización de valores. Ejemplos: un libro, una melodía, el derecho, la conducta humana —individual y social—, la ciencia, la filosofía, etc. Al estudiar los caracteres de estos objetos, se comprenderá cabalmente qué significan los valores (v. Cap. 8, párr. 3). 23.— La totalidad de estos objetos constituye la cultura que, en sentido filosófico (sin olvidar los otros significados del vocablo), y en oposición a la naturaleza, ha sido definida como todo lo hecho por el hombre actuando según valoraciones (Rickert—1863-1936—). En lo que al término se refiere, cabe decir que es más amplio que la expresión "espíritu objetivo" (Hegel) y que "vida humana objetivada" (Recaséns Siches), porque abarca además la conducta humana que, estrictamente, no es abarcada por estas denominaciones. En efecto, es indudable que la vida humana biográfica —así llamada para distinguirla de la biológica— es también "un objeto hecho por el hombre", porqu^ la vida "no tiene una realidad ya hecha como la piedra, ni tampoco una ruta prefijada como la órbita del astro o el desarrollo del ciclo vegetativo de la planta. Es todo lo contrario; es algo completamente diverso: es un hacerse a sí misma, porque la vida no nos es dada hecha; es tarea, tenemos que hacérnosla en cada instante ^. En síntesis, como el hombre es el autor de su propia "historia", de su propia vida, es indudable que esa vida es también "un objeto hecho por el hombre" y, por lo tanto, es también un objeto cultural. Jean Paul Sartre sintetizó esta concepción en una frase que dice: "un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él". Para una mayor claridad, cabe agregar que no constituye cultura sino naturaleza (v. párr. 30), todo lo que hace el hombre instintivamente, como expresión de sus necesidades fisiológicas (comer, dormir, etc.). 24.— B) Caracteres: 1) Son reales, es decir, están en el espacio (espaciales) y en el tiempo (temporales). Ejemplo de estos últimos son los fenómenos psíquicos (emociones, etc.); '

RECASÉNS SICHES, Luis, Vida Humana, Sociedad y Derecho, México, 1940, pág. 27.


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2) Están en la realidad, ya que es posible llegar a ellos por la vía de los sentidos. 25.— 3) Tienen un sentido (son valiosos positiva o negativamente). En efecto, en todo objeto cultural, pueden distinguirse dos aspectos, que son: el sustrato y el sentido. El sustrato es un trozo de la realidad física. Por ejemplo, en un libro —objeto cultural—el sustrato es un conjunto de papeles impresos, compaginados de cierta manera; en un mojón, lo es un trozo de piedra, de una forma determinada, con unos signos puestos en él. Por su parte, el sentido, es el significado que los objetos culturales tienen y que ios hombres comprendemos, lo que nos permite su conocimiento cabal. Ejemplos: todo libro tiene un sentido determinado (puede ser un alegato pacifista, belicista, una apología de la democracia, etc.); lo mismo cabe decir del mojón, que es, evidentemente, algo más que una simple piedra, y ello porque tiene un sentido o significado, que es el de indicar el límite entre dos fundos. De lo dicho surge que el sentido de estos objetos es algo psíquico y, por lo tanto, sólo existe en la conciencia de las personas que los comprenden, o que al menos tratan de comprenderlos. En síntesis, puede afirmarse que para conocer cabalmente cualquier objeto cultural, no es suficiente con el conocimiento del sustrato, sino que además, es absolutamente necesario interpretar su sentido, es decir, comprender su sentido. En el derecho, como objeto cultural que es, pasa lo mismo y para conocerlo plenamente, no basta con saber "de memoria" o aproximadamente las respectivas normas jurídicas: es necesario además comprender su verdadero sentido (sobre la interpretación del derecho, v. índ. alfab.). 26.— Los objetos culturales son valiosos positiva o negativamente. Esto dije entre paréntesis al comenzar el párr. 25 y significa que en todos los objetos culturales encontramos encamado un "valor" (bondad o maldad, belleza o fealdad, justicia o injusticia, utilidad o inutihdad, comodidad o incomodidad, etc.). Para comprender mejor esta estructura valiosa del mundo cultural, partamos del hecho evidente de que todo hombre tiene la aptitud de valorar el mundo que lo rodea (tanto a las personas como a las cosas). En efecto, como la vida implica decidirse a cada instante entre varias posibilidades, es obvio que la preferencia por una de ellas se explica por la valoración previa de esas varias posibilidades. Así por ejemplo, antes de comenzar a leer estas páginas, seguramente se han presentado al lector varios caminos (dar un paseo, leer una novela, etc., etc.) y si se ha decidido a estudiar, es porque valoradas todas las posibilidades, le ha convenido o gustado decidirse por el estudio.


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Ahora bien, esa dimensión valiosa sólo la tienen los objetos culturales, según se verá mejor al considerar los otros sectores ónticos. De esto se infiere que hay en estos objetos "algo" que se llama "valor", y estos valores son cualidades o esencias objetivas y a priori que el hombre encuentra en los objetos culturales (v. Cap. 8, párr. 3). En el derecho, por ejemplo —como objeto cultural que es— encontramos también ciertos valores que le son propios (justicia, solidaridad, cooperación, paz, poder, seguridad y orden), razón por la cual, toda norma jurídica es una cristalización o punto de vista sobre la justicia, la solidaridad, la cooperación, etc.. 27.— El sentido y el valor de los objetos culturales. Para terminar con el análisis de los caracteres de esta familia de objetos, corresponde agregar que el carácter valioso que tienen, no es algo desconectado de su sentido. En efecto, según las últimas investigaciones en la materia (no olvide el lector que es éste un tema en actual elaboración), el sentido de un objeto cultural se debe precisamente a la existencia de uno o varios valores en ese objeto. Así por ejemplo, si nosotros comprendemos plenamente una norma jurídica determinada, es porque antes he captado las distintas valoraciones de justicia, seguridad, orden, etc., que dicha norma refleja. "En suma, cabe decir, con Spranger, que el valor es el supuesto de todo sentido: el sentido es siempre algo referido al valor. Más aún: cada gmpo de valores permite separar las distintas provincias de la cultura, al suministrar patrones para inferir sus distintos sentidos. Así, el valor utilidad lleva a deslindar, dentro de la totalidad de la cultura, el sector económico; el valor belleza, al arte; el valor verdad, a la ciencia; los valores éticos —jurídicos y morales— a la conducta" '°. 28.— C) División: Cossio " distingue dos clases de objetos culturales: 1) objetos mundanales (o vida humana objetivada): son todos los productos de la actividad humana. Ejemplos: la ciencia, la filosofía, un cuadro, etc.; y 2) objetos egológicos (o vida humana viviente); es esa misma actividad humana, es decir, la conducta humana, en cuanto no sea puramente animal (pues en este caso, sería un hecho natural). Como es obvio, siendo el derecho para Cossio, conducta en interferencia intersubjetiva, resulta que es un objeto cultural egológico. Fácil es advertir que en los objetos egológicos ^^, el sustrato es la misma conducta del hombre; en cambio, en los mundanales, es un trozo de naturaleza. "^ AFTALIÓN, Enrique R., Crítica del Saber de los Juristas, La Plata, 1951, pág. 70. ' ' Cossio, C, La Teoría Egológica del Derecho, Buenos Aires, 1964, pág. 78. Puede verse también, El Derecho en el Derecho Judicial, cit., pág. 73. ' ^ Esta palabra, que deriva de! latín ego (yo), ha sido acuñada por Cossio para denominar su teoría, a efectos de destacar que ella pone en primer plano la conducta humana, que no es otra cosa que el hacer de un yo (v. Cap. 1, párr. 47 e índ. alfab.).


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29.— D) Ciencias que los estudian: son las denominadas ciencias de objetos culturales, o ciencias culturales simplemente (v. Cap. 2, párr. 15). Tales son la Historia, la Sociología, las Ciencias Jurídicas, etc. II. OBJETOS NATURALES 30.— A) Concepto: a diferencia de los culturales, cabe definirlos como aquellos objetos no hechos por el hombre en función de valores. La totalidad de los mismos, constituye lanaturaleza '^. Ejemplos: las plantas, los animales, etc. Quedan así deslindados los mundos de la naturaleza y de la cultura, pero es necesario recordar que esta separación no es tajante en la realidad, pues ambos se encuentran íntimamente unidos. Basta como ejemplo el caso del ser humano que pertenece no sólo a la naturaleza (su cuerpo y algunas funciones inferiores de su psiquismo, como los instintos), sino también en parte, al mundo de la cultura. Un caso concreto en el que la distinción no resulta fácil, es el siguiente: la masticación es un hecho natural, pero si se aplica conscientemente una especial técnica masticatoria, esto último es un hecho cultural, que se combina con el natural. 31.— B) Caracteres: 1) Son reales, es decir, existen en el tiempo y en el espacio, o bien sólo en el tiempo, como sucede con los fenómenos psíquicos. 2) Están en la realidad, ya que es posible llegar a ellos por la vía de los sentidos. 32.— 3) Carecen de sentido (neutros al valor). Esto significa que, a diferencia de los objetos culturales, no hay en ellos ningún sentido especial que captar para llegar a su conocimiento pleno. En efecto, el botánico, por ejemplo, cuando estudia una flor, la analiza en sus distintos aspectos, pero no necesita captar ningún sentido para agotar el conocimiento de la misma. Por el contrario, según ya vimos, quien estudia el derecho, así como el historiador o el sociólogo que investigan hechos sociales, necesitan comprender sentidos, porque están precisamente viéndoselas con objetos culturales. Esta diferencia la sintetizó magistralmente el filósofo alemán Guillermo Dilthey (1833-1911), cuando dijo: ''explicamos lanaturaleza, comprendemos la cultura". '^ Véase ROMERO - PUCCIARELLI, ob. cit. en nota 4, pág. 177. También FERRATER MORA, José, Diccionario de Filosofía.


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33.— De acuerdo con lo explicado en el párr. 27, resulta que estos objetos son también neutros al valor. No obstante, "podría a primera vista creerse que un pájaro como el picaflor es hermoso, más hermoso que cualquier otro pájaro; sin embargo, esta belleza que podemos predicar del picaflor, no es una propiedad zoológica y queda por lo tanto al margen de la investigación del zoólogo. Una rosa puede parecemos muy hermosa, pero no es esa hermosura una propiedad botánica. Como objeto de la botánica, en la flor conocida por esa ciencia natural, la cualidad de hermosa que le predicamos no cuenta para nada, porque no le agrega ningún conocimiento botánico. "En realidad, esta referencia a valores es propia de la vida humana. Así, sin duda, nos puede resultar hermosa una puesta de sol; pero lo que es hermoso en esa circunstancia es el mundo de quien tiene sensibilidad para percibir el fenómeno de ese modo. No existe la noción de paisaje independientemente de la noción de espectador que la integra; el paisaje es siempre el escenario de alguien que real o virtualmente lo contempla. Quiere decir, pues, que estos objetos naturales aparecen también como neutros al valor, en tanto son en sí meros objetos de las ciencias naturales" •**. 34.— C) División: los objetos naturales han sido divididos en dos grandes grupos: 1) físicos: son los que tienen dimensión tempo-espacial (p. ej.: una planta, un animal, etc.); 2) psíquicos: son los que si bien están en el tiempo, no tienen dimensión espacial (p. ej.: una emoción, una sensación, etc.). 35.— D) Ciencias que los estudian: son las ciencias de objetos naturales, más corrientemente llamadas por razones de brevedad, ciencias naturales. Tales son la Física, la Química, la Botánica, la Zoología, etc. III. OBJETOS IDEALES 36.— Comenzaré por advertir que el término ideal, no tiene aquí el sentido moral corriente, por lo cual, no quiere significarse que sean objetos de una jerarquía espiritual superior a los demás, sino que se trata de una familia de objetos con caracteres propios. 37.— A) Caracteres: 1) Son irreales, es decir, no tienen existencia en el espacio (inespaciales), ni en el tiempo (intemporales). Ejemplos; lasfigurasgeométricas, los números, las relaciones, los conceptos, etc.

'** COSSIO, C, El Derecho..., cit., págs. 23 y 24.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN A diferencia de lo que ocurre con los objetos culturales y naturales, los objetos ideales no tienen existencia espacial y así por ejemplo, el triángulo a que hace referencia el geómetra, es un triángulo perfecto que sólo puede ser pensado por un sujeto. En cambio, los triángulos dibujados en cualquier parte, sonfigurasimperfectas, con las cuales sólo se pretende representar gráficamente a ese triángulo ideal; por otra parte, como son ya objetos que están en la realidad —los dibujos tienen ciertas dimensiones, etc.—, constituyen objetos culturales. Lo mismo cabría decir de un triángulo hecho de hierro, o de madera, que son ya objetos culturales. Dijimos además que son intemporales, lo que equivale a decir que no tienen existencia en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo, con una emoción (fenómeno natural psíquico). En efecto, lo que tiene temporalidad es el acto de pensar en el triángulo, pues se trata de un fenómeno psíquico cuya duración puede medirse y así por ejemplo, yo puedo estar pensando quince segundos en un triángulo; en cambio, \o pensado, el triángulo en nuestro caso, queda fuera de la temporalidad (yo puedo pensar ahora en el triángulo y volver a pensar después, pero si bien los actos de pensamiento serán todos reales y distintos, el objeto pensado será siempre el mismo). En síntesis, los objetos ideales no existen, pero son, porque consisten en algo, y portal razón, podemos decir algo de ellos. Así por ejemplo, del triángulo —que se ha tomado como ejemplo— cabe predicar que la suma de sus ángulos interiores equivale a dos rectos. 38

38.— 2) No están en la realidad sensible o extema, ya que no es posible llegar a ellos por la vía de los sentidos. Recordemos, sin embargo, que los triángulos que encontramos en la realidad (los dibujados, los hechos de madera, etc.), son objetos culturales, distintos del triángulo estudiado por el geómetra, es decir, del triángulo ideal. 39.— 3) Carecen de sentido (neutros al valor). Igual que los objetos naturales, no presentan ningún sentido especial que sea necesario comprender para llegar a su conocimiento cabal. En efecto, con la investigación de los caracteres geométricos del triángulo —o de cualquier otrafigura—el geómetra agota el conocimiento del mismo. Por necesaria implicancia —según queda dicho— los objetos ideales son neutros al valor. "Todo lo que el triángulo es, será elucidado en aquellas propiedades geométricas que el geómetra aclarará en su investigación. Pero del triángulo como objeto geométrico, no podemos predicar ninguna de aquellas cualidades que se pueden resumir en el adjetivo bueno, ni podemos adjudicarle valores de tipo estético, erótico, pragmático, etc. Es evidente que no podemos hablar de un triángulo como bueno o malo, veraz o mentiroso, justo o injusto; no podremos decir que él es hermoso o feo, por más que nos guste más un triángulo isósceles que uno equilátero, o a la inversa. No son éstas, propiedades de carácter geométrico y escapan por lo tanto al interés del geómetra. De manera que ha de decirse que los objetos ideales son neutros al valor" is. 40.— B) Ciencias que los estudian: a estos objetos se refieren ciencias como la Matemática, la Geometría y la Lógica que, por la naturaleza peculiar de sus respectivos objetos, son denominadas ciencias de objetos ideales.

COSSIO, C , ob. cit. en nota 5, pág. 22.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaDERECHO para uso Didáctico Y VIDA HUMANA y Científico 39 - Cap. 1 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN IV. OBJETOS METAFÍSICOS 41.— Son objetos metafísicos, por ejemplo, "la cosa en sf de Kant, la sustancia, Dios, según algunos autores, etc. Presentan los siguientes caracteres: 1) Son reales, es decir, tienen existencia. 2) Tienen un sentido (valiosos positiva o negativamente). A estos objetos no los seguiremos analizando, por escapar a la órbita de nuestra obra i^.

42. El derecho en el mundo de los objetos.— Con lo dicho creo haber aclarado el carácter de objeto cultural que tiene el derecho, por lo que huelga momentáneamente, cualquier otro comentario al respecto '"'. SECCIÓN TERCERA

DERECHO Y VIDA HUMANA 43. Sociedad y Derecho.—El hombre es un ser social por naturaleza, razón por la cual vive en medio de sus semejantes, es decir, vive en sociedad. Por eso cabe decir que los seres humanos, más que vivir, convivimos. Resaltando este carácter, dijo Aristóteles que para vivir aislado, hay que ser un dios o una bestia. Ahora bien, impulsado naturalmente a la acción para satisfacer sus necesidades, encuentra el hombre en su camino a otros semejantes que luchan como él, por las mismas razones. Del choque inevitable de las múltiples conductas, surge la necesidad de abstenerse de ciertos hechos, so pena de provocar la reacción de los demás y de precipitarse en un verdadero caos, si cada uno hiciera lo que le viniera en gana. Se comprende así fácilmente, la absoluta necesidad de que la libertad de cada uno esté limitada por la libertad de los demás. Resulta así necesaria una delimitación de las conductas posibles de los hombres, para asegurar un mínimo de orden que haga posible la convivencia y la prosecución de los fines humanos individuales y colectivos. Esta delimitación de lo ilícito y lo lícito (v. Cap. 6, párrs. 45 y sigs.), es la que establece el derecho, resultando de ella un cierto orden social, que será más o menos perfecto, más o menos justo, pero orden al fin y necesario para la coexistencia.

^* Véase FERRATER MORA, voz "objeto", en Diccionario de Filosofía. '^ Con respecto al problema del método en general, puede verse ROMERO - PUCCIARELLl, ob. cit., en nota 4, pág. 144. En lo referente al método jurídico, puede consultarse, RUIZ MORENO, Martin T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, págs. 100-152; COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad, Buenos Aires, 1964, págs. 54 y sigs., etc.


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En conclusión, el viejo adagio latino ubi societas ibijus (donde hay sociedad hay derecho), sintetiza perfectamente lo que vengo explicando. Para comprobarlo, sin entrar en discusiones, basta con verificar que en todos los lugares de la tierra y a través de todos los tiempos, encontramos al hombre viviendo en sociedad y esa sociedad —por más rudimentaria que sea— regida por una serie de normas obligatorias que constituyen el derecho. 44. El derecho rige la convivencia social.— Esta dimensión ontológica del derecho —la de regir la coexistencia humana— hay que tenerla muy en cuenta y comprenderla en su importantísima significación, por cuanto el derecho, si bien moldea la vida humana, es a su vez influido y contramoldeado por el empuje arrollador de la misma. Para comprobar el primer fenómeno, basta con tener presente no sólo el caso del juez que hace cumplir por la fuerza pública su sentencia, cuando no es acatada voluntariamente, sino también el caso más común en que las leyes, decretos, etc., son cumplidos espontáneamente por la población. En lo que se refiere al segundo fenómeno, son muchos los casos en que la vida se opone a un determinado régimen jurídico, elaborado a espaldas de la realidad social y termina por imponerse (ejemplo típico entre nosotros es el duelo que, instituido como delito —arts. 97 a 103 del Código Penal— no tiene vigencia y era corriente que se realizaran lances caballerescos, con publicidad periodística, etc., sin que por ello se iniciara el proceso indicado por la ley). Actualmente, la frecuencia del duelo es cada vez menor. Estos ejemplos demuestran que el legislador no debe perder nunca de vista la realidad social para la que legisla; más aún, aprobado ya un determinado régimen jurídico, las autoridades pertinentes deben recurrir a todos los medios de publicidad y persuasión, para que los destinatarios del derecho conozcan bien el nuevo régimen a cumplir, así como los fines perseguidos. De esta manera, es más fácil que el derecho encarne en la realidad de la vida, originando así, dentro del conglomerado social, nuevas formas de convivencia. Esto es lo que exige al menos, una alta política jurídica (v. Cap. 2, párr. 128). Después de estas consideraciones de carácter sociológico y político-jurídico, me referiré a la misma dimensión vital del fenómeno jurídico, pero relacionado con la Filosofía y la Ciencia del Derecho. 45. Vida humana, Filosofía y Ciencia del Derecho.— Este aspecto del derecho que vengo analizando, es decir, su dimensión vital, si bien no debe dejarse de lado en su investigación/i/oíó/ica, cobra aún mayor relieve en el plano de la Ciencia Dogmática del Derecho (que es la ciencia practicada por los juristas —V. índ. alfab.—). Cuando estudiemos la aplicación del derecho a la vida social, especialmente en el caso de los jueces al hacer justicia (v. Aplicación del Derecho), se verá esto con más detalle, pero mientras tanto, conviene adelantar http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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algunas nociones, que el lector puede ya comprender. Veamos: el derecho se elabora para regir la convivencia humana, pero como objeto cultural que es, tiene un sentido y, por lo tanto, debe ser interpretado antes de su aplicación. Pero al mismo tiempo, el jurista deberá valorar la conducta humana en cuestión, para ver si esa conducta por su sentido, debe ser regida por una u otra institución jurídica. Por ejemplo, nuestro Código Civil distingue la donación del mutuo o préstamo de consumo, por lo que, frente a un caso concreto de la vida, el jurista deberá interpretarlo, para ver lo que hay allí concretamente y aplicarle después, en consecuencia, el régimen que corresponda, es decir, el de la donación o el del mutuo. Es por eso que al aplicarse el derecho, no puede dejarse nunca de lado la consideración de la realidad que se vive, es decir, no debe dejarse de lado la vida humana. 46.—A pesar de todo, son muchos los filósofos y juristas que no le dan importancia, lo que conduce a grandes extravíos, si bien hay que recordar una diferencia notable en lo que se refiere a las derivaciones prácticas de ambos errores metodológicos; en efecto, el filósofo que tal hiciera, caería en un racionalismo estéril y nada más, pero el jurista (supongamos el caso del juez al dictar sentencia) que caiga en ese racionalismo divorciado de la vida, puede provocar tremendas injusticias, en perjuicio del bienestar, la libertad, el honor y la vida misma de los seres humanos. Por último y como consecuencia lógica de las precedentes consideraciones, cabe afirmar que para conocer cabalmente la realidad jurídica de un país determinado, no es suficiente —aunque sí necesario— estar al tanto de las leyes y códigos respectivos, puesto que así se deja de lado esta dimensión esencial del derecho. En otros términos, para conocer cabalmente esa realidad, es necesario conocer también el derecho vivido, lo que se logra observando la realidad social, pero claro que en función del respectivo régimen normativo; ahora bien, en lo que al jurista stricto sensu se refiere (abogado, juez, etc.), dada su particular tarea, ello se logra sobre todo, conociendo lajurisprudencia de los tribunales (v. índ. alfab.). 47.— Las ideas expuestas están ajustadas a la concepción que actualmente predomina en la Filosofía del Derecho. No obstante ello, cabe adelantar que en oposición a este punto de vista, la Teoría Egológica del Derecho (v. índ. alfab.), creada por el filósofo argentino Carlos Cossio, sostiene que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva —entiéndase bien, conducta y no norma— lo que referido al tema que estoy analizando, equivale a decir que el derecho no es vida humana objetivada, como sostiene la opinión tradicional, sino que es la misma vida, o como dice su autor, vida humana viviente, desde un particular enfoque: el de la interferencia intersubjetiva de las conductas.


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Además, hay otras concepciones sobre lo que es el derecho, cuya síntesis se verá más adelante (Cap. 18). SECCIÓN CUARTA

LIBERTAD ESPIRITUAL, LIBERTAD JURÍDICA Y DERECHO 48. Aclaraciones previas.— La vinculación entre libertad y derecho es algo innegable, como lo prueban las constantes manifestaciones que se formulan sobre dicha relación. Así, por ejemplo, cuando se afirma que el derecho establece límites a la libertad de las personas, que la libertad es un presupuesto del derecho, que por aplicación de lo dispuesto en algún código procesal, se priva de la libertad a una persona, etc., se pone de manifiesto esa íntima relación entre ambos objetos. Pues bien, como ya he aclarado qué es el derecho, al menos en un primer acercamiento al tema, corresponde ahora formular algunas reflexiones sobre la libertad, reflexiones que nos permiten advertir de inmediato, la existencia de un problema difícil. A esto contribuye sobre todo la circunstancia de ser multívoco el vocablo libertad, ya que se habla por ejemplo de libertad espiritual, psíquica, mental, interior, natural, metafísica, jurídica, civil, política, etc. Por lo tanto, considero que lo más adecuado es empezar aclarando qué es la libertad, así a secas, que llamaré también libertad espiritual, a fin de disipar cualquier posible confusión, advirtiendo además que uso esta palabra como sinónima de psíquica y, en consecuencia, al margen del significado religioso que tiene el vocablo "espiritual". No obstante ello, volveré más adelante sobre las mencionadas especies o especificaciones de la libertad (libertad jurídica, civil, política, etc.). 49. Concepto de libertad (espiritual).— Sin olvidar que es una de las cuestiones más controvertidas en la historia del pensamiento filosófico, por lo que hay numerosas concepciones al respecto, pienso que la más acertada es la que permite definirla como la facultad natural del ser humano, de optar entre dos o más posibilidades de hacer o de pensar. Esta última distinción entre hacer y pensar es tradicionalmente admitida y así por ejemplo, en cuanto al hacer (u obrar), yo puedo elegir entre la posibilidad de hacer gimnasia o la. posibilidad de visitar a un amigo, e inclusive la posibilidad de no hacer cosa alguna. Esto implica sostener que mi opción no significa elegir entre haceres, sino entre posibilidades de hacer (pensar hacer), vale decir, entre la representación mental de realizar dichas conductas. Hacerlas sería ponerme a hacer gimnasia o ir a visitar al amigo.


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- Cap. I

Por Otra parte y en cuanto a la opción entre pensamientos, aunque sea la menos frecuente en la realidad de la vida, es obvio que por ejemplo, yo puedo elegir entre la posibilidad de pensar sobre el contenido de un libro leído ayer o sobre las opiniones de un economista que acabo de escuchar. 50,— De lo dicho surge que estafacultad de optar (o elegir), es algo espiritual o psíquico, pues transcurre en el ámbito de nuestra conciencia, razón por la cual podemos calificarla de libertad espiritual, psíquica, etc. Pero como también es algo natural del ser humano, resulta ontológicamente imposible someter esa libertad a regulación jurídica, igual que a cualquier otro fenómeno natural; en consecuencia, es erróneo considerar a esta libertad como una facultad jurídica (es decir, como si fuera un derecho subjetivo en sentido técnico —v. Cap. 6, párrs. 30 y sigs.—), porque en definitiva, por ser una facultad natural, esta libertad es ajurídica. 51. Denominaciones de la libertad espiritual.— A esta libertad se la llama de diversas maneras, entre las cuales recordaré las siguientes: espiritual, psíquica, interior, natural, metafísica, libertad de la voluntad, del querer, libre albedrío, etc. Del análisis que vengo haciendo, considero que cuando nos referimos a la libertad a secas, debemos hablar de libertad así simplemente, o de "libertad espiritual", por ser esta última una expresión muy clara y muy difundida. 52.— En cuanto a la denominación libertad interior, que se opondría a la libertad exterior del ser humano, debe ser desechada pues implica un error, por la sencilla razón de que en cualquier acción humana consciente podemos distinguir un aspecto interno o psíquico o subjetivo (llamado conciencia o noción de lo que se hace, intención, voluntad, querer, etc.), y un aspecto extemo o físico (el comportamiento). Claro que por vía de análisis podemos separar ambos aspectos, pero eso no debe hacemos olvidar que en la realidad se dan juntos, ya que el protagonista de un acto consciente, lo realiza vivenciando la intención con que lo hace, vale decir, teniendo en su psiquis la vivencia del sentido que él le da a ese acto. El aspecto interno del acto consciente, es el sentido subjetivo de dicho acto, vale decir, el que le da el protagonista, sentido que, dicho sea de paso, puede coincidir o no con el resultado producido por el acto realizado en consecuencia. Por otra parte no debemos olvidar el sentido jurídico que a esa conducta puede asignar el ordenamiento jurídico y quiénes lo aplican (jueces, etc.), que es ya un sentido objetivo '* de dicho acto. Así por ejemplo, para comprender el '° Objetivo. Como este vocablo tiene varios significados, explicaré el sentido filosófico mediante un


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verdadero sentido de un acto es necesario conocer la intención del protagonista, como sucede por ejemplo en derecho penal, para diferenciar el homicidio culposo (hecho sin querer dañar), del homicidio doloso (hecho con intención de dañar), aunque la exterioridad del acto pueda ser igual en ambos casos. Como conclusión puede afirmarse que cuando en este libro se habla de libertad, sin adjetivación alguna, se está haciendo referencia a la libertad espiritual. 53. La libertad espiritual es un carácter esencial y exclusivo del ser humano.— a) Carácter esencial: esto implica decir que no existe ni existió ser humano alguno sin esa facultad natural. Por dicho motivo, Jean Paul Sartre afirma que el hombre está condenado a ser libre, mientras que Ortega y Gasset, prefiere decir que el hombre estáforzado a ser libre; en consecuencia, es imposible quitarle totalmente la libertad espiritual a un ser humano (aunque esté preso), pues para ello sería necesario matarlo. Así por ejemplo, aun estando preso, el hombre puede optar entre varias posibilidades de hacer, como serían caminar o estar sentado, mover los brazos o estar quieto, etc. Además y en general, puede hacer cualquiera de dichas conductas elegidas. De lo dicho surge que la vida humana implica el ejercicio permanente de la libertad espiritual. Por otra parte, al decir que la libertad es un carácter esencial, no debemos olvidar que además, el ser humano tiene otros caracteres esenciales, pero no hay duda de que la racionalidades el más importante, al punto de que el hombre es libre porque es racional''. Para probarlo recordemos que pensar es ejercer la razón. b) Carácter exclusivo: esto implica decir que la libertad es un atributo que no tienen ni los animales ni los vegetales, ni tampoco ningún otro ser vivo existente sobre la tierra. 54. Libertad espiritual y conducta.— La libertad espiritual se exterioriza en la conducta; en efecto, decidida la elección por una de las posibilidades contempladas, la libertad espiritual así ejercida, se exterioriza en la conducta ejemplo referido al conocimiento, que nos permitirá saber cuándo es objetivo; a) si una persona investiga un tema, y llega a una conclusión, tiene un conocimiento subjetivo (o individual). Subjetivo implica decir que el conocimiento permanece en el sujeto que lo alcanzó, sin haber trascendido a la comunidad; b) ahora bien, si el investigador comunica ese conocimiento subjetivo a otras personas, con los fundamentos, técnicas, etc., que le permitieron ese logro, y los demás pueden comprenderlo como él, dicho conocimiento pasa a ser objetivo. En síntesis, objetivo es lo que habiendo nacido como subjetivo, ha trascendido del sujeto y alcanzado la comprensión de sectores más o menos amplios de la comunidad (puede ser p. ej. un reducido grupo de científicos o toda la comunidad). Dicha racionalidad es innegable, pero no debemos olvidar que el ser humano actúa muchas veces impulsado por motivos irracionales.


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por la que se ha optado. Mas cuando esto sucede y del pensar se llega al hacer, que es lo habitual, dicha conducta se desarrolla en la realidad social y, por lo tanto, estaremos ya frente a una conducta compartida, vale decir, a la conducta de un ser humano frente a la conducta de otro u otros seres humanos. Ahora bien, la conducta compartida puede ser enfocada desde dos puntos de vista: e\ jurídico y el moral (v. Cap. 4, párrs. 13 a 49). Si la encaramos desde el punto de vista de la interferencia subjetiva, es decir, de la conducta realizada frente a las otras posibles conductas omitidas por el sujeto actuante, nos ubicaremos en el campo de la moral, y podremos decir, por ejemplo, que obró bien o mal; en cambio, si la enfocamos desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva, estaremos en el ámbito del derecho y podremos, por ejemplo, calificar la conducta de lícita o ilícita. En esta perspectiva, que nos interesa particularmente, es donde cabe preguntarse por la libertad jurídica, que es una libertad en el hacer, pero recordando siempre que todas las especies de libertad (entre ellas \?L jurídica), derivan de la libertad espiritual, ya que sin ésta, las demás no existirían. Finalmente dejo constancia de que no corresponde ahondar aquí el problema de la libertad jurídica, porque para comprenderlo bien es necesario aclarar primero otros conceptos. Esto será hecho en los capítulos siguientes, hasta que corresponda volver sobre dicha cuestión (v. Cap. 6, párr. 91). 55. La libertad espiritual es un presupuesto del derecho.— De lo explicado se infiere que la libertad espiritual no es ni una parte ni todo el derecho sino un presupuesto del mismo; en efecto, el derecho no es posible sin un destinatario racional y libre como es el ser humano que, por otra parte, es el creador del derecho. Más aún, el hombre es el creador de la cultura, de la que el derecho es una parte.





CAPÍTULO 2

GRADOS DEL CONOCIMIENTO. LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS Y LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS SECCIÓN PRIMERA

GRADOS DEL CONOCIMIENTO 1. Aclaración previa.— A continuación expondré algunos conceptos necesarios para la mejor comprensión de los temas posteriores. Me referiré sucesivamente a: I) Grados del conocimiento en general. II) Grados del conocimiento jtla o encauzarla en una cierta dirección. Por lo tanto, son de estructura distinta a la de aquéllas y, en cuanto a la denominación, bueno es advertir para evitar confusiones, que se las llama también reglas, cánones y, hasta leyes, dándole a este vocablo un sentido amplísimo. 3.— Las normas tienen su razón de ser en la particular estructura teleológica de la conducta consciente del ser humano; en efecto, es esencial en la actividad humana el proponerse fines y echar mano de medios para alcanzarlos; estos fines, una vez logrados, serán a su vez medios para otros fines y así sucesivamente durante toda la existencia humana. Como es lógico, el hombre tiende generalmente a dirigir su actividad en el sentido que le resulta más favorable, a veces a costa de los demás y, el fundamento de tales normas, radica precisamente en la necesidad de orientar y armonizar esas conductas. 4.—A modo de punto de partida, puede afirmarse que las normas son principios directivos de la conducta o actividad humana. Queda pues bien claro que el objeto o materia de las normas —como ya ha sido explicado— es la conducta del hombre. Fn otros términos, cabe decir que son reglas de conducta que tienden a un fin determinado. 5.— En concordancia con lo anterior, conviene destacar que las normas son reglas que expresan un deber ser—en el caso del derecho, un deber ser coercible— es decir que no enuncian una conducta que ha sido, es o será necesariamente de un cierto modo, sino una conducta que debe ser, aunque no se cumpla en la realidad de los hechos. Por ejemplo: "dado un homicidio, deben ser tantos años de prisión para el autor", pero bien puede ocurrir en la práctica que el homicida fugue: no obstante ello, la norma no perderá su validez y seguirá señalando lo que debe ser: la reclusión del delincuente. Si las normas expresan una relación de deber ser; es lógico preguntarse entre qué términos; pues bien, es entre dos hechos que, en el caso del ejemplo anterior son: el homicidio (hecho antecedente) y la prisión (hecho consecuente). La relación que los une es expresada en los respectivos juicios por la cópula debe ser. 6.— En fin, así como las leyes naturales sólo admiten excepciones en muy pocos casos (Cap. 12, párr. 6), las normas parten del supuesto de que pueden ser violadas por la conducta de los hombres y de ahí las sanciones. El derecho —eshttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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pecie del género norma— es también una norma violable, pero el hecho de su incumplimiento, no afecta para nada su validez —como ocurriría con las naturales— y la norma sigue siendo válida, aunque se presente, claro está, el problema de su violación, con todas las consecuencias respectivas (sanciones, etc.). En el Capítulo 5, se verá en detalle, la teoría de la norma jurídica. 7. Clasifícación de las normas de conducta: éticas y técnicas.— Como división fundamental de todo ese conjunto imponente de reglas de conducta, cabe distinguir las éticas de las técnicas, atendiendo al distinto punto de vista con que enfocan la conducta humana. A efectos de evitar un error muy común, conviene aclarar desde ya que no se trata de reglas opuestas y excluyentes —aunque sí distintas— pues toda acción o tramo de conducta humana, puede ser considerada desde los puntos de vista de la Ética y de la Técnica, vale decir que una misma acción, puede ser normada ética y técnicamente. Consideremos como ejemplo una operación hecha por un médico: si ha sido realizada de acuerdo con los últimos adelantos en materia de cirugía, diremos que es una operación técnicamente perfecta; no obstante ello, si se trata de una intervención quirúrgica innecesaria, realizada con el único fin de cobrar honorarios elevados a un paciente rico, calificaremos la misma acción, de éticamente repudiable. 8.— Distinción corriente entre la ética y la técnica. Por el ejemplo dado, habrá podido observarse que tanto la Ética (del griego éthíkos, moral), como la Técnica (del griego tekhné, arte) pueden enfocar una misma acción, aunque desde distintos puntos de vista. Trataré ahora de distinguir conceptualmente el campo de ambas. Suele decirse para diferenciarlas, que - la Técnica se refiere a los medios (o al cómo) de la acción, y - la Ética, a los fines (o al para qué) de la misma. Esa distinción es aproximadamente acertada, pero no lo suficiente, porque puede hacer suponer que las reglas técnicas no tienen en cuenta para nada los fines de las acciones y no es así, ya que el medio "puro" no existe, por ser un concepto relativo del de fin; en efecto, todo medio, es medio con respecto a un fin. 9. TEORÍA DE COSSIO.— Por esta razón me parece más acertada la opinión de Cossio ' que, para distinguir la Técnica de la Etica, hace el siguiente planteo: toda vida humana es una cadena de acciones enlazadas teleológicamente; ahora bien, "cortemos" esa cadena y tomemos para analizar, una acción concreta, o si '

Cossio, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho..., Buenos Aires, 1964, pág. 658.


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se quiere, unfindeterminado. Esa acción (piénsese en el ejemplo anterior), puede ser considerada desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante en el sentido del tiempo (como es obvio, no quiero decir con ello que la conducta se haga hacia atrás, pues estando sujeta al tiempo, sólo puede realizarse hacia adelante). Tenemos entonces: a) enfocada hacia atrás, veremos cómo se ejecuta ese fin, o en términos generales, cómo se realiza algo (enfoque de la Técnica); b) enfocada hacia adelante, veremos para qué se realiza esa acción o fin concreto (enfoque de \a. Ética). Según puede apreciarse, si bien las reglas técnicas enfocan la acción en sentido opuesto a las éticas, en ambos casos se toma como punto de referencia unfinconcreto y ello es obvio, porque toda normación de conducta, dada la ineludible dimensión teleológica de la actividad humana, debe hacer referencia a unfim. Sobre esta base, puede decirse que: - norma técnica o del hacer, es la regla de conducta que se refiere a la realización del fin concreto de la voluntad (aquí se considera el fín respecto de su realización); y - norma ética o del obrar, es la regla de conducta que se refiere a la finalidad de la acción o fin concreto de la voluntad (aquí se considera el fin en relación teleológica con los fines subsiguientes). Las armas nos brindan un claro ejemplo que nos facilita la comprensión de lo explicado; en efecto, las normas técnicas nos dicen cómo se fabrican las armas, pero decidir a qué fines habrán de servir, es algo que no hallará respuesta en la Técnica sino en la Ética. 10. Denominaciones.— Algunos autores, dado que las normas técnicas establecen simples modos de hacer y no es esencial en ellas la bilateralidad, es decir, la presencia de dos sujetos, las llaman reglas técnicas y reservan el nombre de normas, para las éticas. Esta nomenclatura es acertada, porque refleja ya que hay entre ellas algunas diferencias ^. Por otra parte y afinde evitar una confusióamuy común, recordaré que Vátécnica es en definitiva un hacer, mientras que la tecnología es el conocimiento del hacer (o más propiamente, la teoría científica de la técnica). Aplicando tal distinción al lenguaje, se impone aclarar que lo correcto es decir por ejemplo, que tal manera de fabricar un artículo es la mejor técnica que se conoce hasta el momento, mientras que no debe decirse educación técnica sino tecnológica, porque la educación implica transmitir conocimientos, salvo cuando se enseña directamente a hacer algo, pues en tal caso lo adecuado es hablar de enseñanza técnica. - En el Cap. 9 se hallarán más datos referentes a la Técnica en general y a la Técnica Jurídica en particular.


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11. Clasificación de las normas éticas y de las reglas técnicas.— Aclarados los respectivos conceptos, veamos ahora la clasificación de ambos tipos de normas: 1) Las reglas técnicas no han sido sistemáticamente clasificadas, porque como se refieren a todas las actividades posibles, son infinitas. Para distinguir al menos grupos afínes, cabe englobarlas según la materia a que ser refieran, en reglas técnicas industriales, arquitectónicas, higiénicas, jurídicas, etc. 12.— 2) Dentro de las normas éticas (empleada la expresión en sentido amplio, pues estrictamente es sinónima de moral), hay tres criterios distintos, con respecto a cuántas especies de normas éticas podemos distinguir, que son los siguientes: a) sólo hay dos clases de normas éticas ^, ya que éstas pueden ser jurídicas o morales (Del Vecchio, Cossio, etc.); b) hay tres clases de normas éticas: jurídicas, morales y del trato social (Stammler, Recaséns Siches, Martínez Paz, etc.); y c) hay cuatro especies de normas éticas: jurídicas, morales, del trato social y religiosas (García Maynez, etc.). En los párrafos siguientes, me referiré a este problema. SECCIÓN SEGUNDA

DERECHO Y MORAL 13. Generalidades.— Con lo dicho hasta aquí, no cabe dudar que tanto el Derecho como la Moral son sistemas normativos de la conducta humana. Pero encarando ahora el problema de sus relaciones y diferencias, conviene advertir que se registran al respecto, dos grandes grupos de doctrinas en la historia del pensamiento ñlosófíco "*: 1) Doctrinas que los confunden (tal lo que ocurría en Grecia); y 2) Doctrinas que los distinguen. Dentro de este grupo, cabría hacer una bipartición entre: ' En esta concepción, la ética (es decir, la filosofía de la práctica, o filosofía práctica simplemente), es la disciplinafilosóficadel obrar humano en general, que comprende por lo tanto, el estudio de las normas y respectivas conductas, desde dos puntos de vista, sin que quepa una tercera posibilidad. Tales enfoques son: a) el de la interferencia intersubjetiva (propio del Derecho), y b) el de la interferencia subjetiva (propio de la Moral). * Véase MARTÍNEZ PAZ, Enrique, Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R. A.), 1946, págs. 314 y sigs.


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a) Doctrinas que los oponen. Se trata de un punto de vista erróneo y ya superado, pues para que esto fuera cierto, sería menester que la Moral prohibiera lo que el Derecho permite y viceversa. Para comprobarlo, basta con tener presente que la realidad histórica demuestra que, si bien en algunos casos el Derecho y la Moral se oponen, en otros marchan de acuerdo. La esclavitud, por ejemplo, fue durante largo tiempo una institución consagrada por muchos regímenes jurídicos, aunque condenada por la Moral; hoy día, no sólo es repudiada por la Moral, sino que ha sido desterrada prácticamente de todos los regímenes jurídicos del mundo, viniendo así a coincidir el Derecho y la Moral. En conclusión, no hay que caer en el error de creer que el Derecho y la Moral sean cosas antagónicas. b) Doctrinas que los distinguen sin desconocer las estrechas relaciones existentes entre ambos objetos culturales. Es éste el punto de vista más aceptado en la actualidad, porque si bien se trata de sistemas normativos distintos, es decir, de normas que rigen la conducta desde distintos puntos de vista, hay que reconocer que ambos rigen toda la conducta humana, pudiendo una misma acción, ser encarada moral y jurídicamente. 14. Qué es la moral.— 1) Aclaraciones previas. Como éste es un libro jurídico, no corresponde incluir un estudio amplio de la moral, pero sí es conveniente formular un concepto claro de la misma, no sólo para explicar con nitidez qué es la moral, sus caracteres, etc., sino también para gue se la pueda diferenciar del derecho, con suficiente claridad. La experiencia confirma que suele confundirse el derecho con la moral, y así por ejemplo, cuando se afirma que la ley, para ser realmente tal, debe tener un contenido moral, se confunden ambos objetos, pues la ley, para ser una verdadera ley, tiene que albergar un contenido jurídico, es decir, referirse a la conducta humana en interferencia intersubjetiva (v. párr. 24), al margen de que dicho contenido armonice o no con alguna norma moral. Por otra parte, sucede que a veces la aplicación de una determinada ley, puede favorecer el desarrollo de ciertos valores morales (la honestidad, por ejemplo), pero en otros casos puede suceder lo contrario. Tal disparidad nos prueba que la regulación jurídica, es decir, el derecho, es algo distinto de la moral (v. párr. 13, inc. b), sin perjuicio de las relaciones que hay entre ambos (v. párr. 49). 2) Noción general. Es el conjunto de normas que, siempre y cuando la persona que las cumple, lo haga porque reconoce voluntariamente que son válidas para él (carácter "autónomo" —párr. 27—), rigen toda la conducta humana, es decir, tanto IÍÍS posibles conductas que se piensa reahzar, como las conductas reales (individuales y sociales), que las personas ejecutan después de optar por una entre todas las imaginadas. Dichas conductas son regidas en interferencia subjetiva (o intrasubjetiva —v. párr. 25—), porque la moral las rige en el ámbito subjetivo de la conciencia, para materializar en esas conductas, determinados valores y principios propios de la moral, y lograr así la perfección espiritual del ser humano o, en otros términos, el bien individual, pero además, y como consecuencia de la difusión de los respectivos valores y principios, en cada uno de los integrantes de sectores más o menos amplios de la comunidad (el ideal sería extenderlos a toda la comunidad), alcanzar la vigencia de una moral social, acorde con dichos valores y principios. A tales fines, las


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para y Científico QUEuso E§ LADidáctico MORAL 149 - Cap. 4 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN mencionadas normas prescriben, de acuerdo con la concepción moral aceptada por cada persona, los deberes morales correspondientes (en la moral en general no hay derechos —v. párr. 33, incs. c y d—) disponiendo tanto lo que no se debe hacer (en esencia evitar el mal —aspecto negativo de la moral—), estableciendo así un límite voluntario a la libertad humana, como lo que se debe hacer (en esencia realizar el bien —aspecto positivo de la moral—), sin que ante el incumplimiento de tales deberes, los transgresores puedan ser compelidos a cumplirlos por la fuerza (carácter incoercible —párr. 35—). La incoercibilidad de la moral, no implica que carezca de otra clase de sanciones porque las tiene (párr. 36), pero con respecto a las sanciones morales, cabe advertir que la buena intención de la persona actuante, en el momento de realizar el acto (sin importar lo que hubiera pensado antes o después del acto), la exime de toda responsabilidad moral, aunque se haya producido un daño a otra persona, sobre todo si el imputado, además de no haber tenido intención de dañar, ha hecho todo lo posible para evitar el daño. Ello es así porque la moral, como se ha explicado, tiende a la perfección espiritual del ser humano y, la buena intención, es decir, la intención de hacer el bien, cumple obviamente dichafinalidadespiritual. Es por ello que en caso contrario, cuando la intención es mala (de dañar por ejemplo), la acción es moralmente mala, aun en el caso de que la conducta realizada haya tenido un resultado objetivamente bueno. A continuación formularé algunas aclaraciones complementarias sobre la moral: a) Explicación de los caracteres básicos de la moral (subjetiva, "autónoma" e incoercible): como estos caracteres han sido analizados en otro lugar, remito al lectora los párrafos correspondientes (23 a 36), para evitar repeticiones inútiles. Allí se podrá comprobar que, además de contribuir a perfilar nítidamente qué es la moral, dichos caracteres nos permiten diferenciarla del derecho, sin perjuicio de las relaciones que hay entre ambos objetos culturales (párr. 49), como sucede, por ejemplo, cuando se cumplen voluntariamente normas jurídicas por motivos morales. Tal es el caso de quien lo hace cuando el deber jurídico a cumplir, armoniza con los deberes morales que él comparte. Otro caso lo tenemos en que una conducta puede ser jurídicamente lícita pero inmoral, como sería el proceder de un deudor cuya deuda se hubiera extinguido por prescripción y, por tal motivo, decide no pagarla; en efecto, la prescripción (liberatoria) de una deuda hace jurídicamente lícita la conducta de no pagarla, pero es inmoral, porque un hombre honesto debe pagar lo que debe, aunque dicha "obligación" esté jurídicamente prescripta. 15.— b) Ámbito limitado de los valores morales: en cuanto al concepto de valor, ha sido explicado en otro lugar (Cap. 8, párr. 3), pero con respecto a los valores morales hay que recordar una limitación, porque son valores referidos sólo a la persona humana y a su conducta, pero no a las cosas. En igual sentido dijo O. Wilde que la perfección del hombre consiste no en lo que tiene, sino en lo que es. c) Cuáles son los valores morales: de acuerdo con lo que se explica en el inciso d), cada concepción moral (tanto las fundadas en la religión como en otros factores), tienen su propia escala de valores. En el párrafo siguiente se hace referencia a lo principal de este punto. 16.— d) El bien y el mal: como se ha dicho que la moral es en definitiva la diferencia entre el bien y el mal, haré una explicación sobre ambos valores, porque el bien es el valor moral supremo y, como los valores éticos con bipolares (v. Cap. 8, párr. 3, inc. 4), el mal es


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por el contrario, el desvalor máximo de la moral. Además y por eso mismo, hacer el bien y evitar el mal (para uno mismo y para los demás), es el principio básico de la moral. A tal fin, no debemos olvidar que la distinción es también importante, desde el punto de vista de la moral social vigente, ya que si el bien debe terminar siempre venciendo al mal, conviene recordar que según dice un refrán evidentemente sabio, para que los malos triunfen, basta con que los buenos callen. Considerando ahora la posibilidad de formular un concepto preciso del bien, puede afirmarse que es el valor supremo de la moral, es deci r, que es esa cualidad superior que se manifiesta en aquellas conductas, hechas con la intención de lograr la perfección espiritual del ser humano que las hace. Como es obvio, el antedicho es un concepto/orma/ que, por lo tanto, no se refiere a conductas concretas, pero, además, se trata de un concepto genérico, que por definición abarca varias especies de conductas concretas, las que se inspiran en valores claramente específicos como son el respeto a la vida, la veracidad, la honestidad, la caridad, etc. Por otra parte, estos valores van cambiando en las diversas concepciones morales, en función del tiempo y del espacio, lo que revela su carácter relativo. En síntesis puede afirmarse que hacer el bien es cumplir con los deberes morales prescriptos por la concepción moral adoptada por cada persona y, concretamente, podnan ser por ejemplo, respetar y ayudar a los padres, ayudar a los indigentes, proteger a los niños, ancianos y discapacitados, etc. Para mayor claridad, conviene recordar que la bondad, es una virtud que consiste en la tendencia habitual a hacer el bien y evitar el mal, siendo éste el motivo por el que se califica de buena o bondadosa, a la persona que así procede. En cuanto al mal, el deber moral es obviamente evitarlo (p. ej., no mentir, no robar, etc.). Por su parte, la maldad, es el vicio contrario a la bondad. 17.— Para concluir estas reflexiones sobre el bien y el mal, cabe recordar que se habla de tener conciencia moral, cuando una persona conoce claramente, los deberes morales concretos que deben cumplirse para hacer el bien y, además, cuáles son los deberes morales que prescriben lo que no se debe hacer, para de tal modo evitar el mal, todo ello —claro está— dentro de la concepción moral adoptada por cada persona. 18.— e) Calificación moral de la conducta: de acuerdo con lo explicado y teniendo presente que la moral abarca tanto el bien como el mal, conviene advertir que para comprender el tema del epígrafe, es imprescindible distinguir entre: — qué se entiende por "conducta moral" en el ámbito/Í/OÍO/ÍCO (lo que se refleja en el vocabulario respectivo), y — qué se entiende por "conducta moral" corrientemente. Aclarémoslo: e') Enfilosofia, "conducta moral" (v. párr. 21) es toda la conducta evaluada desde el punto de vista ético, es decir, con relación tanto al cumplimiento como al incumplimiento de los deberes morales. En síntesis, desde el punto de vista ético, toda la coruJucta es moral, pero ello no impide distinguir entre conductas buenas y conductas malas. Algo análogo sucede en el derecho, porque en este ámbito todas las conductas sonjurídicas, pero unas son lícitas y otras son ilícitas. e-) Corrientemente se habla de conducta moral (o moralmente buena o moralmente valiosa o moralmente positiva, etc.), cuando los actos realizados cumplen los deberes


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para usoDEFINICIÓN Didáctico y Científico MORAL: 1 5 1 - Cap. 4 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN morales que prescriben las respectivas normas morales (en esencia realizando el bien). Al respecto conviene advertir contra la hipocresíao simulación moral, que hizo decir a Bertrand Russell (filósofo y matemático inglés —1872-1970—), que la humanidad tiene una doble moral: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica. e') Por el contrario, corrientemente se habla de conducta inmoral (o antimoral o moralmente mala o moralmente desvaliosa o moralmente negativa, etc.), cuando la conducta realizada transgrede los respectivos deberes morales (en esencia realizando el mal). e"*) Conducta amoral (o extramoral): no debe confundirse inmoral con amoral, como suele ocurrir, porque estrictamente hablando, amoral es quien actúa sin importarle la moral vigente, vale decir, sin importarle en lo más mínimo, si su conducta respeta o no dicha moral. En otros términos y recordando que el prefijo "a" significa sin, resulta claro que amoral es el que actúa sin moral, lo que no impide, obviamente, que las demás personas evalúen moralmente dichas conductas. 19.— f) Cuáles son los sectores más importantes de la moral social. Entre los múltiples aspectos que abarca, hay dos que sin duda son los más importantes: f') la moralfamiliar, porque es fundamental elevar el nivel moral de la familia, ya que en este grupo social se forma la base de la conciencia moral de los niños; y f2) la moral política, que se refiere no sólo a la conducta de los gobernantes en su tarea específica, sino también a la de los partidos políticos, ya que de ellos suelen surgir los futuros gobernantes. Por este motivo, es muy importante elevar el nivel moral de quienes integran dichos partidos, inculcando ya desde el comienzo de la actividad política, la concepción moral adoptada. 20.— 3)Definición de la moral. Sintetizando ahora todo lo antedicho, puede afirmarse que la moral es el conjunto de normas que, siempre y cuando la persona que las cumple lo haga porque reconoce voluntariamente que son válidas para él, rigen toda la conducta humana (individual y social), en interferencia5tí¿/eííva, para realizaren dichas conductas, determinados valores y principios propios de la moral que, en esencia, tienden a lograr la perfección espiritual del ser humano y, además, como consecuencia de la difusión de dichos valores y principios en el resto de la comunidad, lograr la vigencia de la moral social, acorde con dichos valores y principios. A talesfines,las normas morales prescriben, de acuerdo con laconcepción moral aceptada porcada persona, los deberes morales correspondientes (en la moral no hay en general derechos —V. párr. 33, incs. c y d—), disponiendo qué conductas deben evitarse (en esencia evitar el mal), y cuáles deben hacerse (en esencia realizar el bien), sin que ante el incumplimiento de tales deberes, los transgresores puedan ser coaccionados a cumplirlos por la fuerza, pues la moral es incoercible, lo que no impide que tenga otras sanciones. Además y con respecto a las sanciones morales, debe recordarse que la buena intención de la persona actuante, en el momento de realizar el acto, la exime de toda responsabilidad moral, aunque a consecuencia de dicha conducta se haya provocado algún daño a otra persona. 21. Etica y Moral.— Como ya he formulado el concepto de Moral, corresponde ahora explicar qué es la Ética, destacando ante todo que los dos vocablos significan etimológicamente lo mismo; en efecto, ética deriva del griego ethos (costumbre). No obstante ello, es sabido que el significado original de las palabras, suele cambiar con el tiempo, razón por la cual, muchas veces terminan alejándose del sentido que tuvieron originariamente.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Refiriéndome ahora al vocablo ética, dejo constancia de que se lo usa en dos acepciones: r ) como sinónimo de moral, que es el significado corriente del vocablo; y 2") designando a la rama de la Filosofía que se refiere a la moral o, en otros términos, es la teoríafilosóficade la moral, a la que, entre otros temas, le corresponde el estudio del concepto de moral, caracteres, el bien y el mal, concepciones morales, etc. En consecuencia, y tal como he adelantado en el párrafo 18, inc. e'), puede afirmarse que empleando el vocablo ética en este sentido y hablando con precisión, es correcto decir que tal conducta es éticamente moral o, en caso contrario, que es éticamente inmoral. Conclusión: el criterio que predomina al respecto en el ámbitofilosófico,es que el vocablo ética debe usarse únicamente en la segunda acepción y que, por lo tanto, se debe hablar de moral, sólo para referirse al sentido exphcado en los párrafos 14 a 20. 152

22. Diferencia entre el Derecho y la Moral.— A efectos de que el tema sea más fácilmente comprendido, lo consideraremos separadamente en dos aspectos: I) sistemático, con la solución más aceptada en la actualidad y II) histórico, analizando las opiniones más importantes al respecto, a través de la evolución del pensamiento filosófico. I. ESTUDIO SISTEMÁTICO 23.— Las diferencias básicas entre el Derecho y la Moral, según la opinión generalmente aceptada, son las tres siguientes: DERECHO 1.— Intersubjetivo; 2.— "Heterónomo"; 3.— Coercible.

MORAL 1.— Subjetiva; 2.— "Autónoma"; 3.— Incoercible.

24.— 1) Intersubjetividad del Derecho y subjetividad de la Moral. a) Las normas jurídicas son intersubjetivas o bilaterales o vinculatorias o entrelazantes o de alteridad (el Derecho, dice Del Vecchio, constituye la Ética intersubjetiva). Este carácter significa que toda norma de derecho hace referencia y regula la conducta de una persona, en relación o en interferencia con la conducta de otro u otros sujetos, es decir, que hace referencia a dos personas como mínimo, regulando sus conductas en recíproca interferencia. Es así que frente al derecho subjetivo concedido a una persona (p. ej., el derecho del acreedor de cobrar su crédito), está la obligación impuesta a otra persona (p. ej., la obligación del deudor de pagar la suma adeudada), razón por la cual, las normas jurídicas han sido calificadas de imperativo-atributivas.


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La interferencia de conductas es intersubjetiva, como aclara Del Vecchio 5, cuando al hacer se opone el impedir o exigir de otro sujeto. Por el contrario, la conducta de un Robinson en su isla, no ha menester de regulación jurídica, pues no hay en el ejemplo, otra conducta con la cual pueda interferir. Cossio *, profundizando este carácter, ha puntualizado que las normas jurídicas son intersubjetivas en un doble sentido: \°) por referirse a las conductas en recíproca interferencia, de dos o más sujetos actuantes, y 2°) porque la interferencia se localiza espacialmente fuera de la conciencia personal (v. párr. 25 infine). 25.— b) Las normas morales son subjetivas o unilaterales (la Moral, dice Del Vecchio, constituye la Ética subjetiva). Pido atención al lector, porque este carácter suele ser mal entendido; en efecto, la norma moral es unilateral, no porque enfoque la conducta aislada del hombre, como suele decirse impropiamente, ya que la Moral se da en la vida social (hay también una moral social), sino porque la Moral hace referencia y regula la conducta de una persona, no ya con relación a la de otra u otras personas, como el Derecho, sino con relación al sujeto que la realiza, o más precisamente, con relación a las otras conductas posibles del mismo sujeto. Por eso ha dicho Del Vecchio, que la Moral rige la conducta humana en su interferencia subjetiva. Por ejemplo: frente al acto de dar una limosna, desde el punto de vista moral, no interesa para nada la conducta del mendigo, sino la consideración del acto respecto de quien da la limosna, porque permite conocer la intención y, por lo tanto, saber si la dio impulsado por un auténtico sentimiento de solidaridad social o de caridad, en cuyo caso el acto será moralmente plausible, o si la dio porque lo estaban mirando, en cuyo caso, el acto será moralmente reprobable. En otros términos, la norma moral es unilateral porque rige la conducta de una sola persona, vale decir la del protagonista del acto moral; pero no rige la conducta del destinatario de dicho acto. Además, queda claro entonces que el conocimiento de la intención posibilita evaluar moralmente la conducta del sujeto actuante y, por lo tanto, saber si actuó bien o mal. Es así que, frente al deber moral impuesto por un determinado precepto moral, no existe para persona alguna el derecho de exigir su cumplimiento (en la moral no hay en general derechos —v. párr. 33, incs. c y d—), y sólo puede hacerlo la propia conciencia. Por esta razón, las normas morales han sido calificadas de imperativas, simplemente, a diferencia de los preceptos jurídicos que son, según dije, imperativo-atributivos. Este carácter de la Moral, permite comprender que su regulación pueda extenderse hasta la conducta aislada del hombre; en efecto, en el caso del solitario habitante de una isla, la moral le prohibiría por ejemplo, suicidarse, matar los ^ Filosofía del Derecho. Barcelona, 1947, pág, 329. ^ Véase p. ej.. "Norma, derecho y niosofía", publicado en La Ley, t. 43 (año 1946), pág. 967, esp., 987.


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animales por simple entretenimiento, etc. (las soluciones variarán en función del sistema moral profesado). En síntesis, como dice acertadamente Del Vecchio, la Moral rige también la conducta humana, pero en su interferencia subjetiva, es decir, que establece cuál es la acción a realizar frente a otras acciones posibles del mismo sujeto. Por eso agrega que, en la Moral, al hacer se opone, no ya el impedir (de otra persona) como en el Derecho, sino el omitir (de la misma persona), interviniendo sólo la conciencia del sujeto actuante y no la voluntad de terceros. La Moral regula entonces la conducta humana, porque impone al sujeto el deber de un comportamiento determinado (p. ej., no robar), omitiendo todo acto contrario y en eso consiste precisamente el deber moral. Cossio '', en correspondencia con la opinión insertada en el párr. 24 infine, afirma que las normas morales son subjetivas en un doble sentido: 1°) por referirse a la interferencia de conductas posibles de un solo sujeto, y 2°) porque la interferencia se localiza en el ámbito de la conciencia personal. 26.— 2) "Heteronomía" del Derecho y "autonomía" de la Moral. a) Las normas jurídicas son heterónomas —según la concepción generalizada— en el sentido de que rigen la conducta humana sin derivar su validez de la voluntad de los sujetos vinculados y sí de una voluntad superior a la de ellos (la del legislador). Por esa razón, poco importa que yo no reconozca por ejemplo, la validez de una norma jurídica determinada, pues la validez, por tener su fuente en una voluntad superior a la mía, subsiste aun en contra de mi opinión. Ahora bien, para evitar una confusión derivada del uso impropio del término heteronomía ^, que se hace al calificar así al derecho, conviene aclarar que, desde el punto de vista técnico-jurídico, heterónoma es toda entidad o persona que recibe de otra la ley a que se somete; en cambio, al calificarse así al derecho, quiere significarse que la validez de esas normas, proviene de la voluntad de un sujeto diferente a los vinculados, que no es lo mismo (v. úl. ap. del párr. 27). 27.—b) Las normas morales, por el contrario, son autónomas en el sentido de que sólo obligan cuando el sujeto las reconoce como válidas, de manera voluntaria —y por lo tanto libre— ya que lo voluntario es libre por definición. Esto significa, en otros términos, que su fuente de validez está en la voluntad libre de quien debe cumplirlas, y, por ello, quien de tal modo les reconoce validez, las cumple también voluntariamente; en cambio, quien por propia voluntad no les reconoce validez, por no concordar por ejemplo con su escala de valores, tampoco las cumple, pero siempre de manera voluntaria. ''

WCT», pág.

985.

° Del griego, heleros, otro, y nomos, ley.


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Veamos otro caso: un precepto moral establece el deber de ser caritativos, pero sólo ajustaremos nuestra conducta a esa norma, en virtud de una libre decisión de nuestra voluntad. Por lo tanto, si yo practico la virtud de la caridad, realizaré actos moralmente valiosos o buenos, en tanto reconozca voluntariamente la validez de la respectiva norma. Según puede apreciarse, la obligatoriedad de la norma moral, surge de nuestra propia conciencia. En el mismo sentido, dice Recaséns Siches ^: "La obligación moral no existe subjetivamente, sino en tanto que la conciencia la reconoce como tal". Ahora bien, correlativamente con lo dicho respecto de la llamada "heteronomía" del derecho, conviene aclarar que también se emplea impropiamente el término autonomía '°, cuando se da tal carácter a la moral. En efecto, en su significado técnico-jurídico, autónoma es toda entidad o persona que se da a sí misma la ley a que se somete; en cambio, cuando se califica así a la moral, no quiere significarse que el sujeto se dicte su propia ley moral, fundándose en su propia escala de valores morales (lo que sí sería verdadera legislación autónoma), sino que la norma moral deriva su validez del sujeto que la

cumple.

28. La Moral no es autónoma sino "validable".— Para que se comprenda lo afirmado en el título, es necesario formular previamente algunas aclaraciones: a) La moral no es autónoma en sentido técnico-jurídico. Aunque ya he formulado algunas referencias al respecto, agregaré otros argumentos para que esto quede bien aclarado. Autónoma, en sentido técnico-jurídico, es toda persona o institución que se da a sí misma las normas a que se somete (v. parr. 27; Cap. 22, párr. 54; etc.). Pues bien, éste no es —reitero— el caso de las normas morales, por que cada persona no se dicta sus propias normas morales, sino que, por el contrario, comienza desde chico a cumplir —generalmente por imposición de los padres— las normas morales vigentes en la familia y, más adelante, las que son cumplidas en grupos sociales más amplios (escuela, amigos, clubes, trabajo, etc.). Es decir que el niño comienza y sigue aplicando más adelante normas morales que han sido creadas por otras personas. Este proceso continúa de igual manera, hasta que producido el natural crecimiento psicofísico —que incluye el desarrollo del espíritu crítico— se llega a tener una conciencia moral (v. párr. 17) de nivel satisfactorio; en efecto, desde ese momento el adolescente comienza a evaluar (en realidad es a validar—v. párrs. 29 y 30—), por sí mismo, las normas morales que le han sido impuestas, aceptando unas y rechazando otras. Esta es la clásica rebelión de los adolescentes, que ya destacaba Sócrates. A raíz de las mencionadas rebeliones, se han producido en las últimas décadas, por ejemplo la "del 60" —del siglo XX— con los hippies, etc., diversos cambios morales, impulsados muchos de ellos por jóvenes y adolescentes, a pesar de la resistencia de otros grupos sociales, que se oponían a dichos cambios. Esto prueba que para cambiar la moral social, es preciso luchar y, como en toda lucha, hay veces que se gana y otras que se pierde.

^ En sus adiciones a la Filosofía del Derecho de Giorgio DEL VECCHIO, T. I, Barcelona, 1935. pág. 494. Del griego, autos, propio, y nomos, ley.


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Con lo dicho queda suficientemente aclarado, que la moral no es autónoma en sentido técnico-jundico. b) Si la Moral no es autónoma, no debe emplearse dicho vocablo para expresar un carácter distinto. Lamentablemente esto sucede muchas veces, no sólo en el ámbito de las costumbres populares, sino también —lo que es inaceptable— en el campo científico y filosófico; en consecuencia, cuando el diccionario no nos provee una palabra que signifique lo que se quiere expresar, hay que crearla, como se hace tantas veces, sobre todo en materia científica y filosófica. En el presente caso, la tarea resulta sencilla, porque el neologismo adecuado es, a mi criterio, el término validable, como veremos a continuación. 29.— c) Qué se quiere expresar cuando se afirma impropiamente que la Moral es autónoma. En síntesis, la respuesta es que cada persona, cuando tenga formada una verdadera conciencia moral, debe proceder —y en la práctica procede así— como paso previo al cumplimiento o incumplimiento de cualquier norma moral, de la siguiente manera: c') •?' la considera válida para él, la cumple: es decir que cuando a criterio de la persona actuante, está pAeníLmenie justificado que él la debe cumplir, porque armoniza con su escala de valores morales por ejemplo, la cumple; en cambio, si por el contrario, c^) no la considera válida para él, no la cumple. 30.— d) Lo más preciso y claro para expresar lo antedicho, es usar el término validable, por significar que la persona actuante tiene la posibilidad de optar entre validar la norma para él y cumplirla, o invalidarla para él y no cumplirla. La ventaja de usar el vocablo indicado, se fundamenta en lo siguiente: 31.— di) Por la analogía que hay entre los respectivos significados de las palabras "vcdidable " y "opinable ". He preferido tomar esta última palabra como referencia, aunque haya otras similares (analizable, etc.), porque opinable quiere decir que sobre ciertos temas, se pueden sostener dos o más opiniones, todas defendibles, aunque a criterio del opinante, una sea mejor que las otras, por los fundamentos más sólidos que dene. En otros términos, la opinión es un concepto que a criterio del opinante, si bien no es verdadero, está más cerca de la verdad que de la falsedad, por lo que siempre hay un pequeño margen de duda sobre lo que se afirma. Y esto es algo similar alo que pasa con la norma moral, pues la persona actuante, como paso previo a cumplirla o no cumplirla, puede evaluar las respectivas normas morales vigentes, con relación a su propia escala de valores y principios morales, hasta decidirse por una de ellas y aceptarla como obligatoria para él, es decir, darle "validez " para él y, como consecuencia, cumplirla. Ahora bien, esta validezpersonal otorgada a una norma, es en el fondo una "validez opinable", pues otra persona, por ejemplo, puede opinar de manera diferente. En síntesis, por la posibilidad de la persona actuante, de optar entre validar o invalidar cualquier norma moral, resulta que la moral es validable. Para concluir este párrafo 31, dejo constancia de que a pesar de la evidente semejanza entre los vocablos opinable y validable, sucede que en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (22" edición, del año 2001), está la voz opinable (como también analizable, etc.), pero no la palabra validable.


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32.— d2) Análisis de la palabra validable: para facilitar aún más la comprensión del tema, conviene recordar que hay un conjunto de vocablos conexos, que constituyen una familia de palabras, entre las cuales recordaré las siguientes: válido, validez, validar (e invalidar), validación, etc., todas ellas incorporadas al Diccionario mencionado. Recordando ahora algunos significados, conviene dejar expresa constancia de que así como valioso es lo que tiene valor, válido es lo que tiene validez, validaras dar validez, invalidar es negar validez, y validación es la acción de validar. Volviendo a lo que nos interesa particularmente, que es la palabra validez, conviene recordar que es la calidad de válido, por ejemplo, un documento válido, que es el que tiene todos los requisitos legales y por eso tiene validez. Por su parte, dentro del ámbito moral, calificar de válida a una norma moral, significa que quien la acepta, lo hace porque la reconoce voluntariamente como justificada y, por lo tanto, obligatoria para él, sea cual fuere el fundamento de esa convicción (religioso, tradición familiar o social, etc.). Esto coincide con el sentido que tiene la palabra validez en el campo filosófico, pues allí significa que estáy'«5tificada por sus fundamentos la existencia de algo y/o de la concepción filosófica respectiva. En resumen, si la norma moral, antes de ser cumplida o incumplida, puede ser validada o invalidada, es precisamente por ser validable, de manera análoga a los temas opinables, que son tales por ser susceptibles de aceptación o rechazo. Con lo dicho creo que resulta jusfificada la necesidad de incorporar el neologismo validable al vocabulario ético. 33. La libertad moral.— Para facilitar la comprensión del respectivo concepto, resultará útil formular algunas nociones preliminares. 1) Aclaraciones previas: a) No se debe confundir libertad moral con libertad espiritual, porque son realidades diferentes, aunque estén vinculadas entre sí. En lo que se refiere a la libertad espiritual, sólo recordaré que ha sido explicada con anterioridad (v. Cap. 1, párrs. 48 a 55). b) La libertad moral, a semejanza de lo que sucede por ejemplo con ¡a libertadywrídica (Cap. 6, párrs. 91 y sigs.), es la libertad que se ejerce dentro del ámbito moral y, por lo tanto, dentro de una doctrina moral determinada. c) La libertad moral, cuando existe, porque es muy limitada —v. inc. d— implica \?í posibilidad de optar entre dos o más conductas y, por lo tanto, el ejercicio de un verdadero derecho, de carácter obviamente moral. d) La libertad moral sólo existe cuando se deben cumplir deberes morales positivos y generales (p. ej., "debes ayudar al prójimo"), ya que ellos constituyen distintas modalidades del bien, cuya realización es objeto primordial de la moral (párr. 16); en cambio, no sucede lo mismo con los deberes morales negativos (p. ej., "no debes robar", etc.), porque en este último caso, de momento que la respectiva norma prescribe una limitación absoluta, no cabe posibilidad alguna de interpretar que en ciertos casos sea bueno robar, salvo —claro está— que la excepción estuviera prevista en la respectiva norma moral. 2) Concepto. Es la posibilidad de optar entre dos o más conductas, siempre que todas ellas encuadren dentro de lo que prescriba una norma moral que establezca un deber moral positivo y general. Así por ejemplo, supongamos que un gran nadador con instrucción de guardavidas, esté veraneando en una playa y caminando por ella, siente los gritos de au-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRE Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN xilio de dos personas en trance de ahogarse. Observa el problema que se le plantea y por estar solo en ese momento, no haber algún salvavidas a mano, etc., calcula que sólo podrá salvar a uno —el que está más cerca— pues el otro, para peor, es arrastrado mar adentro por la corriente. De inmediato se tira al agua, nada hacia el más cercano y logra salvarlo. Luego vuelve al agua, nada un trecho apreciable, pero el intento resultó inútil por lo ya explicado. No obstante este último fracaso, la conducta del nadador fue moralmente inobjetable, aunque habiendo querido salvar a los dos, sólo pudo hacerlo con uno. 3) Libertad moral y libertad espiritual. A fin de aclarar aún más lo ya explicado al respecto, cabe agregar lo siguiente: a) Que no hay libertad moral para obrar mal: Esto surge claramente de lo dicho en el inciso 1, subinciso d) y, en general, de que los deberes morales negativos, son esencialmente diversas manifestaciones del mal, cuya realización debe ser evitada, por ser esto uno de los aspectos esenciales de la moral (v. párr. 16). b) Que si no hay libertad moral para obrar mal, sí hay libertad espiritual para hacerlo. Esto se explica porque el ser humano, más allá de las limitaciones voluntarias que le prescribe la moral y de las limitaciones obligatorias que le fija el derecho, conserva siempre, tal como surge de la experiencia, la libertad espiritual para obrar bien o mal en el ámbito moral, o de manera lícita o ilícita en el campo jurídico. 15 8

34. El Derecho no es validable.— En efecto, al contrario de la Moral, el Derecho no requiere validación alguna antes de ser cumplido, porque sea cual fuere nuestra opinión con respecto a la norma jurídica que estemos evaluando, igualmente la debemos cumplir. Por supuesto que al margen de lo explicado, el derecho es susceptible de evaluación con respecto a su justicia o injusticia, etc., pero aunque tal o cual norma nos parezca injusta, o que promueva el desorden o la inseguridad, etc., la debemos cumplir igual 35.— 3) Coercibilidad del Derecho e incoercibilidad de la Moral. Tanto el Derecho como la Moral pueden ser violados y ambos tienen sanción pero, según veremos a continuación, son de diferente carácter. a) La norma jurídica es coercible. La coercibilidad, sanción propia del derecho, es la posibilidad de hacer cumplir el derecho mediante la fuerza, en caso de inobservancia. Con frecuencia se emplean las palabras coercibilidad y coacción como si fueran sinónimos, pero, como lo ha señalado acertadamente Del Vecchio, son conceptos distintos; en efecto: - la coacción, en general, sin distinguir entre física y psíquica, es la acción que se ejerce sobre una o varias personas, para constreñirlas a obrar de una manera determinada. Como es evidente, la coacción sólo aparece cuando no se cumple voluntariamente el derecho. En cambio, - la coercibilidad, es la posibilidad jurídica de la coacción, es decir, la coacción virtual, en potencia y no en acto; es una sanción latente o posible que se actualizará en caso de violación del respectivo deber jurídico.


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La diferencia de los vocablos no es una simple cuestión terminológica sino que es el trasunto de conceptos distintos; en efecto, puede ocurrir que un derecho violado no haya sido reparado por la coacción, pero ello no afecta la posibilidad jurídica de la coacción misma. En fin, como ha aclarado Recaséns Siches, puede decirse que el Derecho es necesariamente coercible, pero eventualmente coactivo. Como es obvio, la mayor parte de las normas jurídicas se cumplen voluntariamente, sin necesidad de coacción y, en mayor medida, cuanto más elevada es la cultura de los pueblos. La coercibilidad, es una consecuencia lógica del carácter "hetéronomo" del Derecho, puesto que no dependiendo su validez —como en la Moral— de la voluntad del sujeto, es necesario que se aplique por la fuerza en caso de inobservancia, para que adquiera vigencia. 36.— b) La norma moral, en cambio, es incoercible, vale decir que su cumplimiento no puede ser impuesto por la fuerza. Para que un acto sea moral de verdad, debe ser hecho voluntariamente y, por ejemplo, nadie puede obligar a una persona a ser caritativa, y es por eso que un mendigo no tiene derecho (en el sentido técnico-jurídico del vocablo derecho subjetivo), a exigir que se le dé una limosna, pues sólo puede pedirla, sin perjuicio de aclarar que la conducta del mendigo es, si necesita dinero, moralmente buena, porque pide pero no roba. En síntesis, por su carácter incoercible (o voluntario), la moral en general no establece derechos, sino que a la inversa sólo prescribe deberes que, por el carácter antedicho, deben cumplirse voluntariamente (v. párr. 33, incs. c y d). Esto no quiere decir que la conducta inmoral carezca de sanción; en efecto, también la tiene y está constituida ya por el remordimiento que provoca una mala acción, o por el repudio social hacia el infractor del deber moral, o por ambas, según los casos. II. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA DISTINCIÓN 37.— Según ha podido apreciarse, diferenciar con claridad el Derecho de la Moral es un logro relativamente reciente; no obstante ello, se registran en la historia muchos intentos de distinciones conceptuales más o menos felices, que citaré de manera sintética. 38.— 1) Los griegos los confundían: la ley —ethos— los abarcaba conjuntamente y no hubo en Grecia un vocablo para designar al Derecho, como t\jus latino. Ello se explica porque en Grecia el Estado tenía intervención hasta en la vida privada de las personas y nadie veía en ello un mal, pues no había nacido todavía la noción de los derechos fundamentales del hombre. 39.— 2) Los romanos, tampoco distinguieron ambos conceptos. Una prueba de ello la tenemos en Ulpiano que, citando a Celso, definió el Derecho como el arte de lo bueno y


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de lo equitativo (jus est ars boni et aequi); la primera parte de la definición, se refiere claramente a la Moral, mientras que la segunda parte alude al Derecho. En la misma confusión incurre al formular los tres preceptos del Derecho: honeste vivere (vivir honestamente); alterum non laedere (no hacer mal al prójimo) y suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo), pues, por ejemplo, el primero de ellos, es evidentemente un precepto moral. Paulo, al decir que "no todo lo lícito es honesto" (non omne quod licet honestum est), muestra un atisbo de distinción, pero, respondiendo al espíritu eminentemente práctico de los jurisconsultos romanos, no aporta ningún criterio discriminatorio, significando sólo que no todo lo que el derecho permite, es moralmente bueno. 40.— 3) El cristianismo trató de imponer un freno al absolutismo del Estado y así lo refleja el famoso principio del Evangelio, "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". La Moral debía quedar entonces reservada a Dios y, lo jurídico al Estado. 41.— 4) Durante la Edad Media, con el predominio espiritual y político de la Iglesia Católica, y por ende del derecho canónico, no es de extrañar que permanecieran íntimamente confundidos en el seno de este último. 42.— 5) En \a. Edad Moderna surgieron los primeros intentosfilosóficosde distinción. El monje Cristian Tomasio (Fundamenta Juris Naturae et Gentium, de 1705), fue el primero que esbozó al respecto una teoría importante, según la cual. - La Moral se refiere a\ fuero interno, es decir, al campo de la conciencia y siendo su fin el perfeccionamiento íntimo del individuo, le asignaba esta máxima de conducta: "hazte a ti mismo aquello que querrías que los demás se hicieran a sí mismos". El principio orientador de la Moral, dice Tomasio, es lo honesto. -El Derecho, por el contrario, se refiere exclusivamente al/aero externo y siendo una norma de convivencia que procura armonizar la libertad de todos, limitando la de cada uno, le asignaba lógicamente una máxima negativa: "no hagas a los demás aquello que no querrías que te fuese hecho a ti". El principio del Derecho, es lo justo. 43.— La de Tomasio —ya lo dije— fue la primera distinción conceptual entre el Derecho y la Moral. Si bien resultó fecunda, por cuanto abrió una picada que habrían de seguir filósofos posteriores, hasta llegar a la delimitación precisa de ambas esferas del obrar humano, no es exacta. En efecto, el Derecho, no se desentiende de las intenciones, es decir, del fuero interno, sino que lo considera en muchísimos casos, como medio indispensable para comprender el sentido auténtico de la conducta. Un ejemplo lo encontramos en materia penal, donde la intención del delincuente es tenida muy en cuenta para la graduación y aphcación de la pena (véase p. ej., el art. 34 del Código Penal). La Moral, por su parte, si bien considera principalmente el aspecto interno de la conducta, para saber cuál fue la intención de la persona actuante, no descuida las acciones, como bien lo evidencia el refrán popular que dice; "el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones"; con esto quiere significarse que la Moral exige también obras concretas de bondad. No obstante lo dicho, hay algo de cierto en este atisbo genial de Tomasio y prueba de ello es que, si bien modificado, se ha mantenido hasta nuestros días: en efecto, según dice


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico Y MORAL: DIFERENCIAS 161 - Cap. 4 PROHIBIDA DERECHO LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Legaz y Lacambra 'i, el Derecho se refiere principalmente —y no sólo— a la exterioridad de los actos; la Moral, en cambio, enfoca principalmente la interioridad de los mismos. 44.— 6) Kant (1724-1804) reproduce el criterio de Tomasio de que la Moral se refiere al fuero interno y, el Derecho, al aspecto extemo del obrar humano. Establece estas máximas: para... - la Moral, "obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como principio de legislación universal"; para... - el Derecho, esta otra: "procede exteriormente de tal modo que el libre uso de tu arbitrio pueda coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad". Pero Kant agrega un elemento más, de indudable exactitud: la coercibilidad—aunque dijera coacción— como carácter típico de la regulación jurídica. 45.— 7) Fichte (1762-1814), exagerando la distinción kantiana, llegó a oponer el Derecho a la Moral. Según he aclarado en el párr. 13, se trata de una concepción errónea. 46.— En las teorías de Tomasio, Kant y Fichte, hay un innegable trasfondo político, pues nacieron precisamente para defender la dignidad y la libertad del hombre, tratando de poner un freno al Estado absolutista de los siglos XVII y XVIII, que creía justificado el gobernar hasta en la conciencia misma de los hombres (intolerancia religiosa, etc.). Prueba de ello es que como consecuencia de estas teorías, el Estado sólo debía legislar para el fuero extemo —campo del Derecho— quedando un lugar, el fuero interno (concretamente la libertad de creencias y de pensamiento), "adonde no llegaran la tiranía del monarca ni la del teólogo inquisidor" 12. 47.— 8) Posteriormente se han formulado otras teorías, entre las cuales cabe citar por lo difundida, la de Jellinek (1851-1911) que, desde el punto de vista meramente cuantitativo, sostiene que el Derecho es un mínimo de Etica. Entre nosotros, Bunge sostuvo la misma opinión y de allí el gran predicamento que adquirió en nuestro país. Dice este autor: "Los hombres que ajustan su conducta y sus ideas a la Moral, la ajustan con mayor razón al Derecho, pues quien hace lo más hace lo menos. En cambio, hay hombres que infringen a cada paso los preceptos morales y que, sin embargo, respetan y acatan los jurídicos. No faltan bribones hábiles, que quedan siempre al margen de los códigos, es decir, que no se hacen acreedores a las sanciones legales. La aplicación del Derecho comprende, pues, un campo mucho más reducido que el de la Morcd" '-^. Esta opinión, como criterio discriminatorio, debe ser rechazada por inexacta, pues según he manifestado, tanto el Derecho como la Moral pueden considerar las mismas acciones, aunque desde distintos puntos de vista, siendo la diferencia conceptual de carácter cualitativo, como ya lo expliqué. Sin entrar en mayores consideraciones, agregaré que la expresión —expresión más que teoría— es insuficiente, porque deja sin explicar, por ejemplo, los ca''

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, págs. 253 y 254. ORGAZ, Arturo, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba (R. A.), 1945, pág. 36. '•' BUNGE, Carlos Octavio, El Derecho. Ensayo de una Teoría Integral, Madrid, 1927, pág. 319.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRE PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN sos en que el Derecho y la Moral se oponen. Sólo puede aplicarse —y aquí está su parte de verdad— cuando el Derecho, coincidiendo con la Moral, declara obligatorios ciertos preceptos morales, es decir, cuando los juridiza. Por ejemplo, el falso testimonio, la trata de blancas, etc., penados por nuestro Derecho y repudiados por la Moral. 162

48.— 9) Por último, cabría puntualizar las opiniones de Stammler, Kelsen, Radbruch, etc., y, sobre todo, la del eminente Del Vecchio, a quienes debe la filosofía del derecho, la conquista que significa el deslinde conceptual que ya resumían el estudio sistemático de este punto. Allí remito al lector. Agregaré que Stammler define el Derecho como "un querer vinculatorio, autárquico e inviolable", definición típicamente logicista, en la que el carácter vinculatorio. sirve para distinguirlo lie la Moral. 49. Relaciones entre el Derecho y la Moral.— Diferenciados ambos objetos culturales, conêsponde destacar ahora la íntima trabazón existente entre ellos. Para mayor claridad, encararé dichas relaciones en dos aspectos: 1) RELACIÓN DE AMBOS SLSTEMAS NORMATIVOS ENTRE SÍ. En lo que se re-

fiere a las relaciones recíprocas entre el Derecho y la Moral (problema que implica el de las relaciones entre los valores jurídicos y morales), hay diversas opiniones. Veamos las principales: a) Subordinación del Derecho a la Moral: se sostiene la supremacía jerárquica de los valores morales sobre los jurídicos, por lo que el derecho, para ser "legítimo", ha de armonizar con los valores morales imperantes. Es por ello que en esta orientación —sostenida principalmente por tomistas y neotomistas— se habla de fin o fines éticos del derecho, o bien se dice en otros términos, que el derecho halla su fundamento ético en la moral. b) Independencia del Derecho y la Moral: se sostiene que cada sistema normativo tiene sus valores propios y que el derecho, por lo tanto, no es el medio adecuado para que por su cumplimiento, se realicen o perfeccionen los valores morales. En consecuencia, el derecho, es el medio propio para mejorar los valores que le son inmanentes (orden, paz, justicia, etc.) y, por supuesto, el sistema ético, es el instrumento apropiado para el afianzamiento de los valores morales (bondad, castidad, etc.). Ahora bien, ambas concepciones o valoraciones —la moral y la jurídica— pueden coincidir o discrepar, según los distintos momentos históricos. c) Teoría de la interdependencia o de las influencias recíprocas: esta corriente sostiene que existen recíprocas influencias entre el Derecho y la Moral, sin que pueda hablarse con propiedad, de supremacía de uno sobre otro. Esto es exacto, en tanto se enfoquen ambos objetos culturales tal como se dan en la realidad (punto de vista propio de la Sociología Moral en nuestro caso), y no tal como querríamos que sucediesen. Y es que en este problema —como en


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para Yuso Didáctico y Científico163 - Cap. 4 DERECHO MORAL: RELACIONES PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

tantos otros— ocurre que una determinada ideología, perturba el enfoque neutral del objeto de estudio, confundiéndose distintos planos y puntos de vista, con los errores consiguientes. Pues bien, en este orden de ideas, se afirma que si bien el derecho no puede crear por sí solo valores morales, puede sí crear condiciones sociales favorables, tanto para la degradación moral (p. ej., la licitud del juego y de la prostitución), como para el perfeccionamiento espiritual del ser humano (p. ej., la prohibición de lo anterior). En este último sentido y con ese alcance limitado, cabría hablar de fines éticos del derecho. Por tal motivo, conviene recordar que para disminuir o erradicar la corrupción de ciertos sectores sociales, por ejemplo, no basta con educar moralmente a los involucrados, sino que adernás, resultará conveniente que la regulación jurídica del sector en cuestión, dificulte al máximo posible, la comisión de actos inmorales. Por su parte, la moral, puede contribuir no sólo al mejor cumplimiento del derecho (es más fácil el reinado de la justicia, en una sociedad de hombres virtuosos, que en otra donde no lo sean), sino que también puede coadyuvar a su desconocimiento, cuando el régimen jurídico contradice los más elementales valores éticos que imperan a la sazón. 2) VINCULACIÓN DEL DERECHO Y LA MORAL, CON RELACIÓN A LA CONDUCTA HUMANA. Enfocados el Derecho y la Moral con relación a la conducta

humana, salta a la vista la estrecha relación existente entre ambos, al tener en cuenta que los dos rigen simultáneamente, aunque desde distintos puntos de vi.sta, una actividad humana que es única, puesto que cualquier acción, estará regida al mismo tiempo, por el Derecho y por la Moral. De! Vecchio. en un trabajo titulado "El homo jundicus y la insuficiencia del Derecho como regla de vida''-". dice que ""el derecho es necesario pero insuficiente por sí para nonnar el obrar humano" y como no siempre lo lícito, es decir, lo que el derecho pemiite, es moralmente valioso, agrega que "'en la esfera de libertad dejada por el derecho a cada sujeto, es necesaria la intervención de la moral para aquella ulterior determinación, sin la cual, la acción quedaría sin una directriz apropiada o sin un seguro punto de orientación". En otra obra ' \ dice el ilustre filósofo en el mismo sentido: '"El derecho deja una cierta zona libre: admite por su naturaleza diversas posibilidades; consiente muchas acciones, de las cuales sólo una estará conforme con el deber moral". Por illtimo. agrega '*: "Qué uso haya de hacerel hombre de la libertad que le otorga el derecho, el derecho mismo no lo dice... Sólo la moral, tomando en cuenta todos los fines de la vida y subordinando los inferiores a los más altos, domina la existencia de la persona en su integridad, y ayuda a resolver los siempre nuevos problemas que surgen en la vida". En otros términos, la moral auía al ser humano hacia la realización del bien. '"* DEL VECCHIO, G.. Deredioy Vida (Nuevos Ensayos de Filosofía Jurídica). Barceloriíi, 1942. pdg. 9,"!. '-'' 0& rí7. en nota 5, pág. 328. '^ Ob. cií. en nota 14, pág. 93.


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ABELARDO TORRE ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN SECCIÓN TERCERA

u s o s SOCIALES 50. Concepto.^— Además del Derecho y la Moral, la conducta social humana está regida por otro sistema normativo que tiende en general, a hacer la convivencia más agradable y de un nivel educativo superior: son las reglas de cortesía, de la etiqueta, la moda, etc., que constituyen lo que genéricamente se llaman usos o convencionalismos sociales. Estas normas, como es sabido, evolucionan a través del tiempo y si bien hay algunas de aplicación general (la que prescribe felicitaciones en fechas íntimas de familiares, etc.), otras se limitan a determinados círculos sociales (p. ej., las que se refieren al ceremonial diplomático). 51. Denominaciones.— Se los llama de muy diversas maneras: usos sociales (Ihering); normas del trato social (Recaséns Siches); reglas del trato externo (Hartmann); normas convencionales (Stammler); convencionalismos sociales; costumbres sociales; preceptos de decoro, reglas de cortesía, etc. Los usos sociales, como ya lo sabe el lector, son incoercibles, y no deben ser confundidos con la costumbre jurídica o derecho consuetudinario (v. índ. alfab.) que, por ser derecho, es en consecuencia coercible. 52. Naturaleza.— Como ya indiqué (párr. 12), hay una divergencia a este respecto, dividiéndose las opiniones en dos sectores: 1) Doctrina según la cual toda la normatividad ética, sólo puede dividirse en Derecho y Moral (Del Vecchio, Radbruch, Cossio, etc.). En este orden de ideas, las normas del trato social son consideradas como normas jurídicas o morales, según que faculten o no para exigir el cumplimiento de los obligaciones que prescriben. Radbruch, por ejemplo, dice que es imposible delimitar la esfera de los Usos Sociales, pues su relación con el Derecho y la Moral es de carácter histórico y no sistemático. Los usos serían pues una etapa embrionaria de las normas jurídicas, o bien una degeneración de las mismas. 53.— 2) Doctrinas que los distinguen (Recaséns Siches, Stammler, Martínez Paz, etc.). Es ésta la posición más aceptada en la actualidad, pero antes de exponerla sistemáticamente, conviene hacer algunas aclaraciones. En primer término, la intuición popular nos da una pauta del carácter propio de este tipo de normas. Veámoslo a través de un ejemplo: si en un vehículo de transporte colectivo, no habiendo asiento desocupado, un hombre no cede el


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suyo a una anciana, dirán que es un descortés, pero nadie calificará su acción de inmoral. Y dicho sea de paso, el caballero que cede su asiento, cumpliendo así con el uso social, realiza un acto de buena educación que, al mismo tiempo, puede ser moralmente desvalioso, si el gesto ha sido acompañado de una maldición interior. Es pues evidente que las normas del Trato Social tienen semejanzas con el Derecho y con la Moral, pero también es obvio que no se confunden con ellos. La diferencia no debe buscarse en el contenido de ambos preceptos, dado que hay usos que pasan a ser derecho, como ha ocurrido, por ejemplo, todas las veces que se ha legislado sobre el vestir. Por otra parte, hay casos, en que una misma conducta, es ambas cosas en distintas esferas sociales (p. ej., el saludo que, en la vida civil es un acto de cortesía, pero en el orden militar, es un deber jurídico cuya transgresión está sancionada por el derecho militar). Para distinguir los Usos Sociales del Derecho, dice Recaséns Siches que no son coercibles. La afirmación es evidentemente acertada, pero insuficiente, porque además de otras diferencias, ya sabemos que lo mismo pasa con la Moral, que tampoco es coercible y no hay duda que, como el Derecho, es asimismo diferente de los Usos Sociales. Además, conviene advertir que las normas del Trato Social, igual que el Derecho y la Moral, tienen sanción que, en algunos casos, puede llegar a extremos tan severos como la expulsión del transgresor del círculo social en que actúa, pero a diferencia del derecho, la sanción nunca puede llegar a la imposición coactiva de la conducta debida según la respectiva norma de trato social, por ser éstas incoercibles. Con estas aclaraciones, voy a sintetizar la doctrina más aceptada para diferenciar estos sistemas normativos. 54. Distinción entre Usos Sociales, Derecho y Moral.— Estas tres categorías de normas, pueden ser distinguidas sobre la base de los caracteres diferenciales establecidos para el Derecho y la Moral. Refiriéndolos a los Usos Sociales, puede asignárseles los siguientes: 1) 5o/; unilaterales '^, igual que la Moral y a diferencia del Derecho, porque rigen la conducta en relación con las otras conductas posibles del sujeto (interferencia subjetiva), no interesando para nada la conducta del otro sujeto de la relación social que, por otra parte, no tiene derecho alguno a exigir tal o cual comportamiento. Como es obvio, estas normas rigen la conducta social del hombre, por lo que no hay posibilidad de valorar la conducta de un hombre aislado —un Robinsón p. ej.— desde el punto de vista de los usos sociales. En este sentido ha '•^ V.párr. 55.


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dicho Recaséns Siches que, cuando un hombre cierra la puerta de su alcoba, permaneciendo solo en ella, los convencionalismos quedan afuera. 2) Son heterónomos, igual que el Derecho y a diferencia de la Moral, porque deben cumplirse independientemente de la opinión que merezcan. El luto por ejemplo, cuando es costumbre en determinado medio social, debe llevarse lo mismo, aunque al sujeto le parezca innecesario. 3) Son incoercibles "*, igual que la Moral y a diferencia del Derecho, pues nadie puede obligarnos, por ejemplo, a ser corteses. Claro que el legislador puede juridizar los usos sociales —y prueba de ello es que el límite entre ambos ha oscilado continuamente a través del tiempo— pero entonces pasan a .ser Derecho y dejan de ser simples Usos Sociales. 55. Conclusión.— Agrupando en un cuadro las notas diferenciales entre las tres clases de normas, tenemos lo siguiente: DERECHO l.-Intersubjetivo 2.- Heterónomo 3.-Coercible

MORAL I.- Subjetiva 2.-"Autónoma" 3.- Incoercible

USOS SOCIALES 1.- Subjetivos 2.- Heterónomos 3.- Incoercibles

SECCIÓN CUARTA

NORMAS RELIGIOSAS 56. Concepto.— En sentido estricto, son las que rigen la organización y funcionamiento de cualquier asociación religiosa, inclusive las relaciones con los fieles. A su vez, en sentido amplio, serían todas aquellas normas que se refieren a la religión. 57. Denominación.— Conviene tener presente que al hablar de normas religiosas, se usa una expresión perfectamente correcta, como cuando se habla de normas municipales, familiares, etc., y que esa calificación de "religiosas", se debe al objeto cultural a que se refieren (es decir, a la religión). 58. Naturaleza.— El problema consiste en saber si las normas religiosas constituyen un sistema normativo distinto del derecho y la moral, o si no son GARCÍA MA YNEZ, E., Filosajíu det üerecho. Ponda, .México, i 996. sostiene coiura la mayoría de los autores, que las normas del trato social son coercibles (v. ob. cir, págs. 106; 112, párr. 6; etc.).


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más que un sector de normas jurídicas o morales, según el caso. Al respecto, la doctrina se halla dividida en dos tendencias: 1) Tendencia segiln la cual las normas religiosas constituyen un sistema normativo distinto del derecho y la moral, que es, jerárquicamente, superior a ellos. Los autores tomistas y neotomistas son los principales defensores de esta posición. 2) Tendencia que sostiene que toda norma religiosa es o bien una norma moral o bien una norma jurídica (Del Vecchio, Cossio, etc.). Comencemos el análisis de esta tendencia, recurriendo a la siguiente coinparación: el hecho de hablaren el terreno jurídico de normas municipales, familiares, etc., no significa que las primeras dejen de ser normas políticas, constitucionales, administrativas, etc.. según los casos, ni que las normas familiares dejen de ser civiles. Y esto se explica considerando que mientras el primer calificativo—p. ej., municipales—obedece a \d institución respectiva, el segundo —constitucionales, p. ej.— atiende a la naturaleza peculiar de las conductas regidas. Del mismo modo, el hecho de hablarde normas religiosas, no implicaque constituyan una categoría aparte de las normas jurídicas y morales, puesto que en realidad, las normas religiosas que sean propiamente normas, en el sentido que la moderna filosofía asigna a esta expresión (ver párrs. 4 y 5), o son normas jurídicas o son normas morales, según que rijan la conducta en forma intersubjetiva o subjetiva, respectivamente. En síntesis, toda norma religiosa (aquí el calificativo obedece al objeto cultural religión), es al mismo tiempo una norma jurídica o moral (aquí el adjetivo se debe al modo de regir la conducta): todo depende pues, del punto de vista desde el cual se califique el obrar humano. Dice en este .sentido Del Vecchio ": "las normas religiosas, en cuanto regulan los actos humanos, necesariamente se ponen bajo la forma de la moral o del derecho, según que generen en el sujeto obligaciones para consigo mismo o bien obligaciones del sujeto en relación con otros sujetos, provistas estas últimas de su correspondiente exigibilidad. No se tiene pues, propiamente, una nueva especie de normas, sino un fundamento sui generis, puramente metafísico y trascendente, de un sistema regulador de la conducta que siempre se compondrá, de todos modos, de una moral y de un derecho relacionados entre sí de alguna manera. Se trata de una nueva y más alta sanción, que los creyentes atribuyen a sus mismos deberes morales y jurídicos, una sanción que se refiere al reino de ultratumba y que está representada en la tierra por los sacerdotes de la Iglesia a que se pertenece. Pero tampoco una autoridad eclesiástica puede regular la conducta de sus fieles sino adoptando la forma del deber subjetivo o bien la de la obligatoriedad intersubjetiva. que es tanto como decir la forma de la moral o del derecho"'. Y agrega más adelante: "en cualquier caso, bajo el aspecto lógico no se ve porqué a las determinaciones del obrar, fundadas .sobre un presupuesto teológico, es decir, de carácter religioso, debería dárseles una calificación diversa de aquella que les

Oh. cil. en ñola 14. pág. 84.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN compete cuando tienen otro fundamento cualquiera. Sea cual fuere el contenido del principio ético, éste no puede —repetimos— valer como directriz del obrar, sino es en las formas de la moral y del derecho". Veamos a continuación algunos ejemplos: las normas querigenla celebración del matrimonio rehgioso, bautismo, etc., son verdaderas normas jurídicas, que la Iglesia, a semejanza de cualquier entidad civil, aplica dentro de la órbita que le permite un derecho positivo determinado, en consideración a susfinespropios. Y son normas jurídicas porque tienen todos los caracteres de tal clase de normas, inclusive la coercibilidad y así por ejemplo, el creyente que no quisiera respetar o cumplir tales normas, es evidente que podría ser expulsado de un templo por la fuerza pública, si bien rara vez se echa mano de tal recurso, por la tolerancia y pacifismo habitual de los sacerdotes. Además, no olvidemos que toda religión impone a sus adeptos ciertas pautas morales, y así por ejemplo, la moral cristiana es un reflejo de la religión cristiana. 168

Por supuesto que además de la moral religiosa (en concreto diversas concepciones morales con fundamento religioso), hay una moral laica (más concretamente diversas concepciones morales laicas). 59.— Por su parte, si se trata de otras normas que forman parte de los "mandamientos" básicos de toda religión (p. ej., no robar, no matar, etc.), es evidente que se trata de normas morales y no jurídicas. 60.— Finalmente, los dogmas, que también integran toda religión (p. ej., el de la existencia de Dios, el de la inmortalidad del alma, etc.), por dirigirse únicamente a las creencias del ser humano y no a su conducta, es evidente que no son normas, aunque puedan tener derivaciones en la conducta del sujeto cuando se exteriorizan, en cuyo caso dicha conducta caerá bajo la regulación jurídica o moral, según el enfoque. Así por ejemplo, si tales derivaciones inciden sobre el culto, las normas respectivas serán jurídicas; en cambio, si sólo repercuten sobre el aspecto subjetivo de la conducta, estableciendo la preferencia por ciertos comportamientos y no por otros, las normas respectivas serán de carácter moral. Precisamente como en esencia la religión se refiere a la creencia en un Dios, puede suceder —y de hecho sucede— que distintas religiones puedan compartir algunas normas morales.



CAPÍTULO 5

LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA Y LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES

SECCIÓN PRIMERA

INTRODUCCIÓN 1. Generalidades.— Aclarado ya en forma elemental el problema ontológico, corresponde tratar ahora la segunda parte de la Filosofía del Derecho: me refiero a la denominada Lógica Jurídica. La importancia de la Lógica es muy grande para la ciencia en general y la pauta la tenemos en que es considerada acertadamente como la teoría de la ciencia, es decir, como la disciplina básica que nos enseña la manera correcta de pensar y razonar, para no perdernos en el camino que conduce a la verdad. Lo mismo pasa con la Lógica aplicada o especial, que es la referida a cada ciencia o grupos de ciencias afines, pues nos enseñará la manera correcta de razonar en el ámbito de las distintas disciplinas, en función de las peculiaridades de los objetos por ellas estudiados (p. ej., la Lógica de la Matemática, de las Ciencias Naturales, etc.). Por eso la Lógica Jurídica nos indicará la manera correcta de pensar y razonar en el ámbito de las ciencias dogmático-jurídicas, es decir, tíos mostrará la estructura lógica del ordenamiento jurídico y la manera con que el jurista debe pensar su objeto, en su menester científico. Ahora bien, como los temas lógico-jurídicos son numerosos, no es posible —ni corresponde por otra parte— tratarlos integralmente en este libro; es por ello que me limitaré a mostrar el vasto y rico horizonte que presenta el enfoque lógico del derecho, explicando también los aspectos principales del mismo. Como es evidente, la profundización de estos temas corresponde a la Filosofía del Derecho.


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRE Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN SECCIÓN SEGUNDA

TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA (PARTE GENERAL)

2. La norma jurídica tiene la estructura de un juicio.— Tai afirmación, que presupone el enfoque lógico de la norma jurídica, es exacta y veamos porqué. Según enseña la Lógica, el juicio es una relación de conceptos, hecha de cierta manera, que consta de tres elementos: sujeto, cópula y predicado. Pues bien, para aplicar esta noción al campo del derecho, tomemos como ejemplo una normajurídica. que podríamos enunciar así: "el automovilista que sobrepasa los 80 km por hora, debe pagar tal multa", o en otros términos, "dado tal exceso de velocidad, debe ser el pago de tal multa por el infractor". En esta norma, encontramos también esos tres elementos del juicio que, en e! terreno jurídico, se suelen llamar de la siguiente manera: a) un supuesto o hipótesis o condición, es decir, un concepto que hace referencia a un hecho determinado (en nuestro caso, al exceso de velocidad). Como es obvio, el elemento del juicio es el concepto denominado supuesto y no el exceso de velocidad, que es un hechofísico; b) una disposición o consecuencia]\xY\á\c'á. es decir, otro concepto que hace referencia a ciertos hechos de conducta —el pago de una multa, en el ejemplo dado— que, como es evidente, sólo deberá tener lugar en el caso de haberse realizado el supuesto normativo; y c) la cópula, es decir, el concepto que relaciona —ya veremos en el párrafo siguiente de qué manera— la consecuencia jurídica al supuesto normati\o. Como se aclara más adelante, esta concepción de la normajurídica como un juicio hipotético es insuficiente, pues la normajurídica completa tiene la estructura lógica de un juicio disyuntivo (v. párrs. 8 y 9). Queda así aclarado que la normajurídica. desde el punto de vista lógico, tiene la estructura de un juicio, sin que ello signifique —según la opinión predominante— que la normajurídica sea en sí un juicio y, como tal, un objeto ideal; en efecto, la realidad es que cada norma puede ser reducida a un juicio, que es la representación de su estructura lógica ' y que ha sido llamado regla de derecho o proposicicm normativa. Pero el derecho y las normas jurídicas, por lo tanto, son un objeto cultural, según he aclarado en el Capítulo I.

PERRIAUX. Jaime. Las Reglas de Conducía. Buenos Aires. 1949. esp. pág. 8. Este trabajo ha sido publicado también en la Revista Jurídica de Córdol>a. año 2. nro. 7.


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3. Juicios del ser (o enunciativos o entitativos) y juicios del deber ser (o imputativos o atributivos o normativos).— De acuerdo con las líltimas investigaciones lógicas, los juicios pueden ser clasificados, según la cópula, en juicios del ser y Juicios del deber ser. I) Juicios del ser. Son aquellos que expresan algo que es, ha sido, o será de cierta manera. Por ejemplo: esta lapicera es linda, el calor dilata los cuerpos, etc. Esta particular estructura lógica se debe a que la cópula de los respectivos juicios, además de establecer una relación —como toda cópula— tiene otra función peculiar: la de enunciar algo -, es decir, la de aseverar algo. Por esta razón, se los llama también juicios enunciativos, y se los representa esquemáticamente de la siguiente manera: "S es P" (o fue o será), o bien, "dado S es P". Esta conceptuación de los hechos en tanto ser—como se dice en lenguaje filosófico— es propia por ejemplo, de las leyes naturales (v. índ. alfab.). Si yo digo que "el calor dilata los cuerpos", he mencionado una ley física que contiene una enunciación, pues nos dice que dado el hecho del calor aplicado a un cuerpo, se producirá otro hecho: la dilatación de ese cuerpo. En síntesis, las leyes naturales se refieren a lo que es, o si se quiere, expresan un ser y, desde el punto de vista lógico, tienen la estructura de juicios del ser. Ahora bien, las leyes naturales, una de las especies de juicios del ser, constan también de un supuesto y una consecuencia, pero enlazados causalinente. Por su parte, las leyes sociológicas (v. índ. alfab.), se refieren como las jurídicas y las psicológicas, a la conducta humana, pero la encaran igual que las leyes naturales, es decir, como un hecho físico que debe ser explicado en función de sus causales. Por eso las leyes sociológicas son también, desde el punto de vista lógico, juicios enunciativos o del ser. 4.— II) Juicios del deber ser. Son aquellos que expresan algo que debe ser de cierto modo (o que debió o deberá ser), sin perjuicio de que ello no ocurra en la realidad de la vida. No expresan pues un ser, sino un deber ser. Por otra parte, el verbo deber ser es el único que expresa la conducta como manifestación de la libertad espiritual (Cossio, La Teoría..., pág. 215). Ahora bien, esa peculiaridad definitoria, se debe a que la cópula respectiva tiene una función, no sólo relacionante, sino también imputativa o atributiva, porque —según explicaré— imputan o atribuyen una consecuencia a un determinado antecedente, pero la consecuencia no es un efecto de un antecedente que obre como causa (empleada esta palabra en su sentido naturalista), sino algo libremente atribuido a él. En todo juicio del deber ser, encontraremos pues un supuesto o condición, enlazado imputativamente a una consecuencia. ^ ROMERO, Francisco - PUCCIARELLI. Eugenio. lMi;iai. 11' ed.. Buenos Aires, 1948. pág. .S?; FATONE, Vicente. Ilógica y Teoría del Conocimiento. Buenos Aires, 1951, pág. 18.


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Pasando ahora al análisis de la estructura lógica de la norma jurídica, veremos que corresponde a la de los juicios del deber ser; en efecto, dicha norma, dado el supuesto jurídico, es decir, un hecho antecedente, señala otro hecho (párrs. 2,8, etc.), no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Y eso, como es evidente, por la especial cópula con que se construyen (deber ser). Retomando ahora como ejemplo de norma jurídica, el dado en el párr. 2, es indudable que, a pesar de lo que prescribe la norma, el infractor puede no pagar la multa, ya sea por haber huido u otra causa. Por eso se dice que toda norma jurídica expresa un deber ser que, sintetizado en una fórmula mínima, se suele enunciar así: "si es A, debe ser B", o bien "dado A, debe ser B". Quedamos pues en que las normas jurídicas encaran la conducta humana como un deber ser, o si se quiere, en tanto que es libertad. Digo esto último, porque como es sabido, el hombre —único ser racional y libre— tiene la facultad de autodeterminarse en su conducta, y las normas, encaran la conducta en esa dimensión ontológica de libertad, presuponiendo al indicar un deber ser, que esas conductas normadas pueden ser en la realidad de una u otra manera. A los juicios del deber ser, también se los llama imputativos o atributivos, porque en ellos se atribuye o imputa una consecuencia a una condición, y normativos, porque la función de las normas no es explicar ciertos hechos, como sucede por ejemplo con las leyes naturales, sino dirigir o encauzar el obrar humano. Por último, haré una advertencia: cuando los autores hablan del problema axiológico (v. Cap. 2, párr. 61), suelen decir que se refiere a lo que el derecho debe ser o debiera ser (v. Cap. 2, párr. 57); pues bien, este deber ser valorativo, es un problema distinto del lógico que estamos tratando. No debe pues confundirse el deber ser lógico, con el deber ser axiológico, ya que toda norma por el hecho de ser tal, será siempre un deber ser lógico, pero puede no ser un deber ser axiológico, si su contenido consagra una injusticia (v. Cap. 8, párr. 1). 5. Origen e importancia de la clasifícación anterior.— La distinción es bien reciente, pues el descubrimiento de los juicios del deber ser y con ello, el de la estructura lógica de las normas jurídicas, ha sido un acierto genial de Kelsen. Y digo genial, porque de allí deriva nada menos que una lógica distinta de la tradicional (o del ser o aristotélica): me refiero a la lógica del deber ser ^. Por otra parte, esta nueva lógica se encuentra en plena formación, enriqueciéndose permanentemente con nuevos aportes.

^ Puede verse COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 329; KELSEN - COSSIO, Problemas Escogidos de la Teoría Pura del Derecho (Teoría Egológica y Teoría Pura), Buenos Aires, 1952, esp. pág. 89; LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 38; etc.


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- Cap. 5

6. Estructura relacional del juicio implicado en la norma jurídica: ¿categórico, hipotético o disyuntivo? — Según la relación, los juicios pueden ser categóricos, hipotéticos o disyuntivos''. Digo según la relación, porque se toma como criterio clasificatorio la forma en que se establece esa relación interconceptual, a saber: sin condición alguna (categóricos), sometida a una condición (hipotéticos) y, finalmente, estableciendo una disyunción (disyuntivos). Ahora bien, esta clasificación puede ser esquematizada de manera análoga a lo que sucede en la lógica del ser, pero con el cambio de cópula, para que pueda ser aceptada en la lógica jurídica. Tendríamos así las siguientes fórmulas: -juicio categórico: "debe serP" o "P debe ser". -juicio hipotético: "dado A, debe ser P". -juicio disyuntivo: "dado A, debe ser P, o dado no-P, debe ser S". 7.— Sin perjuicio de que pueda haber normas jurídicas incompletas (p. ej. las leyes penales en blanco —v. índ. alfab.—), cuya parte faltante debe buscarse en otra norma del respectivo derecho, cabe aclarar que con respecto a la estructura lógica de la norma jurídica completa, se han sostenido las tres posiciones, y aun más (soluciones eclécticas): 1) La norma jurídica, desde el punto de vista lógico, es un juicio categórico, que encierra un mandato u orden. Tal la opinión tradicional. Estos juicios pueden ser formulados positivamente (p. ej., debes pagar tal impuesto), o en forma negativa (p. ej., no debes robar). Dicho sea de paso, es evidente que las normas morales, cuando se limitan a prescribir un deber, son, desde el punto de vista lógico, juicios categóricos. 8.— 2) La regla de derecho es un juicio hipotético o condicional. Tal la opinión de Kelsen, quien fundamenta su posición alegando que, si bien toda norma jurídica contiene una sanción, ésta se encuentra condicionada por un supuesto o hipótesis, de cuya realización depende precisamente que deba aplicarse dicha sanción. En el ejemplo, "dado un homicidio deben ser diez años de prisión para su autor", es obvio que la sanción está condicionada por la realización del homicidio. Detallando un poco más esta teoría, corresponde agregar que el maestro vienes sostiene que la norma jurídica completa o total, no es simplemente la que hemos visto como norma hasta aquí, sino que, en realidad, es doble, pues abarca dos de ellas, que denomina normapn'/nana y norma secundaria. Por ejemplo: el que vende una cosa debe entregarla (norma secundaria); si no lo hace, debe serle aplicada tal sanción (norma primaria). '* FATONE, Vicente, ob. cit. en nota 2, pág. 24; ROMERO, Francisco, ob. cit. en nota 2, pág. 61.


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Más claramente, la norma primaria es la que se refiere a la sanción (por supuesto que condicionada por la conducta ilícita o entuerto), y norma secundaria la que conceptúa la conducta lícita. Pero además, cabe agregar que para Kelsen, ambas normas no tienen la misma jerarquía pues afirma que sólo la norma primaria tiene auténtico valor ontológico, mientras que la secundaria, es sólo una expresión auxiliar para decir explícitamente, lo que ya está implícito en la norma primaria. 9.— 3) La norma jurídica tiene estructura disyuntiva (Cossio). Este autor critica a Kelsen, porque al desconocer valor ontológico a la norma secundaria, resulta que el deber jurídico y h\ facultad correlativa, no tienen un lugar intrasistemático en la norma jurídica, con lo que se demuestra que el esquema kelseniano es incompleto. Por ejemplo: si yo tengo un deber jurídico determinado —V. gr., el de pagar un impuesto— es porque una norma lo establece. En síntesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos que encontramos en la experiencia jurídica. Por su parte, Cossio sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica, es un juicio disyuntivo que puede esquematizarse así: "dado A, debe ser P, o dadono-P, debe ser S". Esto significa lo siguiente: dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la prestación, por un sujeto obligado, frente a un sujeto pretensor; o dada la no prestación (es decir, la transgresión), debe ser la sanción, por un funcionario obligado, ante la comunidad pretensora -. Dejando de lado por el momento el problema de los conceptos jurídicos fundamentales (v. párrs. 28 y sigs.), cabe destacar que este juicio disyuntivo se compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva "o", constituyendo una sola estructura unitaria. Ahora bien, a la primera parte del juicio (conceptuación de la conducta lícita), Cossio la denomina endononna y, a la segunda parte (conceptuación de la conducta ilícita y por lo tanto de la sanción), la Wdimaperinorma. El filósofo argentino propone llamarlas así, "no sólo para terminar con el caos de las designaciones de norma primaria y secundaria que los diferentes autores usan con sentido opuesto, sino para subrayar que se trata de una norma única y no de dos normas, punto indispensable para entender el concepto de la norma jurídica como un juicio disyuntivo" ^. Como es obvio, la endonorma cossiana corresponde a la norma secundaria de Kelsen y, la perinorma, a la norma primaria, si bien con un sentido diverso que les da esa estructura unitaria, que es el juicio disyuntivo de que forman parte.

- ¡M Teoríu Ef;i)li')}>icu..., cit., pág. 338. Véase el cuadro del párr. 32. * Wem, pág. 661.


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El fundamento de la citada disyuntividad radica en que toda conducta jurídica tiene que ser forzosamente lícita o ilícita, y sólo con dicha estructura disyuntiva es como quedan conceptuadas ambas posibilidades. Debido a esa estructura, dice Cossio ' que no se puede violar una norma jurídica, aunque sí un deber jurídico (incurriéndose en una transgresión —v. párr. 69—). Por último, cabe aclarar que la estructura disyuntiva explicada, es válida para cualquier clase de norma jurídica, inclusive la norma penal; en efecto, ejemplificando con el caso del homicidio, tendríamos la siguiente regla: "dada tal situación jurídica debe ser no matar, o dado el homicidio, debe ser aplicada tal .sanción". 10.— 4) Posiciones eclécticas. Citaré sólo dos: A) Se ha sostenido que las tres opiniones explicadas serían verdaderas, según el distinto punto de vista en que nos coloquemos: a) si se considera que toda norma contiene una disposición u orden, resulta imperativa o categórica; b) si se considera la estructura lógica de la norma simple (la disposición o consecuencia jurídica condicionada por el supuesto), será entonces un juicio hipotético o condicional: c) por líltimo. encarando no ya una norma simple, sino la norma jurídica completa o tota! (la endonornia y la perinorma). aparece entonces como un juicio disyuntivo. B) García Maynez, por su parte, sostiene que toda norma jurídica es categórica e hipotética, según el momento que se considere. Dice este autor: "Aun cuando parezca paradójico, antes de la realización de los supuestos, toda norma es hipotética, y cuando aquéllos se producen, deviene categórica. Considerado en forma abstracta, el precepto que ordena a los hijos respetar a sus padres es hipotético, encierra un supuesto: el vínculo entre progenitor y descendiente; mas en relación con las personas que se hallan colocadas en la situación prevista por la norma, constituye un mandamiento incondicional" **.

11. Conceptos jurídicos fundamentales.— Toda norma jurídica hace referencia a una .serie de objetos, empleada esta palabra en su sentido filosófico (v. Cap. 1, párr. 20): tales son el sujeto del derecho, el derecho subjetivo, el deber jurídico, la sanción, etc. Vale decir entonces que en cualquier norma jurídica, sin excepción alguna, encontraremos en forma explícita o implícita, la mención de dos sujetos como mínimo (recuérdese la bilateralidad propia del derecho); de algún derecho subjetivo con su correlativo deber jurídico; de alguna sanción, etc. Ahora bien, esas partes o elementos de la norma jurídica que se refieren a ciertos objetos, son conceptos —encarada la norma desde el punto de vista lógico— porque no debe confundirse el concepto, con el objeto a que él se refiere. Y como se trata de conceptos que se encuentran en toda norma jurídica, sin excepción alguna, se los denomina conceptos jurídicos fundamentales o puros, ídem, pág. 674. ^ GARCÍA MAYNEZ. Eduardo. Inlmducciim al Estudio del Derecho. México, 1978. pág. 14.


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para diferenciarlos de otros conceptos, llamados contingentes o históricos (p. ej-, el de hipoteca, derecho de superficie, enfiteusis, etc.), que no existen en todas las normas y pueden no existir aun, en determinados regímenes jurídicos. El conocimiento del problema de los conceptos jurídicos fundamentales, es necesario para completar la teoría de la norma jurídica, pero como su análisis me llevaría una buena extensión, lo trataré en la última parte de este capítulo (v. párrs. 28 y sigs.). 12. Clasificación de las normas jurídicas.—Las normas jurídicas pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista'. Aquí me referiré solamente a algunas de ellas, que nos facilitarán la comprensión de los temas subsiguientes: I) Por el ámbito personal de validez, pueden ser: 1) Normas generales o abstractas: son las que abarcan un número indefinido de personas. Un ejemplo lo tenemos en el art. 172 del Código Civil, que dispone: "Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo...". 2) Normas individualizadas (o individuales, o particulares, o concretas): son las que se refieren a uno o varios sujetos individualmente determinados. Por ejemplo: una ley que concede una pensión a determinada persona, una sentencia judicial, un contrato, etc. Un decreto por el que se nombra ministro a cierta persona, es una norma individual porque rige ese caso concreto y nada más, pero las normas que rigen la situación jurídica de ciertas personas —p. ej., el Presidente de la República— son generales, porque como dice Legaz y Lacambra'°, "nos parece que no puede considerarse individual una norma por el hecho de que regule la situación de una sola persona, pero no en cuanto persona individualmente determinada, sino como persona fungible, titular de una función pública; así, por ejemplo, las normas que regulan la situación del Jefe del Estado, no son normas propiamente individuales, pues no se refieren a un caso individual suscitado por la persona que ocupa la Jefatura del Estado, sino al caso genérico del 'Jefe del Estado', que es algo transindi vidual y con validez genérica, por tanto". 13.— Conviene recalcar que una norma individual (contrato, sentencia judicial, etc.), es tan norma jurídica como una norma general, por la sencilla razón de tener todos los caracteres de la norma jurídica. En efecto, ambas son, lógica' Véase GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 78; LEGAZ Y LACAMBRA. Luis, ob. cil. en nota 3, pág. 220. ' ° Ob. cit. en nota 3, pág. 227.


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mente, juicios del debe ser, pues mientras la norma general dirá "dado tal contrato, debe ser tal consecuencia. ..",1a sentencia por ejemplo, dirá análogamente, "dado este contrato, deberá ser esta consecuencia...". Insisto en esto porque al estudiarse la ley —especie del género norma— se suele decir que uno de sus caracteres es la generalidad, de lo que resultaría que una ley individual no sería norma jurídica. Kelsen fue el primero en demostrar este error y, por otra parte, no es difícil comprobar que en la realidad de la vida jurídica, son mucho más numerosas las normas jurídicas individuales que las generales (pensemos sólo en la cantidad extraordinaria de contratos y sentencias que tienen lugar diariamente, lo que representa un número muy superior al de las leyes generales dictadas en igual lapso). Y si nos referimos a las leyes stricto sensu, es decir, a las normas jurídicas dictadas por el Poder Legislativo, puede afirmarse lo mismo, siendo suficiente para comprobarlo la compulsa de una colección de leyes del Congreso, donde se verá cuan numerosas son las leyes individuales (concediendo pensiones, subsidios, honores, etc.). 14.— II) Por s\i jerarquía, han sido divididas tn fundamentales (o primarias), y derivadas (o secundarias). Para comprender mejor esta clasificación, conviene recordar que el derecho de cada Estado constituye no un conjunto inorgánico de normas jurídicas, sino un todo ordenado o sistema de normas, entre las cuales hay relaciones de coordinación y de subordinación (o supraordinación). El estudio de estas relaciones ha permitido establecer la existencia de un verdadero orden jerárquico normativo, o si se quiere, de un sistema escalonado de normas (Merkl, discípulo de Kelsen, lo comparó con una pirámide y por eso se habla de pirámide jurídica, como símbolo de cada orden jurídico estatal y aun del internacional). Ahora bien, en ese ordenamiento escalonado, cada norma deriva su validez de otra u otras jerárquicamente superiores, refiriéndose esa validez no sólo al procedimiento de elaboración —aspecto formal— sino también al contenido concreto —aspecto sustancial— (a su vez, esa misma norma es la fuente de validez de otra u otras jerárquicamente subordinadas). Por ejemplo; una sentencia es válida, cuando ha sido dictada formal y sustancialmente de acuerdo con las leyes respectivas; una ley será válida si encuadra en la Constitución; etc. 15.— Sobre esta base analizaré la clasificación en estudio: 1) Fundamentales (o primarias o constitucionales): son aquellas normas que en cada sistema jurídico ocupan el plano más alto, por lo que no derivan su validez de ninguna otra norma y, al mismo tiempo, son la fuente suprema de validez de las restantes normas del orden jurídico, que deben armonizar con ellas, so pena de diversas sanciones (nulidad, etc.).


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En el terreno jurídico-positivo, las normas constitucionales son las fundamentales. Pero estas normas, no deben ser confundidas con la llamada Ajorma hipotética fundamental o constitución en sentido lógico que, según veremos al tratar la teoría del ordenamiento jurídico, es la norma fundamental hipotética (v. índ. alfab.), que se encuentra en el vértice de la pirámide y que, según Kelsen, es la que da coherencia lógica a todo el sistema. 2) Derivadas (o secundarias, o comunes, u ordinarias): son las restantes del sistema jurídico y se encuentran subordinadas a las primeras, de las que derivan su validez. Los conceptos de norma fundamental y derivada son relativos y por ello se afirma la existencia de normas fundamentales para cada sector del sistema jurídico—p. ej., para el régimen de la letra de cambio— normas que, fundamentales con relación a dicho sector, son secundarias con relación a las normas constitucionales por ejemplo. 16.— III) Desde el punto de vista de sus fuentes, se suele distinguir '': 1) Legisladas, empleada esta expresión en su sentido amplio, es decir, designando toda norma jurídica instituida deliberada y conscientemente por órganos que tengan potestad legislativa (quedan pues incluidas no sólo las leyes stricto sensu, sino también los decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales, etc.). 2) Consuetudinarias: son las normas surgidas de la repetición más o menos constante de actos uniformes, que llegan a ser obligatorias. 3) Jurisprudenciales: son las normas emanadas de los tribunales de justicia, es decir, el conjunto de sentencias dictadas por los jueces. Al estudiar las fuentes del derecho, veremos que esta clasificación es incompleta, porque deja fuera de ella ciertas fuentes como los contratos, testamentos, etc., que, estrictamente, no encuadran en ninguno de ios grupos enumerados, a pesar de ser tan normas jurídicas como las comprendidas en esta clasificación. 17.— IV) Según el sistema estatal a que pertenezcan, se las divide en nacionales o internacionales. Como es obvio, con relación al derecho de cada Estado soberano, el derecho de los demás Estados, es englobado bajo la denominación de derecho extranjero. 18.— V) Por el ámbito espacial de validez, pueden ser generales o locales. Conviene recordar que, según Kelsen, el ámbito de validez de las normas jurídicas, "debe ser considerado desde cuatro puntos de vista: el espacial, el ''

GARCÍA MAYNEZ. Eduardo, oh. cil. en nota 8. pág. 79. párr. 38.


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temporal, el material y el personal. El ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que un precepto es aplicable; el temporal está constituido por el lapso de tiempo durante el cual conserva su vigencia; el material, por la materia que regula y, el personal, por los sujetos a quienes obliga" '-. 1) Generales: son las que rigen en todo el territorio de un Estado (véase el concepto jurídico de territorio). En nuestro país, por ejemplo, son generales (o nacionales), la Constitución, las leyes nacionales, etc. 2) Locales: .son las que rigen sólo en una parte de un Estado. Por ejemplo, en nuestro país, las leyes provinciales, etc. 19.— VI) Por el ámbito temporal de validez: 1) De vigencia indeterminada: son las normas que no tienen establecido un lapso prefijado de duración, por lo que rigen —en principio— hasta ser abrogadas expresa o tácitamente por otras normas. También se las llama "permanentes", aunque claro está, puede suceder que rijan sólo durante poco tiempo. 2) De vigencia determinada: son las que tienen establecido un lapso prefijado de duración. Algunos autores distinguen dentro de este segundo grupo dos clases de normas: a) temporarias o de vigencia determinada propiamente dicha (p. ej., la ley de presupuesto). En cuanto a la continuidad de la vigencia de estas normas, cuando se dan circunstancias que no permiten sustituirlas oportunamente por otras, caben dos posibilidades: a') la caducidad automática, cuando vence el plazo prefijado de vigencia; o a-) la continuación de la vigencia si se cumplen determinados requisitos, hasta un límite sujeto a ciertas condiciones, como podría ser hasta que se apruebe la norma que debe sustituirla. Este último caso (a-), constituye la llamada ultraactivicladde las normas jurídicas (v. en Cap. 28, párr. 27, n. 14, ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo); y b) transitorias: son generalmente las normas que contemplan situaciones que pueden producirse, cuando se modifica un determinado régimen jurídico. 20.— VII) Por el ámbito material de validez o naturaleza de su contenido: 1) De derecho público, que a su vez, comprende una serie de normas (constitucionales, administrativas, penales, etc.). 2) De derecho privado (civiles, comerciales, etc.). Esta clasificación será explicada al tratarse la clasificación del derecho positivo (Cap. 20, párr. 12). ' - ídem. pág. 80. páiT. 39.


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21.— Vni) Otra distinción por la naturaleza de su contenido es la siguiente: 1) Normas sustantivas o de fondo, y 2) Normas adjetivas (o de forma, o procesales). Esta clasificación se verá detalladamente al estudiarse los caracteres del derecho procesal (v. índ. alfab.)22.— IX) Por su forma gramatical: 1) Imperativas

a) positivas b) negativas o prohibitivas

c) permisivas 2) No imperativas d) declarativas o interpretativas, o explicativas Según la opinión tradicional, toda norma jurídica es imperativa, en el sentido de que contiene un mandato que debe cumplirse velis nolis. Por eso, adviértase que hablo de "leyes imperativas y no imperativas" atendiendo a su redacción o forma gramatical; en efecto, en las primeras, el mandato aparece evidente (p. ej., "prohibido estacionar") mientras que en las segundas, no ocurre lo mismo, pero, como veremos al explicar las diversas clases, el mandato existe siempre. 23.— 1) Las gramaticalmente imperativas no presentan dificultad alguna, ya que la imperatividad puede expresarse en forma positiva o negativa; en efecto, es obvio que al prescribirse una conducta, se prohibe implícitamente la contraria y viceversa. 24.— 2) Expliquemos la imperatividad de las gramaticalmente no imperativas: - Permisivas: una norma permisiva no tiene razón de ser, si no está vinculada a una prohibición anterior, sea para revocarla, o bien para restringir su esfera de aplicación; su imperatividad está pues en esa derogación total o parcial de la prohibición anterior. Por ejemplo: una norma que dijera "se permite entrar con niños", no tiene sentido si no está relacionada con una norma prohibitiva anterior, sea particular o general, legislada o consuetudinaria. Esto se explica filosóficamente en virtud del postulado de que "todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido". Por lo tanto, una norma permisiva aislada es innecesaria, puesto que basta con no prohibir ni ordenar esa conducta.


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- Cap. 5

25.— Declarativas, interpretativas o explicativas: son las que contienen definiciones, o, enfin,aclaraciones con respecto al sentido en que deben tomarse ciertas disposiciones legales. Su imperatividad radica en que obligan a entender ciertos vocablos en una forma determinada. Por ejemplo, el Libro 1°, Título XIII del Código Penal, que se denomina precisamente, "Significación de conceptos empleados en el Código", etc. 26.— X) Por su relación con la voluntad de los particulares. Del Vecchio '3 las ha clasificado en; 1) Taxativas (o de orden público): "son aquellas que mandan o imperan independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito derogarlas, ni absoluta ni relativamente, por ningún fin determinado que las partes se propongan alcanzar...". Estas normas, denominadas comúnmente entre nosotros de orden público, escapan pues a la órbita de libertad de las personas y, por lo tanto, deben ser cumplidas aun contra la voluntad de los destinatarios. Por ejemplo: las normas de derecho público (constitucionales, penales, etc.) y también muchas de derecho privado (la mayor parte de las normas referentes al matrimonio, la patria potestad, etc.). 2) Dispositivas (o supletorias, o subsidiarias): "son aquellas que valen en cuanto no existe una voluntad diversa de las partes". La inmensa mayoría de las normas que regulan los contratos y las obligaciones, revisten este carácter de supletorias de la voluntad de las personas, razón por la cual éstas pueden dejarlas de lado y reglamentar libremente sus relaciones. Al referirme en especial a las leyes de orden público (v. índ. alfab.), volveré sobre esta clasificación. 27.— Como es obvio, las clasificaciones citadas abarcan todas las normas jurídicas (leyes, decretos, sentencias, normas consuetudinarias, etc.), siendo la mayoría de ellas perfectamente aplicables a las leyes. No obstante ello, al tratar la clasificación de las leyes, haré algunas aclaraciones al respecto.

' 3 DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 345. También GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 94.


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SECCIÓN TERCERA

CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES (PARTE ESPECIAL DE LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA) 28. Noción.— Tal como se ha explicado, la norma jurídica es, desde el punto de vista lógico, un juicio. Ahora bien, como es sabido, todo juicio está integrado por conceptos y, el precepto jurídico, es también una estructura constituida por un conjunto de conceptos vinculados entre sí. Una ligera observación nos permite apreciar la existencia de conceptos que encontramos en toda norma jurídica —por ejemplo, el de sujeto— mientras que con otros —el de hipoteca v.gr.— no ocurre lo mismo. En efecto, cualquier norma jurídica que sea realmente tal, hace referencia a dos sujetos como mínimo; en cambio, en las normas referentes a la celebración del matrimonio por ejemplo, no encontramos ninguna referencia a la hipoteca. Esto se debe a que en el derecho encontramos dos clases de conceptos. 1) Conceptos jurídicos fundamentales (o puros, o categorías jurídicas): son los que se encuentran en toda norma jurídica. Por ejemplo: el de sujeto, supuesto jurídico, deber jurídico, sanción, etc. Por lo tanto, no ha habido, ni hay, ni podrá haber una norma jurídica que no haga referencia a sujetos, supuestos jurídicos, deberes, etc. (aunque quien las dicte no tenga ni la más remota idea de ellos), porque constituyen la estructura esencial del derecho. Stammler '•', refiriéndose al tema, dice: "...no se ha discutido nunca que en la ciencia del Derecho debe haber conceptos fundamentales independientes de las singularidades contenidas en este o aquel orden jundico. La misma intuición dice que sólo de este modo se puede llegar a una elaboración científica del derecho". 29.— 2) Conceptos jurídicos contingentes (o históricos): son aquellos que sólo se encuentran en algunas normas jurídicas. Por ejemplo: el de hipoteca, enfiteusis, etc., que no aparecen, verbigracia, en las normas referentes al consentimiento en los contratos. Con mayor razón, pueden existir regímenes jurídicos, sin dichas instituciones. 30.— Como es evidente, a la filosofía jurídica, por ocuparse de lo universal que hay en el derecho, le corresponde sólo el estudio de los conceptos jurídicos fundamentales. Los contingentes son estudiados por las especialidades de STAMMLER. Rodolfo. Trakido de l'ihsofíu del [)ered¡ El verbo "debe ser" y la conjunción "o", son sólo dos conceptos funcionales (o "relacionantes") y, por lo tanto, invariables; los otros ocho, son conceptos entitativos y, en consecuencia, variables, es decir, que si bien están en toda normajurídica completa, el contenido concreto varía según a qué materia se refiera la norma (asunto civil, comercial, laboral, etc.). Por ejemplo: dada la venta de una cosa (H), debe ser el pago del precio (P), por el comprador (So) al vendedor '-•^ o/;, t/í. ennolaS. pág. 119. ÍM Teoría EíôlógicíL... cu., pág. 333. Sobre el cuadrosinópticoaclaro lo siguiente: inc. I) la situación coexistencial es el llamado comúnmente "hecho" jurídico: inc. 2) en oíros términos, se trata de una cópula í'mputaliva: inc. 3) la prestación es el deber jurídico: inc. 4) el alguien es el sujeto pasixii (u obligado): inc. .^) el "alguien titular" es el sujeto ÍICIÍYO O prelensor: e inc. 6) la no prestación del inc. 7 es ia ínms^resiótt.


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(Sp); o, dado el no pago del precio (no P), debe ser la restitución de la cosa al vendedor—más una eventual indemnización— (S), impuesta por el juez competente (Fo), en nombre de la comunidad pretensora (Cp). Esto último, se sobreentiende, para mantener la vigencia del derecho positivo. Dentro de este esquema, la conceptuación del derecho subjetivo se encuentra implícita en el sujeto pretensor, siendo su contenido, análogo al del deber jurídico. 33.— Por último y como una prueba más del desacuerdo reinante en este punto, recordaré que hay autores (Radbruch, p. ej.), que afirman la existencia de una tabla abierta de categorías, en oposición a todos los que sostienen la existencia de un número limitado de conceptos fundamentales. 34.— Como no es posible entrar aquí a estudiar esta polémica con todas sus implicancias, y creyendo que es acertada la teoría de Cossio, trataré solamente algunos de los conceptos fundamentales, a saber: sujeto, hecho (o supuesto jurídico), derecho subjetivo, deber jurídico, transgresión (o entuerto) y sanción. SUJETOS DEL DERECHO 35. Aclaraciones previas.— El más mínimo contacto con la experiencia jurídica, nos muestra que el ser humano (que llamaremos persona individual), es titular de una gran cantidad de derechos (p. ej., el de propiedad, el de testar, etc.) y también de deberes jurídicos (p. ej., el de pagar los impuestos, el de votar —en general en nuestro país—-, etc.). Del mismo modo, podemos comprobar que tales derechos son generalmente ejercidos por su titular, pero también muchas veces por intermedio de otra persona (mandatario, etc.). 36.— Por otra parte, es dable observar que esa aptitud de ser titular de derechos y deberes (que suele llamarse capacidad), también la tienen ciertos grupos sociales (que llamaremos personas colectivas), es decir, formadas por dos o más seres humanos, como son las sociedades anónimas, ciertas asociaciones civiles, etc. Así por ejemplo, una sociedad anónima puede ser propietaria de un edificio, acreedora, deudora, etc. Como es obvio, tales derechos son ejercidos por seres humanos, que actúan en esas relaciones, en nombre y por cuenta de la correspondiente persona colectiva.


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37. Denominaciones de la persona o sujeto del derecho.— En general, los términos persona, sujeto del derecho y titular del derecho, se consideran sinónimos. Pero en la práctica, se emplean de la siguiente manera: -persona, para referirse al ser humano o a las personas colectivas, considerados en sí mismos, aisladamente; en cambio, se habla de - sujeto del derecho, al referirse a la persona, actuando en una relación jurídica. Así se dice persona por nacer y no sujeto por nacer; sujeto activo y no persona activa; sujeto paí/vo y no persona pasiva, etc. La relación jurídica sólo puede establecerse entre dos o más personas y, por eso, corresponde distinguir el sujeto activo y el pasivo: sujeto activo o pretensor, es el titular de la facultad jurídica y, sujeto pasivo u obligado, es el titular del deber, es decir, al que incumbe la obligación de cumplir o respetar el derecho del sujeto activo. 38.— DENOMINACIÓN DE LAS PERSONAS COLECTIVAS. Conviene aclarar desde ya que esos grupos humanos a los que el derecho confiere en ciertos casos capacidad, reciben diversas denominaciones. En efecto, se las llama personas morales, ficticias, ideales, incorporales, de existencia ideal, jurídicas, etc. Con respecto a esta última denominación, cabe decir —estrictamente hablando— que tanto las personasfl'sicascomo las "jurídicas" interesan al derecho y, por lo tanto, ambas son jurídicas. Por eso hoy se prefiere denominar a las "físicas", personas jurídicas individuales, y personas jurídicas colectivas, a las tradicionalmente llamadas personas "jurídicas". En síntesis, se habla de personas individuales y colectivas, denominaciones que emplearé de aquí en adelante. Dicho sea de paso, nuestro Código Civil (ver p. ej. art. 32), respondiendo a las ideas dominantes en la época de su redacción, llama jurídicas o de existencia ideal, a las personas colectivas. 39. Etimología de la palabra "persona".— Esta palabra deriva del latín personare (que significa para sonar), vocablo con que en la antigua Roma se designaba la máscara que usaban los actores. Se la llamaba así porque dichas máscaras tenían una bocina que amplificaba la voz, para que el actor pudiera ser oído desde cualquier sector del teatro. Refiriéndose a esto, dice Roque Barcia''': "la etimología tiene razón porque la persona hace más ruido en el mundo que los torbellinos, las cataratas y las tempestades". Posteriormente, se extendió la denominación al personaje que interpretaban y, del teatro, este concepto pasó a la vida real, designando los diferentes papeles de los hombres en sociedad (padre, hijo, tutor, etc.), y se decíapersona socis '

Sinónimos CaslelUinox, Buenos Aires, 1941. pág. 316.


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en vez de socius, etc. Pero como dice Ferrara '^, "en estas formas de coligación, persona va perdiendo gradualmente todo significado, y se reduce a un simple sufijo estilístico, un rudimento sin contenido; así se llega a ver en persona la indicación del género, cuyo genitivo apositivo formaba la especie, y esta indicación genérica no podía ser otra que la de hombre. De este modo, termina por indicar independientemente al individuo humano, y éste es el significado que se hace más común y persiste hasta hoy". Ahora bien, como surge de la evolución del Derecho Romano, en un principio sólo era sujeto del derecho el hombre individualmente considerado y, para referirse a él, se decía/?e/-,vo/za, coincidiendo asíestacategoríajurídicacon el ser humano. Pero, durante el Imperio, se reconoció personalidad jurídica a ciertos grupos humanos, a los que se llamó también persona. Éste ha sido uno de los motivos que ha dado lugar a muchas teorías sobre la naturaleza de las personas colectivas y, últimamente, a una investigación filosófica sobre laesencia misma de la persona jurídica (ver párr. 51). 40. Definición clásica y su crítica.— Es muy común que se defina al sujeto del derecho, o en otras palabras, a la persona —empleada esta expresión en sentido jurídico— diciendo que es "todo ente que pueda ser titular de derechos o deberes jurídicos". Nuestro Código Civil, con palabras parecidas, dice en el artículo 30: "son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones". Pues bien, las definiciones antedichas, aunque puedan parecer acertadas a primera vista, acusan varias inexactitudes en cuanto se las analiza críticamente. Tales son la inclusión de la palabra ente y la referencia a los deberes jurídicos. 41.— a) Crítica a la inclusión del vocablo "ente". Como es obvio, el término ente (del latín ens, lo que es), abarca no sólo a los seres humanos, individual o colectivamente considerados, sino también a los animales, vegetales, etc. Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho —según he aclarado— rige la conducta humana en su interferencia intersubjetiva y siendo la conducta algo propio del ser humano y exclusivo de él (los movimientos instintivos de los animales no son conducta), se ve con claridad que ni los animales, ni los vegetales, ni otros entes, pueden ser sujetos del derecho, correspondiendo tal categoría sólo a los seres humanos, ya sea que se los considere en forma individual o colectiva (en el párr. 43 volveré sobre este punto). Concluyendo esta breve crítica, cabe decir entonces que la palabra ente, implica un concepto innecesariamente amplio, que debe ser reemplazado por lo '^

Citado por G.ARCÍA ^1.^YNEZ. ab. cit. en nota 8. pág. 27.'i.


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que corresponde en realidad, vale decir, por la referencia al ser humano, ya sea que actúe en forma individual, o constituyendo personas colectivas. 42.— b) Crítica a la inclusión de los deberes jurídicos en la definición. También se ha criticado que al definir el sujeto del derecho, se haga mención del deberjurídico, pues por tratarse de un concepto correlativo del de facultad jundica (o derecho subjetivo en sentido estricto), con nombrar a éste, basta para que resulte implicado el deberjurídico. Lo mismo sucede con todos los conceptos relativos, como son por ejemplo los de padre e hijo, pues si nos referimos a los derechos del padre, no es necesario decir más, para saber que los tiene respecto del hijo, así como si nos referimos a los derechos del marido, es obvio que los tiene respecto de la esposa. De lo dicho cabe inferir que sólo puede permitirse la redundancia, por razones didácticas de claridad. La definición del artículo 30 de nuestro Código Civil es también criticable, por incluir el término "obligación" que, sin lugar a dudas, es una palabra equívoca (v. Cap. 6, párr. 62).

43. Qué "entes" pueden ser sujetos del derecho.— De acuerdo con las explicaciones dadas, resulta evidente que sólo pueden ser sujetos del derecho los seres humanos, sea que actúen individual o colectivamente. Es por esto que: 1) Ni los animales, ni las plantas, ni los minerales, pueden ser sujetos del derecho. Esos ejemplos que nos trae la historia, como el caso del caballo de Calígula, nombrado cónsul, o esos procesos medievales a las langostas y demás insectos dañinos a la agricultura, o los procesos a los cadáveres, etc., no constituyen más que aberraciones o absurdos sin ninguna consecuencia; en efecto, el hecho de que se haya nombrado cónsul a un caballo —p. ej.— sólo significa que quien lo hizo no estaba en su sanojuicioy noqueporeso los animales puedan ser sujetos del derecho, ni que aquel caballo lo haya sido en realidad. Hay en ello una imposibilidad ontológica, puesto que si la materia del derecho es la conducta humana —lo que no puede dudarse— cualquier norma, para serjurídica, tiene que referirse por lo pronto a la conducta del hombre; en caso contrario, no es derecho aunque así se lo llame. Veamos un ejemplo que, a primera vista, parecería más complicado, puesto que se refiere al hombre, pero no a su conducta: es el caso de la famosa "ley" dictada durante la Revolución Francesa, afirmando que el pueblo francés reconocía la existencia de Dios y la inmortalidad del alma; esto, ¿es una norma jurídica? Evidentemente no, aunque se la llame ley, puesto que es absurdo legislar los pensamientos (claro que mientras no se manifiesten a los demás hombres), como también lo sería reglamentar la caída de las hojas. Es verdad que se dictan leyes protectoras de los animales, plantas, etc., pero ello no significa que se les atribuya carácter de sujetos del derecho, ni que se le acuerden facultades, puesto que, en esos casos, revisten el carácter de bienes o valores jurídicamente protegidos, o si se quiere, de objeto de las prestadohttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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nes (atención: de las prestaciones y no del derecho, porque el objeto del derecho es la conducta humana). Como es evidente, los sujetos de estas normas son los seres humanos, a los que se sanciona, ya sea por castigar a ciertos animales, o por no protegerlos debidamente, etc. 44.— 2) No puede haber ni ha habido seres humanos que carezcan en absoluto de personalidad jurídica, es decir que no sean personas en sentido jurídico. Es corriente la opinión de que ha habido seres humanos —los esclavos— que no han sido jurídicamente personas sino cosas; sin embargo, Cossio '^ afirma que eso no es exacto, puesto que si bien se compraban y vendían, teniendo en esas relaciones el carácter de cosas, siempre tuvieron algunos derechos —aunque limitadísimos en algunos casos— por la sencilla razón de que eran hombres y, en consecuencia, tuvieron personalidad jurídica, aunque muy restringida. "La esclavitud —dice Cossio— no es un problema de personalidad, sino de libertad". 45. El problema frente al derecho positivo.— Como es obvio, para establecer con precisión quienes tienen personalidad jurídica —problema que ofrece dudas en lo que respecta a los grupos sociales, puesto que no todos la tienen— y además, sus condiciones, extensión, etc., es necesario recurrir al derecho positivo de cada Estado. Tampoco trataré aquí la clasificación de las personas en nuestro derecho, porque eso corresponde en especial, al curso de Derecho Civil y puede encontrarse en algunos de los libros de esa materia. No obstante ello, en el capítulo en que se trata el Derecho Civil, hallará el lector algunas referencias a este punto (véase "Persona" en el índ. alfab.) Continuamos pues, en el plano filosófíco-jurídico.

46. Definición correcta del sujeto o persona jurídica.— Teniendo en cuenta las críticas formuladas a la definición clásica, cabría decir que persona o sujeto del derecho, es el ser humano o grupo de seres humanos, en tanto que aptos para ser titulares de derechos -°. Analicemos brevemente esta definición: 1) Ser humano: con esta referencia directa, queda aclarado que en el caso de las personas individuales, el sujeto del derecho es el ser humano, así como en el caso de las personas colectivas, lo es un grupo de seres humanos, a los que el derecho confiere personalidad jurídica. Estas palabras, sin una aclaración complementaria, pueden hacer caer en el error de identificar al sujeto del derecho, con el ser humano en su plenaria realidad. Por tal motivo, agregaré que, desde el punto de vista lógico-jurídico, no interesa el hombre en su realidad plenaria (así p. ej., no interesa su estatura o el

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La Teoría Egológica..., cit., pág. 485. Se entiende que derecho.s subjetivos, es decir, facultades jurídicas (v. Cap. 6. párr. 19).


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color de su piel), sino el hombre desde un punto de vista, el de su conducta, pero como no es ontológicamente posible separar la conducta, del hombre que la realiza, tampoco podemos referirnos al sujeto jurídico, desvinculándolo totalmente del ser humano. Aclarado esto, se comprenderá por qué se dice con acierto, que el concepto jurídico de persona, no coincide con el concepto antropológico, lo que equivale a decir que persona, en sentido jurídico, no es lo mismo que ser humano en su realidad plenaria. Sólo distinguiendo estos conceptos, se comprende cómo "es posible que un mismo hombre pueda pertenecer a la vez a varias comunidades jurídicas diversas entre sí, y que su conducta pueda ser regulada por diferentes órdenes jurídicos" -'. Ya vimos entonces que el sujeto jurídico es el ser humano desde un punto de vista. Aclarando estas palabras, agregaré que para conocer plenamente la personalidad de un ser humano, es necesario conocer los derechos y deberes que le son atribuidos por el ordenamiento jurídico y es por ello que a él debemos recurrir, pues son las normas las que contienen esa atribución o imputación de derechos y deberes jurídicos. 47.— Ahora bien, en el caso de las personas individuales, esa imputación normativa —según lo ha aclarado Kelsen— se realiza no sólo de manera centralizada, sino también inmediata. Igual que en las personas colectivas, tal imputación es centralizada o convergente, como las varillas de un abanico o como un haz de luz, por cuanto sólo así adquieren un sentido unitario y estructural, indispensable para distinguir una persona jurídica de otra, aun en el caso de que un mismo ser humano constituya distintas personas jurídicas. Más adelante (párr. 51), al profundizar el estudio de la persona desde el punto de vista lógico-jurídico, veremos que en esta imputación centralizada, radica la esencia genérica de la personalidad jurídica. Por último, agregaré que cuando las normas jurídicas atribuyen un derecho o un deber a una persona individual, lo hacen de manera inmediata o directa (párr. 52). 48.— 2) Grupo de seres humanos: en el caso de las personas colectivas, el sujeto jurídico está integrado por un conjunto de seres humanos, no importando desde el punto de vista lógico-jurídico, que sus integrantes sean dos o más. También en este caso, debo aclarar en primer término que la persona colectiva, no se confunde con la realidad plenaria del grupo social, pues el derecho lo encara desde un determinado punto de vista: el de la conducta compartida de sus integrantes, estructurándola de una manera unitaria y centralizada. Ahora bien, como es ontológicamente imposible separar esas conductas de los seres -'

KELSEN, Hans, luí Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, 1946, pág. 84.


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que las realizan, resulta que tampoco podemos comprender plenamente el concepto de persona colectiva, desvinculándolo por completo del grupo de seres humanos que la integran. Quedamos pues en que el sujeto jurídico es aquí un grupo de seres humanos encarados desde un punto de vista. Mas para que ese grupo social tenga el carácter de persona jurídica, es necesario que el derecho lo destaque en el medio social, atribuyendo al respectivo grupo humano una serie de derechos y deberes jurídicos. Esto significa que no cualquier grupo humano, por el solo hecho de constituir una institución social (p. ej. un centro cultural), tiene ya personalidad jurídica; en efecto, para ser un sujeto del derecho, es necesaria esa atribución de derechos y deberes, que se realiza por intermedio de las normas jurídicas, de una manera centralizada y mediata. 49.— Esta imputación normativa, igual que en el caso de las personas individuales, es convergente o centralizada, porque el derecho, si bien atribuye el ejercicio de una serie de facultades y deberes jurídicos a seres humanos —que son por supuesto los únicos que pueden ejercerlos— los imputa de manera centralizada, a ese grupo de seres humanos que constituyen la persona colectiva y es precisamente esa convergencia, lo que da unidad a la construcción normativa. Asimismo y sin perjuicio de profundizar más adelante este aspecto (párr. 52), adelantaré que cuando se atribuye un derecho o un deber a una persona colectiva, esa imputación —según lo ha aclarado Kelsen --— es mediata, porque el orden jurídico general dejará librado a otro orden jurídico parcial (dirá p. ej.: "la sociedad anónima deberá..."), la determinación, ya inmediata o directa, de la persona que ejercerá tal derecho o cumplirá tal deber (así p. ej., el estatuto respectivo dispondrá: "el presidente deberá..."). 50.— 3) Aptitud para ser titular de derechos. De todo lo expuesto, inclusive de las definiciones dadas, surge con claridad meridiana que es éste el aspecto a través del cual considera el derecho a los seres humanos, a los efectos de configurarsupersonalidad jurídica. Portal motivo, podemos decir que el rasgo esencial de la persona o sujeto jurídico, es la aptitud para ser titular de derechos y, por consiguiente, de deberes jurídicos. Ahora bien, a esa aptitud, se la llama capacidad (y también personalidad jurídica). Por lo tanto, podemos afirmar desde ya que no hay persona o sujeto jurídico sin capacidad y que ésta constituye su carácter definitorio. El reconocimiento de esta verdad, la encontramos en la definición de persona del párr. 46, pues al decir que lo son todos los seres humanos o grupos sociales, en --

KELSEN. Hans. oh. lif.. pág. 87.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA PERSONALIDAD LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN JURÍDICA: ESENCIA 191 - Cap. 5 tanto que aptos para ser titulares de derechos (y por consiguiente de deberes), se evidencia que la capacidad podrá ser inás o menos extensa, podrá ser limitada a un mínimo que en nuestro derecho, por ejemplo, corresponde a las personas por nacer, pero siempre habrá de ser mayor que cero. Queda pues bien claro que no se conciben personas en derecho, con incapacidad jurídica absoluta. A los efectos de una mejor comprensión de los conceptos que estudiamos, es necesario establecer con claridad la relación existente entre la persona o sujeto del derecho y la capacidad: - {& persona es el sujeto del derecho en sí mismo (sustantivo); - la capacidad, es su aptitud jurídica (atributo). Se trata pues de cosas distintas que no deben confundirse, pero que se presuponen recíprocamente, porque la capacidad es el atributo que convierte a los seres humanos y grupos sociales, en personas del derecho - \ 51. Esencia de la personalidad jurídica.— A pesar de que en el análisis de la definición anterior, se ha hecho referencia ya al tema, conviene agregar algunas palabras, a fin de disipar posibles confusiones. Como es evidente, si nosotros decimos que tanto las personas individuales como las colectivas son personas jurídicas, es porque la esencia genérica de ambos tipos de personas jurídicas es la misma. De lo contrario, no sería posible dar un concepto puro de la persona o sujeto del derecho. En este sentido, es Kelsen quien ha dado la respuesta, al enseñar que, en esencia, la personalidad jurídica consiste en una imputación centralizada de conducta humana, vale decir que cuando el jurista se encuentra con una persona jurídica, sea individual o colectiva, hallará siempre ese conjunto de conductas objetivadas en las normas jurídicas bajo las formas del derecho y el deber jurídicos, centralmente imputadas. Como es obvio, en el caso de la persona individual, se trata de la conducta de un hombre, claro que en interferencia intersubjetiva, pero sin perder por ello el carácter de conducta de una persona individual; a su vez, en el caso de las personas colectivas, se trata de la conducta de una pluralidad de hombres, estructurada de manera unitaria por el ordenamiento jurídico. Este haz de conductas imputadas a un centro común, es por supuesto una estructura que constituye el concepto puro de personalidad jurídica, así como el centro de imputación no es otra cosa que la esquematización lógica de la persona jurídica, es decir, de una realidad que, ontológicamente no es ni más ni menos que el ser humano, actuando de diversa manera (individual o colectivamente).

^^ BUSSO. Eduardo, Código Ciiil Anolado. T. I, Buenos Aires. 1944. pág. 246, páiT, .S5.


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52. Diferencia entre la persona individual y la colectiva.— Siguiendo con el planteamiento en el plano lógico formal y puesto que no hay diferencias de esencia genérica entre las personas individuales y las colectivas, cabe preguntarse cuál es entonces la diferencia entre ambas. A esto responde Kelsen diciendo que la diferencia consiste en que en la persona individual, hay un facultamiento y obligamiento inmediato, mientras que en la colectiva son mediatos. En efecto, como dice Kelsen, "que el orden jurídico estatal singular obligue o faculte a una persona jurídica (en el sentido de colectiva), significa que convierte en deber o en derecho la conducta de un hombre sin determinar el sujeto mismo. Su determinación es dejada, por delegación de parte del orden jurídico estatal, al orden jurídico parcial cuya unidad se expresa en la persona jurídica. Hay una obligación y facultamiento mediatos de hombres individuales, es decir, por intermedio del orden jurídico parcial" '^-'^. Y más adelante agrega: "Por lo tanto, que una persona jurídica (en el sentido de colectiva) sea obligada o facultada no significa, en manera alguna, que ningún hombre individual sea obligado o facultado, sino solamente, que los individuos son obligados y facultados de modo mediato" -^. Con estas palabras, creo haber aclarado que cuando el ordenamiento jurídico faculta u obliga a una persona colectiva (p. ej., si dice, "la sociedad anónima deberá pagar..."), hay un facultamiento u obligamiento mediato, porque en tal caso, es el orden jurídico parcial (el estatuto de la sociedad anónima en nuestro ejemplo), el que dispondrá, pero ya de manera inmediata o directa, cuál es la persona facultada u obligada (p. ej., el presidente o el gerente de la sociedad). 53. Problemas de la existencia y realidad de las personas colectivas.— Pasando ahora del problema de la esencia (que es algo ideal), al problema de la existencia (que es algo real), cabe aclarar que las únicas personas que tienen existencia, estrictamente hablando, son las personas individuales, es decir, los seres humanos reales y concretos. En consecuencia, puede afirmarse que las personas colectivas carecen de existencia, por lo que la única realidad que tienen es la de los seres humanos que las integran, cuyas respectivas conductas adquieren sentido unitario, en virtud del peculiar enfoque del ordenamiento jurídico que se ha explicado. 54. Teorías sobre la naturaleza de la persona colectiva.— Con la distinción de lo.s aspectos lógico y ontológico, este problema queda perfectamente aclarado, como creo haberlo hecho en los párrafos anteriores. No obstante lo dicho, la historia del pensamiento jurídico, registra una gran cantidad de teorías que no sólo confunden ambos aspectos, sino que para colmo, hacen interferir cues-'' KELSEN, Hans, ob. cit., pág. 87. -^ tóem, pág. 88.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PERSONAS COLECTIVAS; NATURALEZA 193 - Cap. 5 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN tiones axiológicas, complicando aún más las cosas. Así por ejemplo, para fundamentar axiológicamente la conveniencia de que las personas colectivas no requieran la autorización estatal previa, para actuar en la vida jurídica, se comienza con un planteo teórico defendiendo la llamada "teoría de la realidad" y después se argumenta que si son reales, no se debe requerir la previa autorización estatal, para reconocerlas jurídicamente como personas colectivas. Otros autores, por el contrario, queriendo fundamentar valorativamente el sistema de la autorización estatal, elaboraron la "teoría de laficción"y una vez aceptado que las personas colecfivas eran unaficcióno creación artificial del legislador, deducían lógicamente que tales personas requerían la previa autorización estatal, para poder actuar válidamente como personas jurídicas. Poniendo las cosas en su lugar, corresponde decir que la verdadera "naturaleza" de las personas colectivas, nada tiene que ver con esos detalles, ni varía porque se requiera o no la autorización estatal previa. Estos aspectos, son una cuestión de valoración puramente confingente, cuya solución dependerá de las cambiantes circunstancias sociales, y así por ejemplo, si en un momento dado puede convenir un sistema, en otro puede convenir un régimen distinto, y aun en el mismo momento histórico, puede que sea más conveniente y justo, adoptar disüntos sistemas para las diferentes clases de personas colectivas. Con estas aclaraciones previas, voy a exponer brevemente algunas de las teorías más conocidas ^^: 55.— 1) Teoría de la ficción. Presuponiendo que las únicas personas jurídicas reales son las individuales, afirman que las personas colectivas son unaficción,o si se quiere, una creación artificial del legislador. De este planteo surge como consecuencia que requieren autorización previa del Estado para actuar válidamente, que éste debe disolverlas, etc. La teoríaficcionalistatiene sus orígenes en Roma, donde por vez primera se reconoció durante el Imperio, la personalidad jurídica de ciertos grupos humanos. Fue también sostenida durante la Edad Media y Moderna, siendo el jurista Savigny, el que la expuso orgánicamente. 56.— 2) Teorías negatorias de la personalidad. Presuponen también que las únicas personas jurídicas reales son los seres humanos. Ahora bien, para explicar el caso de las personas colectivas, se han formulado varias doctrinas negatorias: a) teoría del patrimonio de afectación, o del patrimonio afectado a un fin (Brinz, Bekker, Schwarz, etc.); sostiene que lo único real es la existencia de un patrimonio con una afectación determinada. En esto consisfiría la persona colectiva, estando desprovista por lo tanto de todo sujeto y atribuyéndose los derechos (llamados "impersonales"), a ese patrimonio. La realización de susfines,se la explica diciendo que el derecho protege el fin o destino de ese patrimonio; b) teoría de la propiedad colectiva (Planiol, Barthélémy, Wieland, Rhode, etc.): afirma que lo único real es una propiedad en situación jurídica semejante (no igual), a la del condominio. En efecto, así como en éste cada condómino es dueño de una cuota-parte de la cosa, en las personas colecfivas, la propiedad pertenece al grupo, como si fuera una sola persona, sin que deba hablarse por lo tanto —igual que en el condominio— de una personalidad jurídica distinta de -^ Para una exposición de estas teorías, puede verse cualquier buen libro de derecho civil (parte general) y, para un estudio más profundo, véa.se ORGAZ, Alfredo, "Concepto y elementos de las personas colectivas", en revista La Ley, t. 63, año 1951, pág. 950.


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la de cada uno de sus miembros; c) teoría negatoria de toda personalidadjurídica, inclusive de la del ser humano (Duguit): estefilósofo,destacado representante del positivismo jurídico, comienza reconociendo sólo la existencia del derecho objetivo, es decir, de la norma jurídica, pero niega la existencia de los derechos subjetivos, afirmando que sólo hay en la realidad "situaciones jurídicas subjetivas", conforme o contrarias al derecho objetivo. Rechaza también Duguit la existencia de los sujetos del derecho, inclusive de las personas individuales, manifestando respecto de las colectivas, que hay sí entidades colectivas con fines comunes, pero que dichosfinesson perseguidos por voluntades individuales, que son las únicas reales. 57.— 3) Teorías de la realidad. Surgieron como réplica a la teoría de laficción,sosteniendo en síntesis, que las personas colectivas son tan reales como las individuales. De este principio, han inferido sus partidarios una serie de consecuencias, tales como la de que no corresponde al Estado disponer su nacimiento o extinción; que deben tener responsabilidad, pues son capaces de cometer actos ilícitos, etc. De las muchas teorías realistas, recordaré sólo algunas de ellas: las organicistas, las voluntaristas, las del interés, etc.: a) teorías organicistas: si bien con matices diversos, sus sostenedores (Bluntschli. Schaeffle, Wundt, etc.), afirman que la persona colectiva es un organismo análogo al ser humano, dotado de una voluntad propia y con órganos propios de expresión de esa voluntad; b) teorías voluntaristas (Meurer, Haff, Zitelmann, etc.), llegan a afirmar la existencia de una voluntad síquica colectiva, distinta de la de sus miembros; c) teorías del interés. Esta orientación ofrece diversas variantes. Ihering por ejemplo, descarta la voluntad, pues hay seres que son sujetos jurídicos, no obstante carecer de voluntad para ejercer sus derechos (impúberes, dementes, etc.); en cambio, considerando que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido (v. Cap. 6, párr. 38), sostiene que basta la existencia de un interés distinto del de sus miembros, tutelado por la ley, para que pueda hablarse de una persona jurídica real. Por su parte, Bematzik y Michoud, considerando que el derecho subjetivo es un interés protegido mediante el reconocimiento de un poder de voluntad humana (se concillan pues el interés y la voluntad), sostienen que el sujeto de derecho es el titular de todo interés humano que el orden jurídico reconoce, en cuanto da fuerza jurídica a la voluntad necesaria para realizarlo; d) teoría de la creación del derecho objetivo (Ferrara): sostiene este autor que la persona colectiva es un producto del derecho objetivo, que atribuye la aptitud de ser titular de derechos, tanto a los seres individuales como a ciertos grupos de hombres. A pesar de tal planteo —razón por la cual Legaz y Lacambra -'' la califica de "nueva teoría de laficción"—Ferrara dice que si bien la persona colectiva no es una realidad sensible o corpórea, es .sí una realidad ideal. Además, haciendo gala de un racionalismo a ultranza. Ferrara llega a decir que podría concederse personalidad jurídica a un número, lo que revela una ceguera ontológica total. 58.— 4) Teoría lógico-formal (Kelsen). En las páginas anteriores, especialmente en los párrs. 51 y 52, ya se ha hecho referencia a esta teoría, razón por la cual me remito a lo dicho. Sólo agregaré que desde el punto de vista lógico-formal, esta concepción es inobjetable.

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. ob. cit. en nota 3, pág. 543.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico HECHO JURÍDICO O DISTRIBUCIÓN 195 - Cap. 5 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION pero a efectos de tener una concepción integral de la persona colectiva, es necesario investigar también los aspectos ontológico y axiológico, distinguiéndolos debidamente.

HECHO JURÍDICO 59. Aclaración previa.— Toda norma jurídica encierra un supuesto o hipótesis, cuya realización da nacimiento a las consecuencias jurídicas que la norma establece (vale decir, los derechos y deberes que las normas conceden e imponen, respectivamente). El supuesto jurídico—otro de los conceptos jurídicos fundamentales—no es más que la conceptuación normativa de un hecho (supuesto simple), o de varios hechos (supuesto múltiple). Como ejemplo del primerease, citaré la mayoridad ("las personas mayores de edad deberán...") y, como ejemplo de supuesto múltiple, el siguiente caso: "los hombres mayores de edad, solteros y de buena salud, deberán... hacer tal cosa" (en esta norma, encontramos un supuesto integrado por la mención de cuatro hechos). Lo afirmado equivale pues a decir, que el supuesto jurídico es la representación normativa del hecho jurídico. Con estas aclaraciones, vamos a comenzar el estudio del objeto mentado por el supuesto jurídico, es decir, de los hechos jurídicos. 60. Concepto.— Hechos jurídicos son aquellos hechos o acaecimientos humanos o naturales, que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo: un contrato que, en principio, engendra derechos y deberes para ambas partes contratantes; un nacimiento, del que surgen facultades y obligaciones de los padres con respecto al hijo y viceversa; etc. Al hablar de "hechos jurídicos", me refiero a los hechos en tanto que contenido de un supuesto jurídico, es decir, a los hechos que funcionan como fuente de relaciones jurídicas y, por lo tanto, de derechos y deberes que son sus elementos (sobre el concepto de relación jurídica, v. Cap. 6, párrs. 11, 15 y 19). Para mayor claridad, se impone una aclaración, porque los hechos desempeñan un doble papel en el derecho: 1) Como hecho jurídico propiamente dicho, es decir, como fuente de relaciones jurídicas. En este caso, los hechos pueden ser tanto naturales como humanos. Es a este sentido y con este alcance, al que se hace referencia al hablar de hechos jurídicos. Quede pues bien claro que las relaciones jurídicas no surgen sino a consecuencia de estos hechos naturales o humanos, que se denominan hechos jurídicos.


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61.— 2) Como objeto del derecho (o hecho-objeto). Sin perjuicio de analizar más adelante este punto, interesa dejar aquí constancia que sólo pueden ser objeto del derecho, los hechos humanos y no los naturales. Por ejemplo: la entrega de una cosa, la prestación de servicios médicos, etc. Ahora bien, teniendo en cuenta el esquema lógico de la norma jurídica completa como juicio disyuntivo (párr. 33), se comprenderá que estos hechos humanos pueden ser lícitos o ilícitos. En el primer caso, serán considerados como conducta correspondiente a un derecho subjetivo (párr. 68), a un deber jurídico (párr. 67), o a una sanción (que es también por supuesto conducta lícita —V. párr. 72—); por su parte, en tanto que conducta ilícita, quedan conceptuados como transgresión o entuerto (párr. 69). Para cerrar este párrafo, me referiré a esa expresión tan común en los juristas, situación "de hecho ", como opuesta a situación jurídica o "de derecho ". Se trataría pues de una situación ajurídica. Así por ejemplo, al estudiarse la naturaleza jurídica del concubinato, son muchos los autores que dicen estar frente a una situación de hecho, y nada más. Pues bien, de acuerdo con el concepto, objeto y caracteres del derecho, queda filosóficamente fundado que toda situación de hecho, en tanto haya una interferencia intersubjetiva de conductas, es al mismo tiempo una situación jurídica o de derecho. Cuando se dice estar frente a una situación de hecho, lo que quiere expresarse jurídicamente, es que esas relaciones sociales no han sido legisladas en especial, pero sí están reguladas por el derecho, pues encuadran en el amplio marco de libertad (jurídica), dejado a las personas. Y si el derecho da amplia libertad para realizar o no ciertos actos (los permitidos), es evidente que hay una regulación jurídica. 62. Denominaciones.— Se los denomina "hechos relevantes para el derecho", "hechos jurígenos", "hechos sometidos al derecho" (Roguin), "hechos antecedentes", "supuestosjurídicos" (G. Maynez), "hechosjurídicos", etc. De todas ellas, la más generalizada es la última ifait juridique,fatto giuridico, tatbestand, etc.). 63. Caracteres.— 1) Pueden ser: a) naturales, vale decir los que tienen lugar sin que intervenga el hombre (ejs.: terremotos, inundaciones, etc.); o b) humanos: son por el contrario, los realizados por el hombre (ejs.: el matrimonio, el pago de una deuda, los delitos —civiles y penales—, etc.). 2) Debe afectar a dos o más personas, puesto que la norma jurídica es bilateral. Por ejemplo: la caída de granizo (hecho natural), cuando destruye un trigal, no produce en principio ninguna consecuencia jurídica, pero sí cuando el


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION 197-Cap. 5 HECHO JURÍDICO O DISTRIBUCIÓN

propietario ha asegurado sus sembrados contra ese riesgo, pues aparece ya otro sujeto (el asegurador). 64. Clasificaciones.— Pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista: I) Atendiendo a su origen, se los divide en naturales y humanos. Para mayor claridad, insertaré un cuadro sinóptico, útil sobre todo para el estudio del derecho argentino: Naturales

í

Voluntarios o actos en general

ilícitos

— actos simplemente lícitos: cuando tienen ese fin

Humanos<j lícitos w. Involuntarios

— actos jurídicos: cuando tienen por fin inmediato producir consecuencias jurídicas

[delitos dolosos (civiles y penales) 1 y faltas (o contravenciones) ÍEn general no producen [consecuencias jurídicas.

pero, cuando son ilícitos, sí ilícitos •Ejs.: delitos culposos del D. penal y cuasidelitos civiles

Como es obvio, el estudio detallado de este cuadro, tema ya de la Ciencia Dogmática, se hará en el primer curso de Derecho Civil, por lo que puede encontrarse en cualquier buen libro de dicha materia. 65.— II) De acuerdo con el tiempo en que produzcan sus consecuencias, se los divide en ^^•. 28 GARfÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 185.


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1) Hechos jurídicos de eficacia inmediata: son aquellos cuyas consecuencias jurídicas (nacimiento, modificación o extinción de derechos y deberes), se producen en seguida de su realización. 2) De eficacia diferida: cuando la realización de las consecuencias, depende de algún suceso futuro. Por ejemplo: una donación bajo condición suspensiva. En síntesis, cuando el nacimiento, modificación o extinción de un derecho o de un deber jurídico, depende de una condición, plazo, etc., estamos frente a un hecho jurídico de eficacia diferida. 66.— En el primer curso de derecho civil se estudiarán los hechos jurídicos con particular referencia a nuestro derecho y allí se encontrarán muchas clasificaciones que no corresponde citar aquí. Con lo dicho es suficiente para destacar la variedad que pueden presentar los hechos jurídicos, en tanto que contenido de los supuestos normativos. DERECHO SUBJETIVO 67. Remisión.— El derecho subjetivo o facultad jurídica es una posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma jurídica -''. Por ejemplo: el derecho de testar, el de casarse, etc. Por la extensión del tema, lo trataré en el capítulo siguiente, junto con el deber jurídico. DEBER JURÍDICO 68. Remisión.— En los párrs. 33, 35, etc., dije que el llamado deber jurídico o prestación (también llamado, aunque con menor frecuencia, hecho-prestación u objeto-prestación), es otro de los conceptos jurídicos fundamentales, lo que implica decir que toda norma hace referencia a dicho objeto. Por razones didácticas, trataré este punto en el capítulo siguiente. TRANSGRESIÓN (O HECHO ILÍCITO) 69. Concepto.— Es el incumplimiento de la prestación debida por el sujeto obligado, es decir, el incumplimiento del respectivo deber jurídico que, por otra parte, la norma de derecho establece como condición para la pertinente san-

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GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, hitroducción a la lógica Jurídica, México, 1951, pág. 181.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA TRANSGRESIÓN VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN199 - Cap. 5 Y SANCIÓN

ción que debe aplicársele al transgresor (este concepto será más fácilmente comprendido si se recuerda la estructura normativa del párr. 33). De esto se infiere que quien comete una transgresión, no viola el derecho, como suele decirse, sino que cumple la conducta descripta en la perinorma, como condición de la sanción; en otros términos, lo que sí viola es el respectivo deberjurídico por no cumplirlo. "Violación de la norma —dice Cossio 3°— sería castigar a quien no cometió entuerto, o no castigar a quien lo cometió". 70.— Cabe hacer notar que para el iusnaturalismo, la transgresión (lo mismo pasa con la sanción), no forma parte de la norma y es la negación misma del derecho. Corresponde a Kelsen el mérito de haber demostrado el error de este planteo, dando al entuerto un lugar intrasistemático en el derecho ^'. 71. Denominaciones.— La transgresión es también llamada entuerto, hecho ilícito, no prestación (v. párr. 33), conducta ilícita, conducta antijurídica, etc. (el delito es generalmente considerado como una especie del género transgresión). SANCIÓN 72. Concepto.— Es un hecho positivo o negativo, impuesto aun mediante la fuerza, al responsable de una transgresión. Esto implica reconocer que la violación de un deberjurídico (o hecho ilícito o transgresión), es el presupuesto necesario de la sanción. Por ejemplo: el cumplimiento forzado de una deuda de $ 1.000.000, para lo cual se embargan compulsivamente bienes del deudor, se rematan, etc., y se paga la deuda. Con las sanciones se pueden perseguir tres finalidades básicas: 1) el cumplimiento forzado de la endonorma, es decir, del deberjurídico respectivo (p. ej., el pago compulsivo de una deuda); 2) la indemnización de daños y perjuicios, que se establece en general, cuando lo primero no es posible (p. ej., la suma de dinero que debe pagar el automovilista que guiando un vehículo, haya ocasionado la muerte de un peatón; 3) un castigo cuando el hecho es ya grave, castigo que se materializa mediante una pena (p. ej., una pena privativa de libertad en caso de homicidio). He afirmado que la sanción es un hecho o varios hechos imputados normativamente, como consecuencia jurídica del incumplimiento de una obligación, es decir, de una transgresión. Sin embargo, en el orden penal, parece a primera vista que esto no ocurriera, puesto que las leyes respectivas disponen, poco más La Teoría Egológica..., cit., pág. 494. Ob. cit. en nota 22. pág. 53.


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O menos, lo siguiente: "el que matare o hiriere..., etc., será penado...", resultando entonces que la sanción se aplica cuando la ley es cumplida y no cuando es violada (por eso alguien dijo irónicamente, que los delincuentes son los más fieles cumplidores de la ley). Lo que ocurre en realidad, es que la norma penal completa (v. párr. 9 infine) está compuesta por la perinorma y la endonorma, usándose en las leyes penales sólo la perinorma, por razones de brevedad y técnica legislativa. En efecto, si se sanciona una conducta, es evidente que la obligación debida es la conducta opuesta. 73.— La sanción es esencial al derecho; en efecto, "no hay derecho sin sanción, ya que ésta hace a la esencia de !o jurídico, aunque en algunas situaciones no se descubra a primera vista su posibilidad. Pero es que se suele confundir sanción con coacción y se piensa, por ejemplo, en las obligaciones de hacer o en las que nacen del vínculo de familia (cohabitar, fidelidad), en las que ninguna coacción efectiva es posible ni está impuesta. No hay que olvidar que en estos casos, como en cualquier otro, la sanción existe siempre, aunque venga por conducto indirecto en forma de una compensación de diferente especie, o en una abstención imperativamente impuesta. En los ejemplos citados, en el caso de las obligaciones de hacer, la solución más corriente es la condena a una compensación en dinero y en la negativa a cohabitar o guardar fidelidad, el divorcio" ^^. En otros términos, cabe decir que toda norma jurídica completa hace referencia a una sanción, por lo que su concepto constituye una de las nociones jurídicas fundamentales. 74. Carácter.— Según he aclarado (v. Cap. 4), el carácter definitorio de la sanción jurídica es la coercihiUdad, rasgo que no debe ser confundido con la coacción. 75. Clasificaciones.—Pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista: I) Corrientemente se distinguen: 1) Civiles (principalmente indemnización pecuniaria). 2) Penales (principalmente multas y penas privativas de libertad). 3) Disciplinarías (principalmente suspensión, separación del infractor, etc.). 76.— II) García Maynez '^, teniendo como criterio la finalidad que persiguen, distingue:

^- RUIZ MORENO, Martín T., Vocabulario Filosófico, Buenos Aires, 1946, pág. 241. Ob. cir. en nota 8, págs. 298 y 302 (cuadro sinóptico).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LARESPONSABILIDAD VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN JURÍDICA 201 - Cap. 5

1) Cumplimiento forzoso: su fin consiste en obtener coactivamente la observancia del deber infringido. 2) Indemnización: tiene como fin obtener del sancionado, una prestación económicamente equivalente al deber jurídico no cumplido. 3) Castigo: su finalidad inmediata es aflictiva. No persiguen el cumplimiento del deber jurídico violado, ni la obtención de prestaciones equivalentes. "Al declarar que el castigo es una de las formas generales en que las sanciones jurídicas pueden manifestarse, no queremos referimos exclusivamente al caso de la sanción penal, sino a todas aquellas sanciones cuya finalidad no estriba en lograr coactivamente el cumplimiento de un deber jurídico, ni en conseguir determinadas prestaciones económicamente equivalentes a los daños y perjuicios derivados del acto violatorio (p. ej., las diversas formas de nulidad; el derecho concedido a los contratantes de rescindir un negocio jurídico bilateral, cuando la otra parte se niega a cumplir; la multa, etc.)" ^'*. Los tres grupos de sanciones analizados, son las formas simples, pero en la práctica se presentan también formas mixtas, en las combinaciones siguientes: 1) cumplimiento + indemnización; 2) cumplimiento + castigo; 3) indemnización + castigo; 4) indemnización -i- castigo + cumplimiento. Un ejemplo del primer caso, lo tenemos cuando a una persona se la condena a cumplir una determinada prestación a que se había obligado, más una indemnización de los daños causados, sea por demora en el cumplimiento, etc. "El caso de las sanciones mixtas no debe ser confundido con el de la acumulación de sanciones. Aquéllas son consecuencias de una sola violación; la acumulación de sanciones supone la existencia de varios hechos violatorios, cometidos por una sola persona" ^^. 77. Responsabilidad jurídica (relaciones con la transgresión y la sanción).— Los conceptos de estos dos últimos hechos ya han sido analizados; en consecuencia, ahora corresponde aclarar qué se entiende por responsabilidad jurídica, lo que implica una vinculación necesaria con los dos conceptos antes mencionados. En síntesis, reitero que la sanción debe aplicarse al responsable de la transgresión. Por tal motivo, para tener un concepto más amplio de la sanción, es preciso aclarar qué significa ser responsable y, en definitiva, qué se entiende por responsabilidad jurídica. Veamos: A) Nociones preliminares: distintos sentidos en que es usado el vocablo '"responsabilidad" en el ámbito moral y en el lenguaje vulgar. Con viene dedicar algunos párrafos al tema del epígrafe, ya que sobre todo en el lenguaje corriente, es usado en varios significados. ^* Mem, pág. 303. ^^ ídem, pág. 304. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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\)Enel ámbito moral: se imputa responsabilidad moral a una persona, por ejemplo cuando ha violado un deber moral. A este sentido ya se ha hecho referencia (v. Cap. 4, párr. 20), por lo que sólo recordaré que dicho deber moral, puede coincidir o no, con algún deber jundico referido a la misma conducta. 2) En el lenguaje vulgar. Entre otros significados recordaré los siguientes: a) cuando se hace referencia a los deberes (v. obligaciones) de una persona, como por ejemplo cuando se afirma que "los padres tienen la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos", o cuando alguien acepta un cargo manifestando "aceptar esa responsabilidad...", haciendo referencia a los deberes respectivos, etc. b) como sinónimo de confiable, cuando se dice de alguien que es una "persona responsable", para indicar que es seria, capaz, honesta, etc. c) para designar la causa de algún daño o hecho, como por ejemplo cuando se afirma que "la niebla fue la responsable de tal o cual accidente de tránsito", etc. En resumen, los senddos explicados no guardan relación con el significado propiamente jurídico del vocablo, que necesita por lo tanto un esclarecimiento preciso, sin olvidar que a veces, algunos de los sentidos corrientes son también usados en el ámbito jurídico, lo cual constituye un error que debe ser evitado. 78.— B) Concepto. Siguiendo a Kelsen, puede afirmarse que una persona es responsable de una transgresión, cuando es susceptible de ser sancionada por la respectiva transgresión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, siendo indistinto que el sancionado haya cometido personalmente o no la transgresión, e inclusive que la sanción le sea o no aplicada de hecho. A su vez y como es lógico, responsabilidad es la condición de responsable, vale decir, la aptitud de una persona de ser pasible de una sanción, a consecuencia de haberse cometido una transgresión (es decir, un hecho ilícito —v. párr. 69—). Del concepto formulado surge que es un error confundir responsabilidad con deberjurídico (v. Cap. 6, párr. 96), o con sanción (v. párr. 72). En este último caso, resulta evidente el error cuando se observa que la sanción es un hecho (que debe aplicarse cuando se comete una transgresión), mientras que la responsabilidad es una aptitud personal de carácter jurídico, pues surge precisamente de una norma jurídica. Se trata pues de un carácter lógiconormativo y no de un hecho como la sanción. En definitiva, la responsabilidad jurídica debe ser definida como se ha hecho al comienzo del presente párrafo, ya que el responsable de la transgresión, es por lo general quien la cometió (responsabilidad directa), pero a veces las cosas no son así, pues el responsable no es el autor sino otra persona (responsabilidad indirecta —v. párr. 96—). 79.— C) Fundamento de las responsabilidades, humana en general y jurídica en particular. Cuando se habla de "fundamento" en este problema, se hace referencia al fundamento último, vale decir, al fundamento de todos los fundamentos de la responsabilidad humana. Al respecto hay varias teorías que oscilan entre dos extremos: la libertad espiritual y el determinismo. Además, hay varias posiciones intermedias, por lo que todas las concepciones antedichas conforman una problemática muy importante y vasta, que no corresponde tratar aquí en profundidad, sino en el ámbito de lafilosofíadel derecho.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LARESPONSABILIDAD VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN JURÍDICA 203 - Cap. 5 No obstante ello, cabe recordar que ya hemos visto algo sobre el tema (v. Cap. 1, esp. párrs. 53 y 54), por lo que, resumiendo, puede afirmarse que según la concepción más generalizada, elfundamento de la responsabilidad jurídica es la libertad espiritual del ser humano, a pesar de que dicha libertad sea limitada, tal como he aclarado en otro lugar (v. Cap. 6, párr. 92). En el lenguaje corriente, dicha concepción se expresa diciendo que el hombre es responsable porque es libre, frase que si bien sintética, no es del todo precisa, pero debemos sobrentender que se refiere a la libertad espiritual del hombre. 80.— D) Fuentes de responsabilidad jurídica. D') Aclaraciones previas: Explicado ya el concepto filosófico de responsabilidad que, como concepto ;>Mrt) es válido para todos los derechos actuales o históricos, conviene pasar al plano científico y, en consecuencia, al de los regímenes jurídicos vigentes, a fin de analizar en concreto, las diversas clases de responsabilidad que allí rigen (p. ej.: civil, penal, etc.). Para ello, es preciso explicar primero cuáles son las distintas "fuentes" de las que surgen responsabilidades, a cuyo fin no debemos olvidar que el vocablo "fuente " se usa en este caso para designar las transgresiones (vale decir, los '"hechos ilícitos" —v. cuadro sinópfico del párr. 64—), como son p. ej. los delitos penales, de los que surgen distintas clases de responsabilidad (penal, civil, etc.). Por el contrario, quien ejerce sus derechos dentro del marco legal, no incurre, jurídicamente, en responsabilidad alguna (p. ej., quien expresa sus ideas por cualquier medio, sin cometer calumnias o injurias). En síntesis, para comprender bien la problemática de la responsabilidad jurídica, es preciso ahondar un poco más en el conocimiento de los hechos ilícitos, empezando por recordar los elementos de toda acción humana consciente, que ya se han explicado (v. Cap. 1, párr. 52) y, dentro de ellos, encontramos que el elemento psíquico presenta dos modalidades diferentes, que son el dolo y la culpa. Y es bueno conocer los respectivos conceptos, porque —reitero— no hay responsabilidad jurídica si no media como fuente, algún hecho ilícito culposo (es decir, mediando culpa), o doloso. Así por ejemplo, el principio general en la doctrina y en el derecho penal de la actualidad, es que no hay responsabilidad penal, si el hecho presunta y objetivamente delictivo, no se lo ha cometido con dolo o culpa (se exige pues, además, la concurrencia de dicho elemento subjetivo en la conducta pertinente). 81.— Por último, no debemos olvidar el casofortuito, pues cuando se presenta, excluye toda responsabilidad jurídica en quien lo ha sufrido. Ejemplo: un viento huracanado, no habitual en cierto lugar, que produce daños a personas y/o cosas, constituye en principio, una modalidad de lo que jurídicamente se llama "caso fortuito" (v. concepto en párr. 91). Ahora bien, si una persona es empujada por un viento de esas características (que por lo tanto es irresistible), y en su involuntario trayecto atropella a una persona y le produce lesiones, no es responsable de tales daños, precisamente por haberlos producido bajo los efectos de un caso fortuito. 82.— D2) Dolo. a) Concepto tradicional: es la intención de cometer un hecho ilícito, intención que debe tener la persona que lo está cometiendo, en el momento mismo de cometerlo. Ejemplo: una persona quiere matar a otra por venganza, vale decir que tiene la intención de matarla.


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Con ese fin busca el resultado querido por él, y a sabiendas de que tal hecho es ilícito, persigue a dicha persona, le dispara varios tiros para no fallar en suintento y finalmente la mata. 83.— b) El dolo es pues el elemento subjetivo de ciertas conductas (los hechos ilícitos dolosos), vale decir que es un fenómeno psíquico y, por lo tanto (al menos hasta que se exteriorice), no puede generar responsabilidad¡urídica alguna; en cambio, lo que sí es fuente de tal responsabilidad, es la acción hecha con dolo (hecho ilícito doloso), acción que es en definifiva la exteriorización del dolo. 84.— c) Doble aspecto del dolo: como surge del ejemplo dado en el párr. 82, el dolo tiene dos aspectos: 1) la intención o propósito de lograr un resultado, vale decir, haber querido el resultado que, en el citado ejemplo, es la muerte de una persona determinada. Más precisamente, cabe advertir, que el autor del hecho, lo que quiere en realidad es el resultado principal (la muerte de una determinada persona en el ejemplo anterior), pero en general, no quiere otras consecuencias indirectas, que podrían en algunos casos ser necesarias para cometer el delito principal (p. ej., daños en una casa producidos por un ladrón); 2) tener conciencia de la ilicitudát la acción, en el sentido de que es algo ilícito, aunque no sepan totalmente las consecuencias juri'dicas del resultado querido, porque si así fuera, sólo los juristas podrían cometer delitos. 85.— d) Simultaneidad del dolo con la acción: como dice el concepto formulado, la intención ilícita debe tenerse en el momento de cometer la acción; en consecuencia, si el autor la hubiera tenido antes o después del hecho, el homicidio no sería doloso, sino que podría ser por ejemplo culposo, si los disparos se le hubieran escapado sin querer. 86.— e) Dolo civil y dolo penal: como entre los hechos ilícitos civiles y los penales, hay algunas diferencias que no corresponde tratar aquí •'6, conviene destacar al menos una diferencia para evitar confusiones. Tal desigualdad es terminológica, porque en el derecho civil, los hechos ilícitos pueden ser delitos o cuasidelitos, mientras que en derecho penal, no se habla de cuasidelitos (v. Cap. 26, pág. 37), sino sólo de delitos (penales por supuesto), que pueden ser dolosos o culposos. 87.— D3) Culpa. Se trata de una palabra muy empleada no sólo en el vocabularioyiírídico, sino además en el lenguaje corriente; en efecto: a) Significado jun'c/ico (es restringido): culpa es el elemento subjetivo de aquellos hechos ilícitos cometidos sin intención de hacerlos, pero con negligencia (culpa con negligencia), o imprudencia (culpa por imprudencia), o impericia en su arte o profesión (culpa por impericia), e inclusive por inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo del autor del hecho (culpa por infracción reglamentaria) 3''. Las antedichas modalidades de la culpa V. p. ej., LLAMBÍAS, Jorge 3., Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. II, Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 277. En el actual derecho penal, se está abriendo camino el concepto de "dolo eventiiar, que .se aplica en casos de imprudencia gravísima (p. ej., muertes ocasionadas por cruzar bocacalles a gran velocidad, con semáforo en rojo). En tales casos, y si bien los accidentes de tránsito son en general delitos culposos, el accidente


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN LA CULPA

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son generalmente sintetizadas en las siguientes palabras:/a/to de previsión de lo razonablemente previsible (otros dicen simplemente "negligencia", etc.), sin olvidar que la culpa puede consistir en una acción o en una omisión. Ejemplos: hay culpa en los cuasidelitos civiles y en los delitos penales culposos. Por eso los accidentes de tránsito son en general, cuasidelitos para el derecho civil y delitos culposos para el derecho penal ^^. Por otra parte, la culpa civil y la culpa penaZ son esencialmente iguales, aunque como es obvio, son diferentes las sanciones que corresponden a los respectivos hechos ilícitos. 88.— Los dos elementos de la culpa. En síntesis, la culpa es el elemento subjetivo de ciertos hechos ilícitos (los hechos cM/po505) y, como elemento/Mi'guico debe darse en la conciencia del autor del hecho, en el momento mismo de cometerlo. Como surge de la definición formulada, la culpa tiene a su vez dos elementos que son; 1) ha. falta de intención de cometer el hecho ilícito, vale decir que el autor no quiso cometerlo. Según el lenguaje corriente, "lo hizo sin querer", y precisamente por este aspecto, la responsabilidad jurídica es menor en los hechos culposos que en los hechos dolosos. De esto surge que, por analogía con el dolo, la fuente de responsabilidad jurídica no es la culpa iítnómeno psíquico), sino el hecho ilícito culposo. 2) La negligencia (no prever lo razonablemente previsible). Este aspecto es el fundamento de la responsabilidad que el derecho actual establece para quienes cometen estos hechos. Para comprenderlo, pensemos en la cantidad de muertos y heridos que provocan los accidentes de tránsito que, en la gran mayoría son hechos culposos, no obstante lo cual, pueden ser en algunos casos dolosos por dolo eventual, simplemente dolosos, y aun meros accidentes (por caso fortuito). 89.— Por último aclaro que la culpa, como elemento subjetivo del hecho culposo, se diferencia netamente del dolo; en efecto, en éste resulta necesario para su configuración que el autor tenga conciencia de la ilicitud del hecho (v. párr. 84); en la culpa, en cambio, como el autor no ha tenido intención de cometer el hecho culposo, no tiene conciencia en el momento de cometerlo de la ilicitud del hecho, por lo que este aspecto no forma parte del elemento subjetivo que es la culpa. No obstante ello, para que un hecho culposo sea fuente de responsabilidad jurídica para su autor, es preciso que una normajurídica establezca el deber de hacer o no hacer algo, relacionado con la acción culposa del autor. 90.— b) Sentido corriente o vulgar (es amplio): tal amplitud surge de que abarca lo que jurídicamente se denomina "culpa" y "dolo". Esto es así porque el vocablo "dolo" no es de uso corriente y, en cambio, se habla de culpa, abarcando ambos elementos/MÍ'^MÍCOÍ de los hechos ilícitos. Tal extensión del concepto surge de frases comunes, como por ejemplo la siguiente: "él tuvo la culpa de la muerte, porque lo empujó a propósito, se cayó golpeándose la cabeza y falleció" (aquí el vocablo culpa engloba también al dolo). Veamos ahode tránsito es considerado delito doloso (por dolo eventual) y, en consecuencia, se le aplica el régimen de los delito.s dolosos que, obviamente, es mucho más severo que el de los delitos penales culposos. ^* Dicho sea de paso, aclaro que para el surgimiento de responsabilidad jurídica, la respectiva transgresión no debe incluir necesariamente como condición esencial, la existencia de daño (material o moral), aunque sea lo más común. Ejemplo: una infracción reglamentaria puramente formal, pero que deba ser sancionada aunque no haya producido daño alguno.


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ra el otro caso, en esta expresión corriente: "él tuvo la culpa, porque lo empujó sin querer y, cuando cayó se golpeó la cabeza y falleció" (aquí el uso vulgar del vocablo culpa, coincide con el significado jurídico). 91.— D"») Hecho que, en general, exime de responsabilidad jurídica {sea penal, civil, etc.), a quien lo sufre: el caso fortuito. a) Aclaraciones previas: el título sintetizayael motivo porel cual he incluido una breve noción de este punto. Según la definición clásica, contenida en el Código Civil argentino (art. 514), "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse". Esta definición es muy sintética, puesto que sólo se refiere a dos de los caracteres del caso fortuito (la inevitabilidad y la imprevisibilidad), pero no aclara qué es en esencia el caso fortuito (también llamado/«erjfl mayor). Por otra parte y en cuanto a los dos caracteres mencionados, cabe advertir que la inevitabilidad tí, una nota esencial; en cambio, la imprevisibilidad, es general pero no esencial. Ello es así, porque la imprevisibilidad no significa que para ser fortuito, el caso deba ser absolutamente imprevisible, sino que basta con que lo haya podido prever una persona que actúa con una diligencia razonable, propia de alguien prudente. Ejemplo: el viento no constituye en principio caso fortuito, pero si fuera un viento extraordinario que nunca se hubiera producido en el lugar, constituiría caso fortuito. En tal supuesto, si una persona que va caminando por la calle, fuera sorprendida por el meteoro y empujada por éste atropellara a otra que cae y muere, no sería responsable ni penal ni civilmente, por haber mediado caso fortuito. 92.— b) Noción aproximada del caso fortuito. Como paso intermedio a una definición precisa, puede afirmarse que caso fortuito es un hecho jurídico (y. Cap. 5, párr. 59), de carácter extraordinario (en el sentido de no común), que produce también una consecuencia extraordinaria, como es excluir de toda responsabilidad jurídica a quien, determinado por un caso fortuito, comete un daño a un tercero. Esto nos permite ver que a diferencia de los hechos dolosos o culposos, que son relativamente comunes y fuentes de responsabilidad jurídica, el caso fortuito es un hecho extraordinario, que implica un límite a esa responsabihdad, puesto que la excluye. 93.— c) Concepto: es un hecho jurídico, natural o humano, que se caracteriza por ser inevitable (vale decir, irresistible) y, además, imprevisible en general (o bien como excepción, que aun previsto por quien lo sufre no lo puede evitar). Ahora bien, para constituir caso fortuito, ese hecho debe repercutir en alguna relación jurídica, en cuyo supuesto determina que quien lo sufre incurra en una transgresión, absolutamente inevitable e involuntaria que, por eso mismo y en general, lo exime de responsabilidad jurídica. Digo en general, porque sólo en casos excepcionales, no produce dicha exención de responsabilidad, como sucede por ejemplo, cuando en materia contractual, el obligado toma voluntariamente a su cargo, las consecuencias del caso fortuito (v. art. 513, Cód. Civ. argentino). Para mayor claridad, veamos ahora como ejemplo el caso de la caída de un rayo: si cae en medio del océano y no afecta a ser humano alguno, el rayo no pasa de ser un hecho natural y, por lo tanto, no constituye casofortuito; en cambio, si cae sobre un campo sembrado, cuyo propietario hubiera asegurado su producción contra incendio, inclusive el producido por rayos, ya en este supuesto, ese rayo que es un hecho natural, pasa a ser además un hecho JMhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico RESPONSABILIDAD JURÍDICA: CLASIFICACIÓN 207 - Cap. 5 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN rídico (caso fortuito). Ello es así porque genera derechos y deberes jurídicos entre quienes se hallan vinculados por una relación jurídica, cuyo respectivo contrato (en el ejemplo dado), haya asignado a la caída de rayos, determinadas consecuencias en el campo del derecho. 94.— E) Clasificaciones de la responsabilidad jurídica. Puede ser clasificada desde varios puntos de vista: 1) Según la rama del derecho a que se refiera, puede ser civil, penal, administrativa, aeronáutica, minera, etc. La civil, que es la más común, puede ser: a) contractual, que a su vez se divide en: a') delictual (hay dolo), o a-) cuasidelictual (hay culpa); o b) extracontractual (o aquiliana), que puede ser también: b') delictual, o b2) cuasidelictual. 95.— 2) Según que la sanción deba ser aplicada o no al autor de la transgresión, la responsabilidad jurídica puede ser: a) directa (o por el hecho propio). Es obviamente la más común, pues rige en todas las ramas del derecho actual. Esta solución es la mejor, porque nada más justo que quien haya cometido un hecho ilícito, sea sancionado como dispone el ordenamiento jurídico respectivo. Como ejemplo típico, cabe citar el caso del derecho penal, en el que tal como se ha explicado en el párr. 80, último apartado, la responsabilidad directa —reitero— rige con exclusividad. Esto no se contradice con que la responsabilidad penal, sin dejar de ser directa, alcance no sólo al autor del delito y a los coautores si los hubiere (porque en definitiva son autores), sino también a otras personas que, sin haber tomado parte en la ejecución misma del delito penal, no son terceros ajenos al hecho, pues han tenido alguna participación en él. Sin entrar en precisiones terminológicas que no corresponde tratar aquí, son por ejemplo los cómplices, los instigadores, etc. 96.— b) indirecta (o por el hecho ajeno, o vicaria). En este caso, la sanción no se aplica al autor de la transgresión, sino a un tercero, es decir, a una persona que no ha tenido participación alguna en el hecho ilícito cometido. De acuerdo con lo manifestado en el párr. 95, esta responsabilidad surge únicamente fuera del ámbito penal. Entre los ejemplos más conocidos, citaré los siguientes: 1) la responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos cometidos por los hijos menores, con diversos alcances y requisitos según el país de que se trate (en la República Argentina, v. los arts. 1114, 1115 y 1116, Cód. Civ.); 2)\a. responsabilidad de los establecimientos educativos públicos o privados (salvo los de nivel terciario o universitario), por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores, mientras se hallen bajo el control de las respectivas autoridades de dichos establecimientos (art. 1117, Cód. Civ. argentino); 3) la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios provocados a terceros por sus trabajadores, en el desempeño de sus tareas como dependientes. Un ejemplo es el caso del trabajador que al descargar mercaderías de un camión, se le cae un bulto y lesiona a un peatón. Ésta es, sin duda, como las dos anteriores, una responsabilidad civil; en cambio, es diferente el caso de las responsabilidades recíprocas entre empleadores y trabajadores, porque es una cuestión que se


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plantea en el ámbito del derecho social o de la seguridad social, lo que depende del respectivo régimen jundico (v. el régimen argentino en el Cap. 28, párrs. 90 a 95). Ejemplo: caso de un fabricante que obligue a sus obreros a trabajar en máquinas deterioradas, que les provocan lesiones con cierta frecuenta; o a la inversa, el caso del trabajador que daña intencionalmente una máquina (aquí hay dolo), para vengarse de alguna medida tomada por el empleador; 4) otro caso de responsabilidad indirecta es el de las sociedades, con respecto a los hechos ilícitos cometidos por sus directivos y administradores (v. art. 43, Cód. Civ. argentino); etc. 97.— 3) Según que se tenga en cuenta o no el elemento subjetivo de la conducta (culpa o dolo), del respectivo hecho ilícito, la responsabilidad jurídica puede ser: a) Subjetiva (o por "culpa" —en realidad es también por dolo—). En este caso, para que haya responsabilidad jurídica, debe existir el elemento subjetivo (culpa o dolo), en el autor del respectivo hecho ilícito. Ejemplo: la responsabilidad penal (v. párr. 80, último apartado). 98.— b) Responsabilidad jurídica objetiva (o sin culpa —queda excluido el dolo en esta especie— o por el riesgo creado, o por resultado): en este caso la responsabilidad jurídica de alguien (p. ej. del empleador), surge cuando se producen determinados hechos ilícitos, independientemente de que el responsable haya sido negligente o no. En este tipo de responsabilidad jurídica, dicha responsabilidad queda excluida, cuando ha habido dolo en el autor del hecho ilícito (p. ej. del trabajador, quien pasa a ser el responsable). Véase como ejemplo, el régimen de responsabilidad objetiva por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el derecho argentino (Cap. 28, párrs. 90 a 95 y, esp. párrs. 94 y 95). Por último y como es obvio, la responsabilidad objetiva es también, desde otro punto de vista, responsabilidad indirecta. Así, por ejemplo, el empleador responde por hechos cometidos por otra persona, como es un trabajador. 99.— 4) Por último, hay también otras clasificaciones, como la que distingue entre responsabilidad ilimitada (p. ej., la de las sociedades colectivas, que responden frente a terceros no sólo con todo su patrimonio, sino también con el patrimonio de los socios) y responsabilidad limitada (p. ej., la de las sociedades anónimas y de responsabihdad limitada, que responden frente a terceros sólo con su patrimonio y, por supuesto, los socios hacia la respectiva sociedad, sólo responden con el aporte suscripto por cada uno). Desde otro punto de vista se distingue entre responsabilidad simple y solidaria, etc. 100. Breve referencia al planteo empirista del problema de los conceptos jurídicos fundamentales (llamado de los "elementos constitutivos del derecho").— El problema de los conceptos jurídicos fjmdamentales, fue planteado inicialmente por autores de filiación empirista que, como es lógico, lo solucionaron dentro de dicha orientación. Entre ellos se destacan Picard y Roguin, juristas a quienes se debe la denominación de "elementos constitutivos o esenciales del derecho", el planteo y desarrollo del tema, con la particularidad de que sus concepciones han tenido amplia difusión entre nosotros. Seguidamente enunciaré en forma sintética estas concepciones, a efectos de poder apreciar sus errores, tal como los ha señalado lafilosofíaactual.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LAXUR. VENTA, IMPRESION DISTRIBUCIÓN CONCEPT. FUNDAM.: PLANTEOSO EMPIRISTAS 209 - Cap. 5 101.— Picard 39, enumera como elementos constitutivos, es decir, como ingredientes constantes y permanentes que se presentan en todo derecho, los cuatro siguientes: 1) sujeto, considerando como tal, únicamente el que nosotros llamamos sujeto activo; 2) objeto, que es aquello sobre lo cual el titular ejerce su prerrogativa jurídica (la cosa en los derechos absolutos, y el sujeto pasivo en los relativos —v. Cap. 6—); 3) relación, que se establece, según Picard, entre el sujeto y el objeto en los derechos absolutos, y entre ambos sujetos en los relativos; 4) sanción, que aparece en caso de incumplimiento. Sobre esta base, define el derecho como "una relación de goce de un sujeto sobre un objeto, protegida por la coerción social" (según se ve, define en realidad el derecho subjetivo). A esta definición él la denomina ontológica —aunque impropiamente— para distinguirla de la teleológica y la etiológica. Los errores de esta concepción son evidentes, como podrá apreciarse a la luz de las explicaciones dadas en este capítulo. En términos generales, cabe decir que es más una teoría del derecho subjetivo que del objetivo y, aun así, no puede aceptarse. 102.— Roguin, enumera los siguientes elementos constitutivos: 1) sujetos (activo y pasivo); 2) hecho sometido al derecho, que debe afectar por lo menos a dos personas (p. ej., un homicidio, un contrato, etc.); 3) el hecho objeto del derecho —como lo llama él— y que es la consecuencia atribuida por la norma, al hecho sometido al derecho (p. ej., la entrega de la cosa vendida, por parte del vendedor; el precio por parte del comprador, etc.). Este segundo hecho tiene las mismas características que el anterior, pero, además, presenta algunas propias; en efecto: a) debe ser susceptible de realización por el hombre (no podría serlo, p. ej., tocar el sol), y b) no debe confundirse con la cosa material que el hecho-objeto afecta más o menos directamente, pues el objeto es siempre una prestación positiva o negativa; 4) relación entre los dos hechos anteriores (Roguin la llama mandato —injoction en francés—): es la orden o mandato del legislador de que el objeto del derecho siga al hecho sometido al derecho (este mandato imperativo es lo que distingue el derecho de las normas morales); 5) la sanción, que aparece cuando la norma es violada. 103. Crítica a ambas teorías.— Ambas concepciones resultan insuficientes, según lo ha demostrado lafilosofíaactual, sobre todo la teoría de Picard, por sostener que la relación jurídica se establece entre el sujeto y la cosa. Las demás objeciones, referentes a cada uno de los puntos de la teoría, son tan evidentes que no creo necesario detallarlas (así p. ej., no considera el sujeto pasivo; el objeto está mal encarado, pues nunca es la cosa material, etc.). Además, decir que el hecho jurídico —p. ej.— que es un fenómeno físico, forma parte de la norma, es inexacto, pues lo que sucede en realidad es que toda norma hace referencia a un hecho jurídico, según he aclarado. Por otra parte, la denominación de "elementos" del derecho, proveniente de las ciencias físicas, no debe ser empleada al entraren un terreno distinto, donde se manejan otros objetos de estudio. Por eso, hoy día, dando el lugar que corresponde a los hechos jurídicos y a las normas del derecho, se habla de conceptos jurídicos/M/idamentales, o puros,_o categorías jurídicas, tal como se ha hecho en el presente capítulo.

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PICARD, Edmond, Le Droil Pur, París, 1908, esp. Cap. III.





CAPÍTULO 6

EL DERECHO SUBJETIVO Y EL DEBER JURÍDICO. LA LIBERTAD JURÍDICA SECCIÓN PRIMERA

INTRODUCCIÓN 1. Aclaraciones previas.— Al hablarse del derecho subjetivo y del deber jurídico, se emplean una serie de expresiones, más o menos equivalentes, que conviene aclarar. Tales son "consecuencia jurídica", "prestación", "objeto del derecho", etc., a las que me referiré seguidamente. 2. Consecuencia jurídica.—Cuando se estudia el esquema lógico de ia normajuridica (p. ej., Cap. 5, párr. 2), suele decirse que en su mínima expresión, se compone de un supuesto y una consecuencia, enlazados en forma imputativa. Pues bien, con esta última expresión, se alude fundamentalmente a los derechos y deberes que nacen, se modifican o extinguen, con la realización del supuesto jurídico. De cualquier manera y aclarados ya los conceptos jurídicos fundamentales, resulta claro que la llamada consecuencia jurídica no es uno de ellos. 3. Prestación.— Como es fácil constatar, esta palabra se emplea en dos acepciones, designando; 1) al deber jurídico; y 2) al contenido del deber jurídico. Este último sentido es —a mi entender— el más acertado de ambos. Puede así decirse, por ejemplo, que la entrega de las cosa vendida, es la prestación a que se refiere el deber jurídico del vendedor. El uso general confirma el acierto de la segunda acepción y, así por ejemplo, cuando se alude a las consecuencias jurídicas del contrato de compraventa, se dice que una de ellas es el "deber de entregar la cosa vendida" y no la ''prestación de entregar la cosa vendida", porque ese ''entregar", es la prestación que constituye el contenido del deber jurídico, sin confundirse con éste. 4. Objeto del derecho.— Esta expresión es empleada con un doble significado: a) en sentido restringido, como sinónimo de prestación debida por el sujeto pasivo de la relación jurídica (en este sentido, también se dice objeto-prestación —v. Cap. 5, párr. 61—);


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b) en sentido amplio, refiriéndose a la materia sobre la que recae la regulación jurídica, es decir, a la conducta humana en interferencia intersubjetiva (v. Cap. 1, párr. 11). Y como jurídicamente dicha conducta se traduce en derechos, deberes, entuertos y sanciones (v. Cap. 5, párr. 55), resulta como consecuencia lógica que la expresión objeto del derecho, en sentido amplio, hace referencia a los derechos, deberes jurídicos, transgresiones, etc., que son entonces los verdaderos objetos de los conceptos jurídicos fundamentales. Por último, también se habla del objeto del derecho subjetivo —no ya objetivo— para mencionar el contenido de una determinada facultad jurídica (así p. ej., el objeto del derecho de transitar, consiste en la acción de circular por tal o cual lugar, etc.). Como es obvio, también puede hablarse del objeto de un deber jurídico, con el mismo alcance. En resumidas cuentas, sacamos como conclusión de lo explicado, que cuando se habla de objeto del derecho, se hace referencia a la conducta humana. Es ésta por otra parte, la acepción filosófica y científicamente correcta del término. Por esa razón y dado que a veces se ha llamado objeto del derecho a las cosas materiales, se impone aclarar el papel que desempeñan. Pero antes, agregaré que los hechos de conducta que pueden ser objeto del derecho, son sólo los hechos humanos, es decir, los susceptibles de ser realizados por el hombre (p. ej.. la entrega de una cosa, pintar un cuadro, etc.), y no los hechos naturales. Por supuesto que estos hechos humanos, deben reunir además los caracteres enumerados en el párr. 59 del Capítulo 5. 5.— DIFERENCIA CON LA COSA MATERIAL U OBJETO-COS A. El lector se preguntará segura-

mente, pero, ¿y las cosas?, ¿no son acaso objeto del derecho? A ello contesto categóricamente que no: las cosas son sí objetos materiales, pero nunca objeto del derecho. La confusión entre objeto del derecho y cosa material, proviene principalmente de que para la doctrina tradicional, el objeto es aquello sobre lo cual el titular ejerce su prerrogativa jurídica y, entonces, en los derechos reales es la cosa (en los personales, el sujeto pasivo). Pero evidentemente, esta teoría es errónea y, para probarlo, veamos un caso: si digo que el objeto de una venta, locación o préstamo de uso es la cosa—p. ej., una casa—no podríamos distinguir esos contratos, pues en los tres, el "objeto" es el mismo. 6.— PAPEL DE LA COSA MATERIAL. Siendo el objeto del derecho un hecho humano, la cosa material —cuando existe— es el objeto de la prestación, es decir, el objeto del objeto del derecho. Si yo digo que el objeto de tal deber es una prestación de hacer, no se entiende prácticamente nada, pero si agrego que ese hacer consiste en entregar una cosa o en pintar un cuadro, etc., entonces sí se entiende y es que estoy mencionando ya el contenido u objeto de esa prestación, que —lo repito— puede ser una cosa material, como puede no serlo. 7.— Aclarada la distinción, conviene agregar la ventaja de llamar o¿>/efci-¿>íenv no o¿)jeto-cosa al contenido de las prestaciones, pues aquella expresión comprende no sólo las cosas materiales, sino también las inmateriales, que pueden ser asimismo objeto de las prestaciones. Por ejemplo: una representación teatral. 8.— EL OBJETO DEL DERECHO EN LOS DERECHOS RELATIVOS Y EN LOS ABSOLUTOS. En un de-

recho relativo —caso típico son los derechos creditorios— resulta muy fácil ver cuál es el


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDAELLA VENTA, O DISTRIBUCIÓN DERECHO ENIMPRESION SENTIDO SUBJETIVO 213 - Cap. 6 objeto del mismo. Por ejemplo: si una persona se ha obligado a pagar una suma de dinero, el objeto es la entrega del dinero, es decir, el hecho positivo del pago y no el dinero mismo. Por el contrario, en un derecho absoluto, el objeto no aparece tan claro, pero siendo sujeto pasivo la generalidad de las personas —según veremos (párr. 55)— a quienes se impone como deber jurídico respectivo, una prestación negativa, es precisamente esta abstención —contenido del deber jurídico— el objeto de estos derechos. 9.— Como conclusión de todo lo dicho puede inferirse que detrás de las expresiones "consecuencia jurídica", "prestación", "objeto del derecho", etc., hay varios elementos concretos y perfectamente individualizados como conceptos jurídicos fundamentales: el derecho subjetivo, el deber jurídico, la transgresión, etc., y es por tal motivo que a ellos me referiré. En el presente capítulo, trataré el derecho subjetivo y el deber jurídico.

SECCIÓN SEGUNDA

EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO 10. Aclaración previa.— La expresión "derecho en sentido subjetivo" (o "derecho desde el punto de vista subjetivo"), es empleada a menudo como sinónimo de "derecho subjetivo" (o facultad jurídica). Por tal motivo y como dicha sinonimia no es exacta, es necesario esclarecer qué significados tiene la locución "derecho en sentido subjetivo" y cuál de ellos es el correcto. Sólo así, podremos emprender con seguridad el estudio del derecho subjetivo (o facultad jurídica). 11. Concepto.— Según una concepción muy generalizada, el derecho puede ser encarado desde dos ángulos o puntos de vista, lo que permite distinguir: 1) el derecho desde el punto de vista objetivo: es en esencia \a norma jurídica; y 2) el derecho desde el punto de vista subjetivo, expresión que tiene dos acepciones: a) sentido restringido: es \SLfacultad jurídica o derecho subjetivo propiamente dicho. Por ejemplo, el derecho de testar, el de contratar, etc. Según veremos en el párr. 14, el empleo de la expresión "derecho en sentido subjetivo", para designar a la facultad jurídica, es criticable, por lo que debe hablarse de "derecho subjetivo" simplemente, o bien de facultad jurídica, pues ambos son sinónimos. b) sentido amplio: es la relación jurídica que, como tal, comprende; a) la facultad jurídica, y b) el deber jurídico. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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12.— A continuación, analizaré el esquema precedente: 1) El Derecho desde el punto de vista objetivo (también llamado derecho en sentido objetivo; derecho objetivo; derecho-norma; derecho, simplemente, etc.): es el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, la norma jurídica, ya que según he explicado, el derecho es esencialmente, una norma coercible de convivencia. Cuando se dice derecho argentino, derecho francés, derecho civil, derecho a secas, etc., se hace referencia a este aspecto del fenómeno jurídico. Además de la definición dada en el Capítulo I, párr. 13, el lector encontrará más adelante (v. índ. alfab.), otras definiciones del derecho, pertenecientes a diversos autores de nota, que no cito aquí para no cortar la ilación del tema presente. 13.— 2) El Derecho desde el punto de vista subjetivo (o derecho en sentido subjetivo, etc.). El derecho, tal como se ha explicado, rige la conducta humana, pero esto, prácticamente, se traduce en que de cualquier norma jurídica, surge alguna facultad para una persona, que otro u otros deben cumplir o respetar, porque es así como interfiere una conducta con el obrar de otras personas. Por ejemplo: si yo soy acreedor y tengo el derecho de cobrar un crédito, es porque otra persona tiene el deber de pagármelo. Reitero entonces que, en lenguaje jurídico, la expresión "derecho en sentido subjetivo" es empleada —según aclaré— en dos acepciones de diversa amplitud, que deben ser cuidadosamente diferenciadas, para evitar confusiones corrientes. 14.— A) Sentido restringido: designa al derecho subjetivo (o facultad jurídica o derecho-facultad). Por ejemplo: el derecho de votar, el de reunirse, el de transitar, etc. Cabe hacer notar que durante mucho tiempo se distinguió entre derecho objetivo (se lo llamaba derecho-norma) y derecho subjetivo (denominándoselo derecho-facultad), distinción que según explicaré en el párr. 16, es incompleta. En conclusión, y sin perjuicio de volver sobre el tema en el párr. 19, debe quedar bien aclarado que para referirse a la facultad jurídica, debe hablarse de derecho subjetivo simplemente y no de derecho en sentido subjetivo. 15.— B) Sentido amplio: designa la relación jurídica que, a su vez, comprende el derecho subjetivo y el deber jurídico, es decir, las consecuencias que las normas jurídicas producen en las relaciones humanas, o si se quiere, la consideración de las normas en relación a los sujetos (de ahí la expresión subjetivo). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Ahora bien, las relaciones "de hecho" existentes entre los hombres, de cualquier carácter que fueren (culturales, deportivas, económicas, etc.), son relaciones yí/nJícaí, debido a que están regidas por el derecho, siendo suficiente con analizar cualquiera de ellas, para establecer los aspectos básicos a distinguir. Así por ejemplo, en la relación jurídica que implica un derecho creditorio (también llamado obligación —v. párr. 62—), podemos distinguir —por lo que aquí interesa— dos elementos: a) el derecho subjetivo o facultad jurídica, representado en el ejemplo por nuestro derecho al cobro de una suma de dinero; y 16.— b) el deber jurídico, también llamado obligación (v. párr. 89). Por obra de Kelsen, principalmente, se ha esclarecido bien este problema, correspondiendo fundamentar ahora la crítica a la oposición entre derecho-norma y derecho-facultad, a que hiciéramos referencia en el párr. 14. En efecto, si analizando la relación jurídica (es decir, el derecho en sentido subjetivo, como también se lo llama), nos referimos sólo a la facultad jurídica, nos quedamos en la mitad del camino. Y esto es cierto porque \a facultad jurídica es correlativa del deber jurídico, lo que significa que no hay derecho subjetivo sin el correspondiente deber, a cargo de otro u otros sujetos. 17.— Ahora se comprenderá mejor la definición contenida en el párr. 15, diciendo que la relación jurídica es el vínculo entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno de ellos tiene \afacultadde exigir algo que el otro debe cumplir (deber jurídico). De este modo, quedan involucrados los dos elementos básicos a que se ha hecho referencia. La relación jurídica según se expresa en la definición, se establece siempre entre los sujetos del derecho (pretensor y obligado), y no entre el sujeto y la cosa como sostiene erróneamente la doctrina tradicional. Entre los sujetos y las cosas existen relaciones de hecho, pero no vínculos jurídicos. 18.— En conclusión, es erróneo por incompleto, distinguir —y más aún oponer— el derecho-norma y el derecho-facultad, solamente. Lo correcto, según queda demostrado, es diferenciar el derecho de la relación jurídica y, dentro de ésta, el derecho subjetivo y el deber jurídico. 19. Terminología.— Para evitar confusiones, conviene precisar ahora que las expresiones más acertadas son las siguientes: 1) Derecho, simplemente, para referimos al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, a la norma jurídica. Según dije, también se lo llama derecho objetivo, derecho-norma, derecho en sentido objetivo, etc.



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2) Derecho subjetivo o facultad jurídica, para mencionar el elemento activo de la relación jurídica. No debe hablarse de derecho-facultad, por ser una denominación impropia, según he aclarado. 3) Relación jurídica, para designar al vínculo entre dos o más personas, pues tiene la ventaja de ser, no sólo una expresión unívoca, sino también más clara que "derecho en sentido subjetivo" o "derecho desde el punto de vista subjetivo". La precisión terminológica nos evitará caer en confusiones conceptuales, ya que el derecho y la facultad jurídica no son dos cosas completamente separables, pero sidos cosas distintas relacionadas entre sí. Y ello porque no hay facultad jurídica sin norma que la establezca, así como no hay norma jurídica que no contenga una delimitación de derechos y deberes jurídicos. Conviene agregar que la palabra "subjetivo", está empleada aquí como adjetivo de sujeto y en sentido lógico —no psicológico— es decir, haciendo referencia al sujeto y no a lo íntimo. En lo que respecta a las denominaciones "derecho desde los puntos de vista objetivo y subjetivo", cabe agregar que responden a la teoría kelseniana (v. párr. 41), teoría que en este aspecto nos parece inexacta. En efecto, tal expresión hace suponer que se trata de un mismo objeto enfocado desde distintos ángulos, cuando no es exactamente así, porque una cosa es la norma y otra distinta el derecho subjetivo (lo mismo pasa con el deber jurídico), aunque exista sí cuando una norma lo establece. 20.— Por último, agregaré que en idioma inglés, existe una palabra para designarel derecho {law) y otradistintaparalafacultadjurídica(ng/if). En cambio, en la mayoría de los idiomas, igual que en castellano, hay un solo vocablo. Así en francés, droit; en italiano, diritto; en alemán, recht; en portugués direito; etc., lo que hace necesario adjetivarlo con la palabra subjetivo, para establecer la diferencia. 21. Situación jurídica.— a) Concepto. Es la situación o estado de una persona frente al derecho, en virtud del conjunto de facultades y deberes que tenga en un momento dado. Por ejemplo: la situación jurídica de padre, hijo, esposo, etc. Legaz y Lacambra ' define las situaciones jurídicas, como las "distintas circunstancias de la existencia jurídica personal, en las que se contienen en potencia todas las posibilidades de la vida del sujeto de derecho, con arreglo a las cuales realiza actualmente o puede realizar en cualquier momento las varias formas de conducta que constituyen el activo y el pasivo de su haber jurídico". '

Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 568.


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En la realidad de la vida, cada persona se halla vinculada por numerosas relaciones jurídicas, en virtud de las cuales es titular de una cantidad considerable de derechos subjetivos, al par que sujeto de numerosos deberes jurídicos. Fácil es entonces comprender, que una relación jurídica sea sólo un mínimo aspecto de su vidajurídica, por lo que es necesario un concepto más amplio, que abarque las múltiples relaciones de que una persona es sujeto y nos defina su situación frente al derecho: tal es el concepto de situación jurídica. De lo dicho no debe inferirse que esta noción reemplace a las de derecho subjetivo, deber y relación jurídica, pues se trata de un concepto más amplio que las abarca sin destruirlas. 22,— b) Clasificación. Se las divide en -: 1) Fundamentales: son aquellas situaciones jurídicas básicas en la vida de una persona y que, por lo tanto, contienen en sí la posibilidad de gran número de situaciones jurídicas de menor importancia (derivadas). Por ejemplo: la de padre, hijo, esposo, etc., son situaciones jurídicas fundamentales. 2) Derivadas: son aquéllas de menor importancia, que hallan su fundamento en las anteriores y que, como es evidente, surgen a consecuencia de la actividad del sujeto. Por ejemplo: la de acreedor, propietario, donante, etc. DESIGUALDAD SUBJETIVA E IGUALDAD OBJETIVA DEL DERECHO 23. Síntesis.— En resumen, se afirma lo siguiente: 1) el Derecho, desde el punto de vista subjetivo, consagra una evidente desigualdad, pues mientras el sujeto activo de la relación jurídica tiene el derecho de exigir algo, el sujeto pasivo, correlativamente, tiene la obligación de cumplirlo; 2) el Derecho, desde el punto de vista objetivo, consagra, en principio y en general, una igualdad entre los sujetos, pues dentro de su esquemática generalidad, considera a todos los hombres en planos de relativa equivalencia (p. ej., el art. 16 de la Const. Nac. que dice: "Todos sus habitantes son iguales ante la ley...")24. Análisis del tema.— Seguidamente analizaré un poco este resumen: \) Desigualdad consagrada por el Derecho en sentido subjetivo. - Concepto: según he adelantado, el derecho desde el punto de vista subjetivo, consagra una evidente desigualdad entre los hombres, pues mientras el titular del derecho subjetivo tiene la facultad de exigir algo, el sujeto pasivo de la relación tiene la obligación de cumplirlo. Ejemplos de esto los encontramos en las relaciones jurídicas entre acreedores y deudores, padres e hijos, tutores y pupilos, empleadores y obreros, etc. -Alcance y fundamento: para no caer en confusiones, conviene aclarar bien la extensión de este concepto. Efectivamente: ^ ídem, pág. 568.


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a) Es indudable que el derecho en sentido subjetivo consagra esta desigualdad, pero corresponde consignar que se trata de un carácter ontológicamente necesario y no de una falta de justicia social, ya que por más justo e igualitario que fuera un ordenamiento jundico, forzosamente habría acreedores, padres, etc., que limitarían las esferas de libertad de los sujetos respectivamente obligados (no hay que confundir pues la consideración ontológica, con la consideración axiológica del fenómeno jurídico). b) Si hablamos de los derechos subjetivos, el asunto ya cambia y la desigualdad en su goce y ejercicio, refleja sí la injusticia de un ordenamiento jurídico determinado, al negar a unos los que se concede a otros, o rodear de privilegios a ciertas clases sociales en detrimento de otras, etc. Por ejemplo, no conceder a la mujer derechos políticos, o igualdad de salario que al hombre por igual trabajo, etc. La historia revela al respecto un progreso lento y laborioso que va desde el esclavo hasta el hombre libre del presente al que, por lo menos en general, se le reconocen una serie de derechos fundamentales, inherentes a su dignidad moral y compatibles con el estado actual del progreso económico-social. 25.— 2) Igualdad consagrada por el derecho objetivo. - Concepto: esta igualdad consiste, en que, en general, la norma jurídica considera a los hombres en un plano de relativa igualdad —igualdad proporcional, claro está— sin entrar a considerar las múltiples e infinitas desigualdades que existen entre ellos. En otros términos, consiste en tratar igualmente a los "iguales", es decir, a todos aquellos que estén en las mismas circunstancias. Como es lógico, esta afirmación debe tomarse como principio general, válido aun en aquellos casos en que se legisla para un sector determinado de hombres (p. ej., comerciantes, periodistas, etc.), pues se los considera a todos en un mismo plano. Y es que el derecho no puede contemplar constantemente las desigualdades humanas, pues se caería en la arbitrariedad (p. ej., leyes expostfacto), ni tampoco ignorarlas en absoluto, pues entonces sería una construcción abstracta. Expresión de este principio la tenemos en la igualdad ante la ley (art. 16 de la Const. Nac.) que, según lo ha establecido repetidamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consiste "en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias". -Alcance y fundamento: el principio de la igualdad del derecho objetivo, no es como el anterior ontológicamente necesario, sino axiológicamente contingente, es decir, que no se presenta en todos los derechos habidos y por haber; es sólo expresión de una particular valoración político-social, históricamente condicionada y que aparece consagrado recién con la Revolución Francesa. La existencia histórica de extraordinarias e irritantes desigualdades —esclavitud, privilegios de la nobleza, etc.— establecidas por distintos regímenes jurídicos, confirman el aserto. Dicho sea de paso, este principio de igualdad ante la ley ha sido tildado de meramente formal, pues, como dice Sampay ^, "la igualdad ante la ley, es igualdad ante los tribunales y administración que aplican la ley, independientemente que del precepto jundico-formal, derive o no una mayor desigualdad y sujeción".

^ SAMPAY, Arturo E., La Crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués, Buenos Aires, 1942, págs. 65 y 66.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para EN uso Didáctico y Científico EL DERECHO SENTIDO SUBJETIVO 219 - Cap. 6 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN En las modernas democracias sociales, se tiende a establecer una igualdad material, en el sentido de igualdad de posibilidades, o si se quiere, de igualdad ante la vida, asegurando a todos los hombres el mínimo económico necesario para el desarrollo integral de la personalidad humana, porque ya no puede dudarse que la libertad integral y la auténtica justicia, no podrán realizarse nunca, si no es sobre la base de una situación económica que asegure a todos los habitantes, la posibilidad de un ingreso mínimo que les permita vivir dignamente. PRIORIDAD ENTRE EL DERECHO OBJETIVO Y EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO 26. Síntesis.— En doctrina se ha planteado muchas veces la cuestión de saber si la prioridad corresponde a las normas jurídicas o al derecho en sentido subjetivo. Este "problema" ha dado lugar a interpretaciones falsas y soluciones equivocadas, porque —digámoslo ya— es un falso problema. Veamos primero cómo se lo plantea y resuelve corrientemente. Se comienza por desdoblarlo, considerándolo desde tres puntos de vista distintos: histórico, lógico y psicológico. En síntesis, las soluciones que se proponen son las siguientes: 1) Históricamente, es anterior el derecho en sentido subjetivo. 2) Lógicamente, es anterior la norma jurídica. 3) Psicológicamente, es anterior el derecho subjetivo. 27. Análisis del tema.— 1) Históricamente, el derecho en sentido subjetivo es anterior a la norma jurídica, puesto que, estudiando el desarrollo de los pueblos primitivos —y aun bastaría con la evolución del Derecho Romano— se observa que en un principio no tenían normas generales como las leyes modernas, sino que frente a un determinado conflicto de intereses, el juez resolvía según su íntima convicción, creando a posteriori una norma para cada caso particular. Sólo con el progreso paulatino del derecho, por la repetición y generalización sucesiva de esas normas particulares, surgieron las normas jurídicas generales de hoy día. Crítica: este error deriva de considerar como normas, sólo las normas generales, pero, como lo ha demostrado Kelsen irrefutablemente, las normas pueden ser generales o particulares (v. Cap. 5, párr. 12). En efecto, se dice que cuando el pretor solucionaba un caso, el derecho subjetivo y el deber correspondiente por él reconocidos, eran anteriores, porque no había allí ninguna norma preestablecida. Al afirmarse esto se piensa sólo en ias normas generales, sin reparar en que las hay también individuales, y en el caso citado, cuando se reconocía por ejemplo el derecho de una de las partes, era porque previamente el juez había dictado una sentencia (norma individual) para regir el caso, en la que se establecían los derechos y deberes de las partes en litigio. Enfin,como ya he aclarado, no puede haber derecho en sentido subjetivo sin una norma —sea general o particular—; por lo tanto, ambos aparecen al mismo tiempo. 28.— 2) Lógicamente, por el contrario, se dice que la norma jurídica es anterior al derecho en sentído subjetivo, porque no hay facultad ni deber jurídico si no derivan de una norma que los establezca. En efecto, un derecho subjefivo o un deber jurídico cualesquiera que fueren, surgen de la norma, como en un silogismo fluye la conclusión de la premisa mayor:


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la norma jundica representa la premisa mayor; las relaciones de hecho entre los hombres que encuadran en el esquema genérico de la misma, son la premisa menor y, el derecho subjetivo y el deber jurídico, representan la conclusión del silogismo. Por ejemplo: una norma jurídica establece que el inquilino debe pagar el alquiler en el plazo establecido (art. 1556, Cód. Civ.); el señor A es inquilino de B y se ha obligado a pagar el alquiler por mes adelantado (relación de hecho = premisa menor); luego, B puede exigir de A el pago adelantado del alquiler; y A está obligado a cumplir esa prestación, so pena de que su locador recurra a los tribunales para hacer efectivo su derecho (conclusión = derecho o deber juri'dico). Crítica: es éste otro error, porque si bien no hay derechos y deberes juri'dicos sin una norma que lo establezca, tampoco hay norma jurídica si no se refiere forzosamente a derechos y derechos jurídicos. 29.— 3) Psicológicamente, el derecho subjetivo es anterior a la norma jurídica. En efecto, durante el proceso de su desarrollo mental, el hombre adquiere primero conciencia de los derechos concretos (caso del niño que se resiste a que le quiten un juguete porque ¡mío!, dice, expresando una formulación embrionaria del derecho de propiedad), y stílo muy posteriormente llega a tener conciencia de la norma en que se apoya este derecho. En general, los autores que tratan el tema no consideran este punto; no obstante ello, para que el estudiante tenga un cuadro de conjunto más completo y, sobre todo, para diferenciarlo mejor del enfoque lógico, he creído conveniente dedicarle4jnas palabras. Recaséns Siches, comparando este aspecto del "problema", con el lógico, dice: "Adviértase que de ordinario no suele coincidir el orden de la conexión lógica de las ideas consideradas en su textura objetiva, con el orden cronológico de su emergimiento en la conciencia. Frecuentemente, lo que es primero en la estructura lógica del conocimiento, es lo último que la mente descubre en su proceso indagador; los problemas primeros en la arquitectura de la ciencia, son a menudo los poálreros con los que tropieza nuestro entendimiento. El 'a priorí' lógico es muchas veces un 'a posteriori' psicológico'\ Y esto es lo que acontece con los dos sentidos del derecho. Esta consideración psicológica, es indudablemente exacta, pero, como es obvio, no tiene a nuestros fines interés alguno.

SECCIÓN TERCERA

EL DERECHO SUBJETIVO 30. Concepto.— Según he adelantado, el derecho subjetivo ha sido definido como una posibilidad de acción autorizada por una norma jurídica. Por ejemplo: el derecho de transitar, el de casarse, el de divorciarse, etc. De la definición anterior se infiere que no puede tenerse un derecho subjetivo sin una norma (ley, contrato, sentencia, etc.), en que fundarlo. Por otra parte, toda norma jurídica hace referencia a uno o varios derechos subjetivos, razón por la cual estamos frente a otro de los conceptos jurídicos fundamentales. Pero la parte de la norma que a él hace referencia (ocurre aquí algo semejante a la relación


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entre supuesto y hecho jurídico), se átnomina facultamiento, y no se confunde con el derecho subjetivo, que es esa posibilidad de acción a que aludimos. Lo manifestado implica decir que el titular de un derecho subjetivo, puede ejercerlo o no según quiera. Todo derecho subjetivo es correlativo de una obligación o deber a cargo de otro u otros sujetos obligados, por lo que puede afirmarse que no hay ningún derecho sin su correlativa obligación, inclusive en los llamados derechos absolutos (v. párr. 50). 31.— Aunque parezca tautológico el decirlo, todo derecho subjetivo pertenece a una persona jurídica (individual o colectiva). Insisto en esto por cuanto Windscheid, formuló una célebre teoría denominada de los derechos sin sujeto, según la cual no es necesario el sujeto para la existencia del derecho subjetivo, aunque sí lo sea para su ejercicio '*. Es ésta una teoría errónea, porque siendo el derecho subjetivo una posibilidad de acción a cargo de una persona, el sujeto existe siempre, pudiendo inducir en error, la circunstancia de que en ciertos casos —que se dan como ejemplos de esta teoría— el sujeto está momentáneamente indeterminado (v. gr., en las letras de cambio y cheques al portador, etc.), pero debe tenerse en cuenta que es siempre determinabte, lo que significa que existe. Por último, agregaré que los derechos subjetivos, nacen al realizarse el respectivo supuesto jurídico, pero pueden ejercerse más adelante y aun no ejercerse nunca. Así por ejemplo, de la celebración de un contrato de compraventa, surge para el comprador el derecho de exigir no sólo la entrega de la cosa, sino también de sus accesorios (art. 1409 del Cód. Civ.); pues bien, habiendo nacido ya este derecho a los accesorios a favor del comprador, bien puede no ejercerlo y exigir sólo la cosa principal (p. ej., un automóvil), y no los accesorios (rueda de auxilio, etc.). En lo que respecta a la defensa de los derechos subjetivos cuando son desconocidos, me remito al capítulo referente al Derecho Procesal, en el que trato el modo ordinario de defenderlos (en juicio) y el extraordinario (defensa por mano propia, como en el caso de legítima defensa). 32. Es técnicamente impropio llamar "libertades" a los derechos subjetivos.— Es muy común el uso de los vocablos "derechos" y "libertades", a veces como si fueran sinónimos y, en otros casos, como si tuvieran significados distintos, en efecto: a) como sinónimos (cuando se dice, p. ej., "libertad de transitar"): en este caso se trata de un uso impropio del vocablo "libertad", pues si se tiene un ver^ Véase DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, págs. 403 y 404.


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dadero derecho subjetivo de transitar por tal o cual lugar, lo que corresponde, técnicamente hablando, es decir, "derecho de transitar" (o de lo que fuere); b) con significados distintos (cuando se dice, p. ej., "derechos y libertades fundamentales"): también se da en este caso un empleo inadecuado del vocablo "libertad", porque no hay "libertades fundamentales" que sean algo distinto de los ''derechos fundamentales", por lo que esta última es la expresión técnicamente correcta. En síntesis, en ambos supuestos se trata de un uso impropio del vocablo "libertad", por lo que debe ser evitado en los dos casos y, en su reemplazo, se debe hablar de "derecho subjetivo" o facultad jurídica, que sí son sinónimos. Por último, si se trata de explicar la relación entre derecho subjetivo y libertad (jurídica en este caso), ya lo he aclarado en otro lugar (Cap. 6, párr. 96, esp. inc. a), motivo por el cual sólo recordaré que cada derecho subjetivo, es la expresión de una parte de la libertad jurídica de cada persona. 33. Formas o modalidades del derecho subjetivo.— El más mínimo análisis de la realidad jurídica, nos muestra que hay diferencias entre los respectivos contenidos de los múltiples derechos subjetivos que tenemos. Así por ejemplo, una cosa es el contenido amplísimo del derecho que tenemos de hacer en nuestra casa prácticamente lo que se nos ocurra ', pues tales posibles conductas no están reglamentadas, y otra muy distinta es el derecho de votar, cuyo contenido está casi todo reglamentado por la ley y normas complementarias. Sobre la base de dicho ejemplo, se comprenderá fácilmente que el derecho subjetivo puede revestirformas o modalidades diferentes, pero sin olvidar que en todos los casos debe tener la esencia común a todos los derechos subjetivos y, por lo tanto, encuadrar en la definición formulada (v. párr. 30). Veamos de inmediato cuáles son concretamente las diferentes modalidades: 1) Como pretensión particularizada, es decir, como facultad de exigir una conducta determinada a uno o a varios obligados. Más claramente, puede afirmarse que esta modalidad se presenta, cuando el titular del derecho subjetivo puede exigir a otra u otras personas, el cumplimiento de un concreto deber jurídico establecido por una norma de derecho (legal o convencional). Ejemplo: el derecho del locador de cobrar a su inquilino el importe de los alquileres adeudados, etc. (sobre el concepto de, pretensión jurídica material, v. Cap. 23, párr. 53).

Esta facultad amplísima es un aspecto del llamado derecho a la intimidad (v. arts. 19, Const. Nac. y 1071 bis, Cód. Civ.), que es uno de los derechos personalísimos (v. párr. 59); en efecto, la vivienda es el ámbito fundamental donde se desarrolla la vida privada de los seres humanos (a diferencia de la vida pública). Habitualmente la vida piivada se connparte con la familia respectiva. Además, aclaro que para algunos autores, la vida íntima es una parte de la vida privada.


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Por supuesto y como cuadra a los verdaderos derechos subjetivos, el titular tiene la facultad de recurrir en caso de incumplimiento a la ejecución coactiva del deber incumplido (aspecto previsto en la definición formulada). 34.— 2) Como facultad jurígena, es decir, como facultad de crear normas jurídicas, lo que implica crear, modificar o extinguir derechos y deberes, o si se quiere, crear nuevas formas jurídicas, siempre dentro del marcofijadopor el derecho, pues todas las facultades jurídicas están limitadas. Ejemplos: contratos, testamentos, etc. 35.— 3) Como facultad correlativa de un deber pasivo de todos los demás (miembros de la comunidad). El deber pasivo consiste en no hacer cosa alguna que perturbe o impida el ejercicio del o de los derechos del titular, establecidos por el ordenamiento jurídico, y sin que dicho titular deba accionar de manera directa contra los posibles transgresores, ya que esto corresponde a los órganos estatales competentes. Tal sucede, por ejemplo, en los derechos a la vida, a la integridad psicofísica, el de propiedad, etc. Por lo dicho y con el fin de sintetizar esta modalidad, se la denomina con expresiones breves, aunque no muy exactas, entre las cuales recordaré las siguientes: — como facultad correlativa de un deber general de respeto. En realidad el deber no es general * sino total, pues se extiende a todos los demás integrantes de la comunidad; o también, — como facultad correlativa de una obligación pasiva universal ^. Lo de pasiva está bien, porque el deber de los demás consiste en no hacer; en cambio, lo de universal es exagerado porque, al menos por ahora, el deber pasivo sólo alcanza a los terráqueos; etc. Para evitar confusiones, advierto que a fin de efectivizar ese deber pasivo "universal" en caso de transgresión, el titular debe accionar ante los órganos competentes del gobierno, cuando éstos no hayan hecho respetar esas facultades y no estén actuando como deben hacerlo (p. ej., si frente a una tentativa de homicidio, no hubieran comenzado las actuaciones pertinentes). Vale decir que frente a los hechos mencionados, los órganos gubernamentales competentes deben intervenir, por iniciativa propia (de oficio como también se dice), independientemente de la voluntad del titular del derecho violado, quien debe reclamar cuando corresponde —lo reitero— ante dichos órganos estatales y no contra los posibles transgresores; en efecto, si esto último fuera lo que deben ha^ Ver el significado de este vocablo, en el Cap. 2, párr. 74, inc. "A". Ver explicación de este deber jurídico, en los párrs. 59 a 62 de este capítulo. Sobre el significado de "universal", ver Cap. 2, párr. 75.


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cer, estaríamos en la primera modalidad del derecho subjetivo, como advierte Recaséns Siches ^. 36.— 4) Como facultad de señorío (algunos autores la llaman derecho de libertad). Es el caso en que el contenido del derecho subjetivo lo determina el mismo titular de la facultad, decidiendo lo que quiere hacer, todo por supuesto dentro de lo que no está prohibido por el ordenamiento jurídico. En términos más técnicos, puede afirmarse que estamos frente a una facultad de señorío, cuando el contenido de la facultad es autodeterminado por el titular del derecho. Ejemplo: lo que uno puede hacer dentro de su casa (v. párr. 32). Por el contrario, cuando no hay facultad de señorío, encontramos que el contenido del derecho subjetivo está determinado por la norma jurídica (hay pues una heterodeterminación del contenido). Ejemplo: el derecho al sufragio (v. párr. 32). Además, conviene recordar que la facultad de señorío tiene un ámbito limitado de acción; en efecto, sólo es posible ejercerla dentro de la conducta lícita (v. párr. 45), pues como lo ilícito (p. ej., un delito) está prohibido, no hay posibilidad alguna de autodeterminarse en dicho sector. Por último, hago presente que la denominación/ac«/íc«¿ de señorío fue ideada por Cossio y es a mi criterio acertada; en cambio. García Maynez entre otros, prefieren hablar de derecho de libertad, expresión francamente ambigua pues incluye dos palabras equívocas, razón por la cual su empleo no es aconsejable. Asimismo, en la facultad de señorío, además de la autodeterminación del contenido, el titular puede ejercerlo o no como pasa en todos los derechos subjetivos. 37.— 5) Como derecho a cumplir el propio deber {facultad de inordinación la llama Cossio, para evitar la expresión anterior, que es una frase y no un nombre técnico). García Maynez la denomina "derecho del obligado". Esto es evidente y, en el caso de que una persona fuera impedida u obstaculizada de cumplir con su deber, podría solicitar legítimamente el auxilio de la fuerza pública, para eliminar tales obstáculos. Por ejemplo: si el inquilino quiere cumplir su deber jurídico de pagar el alquiler y el locador no le recibe el dinero, puede consignarlo judicialmente. En este caso se ve bien claro, la existencia de un verdadero derecho subjetivo a cumplir con el propio deber. 38. Principales teorías acerca de la naturaleza del derecho subjetivo.— Con el justificado intento de poner en claro la esencia misma del derecho subjetivo, se han formulado diversas teorías. He aquí las más conocidas '; °

Tratado General de Filosofía del Derecho, Porrúa, México, pág. 235, inc. 1. Para la redacción del tema se ha seguido principalmente al iusfilósofo mexicano, Eduardo GARCÍA MAYNEZ (Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, págs. 186 a 194).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN NATURALEZA DEL DERECHO SUBJETIVO 225 - Cap. 6 1) Teoría de la voluntad (Windscheid): para este autor el derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad, reconocido por el ordenamiento jurídico. Crítica. Entre otras críticas, a la teoría de la voluntad se le ha objetado lo siguiente: a) que según ella, sólo podrían tener derechos subjetivos las personas dotadas de voluntad en sentido psicológico. No explica entonces cómo es que hay personas colectivas (p. ej., una sociedad anónima), que también los tienen; b) que los derechos subjetivos no desaparecen aunque el titular de los mismos ignore su existencia y no haya en el propio titular, un querer orientado hacia ellos. Por ejemplo: el derecho de una persona por nacer a adquirir bienes por herencia o donación (art. 64 del Cód. Civ.). Cabe recordar que para nuestro Código Civil —art. 63— personas por nacer son las que no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. "En respuesta a las objeciones dirigidas contra su teoría, sostuvo Windscheid que por 'voluntad', debía entenderse la voluntad del ordenamiento jurídico. Esta variante modifica esencialmente la tesis primitiva, privándola de su verdadero sentido, pues la voluntad del orden jurídico es algo enteramente diverso de la voluntad del individuo, o sea el querer en sentido psicológico" '0. 39.— 2) Teoría del interés (Ihering): sostiene que es un interés jurídicamente protegido o, en otros términos, es un interés tutelado por la ley. En todo derecho, dice Ihering, hay dos elementos: uno formal o extemo y otro sustancial o interno comparables respectivamente a la corteza y a la médula de una planta. Ahora bien, el elemento interno es el interés, es decir, el derecho subjetivo propiamente dicho y, el elemento extemo, es el protector del derecho subjetivo, vale decir, la acción. Crítica. Ante todo, cabe aclarar que Ihering, al formular esta teoría en su famosa obra El Espíritu del Derecho Romano, da a la expresión "interés" un sentido amplio, comprendiendo no sólo los intereses económicos sino también los espirituales. Como crítica de fondo, puede decirse que si el interés fuera esencial al derecho subjetivo, éste no existiría cuando aquél falta; sin embargo, eso no ocurre: por ejemplo, cuando una persona ha prestado dinero a un amigo y no tiene interés en reclamar el pago, no obstante lo cual el derecho subsiste, por lo menos hasta la prescripción. Por otra parte, hay derechos subjetivos —los correlativos de las obligaciones naturales "— que no pueden ejercerse coactivamente y son verdaderos derechos, puesto que el deudor que ha cumplido, no puede repetir lo pagado. 40.— 3) Teoría ecléctica (Jellinek): dice que el derecho subjetivo es "un interés tutelado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad individual". Crítica. Esta teoría, como es obvio, no resuelve nada y pueden formulársele las críticas hechas a las dos posiciones anteriores.

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0¿. aV. ennota9,pág. 188. Obligación natural: por oposición a obligación civil, es aquella cuyo cumplimiento no puede ser exigido por vías legales, pero que, una vez cumplida por el deudor, autoriza al acreedor a retener lo que le ha dado (v. art. 515 del Cód. Civ.). Por ejemplo: obligaciones civiles prescriptas; las derivadas de juegos prohibidos por el derecho (las de juegos permitidos pueden cobrarse judicialmente); etc.


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41.— 4) Teoría formalista de Kelsen: "derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo, en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo estatal, señalado por la norma". Vale decir que, prácticamente, este jurista identifica la norma con la facultad jurídica. Crítica. Kelsen, al formular su teoría, critica acertadamente las anteriores porque conciben el derecho subjetivo como algo esencialmente diverso del objetivo, pero a su vez, su tesis levanta otras objeciones. Como dice García Maynez '-, el error fundamental de esta teoría "consiste en la identificación de las nociones de derecho objetivo y derecho subjefivo. Sostener que el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en determinada relación con un sujeto, equivale a confundir las nociones de norma y facultad. La circunstancia de que todo derecho derive de una norma, no demuestra que norma y facultad sean lo mismo. El sofisma de Kelsen es comparable al error en que incurriría quien dijera que existiendo entre las ideas de padre e hijo una relación necesaria, no hay diferencia ninguna entre ellas". 42.— 5) Teoría de la facultad normada. Sostiene que el derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con una norma jurídica. En esta forma se destaca la verdadera esencia del derecho subjetivo y su relación ineludible con la norma jurídica, pues tal como se ha explicado, no hay facultad jurídica sin una norma que la establezca. Pero como es evidente, la existencia de dicha relación no impide que se trate de cosas distintas, aunque relacionadas entre sí.

43. Concepciones positivista y iusnaturalista del derecho subjetivo. — La teoría anterior, aunque sea defendida por los positivistas, no puede ser calificada de meramente positivista, como lo prueba el hecho de ser defendida por doctrinas que han superado tal postura filosófica. Y ello es así, porque tal concepción es el trasunto de la esencia misma del derecho subjetivo. En cuanto al iusnaturalismo, es sabido que sostiene la existencia de ciertos derechos —los llamados derechos naturales (v. índ. alfab.)— que existirían sin normas jurídicas que los establecieran y aun contra las mismas normas que los negaran, pues derivan de un sistema normativo trascendente, denominado derecho natural. Esta afirmación nos parece errónea y ese error obedece en buena medida a que una determinada axiología, perturba los enfoques ontológico y lógico del problema. En efecto, la realidad —como diría cualquier jurista— es que el hombre no tiene esos llamados derechos naturales, sino solamente los que le reconoce el derecho positivo; lo que tiene sí, es la suprema dignidad de ser racional y libre y es eso lo que exige que se le reconozcan una serie de derechos (es decir que debe tenerlos), para que esa jerarquía moral sea jurídicamente reconocida y defendida. Ahora bien, estos derechos —variables en función del tiempo y el espacio— son los llamados con más precisión, derechos fundamentales del hombre, derechos que en algunos Estados son reconocidos y en otros no. '-

Ob. cir. en nota 9, pág. 194.


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44. Clasificaciones de los derechos subjetivos.— Como es obvio, pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista: I) Según la esfera jurídica a que se refieran —y por analogía con la misma división del derecho objetivo— se los divide en derechos subjetivos públicos y privados. La clasificación del derecho en público y privado está tratada en otra parte de esta obra y allí remito al lector (v. en índ. alfab., "derecho público y privado")- Aquí sólo diré que para la concepción más aceptada, una norma jurídica es de derecho público, cuando por lo menos uno de los sujetos mentados por la norma, es el Estado en el carácter de poder público (p. ej., en el régimen impositivo, etc.). Por el contrario, una norma es de derecho privado, cuando los sujetos mentados son particulares y aun el Estado, cuando no actúa como poder público. 45.— \) Derechos subjetivos públicos son aquellos que tienen los particulares contra el Estado —a través de sus diversos órganos— así como los del Estado respecto de la población. Los derechos públicos han sido subdivididos en otros grupos, pero como los autores se refieren generalmente a los derechos públicos de los particulares, olvidando los del Estado, en su carácter de poder público, creo que corresponde empezar por esta división: A) Según el titular de los derechos subjetivos públicos, corresponde distinguir: 46.— a) Derechos públicos de los particulares. En estos casos, el sujeto jurídico —un particular— tiene un verdadero derecho, por lo que el Estado, a través de sus distintos órganos, es el sujeto pasivo de las obligaciones correlativas. Por ejemplo, el derecho de acción (v. índ. alfab.). 47.— b) Derechos públicos del Estado, que son los que éste tiene en su carácter de poder público. Con relación a nuestro derecho positivo, cabe citar por ejemplo, los enumerados por la Constitución Nacional, principalmente en los arts. 75 y 99: establecer impuestos, emitir moneda, dictar los códigos, etc., derechos que ejercen los distintos órganos que constituyen el gobierno. Siguiendo con el ejemplo, haré presente que tales derechos, dado el carácter de Estado constitucional de la República Argentina, están limitados por los derechos fundamentales del hombre, que la misma Constitución establece. 48.— B) Jellinek, refiriéndose a los derechos subjetivos públicos de los particulares, distingue: a) Derechos de Hbertad. Se alude con esta denominación impropia, a los derechos fundamentales del ser humano. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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b) Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales. Por ejemplo: el derecho de acción. c) Derechos políticos. Por ejemplo: el derecho de sufragio. A esta clasificación se le ha objetado que no existen determinados derechos de libertad o uno en especial, ya que ésta se manifiesta en el ejercicio de todos los derechos. También se refiere este autor a los derechos públicos del Estado, pero sin clasificarlos. 49.— 2) Derechos subjetivos privados. Generalmente se los agrupa así: a) derechos de la personalidad (o personalísimos); b) derechos de familia; c) derechos creditorios; d) derechos reales; y e) derechos intelectuales. El análisis de esta clasificación se encontrará más adelante (v. párrs. 53 y sigs.). 50.— II) Según contra quién se tengan, pueden ser absolutos o relativos. 1) Absolutos: son aquéllos correlativos de un deber general de respeto. Como se dice corrientemente, se tienen erga omnes (contra todos). Ejemplo típico son los derechos reales (p. ej., el de propiedad); también los de la personalidad (p. ej., el derecho al nombre), etc., pues todos deben respetarlos. Como puede apreciarse, el sujeto pasivo de estos derechos no es una o varias personas determinadas, sino las demás personas a quienes se impone como deber jurídico respectivo, una prestación negativa, es decir, una abstención. Por último, en lo que respecta a la denominación, conviene aclarar que debe entenderse en el sentido de que todos están obligados a respetarlos y no como si fueran ilimitados en su ejercicio, pues desde este punto de vista, no hay derechos absolutos porque todos están limitados por el ordenamiento jurídico. 2) Relativos: son los que corresponden a un deber particular de una o varias personas determinadas. El ejemplo típico lo constituyen los derechos de crédito (también llamados obligaciones o derechos personales). Por ejemplo, si yo he prestado una suma de dinero a un amigo, sólo a él puedo exigirle el pago. Algunos autores han sostenido que todo derecho relativo, es al mismo tiempo absoluto, pero se ubican ya en otro punto de vista (v. párr. 62) y conviene entonces no confundir las cosas, pues el criterio discriminatorio de esta clasificación es el sujeto obligado. La denominación "derecho relativo", como es evidente, obedece a que se tienen contra una o varias personas y no contra todos. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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51.— Son también derechos relativos los llamados genéricamente derechos de familia '^ como por ejemplo los que surgen del matrimonio, la patria potestad, la tutela, la cúratela, etc.; en efecto, los derechos de los padres se tienen respecto de los hijos (es decir, sobre una o varias personas determinadas). Lo mismo sucede con los derechos del marido, del tutor, del curador, etc. También hay derechos relativos entre los derechos subjetivos públicos (v. párrs. 45 a 47), revistiendo tal carácter por ejemplo, el derecho de acción, los derechos políticos, el derecho de petición, etc. 52.— III) Según que su contenido sea o no de carácter patrimonial, podemos distinguir: 1) derechos patrimoniales (reales, creditorios, etc.); y 2) derechos extrapatrimoniales (derechos de la personalidad, derechos de familia, etc.). Los derechos intelectuales, son corrientemente incluidos y estudiados entre los derechos patrimoniales, sobre todo por aquellos autores que los consideran una clase especial de propiedad. No obstante ello, es necesario destacar que presentan no sólo aspectos patrimoniales, sino también extrapatrimoniales (v. párr. 66). Por último, agregaré que esta clasificación abarca todos los derechos subjetivos, inclusive los públicos, y así por ejemplo, los derechos impositivos del Estado, son patrimoniales; el derecho de implantar el estado de sitio, es extrapatrimonial, etc. 53. Clasificación de los derechos subjetivos privados.— Se los divide —como anticipé en el párr. 49— en derechos de la personalidad, de familia, creditorios, reales e intelectuales. Esquematizando en un cuadro sinóptico, tendríamos lo siguiente 1) derechos de la personalidad Absolutos 2) derechos reales Derechos 3) derechos intelectuales subjetivos privados [4) derechos de familia Relativos 15) derechos creditorios A continuación analizaré brevemente cada uno de los grupos citados, siguiendo el orden indicado al comenzar el párrafo, por ser más didáctico.

Ver párrs. 53 y 55.


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54.— I) Derechos de la personalidad (o personalísimos). - Concepto. Son aquellos derechos que posee todo ser humano para defender su integridad psicofísica, así como su dignidad. Por ejemplo: el derecho a la vida, el de legítima defensa, los derechos a la salud, a la intimidad, al honor, el derecho al nombre, etc. -Denominaciones. Roguin denominó a estas facultades con la expresión "derechos autopersonales o sobre la propia persona", denominación criticable porque los derechos —como he repetido muchas veces— se tienen respecto de otras personas y no sobre la propia conducta, como pareciera significarlo el nombre propuesto por Roguin. Por ejemplo, el derecho de legítima defensa, se tiene frente a las personas que atentan contra nuestra vida, en ciertas condiciones; el derecho al nombre (como derecho absoluto que es), implica un deber general de respeto, pudiendo cada persona impedir que otro use indebidamente su nombre, etc. 55.— II) Derechos de familia. - Concepto. Son los que una persona tiene para regir la conducta extrapatrimonial de otra persona. Verbigracia, los derechos que implica el matrimonio, la patria potestad, la tutela, la cúratela, la adopción, etc. Para concretar los ejemplos, cabría citar en el matrimonio, el derecho recíproco a la fidelidad (art. 198 del Cód. Civ.), etc. - Denominaciones. Roguin los denominó "potestativos", denominación que no ha prevalecido, pues la de derechos de familia es mucho más precisa. 56.— III) Derechos creditorios (o personales, u obligaciones, o de las obligaciones, u obligaciones simplemente, etc.). - Concepto. Derecho creditorio es la facultad que una persona —acreedor— tiene para exigir de otra —deudor— el cumplimiento de un deber jurídico. Por ejemplo: el derecho a cobrar una suma de dinero, prestada a una persona; el derecho a exigir la construcción de una casa; etc. - Denominaciones. La denominación más acertada es la de "derecho creditorio". En efecto, se los llama también derechos personales, pero es ésta una expresión equívoca, porque puede provocar confusión con los derechos de la personalidad, que algunos autores llaman personales, inherentes a la persona, de la persona, etc. 57.— También se los llama obligaciones, pero en cuanto a esta palabra (del latín obligatio: ob, en tomo, y ligare, ligar, es decir ligar alrededor), corresponde manifestar que es un término equívoco. En efecto, se la emplea en tres sentidos: 1) Como sinónimo de derecho creditorio. Se trata de una acepción criticable. 2) Designando la relación jurídica que implica todo dereclio creditorio. En este sentido, suelen decir los civilistas —poco más o menos— que la obli-


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gación es el "vínculo jurídico existente entre dos o más personas, en virtud del cual una de ellas puede exigir a la otra una prestación, que ésta debe cumplir". Algo parecido decían ya las Instituías: "obligatio estjuris vinculum quo necessitate adstringimur, alicujus solvendae reí, secundum nostra civitatis jura". 3) Como sinónimo de deber jurídico. Por ejemplo, cuando se dice que el deudor tiene la obligación de pagar, que el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida, etc. De las tres acepciones, creo que la más aceptable es la última. 58.— IV) Derechos reales. - Concepto. "Derecho real es la facultad —correlativa de un deber general de respeto— que una persona tiene de obtener directamente de una cosa, todas o parte de las ventajas que ésta es susceptible de producir" "*. Por ejemplo: el derecho de propiedad. 59.— Doctrinas sobre la distinción entre el derecho real y el personal (o creditorio) '^. Hay al respecto dos doctrinas fundamentales: la tradicional y la que llamaré moderna. A) Doctrina tradicional (Picard, Baudry Lacantinerie, etc.). Sostiene que: - los derechos reales, son los que se ejercen directamente sobre las cosas, vale decir, que importan una relación directa e inmediata entre el titular del derecho y la cosa objeto de él. No hay pues, ninguna obligación correlativa. Cabe destacar que inspirándose en este concepto —predominante por otra parte en el siglo xix, con la concepción individualista del derecho— nuestro Código Civil dice que "no hay obligación que corresponda a derechos reales" (art. 497 infine). Este concepto es indudablemente erróneo, pero justo es agregar que en la nota al art. 2507 del Código Civil, refiriéndose al dominio internacional, Vélez expone la doctrina acertada, pues dice con palabras propias: "...obligación pasiva, como toda la que es relativa a los derechos reales...". Por lo demás, esta frase del art. 497, como tiene un carácter teórico, no debefiguraren un Código y es así que en el Proyecto de Reformas de 1936, ha sido eliminada. Analizando la relación jurídica a que da origen un derecho real (los derechos subjetivos no son vínculos jurídicos, sino términos de ellos), distinguen: a) el titular del derecho (p. ej. el propietario), y b) el objeto del derecho, es decir, la cosa sobre la cual se ejerce la facultady«ní//ca. El titular del derecho real puede obtener directamente de la cosa, sin necesidad de recurrir a intermediario al^* GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cil. en nota 9, pág. 214. '^ La mayoría de los datos han sido toinados de GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 9.


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guno, todas o parte de las ventajas que es susceptible de producir. La inmediatez del vínculo explica el nombre de derecho real que se ha dado a las facultades de esta especie {res = cosa). 60.—Los derechos creditorios los definen prácticamente igual que la doctrina moderna —pues sobre ellos no hay mayor controversia— y analizando la relación jurídica a que dan lugar, dicen que es directa entre el sujeto activo y el pasivo. Por el contrario, la relación existente entre el sujeto activo y el objeto, es indirecta o mediata. En otros términos, el acreedor no puede obtener por sí mismo el objeto de su derecho, debiendo para ello recurrir al sujeto pasivo. Resulta entonces que en la relación jurídica hay tres términos: a) sujeto activo, a quien suele llamarse en estos derechos, acreedor; b) sujeto pasivo, llamado deudor, y c) objeto del derecho creditorio, que consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer. 61.— B) Doctrina moderna (Roguin, G. Maynez y la mayoría de los autores modernos): esta doctrina —ya expresada sintéticamente en las definiciones de los párrs. 54 y 56— critica sobre todo esa concepción tradicional del derecho real como relación entre el sujeto activo y la cosa, que ignora al sujeto pasivo y a la correlativa obligación. En efecto, la relación jurídica —que se resuelve en derechos y deberes correlativos— sólo puede tener lugar entre personas, puesto que sólo ellas son capaces de tener derechos y deberes; en cambio, entre las personas y las cosas sólo hay relaciones de hecho. Ahora bien, en los derechos personales, el sujeto pasivo y la correlativa obligación aparecen claramente, pero, en los reales, aunque no tan ostensibles, también existen y son todas las demás personas que tienen una obligación negativa: la de respetar el ejercicio de ese derecho. Esta obligación no importa ningún sacrificio económico, a diferencia de la obligación del deudor que, aun en el caso de tener a su cargo una obligación de no hacer, sufre siempre una limitación en sus derechos, pues le impide hacer algo que en otro caso estaría facultado a realizar, y representa un valor negativo en su patrimonio. 62.— Obligación general de respetar el ejercicio de los derechos relativos. He aclarado ya que en los derechos reales (y en todos los absolutos), encontramos un verdadero deber jurídico por parte de todos los miembros de la comunidad, de respetar el ejercicio de ese derecho. Esto es tan cierto, que quien no cumple su obligación negativa, deberá ser sancionado como corresponde. Ahora bien, con sentido análogo, se ha sostenido que en los derechos creditorios hay también una obligación universal negativa: la de todos los que no forman parte de la respectiva relación, que deben respetar ese derecho. Como es evidente, este deber jurídico existe, no sólo con relación al sujeto obligado, a http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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quien se debe respetar en el cumplimiento de su obligación, sino también con respecto al sujeto pretensor, a quien se debe permitir el ejercicio de su derecho. Aceptado lo anterior, cabe hacer presente que la obligación pasiva universal, existe también con relación a los derechos de familia y, en fin, a todos los derechos relativos, razón por la cual corresponde extender este problema a todos los derechos de esta categoría, sin excepción, tal como queda expresado en el título del presente párrafo. Para probar que es cierto lo afirmado, corresponde demostrar que esa obligación pasiva universal, es el contrapolo, no del derecho relativo en cuestión, sino de otra facultad jurídica, pues de lo contrario habríamos quebrado el criterio clasifícatorio y quedaría destruido el valor de esta clasificación. Pues bien, ello se explica en virtud de lo siguiente: 1°) porque el titular del derecho relativo, en caso de ser perturbado en el ejercicio de su facultad, tiene también otro u otros derechos derivados o fundados en aquél, para hacerlo valer contra cualquiera que no cumpla su obligación negativa (p. ej., acción judicial, derecho a laprotección policial, etc.). Vale decir entonces que la existencia del derecho, junto con la violación del deber general de respeto, funcionan como antecedente jurídico, de otro derecho o derechos que permiten garantizarlo. 2°) en cuanto al sujeto obligado, sucede una cosa análoga, pues la existencia cierta de la obligación, es fundante de otros derechos que permiten hacerla efectiva (uno de ellos sería el derecho a cumplir con su deber, otro el derecho a pedir la protección policial, etc.). 63.— En conclusión, aclarado que en ambos casos hay deberes conelativos, las diferencias fundamentales entre ambas clases de derechos, aceptadas por la doctrina moderna, son las siguientes: 1) los derechos reales son absolutos; los personales, relativos; 2) los derechos reales no hacen surgir una obligación gravosa para los obligados; los personales, en cambio, sí. 3) los derechos reales implican la existencia de una cosa determinada, lo que no sucede con los creditorios.

64.— ENUMERACIÓN Y CONCEPTO DE LOS DERECHOS REALES. Como no se trata ya de precisar conceptos generales, sino particulares y concretos, definiré estas facultades jurídicas con particular relación a nuestro derecho. El art. 2502 del Código Civil establece que sólo pueden ser creados por ley (pues se trata de una cuestión que afectad orden público) y, el art. 2503, enuméralos siguientes: 1) Dominio: es la facultad de usar, gozar y disponer libremente de una cosa. Cuando varias personas tienen en conjunto la propiedad de una misma cosa, existe un condominio.


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2) Usufructo: es el derecho de usar y gozar de una cosa ajena, sin alterar su sustancia. 3) Uso y habitación: el derecho de uso es la facultad de servirse de una cosa de otro sin alterar su sustancia, o de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno, lo que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia. Cuando este derecho "se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella", se llama derecho de habitación (art. 2948). 4) Servidumbre: "es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que su propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad" (art. 2970, Cód. Civ.). Por ejemplo: servidumbre de tránsito, de acueducto, etc. 5) Hipoteca: derecho real de garantía, acordado al acreedor, sobre los bienes inmuebles del deudor, que continúan en poder de éste. 6) Prenda: derecho real de garantía por el que se afecta una cosa mueble o un crédito, para asegurar el cumplimiento de una obligación (art. 3204, Cód. Civ.). Este derecho implica en principio, la entrega por el deudor de una cosa mueble a su acreedor, en garantía del pago de la deuda. En el derecho argentino, existe también la prenda sin desplazamiento (decreto-ley 15.348 de 1946, ratificado por ley 12.962, llamada "Ley de Prenda con Registro" —v. texto ordenado por decreto 897/95, B.O., 18-XII-1995—), consistente en que el respectivo contrato debe ser inscripto en un registro especial, quedando los bienes prendados en poder del deudor, o del tercero que los haya prendado en garantía de una deuda ajena. 7) Anticresis: derecho concedido por el deudor al acreedor, en virtud del cual lo pone en posesión de un inmueble, autorizándolo a percibir los frutos, para imputarlos periódicamente sobre el monto de la deuda (art. 3239, Cód. Civ.). El vocablo anticresis significa etimológicamente uso o goce contrario (del griego anti, contra y cresis, uso), y ello es exacto porque mientras el deudor utiliza el capital del acreedor, éste percibe los frutos del inmueble del deudor. - A los derechos reales mencionados, cabe agregar ]& posesión y los admitidos en otras ramas jurídicas, como son \a. prenda agraria, los warrants y debentures, la hipoteca naval, la hipoteca aérea, etc. Otros regímenes jurídicos instituyen además, los siguientes: - Enfiteusis: es un derecho en virtud del cual una persona puede, a perpetuidad o por un largo plazo, cultivar el fundo de otro y gozar de él de la manera más amplia, mediante el pago de una renta periódica a su propietario. La enfiteusis no existe en nuestro país como institución de derecho privado, pero la ley 12.636 —que se refería a la colonización— establecía un verdadero derecho enfitéutico para las tierras fiscales, al disponer en el art. 63 que podrían darse en "arrendamiento vitalicio", transmisible a los herederos. Dicho


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- Cap. 6

régimen fue derogado por la ley de colonización 14.392 de 1955 que, a su vez, ha sido abrogada por el art. 32 de la ley 22.202 de 1980. - Derecho de superficie: consiste en la facultad de ser propietario de las mejoras de un fundo (casas, árboles, etc.), independientemente de la propiedad del suelo. Nuestro codificador no incluyó estos derechos reales, fundándose sobre todo, en los inconvenientes prácticos que traerían (v. nota al art. 2503 del Cód. Civ.). 65.— V) Derechos intelectuales. ACLARACIONES PREVIAS. Sin necesidad de mayor análisis, podrá apreciarse fácilmente la justicia que implica la protección de la obra de los trabajadores intelectuales (escritores, periodistas, autores musicales, teatrales, cinematográficos, radiotelefónicos, intérpretes de obras literarias y musicales "=, artistas plásticos, fotógrafos, discursos y conferencias —sin perjuicio de la información periodística—, artículos firmados en diarios y revistas, cartas, etc.). En efecto, si se admite como elemental principio de justicia, que cada persona debe recibir la retribución que merece por su trabajo, ¿cómo no habría de ocurrir lo mismo, en el terreno de la producción intelectual, que tanta trascendencia tiene en la educación y la cultura general? Para mayor claridad, agregaré que donde tales derechos no son protegidos, los autores —en sentido amplio— son despojados de lo que en justicia les corresponde, por aprovechados e inescrupulosos comerciantes. Tal sería el caso de un empresario que ofreciera conciertos, haciendo con ello pingües ganancias, sin dar participación al autor o autores de la música que le ha producido tales beneficios. Otro caso sería el de un editor que, por no haber en su país protección suficiente para los autores foráneos, editara una obra extranjera, guardando para sí toda la ganancia producida, etc. En conclusión y a pesar de que —entre nosotros al menos— está muy generalizado el concepto de que sólo un iluso puede pretender vivir de su producción intelectual, debe abrirse camino el concepto opuesto y concretarse en la realidad, a efectos de que los trabajadores del intelecto puedan vivir dignamente de su trabajo, o que reciban por lo menos, la retribución que merecen. Lo dicho no significa desconocer los legítimos intereses de los editores, íntimamente vinculados a los que estudiamos y que, por tal razón, deben ser armonizados con los derechos intelectuales.

' ^ Sobre el derecho autoral de los intérpretes, véase p. ej., el art. 56 de la ley argentina de "propiedad intelectual" (11.723, de 1933, con diversas reformas).


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66.— CONCEPTO. Advirtiendo al lector que no hay uniformidad al respecto, por tratarse de un tema en actual elaboración, daré un concepto general de estos derechos subjetivos. Derecho intelectual es la facultad reconocida a una persona (autor en sentido amplio), para disponer de una creación espiritual determinada, no sólo en el aspecto intelectual propiamente dicho (pudiendo sólo él reformarla, etc.), sino también en el aspecto patrimonial, para beneficiarse con el producido de su explotación económica. De este modo quedan comprendidos los dos aspectos básicos que la doctrina moderna distingue en esta clase de derechos subjetivos: a) el aspecto intelectual, es decir, los derechos del autor respecto de la creación espiritual en sí (v. gr., el derecho de reformarla, etc.), y b) el aspecto patrimonial (o derecho "pecuniario" como también se lo llama), en cuya virtud el autor puede beneficiarse con la explotación económica de la obra, ya sea editándola él mismo, o bien celebrando ciertos contratos (que varían según la clase de obras), como el de edición, el de representación, etc. 67.— Los derechos intelectuales son absolutos, en el sentido de que son correlativos de una obligación general de respeto, pero como todos los derechos, sufren limitaciones en razón del interés general y, a título de ejemplo, recordaré el derecho de cita (es decir, la facultad de mencionar en un escrito, textos o párrafos de otros autores), citas que, lógicamente, no pueden ser muy amplias, pues en tal caso, constituiría un plagio. Así por ejemplo, la ley argentina de "propiedad intelectual" (11.723, de 1933), permite las citas "con fines didácticos o científicos" (art. 10), fijándoles un tope máximo de mil palabras de obras literarias o científicas, o bien de ocho compases en las obras musicales. Esto implica decir que si falta el fin didáctico o científico, la cita es plagio aunque no llegue a dichos topes. 68.— DENOMINACIONES. Las más correctas y generalizadas son las de derechos intelectuales y derechos de autor, debiéndose la primera de ellas, al jurista belga Edmond Picard. Pero también se los denomina derechos autorales, de propiedad intelectual, de propiedad científica, literaria y artística, derechos de reproducción (el copyright de los angloamericanos), etc. Roguin los denominó "monopolios de derecho privado" (v. párr. 87), debiéndose la calificación de monopolio a que el titular tiene la exclusividad de su explotación. Es ésta una denominación criticable, porque trae al derecho privado una noción propia del derecho público y, además, por no dar como las primeras, la noción directa del derecho de que se trata.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA INTELECTUALES 237 - Cap. 6 Copia PrivadaDERECHOS para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

69.—NATURALEZA JURÍDICA. Hay al respecto dos posiciones: una que los considera como una propiedad sui generis, y otra que sostiene su naturaleza peculiar (doctrina del derecho intelectual). Para aclarar el punto, corresponde advertir que el problema de la naturaleza jurídica de una institución, puede plantearse en general, atendiendo para ello a la esencia de la respectiva institución, así como al estado de la legislación y doctrina predominantes, o por el contrario en particular, con relación a un derecho positivo determinado. Pues bien, ubicándonos en el primer enfoque, vamos a analizar brevemente las dos posiciones: 1) Doctrina del derecho intelectual: sostiene que son derechos de naturaleza distinta del de propiedad, fundándose en dos consideraciones principales, que son: a) el derecho de autor no se refiere a una cosa material —como el de propiedad— sino más bien a la idea o creación intelectual que la obra concreta. Así se explica que si un autor edita una obra y la vende, sin quedarse con ejemplar alguno —ya no habría cosa propiamente dicha— conserva siempre sus derechos intelectuales; b) los derechos de autor presentan un aspecto intelectual, que debe ser respetado aun por quien adquiere el derecho de reproducción, y es por ello que un editor en tal circunstancia, puede sí reeditar la obra, pero no introducirle reformas por su cuenta. 70.— 2) Doctrina del derecho de propiedad. Fundándose en distintos argumentos, llegan a la conclusión de que estamos frente a un derecho de propiedad sui generis. Salvat, por ejemplo, dice '^: "el autor de una obra científica, literaria o artística, conserva siempre el derecho de dirigir o encauzar la reproducción o reedición de ella; puede igualmente retirarla de la circulación o prohibir su reproducción; y en todo esto, tenemos el ejercicio liso y llano del derecho de propiedad. Será una propiedad especial, reducida en su duración, pero es imposible negar que el derecho de propiedad existe". Las denominaciones "derecho de prop/ec/ad intelectual", "derecho depropiedad literaria, científica y artística", etc., son expresión de esta tendencia. 71.— Enfocando ahora el problema en particular, es decir, con relación a un derecho positivo determinado, debo manifestar que tal asimilación se hace a los efectos de aplicar analógicamente el régimen de la propiedad, a los derechos intelectuales, para resolver aspectos no previstos especialmente, etc. Sin entrar a considerar este problema —que nos llevaría fuera de los límites de esta obra— cabe agregar que la asimilación resulta más fundada en los regímenes que reconocen este derecho a perpetuidad (p. ej. México antes del Cód. Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales, Buenos Aires, 1952, T. II, pág. 494, párr. 1209.


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Civil de 1932). Por el contrario, el argumento no tiene el mismo valor frente a los regímenes que han establecido una limitación en el tiempo (p. ej. nuestra ley 11.723 de 1933, que en su art. 5°, lo reconoce durante la vida del autor y setenta años más en beneficio de los herederos o derechohabientes '^ contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor). Para concluir el tema de la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, agregaré que me parece más acertada la doctrina que sostiene su naturaleza peculiar, por las razones arriba expuestas. 72.— ÓRBITA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. La expresión "derechos intelectuales" engloba una serie de facultades que, por presentar caracteres propios, han sido diferenciadas, no sólo teóricamente, sino también en la práctica, mediante regímenes distintos. Esto se explica teniendo en cuenta la gran variedad de creaciones intelectuales que abarcan estos derechos, como son por ejemplo, las obras literarias, técnicas y científicas, las de artistas plásticos, obras musicales, dibujos y fotografías, películas cinematográficas, televisión, inventos, etc. Por eso la doctrina distingue cuatro grupos, si bien como veremos, actualmente, la mayoría de los autores excluyen del ámbito de los derechos intelectuales, a los denominados derechos de propiedad industrial. Los grupos a que me refiero son los siguientes: 1) derecho sobre las obras científicas, literarias y artísticas; 2) derechos sobre inventos; 3) derechos sobre modelos y diseños industriales; 4) derechos sobre marcas (de productos y servicios), y designaciones (nombre comercial). Con respecto a los derechos que integran el primer grupo, no hay discrepancia alguna sobre su carácter de derechos intelectuales; en cuanto a los otros tres, serán tratados más adelante (v. párr. 75) ".

73.—

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Son varios los

medios conocidos para el logro de tal fin. Entre ellos, es común la existencia de registros (p. ej., nuestra ley 11.723, del año 1933, que creó el "Registro NacioDerechohabienle (o causahabiente o sucesor), es la persona que ha adquirido uno o varios derechos u obHgaciones detivadus de otra persona, llamada causante o autor. Se trata de un vocablo usado preferentemente en el derecho sucesorio. Ejemplos: el heredero, el legatario, etc., son derechohabientes de la persona fallecida que les dejó ciertos bienes; en cambio, la apropiación de "cosas muebles sin dueño, o abandonadas por el dueño..." (art. 2525 del Cód. Civ.), como, por ejemplo, los peces de mares y ríos, constituye una adquisición originaria de un derecho, porque esa adquisición no deriva de persona alguna que haya tenido antes ese derecho. '^ Puede verse LEDESMA, Julio C , El Derecho Industrial, Buenos Aires, 1953; Di GUGLIELMO, Pascual, Tratado de Derecho Industrial, 2 tomos, Buenos Aires, 1948.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ACUERDO TRIPS 239 - Cap. 6 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

nal de la Propiedad Intelectual", ahora llamado Registro Nacional del Derecho de Autor), a efectos de que las obras, desde su inscripción a nombre de una persona, tengan fecha cierta contra terceros, permitiendo así una más fácil defensa de los derechos de autor. Además, como es obvio, las asociaciones profesionales de trabajadores intelectuales desempeñan un importante papel en tal sentido. Entre nosotros, son muy conocidas las siguientes: S.A.D.A.I.C. (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Miisica), Argentores (que agrupa a los autores teatrales y es el nucleamiento autoral más antiguo de nuestro medio), S.A.D.E. (Sociedad Argentina de Escritores), Asociación Argentina de Intérpretes, etc. Por supuesto que la acción de estas asociaciones es tanto más eficaz, cuanto más justa es la respectiva ley, dentro de la cual interesa particularmente lo relacionado con las sanciones, para evitar la impunidad de los que pretenden burlar estos derechos. La circulación internacional cada día más intensa de estas creaciones intelectuales (libros, revistas, películas cinematográficas, obras musicales, etc.), así como otros factores, han hecho surgir la necesidad de extender el ámbito de protección más allá de las fronteras nacionales, por lo que se han celebrado muchos tratados internacionales. Nuestro país ha ratificado, entre otros, los siguientes: Tratado de Montevideo sobre "Propiedad Literaria y Artística" (1889); Convención Panamericana sobre Propiedad Literaria y Artística, de 1910, llamada "Convención de Buenos Aires" (ratificada en 1949); Convención Universal sobre el Derecho de Autor (1952), destinada a obtener una protección mínima de tales derechos en todo el mundo; Convención de Washington (1946), ratificada por ley 14.186 (de 1953); el Convenio de Roma (1961), ratificado por ley 23.921 de 1991, celebrado para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (es decir, discos fonográficos), y los organismos de radiodifusión; el Convenio que establece la "Organización Mundial de la Propiedad Intelectual" (1967), ratificado por decreto-ley 22.195 (de 1980); el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971), ratificado también por el citado decreto-ley 22.195; etc. 74. Acuerdo TRIPS (en castellano ADPIC), de 1994.— Finalmente corresponde hacer referencia a este tratado, no sólo por la gran importancia que reviste, sino también porque nuestro país lo aprobó mediante la ley 24.425 {B.O., 5-1-95). La finalidad del acuerdo —llamado asimismo "Acuerdo TRIPS-GATT"— es lograr en todos los países signatarios (que ya son más de cien), un mínimo de protección a los "derechos de propiedad intelectual", como los denomina el TRIPS. Esta expresión es usada en un sentido amplio en el Acuerdo antedicho, pues abarca no solamente los derechos de autor, sino también la llamada "propiedad industrial" que, entre otros aspectos, incluye las patentes de invención. Veamos ahora cómo dicho Acuerdo surgió del GATT: este vocablo es —aclaro ante todo— la sigla resultante del nombre inglés del tratado (General Agreement on Trade and Tariffs), conocido en castellano como "Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles Adua-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ñeros". El GATT es la regulación básica del comercio internacional y, dicho sea de paso, fue uno de los factores determinantes de la gran expansión de dicho comercio, sobre todo mediante la rebaja de los impuestos a las importaciones. Como es obvio, lafinalidadperseguida con dicho tratado fue y es promover el desarrollo económico de los Estados participantes, con la mejora consiguiente en el bienestar de los pueblos respectivos. Ahora bien, periódicamente se reúnen los países signatarios y adherentes al GATT, para lograr más avances en la liberación del comercio mundial. Es así que en 1986, empezó en Punta del Este la llamada Ronda Uruguay del GATT, ronda que —dicho sea de p a g o concluyó en el reino de Marruecos durante 1994. En Marrakech —ciudad del reino mencionado— sefirmóel llamado precisamente Acuerdo de Marrakech (1994), el que, entre otras cosas, creó la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), que es un tribunal internacional del comercio respectivo (ante él se presentan las quejas, que son juzgadas y, cuando corresponde, aplica las sanciones pertinentes). El antedicho tratado consta además de cuatro anexos. Uno de ellos trata sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio mundial, y se lo llamó "Acuerdo TRIPS", por ser este último vocablo, la sigla del nombre dei tratado en inglés (Trade Related Intelectual Property System) que, en castellano, es el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (la sigla del tratado en castellano es ADPIC). Enrigor,poco tiene que ver esto con el comercio internacional, pero se lo incluyó como una novedad, para aprovechar la organización mundial del GATT, inclusive para dirimir conflictos entre los Estados que lo integran, lo que fue aceptado ante la presión de los Estados desarrollados, con EE.UU. a la cabeza. Lo mismo está ocurriendo con los servicios profesionales por ejemplo. Más concretamente y como la diversidad de las leyes nacionales de propiedad intelectual, puede producir conflictos con la libre circulación de bienes y servicios de otros países, la aprobación del Acuerdo TRIPS implica la obligación de adaptar a sus disposiciones, la legislación interna sobre "propiedad intelectual", sin perjuicio del plazo de transición, que puede llegar a 10 años en los países en vías de desarrollo. Antes de la mencionada adaptación, nadie puede invocar derecho alguno con fundamento en dicho Acuerdo. Esto explica la gran presión que se está produciendo sobre los países obligados, como la República Argentina, sobre todo en lo referido a patentes de medicamentos -", lo que se ha evidenciado en el trámite de la ley de patentes de invención y es que en materia de globalización, hay países globalizadores y países globalizados... (v. Cap. 28, párr. 38, nota 37). En síntesis, el GATT es ahora, no sólo el régimen básico del comercio internacional, sino también, a través del Acuerdo TRIPS, el régimen básico de la "propiedad intelectual" en el mundo. 240

75. Derechos de "propiedad industrial",— (Derechos sobre inventos, modelos y diseños industriales, marcas, etc.). Se trata de un conjunto de derechos que presentan algunas semejanzas con los derechos de autor; en efecto, en todos ellos hay una creación intelectual, por lo que es justo que su autor pueda beneficiarse con la explotación económica de su creación (p. ej., de su invento).

Las negociaciones respectivas, como ya he aclarado, se llevaron a cabo en la O.M.C. (Organización Mundial del Comercio), con sede en Ginebra.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaDERECHOS para uso Didáctico SOBRE INVENTOS y Científico 241 - Cap. 6 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN No obstante la semejanza indicada, todos estos derechos tienen asimismo varias diferencias con los derechos autorales, entre las cuales citaré como ejemplo, que en ellos la creación intelectual tiene como destino directo el ser aplicada en la industria, el comercio y aun en los servicios, lo que no sucede en los derechos de autor. Además, en los derechos de "propiedad industrial", el derecho del creador existe desde que se obtiene la patente respectiva, que viene a ser el título de propiedad industrial que le otorga el Estado; en cambio, esto no sucede en los derechos de autor, en los que el derecho existe desde el surgimiento de la creación intelectual (libro, pieza musical, cuadro, etc.), independientemente de su registro. Por tales motivos, la doctrina en general considera que, estrictamente hablando, constituyen un grupo de derechos con caracteres propios, que han sido denominados de "propiedad industrial". Los principales son los siguientes: 1) derechos sobre inventos (con las respectivas patentes de invención que los protegen); 2) derechos sobre modelos y diseños industriales; y 3) derechos sobre marcas. Veamos brevemente las distintas especies; 76.— 1) Derechos sobre inventos (y las patentes de invención que los protegen): en términos generales, inventar es crear algo nuevo, es decir, algo que antes no existía, ya sea una cosa (p. ej., un nuevo instrumento musical), o bien un procedimiento nuevo para fabricar algo. Con lo dicho es suficiente como para no confundir inventar con descubrir, ya que descubrir es hallar algo que estaba oculto y que, por lo tanto, existía antes de ser descubierto. Por otra parte, cabe aclarar que lo protegido por la ley en materia de inventos no es en rigor una cosa material, sino la creación intelectual, es decir, la idea o la invención que, lógicamente, se concreta o materializa en una cosa de la que, por lo común, se fabricarán muchos ejemplares. Por eso se habla de patentes "de invención" y no de patentes "de inventos". Sobre esta materia rige en la República Argentina la ley 24.481 (B.O., 20-IX-95), llamada "Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad" que, al poco tiempo de su publicación fue parcialmente reformada por la ley 24.572 (B. O., 23-X-95). Al respecto cabe recordar que la ley 24.481 derogó la vieja ley de patentes, 111 de 1864. A propósito de la diferencia entre inventar y descubrir, la ley 24.481 (art. 6°), dice que no se considerarán invenciones, entre otros, los siguientes casos: los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas y científicas, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, etc. Las invenciones patentables abarcan un ámbito muy amplio "de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial" (art. 4°). La ley abarca la invención de productos farmacéuticos, respecto de los cuales fija un plazo de transición de 5 años (art. 104 de la ley 24.481, reformado por la ley 24.572), es decir, que no serán patentables, hasta que transcurran 5 años de publicada la ley 24.572 en el Boletín Oficial. Por otra parte, el art. 35 de la ley establece que las patentes tendrán una duración improrrogable de 20 años, contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud de patentamiento. Como es lógico, la patente de invención da al titular el derecho de explotar económicamente la invención ya sea fabricando él mismo el producto patentado (el monopolio que otorga la patente suele ser tentador) y, por supuesto, el derecho de oponerse a que terceros


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN sin la correspondiente licencia (por lo común contra el pago de regalías), fabriquen, ofrezcan en venta, etc., el respectivo invento. 242

77.—MODELOS DE UTILIDAD. Son "toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados "certificados de modelos de utilidad" (art. 56 de la citada ley). El plazo de vigencia de los certificados antedichos es de 10 años.

78.— 2) Derechos sobre modelos y diseños industriales. Están regidos por el decreto-ley 6673/63. a) Se considera modelo industrial a la forma, es decir, al aspecto exterior de un producto industrial (p. ej., los envases de perfumes), que le otorga un carácter ornamental o estético, afinde hacerlo más agradable a la vista, sin importar la eventual utilidad que dicha forma pudiera producir, pues lafinalidaddel modelo es atraer a los posibles consumidores. Como es lógico, el modelo contribuye a identificar y destacar un determinado producto de otros semejantes. En virtud de los motivos antedichos, el modelo es protegido por la ley y, una vez registrado (para lo cual tiene que ser un modelo nuevo en relación a lo existente), su titular —que se supone es el autor o creador— tiene la exclusividad de la explotación del modelo registrado y, en consecuencia, puede oponerse a que otros usen modelos iguales o parecidos al registrado. 79.— b) Diseño industrial es, por su parte, la representación gráfica (dibujo, etc.) de un modelo. 80.— 3) Derechos sobre marcas: la marca es un signo (letras, palabras, emblemas, dibujos, frases publicitarias, combinaciones diversas de lo antedicho, etc.), que permite idenúñcar productos y servicios, evitando así que estos puedan ser confundidos con otros análogos. Al respecto aclaro que en nuestro país, la frase publicitaria que haya pasado al uso común antes de la solicitud de registro, no puede ser registrada como marca. El derecho marcario es muy importante, porque hay marcas —las acreditadas— que pueden constituir el valor económico más importante de una empresa, es decir, valer más que todo el resto de la empresa, por la clientela que una marca prestigiosa atrae y puede atraer. En nuestro país rige sobre el punto el decreto-ley 22.362 (de 1981), llamado comúnmente "Ley de Marcas y Designaciones", sin olvidar la incidencia del art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra derechos para la defensa de consumidores y usuarios, así como el "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial" (de 1967). La marca protege los legítimos derechos e intereses de los fabricantes de productos y de los prestadores de servicios, pero además protege los derechos de consumidores y usuarios; en efecto, la marca les garantiza en cierta medida, que el producto o servicio que los satisfizo, seguirá siendo de la misma calidad que antes, evitando ser engañados por personas


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA DCHOS. SUBJETIVOS PRIVADOSy Científico 243 - Cap. 6 Copia Privada para uso Didáctico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN inescrupulosas (fabricantes, comerciantes, etc.), que pudieran hacer uso de marcas prestigiosas, o de marcas confundibles con aquéllas, por falta de una protección legal adecuada. Uno de los medios más eficaces para protegerlas, son precisamente los registros de marcas, pues la inscripción en ellos de una determinada marca, confiere al solicitante la propiedad de la misma y, en consecuencia, la exclusividad de su uso, pudiendo además oponerse a que se registre otra idéntica o similar. Si bien la registracion tiene un plazo de validez de 10 años, puede ser renovada indefinidamente, cumpliendo con los requisitos exigidos (entre ellos el uso, que es una condición para el mantenimiento de la propiedad). Además, las marcas tienen protección penal en la República Argentina y, a tal fin, es un delito dt falsificación de marcas (art. 289, inc. 1°, Cód. Penal). 81.— La designación es el nombre comercial que, como tal, identifica al comerciante, a diferencia de la marca que identifica al producto o servicio. No obstante ello, el titular de un nombre tiene el derecho de oponerse a que se lo use como marca. 82. Otras clasificaciones de los derechos subjetivos privados.— A continuación citaré algunas clasificaciones que, en su mayorparte, sólo tienen valor histórico, pues han sido abandonadas por la doctrina moderna. I) Gayo, en las Insfitutas, insertó una clasificación que prevaleció hasta comienzos del siglo XIX. Distinguía: 1) Derechos de las Personas: 2) Derechos de las Cosas; y 3) Derechos de las Acciones. 83.— II) El Código francés, adoptó la clasificación anterior con ligeras modificaciones. Distingue: 1) L°. 1°: derecho de las personas; 2) L°. 2°: de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad (derechos reales); y 3) L°. 3°: de las diferentes maneras de adquirir la propiedad (sucesiones, donaciones, testamentos, contratos y obligaciones, etc.). 84.— III) Savigny, a mediados del siglo XIX, propuso la siguiente: ,,^ , , „. fa) Derecho de las coías, y 1) Derecho de Bíe/ieí ^ ^ ^ , , , ,,. b) Derecho de las obligaciones 2) Derecho de Familia 85.— IV) Freitas, famoso jurisconsulto brasileño, formuló la siguiente clasificación:


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ABELARDO TORRE ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

1) Derechos Personales

a) en las relaciones de familia (potestad): patria potestad, potestad marital, tutela y cúratela; y b) en las relaciones (obligaciones)

civiles

a) sobre la cosa propia (propiedad); 2) Derechos Reales b) sobre la cosa ajena (usufructo, etc.)

Esta clasificación, que tiene el mérito de distinguir nítidamente entre derechos reales y personales, merece un breve comentario porque/ue seguida casi al pie de la letra por nuestro codifiícador Vélez Sarsfield, en la sistematización de nuestro Código Civil, Esto puede comprobarse leyendo los títulos de nuestro Código (L. I, Sec. 2: "De los derechos personales en las relaciones de familia"; L. II: "De los derechos personales en las relaciones civiles", etc.), pero dicho sea de paso, nuestro codificador tuvo el mérito de mejorarla. 86.— V) Picard 21, en su obra Le Droit Pur, distingue: 1) Derechos Personales (iura in persona ipsa); 2) Derechos Obligacionales (iura in persona aliena); 3) Derechos Reales (iura in re materiali); y 4) Derechos Intelectuales (iura in re intelectuali). Como vemos, esta clasificación es parecida a la que he dado en el párr. 49, pero tiene el inconveniente de omitir los derechos de familia, asimilándolos a los obligacionales, cuando en realidad son de naturaleza muy diferente.

87.— VI) Roguin, famoso jurisconsulto suizo, ha formulado la siguiente clasificación, en su obra La Regle du Droit (1889):

2'

PICARD, Edmond, U Droit Pur, Paris, 1908, pág. 92.


BJA - DERECHOS BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA SUBJETIVOS PRIVADOS 245 - Cap. 6 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Derechos Subjetivos' Privados

- autopersonales; 1. Absolutos - potestativos; y - reales.

2. Relativosl- obliaacjones. 13. Monopolios de derecho í - intelectuales e [ privado 1-industriales

La división en absolutos y relativos —que había esbozado Windscheid en las Pandectas— tiene el sentido ya explicado, pero Roguin agrega como categoría especial, los llamados por él "monopolios de derecho privado", que no serían ni absolutos ni relativos. De este modo, quiebra el principium divisionis de la clasificación, lo que en buena lógica no puede admitirse, ya que todo derecho tiene que ser —forzosamente— absoluto o relativo, sin que quepa una tercera categoría. En efecto, como se ha explicado en el párr. 67, los derechos intelectuales son absolutos, como lo reconoció el propio Roguin en su obra La Science Juridique Puré (1923), incluyéndolos en tal categoría. De este modo, la clasificación se acerca a la del párr. 49, que es la más aceptada hoy día para los derechos privados, lo que prueba el mérito de la propuesta por Roguin. No obstante ello, se le han formulado otros reparos de índole terminológica. Entre ellos, el referente a la denominación "derechos autopersonales o sobre la propia persona", que son llamados actualmente con expresión más acertada, "derechos de la personalidad" (párr. 54). En lo que respecta a los llamados "potestativos" es indudable que les cuadra mucho mejor la denominación de "derechos de familia" (v. párr. 55), sin olvidar que no son absolutos como los clasifica Roguin, sino relativos (v. párr. 50).

SECCIÓN CUARTA

EL DEBER JURÍDICO 88. Concepto.— Consiste en la obligación impuesta por una norma jurídica, de realizar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la distinción tradicional, consiste en hacer o no hacer algo (p. ej., la obligación de entregar una suma de dinero). El distingo común entre obligaciones de dar, hacer o no hacer, como tres especies de un mismo género, no es exacto, pues dar algo es una de las formas de hacer algo, por lo que las obligaciones de dar, quedan incluidas en las de hacer. El concepto de deber jurídico es correlativo del de facultad jurídica y, por ello, todo deber implica la existencia de un derecho correlativo a favor del sujeto pretensor.


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García Maynez ^^, por su parte, define el deber jurídico como la "restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otra u otras, de exigir de la primera una cierta conducta, positiva o negativa". Toda norma jurídica hace referencia a uno o varios deberes jurídicos, por lo que su noción es otro de los conceptos jurídicos fundamentales. Pero ello no impide distinguir entre el deber jurídico, es decir, la obligación de una cierta conducta, y el concepto normativo, que también es denominado obügamiento. Por último y a la inversa de lo que ocurre con los derechos subjetivos, cabe afirmar que a más deberes impuestos al ser humano, menor es la órbita de su libertad jurídica. 89. Denominaciones.— Se lo llama también prestación (v. párr. 3) y, con menor frecuencia, hecho-prestación u objeto-prestación. Asimismo, se lo denomina obligación, pero esta palabra es empleada más en el terreno de la ciencia dogmática que en el filosófico-jurídico. Según he aclarado en el párr. 57, la palabra "obligación" tiene varias acepciones, siendo el sentido restringido el que se refiere al deber jurídico. 90. Clasificaciones.— La más conocida es la que distingue los deberes en positivos y negativos: 1) Deberes jurídicos/JosmVoí-.- son aquellos que consisten en un hacer, es decir, en la ejecución de un cierto comportamiento. Se los divide en: a) obligaciones de hacer propiamente dichas, y b) obligaciones de dar. 2) Deberes jurídicos negativos: son aquellos que consisten en una abstención, es decir, en un no hacer (son también llamados obligaciones de no hacer). SECCIÓN QUINTA

LA LIBERTAD JURÍDICA 91. Aclaraciones previas.— Explicado ya el concepto de "libertad espiritual" (v. Cap. 1, párrs. 48 y sigs.), corresponde ahora investigar qué se entiende por "YxhQñaá jurídica". En el Capítulo 1 (párr. 54), ya se anticipó algo sobre dicho tema, razón por la cual reitero que la libertad jurídica, se refiere al hacer (u obrar) del hombre frente al hacer (en sentido amplio, ya que puede tratarse de un no hacer), de otro u otros hombres. Vale decir que la libertad jurídica se refiere a la libertad de la conducta del ser humano, frente a la libertad de la con22

Ob. cil. en nota 9, pág. 268.


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ducta de los demás, o si se quiercya la libertad de la conducta en interferencia intersubjetiva. 92. Límites de la libertad jurídica.— El derecho y otros factores reducen el ámbito de dicha libertad. Veamos: a) el derecho fija los límites de la libertad de cada uno frente a a libertad de los demásêstableciendo cuáles son nuestros derechos subjetivos, o si se quiere, todo lo que cada uno tiene el derecho de hacer dentro del marco jurídico, vale decir, dentro de lo lícito, aunque puede suceder que no se ejerzan por cualquier motivo, muchas de tales facultades. b) otros factores limitantes. Son múltiples y entre ellos cabe recordar algunos aspectos/í'í/coí de la persona, como por ejemplo la edad (que impide hacer a un anciano muchas de las cosas que pueden hacer los jóvenes); el estado de salud (que impide prácticamente a un cardíaco por ejemplo, levantar cosas pesadas o darse un baño de mar, ya que pueden causarle la muerte); factores económicos, de los que resulta la imposibilidad para los pobres, de viajar por el mundo; concepciones morales (v. Cap. 4, párr. 14, esp. el inc. 2, y párrs. 15 a 35); etc. Dicho sea de paso, cabe recordar que la libertad espiritual es también limitada, aunque su ámbito es obviamente mayor que el de la libertad jurídica. c) en síntesis y debido a las limitaciones de la libertad jurídica, puede afirmarse que aun dentro de lo lícito, nadie hace lo que quiere, sino lo que puede hacer. No obstante ello y en definitiva por las limitaciones de la condición humana, cabe decir que el hombre puede realizar actos libres, tal como lo establecen los distintos regímenes jurídicos (p. ej. el argentino en los arts. 897 y conos, del Cód. Civ.). 93. Aspecto positivo y negativo de la libertad jurídica.— a) aspecto positivo: lo que se ha explicado especialmente en el párr. 92, configura el denominado aspecto positivo de la libertad jurídica de cada uno, pero además, para que haya verdadera libertadyt/ríí/íca, debe darse también el... b) aspecto negativo, que es la ausencia de toda coacción de los demás, que perturbe o desvíe la conducta del protagonista, en un sentido diferente al que él quiso imprimirle. Vale decir que si hubiera una coacción ilícita de terceros en tal sentido, la libertad jurídica habría sido ilícitamente restringida y, en consecuencia, el acto afectado no sería libre (ni voluntario por lo tanto). Esta coacción ilícita puede llegar a su grado máximo, cuando se impide realizar el acto querido. Todo lo dicho no debe hacemos olvidar que también existe la coacción lícita.


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94. Definición de la libertad jurídica (de cada persona) ^3.— Es la facultad de poder hacer todo lo querido por el sujeto, que incluye por lo tanto la facultad de no hacer, pero dentro de lo lícito (en vez de lícito, podría decirse en términos equivalentes, dentro de lo que no está prohibido). Ello implica la ausencia de toda coacción por parte de terceros, que perturben o impidan al sujeto actuante, realizar la conducta que quiso hacer. Para estas posibles coacciones ilícitas, cada derecho establece determinadas consecuencias jurídicas y así por ejemplo, en el derecho argentino, sería un acto involuntario (art. 897, Cód. Civ.), respecto del cual la ley impone una sanción al autor de tal violación, que es indemnizar los daños y perjuicios (arts. 942, 943 y 1056, Cód. Civ.). a) Libertad jurídica total (de cada persona): es el conjunto de todos los derechos subjetivos que cada uno tiene, por lo que a más derechos subjetivos más libertad jurídica, o como suele decirse de manera más imprecisa pero breve, a más derechos más libertad (v. párr. 33). b) Especificaciones de la libertad jurídica: son todas las libertades que presentan los caracteres de aquélla, como las libertades política, económica, civil, comercial, etc. 95. Los dos tiempos de la libertad jurídica.— Para comprender mejor esta libertad, conviene distinguir entre: a) La libertad jurídica como facultad de poder hacer, ya que esto es en esencia dicha libertad, aunque a veces no se la ejerza y por eso —lo reitero— la omisión es también libertad jurídica. b) El hacer mismo, es decir, el ejercicio de la libertad jurídica, que tiene lugar cuando realizamos el acto elegido (p. ej., la firma de un contrato). Es pues la libertad jurídica en acción. Ahora bien, como la vida humana es principalmente un hacer, al punto de que la mayoría de las veces pensamos "sobre la marcha", el poder hacer y el hacer mismo prácticamente se superponen, sin que ello impida la distinción que acabo de formular. c) Aclaración complementaria sobre la libertad jurídica ya ejercida: como es evidente, luego de haber ejercido un derecho subjetivo determinado (p. ej,, una vez concluido un viaje, con respecto al contrato de transporte de personas), se agotó la libertad jurídica respecto de ese derecho y, en consecuencia, la libertad pertinente pasó a ser "libertad cosificada", si cabe tal expresión autocontradictoria pero elocuente, para designar algo que ya no es libertad sino historia. Como es lógico, la libertad jurídica de la persona continuará de por vida, con respecto a todos los demás derechos no ejercidos. ^^ COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 675.


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Dicho sea de paso, hago constar que algo análogo pasa con la libertad espiritual, cuando se optó por una de las posibilidades barajadas. Como es obvio, lo que se extingue es la libertad espiritual referida al posible acto elegido, y no la libertad espiritual en tanto facultad natural del ser humano, que lo acompañará de por vida. Un ejemplo lo tenemos en que si una vez optado por un viaje a Roma, voy a comprar el pasaje, puede ocurrir que el vendedor me diga que me conviene entrar a Europa por Madrid y, si me convence, puede suceder que yo cambie de opinión y opte por viajar primero a Madrid, en ejercicio de mi permanente libertad espiritual. 96. Contenido de la libertad jurídica.— Es el siguiente: a) Integran la libertad jurídica (y, en consecuencia, el ámbito de lo lícito), todos los derechos subjetivos como ya se ha explicado, por lo que abarca inclusive Xa facultad de inordinación del obligado, por ser también un derecho subjetivo (v. Cap. 6, párr. 37). b) No integran la libertad jurídica: b') Los deberes jurídicos, puesto que disminuyen la libertad jurídica al imponer un hacer o un no hacer (como ejemplo de no hacer está la prohibición de cometer delitos). Por lo tanto, a más deberes jurídicos menos libertad jurídica. Sin perjuicio de lo antedicho, no debemos olvidar \di facultad de inordinación, vinculada con el cumplimiento del deber jurídico, a la que ya se ha hecho referencia en el inciso a). b^) Las transgresiones (o entuertos), también disminuyen la libertad jurídica porque son actos ilícitos que, por lo tanto, no deben hacerse (p. ej.: los delitos). Conviene recordar que si bien las transgresiones no son parte de la libertad jurídica, son sí una expresión de la libertad espiritual, porque puede optarse entre la posibilidad de cometerlos o no. b') Por último, la sanción (v. Cap. 5, párr. 72), también disminuye la libertad jurídica, lo cual no impide que el sancionado tenga la facultad de inordinación, en lo que se refiere al cumplimiento de la sanción impuesta. Además tienen otros derechos, como son por ejemplo, los que otorgan a los presos los reglamentos carcelarios (v. gr., en algunas cárceles el derecho a estudiar, etc.) y, en definitiva, los que surgen de la llamada norma de libertad ("todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido"), explicada en el Cap. 7, párrs. 9 a 15. 97. Nociones complementarias sobre la libertad jurídica.— Seguidamente me referiré a diversos conceptos vinculados con la mencionada libertad, para deslindar sus respectivas órbitas. Son los siguientes:


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1) Conducta lícita o ilícita. Toda la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, puede ser, desde el punto de vista jurídico, lícita o ilícita, sin que sea viable una tercera posibilidad (tertium non datur). Ahora bien, ambas cualidades de la conducta, no son inmanentes a la misma; en efecto, ninguna conducta es en sí misma lícita o ilícita, pues dichos caracteres lógicos, o más precisamente lógico-normativos, derivan de confrontar la respectiva conducta con el derecho que la rige: será lícita la que concuerde con la endonorma, e ilícita la que se ajuste a la perinorma. 98.— 2) Actos que integran la conducta lícita. Dentro del ámbito de las acciones lícitas, cabe efectuar la siguiente distinción -'^•. 1) Actos potestativos Actos ^^ , , ,. 1 a) ejecuciones lícitos 2) Actos obligatorios {'.^ b) omisiones Los actos potestativos son aquellos que las personas pueden o no realizar (constituyen lo permitido-potestativo). García Maynez los denomina "permitidos", pero es indudablemente más acertada la terminología de Cossio, no sólo porque da directamente la idea de su significado, sino porque también los actos obligatorios son permitidos —lo "permitido-obligatorio"— (p. ej., el pago de un impuesto —acto obligatorio— está indudablemente permitido). Actos obligatorios, por su parte, son aquellos en que —a diferencia de los anteriores— la autodeterminación no es lícita. Estos actos pueden consistir en una ejecución (p. ej., pagar un impuesto), o en una abstención (p. ej., no estacionar vehículos en tal lugar), pero tan obligatorio es ejecutar lo ordenado como abstenerse de lo ilícito. A las ejecuciones obligatorias, se las denomina también actos ordenados y, a las omisiones del mismo carácter, actos prohibidos; no obstante, resultan más exactas y simples las denominaciones del cuadro sinóptico. En efecto, hablar por ejemplo de acto prohibido ("no se debe hacer tal cosa"), es en rigor contradictorio, "porque lo prohibido no es el acto negativamente mencionado sino la realización contraria, es decir, hacer lo que no se debía hacer" --^ Concluyendo con este párrafo, cabe insistir en que tan lícitos son los actos potestativos como los obligatorios, o en otros términos —y refiriéndonos a sus respectivos contenidos— tan lícita es la ejecución u omisión de un acto potestativo, como la ejecución de lo ordenado y la omisión de lo prohibido. Por el -* COSSIO, Carlos, La Teoría Egotógica..., cit., especialmente págs. 722 y 723. - ' /dímnota24, pág. 698.


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contrario, es ilícita la omisión de las ejecuciones obligatorias y la ejecución de las omisiones establecidas. 99.— 3) Libertadjurídica y conducta lícita. Relacionando ambos conceptos, puede afirmarse ahora que la libertad jurídica es más limitada que la conducta lícita, pues abarca sólo los actos potestativos; en cambio, esta última, comprende también los actos obligatorios. Estos actos, sin duda alguna, constituyen una limitación a la libertad jurídica. 100.— 4) Libertad jurídica y autonomía de la voluntad. Este último concepto es mucho más restringido que el de libertad jurídica, pues se alude comúnmente con él, a la libertad que tienen los particulares de establecer las normas jurídicas que han de regir sus respectivas conductas. Dicha libertad —resultante de una serie de derechos subjetivos—tiene particular aplicación en la órbita del derecho contractual, sobre todo en cuanto se refiere a la creación, modificación o extinción de los derechos creditorios. La autonomía de la voluntad está limitada por las normas de orden público y, si bien hoy día, en virtud del intervencionismo estatal, se ha reducido su ámbito, es todavía muy amplia —en general— la aplicación de este principio. El derecho del trabajo, con los límites que implica en relaciones antes libradas a la autonomía de la voluntad de las partes, es la prueba más evidente de la limitación sufrida actualmente por este principio (estas restricciones laborales han disminuido hoy día, en virtud de la Uamadaflejcibilización laboral—v. Cap. 28, párr. 38—). 101. No son sinónimos lícito y permitido, e ilícito y prohibido.— En el lenguaje corriente y aun dentro del ámbito jurídico, se suelen usar como sinónimos los vocablos del epígrafe, pero a mi criterio no lo son, aunque a veces coincidan. Veamos por qué. La diferencia fundamental surge al tener en cuenta, que permitido y prohibido se refieren a la realidad de la conducta, es decir, a la conducta compartida tal como se da en la realidad de la vida, para detectar allí qué está permitido y qué está prohibido. En consecuencia, el enfoque es ontológico. Por su parte, los significados de lícito y de ilícito ya los aclaré antes (v. párr. 97, inc. 1), pero a diferencia del anterior, surgen de un enfoque lógico. Veamos concretamente ahora la diferencia entre los conceptos mencionados, a través de un ejemplo: si un grupo de personas ejerce algunos derechos sin tener inconvenientes, está realizando ciertos actos que son lícitos, pero que además son permitidos, puesto que nadie se lo impide. En este caso, que es el ideal, lo permitido coincide con lo lícito y, por ende, lo prohibido coincide con lo ilícito. En cambio, si en alguna circunstancia el grupo hace algo ilícito y, por cualhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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quier motivo (como podría ser la tolerancia de los funcionarios competentes), nadie le impide que lo haga, el grupo estará haciendo algo permitido en la realidad. En este caso pues, no coincidirá lo permitido con lo lícito, porque también se permite algo ilícito y, en consecuencia, no coincidirán tampoco lo ilícito con lo prohibido. De lo explicado surge con claridad que mediante una norma jurídica no es posible pro/zí¿ír conductas, sino disponer cuáles son ilícitas y cuáles son lícitas; en cambio, para, prohibir una determinada conducta ilícita, en materia de tránsito por ejemplo, es preciso enviar al lugar elegido un policía o el agente que correspondiere, para que impida efectivamente transitar por ese lugar, aplicando la fuerza pública si fuera necesario.



CAPÍTULO 7

TEORÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

SECCIÓN PRIMERA

INTRODUCCIÓN 1. Aclaraciones previas.— Hasta aquí se ha hecho referencia preferentemente al análisis lógico de la norma jurídica. Pero el más mínimo contacto con la vida real del derecho, nos muestra que el jurista no trabaja con una norma, sino con un conjunto numeroso de normas jurídicas. Un ejemplo aclarará lo afirmado: en la resolución de un caso judicial, es muy común que interfieran normas civiles, penales, constitucionales, etc. En este sentido ha dicho Cossio que "un caso siempre se resuelve por la totalidad del ordenamiento y nunca por una sola de sus partes, tal como todo el peso de una esfera gravita sobre la superficie que lo soporta, aunque sea uno solo el punto por el que toma contacto" '. Tócanos ahora estudiar ese conjunto de normas con que trabaja el jurista, desde un punto de vista lógico-jurídico, para extraer algunas conclusiones importantes.

SECCIÓN SEGUNDA

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO SISTEMA DE NORMAS 2. Concepto.— Las normas que integran un ordenamiento jurídico, no constituyen un agregado inorgánico de preceptos. En otros términos, el derecho positivo de un Estado, no es un conjunto de normas yuxtapuestas, destinadas a '

COSSIO, La Teoría Egológica..., cit., pág. 380.


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resolver cada una distintos casos de la vida social, sin que exista entre ellas vinculación alguna. Por el contrario, esa pluralidad de normas, según lo ha establecido el pensamiento iusfilosófico más reciente y lo confirma la experiencia, constituye un todo ordenado y jerarquizado, es decir, un sistema. Una prueba de esto la tenemos en que —como es sabido— una resolución de un funcionario administrativo, no debe ser contraria a un decreto del Poder Ejecutivo, ni una ley del Congreso a la Constitución Nacional, pues en tales casos, serían impugnables mediante diversos recursos. Según vemos, el más breve análisis nos muestra que hay un orden jerárquico entre las normas jurídicas, constituido por relaciones de subordinación y de coordinación. Ahora bien, tal como se ha explicado, el sistema abarca a todo el derecho de un Estado, porque está constituido no sólo por la Constitución y las leyes, sino por todas las normas jurídicas, vale decir que —además de las citadas— cabe agregar los contratos, testamentos, sentencias, etc. Comprende pues, los preceptos generales y las normas individualizadas. Como es obvio, cada derecho estatal constituye un sistema jurídico singular, pero a ello hay que agregar el sistema jurídico internacional, de análoga estructura, donde aquéllos se armonizan, constituyendo una unidad que, como ha aclarado Kelsen ^, es gnoseológica y no de organización. Esto no impide que pasando del plano lógico-formal, en el que trabaja el jurista vienes, al terreno jurídico-positivo, propio de la Ciencia Dogmática, podamos encarar el estudio del régimen internacional positivo, incluyendo el de la organización de la comunidad internacional. Para cerrar este párrafo, agregaré que fue Kelsen, el primer iusfilósofo que aclaró este punto de manera inconcusa ^. 3. Estructura del sistema (Teoría de la Pirámide Jurídica).— Aclarando la estructura lógica del ordenamiento jurídico, dice Kelsen * que constituye "no un sistema de normas jurídicas de igual jerarquía, situadas unas al lado de las otras, por así decir, sino un orden gradado de diferentes capas de normas". Esta afirmación del Maestro de Viena corrobora lo que vengo explicando, es decir, la existencia de una gradación en el orden jurídico, o si se quiere, de una estructura escalonada que, abarcando todas las normas jurídicas, se extiende desde la norma fundamental hasta las normas individuales.

•^ KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires. 1945, pág. 94. ídem, pág. 94. ^ ídem, pág. 108.


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4.— Merkl, discípulo de Kelsen, comparó esta estructura con una pirámide (Cap. 5, párr. 14) y, por la difusión y éxito de esta comparación, se habla de pirámide jurídica como símbolo de cada orden jurídico singular y aun del internacional, en el que resultan armonizados todos aquéllos. Ahora bien, en dicha pirámide, las normas se distribuyen en las distintas gradas, que se escalonan desde el vértice hasta la base, disminuyendo en el mismo sentido su generalidad: es por ello que mientras en el plano más alto se encuentran las normas constitucionales —en sentido positivo— en la base de la pirámide se hallan las normas individuales. Entre ambos extremos, se encuentran los tratados internacionales, las leyes stricto sensu, los decretos del Poder Ejecutivo, etc. Debajo de las normas individuales, encontramos ya los actos de ejecución material de las mismas. 5. La estructura escalonada y la fuente de validez de las normas jurídicas.—La estructura piramidal del ordenamiento jurídico, nos permite ver con claridad que e\ fundamento de validez de una norma jurídica, está en otra norma jerárquicamente superior, porque una norma es válida, no sólo cuando ha sido establecida por los órganos y con el procedimiento prescripto por otra norma superior (validez formal), sino también cuando su contenido encuadra en lo que dispone la norma fundante (validez material). Por ejemplo: una sentencia (norma individual), es válida cuando ha sido dictada por el órgano competente de acuerdo con las leyes procesales respectivas y cuando su contenido queda enmarcado por la norma superior. Por su parte, una ley será válida, cuando haya sido sancionada de acuerdo con la Constitución, etc. Pero ¿cuál es la fuente de validez de la Constitución? Si ha sido dictada de acuerdo con los preceptos de otra Constitución anterior, allí estará su fuente de validez. Cabe preguntarse ahora por la fuente de validez de esta otra Constitución y así sucesivamente, con lo que llegaremos a la primera Constitución en sentido positivo, ya sea porque haya surgido de una revolución, conquista, etc. Como quiera que fuere, es indudable que al jurista stricto sensu, no le interesa el análisis de dichos fundamentos extranormativos, pues se detendrá en la Constitución que, para él, es algo así como el dogma revelado para el teólogo, pues en ella encontrarán fundamento último, todas sus especulaciones dogmático-jurídicas. No obstante ello, es indudable que tal estructura del pensamiento jurídico, reposa como dice Kelsen ^ sobre un supuesto fundamental, a saber: "que ha de valer como norma aquello que el primer órgano constituyente histórico ha manifestado como voluntad suya". Por eso Kelsen coloca en el vértice de la pirá5 ídem, pág. 98.


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mide, la llamada norma hipotética fundamental o constitución en sentido lógico que, según Cossio, podría decir sintéticamente, "obedece al legislador originario". Esta norma es la que da coherencia lógica a todo el sistema, pues como dice el mismo autor, "se comprende sin dificultad que si no se partiera de este supuesto, es decir, si no hubiera que obedecer al legislador originario, todo lo que dice un jurista en cualquier rama del derecho, se deshace en la nada...; la norma fundamental es un engranaje lógico para el derecho; más exactamente, es una condición que pone el sujeto cognoscente para hacer posible el conocimiento jurídico". 6. Creación y aplicación del derecho. Relatividad de estos conceptos.— La concepción del orden jurídico como un sistema normativo de estructura escalonada, encierra indudablemente grandes aciertos, pues explica a satisfacción muchos aspectos de la vida jurídica, como seguiremos viendo más adelante. Por lo pronto, nos permite comprender en forma clara, el vínculo existente entre la aplicación del derecho a la vida social y la creación de las normas jurídicas. Para la teoría tradicional no existe entre ambas operaciones ninguna relación, siendo un ejemplo típico aquello de que el Poder Legislativo crea el derecho, el Poder Ejecutivo lo ejecuta, y el Poder Judicial lo aplica. Pues bien, la Teoría Pura nos ha demostrado el error de la doctrina tradicional, poniendo en claro el carácter relativo de los conceptos de aplicación y creación de las normas jurídicas. Sin perjuicio de volver sobre el punto al estudiar la "aplicación del derecho" (v. índ. alfab.), adelantaré ya que este vínculo entre aplicación de una o varias normas y creación de otra norma para aplicar la primera, se debe a que sólo es posible aplicar una norma, creando otra norma más restringida que la aplicada, es decir, creando dentro del marco de posibilidades establecido por aquélla. Esto se explica porque los conceptos de aplicación y creación de normas son relativos, como lo son los de padre e hijo; en efecto, así como un hombre no puede ser padre sin tener un hijo y viceversa, tampoco se puede aplicar una norma sin crear otra norma más individualizada. Para comprobarlo, sin entrar en mayores consideraciones, basta con ir a la experiencia jurídica, donde vemos —encarando ahora la aplicación en sentido amplio y no sólo judicial—que el legislador, al crear una ley, aplica a su modo la Constitución, aunque este marco sea ciertamente, en principio, más amplio que el de la ley para el juez; el Poder Ejecutivo, al dictar un decreto, aplica la ley; el juez, al dictar una sentencia, aplica la ley, o si se quiere, para aplicar la ley, dicta una sentencia; etc. Lo anterior nos demuestra que el paso de una a otra grada inferior del ordenamiento jurídico, en la dinámica del derecho, se realiza aplicando una ñor-


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ma superior, para lo cual se crea otra norma más individualizada. Como es obvio, dicha aplicación se efectúa mediante actos realizados por los órganos respectivos. 7. El orden jurídico como sistema de actos creadores.— El Maestro de Viena sostiene acertadamente que estos actos de aplicación del derecho a que aludimos en el párrafo anterior, son creadores. Con esto se quiere significar que al aplicarse el derecho (sea que lo realice el juez al dictar sentencia, o bien el Poder Ejecutivo al dictar un decreto reglamentario, etc.), no sólo se crea otra norma de menor generalidad, sino que dicha norma agrega siempre algo nuevo a lo dispuesto por la norma o normas fundantes. La actividad jurisdiccional nos permite investigar y demostrar la verdad de la afirmación anterior; en efecto, la sentencia que dicta un juez, contiene siempre "algo más" que la ley en que se funda, con relación al caso o casos de conducta que rige, pues como dice Cossio, producirá cuando menos, cosa juzgada, lo que no sucede con la ley fundante. Estos conceptos quedan explicados en forma tan breve, porque serán analizados con más detalle en el capítulo referido a la jurisprudencia (v. índ. alfab.). SECCIÓN TERCERA

LA PLENITUD HERMÉTICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS "LAGUNAS DEL DERECHO" 8. Concepto.— Las más modernas corrientes de la filosofía del derecho, sostienen que el ordenamiento jurídico constituye una plenitud hermética, vale decir que no hay ni puede haber controversia posible entre los hombres, a la que no pueda dársele una solución —justa o injusta— de acuerdo con un determinado derecho positivo. Así por ejemplo, en el derecho argentino actual, se encontrará forzosamente una solución para cualquier controversia jurídica que pueda plantearse. El principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, implica la inexistencia de lagunas en el derecho, es decir, de espacios sin regulación jurídica, según explicaré más adelante. En oposición a la teoría anterior, la doctrina tradicional sostiene la existencia de lagunas en el derecho y, por lo tanto, niega el principio de la plenitud hermética, considerando al derecho como un mero agregado de normas. Como habrá podido apreciarse, ambos problemas (el de las lagunas y el de la plenitud hermética) se hallan indisolublemente vinculados, razón por la cual el estudio de uno implica la consideración del otro y viceversa.


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9. Distintas soluciones al problema de las "lagunas del derecho".— Como a esta cuestión se le han dado soluciones distintas, voy a exponerlas sintéticamente *: a) Para el REALISMO INGENUO existen lagunas en el ordenamiento jurídico, ya que por más grande que fuera la inteligencia del legislador, la vida ofrecería siempre "casos no previstos". Como es obvio, esta solución presupone que el derecho es, no una plenitud hermética, sino un conjunto discontinuo de normas que regulan distintos aspectos de la convivencia. 10.— b) El EMPIRISMO CIENTÍFICO (Donati, Zitelmann), sostiene que no hay lagunas por la existencia de una norma periférica, obtenida por inducción del conjunto de normas enunciadas. "El examen de todas las normas enunciadas permite inferir, con igual fuerza positiva que aquéllas, esta otra norma implícita, pero no por eso menos positiva, pues cada norma enunciada acota un definido sector de conducta y se desentiende de lo que queda por fuera. Y así, del conjunto de las normas enunciadas, circunvalándolas a todas ellas y tomando la conducta que aquéllas han dejado de lado, surge el contenido de esta norma periférica que se ha venido tomando por un postulado pero que, en realidad, sólo es una norma más en el ordenamiento jurídico"'. De acuerdo con esta posición, el principio de la plenitud hermética existiría sí, pero con el carácter de una norma positiva y no como un a priori lógico, solución esta última que, según veremos, es la correcta. 11.— c) El PRAGMATISMO sostiene que hay lagunas en el derecho, pero que debe procederse como si no las hubiera. 12.— d) Para el APRIORISMO FILOSÓFICO (Kelsen, Cossio, etc.), no existen lagunas en el ordenamiento jurídico, pero no por las razones que da el empirismo científico (norma periférica inducida), sino porque el orden jurídico constituye un todo pleno y hermético. Si bien esta solución es análoga a la del empirismo, difiere sustancialmente de ella en la fundamentación del principio, lo que tiene derivaciones prácticas de importancia. En los párrs. 14 y siguientes, explicaré este principio, así como su fundamento y otras cuestiones conexas. Extractado de COSSIO, C , La Plenitud del Ordenamiento Jurídico, Buenos Aires, 1947, e.sp. págs. 19 ysigs 7 COSSiO, C , Ídem, pág. 33.


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13.— e) ECLECTICISMO, sostiene que no hay lagunas en el derecho, pero que sí las hay en la legislación. Más precisamente, afirma que no hay lagunas en el derecho, desde el punto de vista lógico, pero sí desde el punto de vista positivo, por cuanto el derecho no puede contener una regulación expresa o implícita de todos los casos que puede plantear la vida. Es ésta —téngalo bien presente el lector— una de las posiciones más generalizadas, y así por ejemplo, García Maynez ^ dice que la ley tiene lagunas, si bien el derecho no puede tenerlas ^. De todas las soluciones expuestas, creo con Cossio, Kelsen, Legaz, etc., que la realmente verdadera es la del apriorismo filosófico. 14. Explicación del principio de la plenitud hermética: la norma de libertad.— A primera vista el principio de la plenitud hermética puede parecer erróneo, porque como dice Legaz y Lacambra '°, "ni el derecho legislado ni el consuetudinario pueden contener una regulación, no ya expresa, mas ni siquiera análoga para todos los casos posibles de la vida jurídica... Es evidente que la realidad es más rica que todos los esquemas en que se la pretenda encajar, por muy amplios que ellos sean, y de ahí que siempre existe la posibilidad, confirmada mil veces en la experiencia, de casos rigurosamente originales y no previstos y que, sin embargo, pueden exigir una regulación, la cual no existe ni en el derecho legislado ni en el consuetudinario". ¿Cómo se explica entonces que el ordenamiento jurídico sea un todo unitario y hermético? A esta pregunta contesta el apriorismo filosófico, diciendo que es en virtud de la llamada norma de libertad, es decir, del principio de que "todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido". Es ésta una norma estructural fundamental que integra todo el ordenamiento jurídico, y en la cual hallan solución todos los casos no previstos expresa o implícitamente; en efecto, si algo no está prohibido, es obvio que no carece de regulación, precisamente porque no está prohibido. Y siendo esto así, se comprende entonces que no haya lagunas en el derecho y, por ende, tampoco en la ley. Cabe agregar que no es ésta, necesariamente, una norma positiva (como ocurre entre nosotros, pues la Constitución la consagra en el art. 19, al decir que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe"), sino que constituye un a priori que no hace más que reconocer la libertad, como presupuesto necesario del derecho. Por lo tanto, la formulación positiva de esta norma es innecesaria. Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 360. Para profundizar el estudio crítico y refutación de la teoría ecléctica, véase COSSIO, ub. cit. en nota 6, págs. 37 a 53. Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 395.


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Veamos a continuación un ejemplo que confirmará este principio: se procesa a una persona por un supuesto delito y el juez falla absolviéndolo. ¿En qué se funda dicha solución, cuando, si bien el hecho no está incriminado como delito, tampoco está expresamente permitido? Pues pura y simplemente en la norma de libertad. Por otra parte y en cuanto a la redacción del principio, creo que para mayor claridad, es preferible enunciarlo diciendo que "jurídicamente, todo lo que no está prohibido está permitido", porque anteponiendo el vocablo "jurídicamente", queda expresado con más claridad y precisión, que tienen carácter jurídico, tanto lo prohibido como lo permitido, mientras que en la redacción criticada, puede interpretarse que sólo tiene carácter jurídico lo permitido, y que lo prohibido podría ser también por ejemplo, de carácter moral. 15. Fundamento del principio de la plenitud hermética.— El principio de la plenitud hermética, ¿es una construcción más o menos ingeniosa, o por el contrario, halla su fundamento en la esencia misma del derecho? A esto debo contestar que es cierto lo segundo y no lo primero, como lo prueba la existencia de un irrefutable y evidente fundamento ontológico: me refiero a la particular estructura de la conducta que el derechorige.En efecto, la libertad es la esencia misma de la conducta y de la existencia humana y, para comprobarlo, basta con observar la conducta del hombre y verlo actuar constantemente guiado por su libre albedrío. Siendo ello así, el derecho no puede ignorar esa realidad —que es su presupuesto necesario— sin caer en el absurdo y la inoperancia. Para verlo más claro aún, basta con tener presente la absurdidad que significa decir lo contrario ("todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido"), pues ello equivale a enunciar —como dice Cossio "— una paralización imposible de la vida. Aclarando el principio, agrega este mismo autor '-: "...en efecto, el principio de que 'todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido' no significa meramente la disyunción lógicamente convertible de que todo lo que no es ilícito, es lícito (que sin alteración de sentido se puede convertir en su inversa: todo lo que no es lícito, es ilícito): sino que en forma inconvertible enuncia la libertad como el prius del derecho. No se puede decir, "todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido", porque sería enunciar una paralización imposible de la vida: si un pagaré me obliga a entregar una suma de dinero en un determinado día, habría de establecerse la hora y el minuto, si es en dinero "Panorama de la Teoría Egológica del Derecho", Buenos Aires, 1949, pág. 25 (se trata de un folleto publicado por el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires). El mismo trabajo ha sido publicado en la Revista de ¡a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1949, ni'O. 13. '^ ídem, pág. 25.


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- Cap. 7

O con cheque, el traje azul o gris que llevaría e incluso el gesto grave o sonriente con que haría el pago, para que la realidad, en su infinita determinación, pudiera estar enunciada de aquella manera. En cambio, obsérvese que basta pactar el pago de una suma de dinero en un determinado día, para que la realidad esté bien enunciada sobre la base de que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, porque todavía soy libre de elegir la hora; y si ésta también está pactada, todavía soy libre de elegir el traje que llevaré; y si éste también está determinado, todavía soy libre acerca de mis gestos, etc. El objeto que mientan las normas, que es la conducta, resiste ónticamente de ser enunciado bajo la forma "todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido". Para concluir este párrafo, cabe expresar sintéticamente que en esa libertad de la conducta —presupuesto necesario del derecho— se halla el fundamento ontológico de la norma de libertad. 16. Verdadero sentido de la expresión "lagunas del derecho".— Para aclarar aún más este principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico y puesto que según he aclarado, no existen lagunas en el derecho, cabe preguntarse por el sentido que tal expresión puede tener. Este problema ha sido resuelto por Kelsen ", de manera indubitable, sosteniendo que la expresión lagunas del derecho sólo puede tener un sentido axiológico. Esto significa que al afirmarse la existencia de una laguna —y puesto que el caso hallará igualmente una solución en el derecho vigente— lo que quiere expresarse es que esas relaciones debieran ser legisladas de otro modo para tener, por ejemplo, una solución más justa. Veamos un ejemplo muy comúnmente citado, que trae Cossio '*: "se dice que en el Código Napoleón hay una laguna para las relaciones jurídicas derivadas de la electricidad en cuanto bien de comercio, no porque no resulte una solución de la aplicación de las normas sobre dominio que trae este Código, sino porque la solución resultante es injusta o inconveniente". Para terminar y puesto que no hay lagunas en el derecho, resulta más conveniente reemplazar esa expresión, por la de "casos no previstos".

" KELSEN. Hans, ¡>b. vil. en nota 2. pág. [?,9. '* Ob. cil. en nota 6, pág, 46.





CAPÍTULO 8

LOS VALORES JURÍDICOS: LA JUSTICIA, EL ORDEN, LA SEGURIDAD Y DEMÁS VALORES PROPIOS DEL DERECHO SECCIÓN PRIMERA

LOS VALORES JURÍDICOS 1. El problema axiológico.— Como ya se ha explicado (Cap. 2, párrs. 58 y sigs.), son tres los problemas fundamentales de la Filosofía del Derecho: el ontológico, el lógico y el axiológico, de los que corresponde tratar aquí el último. También he adelantado (Cap. 2, párr. 61) que el problema axiológico o valorativo es objeto de una parte de la filosofía jurídica: la denominada Axiología Jurídica o Teoría de los Valores. Pues bien, el problema a estudiar es el de la dimensión valorativa del derecho, enfocada en su aspecto universal; en otros términos, se trata de esclarecer en qué consiste esa estructura axiológica del fenómeno jurídico. Comúnmente se sintetiza esta cuestión, diciendo que es la referida a lo que el derecho debe ser, aunque se lo enuncie de distintas formas ("esto que es derecho, ¿debiera también serlo?"; "¿cómo debe ser el derecho?"; etc.). Estas expresiones exigen una advertencia, para no confundir el "deber ser lógico" con el "deber ser axiológico". En efecto, todo derecho, en tanto que sistema normativo, es forzosamente un deber ser lógico —por las razones explicadas en capítulos anteriores— pero no es siempre un deber ser axiológico (p. ej., el derecho injusto que es sí —como todo el derecho— un deber ser lógico, pero no un deber ser axiológico). En síntesis —y para terminar con esta aclaración— agregaré que el problema en estudio se refiere sí al deber ser del derecho, pero al deber ser axiológico. 2. Denominaciones.— El problema axiológico también es llamado problema valorativo, estimativo, deontológico, etc. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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A su vez, la parte de la filosofía jurídica que estudia la estructura valorativa del derecho, se denomina Axiología Jurídica, Teoría de los Valores Jurídicos, Estimativa Jurídica, Deontología Jurídica, etc. 3. Los valores en generaL— Antes de referirme a los valores jurídicos, es conveniente dar una noción sencilla de los valores en general y de sus principales caracteres. CONCEPTO. Los valores son cualidades o esencias objetivas y a priori, que se encuentran en los objetos de la realidad cultural. Por ejemplo: la santidad, la bondad, la justicia, la belleza, la utilidad, la elegancia, etc. (v. Cap. 1. párrs. 22 a 29). CARACTERES.

1) No independientes, ontológicamen t hablando, pues siempre se los halla encamados en objetos culturales que, como se ha explicado (Cap. 1, párrs. 26 y 27), son los únicos objetos valiosos (positiva o negativamente). Con estas palabras queda aclarado que los valores no constituyen otra categon'a de objetos independientes, que deba agregarse a las y a estudiadas en la teoría de los objetos (Cap. 1. párr. 21), y si alguien pensara que son objetos ideales, deberá descartar esa opinión, ya que mientras a éstos cabe concebirlos independientemente con la inteligencia (p. ej., yo puedo pensar en el triángulo), no cabe hacer lo mismo con los valores (p. ej., yo no puedo pensaren labelleza, con independencia del objeto en que encama —estatua, cuadro, etc.—). Ahora bien, si entendemos la palabra objeto en un sentido amplio, designando todo aquello de lo que se pueda predicar algo (v. Cap. 1, párr. 20). resulta indudable que los valores son también objetos, pero, por lo explicado, debo admitir sin lugar a dudas, que son objetos no independientes. 2) Son objetivos, porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad y así por ejemplo, cualquier disposición jurídica, aunque el legislador no haya pensado para nada en su justicia y sien los intereses que defendía, será forzosamente un punto de vista sobre la justicia. Cuando se dice —con frase corriente en la filosofía actual— que los valores no valen porque los estimemos (criterio subjetivista). sino que en realidad los estimamos porque valen, se pone de manifiesto la objetividad de los valores. 3) Son a priori, porque existen independientemente de la experiencia de los objetos reales. 4) Bipolaridad, esto significa que cualquier valor puede aparecer con signo positivo (o como valor propiamente dicho), o bien con signo negativo (como desvalor). Así, por ejemplo, con referencia a la justicia, cualquier norma jurídica puede ser justa o injusta; con referencia al orden, propugnadora del mismo o del desorden; etc. Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que entre ambos polos hay una zona intermedia en la que pueden darse —y de hecho se dan— numerosos matices. Así, por ejemplo, y con relación al valor justicia, hay muchas normas jurídicas y/o conductas que son no muy justas, casi injustas, etc. 5) Jerarquía, en cuanto se comparan los valores entre sí. surge la posibilidad de ordenarlos jerárquicamente y es por ello que se habla de preeminencia de tales o cuales valores, subversión de valores, tabla de valores, etc. Ahora bien, el problema de la clasificación de las distintas categorías de valores (jurídicos, morales, estéticos, etc.), se vincula con la concepción del mundo que tenga el investigador, razón por la cual se dan clasificaciones muy distintas.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada LOS para uso Didáctico VALORES JURÍDICOS y Científico 265 - Cap. 8 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN A su vez, también han sido jerarquizados ios valores jurídicos, sosteniendo la mayoría de los autores que el valor supremo es la justicia. No obstante ello, se encuentran opiniones divergentes, lo que se explica en gran parte, por las distintas circunstancias histórico-sociales que han vivido sus autores: no es extraño por ejemplo que San Agustín, testigo presencial de la invasión de los bárbaros y del derrumbe del Imperio Romano, con el caos consiguiente, opinara que el valor supremo es el orden; tampoco es de extrañar que el pensamiento revolucionario del siglo XVIIl, elevara la libertad al más alto rango, aunque la libertad —así a secas— no sea un valor jurídico (v. párr. 8). Éste es el llamado relativismo histórico de los valores, lo que esrigurosamentecierto, porque la vida (individual y social) está en constante cambio, aunque a veces pueda ser lento e imperceptible y, con esa transformación, cambian también los valores, lo que implica decir que para esta concepción, no hay valores absolutos. Pero esto no es incompatible con la estabilidad de los valores durante determinados períodos (a veces largos), ni con el carácter objetivo de los valores, como carácter esencial de éstos. Seguidamente agregaré algunas nociones, pero referentes ya a los valores propios del derecho.

4. Los valores jurídicos.—En primer término, cabe recordar que todo objeto cultural es valioso positiva o negativamente (Cap. 1, párr. 26); por lo tanto, el derecho, que pertenece al mundo de la cultura, no ha de escapar a tal carácter. Esto es tan cierto, que el más mínimo contacto con la experiencia jurídica, nos muestra esa dimensión esencial del derecho. EL DERECHOCOMO VALORACIÓN DE CONDUCTAS. Frente acualquier norma o institución jurídica, el hombre puede apreciarla valorativamente en función de la justicia, por ejemplo, lo que se manifiesta en esas expresiones tan corrientes como "esta ley o resolución es justa o injusta", etc. Ahora bien esto no.s revela que esa norma o institución encama una cierta concepción de ese valor. Teniendo pues en cuenta que esto ocurre respecto de todo el derecho, cabe afirmar que toda manifestación jurídica será forzosamente un punto de vista sobre la justicia, es decir, que será de manera ineludible, justa o injusta. Pero si consideramos que los valores jurídicos son varios, como ya he aclarado, cabe aiiipliar esta afirmación, diciendo que toda norma jurídica constituye un punto de vista sobre todos los valores jurídicos (también llamados "ideales jurídicos"). En conclusión, podemos decir que el derecho encierra una valoración de conductas, hecha en función no sólo de la justicia, sino también de todos los demás valores jurídicos (orden, seguridad, paz, etc.). Como es obvio, esto no impide que la valoración normativa, esté o no de acuerdo con mi propia valoración de las conductas normadas. 5.— CARÁCTER PARTICULAR DE LOS VALORES JURÍDICOS: LA BILATERA-

LIDAD. Los valores jurídicos presentan indudablemente los caracteres genéricos de todos los valores. Pero además, de conformidad con lo expuesto al referirme a las diferencias entre el derecho y la moral —sobre todo al carácter


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bilateral del derecho (Cap. 4, párr. 24)— corresponde hacer hincapié en un carácter propio de todos los valores inmanentes al fenómeno jurídico: labilateralidad (o alteridad, o intersubjetividad). Como es lógico, esto significa que todo valor jurídico tiene estructura bilateral, razón por la cual, en cuanto pretendamos conceptuarlos, forzosamente habremos de hacer referencia a la conducta de dos o más seres humanos, conductas que deberán ser de cierta manera, para materializar en la realidad de la vida social, determinados ideales jurídicos. Por ejemplo: si decimos que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, o en tratar igualmente lo igual y desigualmente lo desigual, etc. (sinjuzgar ahora de la exactitud de estos conceptos), es evidente que aludimos a la conducta de varios sujetos. Y lo mismo cabría decir del orden (v. párr. 55), la seguridad (v. párr. 56), etc. 6.— VALORES POSITIVOS Y VALORES PUROS. La existencia de valores positivos (o reales, o contingentes, o relativos, etc.), es algo evidente y no necesita por lo tanto de explicación alguna. Pero si nosotros reconocemos que las disposiciones de tal contrato son justas, que una ley determinada es también justa y que cierta sentencia es asimismo justa, es porque en todas esas modalidades del derecho, hay una esencia común, que es precisamente lo que nos permite calificarlas de justas. Ahora bien, a desentrañar en qué consiste esa esencia de la justicia, a efectos de formular un concepto de la justicia pura o absoluta (así como de todos los valores jurídicos), están enderezados los esfuerzos de esa rama de la Filosofía del Derecho, que es la Axiología Jurídica. Como es lógico, la posesión de estos conceptos puros, nos permitirá estimar o valorar con objetividad, los valores jurídicos positivos. 7.— ENUMERACIÓN DE LOS VALORES JURÍDICOS. Lafilosofíaactual ha establecido de manera indudable, que la justicia no es el único valor jurídico, sino que en realidad, existe un grupo de valores inmanentes al derecho, que constituyen un verdadero plexo valorativo. Por la tanto, el derecho puede ser valorado con relación a diversos valores. Como se trata de un tema en actual elaboración, no hay uniformidad entre los autores respecto de cuáles y cuántos son los valores jurídicos, siendo muchos los filósofos que niegan la existencia de valores absolutos (v. párr. 3, inc. 5), así como otros niegan la veracidad de una tabla cerrada de valores, afirmando por el contrario que se trata de una serie abierta y que, por lo tanto, la investigación irá añadiendo nuevos valores jurídicos. Por lo pronto, en cuanto al orden, la seguridad y {ajusticia —esta última como valor supremo— hay prácticamente uniformidad de opiniones en considerarlos como valores jurídicos K ' A este respecto puede verse LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 465.


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Cossio 2, por su parte, enumera siete valores jurídicos, a saber: orden, seguridad, paz, poder, cooperación, solidaridad y justicia. Esta escala valorativa, igual que la anterior, tiene la particularidad de que, considerándola de abajo hacia arriba, se pasa de los valores menos valiosos a los más valiosos. Así por ejemplo, el valor orden es el menos valioso, pero por eso mismo, el más sólido de todos los demás; sin él no puede haber seguridad, ni mucho menos justicia. Puede haber un orden justo o injusto, pero lo que no es posible, es la justicia en el desorden. 8. La libertad (espiritual) no es un valor jurídico.— Como se habrá observado, la libertad no aparece en la tabla de valores y ello se debe a que no es un valor jurídico. En efecto, teniendo en cuenta que la libertad es el presupuesto de la conducta y del derecho, se comprenderá la imposibilidad de que sea, al mismo tiempo, un valor jurídico. Esta elemental consideración ontológica, impedirá pues toda confusión. Asimismo, siendo cierto lo afirmado, debemos admitir que no es posible quitarle totalmente la libertad (en sentido espiritual y no político), al ser humano, pues para ello es necesario quitarle la vida (v. Cap. 1, párrs. 48 a 55). 9.— LIBERTAD Y LIBERTAD POLÍTICA. A esta altura de la exposición, cabe preguntarse qué sentido tienen esas constantes invocaciones que se hacen a "la libertad" y "la justicia", equiparándolas como si fueran especies de un mismo género: tal lo que sucede cuando se dice por ejemplo, que "sin libertad no puede haber justicia". Pues bien, de acuerdo con lo explicado, resulta que libertad jurídica (v. Cap. 6, párrs. 91 a 100) —en el auténtico SQVúxáofilosóficode esta palabra— habrá siempre allí donde exista una comunidad humana, inclusive en los Estados totalitarios ^, porque como es obvio, para no citar más que un ejemplo, en la mayoría de ellos se permite el goce y ejercicio de los llamados derechos privados (v. Cap. 6, párrs. 49 y sigs.). Lo que sucede en realidad, es que cuando corrientemente se habla de "libertad", así a secas, lo que se quiere significar es "libertad política ", y así por ejemplo, cuando se dice que "en tal país no hay libertad, porque impera una dictadura", lo que se quiere decir es que allí no hay libertad política, vale decir, que no se permite el ejercicio de ese conjunto de derechos que la constituyen (el derecho a elegir las autoridades, el derecho a la libre expresión ^ Véase El Derecho en el Derecho Judicial.Buenos Aires, 1945, págs. 173 y sigs.; LaTeoría Ecológica..., cit., Buenos Aires, 1954, págs. 562 y sigs. ^ Para evitar malentendidos, el autor deja constancia de que considera a la auténtica democracia como única forma actualmente legítima de organización estatal y, dentro de las distintas especies que ofrece, prefiere la democracia social estructurada en un Estado constitucional.


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del pensamiento por todos los medios —incluyendo la libertad de prensa y la libertad radial—, etc.). En conclusión, podemos decir que: 1°) la libertad, así a secas, o si se quiere, la libertad en sentido metafísico o espiritual, es consustancial al hombre, al punto de que para quitársela totalmente es necesario darle muerte. Al entenderla así, me ubico en el plano filosófico, teniendo por lo tanto dicha afirmación, una validez universal y permanente; 2°) la libertad política, por su parte, es una especificación de la libertad jurídica (v. Cap. 6, párr. 94, inc. b), a saber, la libertad en el orden político y, como he aclarado, no existe en cualquier tipo de organización estatal, sino sólo en los llamados genéricamente "Estados democráticos". Por lo tanto, el concepto concreto de libertad política pertenece a la ciencia política, y es forzosamente un concepto históricamente contingente, al punto de que lo entendido hoy por libertad política, no es igual a lo que se pensaba hace un siglo, así como el concepto expresado, puede ser distinto al imperante en otros países. 10. Enfoque filosófico del problema valorativo.— Como se ha explicado, el derecho encierra una valoración de conductas, referida a todos los valores del plexo estimativo. Por eso cualquier norma jurídica es una forma de realización —acertada o no— del orden, la seguridad, la paz, la justicia, etc. Estos valores que concreta todo régimen jurídico, se denominan valores positivos (o reales o históricos). Pero además, existe el problema de los valores puros (o absolutos o ideales), es decir, la cuestión de saber qué es en esencia la justicia, la solidaridad, etc., o en otros términos, cuál es la verdadera justicia, la verdadera solidaridad, etc. La aclaración anterior nos permite apreciar el enfoque propio de la Filosofía del Derecho y su diferencia con el punto de vista de la Ciencia Dogmática; en efecto, mientras el filósofo sólo se ocupa de los valores puros, al científico del derecho le toca considerar los valores positivos (p. ej., desentrañar el sentido de justicia o seguridad, de tal o cual institución jurídica, o de todo el derecho argentino actual). Lo dicho permite comprender la inexactitud de la afirmación tan común de que el derecho tiende, o aspira, o tiene como fin la realización de la justicia y nada más. En efecto, de este modo se ve sólo un aspecto del problema, el de los valores puros, y se olvidan los valores reales. Queda pues aclarado que los valores no son algo extrajurídico, según afirma la concepción tradicional, sino algo inmanente al derecho y, por lo tanto, de gran importancia práctica para el jurista, sobre todo en la interpretación de la ley y demás normas jurídicas. 11. La Axiología Jurídica y el problema de la Justicia.— Lo explicado nos permite comprender que el problema de la Justicia es sólo una parte de la


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Axiología Jurídica, pues ésta comprende la teoría de todos los valores jurídicos. Por lo tanto, limitar la Estimativa a su sola consideración, implica no sólo reducirse el horizonte, sino también cometer un error. Como es obvio, la consideración integral del problema axiológico, pertenece a la Filosofía del Derecho. Aquí sólo se analizarán la justicia, el orden y la seguridad, dejando su profundización y problemas conexos, para el curso de Filosofía Jurídica.

SECCIÓN SEGUNDA

§ 1. LA JUSTICIA 12. Generalidades.— Una concepción muy generalizada —también el uso común— distingue netamente el Derecho de la Justicia y considera a esta última como a un ideal que orienta al primero. Se habla así de "derechojMíío " (p. ej., el voto femenino) y de "derecho injusto" (p. ej., la esclavitud). Esta distinción entre ambos objetos es exacta, con las reservas formuladas en el párr. 10 y es aceptada por la mayor parte del pensamiento filosófico-jurídico. No obstante ello, cabe consignar la disidencia representada por la filosofía escolástica, para la cual sólo es derecho el derecho justo: como decía Santo Tomás, el derecho injusto no es derecho (lex iniusta non est lex). Por eso expresa Cathrein en el mismo orden de ideas, que hablar de derecho injusto es un contrasentido y, hablar de derecho justo, un pleonasmo. 13.— Con este punto de partida y a efectos de precisar el problema en cuestión, descartaré algunos conceptos que, si bien relacionados estrechamente con nuestro tema, no constituyen el objeto del presente estudio. Se habla así de: -Justicia legal o positiva, con referencia a lajusticia concretada en las leyes y el derecho en general y que, por lo tanto, varía de un derecho a otro y aun en las distintas instituciones pertenecientes a un derecho estatal determinado. Como es evidente, con esto se hace referencia a lajusticia en tanto que valor positivo (v. párr. 10), pero no a lajusticia pura, es decir, a lajusticia en tanto que valor absoluto. - Justicia social, como ideal de una más igualitaria distribución de la riqueza social, obtenida con el trabajo de todos. En un sentido amplio, este concepto hace referencia no sólo a los derechos económicos, sino también a los culturales, etc. Como es obvio, es éste un concepto contingente y no el concepto absoluto de justicia. Antes de continuar, conviene insistir en que, filosóficamente, toda verdadera justicia es social, porque como todo valor jurídico, tiene carácter bilateral (v. párr. 5)


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- Sentimiento de justicia: se denomina así a la facultad que tienen todos los hombres de valorar el derecho vigente, distinguiendo la justicia o injusticia de un acto o norma jurídica cualquiera. Como es obvio, esto es algo subjetivo, que puede variar de una persona a otra, ya que no se trata, por ejemplo, de juzgar la justicia de una situación, de acuerdo a un punto de referencia objetivo como son las normas jurídicas (tal lo que hacen el juez y el científico del derecho en general); en efecto, la realidad es que en este caso estamos frente a una valoración intuitiva (intuición emocional). Para terminar esta síntesis de conceptos, agregaré que ninguno de ellos es el objeto de este punto y que todos presuponen una noción de la Justicia. 14. Cuál es el problema.— El interrogante que se nos plantea es el de saber si existe un criterio o principio umversalmente válido que nos permita evaluar el derecho positivo, para establecer si es o no justo. Buscamos —exagerando la comparación— una especie de "metro" que, colocado frente a un derecho positivo determinado, nos permita juzgar de su justicia o injusticia. Martínez Paz ^, afirma igualmente: "El hombre sabe que una perfección absoluta no ha sido nunca alcanzada en la realidad, pero tiene la certeza ineludible de que esa perfección existe, pues sin ella, sería incomprensible esa sed insaciable de justicia que lo agita y carecería el derecho del elemento fundamental que lo sostiene... Nosotros buscamos una noción, un principio universal, incondicionado, el término de la perfección hacia el cual nos dirigimos constantemente". En otros términos y reconocida por evidente la existencia de "ideales de justicia", variables en el tiempo y en el espacio, el problema es saber si además, existe y, en caso afirmativo, qué es la Justicia, así a solas y con mayúscula, es decir, la justicia objetiva, de validez universal y permanente, o en otros términos, la justicia en tanto que valor absoluto. Dice en el mismo sentido Legaz y Lacambra ^•. "A la unidad de la idea ^ de justicia, corresponde subjetivamente la multiplicidad de ideales de justicia... Así, por ejemplo, hay distintos conceptos de lo que es pudoroso según las épocas, aunque siempre se reconozca como un valor positivo la existencia del pudor...". Del mismo modo, "la relatividad de los ideales de justicia no es incompatible con el carácter absoluto e inmutable de la idea de justicia". De lo antedicho surge que estamos frente a un problema complejo, siendo éste el motivo que hizo decir a Víctor Hugo una gran verdad: ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. * Sistema de Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1940, págs. 313 y 315, respectivamente. Ob. cit. en nota 2, págs. 446 y 447, respectivamente. Sobre el significado de la idea, en sentido kantiano, ver nota 12.


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-Cap. 8

15. Denominaciones.— El problema de la justicia, es llamado también del "criterio ideal del derecho", "derecho ideal", "derecho justo", "derecho racional", "principios generales del derecho", y aun por algunos autores, con la tradicional denominación de "derecho natural". De todas estas expresiones, la que más ha perdurado en el campo de la filosofía jurídica, es la de derecho natural, pero pienso que se trata de una expresión errónea que debe desecharse; en efecto, con su empleo pareciera significarse que hay otro "derecho" además del derecho positivo (así lo entendieron los integrantes de la Escuela Clásica del Derecho Natural —v. índ. alfab.—), lo que no es exacto, porque el único derecho, en el sentido auténtico de esta palabra, es el derecho positivo. Conviene agregar que —como dice Legaz y Lacambra •"— el caso en que la expresión derecho natural está más justificada, es cuando se designa con ella los derechos fundamentales del hombre, pero, así y todo, es preferible esta última denominación. 16. Soluciones.— El problema valorativo del derecho es el primero que se planteó en la historia del pensamiento filosófico, mucho antes que los problemas ontológico y lógico: en efecto, según veremos al tratar las distintas soluciones, ya los filósofos griegos presocráticos se ocuparon de él. Para que la explicación resulte más comprensible, he reunido en dos grandes grupos las diversas soluciones dadas a este problema, pues las hay negativas y afirmativas. 17.— I) Negativas: niegan la existencia de un criterio racional de validez absoluta y, en general, sólo aceptan como verdaderos los principios de justicia variables en el tiempo y en el espacio, es decir, los ideales positivos de justicia. A) En Grecia, los sofistas constituyeron un ejemplo típico de esta posición y uno de ellos —Trasímaco— decía que "justo es lo que conviene ai más fuerte". Los escépticos (s. IV a. C), sostenían la misma tesis. B) Reproducen esta postura filosófica los modernos escépticos franceses, como Montaigne y Pascal. Este último condensó su pensamiento en una famosa frase: "No hay nada justo o injusto cuyo carácter no varíe con el cambio de clima, i Valiente justicia que limita un río o una cordillera!" C) La Escuela Histórica del Derecho, el materialismo, el evolucionismo, el utilitarismo, el positivismo, etc., pertenecen también al grupo de soluciones negativistas. El positivismo, por ejemplo, sólo admite la consideración de los aspectos empíricos del derecho "que pueden ser estudiados bien como DogmáOb. cil. en nota 2, pág. 299 inflne.


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tica Jurídica —exposición del derecho vigente— bien desde el punto de vista sociológico en cuanto a la trama causal de su gestación y desarrollo. En este aspecto como en todos, el positivismo no constituye una solución filosófica, sino la plena negación de la actitud filosófica" ^. 18.— Crítica: Como se verá seguidamente, la negación de un criterio racional metaempírico de justicia es una postura ya superada en el campo de la Filosofía del Derecho. 19.— II) Afirmativas: son muchas las concepciones dadas en este sentido en el curso de la historia del pensamiento iusfilosófico. A) Platón (s. IV a. C), que analiza el problema en su obra La República o Diálogo sobre la Justicia, sostiene que ésta es la virtud universal y que consiste en una armonía entre las diversas partes, por la cual cada uno debe hacer lo que le corresponde. Por ejemplo, en su República ideal, los ciudadanos están divididos en tres clases rígidamente estratificadas (magistrados, guerreros y artesanos), cada uno con su función propia y una virtud particular: los magistrados, la sabiduría; los guerreros, el valor; y los artesanos, el temple o laboriosidad. El Estado es entonces realmente justo, cuando cada uno y cada clase cumple estrictamente con su función, reinando así la armonía entre ellas. Por eso dice Platón que la Justicia "consiste en que cada cual haga lo que tiene que hacer". El criterio no parece muy seguro, pues no sirvió a Platón para advertir, por ejemplo, la monstruosa injusticia que implica la esclavitud. 20.— Crítica: Esta posición platónica de considerar a la justicia como una virtud—posición que se repite a lo largo de todo el pensamiento filosófico hasta la época actual— es errónea, pero claro que enfocando la justicia desde el punto de vista de la Axiología Jurídica. Tal es por ejemplo la opinión de Cossio, pues afirma lo siguiente: "Que el obrar con justicia no significa vivir a conciencia, aunque eventualmente pueda eso ser así desde el punto de vista moral, es cosa hoy bien sabida y analizada. Piénsese, por ejemplo, en que el Derecho se consuma plenamente con la realización de los actos a que se está obligado, independientemente de la mala voluntad o perverso estado de ánimo con que se realicen dichos actos; y que esta intención moral de sujetos sin rectitud, nada quita ni pone al perfecto sentido de pura justicia que pudiere haber objetivamente en aquella relación jurídica por ellos realizada. Igual sería el caso del juez que dictara venalmente una hermosa sentencia. Se ve con esto, pues, cuan malograda estuvo la tradición aristotélica, queriendo retener la justicia de la alteridad a la ^ RECASÉNS SICHES, Luis, en sus adiciones a la Filüsafía del Derecho de Giorgio DEL VECCHIO, Barcelona, 1936, T. II, pág. 342.


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par de las virtudes morales, como una más entre ellas, dentro de un sistema cuya unidad se fundamentaría en Ja totalidad platónica del 'vivir honradamente' o 'vivir a conciencia' en cuanto equilibrio espiritual"'. En síntesis, si la justicia fuera una virtud, no habría justicia donde tal "virtud" faltara; sin embargo, es indudable que muchos bribones han hecho y hacen actos de verdadera justicia. Para mayor claridad, agregaré que, indudablemente, ciertos hombres obran con justicia por un imperativo moral, o si se quiere, por sentirlo como deber moral (virtud de hacer justicia), no obstante lo cual, podrían también hacerlo por vanidad, interés, etc., en cuy o caso, tales actos carecerían de valor moral y no existiría tal virtud. Pero de cualquier modo, es evidente que lo hecho por ellos tiene un valor objetivo, que cabe distinguir del sentido con que sus autores viven esos actos. Vale decir entonces que partiendo de un mismo acto, si lo enfocamos con relación a las otras conductas con que interfiere, podremos valorar su justicia o injusticia; en cambio, si lo encaramos con relación al sujeto que la realiza, procederá la valoración moral de la misma conducta (p. ej., si procede con justicia ante la mujer amada, para "hacerse ver", diré que es un falso y no un justo varón). Con estas palabras creo haber diferenciado con claridad la virtud de hacer justicia (valor moral), de la justicia misma (valor jurídico). Por último, recordaré que algunos autores como los tomistas y neotomistas —que sostienen la vinculación inescindible de los valores morales y los jurídicos— insisten en que la justicia es un valor moral. 21.— B) Aristóteles (s. IV a. C.) desarrolló su teoría de la justicia en \SL Ética a Nicómaco, donde superando el pensamiento platónico, concibe a la justicia no sólo como una virtud, sino también como algo específico del derecho, en razón de su alteridad. Fundamentalmente, el Estagirita considera a la justicia como una proporción; lo justo es aquella medida que representa la equidistancia entre lo mucho y lo poco, es decir, el justo medio. Por ejemplo, siendo entonces toda auténtica virtud el término medio entre dos extremos igualmente viciosos, la virtud del valor, es el justo medio entre la cobardía y la temeridad; la generosidad, es el término medio entre la prodigalidad y la avaricia, etc. Distingue Aristóteles varias especies de justicia: 22.— 1) Justicia general o universal: en este concepto amplio, de clara filiación platónica, la justicia es una virtud total, puesto que más que una virtud, es el resultado de todas las virtudes. ^ COSSIO. C, "Panorama de la Teoría Egológica del Derecho", pág. 41, nota 4 (trabajo publicado en 1949, por el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires).


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23.— 2) Justicia particular: este concepto, de filiación pitagórica, constituye el aporte original del Estagirita a la teoría de la justicia y, según sean las circunstancias en que juegue el principio general de "repartición igual", como él lo llama, es decir, de igualdad (aunque Aristóteles no lo llame así), distingue la justicia en conmutativa y distributiva (nótese que no se trata en realidad de dos clases distintas de justicia, sino de una distinción hecha sobre la base de las diferentes circunstancias en que juega el principio general). Emplearé estas denominaciones por ser las tradicionalmente consagradas, pero dejo constancia de que no son las usadas por el filósofo griego. 24.— a) Justicia conmutativa (de conmutare, cambiar), o igualadora, o sinalagmática (Aristóteles la llama correctiva o rectificadora): es la que se refiere al cambio de cosas o de servicios, cuando no interesa para nada el valor de las personas. Como es obvio, consiste en la equivalencia exacta entre la cosa recibida y la dadaencompensación, razón por la cual, la igualdad—esencia de la justicia—exige que nadie dé ni reciba de más ni de menos. Por eso Aristóteles compara, o si se quiere, simboliza la justicia conmutativa, poruña proporción aritmética. Un ejemplo típico lo tenemos en los servicios públicos, donde en general, la tasa que se cobra está en proporción al servicio prestado, sin tenerse en cuenta a quién se presta. 25.— b) Justicia distributiva (o proporcional, como la llama Aristóteles). Funciona aquí el principio general teniendo en cuenta el valor de las personas y, en consecuencia, si las personas no son iguales, la auténtica igualdad exige que no se les asigne cosas iguales, sino proporcionadas a sus respectivos merecimientos. La justicia distributiva es comparada con una proporción geométrica (por estas comparaciones, Aristóteles ha sido llamado el "matemático de la justicia"). El criterio de la justicia distributiva tiene especial aplicación en el reparto de cargas, honores o recompensas, que debe hacerse respectivamente, según la situación particular o el mérito de las personas. El salario familiar, en cuya virtud se tiene en cuenta el número de familiares a cargo del trabajador, a efectos de aumentarle proporcionalmente el salario es un caso de justicia distributiva; en efecto, el criterio conmutativo sería "igual retribución por igual trabajo", sin distinguir si el obrero es casado o soltero, si tiene o no hijos, etc. 26.— Por último, Aristóteles comprendió cabalmente que la aplicación de la ley a los casos concretos —dado el carácter general que suele tener— podía originar muchas injusticias, por lo que para salvar el inconveniente, recurría a la equidad, cuyo concepto analizaré más adelante (párr. 44). 27.— C) Roma. Los romanos no elaboraron una teoría de la justicia, pero respondiendo a su proverbial criterio práctico, condensaron en una fórmula subhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com


jetivista y ética, el criterio para realizarla, criterio que al decir de Ulpiano, consistía en la "constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho" ("iustitia est constans etperpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"). Es esta la definición más difundida de la justicia, si bien reducida a una fórmula más breve aún: la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Al hablar en la definición de una "voluntad constante y perpetua" de hacer justicia (puesto que dar a cada uno lo suyo significa hacer justicia y no otra cosa), se evidencia que concebían a la justicia como una virtud. En el párr. 20, he destacado el error de esta concepción, pero aquí agregaré que aun cuando alguien no tenga esa perpetua y constante voluntad de hacer justicia, es decir, aun cuando no sea un hombre justo, inclusive siendo un canalla, puede realizar actos auténticamente justos. Y esto es verdad, porque la justicia, que es un valor jurídico, no se confunde con la virtud hacia ella orientada. 28.— D) Santo Tomás de Aquino (1225-1274), analiza el problema de la justicia en la Suma Teológica, siguiendo y complementando la teoría de Aristóteles. Define la justicia cono "el hábito por el cual con perpetua y constante voluntad es dado a cada uno su derecho". Según vemos es, poco más o menos, la definición de Ulpiano. Acepta la división que de la justicia hace Aristóteles, pero agrega Injusticia legal, constituyendo éste su aporte original a la teoría. Considera que son tres las situaciones que pueden darse con respecto a lo debido por alguien a alguien: 1) los cambios entre individuos, a que se refiere la justicia conmutativa; 2) la situación que plantea lo debido por la comunidad a los individuos que la constituyen, aspecto a que se refiere la justicia distributiva, también prevista por Aristóteles; y 3) situación inversa a la anterior, es decir, la que se refiere a lo que los individuos deben a la comunidad de que forman parte, que es precisamente la justicia legal'°. Representando esta teoría por un triángulo, tendríamos: Comunidad (Estado)

Individuo • 4

• Individuo J. Conmut.

' " RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 234.


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29.— E) La Escuela Clásica del Derecho Natural (v. índ. alfab.), de los siglos XVII y XVIII, sostenía que lo justo es lo que está de acuerdo con la naturaleza humana, es decir, lo que responde a las exigencias de la naturaleza humana, en lo que ésta tiene de universal y permanente. Además, sólo la razón —que desempeña en esta teoría una función instrumental— puede damos su conocimiento. Se elaboraron así códigos ideales —de "Derecho Natural" como ellos los llamaban— con pretensiones de validez absoluta; códigos perfectos, cerrados y completos, en los que se hallaría justa solución a todas las controversias humanas. Y como es lógico, en ellos se incluían esos principios inmutables de justicia, como que "los pactos deben cumplirse", que "el que causa un daño a otro debe indemnizarlo", etc., lo que configura a esta escuela, como la expresión arquetípica de las soluciones afirmativo-sustancialistas. Pero sigamos con la teoría en sí: cuando se trató de establecer qué es lo esencial de la naturaleza humana, comenzaron las divergencias; prueba de ello es que para Grocio, es el deseo de vivir en sociedad {appetitus societatis); para Hobbes, el egoísmo (homo hominis lupus); para Puffendorf, el sentimiento de debilidad (imbecilitas); para Tomasio, el afán de dicha, etc. 30.— Crítica: el error de estos iusnaturalistas consiste en no haber considerado a la naturaleza humanacomo un principio ideal, sino como algo empírico, buscando caracteres psicológicos que indudablemente varían de hombre a hombre. Es evidente que un "derecho natural" que pretenda regular la convivencia social en todos los tiempos y lugares, es una ilusión racionalista que no ve que el derecho positivo se inspira forzosamente, no sólo en razones de justicia, sino también en razones prácticas, en fin, en otros valores y, sobre todo, porque el derecho está destinado a regir algo en constante transformación como es la sociedad. Durante el siglo XIX, por obra del historicismo y del positivismo, la concepción iusnaturalista cayó en completo descrédito. 31.— F) Rodolfo Stammler (1856-1938), figura cumbre de la filosofía del derecho, ha sido el restaurador de esta disciplina desacreditada por las corrientes empiristas (sobre todo el positivismo), que predominaron en la mayor parte del siglo XIX. De posición filosófica kantiana, llevó el criticismo al campo de la filosofía jurídica y por eso se ha dicho que es el Kant de la filosofía del derecho. Kant, en lo que se refiere al problema de \afuente del conocimiento (es decir, a cómo se origina nuestro saber), sostuvo que todo conocimiento se compone de dos elementos: el empírico que nos da el contenido, y el racional, que nos da la forma; por eso, la razón sola, no nos da un auténtico conocimiento, pasando lo mismo con la sola experiencia. Superó de este modo, la tradicional oposición entre el empirismo y el racionalismo. Traigo esto a colación, porque así se va a comprender mejor la solución de Stammler al problema de la justicia que, según veremos, resulta de aplicar el método crítico. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraLA uso Didáctico y Científico JUSTICIA 277 - Cap. 8 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 32.—ESTADO DEL PROBLEMA . Pues bien, Stammler se encuentra frente al problema de la justicia, con el viejo pleito entre razón e historia pugnando por excluirse mutuamente: el racionalismo, afirmando la posibilidad de lograr un criterio ideal de validez absoluta y reivindicando para la razón el derecho absoluto de construirlo. A su vez, el empirismo, negando seriedad científica a ese problema y sosteniendo que sólo hay ideales de justicia, variables en el tiempo y en el espacio.

33.— MÉTODO DE LA SOLUCIÓN. Aplicando el método criticista, supera esta aparente contradicción irreconciliable y sostiene que estos dos elementos —razón e historia— se complementan, pues siendo el derecho una ordenación de la vida colectiva, es menester distinguir, como en toda labor de ordenación, dos cosas: la materia que se ordena y \a.forma o método según la cual se ordena esa materia: a) Isiforma o método de ordenación, es la idea de justicia, es decir, el criterio ideal absoluto —puramente formal— que me sirve de principio orientador para ordenar jurídicamente cualquier situación real de la vida colectiva. Ese criterio existe y podemos establecerlo por la razón (en esto estaban de acuerdo los racionalistas); b) la materia o contenido de cada derecho, es proporcionada por la historia, o si se quiere, por la realidad histórico-social y, cada derecho positivo, implica la cristalización de determinados ideales jurídicos. Como dice Recaséns Siches ", a quien sigo principalmente en esta exposición: "...Ycomo los ideales jurídicos son el producto de ordenar un contenido social histórico con arreglo al criterio formal de justicia, de aquí que la variedad de posibles derechos justos sea ilimitada (más claramente, como el método de ordenación es uno e invariable, y los contenidos a ordenar varían en los distintos lugares y a través del tiempo, resulta que habrá diversos ideales jurídicos y, por consiguiente, distintos derechos igualmente justos); y así a cada situación histórica corresponderá un especial ideal jurídico, es decir, un esquema propio de Derecho justo: aquel que resulta de ordenar, según el criterio formal de la idea de justicia, la concreta realidad de que se trate" (aquí está la parte de verdad de las posiciones empiristas). 34.— DENOMINACIÓN. Por ser una superación del racionalismo y el empirismo, esta solución al problema de la justicia fue calificada por el mismo Stammler, como "dereclio natural de contenido variable", denominación feliz y expresiva, pero inexacta —como él mismo lo reconoce— ya que el derecho natural, en su formulación más típica, pretende ser precisamente, invariable. Vida Humana, Sociedad}- Derecho, México, 1945, pág. 4.38.


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35. Solución.— Para completar la explicación de la teoría stammleriana, falta pues aclarar cómo entiende la forma o método de ordenación a que se ha hecho referencia. Pues bien, Stammler dice que la justicia es una idea '^ —entendiendo este vocablo en el sentido kantiano— idea que consideró como el pensamiento de una armonía absoluta de los fines humanos en todas sus posibilidades habidas y por haber. Esta armonía absoluta la denominó comunidad pura, entendiendo más propiamente por tal, la imagen de una absoluta armonía entre las voluntades vinculadas de los individuos, prescindiendo de aspiraciones meramente subjetivas o, en otros términos, una comunidad de hombres libres o librevolentes, para lo cual es necesario que éstos conserven en todo momento el carácter de fines autónomos (como decía Kant), o sea, nunca considerados como medios al servicio de fines de otros hombres. La Justicia es entonces esa idea de una armonía absoluta conforme a la cual ordenamos la materia jurídica (es decir, la conducta humana en su interferencia intersubjetiva); por eso Stammler reproduce la imagen aristotélica que compara la justicia con la estrella polar que miran los navegantes, no para llegar a ella, pues es inalcanzable por los medios humanos, pero sí como punto de orientación para navegar. Y un derecho será justo "cuando sus normas se hallen especialmente orientadas en el sentido de la comunidad pura" '3. La idea, en sentido kantiano, es algo distinto del concepto; en efecto, - el concepto, es la determinación unitaria y común de una serie de objetos análogos; en otros términos, la síntesis de las notas comunes de ciertos objetos; - la idea, en cambio, es la unidad que el espíritu realiza como resultado de la experiencia en cada orden de cosas u objetos, pues mi razón realiza una función de síntesis que no termina nunca. A diferencia de este sentido, en su acepción empírica y vulgar, idea es la noción imprecisa y vaga que se tiene de un objeto. Los conceptos se realizan en la experiencia, en cada uno de los objetos que abarcan y, así por ejemplo, para saber que esto que tengo en mi escritorio es un libro, tengo que tener un concepto de lo que es un libro; desempeñan pues una función constitutiva de la realidad. En cambio, las ideas, no se realizan en la realidad, pues, por así decir, no están en la experiencia sino en el límite de la experiencia, con la particularidad de que, como el horizonte, se alejan cuando marchamos hacia ellas. Desempeñan pues una función regulativa u orientadora. Quizá convenga recordar la distinción de Kant entre el inundo de los fenómenos (apariencias), que repitiendo la metáfora, podríamos comparar con el paisaje perceptible con mi vista, y el noúmeno (la cosa en sí, es decir, lo real que, según Kant, es incognoscible), que sería entonces lo situado más allá del horizonte; las ¡deas estarían en el límite de la experiencia, es decir, en el horizonte y, como éste, se van desplazando a medida que avanzamos, sin que sea posible alcanzarlas y captadas en su plenitud. Pero son sí una guía, un elemento real y necesario para configurar el conocimiento. Ahora resultará fácil comprender por qué las ideas —contrariamente a los concepto.s— son indefinibles, es decir, no pueden ser traducidas en una expresión que contenga su sustancia, pero sípueden ser presentadas en un esquema suficiente para permitir su comprensión (MARTÍNEZ PAZ, Sistema de Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1940, pág. 323). Aplicando esta teoría al derecho, Stammler distingue entre: - concepto del derecho, e - idea del derecho (= Justicia), que trato en este capítulo. '^ STAMMLER, Rodolfo, Filosofía del Derecho, Madrid, 1930, pág. 245.


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36. Principios de un derecho justo.— En conclusión, la justicia intrínsecamente considerada no es, según Stammler, algo material y, por lo tanto, no puede ser traducida en una fórmula concreta, prácticamente realizable, es decir, con un contenido histórico concreto para regir la vida social (p. ej., estableciendo la propiedad colectiva o individual, tales y cuales derechos fundamentales del hombre, un determinado régimen sucesorio, etc.). "Ello sería tan absurdo como si se pretendiera alcanzar lo absoluto en este mundo, aunque lo relativo que comprobamos contenga y evoque lo absoluto" '^. Lo que sí puede hacerse es establecer principios "formales" —por eso es ésta una solución afirmativo-formalista— es decir, de contenido abstracto y general (no concreto), que nos sirvan frente a un derecho positivo determinado, para establecer si es o no justo. Estos principios de justicia, insiste repetidas veces Stammler, no pueden consistir en ningún contenido concreto o histórico, como pretendieron los sostenedores del derecho natural clásico, sino que deben ser necesariamente formales —una guía o método orientador— para que tengan validez absoluta y universal. 37.— Enuncia así Stammler lo que Wama principios de un derecho justo, que son los siguientes: A) Principios de respeto: 1) una voluntad no debe quedar nunca a merced de lo que otro arbitrariamente disponga; 2) toda exigencia jurídica deberá ser de tal modo que en el obligado se siga viendo al prójimo. B) Principios de solidaridad: 1) un individuo jurídicamente vinculado no debe nunca ser excluido de la comunidad por la arbitrariedad de otro; 2) todo poder de disposición otorgado por el Derecho, sólo podrá excluir a los demás, de tal modo que en el excluido se siga viendo al prójimo. 38.— La teoría de Stammler tiene indudables aciertos y como prueba de ello bastaría con tener presente que los principios de derecho justo, son una guía para la crítica y la elaboración del derecho positivo. Si los griegos o los romanos —p. ej.— hubieran tenido unos principios racionales análogos, no hay duda de que por lo menos los filósofos, hubieran condenado la esclavitud como algo injusto, pues sus fórmulas y definiciones más o menos atrayentes, no les sirvieron, en general, para advertir la monstruosa injusticia que esta institución implica. 39.— Pero, reconocida la parte de verdad que encierra la doctrina de Stammler, corresponde consignar que se le han dirigido certeras críticas: por ejemplo, se ha observado que MARTÍNEZ PAZ, Enrique, Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R.A.), 1946, pág. 341.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN nos escamotea la esencia de la justicia, puesto que él no sostiene siquiera que lo sea la igualdad —como la opinión tradicional— sino que nos habla de una armonía absoluta, expresión que, ciertamente, resulta muy vaga. Haciendo abstracción de algunos errores filosóficos (p. ej., que todo lo a príorí es formal, cuando en realidad puede también ser material, etc.), la crítica general recae sobre el excesivo formalismo de su doctrina. En honor a la verdad, si bien hay en ello mucho de cierto, cabe destacar que algunas de las objeciones son infundadas y así cuando se dice que sus principios "no tienen contenido", se comete un error, puesto que —amén de ser imposible una idea sin contenido— fácil es advertir que esa materia existe y que se trata de un contenido ético —si bien formal— consistente en el respeto a la dignidad moral del hombre (dicho sea de paso, por esto se ha destacado que la doctrina stammleriana de la justicia, culmina en una doctrina de la personalidad moral del hombre) '5. 280

40. Conclusión.— Sintetizando, podemos decir con Recaséns Siches, que "a pesar de todas las diversidades de supuestos filosóficos y de criterios políticos se mantiene siempre un denominador común, un análogo leitmotiv. La justicia—lo mismo en un sentido restringido que en una acepción lata—es entendida casi siempre como una medida armónica de cambio y de distribución". Parece pues evidente que la esencia de la justicia es la igualdad—claro que una igualdad proporcional— pero toda igualdad, se establece entre dos términos por lo menos y, esos términos, consisten en conductas humanas. Ahora bien, con decir que la justicia "consiste en dar a cada uno lo suyo", o en "tratar igualmente lo igual y desigualmente lo desigual", etc., no adelantamos mucho concretamente, puesto que —y aquí viene el interrogante fundamental planteado por la filosofía de nuestros días— para establecer esa igualdad (p. ej., entre el salario y el trabajo de un obrero), es evidente que debo proceder primero a una valoración de ambos términos de esa igualdad: para decir que A es igual a B, debo valorar primero los términos A y B. 41.— Por consiguiente, "el problema está en el criterio que debe guiar el establecimiento de la proporción" "^, o si se quiere, en los puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta para establecer esa proporcionalidad. Y como es indudable que cada uno de los términos de la igualdad, encierra una valoración, fundada cada una de ellas en diversos valores jurídicos, se ve cómo, lógicamente, la teoría de la justicia nos lleva a la teoría de los valores jurídicos —apenas esbozada en la sección primera— donde las corrientes filosóficas actuales sostienen que se encuentra una solución más satisfactoria a este problema, en un plano en que el formalismo resulta superado. '^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, o¿7. ÍIÍ. en nota Lpág. 451. ^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit., en nota I, pág. 450.



42.— G) TEORÍA ECOLÓGICA. Como uno de los más destacados intentos de superación de las concepciones anteriores, cabe recordar la teoría formulada por Carlos Cossio. Tal como se ha explicado (Cap. 2, párr. 88), la Axiología Jurídica Pura es, en la Teoría Egológica, una de las cuatro ramas fundamentales de la Filosofía del Derecho, siendo su objeto, el estudio de los valores jurídicos puros o absolutos. Pues bien, antes de resumir la teoría de la justicia, es conveniente encuadrar este valor, en el panorama axiológico general que nos presenta la Teoría Egológica: 1) Panorama axiológico general. Los aspectos principales son los siguientes: a) Distinción entre los valores morales y los valores jurídicos (ambos valores de conducta), en base a la bilateralidad propia de todos los valores inmanentes al derecho (v. párr. 5). Hecha esta aclaración, agregaré que, en adelante, sólo me referiré a los valores jurídicos. b) Distinción entre los valores jurídicos puros y los positivos, correspondiendo a la Filosofía del Derecho, el estudio de los valores puros (v. párr. 6). Como es lógico, los valores positivos quedan a cargo del científico del derecho, pero no es posible que éste cumpla bien su tarea, sin conocer la investigación filosófica que sirve de fundamento a sus planteos. c) Plexo valorativo. La justicia no es el único valor jurídico, ya que, según Cossio, su número se eleva a siete (orden, seguridad, paz, poder, cooperación, solidaridad y justicia). Como particularidad de este plexo valorativo, el filósofo argentino sostiene '^ que presentaría una estructura radiada, en cuyo centro se hallaría la justicia. d) La justicia es el valor central y, por lo tanto, el de más alto rango, correspondiéndole la función de establecer la armonía entre todos los demás valores jurídicos; en efecto, para que haya auténtica justicia en la convivencia social, es necesario que se den con signo positivo todos los demás valores jurídicos, a los que la justicia, coronando tal estado de cosas, dará aun su matiz esencial y supremo. Por eso dice Cossio que este valor desempeiía un papel totalizador, semejante al atribuido por Platón que, como se ha explicado, consideraba a la justicia como virtud universal (v. párr. 19). De esta manera, afirma Cossio que quedan armonizadas la idea platónica de la justicia como virtud totalizadora, con la concepción aristotélica de la alteridad de la justicia (atribuida por el estagirita a la que 11 amara j¡ísííc;a particular), pero claro que considerando a la justicia como valor exclusivo del derecho, es decir, como valor de la conducta compartida. Ahora bien, "mientras el pensamiento tradicional ponía la noción aristoté' •^ COSSIO, Carlos, IM Teoría Eiôlógica..., cit. en nota 2, pág. 594.


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lica dentro de la noción platónica, la Teoría Egológica pone, al revés, la noción platónica dentro de la noción aristotélica, al esclarecer que la justicia desempeña en el seno del plexo jurídico un papel similar al que le atribuía Platón frente a los valores morales" '^. 43.— 2) Teoría de la justicia. Como es evidente, lo explicado nos dice ya que Cossio considera posible, determinar racionalmente el contenido de la verdadera justicia (v. párr. 16). Pues bien, según el filósofo argentino, la verdadera justicia consiste en la creación de igualaciones de libertad '^ como puntos de partida sucesivamente renovados. Frente a esta definición, cabe preguntarse por su razón suficiente, es decir, por el fundamento de su posible verdad. Con estefiín, debo recordar que, convalidando a Aristóteles, Heidegger sostiene que el principio de razón suficiente —arraigado por este filósofo en la estructura misma de la vida plenaria— ofrece tres modos: como razón de existencia, de esencia y de verdad. Sobre esta base, Cossio nos aclara que su concepción de la justicia queda sólidamente fundamentada, porque la verdadera justicia: a) Como existencia, es libertad. Esto se comprenderá, teniendo en cuenta que para la Teoría Egológica, libertad y personalidad son existencialmente lo mismo y, considerando que la libertad no es por lo tanto un valor jurídico, sino mucho más, puesto que es la fuente y sustancia de todo valor jurídico. Con estas aclaraciones, resultará claro que la verdadera justicia, la "encontraremos" en la existencia como conducta (compartida por supuesto), pero sólo en cuanto todo hombre tenga una determinada esfera de libertad, ya veremos de qué medida. b) Como esencia, es creación. "En esto difiere la libertad del ser. El ser es lo que es, decía Parménides. La libertad es creadora; sin creación no hay libertad. Y el olvido de este aspecto del fundamento es lo que perjudica a meditaciones sobre la Justicia tan luminosas como la de Kant". c) Como verdad estimativa, "es razón en cuanto sustantivo de racional". Sólo que la tradición filosófica desarrolló este aspecto como igualdad, en tanto que la Teoría Egológica lo desarrolla como igualación, a fin de captar la razón inmanentizada en la libertad. La igualdad se refiere a las cosas o a los resultados; y la Justicia no es lo uno ni lo otro. La razón que hay en la verdadera justicia no viene desde afuera; opera en la libertad y dentro de ella, con total inmanencia. ' ^ COSSIO, Carlos, "Panorama...", cit. en nota 9, pág. 42. Véa,se "El principio milla poena sine lege en la axiología egológica", trabajo publicado en La Ley, t. 48 (año 1947), pág. 1135. Los datos de este resumen han sido tomados de dicho artículo, razón por la cual me abstendré de citarlo en cada caso. En la Teoría de la Verdad Jurídica, Buenos Aires, 1954, puede hallarse el mismo trabajo, esp. en págs. 289 a 294. Otro resumen de la concepción de Cossio, puede verse en "Panorama...", cit. en nota 9, págs. 45 a 47.


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La verdadera Justicia no es un estado a alcanzar, sino vida viviente, porque está en juego la personalidad. Con la igualdad, referida a los resultados, se hiere a la personalidad en su libertad, porque cada cual tiene su vocación y su destino. La verdadera Justicia reclama la personalidad y, con ello, que cada cual se diferencie de los otros, teniendo la libertad necesaria para ello, como realización de su vocación y destino. Todo esto queda expresado si digo que la verdadera justicia consiste en la creación de igualaciones de libertad. No, pues, creación de igualdades, que son un término extemo donde la creación se aniquilará al ser alcanzado; sino creación de igualaciones de libertad, que significa igualación en cada punto de partida, creando esto y dejando libre a la creación después. Esta es la gran paradoja de la Justicia como valor, pues implica destruirse a sí misma para poder ser: la libertad divergente de cada personalidad, desiguala la igualación obtenida en el punto de partida no bien esta igualación ha sido lograda, porque el tiempo fluye incontenible y en él va la libertad. Nada más contrario a la esencia de la Justicia, que una sociedad donde todos los hombres tuvieran que hacer las mismas cosas para poder conservar su igualdad. La Justicia tiene, así, una trágica presenteidad que reclama por la reconstitución de nuevos puntos de partida cuantas veces fuere necesario. Aplicando ya su definición como criterio de justicia pura, agrega Cossio: "con nuestra definición, podemos decir que, en la justicia racional, lo suyo de la fórmula clásica deja de ser una enunciación vacía. Lo suyo que corresponde a cada hombre por ser hombre, es lo que a cada cual falta para estar en igualdad de condiciones con el alter ego con quien interfiere. Estamos, pues, en las antípodas de Aristóteles con su justicia distributiva; éste decía que había que dar bienes y honores en proporción a los méritos; a mayor mérito, mayor retribución y viceversa. Para nosotros el ideal dice lo contrario": "la verdadera justicia consiste en dar más a los que están más abajo, para igualar el punto de partida en el presente vital". § 2. LA EQUIDAD 44. Aclaraciones previas.— Para facilitar la comprensión de este punto, resultará útil empezar recordando que para juzgar, es decir, para resolver conflictos interhumanos, se puede proceder de dos maneras desde el punto de vista de la menor o mayor libertad que tenga el juzgador. Son las siguientes: 1) Juzgar "conforme a derecho " (o "según derecho"): con este método, el juzgador debe resolver el conflicto ajustándose a una norma o normas preestablecidas. Tal sistema es sin duda el mejor para lograr justicia verdadera y seguridad jurídica, pero como toda norma es un marco de posibilidades (Kelsen), dentro del cual el juzgador decide optando por una de las soluciones pohttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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sibles (v. Cap. 15), conviene advertir que la solución elegida debe fundarse no sólo en ineludibles razones lógicas (adecuarse a la norma como lo particular debe encuadrarse en lo general), sino también en una valoración, pues se elije habitualmente \a. solución más justa. Resulta claro entonces que juzgando conforme a derecho, intervienen también diversos valores jurídicos, entre los cuales se destaca la justicia como valor supremo, pero actuando siempre dentro del correspondiente marco normativo. 45.— 2) Juzgar "por equidad" (o "según equidad", o "según su leal saber y entender", o "a ciencia y conciencia", o "a verdad sabida y buena fe guardada", etc.): según este método, el juzgador no está sometido a una norma predeterminada, sino que resuelve de acuerdo a su personal criterio de justicia, siempre y cuando dicho criterio sea reconocido por la comunidad, como susceptible de constituir una norma general para la solución de casos semejantes al resuelto. Esto implica sostener que no será equitativa cualquier decisión arbitraria del juzgador, es decir, cualquier criterio puramente subjetivo, sino que ese criterio nacido de una subjetividad, tiene que ostentar para ser equitativo, diversos aspectos que le den carácter de objetivamente justo, o en otros términos, de justicia objetiva, lo que implica decir que también deberá ser reconocido como justo por la comunidad en general. Es obvio que para ello, la decisión debe armonizar con las valoraciones vigentes en la respectiva comunidad. Por otra parte, lo dicho nos permite apreciar que si bien quien juzga por equidad tiene más libertad que quien lo hace conforme a derecho, no tiene una libertad ilimitada. Como detalle de orden técnico-jurídico, cabe consignar que quien juzga por equidad, crea con posterioridad al caso a resolver, la pertinente norma individual que contiene la solución. 46. Concepto.— De lo dicho se infiere que la equidad no es simplemente la justicia del caso particular como suele decirse; en efecto, para ser más preciso cabría definirla como lajusticia del caso particular, inspiradora de una decisión que la comunidad acepta, como norma general válida para solucionar casos semejantes al resuelto. La equidad no es pues algo esencialmente distinto de lajusticia, sino una modalidad de la misma; en consecuencia, un fallo no puede ser equitativo e injusto a! mismo tiempo, porque si es equitativo es justo y, si es injusto, no puede ser equitativo. Vinculando la equidad con las fuentes del derecho, cabe afirmar que es una fuente material (v. Cap. 11). Al respecto conviene recordar que el Código Civil Suizo (de 1907), incluye la equidad entre las fuentes, configurándola con las palabras puestas en bastardilla del art. 1°, que dice así: "La ley rige todas las mahttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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terias a las cuales se refiere la letra o el espíritu de sus disposiciones. A falta de una disposición legal aplicable al caso, el juez deberá decidir según el derecho consuetudinario y, a falta de costumbre, según las reglas que él establecería si tuviese que actuar como legislador. Las palabras en bastardilla permiten apreciar que el requisito exigido para resolver los casos no previstos, es el mismo que figura en el concepto de equidad formulado al comienzo de este párrafo. 47. Doble función de la equidad: humanitaria (o morigeradora) e integradora (o supletoria).— Para juzgar por equidad es indistinto que haya norma que prevea el caso o que no lo haya, como se verá de inmediato, pero estas dos situaciones diferentes permiten distinguir las dos funciones que puede cumplir la equidad: 1) integradora (o supletoria) cuando no la hay; y 2) humanitaria (o morigeradora), cuando hay norma. Veamos: 1) Si no hay prescripción que prevea el caso, la cuestión es más simple pues no hajTobstáculo alguno, y entonces el juzgador suple la faUa de previsión legislativa, es decir, suple la ausencia de fuentes formales del derecho, creando una norma individual para resolver el caso. Por eso la equidad funciona aquí como integradora del ordenamiento jurídico, con las limitaciones ya mencionadas en el párr. 45. 2) Si hay norma que prevea el caso, pueden plantearse a su vez dos situaciones, en cualquiera de las cuales la equidad cumplirá una. función humanizadora o morigeradora de la norma o normas aplicables. Se evita de este modo la injusticia que importaría aplicar la prescripción respectiva al caso concreto planteado, aunque la norma en su generalidad pueda ser justa, como por ejemplo la que establece una sanción para quien hurta o roba. Veamos ahora las dos situaciones posibles: a) Que el juzgador esté autorizado por el ordenamiento jurídico para apartarse de él en ciertos casos. Esto suele suceder cuando la aplicación estricta de la ley provocaría una gran injusticia, como en asuntos civiles y comerciales de menor cuantía, en ciertos delitos penales (p. ej., hurto de cosas de escaso valor como son las tapitas de botella, máxime cuando son cometidos en un verdadero estado de necesidad, como es el supuesto del hurto de un pan por un famélico), etc. A propósito del líltimo ejemplo, recuérdese el caso de Jean Valjean, relatado por Víctor Hugo en Los Miserables que, por robar un pan para los hijos de su hermana, un día en que se morían de hambre, fue condenado a prisión. Aquí se ve la injusticia que resulta a veces de aplicar estrictamente una ley, que en su generalidad puede ser justa, y la función humanitaria que puede tener la equidad, perdonando al imputado en virtud de las circunstancias del caso. En situaciones como ésta, según dice Legaz y Lacambra, "la misma justicia exige la práctica de la equidad, es decir, el no aplicar el esquema lógico y abstracto http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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de la norma, sino una medida adecuada a esos elementos individuales; lo contrario sería faltar a la equidad, y faltar a la equidad sería faltar a la justicia, pues sería tratar igualmente lo desigual, y lo desigual ha de tratarse desigualmente -°. b) Que el juzgador no esté autorizado por el ordenamiento jurídico para apartarse de él: conviene referirse a esta posibilidad, porque aun en esta situación, los jueces fallan a veces contra lo dispuesto por "la ley", fundándose en razones de equidad. Y lo que resulta más notable es que dichas sentencias suelen tener confirmación de los tribunales superiores, por la sencilla razón de que el criterio personal de justicia en que se fundan, armoniza con las valoraciones de justicia predominantes en la respectiva comunidad. Por otra parte, advierto que no debe confundirse el caso que vengo explicando, con el supuesto de aplicación justa de las normas vigentes a los casos planteados, que la mayoría de las veces permite arribar a soluciones justas y razonables, sin que ello implique un apartamiento de las normas vigentes y, por lo tanto, sin que deba juzgarse por equidad. Ello es más visible cuando la norma aplicable deja al juzgador un amplio margen para la interpretación. 48. Equidad y tribunales de equidad.— De lo dicho se infiere que no es necesario para juzgar por equidad, que haya tribunales de derecho por un lado y tribunales de equidad por otro, como sucedió por ejemplo en Inglaterra hasta que fueron unificados en la segunda mitad del siglo XIX (años 1873/1875). Queda aclarado entonces que lo mejor es que los tribunales de derecho estén autorizados en ciertos casos, a juzgar por equidad. 49. La equidad en nuestro derecho.—En principio, dentro de nuestro régimen jurídico, los jueces no pueden aplicar la equidad para mitigar el posible rigorismo de las leyes: éstas deben ser aplicadas tal como disponen, por severas que sean (dura lex, sed lex). No obstante lo antedicho y sin perjuicio de la elasticidad que tienen los jueces en la aplicación del derecho —lo que permite en medida variable su aplicación equitativa— hay ciertas instituciones que contemplan la aplicación de la equidad. Por ejemplo: el indulto y la conmutación de penas (art. 99, inc. 5° de laConst. Nac); laamnistía (art. 75, inc. 20 de laConst. Nac); el perdón judicial en materia de contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, etc. También el Código Civil, después de la reforma de 1968, establece varios casosenlosquepuedeseraplicadaiaequidad(arts. 907,954,1069,1198,1306, 1316 bis, 1638,3477, etc.). Lo mismo sucede en materia de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744 de 1974), por así disponerlo el art. 11. ^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cil. en nota 1, pág. 465.


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50. La equidad en el common law.— En el derecho angloamericano, la equidad tiene un papel destacado, porque la jurisprudencia es, en general, la fuente más importante del derecho (v. índ. alfab.). 51. Datos históricos.— 1) En ]a. Antigua Grecia, Aristóteles consideró a la equidad como una modalidad de la justicia, refiriendo su concepto a lafiínción humanizadora en la hermenéutica de algunas leyes, que pueden provocar graves injusticias al ser aplicadas a ciertos casos concretos. Prueba de ello es que la comparó con la regla lesbia, pues así como ésta podía adaptarse a las superficies más irregulares y sinuosas para medirlas, por ser de plomo sumamente dúctil, la ley podía también ser adaptada al caso singular, gracias a la equidad. Como consecuencia lógica de esta tesis —y siempre en la Ética a Nicóinaco— el genial Aristóteles asignaba al juez un relevante papel, pues podía apartarse de la ley dentro de ciertos límites. Por eso dijo acertadamente que "ir al juez es ir a la justicia, pues la naturaleza del juez es ser una especie de justicia viviente". 2) En la. Antigua Roma, la equidad {aequitas, que etimológicamente significa igualdad), desempeñó un papel importantísimo en el progreso del Derecho Romano, si bien cumplió en el desarrollo histórico del mismo, dos funciones diferentes: a) En las épocas preclásica y clásica se la consideraba en sufimción integradora del ordenamiento jurídico y, con tal criterio {ex aequo et bono solían decir), el pretor fue elaborando lentamente esa magnífica construcción que es el Derecho Romano. b) En la época justinianea, se utilizó el vocablo para designar \a. función humanizadora de la equidad en la aplicación del ius (es decir, del derecho). Ello se debió, entre otros factores, a la influencia de las concepciones aristotélica y cristiana de la equidad 2'.

SECCIÓN TERCERA

LA ARBITRARIEDAD 52. Concepto.— No hay al respecto uniformidad en la doctrina. Martínez Paz '- sostiene que las normas arbitrarias son aquellas que "se acomodan al humor variable del déspota, que resuelve, caso por caso, según las circunstancias -' Véase ARIAS RAMOS, J.,Derec7io/íomím«,T. l.Revistade Derecho Privado, Madrid, 1966.pág.3.S; IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, Ariel, Barcelona, 1958, pág. 84. ^2 Ob. cit. en nota 14, pág. 322.


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de personas, de tiempo, de estados, de sentimientos, sin sujetarse a regla o principio común y permanente". Se trataría en síntesis, de normas emanadas del gobierno —a través de cualquiera de sus órganos— que se caracterizan por responder a la voluntad personal de quien las dicta, sin sujeción al régimen vigente. Hay autores que consideran la arbitrariedad como algo opuesto al derecho, es decir, como el no-derecho y, por lo tanto, como algo extrajurídico. Por mi parte, creo que ello no es exacto; en efecto, siendo la arbitrariedad una cierta conducta de los goh&mant&s frente a la de los gobernados, es evidente que se trata de una conducta en interferencia intersubjetiva y, por lo tanto, de una conducta jurídica (en el sentido de sometida al derecho —v. "jurídico" en índ. alfab.—). Legaz y Lacambra -^, por su parte, sostiene que la arbitrariedad puede revestir las siguientes formas: "a) por alteración del procedimiento con arreglo al cual debe ser establecida una norma determinada; b) por desconocimiento del contenido específico que una norma inferior debe desarrollar por relación a una norma superior; c) por transgresión de la esfera de propia competencia ejecutiva". 53. Arbitrariedad e injusticia.— La arbitrariedad no encierra necesariamente una injusticia, ya que puede ser justa o injusta. "La arbitrariedad es justa —dice Legaz y Lacambra ^^— cuando la negación del derecho en un caso dado tiene el sentido de establecer una solución más justa para el mismo. Pues sabemos que la rigidez y generalidad de la norma jurídica —la forma 'lógica' de la justicia— no siempre permite tener en cuenta las circunstancias singularísimas de cada situación y por eso no siempre contiene una 'medida justa'. Es posible que, en ese caso concreto, la justicia quede mejor satisfecha en el acto de arbitrariedad. Así, cuando Federico el Grande revocó la sentencia —legal pero injusta— del juez de Berlín, cometió un acto de arbitrariedad justa". 54. Arbitrariedad y discrecionalidad.— Son conceptos distintos. Al tratar el derecho administrativo, explicaré lo que debe entenderse por facultades discrecionales (v. índ. alfab.), lo que disipará cualquier confusión posible.

SECCIÓN CUARTA

EL ORDEN 55. Concepto.— En términos generales, podemos decir que hay orden cuando las cosas suceden de acuerdo a un principio o plan que las regula. Así se - Ob. cit. en nota 1, pág. 493. '^'^ ídem, pág. 495.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaELpara uso Didáctico ORDEN Y LA SEGURIDADy Científico 289 - Cap. 8 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

habla por ejemplo de un orden natural, porque en la naturaleza los fenómenos se producen de acuerdo con una regularidad determinada. Cosa análoga sucede en la esfera del obrar humano y por eso se habla de un orden social, cuando el comportamiento intersubjetivo de los seres humanos se ajusta a un conjunto de principios, que garantizan un mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal. Claro que el concepto de cómo debe ser el orden en tal o cual momento histórico, es decir, el orden como valor positivo, variará de acuerdo con las distintas circunstancias históricas. Así por ejemplo, en momentos de convulsiones sociales, la esfera de libertad de los habitantes debe ser restringida, precisamente para salvaguardar dicho orden. A tal efecto, existen ciertas instituciones jurídicas, como el estado de sitio, la llamada ley marcial, etc. En la actual Axiología Jurídica, el orden es considerado como el valor jurídico de menor jerarquía (v. párr. 7), pero por eso mismo, resulta ser el más sólido y condicionante de todos los demás. Así por ejemplo, sin orden no puede haber seguridad, ni cooperación, ni justicia. En tal sentido dijo Goethe: "prefiero la injusticia al desorden". Como es obvio, el orden —de acuerdo con la bipolaridad que caracteriza a todos los valores— puede aparecer como valor propiamente dicho, o bien como desvalor. En este último aspecto, cabe destacar que el orden tiene dos desvalores: uno por defecto que es el desorden, y otro por exceso que es el ritualismo o formalismo -^. SECCIÓN QUINTA

LA SEGURIDAD 56. Concepto.— El orden social —sea justo o injusto— implica como es evidente, una delimitación de derechos y deberes entre los miembros de la comunidad. Pues bien, la seguridad no es otra cosa que la protección efectiva de esos derechos y deberes, es decir, el amparo seguro de dicho orden, contra cualquiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del mismo, en el caso de haber sido violado. Por el contrario, cuando la protección reinante no es suficiente, el valor se da con sentido negativo, es decir, como inseguridad. La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la certeza -^ COSSIO distingue entre: I) valores fundantes o de autonomía (seguridad, paz y solidaridad), que tienen un solo desvalor cada uno; y 2) valores fundados o de heleronomía (orden, paz y cooperación), que tienen dos desvalores. Véase La Teoría Ecológica..., cit., págs. 513, 594, etc.


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de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la coacción, da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida jurídica. Como es lógico, hay una serie de instituciones jurídicas con las que se persigue el reinado de la seguridad en la convivencia humana -^. Tales por ejemplo el principio de que la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento {ignorantia iuris non excusat), la irretroactividad de las leyes, la cosa juzgada, etc. La seguridad fue llevada por el individualismo a los planos más altos de la jerarquía axiológica, pero —como dice Legaz y Lacambra— ello no debe inducirnos en un error común; en efecto, "se olvida que la seguridad, sin perjuicio de que haya sido proclamada como valor primario por la ideología burguesa, no es un 'valor burgués' —pues eso sería incurrir en una interpretación sociologista o materialista de los valores— sino una exigencia ineludible del Derecho y, dicho más certeramente: una dimensión ontológica del mismo. Una cosa es la interpretación burguesa de la seguridad y el rango que la burguesía le atribuye en la escala de las estimaciones y otra la seguridad considerada en sí misma" ^''. Esto significa que a pesar de las exageraciones motivadas por ciertas ideologías, la jerarquía que realmente le corresponde en el plexo valorativo es la que se ha explicado en el párr. 7; en consecuencia, puede afirmarse también que —por los motivos antedichos— el mantenimiento del orden y de la seguridad, es el pri mero de los deberes de un gobierno, sin olvidar que particularmente la seguridad implica protección no sólo contra la extralimitación de los demás gobernados, sino también contra los abusos de poder de los gobernantes.

-* Véase LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit. en nota 1, págs. 47.'! y sigs. -^ ídem, pág. 472.



CAPÍTULO 9

LA TÉCNICA JURÍDICA

SECCIÓN PRIMERA

TEORÍA FILOSÓFICA DE LA TÉCNICA JURÍDICA 1. Aclaración previa.— Como se ha explicado, el derecho es un objeto cultural y por lo tanto obra del hombre; en efecto, son los hombres los que dictan las normas que han de regir la convivencia y también los que las aplican. Ahora bien, como toda actividad humana, la formulación de normas jurídicas y su aplicación a los casos concretos, puede también sertecnificada, es decir, guiada por una serie de reglas —las reglas técnicas (v. Cap. 4)— que prescriben un conjunto de procedimientos especiales, cuya observancia permite un trabajo bien organizado y asegura resultados más fructíferos. Resulta pues indudable, la necesidad y ventajas de una buena técnica jurídica. 2. Regla técnica y norma jurídica.— Para disipar un error muy común, conviene reiterar que toda conducta puede ser enfocada técnica y éticamente (v. Cap. 4, párr. 7). Ahora bien, como dentro de la normación ética, nos interesa aquí sólo \a jurídica, seguiré refiriéndome a las regulaciones técnica y jurídica de la conducta humana. Conviene insistir, para evitar el error aludido, que tales regulaciones no son excluyentes. Esto significa que una regla o conjunto de reglas técnicas (p. ej., tal procedimiento formativo de las leyes), pueden ser incorporadas al derecho, es decir, pueden serjuridizadas (p. ej., el sistema a que aludía recién, incorporado a una constitución). No obstante ello, una regla técnica, por la circunstancia de haber sido incorporada a un régimen jurídico, no deja de ser técnica, pues la calificación de técnica o jurídica depende del punto de vista en que nos coloquemos; en efecto, si atendemos a la reaUzación del fin concreto, la califi-


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caremos de técnicamente eficaz o ineficaz y, por su parte, si la encaramos desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva de las conductas (en cuanto otro sujeto puede, p. ej., exigir tal procedimiento técnico), dicha norma será jurídica y nos permitirá establecer si tal o cual técnica es lícita o ilícita. Del mismo modo, una determinada técnica quirúrgica, puede ser considerada jurídicamente, a los efectos de saber si es lícita o ilícita, porque como es lógico, podría prohibirse la aplicación de técnicas determinadas (p. ej., la aplicación de ciertos gases en el parto, el uso de algunos materiales en determinado tipo de construcciones, etc.). Como es obvio, en el presente capítulo no nos interesa el enfoque jurídico de la técnica, sino el estudio de la técnica jurídica, es decir, un campo mucho más limitado, como lo es el de la técnica aplicada a la formulación y aplicación del derecho. 3. Concepto.—Entiendo por técnica en general (v. Cap. 4, párr. 7), el conjunto de procedimientos que se siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto. Dada la gran complejidad que ha alcanzado la formulación y realización del derecho en la actualidad, huelga todo comentario referente a la importancia que reviste la técnica jurídica. Pero interesa sí destacar que, como el derecho rige la convivencia humana, una falta de técnica jurídica —según se ha dicho— encierra casi siempre una injusticia. 4.— LA TÉCNICA Y LA PRÁCTICA JURÍDICA. Al respecto cabe aclarar lo siguiente: I °) La práctica jurídica es un hacer que consiste en el ejercicio de la abogacía, por supuesto que en cualquiera de sus especialidades. Algunos autores la llaman prácticajudicial, pero en realidad se trata de un calificativo erróneo, pues el ámbito judicial es sólo uno de los aspectos de la abogacía. Como es lógico, el concepto de prácticayí'Ltícfl/n¿ira.-"es una forma de vida social, en la cual se realiza un punto de vista sobre la justicia que delimita las respectivas esferas de licitud y deber, mediante un sistema de legalidad, dotado de valor autárquico"'. - Cossio: fundador de la Teoría Egológica del Derecho, lo define como la "conducta humana en su interferencia intersubjetiva". - Orgaz, Arturo: lo define como el "sistema de normas dotadas de coactividad que sirven para delimitar, coordinar y proteger, aquellos intereses que se estiman valiosos para la convivencia". - García Maynez: "derecho es un orden concreto instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas —integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible— son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público ". Aclaro que para este autor, orden normativo es la subordinación de la conducta a un sistema de normas, cuyo cumplimiento permite la realización de valores. 31. Jurídico.— Esta expresión es empleada en dos sentidos lO; 1) Como adjetivo correspondiente a derecho: por ejemplo, fenómeno jurídico. En este sentido, jurídico se opwne a no jurídico o a-jurídico y no a antijurídico. Por ejemplo, el simple acto de pensar es a-jurídico porque escapa a la regulación jurídica; en cambio, un delito, es una conducta que cae dentro del campo del derecho (están legislados en el Cód. Penal), etc. El delito es, pues, un fenómeno jurídico y no antijurídico, empleado el vocablo en esta acepción. 2) Como sinónimo de lícito: en este sentido, el término jurídico se opone a ilícito y a antijurídico. Así se dice, por ejemplo, que un delito es un hecho antijurídico o ilícito. Enrigorsólo es correcta la primera acepción (adjetivo correspondiente a derecho) —que es por otra parte la que predomina en el campo filosófico-jurídico—; no obstante, los juristas prácticos la emplean más bien en el segundo sentido, lo que a mi criterio no debe hacerse pues ya tenemos para ello los términos "lícito", "legal", etc. Dice Cossio en el mismo sentido: "Desgraciadamente en los autores contemporáneos priva el uso del adjetivo en esta segunda acepción, con lo cual tenemos elriesgode empobrecer el lenguaje y dejar al sustantivo derecho sin ninguna manera de adjetivar...". 32. Obligación — (Del latín obligatio: ob, en tomo y ligare, ligar, es decir, ligar alrededor): también esta palabra es empleada en varios sentidos, que han sido explicados en el Capítulo 6, párr. 57. 33. Ley.— Ver índice alfabético. Ob. cit. en nota 4, pág. 193. ' ° COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 659.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 34. Legislación.— Se emplea en dos sentidos: 1) Designando el conjunto de leyes —estén o no codificadas— que han sido debidamente aprobadas para regir en un país. Por ejemplo, la legislación argentina. 2) Con referencia al estudio de aquellos sectores del derecho positivo que no hayan alcanzado todavía un desarrollo tal que permita fundamentar y originar una especialidad de la Dogmática. Por ejemplo, hasta no hace mucho se hablaba en nuestro país de legislación del trabajo, legislación rural, etc. Este es un error que proviene del uso de la palabra "derecho" para designar tanto el sistema normativo, como la ciencia respectiva; aclarado esto, es fácil comprender que pueda hablarse correctamente de derecho bancario, derecho monetario, etc., sin que ello implique la existencia de sendas especialidades de la Dogmática Jurídica (es decir, una Ciencia del derecho bancario y otra Ciencia del derecho monetario), independientes, en el caso citado, de la Ciencia del Derecho Financiero. En todo caso se trataría de subespecialidades —que las hay— como también sucede por ejemplo, en las ciencias médicas. 304

35. Jurisprudencia.— (Del latínyw/ú, justicia y prudentia, conocimiento). También este vocablo es usado en dos sentidos: 1) Como sinónimo de Ciencia del Derecho. Este es el sentido clásico de la palabra, aunque ya no tan usado. Por ejemplo, en nuestro país, la actual Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tuvo su antecedente inmediato en la Academia de Jurisprudencia teórico-práctica, fundada en 1815 gracias a la labor de Manuel Antonio de Castro. Posteriormente, al fundarse la Universidad de Buenos Aires en 1821, el Departamento de Jurisprudencia, fue una de sus escuelas; 2) Designando una de las fuentes formales del derecho: la constituida por el conjunto de resoluciones de los tribunales (v. Cap. 14). En este sentido se habla, por ejemplo, de jurisprudencia uniforme o contradictoria, etc. 36. Magistrado.— (Del latín inagistratus, magistrare, gobernar, conducir). Se emplea en dos acepciones: 1) Sentido amplio: toda persona que desempeña una función pública importante. Por ejemplo: el Presidente de la República, a quien suele denominarse "primer magistrado". 2) En un sentido más restringido y propio, designa los funcionarios encargados de hacer justicia, es decir, a los jueces. 37. Juez.— (Del latín iudex —ius y dicere— el que dice el derecho): es todo funcionario con potestad para juzgar y sentenciar. Los pertenecientes a tribunales colegiados, suelen ser llamados entre nosotros, camaristas, con excepción de los miembros de la Corte Suprema, a los que se denomina ministros. Los jueces pueden ser letrados o legos, según que sea o no indispensable el título de abogado para desempeñar el cargo. Como es evidente, lo ideal es que todos los jueces sean letrados; no obstante ello, cuando no hay profesionales para dicha tarea en ciertos lugares (o no los había a lo largo de la historia), se nombran jueces legos, sobre todo para juzgar en pueblos de cierta importancia, los llamados asuntos "de menor cuantía" y, a veces, otros temas, según las circunstancias (son los que tradicionalmente se llaman "jueces de paz"). Cuando el juzgador es designado por las partes, recibe el nombre de arbitro y, como no tiene jurisdicción (v. índ. alfab.), sus decisiones (laudos), deben ser en su caso, aplicadas por los jueces ordinarios. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraVOCABULARIO uso Didáctico y Científico PEQUEÑO JURÍDICO 305 - Cap. 9 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 38. Jurado.— Tiene dos acepciones: 1) Órgano judicial colegiado, compuesto por ciudadanos legos {es decir no letrados, pero sí con una educación mínima), elegidos en general por sorteo entre los registrados a tal efecto, y cuya finalidad es emitir un veredicto (no sentencia), en los procesos penales, sobre cuestiones de hecho. Tales hechos son los que deben servir de base a la aplicación de la ley penal. En otros sistemas judiciales (p. ej., EE.UU.), el jurado debe emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia del acusado. Quede pues bien aclarado que la aplicación de la ley penal, en la sentencia pertinente, corresponde al juez, que debe ser abogado. El juicio perjurados, de hondo arraigo en los países anglosajones, nunca tuvo vigencia entre nosotros, a pesar de que la Constitución Nacional dispone que debe ser establecido (arts. 24; 75, inc. 12; y 118). Sin entraren la polémica entre juradistas y antijuradistas, e inclusive para que el lector interesado pueda formarse su propia opinión, cabe hacer presente un aspecto importante de dicho sistemajudicial, que es el siguiente: previos los trámites de práctica, los integrantes del jurado votan por sí o por no, siguiendo el método de las libres convicciones (v. Cap. 23, párr. 84,2), y sin dará conocer losfundamentos de su voto. Esto es criticable por ser contrario a la garantía de una justicia objetiva, a que tiene derecho todo habitante, al menos en un Estado constitucional, ya que la sociedad debe saber por qué se condena o se absuelve a un acusado. Este requisito debe cumplirse en las sentencias de todo juez de un país constitucional, como el nuestro por ejemplo, ya que una de las condiciones para la validez de las sentencias judiciales, es que tengan fundamentos suficientes (v. p. ej., el art. 123 del Cód. Procesal Penal de la Nación), pues en caso contrario son nulas por arbitrariedad. 2) Cada uno de los miembros de esos tribunales populares. 39. Jurisconsulto.— (Del latín jurisconsultus): se dice particularmente del abogado de gran experiencia y preparación científica, que se dedica a escribir sobre el derecho y a resolver consultas que se le formulen. 40. Jurista.— Es en cambio el profesional del derecho profundamente versado en el conocimiento de las leyes y cuerpos legales. Como dice Roque Barcia con extraordinario acierto, "el abogado debe ser probo, diligente, entusiasta; ...el jurisconsulto, prudente; eljurista, erudito. Hay muchos abogados; ...hay muy pocos jurisconsultos; es muy raro encontrar un jurista" ". 41. Conclusión.— El lector habrá podido observar con estos ejemplos, cuan numerosas son las palabras multívocas en el vocabulario jurídico; de ahí la conveniencia y necesidad de aclarar el sentido en que se las emplea, cuando puedan prestarse a más de una interpretación. Suele ocurrir —caso típico es la expresión derecho subjetivo— que dos personas estén discutiendo sobre un punto y empleen los vocablos, cada una en un sentido diferente. ¡ Como para entenderse entonces! Lo mismo ocurre en muchos libros, en que el autor, a veces en una misma frase, emplea una palabra en dos sentidos diferentes, produciendo así confusiones y conceptos erróneos, sobre todo en los estudiantes que recién inician la carrera.

Sinónimos Castellano.':, Buenos Aires, 1944, vocablo abobado..., pág. 18.





CAPÍTULO 10

DERECHO POSITIVO Y DERECHO VIGENTE

1. Aclaración previa.— Hay al respecto dos posiciones fundamentales: 1) Autores que no los diferencian (Del Vecchio, Kelsen, Cossio, etc.), y 2) Autores que los diferencian (Stammler, García Maynez, etc.). Dentro de esta segunda posición, hay una extraordinaria variedad de matices y cabe hacer notar que muchos autores (Legaz y Lacambra, García Maynez, Recaséns Siches, etc.), hacen intervenir también el concepto de validez (párr. 11), con lo que el asunto se complica del todo. Por mi parte considero que ninguna de estas distinciones resiste una crítica rigurosa, por la sencilla razón de que no explican en su totalidad lo que sucede en la vida jurídica y una teoría que no explique satisfactoriamente la realidad del derecho, debe desecharse. Por eso voy a exponer primero mi clasificación —que encuadra en el segundo grupo— para citar después algunas de las otras. 2. Concepto.— En síntesis, el planteo es el siguiente: 1) Vigente: es el derecho efectivamente cumplido por la población. Derecho Positivo 2) No vigente

a) actual. P. ej. una ley promulgada que no se aplica todavía. b) histórico. P. ej. el Derecho Romano.



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3. Derecho positivo.— Si como he manifestado reiteradamente, el único derecho es el derecho positivo, resuha claro que la misma expresión "derecho positivo " es pleonástica. No obstante, tiene su justificación histórica —y en parte actual por el renacimiento de la teoría del derecho natural '— porque con la adjetivación "positivo", se quería evidenciar la oposición a los que hablaban del derecho natural. Cabe reconocer además que en la práctica, se habla corrientemente de derecho positivo, en el sentido explicado. Pues bien, para que sea más claro aún, diré que es el sistema de normas coercibles, que han regido o rigen la convivencia social (o si se quiere, la conducta humana en su interferencia intersubjetiva). La expresión "positivo", hace referencia etimológicamente a alguien que lo "pone" o establece, porque en realidad, el derecho es establecido por quien tiene facultad para hacerlo. En este concepto, es indudable que toda clase de normas jurídicas (leyes, jurisprudencia, contratos, testamentos, costumbres, etc.), sin interesar su diverso origen real, constituyen en conjunto lo que se denomina derecho positivo. Quedamos en que el origen real de donde procedan las normas, no interesa en este momento. En efecto, pueden haber surgido en forma espontánea, como las normas consuetudinarias; o bien en forma reflexiva, como la ley, la sentencia judicial, el contrato, etc. 4.— Obsérvese que el concepto de validez no interviene para nada, porque entendida desde un punto de vista lógico-formal, tal como explica Kelsen, puede perfectamente haber una ley —derecho positivo— que haya sido promulgada en debida forma, pero que no sea derecho vigente por no haber sido acatada por la población, ni aplicada por los jueces; en cambio, si se produjera el caso inverso, nadie podrá negar que es derecho vigente. 5.— El derecho positivo puede ser: 1) Vigente: es el que rige efectivamente la convivencia social en un lugar determinado ya sea por cumplimiento voluntario de la población o en virtud de ser aplicado por los funcionarios competentes (en definitiva por los jueces). Por ejemplo, los artículos del Código Penal referentes a los delitos de homicidio, robo, etc., que se aplican a cada momento. 2) No vigente: por el contrario, es el que no tiene efectivo acatamiento ni aplicación, pero, dentro de este sector, corresponde distinguir dos situaciones distintas: 6.— a) El no vigente "actual". Sería por ejemplo el caso de una ley sancionada en debida forma, pero que no ha alcanzado todavía efectiva aplicación, '

Véase RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 479.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada usoYDidáctico y Científico DERECHOpara POSITIVO DERECHO VIGENTE 309 - Cap. 10 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

es decir, que no ha adquirido vigencia. Un caso típico entre nosotros, es el constituido por las normas penales referentes al duelo, puesto que los duelistas se baten, sale en los periódicos, etc. y ni siquiera se los procesa. Esta situación, indudablemente, no puede plantearse con relación a las normas consuetudinarias, puesto que para ser tales, deben ser cumplidas en la realidad de la vida social; por eso, la costumbre jurídica, o es derecho positivo vigente o es derecho positivo histórico. 7.— b) El no vigente histórico; es el caso del Derecho Romano, o sin ir tan lejos, el de cualquier ley derogada que no tenga aplicación alguna, etc. 8. Otras teorías.— Citaré sólo algunas, para que el lector tenga una idea más concreta de la multiplicidad de opiniones al respecto y también para que pueda de este modo formar su propia opinión. I) Grupo que los identifica: - Del Vecchio, que define el derecho positivo como el sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. - Kelsen, por su parte, dice que la eficacia, vigencia y positividad, consiste en que las normas serán realmente obedecidas y aplicadas. - Cossio los identifica también, porque sosteniendo que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, es lógico que el único derecho sea ése ^. 9.— II) Grupo que distingue: - Staminler dice que derecho positivo es aquel que regula jurídicamente aspiraciones concretas; en cambio, derecho vigente es sólo una parte del derecho positivo: aquél posible de ser implantado '. - Para García Maynez, derecho vigente es "el conjunto de normas imperativo-atributivas que en una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara obligatorias" "*. En cambio, derecho positivo es el que efectivamente se cumple, sea o no vigente '. Como vemos, esta teoría, si bien distingue ambos conceptos, los define en forma poco más o menos opuesta a la sustentada por mí. - Para otros autores, derecho positivo es el legislado, en oposición al consuetudinario. - Puede verse al respecto Lxi Teoría Eífolóaica..., cil. pág. 478; Teoría de la Verdad Jurídica, Buenos Aires, 1954, pág. 180 y esp. 183. Tratado de Filosofía del Derecho, Moiáná, 1930, págs. 181 y 182. Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 37. ídem, pág. 38 infine.


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10. Ramas del derecho positivo.— Véase el Capítulo 19. 11. Validez del derecho.— Este concepto ha sido magistralmente aclarado por Kelsen y, como ha sido ya explicado, allí remito al lector (v. Cap. 7, párr. 5). Aquí reiteraré que la fuente de validez de una norma jurídica, se encuentra en otra norma jerárquicamente superior. Para el jurista, por lo tanto, es éste un problema lógico-formal.



CAPÍTULO 11

FUENTES DEL DERECHO

SECCIÓN PRIMERA

FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL 1. Aclaraciones previas.— Antes de entrar en materia, conviene advertir que al hablar de "fuentes del derecho", se hace referencia al único derecho que existe, es decir, al derecho positivo; en consecuencia, vamos a estudiar las fuentes del derecho positivo. Con esta aclaración y recordando lo que debe entenderse por derecho, así a secas, me parece superfluo hablar de "fuentes del derecho objetivo". Por otra parte, esto puede conducirnos a pensar que el problema se bifurca en las fuentes del derecho objetivo y del subjetivo, lo que no es exacto, pues este último es un problema distinto del que aquí nos interesa (v. Cap. 6). 2. Acepciones de la expresión "fuentes del derecho".— Es ésta una locución multívoca; por eso, antes de dar el concepto de fuentes en el sentido que aquí nos interesa (fuentes formales), es conveniente precisar las distintas acepciones en que se emplea esta expresión y, dentro de ellas, la que vamos a tratar en este capítulo. El no aclarar bien estos aspectos, distinguiendo los distintos enfoques de que es susceptible este problema (sociológico, dogmático, filosófico, etc.), ha sido y es causa de extraordinarias confusiones que trataré de evitar, porque bajo un mismo rótulo, se tratan problemas muy diferentes. Pues bien, esta expresión se emplea para designar: 1) Las llamadas más propiamente/ae/itóí de conocimiento o históricas: son los documentos (inscripciones, papiros, libros, colecciones legislativas, etc.), que contienen el texto de una ley o conjunto de leyes. Por ejemplo: las Instituías, el Digesto, etc., son fuentes de conocimiento del Derecho Romano. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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3.— 2) Designando las fuentes de producción: algunos autores emplean esta expresión para establecer una diferencia con las fuentes de conocimiento y enumeran como tales algunas de las que analizaré de inmediato; otros no lo hacen, por entender que se agrupan bajo esta denominación, una serie de cuestiones heterogéneas. No entraré a discutir este asunto y, simplicitatis causa, seguiré analizando los distintos sentidos en que se emplea la expresión "fuentes del derecho". 4.— 3) Desde un punto de vista general y filosófico —como dice Del Vecchio— puede afirmarse que la fuente primaria e inagotable, la fuente de las fuentes del derecho, es el espíritu humano '. Ello se explica porque el derecho es un objeto cultural, es decir, una obra del hombre. 5.— 4) Para designar a la autoridad creadora del derecho: por ejemplo, se dice que el Congreso es la fuente de las leyes; el poder constituyente de la constitución; etc. 6.— 5) El acto creador del derecho. En este sentido se habla de la costumbre, en tanto que hecho social, del acto legislativo, etc., como fuentes del derecho. 7.— 6) Con referencia a \afuente del contenido de las normas: son las 11axn&áas, fuentes materiales o reales, que pueden ser definidas como los factores y elementos que determinan o al menos condicionan el contenido de tales normas. Estos factores son las necesidades o problemas (culturales, económicos, gremiales, etc.), que el legislador tiende a resol ver y, además, los fines o valores que el legislador quiere realizar en el medio social para el que legisla. Cabe hacer notar que también influye el factor subjetivo, es decir, la personalidad misma del legislador o los legisladores, conformada —entre otros elementos— por el sentimiento jurídico. Esta fuente material contribuye no sólo a conformar el contenido de la legislación, sino también de la jurisprudencia, pues como dice Legaz y Lacambra - "el sentimiento jurídico se hace más patente en los grados inferiores de la escala jurídica que en los superiores, porque estos, referidos a la generalidad de los casos, requieren una formalización más abstracta y racionalista que la decisión individual, más en contacto con la intuición y el sentimiento". Como ha podido apreciarse, se entrecruzan en este concepto, elementos sociológicos, políticos, psicológicos, etc. ' -

Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 362. Introducción a la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1943, pág. 349.


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8.— 7) En el sentido áefuentes formales, es decir, con referencia a las distintas maneras de manifestarse la normas jurídicas (ley, jurisprudencia, contratos, etc.), problemaque será analizado detalladamente en los párrs. 15 y siguientes, por ser el tema central de nuestro estudio. García Maynez' explica gráficamente la relación entre las fuentes materiales y las formales, diciendo que éstas constituyen el cauce o canal por donde corren y se manifiestan aquéllas. 9.— 8) Desde un punto de vista predominantemente sociológico, Georges Gurvitch ha formulado su "teoría pluralista de las fuentes del derecho". Llega a distinguir este autor no menos de diez fuentes diversas: costumbre, estatuto autónomo, ley estatal y decreto administrativo, práctica de los tribunales, práctica de otros organismos que no sean los tribunales, doctrina, convenciones, declaraciones sociales (programas, promesas), etc. Este agrupamiento de fuentes, no reviste mayor importancia, porque según habrá observado el lector, carece de un riguroso criterio científico, pues agrupa fuentes materiales, formales, etc., que —evidentemente— son cosas distintas. 10.— 9) Se habla también de fuentes del derecho, para referirse a lo que con más propiedad debe llamarse/M^/iíe de validez. Como este tópico ha sido tratado (Cap. 7, párr. 5 y Cap. 10, párr. 11), no insistiré al respecto. 11.— No obstante ello, como también se dice que la fuente de validez del derecho, es la voluntad del Estado, haré una ligera referencia a esta expresión. Si se identifica el Estado y el derecho, siguiendo latesis kelseniana, no hay inconveniente alguno y la fuente de validez de cualquier norma jurídica, será siempre una norma jerárquicamente superior. Por su parte, si se distinguen ambos conceptos, el resultado será el mismo; en efecto, al decirse que la fuente de validez del derecho es la voluntad del Estado, quiere significarse que no hay norma que sea propiamente jurídica, si el Estado no la autoriza en una u otra forma. Pero como la voluntad del Estado, se concreta a través del derecho, resulta que nos encontramos con el mismo problema anterior, aunque se lo llame de distinta manera. En conclusión, no hay duda de que el problema de la fuente de validez y el de las fuentes formales del derecho, son distintos: prueba de ello es que respecto de cualquier fuente formal —una ley p. ej.— cabe preguntarse por su fuente de validez. 12. Fuentes originarias y derivadas.— Insertaré aquí esta clasificación tan corriente, con la expresa advertencia de que en ella, bajo la denominación de fuentes, se incluyen objetos de distinta esencia, lo que le quita todo rigor lógico. Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 52.


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Con esta aclaración y atendiendo a que las normas se dicten o no apoyándose en normas anteriores, se distingue: 13.— a) Fuentes derivadas: son - La ley, empleada aquí la expresión en sentido amplio (v. índ. alfab.), por lo menos en principio; y - \.dL jurisprudencia, en cuanto surge dentro del marco más o menos amplio de la ley. b) Fuentes originarias: - La costumbre jurídica, pues surge espontáneamente de la convivencia social. - ha. justicia y la equidad, citadas por algunos, porque ninguna ley dice en qué consisten ambas (advierta el lector que aquí se hace referencia a una fuente material). - La conquista. Por ejemplo, la fuente originaria del derecho indiano, fue, en este sentido, la conquista de América por los españoles. - La ocupación originaria. Por ejemplo, el establecimiento de colonias en lugares deshabitados y, por lo tanto, carentes de derecho. Es célebre al respecto el caso de la colonia Pitcairn, constituida en esa isla polinésica, por unos marinos ingleses amotinados, en 1790. - La revolución, pues —como dice Cossio— produce la ruptura de la lógica de los antecedentes, implicando una norma fundamental en sentido kelseniano, que da validez a todo el nuevo derecho, aunque siga en vigencia gran parte del anterior. Prácticamente, casi todos los regímenes jurídicos de la actualidad, han surgido de revoluciones. 14.— Obsérvese que en los tres últimos casos, se emplea la expresión fuente en el sentido de heciio social que fundamenta prácticamente la validez del nuevo régimen jurídico, tratándose aquí de fuentes originarias, porque no están reguladas en ningún ordenamiento. Por ejemplo, la revolución triunfante, es fuente originaria de la validez política y también jurídica (en cuanto crea una nueva norma hipotética fundamental), de todo el nuevo derecho, porque en realidad, el órgano-fuente de las normas, es aquí el gobierno defacto surgido de la revolución.

SECCIÓN SEGUNDA

FUENTES FORMALES DEL DERECHO (EN GENERAL) 15. Aclaraciones previas.— El derecho positivo es un sistema de normas que reconocen orígenes distintos. En efecto, unas son dictadas por el legislador http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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(leyes); otras por el juez (sentencias); otras, en fin, surgen directamente de la convivencia social (normas consuetudinarias); etc. 16.— Comúnmente se dice que las fuentes formales del derecho son: 1) la ley (en el sentido amplio de norma legislada); 2) la costumbre jurídica. Al respecto debo aclarar que se habla de costumbre jurídica por la fuerza de la tradición, pero en realidad, la fuente formal es la norma jurídica consuetudinaria, es decir, la norma jurídica implicada en toda verdadera costumbre jurídica (v. Cap. 13); y 3) \a. jurisprudencia, entendida aquí la expresión como el conjunto de sentencias de los jueces o tribunales. Algunos autores enumeran \a.doctrina como fuente formal, pero, por mi parte, considero que se trata de un error, porque la doctrina (entendida como las soluciones elaboradas por los estudiosos del derecho, sea para resolver un caso, sea un proyecto de ley, etc.), no es una modalidad del derecho positivo, es decir, no es fuente formal, sino fuente material y, en tal carácter, podrá por ejemplo, inspirar el fallo de un juez, una ley del Congreso, etc. 17.— Si bien desde el punto de vista lógico, todas las normas son exactamente iguales, puesto que todas son juicios del deber ser, no ocurre lo mismo desde un punto de vista jurídico-positivo; en efecto, en este terreno la cuestión ya cambia, e interesa distinguirlas por la importancia diferente que pueden tener en un régimen jurídico determinado, sea en general, o con relación a alguna rama jurídica en especial. 18.— La distinción de las normas jurídicas en leyes, costumbres, etc., nos conduce a la siguiente pregunta: ¿cuál es el criterio discriminatorio de esta clasificación? Evidentemente es el origen o fuente (empleada más bien aquí la expresión en el sentido de órgano productor) de que cada una fluye, porque si en lugar de ello, enfocáramos, por ejemplo, el contenido, tendríamos que hablar de normas penales, comerciales, del trabajo, etc. 19. Concepto.— Son los distintos modos de manifestación del derecho positivo, o si se quiere, de las norm-á?, jurídicas enfocadas con relación a su origen. Obsérvese que digo normas jurídicas y no otra cosa, como sería por ejemplo, un proyecto de ley que, si bien tiene la forma lógica del derecho, no pasa a ser tal hasta la promulgación por el órgano respectivo. Por lo tanto, estudiar las llamadas 'Juentes formales de las normas jurídicas", es estudiar las normas jurídicas con referencia a su origen o fuente (en el sentido de órgano), y no las fuentes de donde ellas surgen (como sería p. ej., el Parlamento, en el caso de la ley); más sencillamente y aunque parezca extraño, el estudio de las "fuentes" del derecho es el estudio del derecho mismo en relación a sus fuentes y no el estudio de las fuentes en sí mismas. Esto se debe a que http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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—¡cuándo no!— ]aáenom\nac'iónfuentes del derecho, si bien gráfica y acertada con respecto a las fuentes materiales, no lo es con respecto a las llamadas "fuentes" formales, porque decir "fuentes" del derecho, y estudiar como fuente el derecho mismo —p. ej. la ley— es aceptar como nombre una expresión que encierra en sí misma un absurdo, puesto que equivale a decir que estudiamos "el derecho" del derecho. 20.— En consecuencia, me parece que sería más aceptable la expresión "manifestaciones o modalidades del derecho positivo"; de este modo, la terminología, además de reflejar cabalmente su significado, guardaría uniformidad con lo que se llama manifestaciones del derecho subjetivo o facultad jurídica. 21.— Algunos autores, por ejemplo Legaz y Lacambra, dejándose llevar quizá por la denominación equivocada, dicen que las fuentes formales son los "actos de creación del derecho " "*, o más detalladamente aún, como dice el autor citado, "todo acto de creación jurídica constatable de modo indubitable en la experiencia histórica del Derecho, por medio del cual una intuición o un pensamiento jurídico es transmutado en norma de derecho, o por el que una cierta realidad vital-social se convierte en realidad jurídica" '. A mi criterio se trata de un error, porque los actos de creación podrán síUdmarse fuentes, pero no son las llamadas impropiamente fuentes formales. 22. Enumeración y clasifícación.— Al enumerarse las distintas fuentes del derecho positivo (es decir, sus modalidades), se citan la ley, lajurisprudencia y la costumbre jurídica, que analizaré en los capítulos siguientes. Estas son —lo repito para que el lector lo tenga muy en cuenta— las que se citan en general. Pero, ¿y el contrato?, ¿no es acaso derecho positivo?, evidentemente sí, aunque con la particularidad de que rige para un número limitado de personas, que pueden ser dos como mínimo. Lo mismo podría decirse del testamento, etc., aunque por supuesto, me refiero a los testamentos y contratos de la vida jurídica y no al régimen legal de ambos, que queda comprendido en la ley. 23.— Por eso creo que Xa^ fuentes formales pueden agruparse así:

Ob. di. en nota 2, pag. 345. ^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ot). cii., en nota 2, pág. 346.


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Generales Fuentes formales o modalidades del derecho positivo

- leyes (en sentido amplio), pero generales; - costumbre jurídica; -jurisprudencia uniforme.

- leyes particulares (p. ej., la que concede una pensión graciable); Particulares - voluntad(contrato, testamento, etc.); - sentencia aislada.

De esta manera se ve más claro que los autores, al hablar de fuentes formales del derecho positivo, se refieren en realidad a las modalidades generales, sin hacer mención de las particulares. A mi entender, se trata de un enfoque incompleto del problema, pues deja fuera de consideración una gran parte del derecho positivo. 24.— En capítulos sucesivos, me ocuparé de las modalidades generales del derecho positivo: la ley, entendida la expresión en sentido amplio (Cap. 12); la. costumbre jurídica (Cap. 13); Xa. jurisprudencia (Cap. 14); y, además, analizaré brevemente una fuente material: la doctrina.

SECCIÓN TERCERA

JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN LOS DOS SISTEMAS JURÍDICOS DEL MUNDO 25. Aclaraciones previas.— Pasando ahora del plano filosófico al de la Historia Jurídica y de la Teoría General del Derecho, conviene hacer una breve referencia sobre el tema del epígrafe, antes de comenzar el estudio de las fuentes formales en particular (ley, costumbre, etc.). 26. Jerarquía de las fuentes formales a través de la historia.— El respectivo orden de prelación ha evolucionado en general de la siguiente manera: 1) La primera fuente formal ha sido la costumbre jurídica; en efecto, tal es lo que sucedió en los pueblos primitivos, en los que la costumbre jurídica fue la única fuente del derecho.


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2) Luego aparece la jurisprudencia interpretativa de las citadas costumbres primigenias. Dicha jurisprudencia comenzó a surgir en los casos de conflicto, es decir, cuando se planteaba el problema de saber cuál era la costumbre que debía ser respetada, sus alcances, etc. En tales situaciones la respectiva comunidad empezó a realizar dicha tarea, a través de los órganos competentes que comenzaron a formarse, es decir, de los primerosyw^ceí. Así comenzó pues, la coexistencia de ambas fuentes formales. 3) Más adelante surgió la ley que, si bien al principio tuvo un papel subordinado a la costumbre jurídica, posteriormente y en un lento proceso que duró varios siglos, alcanzó en algunos países la jerarquía de fuente más importante, relegando la costumbre a un segundo lugar. Pero esto no ocurrió de igual manera en todas partes (p. ej., en Inglaterra), y es precisamente esta diferencia en los distintos procesos evolutivos, lo que llevó a configurar los dos sistemas jurídicos que actualmente hallamos en el mundo civilizado, según veremos en el párr. 27. Con la evolución referida hemos llegado a la coexistencia de las tres fuentes formales, pero resultará útil tener presente que la jurisprudencia debió ampliar su alcance a la interpretación de las leyes dictadas, o mejor aún, de todas las normas jurídicas en caso de conflicto; en efecto, llegó un momento en que debió interpretar hasta las propias normas jurisprudenciales anteriores, para decidir en algunas situaciones sobre la procedencia o improcedencia de su aplicación a los nuevos casos semejantes que se iban planteando, como se apreciará mejor cuando estudiemos esta fuente formal (v. Cap. 14). 27. Jerarquía de las diversas fuentes en los dos sistemas jurídicos del mundo.— Estos últimos —y ya en el ámbito de la Teoría General del Derecho— son los siguientes: 1) El llamado sistema continental (europeo, se sobrentiende), de origen romano, cuyo carácter destacado consiste en que la ley es, en general, la fuente más importante del derecho, como sucede por ejemplo en nuestro país. Para comprender el origen y conformación de este sistema, resulta ineludible estudiar la historia del Derecho Romano, pero en cuanto a la denominación de sistema continental, se debe al lugar donde comenzó a regir y rige actualmente, sin perjuicio de que además permite diferenciarlo del otro sistema jurídico (el common law) que por haber nacido en las islas británicas, es también llamado sistema insular. 2) El common law o sistema anglosajón, en el que la jurisprudencia es, en general, la fuente más importante del derecho. Para evitar cualquier malentendido, cabe aclarar que en el ámbito anglo-estadounidense, el vocablo jurisprudencia es usado para designar a la Ciencia del Derecho; en cambio, denominan precedentes judiciales a esa fuente formal que nosotros llamamos jurispruden-


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cia. En los capítulos siguientes serán profundizados estos temas (v. especialmente el Cap. 15, párrs. 1 a 6).

SECCIÓN CUARTA JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN EL DERECHO ARGENTINO 28. Noción general.— Como en los capítulos que siguen explicaré las disúntas fuentes formales del derecho, ejemplificando con lo que sucede al respecto en nuestro país, resultará útil para comprender el tema, saber cuál es la jerarquía de tales fuentes en el derecho argentino, antes de iniciar el estudio mencionado. Pues bien, la "Constitución de la Nación Argentina", desde la reforma de 1994, por ser el nuestro un Estado federal, establece dos clases de fuentes formales en el derecho argentino, que son: a) las nacionales ^, que rigen para todo el país; b) las locales, que sólo rigen dentro de sus respectivos territorios y que, a su vez, pueden ser: h^) provinciales, que rigen sólo en las provincias (art. 31); y b-)\asdela Ciudad de Buenos A ires, que sólorigendentro de ella (art. 129). 29. Fuentes formales nacionales.— Son las siguientes: V) la Constitución Nacional (art. 31); 2") los tratados internacionales (v. Cap. 25, párr. 15, inc. 1); 3^) las leyes nacionales (art. 31, Const. Nac. —v., además. Cap. 14, párr. 62—); 4") la costumbre. En general, ver el art. 17 del Código Civil y, en particular, suele haber normas especiales en las distintas ramas del derecho (v. Cap. 13, párrs. 15 y sigs.); 5") principios de leyes análogas (art. 16, Cód. Civ. —v. Cap. 16, párr. 68—); 6^) principios generales del derecho (art. 16, Cód. Civ. —v. Cap. 16, párr. 70—). 7^) \SL jurisprudencia (v. Cap. 14, esp. párrs. 22, 23 y 42 a 44); 8^) como fuente material (v. Cap. 11, párr. 7), \a.doctrina (v. Cap. 14, párrs. 87 a 89).

* Sobre el significado del vocablo "nacional", v. Cap. 14, párr. 60 y sigs.





CAPÍTULO 12

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR. LA LEY SECCIÓN PRIMERA LA LEY EN GENERAL 1. Aclaraciones previas.— En la actualidad, el término "ley" es empleado prácticamente en todos los campos científicos; prueba de ello es que se habla no sólo de leyes jurídicas, sino también morales, económicas, políticas, naturales, sociológicas, etc. (párrs. 5 y sigs.). Pero en su origen, la palabra ley perteneció al campo jurídico, como se comprobará al estudiarse la etimología. De allí pasó a las ciencias naturales y, después, sobre todo por obra del positivismo, a las ciencias sociales. 2. Etimología.— (Del latín lex): a este respecto, no hay acuerdo entre los autores: a) Para unos, lex deriva del latín ligare, dado que la ley "liga" a los hombres en su actividad. b) Para otros —la mayoría— proviene del verbo legere (leer) y, por lo tanto, ley es, etimológicamente, aquello que se lee. Esta etimología se explica, porque en la época de la República romana, mientras el derecho consuetudinario no era escrito y se conservaba en la memoria de los hombres, la ley, por el contrario, estaba escrita (jus scriptum), o mejor dicho, grabada en tablas de mármol, bronce, etc., que sefijabanen lugares públicos (p. ej. el tabularium del Capitolio, en Roma), para que el pueblo las leyera y, conociéndolas, las cumpliera mejor. De ambas teorías, me parece más probable la segunda, pues como dice Orgaz ', "aunque ambas etimologías .se refieren a hechos ciertos y bien interpretados, es evidente que el leer debe haber sido la base etimológica de ley, pues para llegar a la noción de iigamen de voluntades' se requería cierto esfuerzo de abstracción que no es fácil concebir en pueblos antiguos". 3.— Hoy día se llama en general al derecho legislado (párr. 14), derecho escrito y, al consuetudinario, derecho no escrito. Esto, si bien se explica en las épocas primitivas, como he dicho, hoy ya no tiene razón de ser, puesto que las costumbres se conservan también por '

ORGAZ, Arturo, Diccionarii) Elemenlal de Derecho y Ciencias Sociales. Córdoba, 1941. pág. 325.


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escrito. Por lo tanto, en vez de tomar como punto de referencia para la denominación, algo tan accidental como la escritura, creo preferible referirme a los distintos procesos formativos de las diferentes normas y llamarlos derecho legislado (al "escrito") y derecho consuetudinario (al "no escrito"). 4. Concepto.— En términos generales, ley es la expresión de las relaciones existentes entre hechos o grupos de hechos. En efecto, una ley física como la que dice: "el calor dilata los metales", significa que, dado el hecho del calor aplicado a un metal, se producirá otro hecho: la dilatación del metal. Lo mismo ocurre con una ley jurídica (aunque la relación sea de otro tipo) y, así por ejemplo, la norma que incrimina el hurto, dice que dado el hecho de un hurto, deberá tener lugar otro hecho: la sanción correspondiente. 5. Clasificación general de las leyes.— No es posible entrar al análisis de los caracteres de "la ley" en general, dados los distintos terrenos en que se aplica el vocablo; por lo tanto, hay que establecer previamente a qué clase de leyes se hará referencia, porque los caracteres serán distintos. En general, pueden distinguirse: 1) leyes naturales; 2) leyes sociológicas; y 3) leyes de conducta, o más propiamente, normas. 6.— 1) Leyes naturales. A este respeto hay que distinguir dos concepciones: a) la tradicional: las leyes naturales expresan una certeza absoluta y, por lo tanto, sin excepciones. Más concretamente, sostiene que son el reflejo de las relaciones necesarias y constantes entre fenómenos naturales, de manera tal que cuando aparece el primer hecho o fenómeno de la relación (causa), inexorablemente se producirá el segundo (efecto). En esta concepción, las leyes naturales expresan algo que ha sido, es y será siempre igual, no existiendo por lo tanto, la posibilidad de excepciones. En tal sentido, ya Montesquieu dijo que "son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas". Posteriormente se produjo una evolución que consistió en agregar un requisito, según el cual para que producida la causa se produzca el efecto enunciado en la ley natural, es necesario que se den las mismas condiciones ambientales. h) la actual: las leyes naturales son probabilísticas. Esta evolución se ha producido sobre todo en el ámbito de la Física, que es una ciencia en la que siempre se ha reconocido la máxima exactitud de sus conocimientos y, una de las manifestaciones de ese carácter, consistía en la vigencia del principio de causalidad en dicho ámbito, con igual pretensión de exactitud. Sin embargo, en la Física actual, sobre todo en la atómica (que estudia la estnictura de la materia), se ha llegado a la conclusión de que las cosas no son así, vale decir que el determinismo absoluto no existe y que, por el contrario, siempre hay un margen de indeterminismo, que implica la posibilidad de que existan excepciones, aunque dicho margen pueda ser, en algunos casos, muy pequeño. Ese indeterminismo natural, deriva quizá de que la naturaleza va experimentando cambios que, por lo general, son imperceptibles, sin perjuicio de que a veces sean violentos, como los terremotos por ejemplo, todo lo cual puede impedir que se repitan las mismas con-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 323-Cap. 12 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN diciones anteriores, y de que sólo sean similares cuando se produce un fenómeno-causa, razón por la cual, el efecto no será el mismo. En síntesis, por los factores indicados se considera actualmente que las leyes naturales, son probabilísticas. Por lo manifestado, es un error el uso en el ámbito científico-jurídico, de vocablos propios de las ciencias naturales. Así, por ejemplo, es erróneo hablar de "efectos" jundicos de las obligaciones, contratos, etc., cuando lo más adecuado es decir "consecuencias" jurídicas de los contratos o de lo que fuere, porque en estos casos interfiere la libertad humana. 7.— 2) Leyes sociológicas: son la expresión de la relaciones existentes entre fenómenos o hechos sociales (p. ej.: "con la miseria aumenta la delincuencia y la prostitución" —sociología criminal—; "en las multitudes, el sentimiento se suma y el pensamiento se resta"—psicología social—; "el precio de un bien, varía en razón directa de la demanda y en razón inversa de la oferta" —ley económica—; etc.). Pero, y esto es lo importante, no se trata de relaciones muy probables como las expresadas por las leyes naturales, sino de leyes que expresan diversos grados de probabilidad, surgidas de las estadísticas realizadas para formular, cuando corresponde, las respectivas leyes sociológicas. En el mismo sentido dice Orgaz -: la ley sociológica es "la expresión de la regularidad de los procesos humanos, reveladora de un sentido social permanente y armonioso, que se fija en modos tendenciales". Es pues con este alcance que se habla de leyes sociológicas. 8.— Quedamos pues en que estas leyes admiten excepciones y ello se comprende fácilmente con sólo pensar en la gran complejidad de los fenónemos sociales, ad virtiendo que en ellos actúan no sólo causas físicas, biológicas, el medio ambiente social, etc., sino sobre todo, la voluntad humana, que tiene siempre un margen de libre decisión —aunque a veces muy limitado— lo que de por sí excluye el mayor grado de probabilidad, propio de las leyes naturales. Por ejemplo, la exactitud de la primera ley sociológica citada, no impide que haya un santo en medio de la miseria y la prostitución; no obstante, la validez de la ley no queda destruida por la excepción. 3) Normas. Véase el Capítulo 5. 9. Diferencia entre las normas y las leyes sociológicas.— A lo ya dicho sobre este punto (Cap. 5, párr. 4), agregaré otros elementos de juicio para diferenciarlas mejor. Las leyes sociológicas, igual que las normas, se refieren a la actividad del hombre, es decir, a la conducta humana. Interesa entonces distinguir los diferentes ángulos desde los que ambas la enfocan: 10.— a) Las leyes sociológicas —y por lo tanto la Sociología— enfocan ¡a conducta humana como un hecho condicionado por ciertas motivaciones, es decir, enfocan ¡a conducta en tanto ser (con la lógica del ser). Este enfoque reviste singular importancia, puesto que trata de explicamos la conducta de los hombres; en efecto, si bien en toda conducta humana juega en mayor o menor grado la libertad, es obvio que todo hombre actúa condicionado por una serie de factores (económicos, culturales, intelectuales, morales, sentimentaLecciones de InírodiiLcii)» al Derecho y a líis Ciencias Sociales, Córdoba, 1945, pág. 460.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ABELARDO TORRÉ ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN les, etc.) y, desde este punto de vista, su conducta es entonces un "efecto" de esos factores que obran como "causas". 324

11.— b) Las normas, entre ellas las jurídicas, encaran la conducta desde otro punto de vista: el de la libertad, es decir, la conducta en tanto deber ser. En efecto, frente a cualquier situación de la vida el hombre tiene para decidirse una opción entre dos acciones por lo menos (p. ej.: hago tal cosa o no ¡a hago; pago el impuesto o no lo pago; etc.) y esto es cierto ^ a l menos en principio— aun en casos extremos, puesto que hasta el asaltado a quien le dicen ¡la bolsa o la vida!, poniéndole un revólver al pecho, puede preferir luchar y eventualmente morir, antes que entregar la "bolsa". Las normas encaran entonces la conducta en tanto deber ser, o si se quiere, en tanto libertad y prueba de ello es que prevén su posible violación, mediante las sanciones correspondientes. El distinto enfoque se explica, si se considera que las leyes sociológicas tienden a explicar la conducta humana, mientras que las normas —entre ellas las jurídicas— tienden a regirla, dirigirla o encauzarla.

SECCIÓN SEGUNDA

LA LEY JURÍDICA L NOCIONES GENERALES 12. Concepto.— La palabra ley, en el ámbito jurídico, es empleada en tres sentidos fundamentales: I) Sentido restringido o técnico-jurídico: son las normas jurídicas emanadas ¿leí Poder Legislativo con el carácter de leyes. Digo esto último, porque como se trata de un concepto contingente, habría que atender al respectivo derecho (en nuestro país, especialmente a lo dispuesto por la Constitución Nacional), para saber qué requisitos deben llenar tales normas para valer como leyes. Dentro del régimen institucional de separación de poderes —propio de los Estados constitucionales— la función legislativa es propia del Poder Legislativo. En nuestro país, las leyes stricto sensii, pueden ser: nacionales, provinciales o porteñas, según emanen del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales, o bien de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 13.— 2) Sentido amplio (que es el empleado corrientemente enfilosofíadel derecho): designa todo el derecho legislado (o escrito); en otros términos, ley en sentido amplio, es toda norma jurídica instituida deliberada y conscientemente, por órganos que tengan potestad legislativa. Expliquemos esto brevemente. - Norma jurídica: tiene por lo tanto los caracteres de toda norma jurídica (v. Cap. 5, párr. 4).


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- Establecida en forma deliberada y consciente: la ley es una norma esencialmente reflexiva y técnica, lo que la diferencia de la norma consuetudinaria que surge en forma espontánea de la vida social. - Por órganos con potestad legislativa, que representan a la comunidad políticamente organizada; por lo tanto, esta acepción no abarca la jurisprudencia en sentido amplio (v. índ. alfab.), puesto que si bien constituye en esencia una nonrsa elaborada en forma reflexiva, no ha sido establecida por órganos con potestad legislativa, pues los jueces —y por ende el Poder Judicial— carecen de ella. A este sentido se hace referencia cuando se habla de la ley como fuente formal o modalidad del derecho positivo. Comprende pues, no sólo la ley en sentido estricto, sino también la Constitución (o leyes constitucionales donde las hay), los decretos del Poder Ejecutivo, las ordenanzas municipales, los edictos policiales, ciertas resoluciones administrativas del Poder Judicial, puesto que en este caso actúa en uso de facultades legislativas y no propiamente jurisdiccionales, etc. 14.— 3) Sentido amplísimo: designa toda norma jurídica establecida en forma deliberada y consciente. Comprende entonces las normas enumeradas en el párr. 13 infine y, además, la jurisprudencia (en sentido amplio), pero, a su vez, se opone a las normas consuetudinarias, puesto que como he aclarado, surgen espontáneamente. La palabra ley es usada con esta extensión, cuando se opone ley a costumbre, o bien, cuando con palabras equivalentes, se opone derecho legislado a derecho consuetudinario, o derecho escrito a derecho no escrito. Esta distinción bipartita es tradicional, como que viene del Derecho Romano y, según Savigny, se hablaba en Roma áejiis scríptumyjus non scriptum, incluyéndose en el primero el edicto del pretor, aunque se fundase en la costumbre; en efecto, al adoptar el pretor el derecho consuetudinario, lo recomponía y le confería un carácter de certidumbre que para la práctica, le daba el aspecto de un derecho nuevo (escrito) ^. 15.— Algunos autores emplean el vocablo ley, como sinónimo de norma jurídica, comprendiendo entonces en esa denominación, las normas consuetudinarias. Me parece que llamar ley a la costumbre es francamente erróneo y además es una terminología que confunde los conceptos. Yo pienso que si bien toda ley es por supuesto una norma jurídica, no toda norma jurídica es ley, aun empleada esta palabra en sentido amplísimo, pues quedan fuera del concepto las normas consuetudinarias.

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho, Barcelona. 1953. pág. 323.


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El vocablo ley es otra prueba de la anarquía terminológica existente en las Ciencias Jurídicas y de la equivocidad de la mayoría de los términos en ellas empleados. Por eso, aconsejo una vez más al lector que, frente a cualquier discusión o investigación en estas materias, aclare primeramente el sentido y extensión en que se emplean las palabras. 16. Ley en sentido formal y ley en sentido material.— Dentro de la ley en sentido estricto, algunos autores distinguen: 1) Ley en sentido formal: son las decisiones del Poder Legislativo, dictadas según el procedimiento establecido para la elaboración de las leyes, pero que carecen de contenido jurídico (es decir que no se refieren a la conducta humana en su interferencia intersubjetiva). Por ejemplo, la famosa "ley" aprobada por la Asamblea de la Revolución Francesa, afirmando la existencia de Dios y la inmortalidad del alma ("Le peuple frangais reconnait l'existence de l'étre siipréme et l'inmortalitéde l'áme"). En este caso, como es evidente, el concepto se refiere a creencias religiosas que, por ser en esencia pensamientos, no pueden ser objeto de regulación jurídica. 17.— 2) Ley en sentido material: son las decisiones del Poder Legislativo que, además de ser dictadas según el procedimiento formativo de las leyes, tienen el contenido jurídico propio. 18.— En realidad, no hay sobre esta clasificación, general acuerdo. En efecto, para otros autores, - ley en sentido formal, es la ley particular, y - ley en sentido material, la ley general. Esta distinción, reposa en el error de creer que sólo son leyes las leyes generales. En efecto, tan ley es una decisión parlamentaria que concede una pensión, como la que establece un régimen sucesorio, si bien con alcance distinto. 19.— Además, se sostiene también otra opinión, según la cual, - ley en sentido formal, es lo que he denominado ley en sentido estricto (párr. 12), y - ley en sentido material, es lo que he llamado ley en sentido amplio (párr. 13). 20.— En conclusión, puede afirmarse que es ésta una terminología equívoca que debe desecharse, porque la ley —ya sea en sentido amplio o estricto— como todo objeto, debe tener forzosamente para ser ley, una forma y una materia o contenido, es decir, que debe ser al mismo tiempo ley en sentido formal y ley en sentido material (v. párrs. 16 y 17), o en otros términos, debe ser una ley formal-material. Por lo tanto, lo único valedero de todo esto, es la expresión "ley http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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en sentido formal", explicada en el párr. 16, porque evidencia que son declaraciones que sólo tienen de ley, la forma, o si se quiere, el nombre. 21. Ley de nombre específico (código).— Desde el punto de vista técnico legislativo, no hay ninguna diferencia esencial ni jerárquica entre una ley stricto sensu y un Código; por lo tanto, para evitar cualquier confusión, conviene decir que un Código es una ley (p. ej., nuestro Cód. Civil, es la ley 340 de 1869), que sólo se diferencia de las demás por su mayor extensión e importancia. 22. Jerarquía de la ley como fuente del Derecho en el sistema continental.— Si bien en las épocas primitivas la única modalidad del derecho fue lacostumbre, es indudable que hoy día el primer plano corresponde a la ley lato sensu, en los Estados encuadrados en el sistema continental (v. Cap. 11, párrs. 25 y sigs.). Por su parte la costumbre, en general, vale sólo como fuente formal de derecho, cuando la ley lo reconoce. Este desplazamiento culminó con las grandes codificaciones del siglo XlX, que constituyeron el trasunto jurídico de la filosofía racionalista, triunfante con la Revolución Francesa. La preferencia de la ley se explica por varias razones, entre las cuales citaré algunas: a) la mayor rapidez en su elaboración y reforma, lo que permite adaptarla mejor a las necesidades cambiantes de la convivencia social y, lo que es más, incidir en forma deliberada en la orientación del progreso social; b) la ley, por ser elaborada en forma reflexiva, ofrece una mayor certeza y seguridad para las relaciones jurídicas; c) además, por estar consignadas en textos escritos y ordenados, son de más fácil conocimiento que las normas consuetudinarias. 23. Partes constitutivas de la ley.— Bajo este título suele decirse que la ley tiene tres partes: condición, disposición u orden y sanción. - La condición, no es más que el hecho jurídico, que toda norma implica (v. Cap. 5, párr. 59). La condición es pues, el hechojundico que debe cumplirse en la realidad y al que toda norma jurídica hace referencia, para que entre a regir la disposición de la ley (p. ej., el hurto es la condición que debe cumplirse en la realidad social para que se aplique al responsable, la sanción establecida por la ley). - La disposición u orden, es aquello que la ley prescribe. Con esto se hace referencia a los deberes jurídicos que surgen de la ley (v. Cap. 6, párr. 88). A veces, la imperatividad de las leyes no aparece clara por su redacción, pero, no obstante ello, siempre son imperativas por cuanto su cumplimiento es obligatorio (véase en el Cap. 5, párr. 22, la clasificación de las normas jurídicas por su forma gramatical, donde hago referencia a este problema). - Sanción (v. Cap. 5, párr. 72). Crítica. Como se habrá advertido, es éste un planteo incompleto de los conceptos jurídicos fundamentales de toda norma jurídica, problema que ya ha sido aclarado (v. Cap. 5, párrs. 28 y sigs.).


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II. PROCEDIMIENTO FORMATIVO DE LAS LEYES 24. Aclaración general.— Como estamos estudiando las fuentes del derecho, conviene referirse aunque sea a título de ejemplo, al proceso formativo de una de ellas: el de la ley, en sentido estricto. Por otra parte, veremos el proceso formativo de la ley, en un Estado constitucional como es el establecido por la Constitución argentina y no lo que sucede en los Estados autocráticos, en los que el "Parlamento", cuando existe, no tiene de ello más que el nombre. La Constitución argentina se refiere especialmente a este punto en los arts. 77 a 84, con el título "De la formación y sanción de las leyes". 25.— Cabe distinguir en el proceso de elaboración, seis etapas fundamentales: I) Iniciativa. II) Discusión. III) Sanción por el Poder Legislativo. IV) Promulgación por el Poder Ejecutivo. V) Publicación. VI) Comienzo de la obligatoriedad. En el párr. 49, explicaré porqué a mi criterio, es el VI el último de los requisitos necesarios para que el "proyecto cíe ley ", quede convertido en "ley" estrictamente hablando. I) Iniciativa 26. Concepto.— Es el acto de presentar o proponer un proyecto de ley al Poder Legislativo, por quien esté facultado para hacerlo. Concretamente, el proyecto de ley debe ser presentado en una de las dos Cámaras, pero el principio general, como dispone la Constitución Nacional (art. 77), es que puede ser presentado en cualquiera de ellas, salvo las excepciones que la ley suprema establece, vale decir, los casos en que los proyectos referidos a determinados temas, deben ser presentados en la Cámara de Diputados o en el Senado, según el caso. 27. Clases.— Según quién sea el titular del derecho de iniciativa, ésta puede ser: parlamentaria, ejecutiva, judicial o popular. 1) Parlamentaria: es la que corresponde a los legisladores de cualquier cámara. La Constitución argentina la establece en el art. 77: "Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, con proyectos presen-


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tados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución". Las excepciones previstas, vale decir, los proyectos de ley que deben ser presentados exclusivamente en una de las dos Cámaras son: a) En la Cámara de Diputados: a') los referidos a contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 52 de la Const. Nac), con una excepción en cuanto a contribuciones; en efecto, los proyectos referidos a toda ley convenio sobre coparticipación federal de contribuciones, deben presentarse en el Senado (art. 75, inc. 2°, 4° ap.); a-) los proyectos de ley surgidos de la iniciativa popular (v. párr. 30); y a^) los proyectos de ley para convocar a una consulta popular vinculante (art. 40 de la Const. Nac); en efecto, corresponde a la Cámara de Diputados la iniciativa de someter a consulta popular un proyecto de ley que, aprobado por ambas Cámaras, queda convertido en ley de convocatoria a consulta popular, que no puede ser vetada por el P.E.N. En el caso de que el pueblo (en realidad el "cuerpo electoral"), apruebe el proyecto, éste queda convertido "en ley y su promulgación será automática". Como en este caso la ley es aprobada por el cuerpo electoral y no por el Congreso, resulta claro que la consulta popular vinculante es una verdadera manifestación de democracia semidirecta. b) En el Senado: b') los proyectos de ley convenio sobre coparticipación federal de contribuciones (art. 75, inc 2°, 4° ap.); y b-) los proyectos de ley tendientes al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio, así como los que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones (art. 75, inc. 17, 2° ap.). Por otra parte, cabe recordar que en algunos Estados federales, las legislaturas locales tienen también facultad de iniciativa en el Congreso nacional (p. ej., México —art. 71 de la Constitución de 1917, reformada en 1948—). 28.— 2) Ejecutiva o presidencial: la realiza el Presidente enviando a cualquier Cámara el proyecto (art. 77, Const. Nac), con un mensaje fundado y firmado por él, y refrendado no sólo por el jefe de gabinete de ministros, sino también por el ministro del ramo al que se refiera el proyecto (arts. 1(X), 1er. ap. y concs.). Este caso, como el derecho de "veto" y la promulgación y publicación a cargo del Poder Ejecutivo, son otros tantos ejemplos de que el principio de la separación de los poderes no es absoluto, tratándose más exactamente de una separación e interdependencia de poderes.


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29.— 3) Judicial: no existe en nuestro país, para evitar que los jueces intervengan en cuestiones políticas. Es indudable que de poder hacerlo, su imparcialidad e independencia se verían seriamente comprometidas. No obstante, en el Perú, Colombia, Ecuador y repúblicas centroamericanas en general, se les reconoce ese derecho, pero limitado a asuntos judiciales. 30.— 4) Popular: es la que corresponde a particulares o grupos sociales. Ante todo corresponde diferenciarla del derecho de petición, que es otra cosa (art. 14 de la Const. Nac). En efecto, mientras el derecho de petición, no pasa de ser la manifestación de un anhelo y no produce consecuencias jurídicas en lo que se refiere a su consideración formal y obligatoria por el Congreso (que puede no darle importancia), la iniciativa popular, en cambio, cuando ha sido concretada en un proyecto debidamente presentado, obliga al Congreso a su consideración formal, como si se tratase de un proyecto presentado por alguno de sus miembros o por el Ejecutivo. La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, establece la iniciativa popular en el art. 39, que dispone lo siguiente: "Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. "El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. "No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal". La ley reglamentaria dispuesta por el artículo antedicho es la 24.747 {B. O., 24-XII-96). Por su parte, la Constitución de la República Italiana (1947), establece una modalidad de iniciativa popular, en el art. 71, segunda parte: "El pueblo ejerce la iniciativa de las leyes, mediante la propuesta, por lo menos de cincuenta mil (50.000) electores, de un proyecto redactado en artículos". Análogo sistema encontramos en Suiza. II) Discusión 31. Concepto.— Es el acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de los proyectos presentados, para establecer si deben o no ser aprobados. La discusión se ajusta a los reglamentos internos de cada Cámara, a efectos de que la labor sea más ordenada y eficaz.


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Como excepción al principio de la discusión parlamentaria, la doctrina en general sostiene la conveniencia de que los códigos y ciertas leyes orgánicas no sean discutidas particularmente, pues por ser un todo orgánico, la reforma de algunos puntos puede quebrar la orientación general de la ley, con grave perjuicio para su interpretación y aplicación. A efectos de suplir este requisito, se suele nombrar una comisión parlamentaria bicameral, que se encarga de estudiar el proyecto y darle forma definitiva, de manera tal que contemple la orientación de todos los legisladores, o al menos de la mayoría (en caso de disconformidad, la minoría de la comisión suele presentar su proyecto por separado). 32. Formas.— Una vez que se da entrada a un proyecto de ley, la Cámara decide si lo envía a comisión o si se lo discute sobre tablas, es decir, directamente. Pero, venga de la comisión (en cuyo caso informa un miembro, o dos si ha habido dos despachos), o se lo discuta sobre tablas, lo cierto es que antes de la aprobación, hay dos discusiones sucesivas: general y particular. 1) En general: esta discusión versa sobre la idea del proyecto en su conjunto. Si no se lo aprueba, queda desechado por ese año, según dispone el art. 81, primera parte: "Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año..." "*. Por el contrario, si es aprobado, se procede a la segunda discusión. 33.— 2) En particular: se trata artículo por artículo y se va votando sobre si se los modifica, o se los suprime, o se los deja como están. Terminada esta discusión —que por supuesto tiene lugar en ambas Cámaras— el proyecto queda aprobado. 34. Procedimiento completo en el Congreso.— Como es obvio, si ambas Cámaras lo aprueban, concluye el trámite en el Congreso; pero no siempre ambas Cámaras están de acuerdo y, en tal caso, el proyecto sigue el procedimiento esquematizado en el cuadro del párr. 35 (véase art. 81 de la Const. Nac). Como puede apreciarse, ia Cámara de origen tiene sobre la revisora, la ventaja de que puede al fin imponer su criterio, con la mayoría absoluta, como mínimo, de los miembros presentes, o bien con los dos tercios de votos de los miembros presentes, según el caso. Para mayor claridad, transcribiré los artículos pertinentes de la Constitución Nacional;

La caducidad de los proyectos de ley en trámite por ante el Congreso de la Nación, está reglamentada por ley 13.640 (de 1949), reformada por la ley 23.821 (de 1990).


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Aprobación total y diArt. 78.— "Aprobado un proyecto de ley por la Carecía del proyecto por mará de SU origen, pasa para SU discusión a la Otra Cámaambas Cámaras y por el ra. Aprobado.por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la P.E.N.: el proyecto que- Nación para su examen; y si también obtiene su aprobada convertido en ley. ción, lo promulga como ley". Aprobación en geneArt. 79.— "Cada Cámara, luego de aprobar un prora/del proyecto por cual- yecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones quier Cámara. la aprobación en particular del proyecto, con el voto de Aprobación en partí- la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámacular: facultad de dele- ra podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la garla en sus comisiones delegación y retomar el trámite ordinario. La aproba(requisitos y distintos su- ción en comisión requerirá el voto de la mayoría absolupuestos). ta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario". Rechazo total de un Art. 81.— "Ningún proyecto de ley desechado totalproyecto por cualquiera mente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiode las Cámaras: conse- nes de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar cuencia y limitación. totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Modificaciones al pro- revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcyecto por la Cámara revi- ciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultasora: distintos supuestos do de la votación afinde establecer si tales adiciones o coy procedimientos respec- rrecciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los tivos. presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el Prohibición a la Cá- voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara mará de origen. de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora". Sanción tácita: carece Art. 82.— "La voluntad de cada Cámara debe made validez nifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta". http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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35.—En resumen —y dentro de la brevedad que exige esta obra—hemos llegado al momento en que el proyecto de ley ha sido aprobado separadamente por ambas Cámaras del Congreso. Luego se cumple un requisito conjunto exigido por la Constitución, que es la sanción del proyecto de ley por el Congreso (v. párr. 36). CUADRO SINÓPTICO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS LEYES EN EL CONGRESO (COMIENZA CON LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN LA C.O.) CÁMARA DE ORIGEN

CÁMARA REVISORA

RESULTADO No puede repetirse en las sesiones de ese año (art. 81. 1er. párr.).

1) Rechazo tolal

2 pos.: a) Aprueba sin modific.

2) Aprueba

b) Rechazo total

c) Modifica

1) Aprueba modif. C.R. por may. abs. miem. pres. (art. 81).

Queda sancionado y pasa al P.E. para su examen (arl. 78). No puede volver a considerarse ese año (art. 81, 1er. párr.). Vuelve a la C.O. indicándose el resultado de la votación (art. 81, 3er. párr.). Queda sancionado el proyecto con las modif. de la C.R. y pasa al P.E.

I /

2 pos.: \ 2) Insiste en la redacción originaria (es decir, rechaza modif. C.R.). Hay 2 pos.: a) no alcanza igual mayoría que la C.R. (may. abs. o 2/3 miem. pres.); o b) logra igual may. (o más aún) que la C.R.

Queda sancionado con las modif. C.R. y pasa al P.E. Queda sancionado sin las modif. C.R. (= proy. original), y pasa al P.E.


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Abreviaturas empleadas: C.O.: Cámara de origen; C.R.: Cámara revisora; miem. pres.: miembros presentes; P.E.: Poder Ejecutivo; 2 pos.: dos posibilidades; may. abs.: mayoría absoluta. ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS AL CUADRO SINÓPTICO a) Simplificación del trámite con respecto al vigente antes de la reforma constitucional de 1994: como surge del cuadro, el procedimiento actual de sanción de las leyes por el Congreso, puede tener dos etapas (cuando la C.R. aprueba sin modificar el de la C.O.), o tres etapas como máximo, cuando la C.R. modifica el proyecto originario (C.O., C.R. y, otra vez la C.O.). En cambio, antes de la reforma de 1994, el procedimiento podía llegar a tener cinco etapas, pues cabía la posibilidad de una segunda revisión (por supuesto que por la C.R.). b) Mayoría ordinaria para aprobar proyectos de ley: es la mayoría absoluta de los miembros presentes (equivale a la mitad más uno del quorum para sesionar). Aunque parezca mentira, la Constitución Nacional no la establece expresamente, pero sí en forma implícita (p. ej., en los arts. 66 y 81). c) Mayoría extraordinaria para aprobar proyectos cuando las Cámaras difieren: son los dos tercios de los miembros presentes (por supuesto en los casos que no requieren mayorías especiales). Cabe aclarar que la mayoría absoluta y los dos tercios de los miembros presentes, son las dos únicas mayorías que considera la Constitución para este procedimiento de sanción de las leyes (v. art. 81); por lo tanto, si una votación pasa la mayoría absoluta de los miembros presentes, pero sin alcanzar los dos tercios de dichos miembros, se considera que esa Cámara logró la citada mayoría absoluta. d) Prohibiciones a la C.O.: - carece de la atribución de desechar totalmente un proyecto de ley originado en ella, que hubiera sido adicionado o enmendado por la C.R. (art. 81); además. - le está prohibido "introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora" (art. 81 infme).

III) Sanción por el Poder Legislativo 36. Concepto.— Es el acto por el cual el Poder Legislativo (es decir, ambas Cámaras conjuntamente) aprueba un proyecto de ley. Entre nosotros, con un Congreso bicameral, la sanción legislativa se concreta con la firma del proyecto por los presidentes de ambas Cámaras. Dice al respecto el art. 84 de la Constitución Nacional: "En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso,... decretan o sancionan con fuerza de ley". En rigor de verdad, el vocablo decretan es impropio y debiera ser eliminado en el momento oportuno. IV) Promulgación por el Poder Ejecutivo 37. Concepto.— Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba y dispone publicar el proyecto de ley. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Observe el lector que digo todavía, proyecto de ley y no ley, como suele decirse y como dice aun nuestra Constitución; ello se debe a que —indudablemente— hay un momento en el proceso formativo de la ley, en que el proyecto deja de ser tal para convertirse en ley. Ahora bien, para algunos autores, ese momento es la promulgación; para otros, la publicación y, por último, se sostiene también que ese momento es lafecha en que comienza la obligatoriedad de la ley. Este último es el criterio que me parece más exacto, por las razones expuestas en el párr. 49. La promulgación del proyecto de ley nos revela que el Poder Ejecutivo es verdaderamente colegislador, puesto que el art. 78 habla no de una mera aprobación mecánica, sino de un examen del proyecto y, además, el art. 83 establece el llamado derecho de veto (párr. 42). Es este otro ejemplo que muestra la relatividad del principio de la separación de los poderes. 38. Denominación.— En la doctrina hay acuerdo en llamar promulgación, el acto formal por el cual el Poder Ejecutivo aprueba un proyecto de ley; por su parte, la Constitución Nacional emplea este vocablo en los arts. 78, 83 y 99, inc. 3°. En síntesis: - sanción, es la aprobación del proyecto por el Congreso, y -promulgación, es la aprobación del proyecto por el Poder Ejecutivo. 39. Formas de promulgación.— Puede ser; 1) E.xpresa: es la que se materializa mediante el respectivo decreto de promulgación, firmado por el presidente (art. 99, inc. 3°) y por el ministro o ministros según correspondiere por la materia del decreto (art. 100 inlimine, y la costumbre, ya que en la práctica los decretos son firmados primero por el o los ministros). Cuando hay promulgación parcial, debe ser refrendado por el jefe de gabinete de ministros y, además, por todos los ministros (art. 100, inc. 13). 2) Tácita: es la que se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del tiempo establecido. Dice el art. 80, primera parte, de la Constitución Nacional: "Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles". 40. Situaciones que puede suscitar la promulgación.— Una vez sancionado el proyecto por el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, pero, como no siempre lo aprueba lisa y llanamente, resulta que pueden presentarse una serie de variantes, que la Constitución prevé y que he sintetizado en el cuadro de la página subsiguiente.


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41.— Los artículos respectivos de la Constitución Nacional, son los que siguen: — Art. 78, segunda parte: "...Aprobado por ambas (Cámaras), pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley". —r- Art. 80: "...Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia" (v. párr. 66). — Art. 83: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. "Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año"'. 42.— Haré por último una aclaración: según se infiere del texto constitucional, el derecho de veto del Poder Ejecutivo no es más que una especie de recurso de revisión con efecto suspensivo: el veto no es absoluto, puesto que lo observado por el Poder Ejecutivo, no queda sin valor alguno (por eso la expresión veto, de filiación monárquica, resulta inadecuada), sino que vuelve al Congreso con las razones de la medida, a efectos de que este cuerpo —frente a los nuevos argumentos— decida en última instancia.

Ver nota 4.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico Científico PROCEDIMIENTO FORMATIVO DE LASy LEYES 337 - Cap. 12 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN CUADRO SINÓPTICO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PROMULGACIÓN O "VETO" POR EL P.E.N.. DE LOS PROYECTOS DE LEY SANCIONADOS POR EL CONGRESO CONGRESO Sanciona

PODER EJECUTIVO 1. Promulga expresamente.

RESULTADO Queda promulgado (art. 78).

2. Promulga tácitamente (dejando pasar 10 días hábiles sin "vetarlo"). 3. Veto parcial.

Queda promulgado (art. 80).

4. Velo total. CÁMARA DE ORIGEN a) Aprueba el veto o no alcanza 2/3 miemb. pres. para insistir en lo sancionado.

Promulgación parcial (de la parte no vetada). Lo vetado sigue el trámite de los decretos de neces. y urg. (art. 80). Vuelve a la C.O. (art. 83). I

CÁMARA REVISORA Lo vetado no puede repetirse en las sesiones de ese año (art. 83).

2 pos.: b) Insiste en el proyecto Pasa a la C.R. (art. 83): sancionado con 2/3 miemb. hay 2 pos.: pres. a) Aprueba el veto o no alcanza 2/3 miemb. pres. para insistir en lo sancionado.

Lo vetado no puede repetirse ese año (art. 83).

2 pos.: b) Insiste en el proyecto El proyecto "es ley" y pasa al sancionado con 2/3 miemb. P.E. para su promulgación (no puede ya oponerse). pres.


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V) Publicación 43. Concepto.— Es el acto por el que se pone en conocimiento de los habitantes del Estado, la promulgación del proyecto de ley. Según he manifestado, este requisito está incluido en la promulgación, pero, naturalmente, constituye en sí, un acto distinto; en consecuencia, bien puede darse el caso de un proyecto de ley promulgado por el Poder Ejecutivo, que no hubiera sido publicado por cualquier motivo. 44.—La publicación es un requisito esencial que fluye no sólo del espíritu de nuestra Constitución, sino que también halla fundamento en su texto expreso. En efecto, además de hallarse implicada la orden de hacerla, en el término promulgación —y por lo tanto en los distintos artículos que a ella se refieren— cabe citar el art. i 9, segunda parte, que dice: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe..."; en consecuencia, es evidente que no puede cumplirse lo que no se conoce y, por lo tanto, es indispensable que se conozcan las leyes, o que por lo menos, el pueblo disponga de los medios para conocerlas. A su vez, el Código Civil (art. 2°, Ira. parte), dispone: "Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación... " quedando establecido sin lugar a dudas, el carácter esencial de este requisito (ver además el párr. 51). 45. Cómo se realiza.— No es suficiente con cualquier medio, como serían los periódicos, la radiotelefonía, etc. —aunque contribuyan a tal fin y, sin duda que en gran medida—; es necesario un medio oficial, claro y cierto que dé la seguridad del verdadero texto de la ley (considérese que a veces, un simple signo de puntuación, puede cambiar el sentido de una norma). Es por ello que los Estados modernos han adoptado preferentemente el úí,iema. ás periódicos oficiales destinados a tal fui. En nuestro país —en el orden nacional— la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la República Argentina, creado en 1870. Antiguamente, también se cumplía este requisito mediante pregones y bandos. 46. Presunción de conocimiento e ignorancia de la leyes.— Prácticamente, estas publicaciones oficiales las lee muy poca gente y el conocimiento de las leyes se tiene, en general, a través de los periódicos, la radio, etc. Y es que la publicación oficial más que difundir el conocimiento de la ley, tiende a establecer una fecha cierta a partir de la cual se la reputará conocida por todos. Estamos entonces frente a una presunción y, en muchos casos, frente a una completa ficción, como sucede no sólo con personas alejadas de centros poblahttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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dos, enfermos, etc., sino también con la inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades, puesto que ni los mismos profesionales del derecho pueden conocer bien todas las leyes, por su extraordinaria cantidad y su complejidad creciente. Pero, sin duda alguna, la presunción legal^wm et de jure, reposa en una necesidad prácticamente ineludible que la justifica: es la necesidad de certeza y seguridad en las relaciones humanas, que desaparecería si pudiera alegarse como excusa el desconocimiento de la ley. Como dice el aforismo latino, ignorantia juris non excusat. 47.— Por eso nuestro Código Civil establece en el art. 20 (recuérdese también el art. 2"), como principio general: "La ignorancia de las leyes no sir\>e de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley". Y en el art. 923, dice respecto a los actos jurídicos: "La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos". No obstante ello, el principio no es absoluto, como lo demuestra el art. 20 infine y un ejemplo de estas excepciones nos lo ofrece el art. 784 ("El que por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió"). 48. Excepción a la regla de la publicación.— La constituyen las leyes secretas, cuya divulgación podría perjudicar grandemente a la República. Según González Calderón '', su existencia halla fundamento constitucional en el art. 66, pues dispone que: "CadaCámara hará su reglamento...", sin establecer limitación alguna. En efecto, si las Cámaras pueden celebrar sesiones secretas —según disponen sus reglamentos— es lógico que asimismo puedan tomar decisiones (leyes) también secretas. Así lo ha reconocido la Corte Suprema Nacional, en el famoso caso Lisandro de la Torre {Fallos, t. 19, págs. 234-241). VI) Comienzo de la obligatoriedad 49. Concepto.— Las normas jurídicas, como es evidente, rigen durante un período de tiempo. Es por eso que las leyes prevén ese momento tan importante del comienzo de su obligatoriedad, es decir el instante a partir del cual deben ser cumplidas, para que las personas sepan a qué atenerse. Pues bien, considero el comienzo de la obligatoriedad, como requisito final para que el proyecto de ley se convierta en ley, por la siguiente razón: para que exista derecho positivo, en cualquiera de sus modalidades —una de las cuaCurso de Derecho Conslitudonul, Buenos Aires, 1943. pág. 608.


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les es la ley— es necesario que las normas sean coercibles, en otros términos, que "obliguen". Y una "ley" antes de cumplirse ese momento, no obliga ni puede ser impuesta coactivamente, porque su mismo texto así lo establece; en consecuencia, no es todavía ley —estrictamente hablando, salvo el artículo que se refiere al comienzo de su obligatoriedad— uno proyecto de ley, o mejor dicho, "proyecto de ley promulgado por el Poder Ejecutivo", para evidenciar así la diferencia con el simple proyecto de ley. Cumplido ese momento, estaremos recién frente a una verdadera ley. No obstante, en la práctica y en el mismo texto constitucional, se habla de ley, ya desde la sanción por el Congreso. 50. Sistemas.— La ley rige desde un día determinado. Pero al respecto, se plantea el problema de establecer si comenzará a regir simultáneamente o no, en todo el territorio del Estado. Existen sobre el punto, dos sistemas básicos: 1) El simultáneo, sincrónico o uniforme, según el cual la ley comienza a regir el mismo día en todo el país. 2) El progresivo o sucesivo, en el cual la ley comienza a regir primero en el lugar de la publicación y, después, en los lugares más alejados. Como es obvio, el sistema simultáneo es en principio el más justo y el que está más de acuerdo con la rapidez de las comunicaciones actuales; además, en general, se suele dejar un intervalo de quince días, poco más o menos, entre la publicación y el día en que debe comenzar a regir (a este intervalo se lo denomina vacatio legis). Como caso extraordinario, puede citarse el Código Civil alemán que, aprobado en 1896, entró a regir recién en 1900, a efectos de que hubiera tiempo para conocerlo bien. 51.— Nuestra legislación sigue el sistema uniforme. En efecto, frente a cualquier ley, pueden presentarse dos situaciones: a) Que la leyfijefecha: en este caso, como dice el Código Civil —art. 2°, Ira. parte— son obligatorias desde el día que ellas determinen. b) Que la ley no señale fecha: para tal supuesto, el Código Civil —art. 2°, 2da. parte— dispone que "serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial". III. CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES 52. Remisión.— En el Capítulo 5 (párrs. 12 a 27), se ha hecho referencia extensamente a las diversas clasificaciones que se han formulado de las normas jurídicas. Con la sola excepción de la que distingue normas legisladas, consuetudinarias y jurisprudenciales, todas las demás son aplicables a las leyes stricto sensu, por lo que no insistiré al respecto. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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53. Ampliación.— Para mayor claridad, agregaré que dentro de las llamadas leyes ordinarias (Cap. 5, párr. 15, N° 2), algunos autores distinguen entre ordinarias propiamente dichas y orgánicas, siendo estas últimas las que reglamentan en forma sistemática, un determinado órgano del gobierno, o administración pública, o bien alguna institución importante. Tales por ejemplo, la ley orgánica de tribunales, la de organización de ministerios, etc. Por otra parte, aun dentro de las leyes jerárquicamente ordinarias, hay que recordar algunas de características especiales, como !a de presupuesto, las leyes secretas, etc. IV. DEROGACIÓN DE LA LEY Y DEMÁS NORMAS JURÍDICAS 54. Concepto.— En un sentido amplio, significa dejar sin efecto una ley o norma jurídica en general. Pero, estrictamente hablando, hay que distinguir cuatro conceptos parecidos: 1) Derogación propiamente dicha o derogación stricto sensu: consiste en dejar parcialmente sin efecto una ley. 2) Abrogación: consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Sin embargo, en la práctica, este vocablo es reemplazado por la expresión "derogación total" y, aun más simplemente, por "derogación", como lo prueba—p. ej.— el caso citado en el párr. 56. 3) Subrogación: consiste en la sustitución de un texto legal íntegro, por otro. 4) Modificación o reforma: consiste en dejar sin efecto una parte de una ley y reemplazarla por otro texto. Finalmente, cabe recordar que lo corriente es usar el vocablo derogación, aclarándose si es total o parcial, en vez de emplearse las cuatro palabras antedichas, como sería preferible por razones de precisión terminológica. 55. Órgano competente para derogar las leyes y demás normas jurídicas.— A) PRINCIPIOGENERAL: la facultad de derogar {lato sensu) una norma, corresponde al mismo órgano que la dictó, a cuyo fin debe aprobar otra norma de igual jerarquía que la que se quiere derogar (p. ej.: una ley nacional mediante otra ley nacional). Pero esta regla general admite excepciones, como se verá en seguida. B) EXCEPCIONES:

1) Derogación por un órgano superior y competente: una norma puede ser válidamente derogada mediante otra norma de jerarquía superior, dictada como es obvio por el órgano competente. Ello es así en virtud de la estructura escalonada del ordenamiento jurídico (v. Cap. 7, párrs. 3, 4 y 5) que, en nuestro derecho positivo, está regida por e! art. 31 y concordantes de la Conshttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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titución Nacional. Por tal motivo, un decreto del P.E.N. puede ser derogado por una ley del Congreso (v. Cap. 11, párrs. 28 y 29). Por otra parte y dado el régimen federal argentino —que implica la coexistencia de tres órdenes de normas y de autoridades (nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales)— dicha gradación normativa debe ser considerada, cuando el caso lo exija, respecto de los tres órdenes, correspondiendo la primacía al ordenamiento nacional según lo dispone el citado art. 31. Por los motivos explicados, una ley provincial o de la Ciudad de Buenos Aires puede resultar derogada válidamente por una ley nacional. 2) Derogación material por desuetudo: ver párr. 59. C) REFORMA DEL ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO CIVIL (por dec.-ley 17.711 de 1968): lo dicho nos explica porqué fue derogada la primera parte de la citada disposición, que decía: "Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes"; en efecto, se trataba de un principio que, si bien válido en general, formulado así con carácter absoluto resultaba erróneo y, por lo tanto, desmentido a veces por la realidad (p. ej., casos de desuetudo —v. párr. 59—). 56. Formas.— 1) Expresa o directa: cuando la ley lo establece claramente. Por ejemplo, la ley 13.246 (1948), de "Arrendamientos Rurales y Aparcerías", que, en su art. 58, dice: "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley que comenzará a regir en todo el territorio de la República el 1° de junio de 1949, quedando derogadas a partir de esa fecha las leyes 11.627, 12.842, 12.995 y 13.198...". Esta forma tiene la ventaja de que ofrece mayor seguridad jurídica, al evitar el cotejo con la ley o leyes anteriores sobre el punto y las discusiones consiguientes, 2) Tácita o indirecta: cuando sin estar expresamente establecida, resulta de la incompatibilidad entre una ley anterior y otra posterior {lex posterior derogat priori). Ello se debe a que no pueden tener vigencia dos normas sobre un mismo objeto de distinta fecha y contrarias entre sí, pues en este caso, prevalece la posterior, como lo expresa el ya citado aforismo latino. Por ejemplo —como es obvio— esto sucede cuando se dicta una ley sin mencionar derogación alguna. También ocurre en el caso de esa disposición final, corriente en nuestras leyes: "quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley", disposición que, en rigor de verdad, podría suprimirse por inútil. 57.— En la práctica, puede presentarse el caso de que ambas normas difieran en su extensión, siendo una general y la otra particular. En este caso —y claro que no habiendo derogación expresa— corresponde hacer una distinción: a) si la posterior es particular, no hay duda de que constituye una modificación parhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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cial; b) por el contrario, si la posterior es general, puede ser que derogue totalmente la anterior, o bien que la deje subsistente a título de excepción (como es lógico, establecer cuál de las dos soluciones corresponde, es una cuestión de interpretación de cada caso particular). 58. Costumbre derogatoria.— Es la norma consuetudinaria contraria a la ley (costumbre contra legein), cuando tiene vigencia suficiente para derogarla. En el derecho antiguo, la costumbre contra legem tenía en general fuerza derogatoria, pues dejaba sin efecto la ley. Las Partidas'' (Ley 6^, tít. 2°, Part. T), constituían un ejemplo, pues disponían: "...fuerza muy grande ha la costumbre cuando es puesta con razón ca las contiendas... de que non fablan las leyes escritas puédense librar por la costumbre... e ha fuerza de ley. Otrosí... puede interpretar la ley. E aún ha otro poderío muy grande, que puede tirar las leyes antiguas..." (tirar significa abrogar). En la actualidad, con el predominio de la ley sobre la costumbre, no se reconoce fuerza derogatoria a la costumbre contra legein. Es lo que ocurre entre nosotros, en virtud del art. 17 del Código Civil, que dispone: "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente". 59. El desuso de la ley ("desuetudo").— Se produce cuando la ley no tiene vigencia. Como es obvio, ello se debe al divorcio existente entre la norma y el medio social para el que ha sido establecida. Desde el punto de vista jurídico-positivo, en nuestro derecho, el desuso no afecta para nada a la ley y no produce, por lo tanto, su derogación. En consecuencia, esa ley —derecho positivo no vigente—puede alcanzar vigencia en cualquier momento, sea porque los jueces la apliquen, o por otro motivo. Por ejemplo: un caso típico de desuso ha sido el del juicio por jurados, establecido por la Constitución argentina (arts. 24 y 75, inc. 12 infine), que nunca alcanzó vigencia. 60. Declaración de inconstitucionalidad.— Tampoco produce la derogación de una ley lato sensu, en virtud del principio de que una ley sólo puede ser derogada por otra ley. Lo mismo ocurre con los decretos declarados contrarios a las leyes, etc. Las consecuencias de estas decisiones judiciales, son mucho más limitadas (v. Cap. 21, párr. 83).

ORGAZ, Arturo, ob. cit. en nota 2, págs. 86-87.


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SECCIÓN TERCERA

DECRETOS (REGLAMENTOS) 61. Concepto.— En general, dentro de los regímenes políticos que consagran la separación de los poderes, se denomina decreto o reglamento, a las normas jurídicas emanadas del Poder Ejecutivo. Villegas Basavilbaso los define como la "manifestación escrita y unilateral de víoluntad del Poder Ejecutivo, que crea status generales, impersonales y objetivos" ^. Si bien es cierto que la función legislativa coiresponde por antonomasia al Poder Legislativo, no es menos cierto que el Poder Administrador suele tener funciones colegislativas (así sucede por ejemplo entre nosotros) y, además, facultades para normar las actividades a su cargo, en virtud del intervencionismo estatal. En síntesis, el Poder Ejecutivo tiene también atribuciones legislativas (empleada aquí la expresión en sentido sustancial, es decir, haciendo referencia a la naturaleza de la función y no en sentido/ormíi/, vale decir, con referencia al órgano o poder que la ejerce), que se manifiestan en los decretos o reglamentos que dicta. En nuestro derecho positivo, los reglamentos —llamados corrientemente , decretos— son dictados por el Presidente de la República y refrendados por el ministro o ministros del ramo correspondiente (art. 100, P parte, de la Const. Nac), o bien por todo el gabinete, en cuyo caso rigen para toda la administración pública. Por otra parte, como desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de la administración pública nacional, no es ya el Presidente sino el Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100, inc. 1°), éste debe refrendar obligatoriamente los siguientes decretos (art. 100, inc. 8°): los que reglamentan leyes; los que disponen la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, o la convocatoria a sesiones extraordinarias y los mensajes del Presidente que promuevan la iniciativa legislativa. Asimismo debe refrendar, junto con los demás ministros (art. 100, inc. 13), los decretos de necesidad y urgencia, y los que promulguen parcialmente leyes. Las resoluciones, en cambio, son normas dictadas por los ministros, dentro de los límites establecidos por el art. 103, primera parte, de la Constitución Nacional ("Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos").

* VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamin. Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1949. T. 1, pág. 267.


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Como es obvio, los decretos constituyen la fuente cuantitativamente más importante del derecho administrativo. 62. Denominaciones.—En doctrina se emplea preferentemente la expresión reglamento, pero en nuestro derecho positivo, predomina el vocablo decreto. Algunos autores llaman decreto a los reglamentos particulares (p. ej., aquel por el que se nombra un empleado), pero no es una distinción aceptada por nuestra doctrina predominante. 63. Clasificación.— Cabe distinguir cuatro clases de reglamentos: 1) Reglamentos de ejecución o ejecutivos (más comúnmente llamados entre nosotros decretos reglamentarios): son los que reglamentan las leyes dictadas por el Poder Legislativo, estableciendo todo lo necesario para su más fácil y exacto cumplimiento. Por ejemplo: si una ley establece el voto femenino, el decreto reglamentario determinará quiénes han de confeccionar los padrones o registros, en qué forma ha de hacerse, etc. Estos reglamentos complementan normas jerárquicamente superiores, emanadas de otro poder y de ahí que el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, disponga que el Poder Ejecutivo "expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias... ". Además, como es evidente, la amplitud de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, está en razón inversa de la minuciosidad con que haya sido redactada la ley por el Poder Legislativo. Los reglamentos de ejecución se fundan en dos razones principales: a) en la dificultad propia de los órganos legislativos de establecer normas detalladas que tengan en cuenta todas las contingencias posibles; b) porque una ley con muchos detalles, impediría adaptarla a las circunstancias siempre cambiantes de las necesidades sociales. 64.— 2) Reglamentos autónomos o independientes (llamados así por no referirse a una ley determinada): se trata de los decretos dictados por el Jefe de Gabinete de Ministros en virtud de atribuciones propias, como lo son las conferidas por la Constitución Nacional, ya que tiene a su cargo la "administración general del país" (art. 100, inc. i"). Por ejemplo, organización de oficinas administrativas; reglamento o estatuto de los empleados públicos —art. 100, inc. 2°— (cuando no lo haya dictado el Congreso, puesto que también puede hacerlo en virtud del art. 75, inc. 32, de los poderes implícitos); decretos nombrando empleados, salvo los que deben ser nombrados por el presidente (art. 100, inc. 3°); etc. 65.— 3) Reglamentos delegados: son los que dicta el Poder Ejecutivo en virtud de una delegación que de sus facultades puede hacer excepcionalmente http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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el Poder Legislativo, ya que dicha delegación, en principio, está prohibida (art. 76 de laConst. Nac). Son frecuentes en el orden económico-financiero, pues el Poder Ejecutivo puede resolver más expeditiva y rápidamente, circunstancias imprevistas. Sin olvidar que la validez de estos reglamentos depende de la naturaleza y amplitud de las atribuciones delegadas (hay facultades indelegables), cabe agregar que, en principio, encierran un peligro para los derechos fundamentales de los habitantes, por la mayor garantía y estabilidad de las leyes respecto de los decretos. 66.— 4) Reglamentos de necesidad}' urgencia: en general son aquéllos dictados por el Poder Ejecutivo, frente a un estado de necesidad que no admita demora, sobre materias de competencia legislativa del Congreso, y en circunstancias extraordinarias que no permitan seguir el trámite común de sanción de las leyes (p. ej., durante el receso parlamentario). Nuestra Constitución Nacional —que los llama "decretos de necesidad y urgencia"— los regula en el art. 99, inc. 3°, que comienza prohibiendo al P.E.N. dictar "disposiciones de carácter legislativo", "en ningún caso" y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable". Luego permite al P.E.N. dictar decretos de necesidad y urgencia, cuando se den las siguientes circunstancias excepcionales: a) que se planteen problemas graves que sea necesario encarar sin demora alguna; b) en circunstancias excepcionales que no permitan seguir el procedimiento ordinario para la sanción de las leyes; c) que no se trate de normas sobre materia penal, impositiva, electoral o de partidos políticos; d) deben dictarse en acuerdo general de ministros, quienes deberán refrendarlos junto con el jefe de gabinete de ministros; e) este último funcionario, dentro de los diez días siguientes al dictado del decreto, deberá someterlo a consideración de la Comisión Bicameral Permanente; f) esta Comisión, dentro de los diez días siguientes deberá elevar su despacho al plenario de cada Cámara; y g) las Cámaras deberán considerarlo "de inmediato", y decidir en definitiva si el Congreso ratifica o rechaza el decreto de necesidad y urgencia dictado por el P.E.N. Algunos autores identifican los decretos antedichos con los decretos-leyes. A mi criterio, en el derecho argentino son normas diferentes, según podrá verse a continuación. 67. Decretos-leyes.— No se trata de normas propias de un régimen de normalidad constitucional; por el contrario, se llaman así, entre nosotros, a las normas dictadas por los gobiernos (mejor aún, P.E.) de facto, en uso de facultades reservadas al Congreso, cuando éste ha sido disuelto.


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Como dato de interés práctico, agregaré que, en cuanto al tiempo de validez de los decretos-leyes, ha habido un cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto: 1) En el caso "Impuestos Internos c/Malmonge de Nebreda" (1933), la Corte Suprema resolvió que los decretos-leyes dictados por los gobiernos de facto, requieren la ratificación por ley, para tener validez, luego de restablecida la normalidad constitucional (teoría de la caducidad automática); 2) En e! caso "Fisco Nacional c/S.A. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal" (1947), la Corte Suprema, cambiando la jurisprudencia, decidió que los decretos-leyes de los gobiernos de facto son válidos hasta su derogación, aunque se haya restablecido la normalidad constitucional, "porque sólo dejan de tener vigencia cuando, como toda ley, son derogados por otra ley" (teoría de la continuidad jurídica). 3) En el caso "Aramayo", luego de restablecido el gobierno constitucional en 1983, la Corte Suprema resolvió que tales normas, para tener validez, deben ser ratificadas explícita o implícitamente. Con tal fallo, el Alto Tribunal ha vuelto en alguna medida, a la doctrina del caso "Malmonge", si bien, de manera más mitigada, pues admite la ratificación implícita. No obstante ello, el Congreso no se ha pronunciado sobre el punto. Por último, debemos tener presente al respecto, el art. 36 de la Constitución Nacional desde la reforma de i 994 que, refiriéndose a la defensa del orden institucional y del sistema democrático, dispone en su primer apartado lo siguiente: "Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos".

SECCIÓN CUARTA

LA CODIFICACIÓN 68, Aclaración previa.— La legislación de un Estado puede revestir dos formas básicas: incorporación o codificación. 1) Sistema de la incorporación o de las leyes sueltas: las leyes se van dictando aislada y progresivamente a medida que las necesidades lo exigen, ordenándoselas después conforme a distintos criterios (materia, orden cronológico, número, etc.). Los libros que contienen estas ordenaciones, son llamados recopilaciones, ordenamientos, compilaciones, etc. Algunos autores los denominan códigos abiertos, lo que es a mi criterio un error, en virtud de tres razones fundamentales: 1) porque la palabra código tiene técnicamente, un significado bien preciso http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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(párr. 69); 2) porque el adjetivo "abierto", hace suponer que los otros son "cerrados" y no se ve bien qué quiere expresarse con eso, ya que tanto puede modificarse una ley aislada como un Código; y 3) como consecuencia de lo anterior, porque toda denominación que provoque confusiones, debe ser desechada. Cabe agregar que las recopilaciones modernas —porque no todo el derecho actual está codificado— suelen tener varios índices: por materia, número, etc., con indicación de las modificaciones posteriores, todo lo cual las hace más útiles para quienes deban consultarlas. 2) Sistema de la codificación: lo analizaré en los párrafos siguientes. 69. Concepto.— Este sistema, por el contrario, consiste en dictar en un solo acto, un conjunto de normas relativas a una materia determinada, en forma de un todo orgánico y sistemático (códigos). Un código es entonces, un cuerpo orgánico y sistemático de leyes (o normas en general), referentes a una rama o institución determinada del derecho. Por ejemplo: Código Civil, Código de Comercio, de la Familia, del Niño, etc. Pero un Código, desde el punto de vista legislativo es como ya he dicho, una ley, que sólo se diferencia de las demás por su extensión e importancia. Explicado el concepto, se ve claro que muchos cuerpos legales antiguos, denominados "códigos", como el Código de Hammurabi, el de Justiniano, etc., no son propiamente códigos, sino simples recopilaciones. 70.— Ahora bien, es indudable que entre los códigos propiamente dichos, hay profundas diferencias; en efecto, comparando los primeros —como el Código Civil Francés de 1804— con los elaborados últimamente, se puede observar una gran diferencia que no deriva sólo de su contenido, sino también —y aun en mayor medida— de la técnica depurada y su adelanto científico. Esto último se explica en buen grado, porque la Ciencia del Derecho stricto sensu, nació auténticamente como tal, a mediados del siglo XIX, habiendo experimentado hasta nuestros días un gran progreso. Para comprobar lo afirmado, basta con una confrontación muy fácil para nosotros: la de nuestro Código Civil —que data de 1869— con el Proyecto de Reformas de 1936. Así queda en descubierto la gran evolución de la Ciencia del Derecho, puesto que aun cuando muchas de sus disposiciones sean literalmente iguales, las del último reposan sobre un plan de conjunto científicamente realizado, sobre la base de una teoría general del derecho positivo que, en aquella época, apenas si comenzaba a esbozarse. De este modo, cada norma está ubicada donde corresponde, en armonía con las demás, evitándose así las contradicciones —como ocurre muchas veces en nuestro Código Civil— facilitándose enormemente su interpretación, etc.


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71.— Cabe agregar por último que, en la práctica, predominan los sistemas mixtos, es decir, que coexisten la codificación de algunas materias, con leyes sueltas de otras. 72. Formas de codifícación.— De la definición ya se deduce que son dos las formas básicas de codificación: 1) Por materias: Por ejemplo: Código Civil, de Comercio, Penal, etc. 2) Por instituciones: Por ejemplo: Código de la Familia, del Niño, de las Obligaciones (el suizo de 1911), de la Propiedad, etc. Este sistema es el que tiende a imponerse en la actualidad para ciertas relaciones sociales, como las mencionadas, por su mayores ventajas. 73. Etimología.— La palabra código deriva del latín codex, que los romanos usaban para denominar las tablillas enceradas que se utilizaban para escribir. En cambio, a los rollos de pergamino, los llamaban volumen. 74. Ventajas e inconvenientes de la codifícación.— 1) Inconvenientes. Se suele decir que la codificación tiene el grave inconveniente de petrificar o cristalizar el derecho y se cita como ejemplo clásico al Derecho Romano. En realidad, no es ésta una objeción decisiva, porque si bien toda legislación establece marcos dentro de los cuales deberán encuadrar las relaciones sociales, no debe olvidarse la misión de los jueces que, al aplicar las leyes a los casos concretos, las adecúan constantemente a las variaciones de la realidad social, desvaneciéndose así tal objeción. Es cierto que al dictarse un nuevo código, se suele manifestar una tendencia a considerarlo como un monumento jurídico definitivo, lo que se evidencia, entre otros aspectos, por su aplicación literal, en la época siguiente a su aprobación. Pero esto, que suele ocurrir por no conocerse bien todavía el nuevo cuerpo legal en su totalidad, no pasa de ser una ilusión racionalista, que se desvanece bien pronto, por la incesante modificación de la vida social, que vuelve a mostrar en forma más evidente, la importante e indispensable función creadora de los jueces. En síntesis, al hacerse esta objeción, pareciera que olvidan a los jueces. Por otra parte, un código —como que no es algo definitivo— puede ser modificado por leyes que lo vayan adecuando a las nuevas necesidades con la misma facilidad con que se modifica una ley, aunque en realidad sea un trabajo más delicado, por tratarse de un cuerpo orgánico. Ahora bien, con el correr de los años, suelen ser tantas las modificaciones introducidas que, prácticamente, puede ocurrir que el código llegue a estar en total divorcio con la realidad: habrá llegado entonces el momento de reformarlo parcialmente o en su totalidad.


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75.— 2) Ventajas. Sobre el seudo inconveniente mencionado, la codificación presenta una ventaja decisiva sobre el sistema de leyes sueltas: que facilita enormemente la interpretación y aplicación del derecho. En efecto, el jurista —sea juez, abogado, etc.— en vez de tener que ir a un conjunto imponente de leyes aisladas, a menudo confusas y contradictorias entre sí, dispone de un cuerpo legal orgánico que facilita su labor, asegurando una mayor rapidez, exactitud y justicia en la vida jurídica. Dice a este respecto Cossio ^, sosteniendo la necesidad de la reforma de nuestro Código Civil de 1869: "La crisis de nuestro Código Civil se debe, en parte, al desarrollo de la vida social contemporánea que denota exigencias no contempladas en el Código vigente, pero se debe mucho más todavía a la crítica científica a que lo han sometido nuestras Facultades de Derecho y nuestros juristas en general, durante un lapso de setenta años, en una obra seria y madura que traduce la exigencia científico-jurídica de nuestra cultura también como problema social real y efectivo. Sin hacerse cargo de este problema científico, a nosotros nos parece que no queda fundada la exigencia de una reforma general del Código Civil en la Argentina. El nuevo Código más que una necesidad popular, es una necesidad de los jueces y abogados, es decir, de aquel ámbito social que interviene en forma reflexiva en la vida del derecho como parte de esa vida y que requiere el mejor instrumento para esa intervención" (he destacado en bastardilla algo muy importante). Portalis '", uno de los redactores del Código Napoleón, decía refiriéndose a la necesidad y ventajas de la codificación civil: "¡Qué espectáculo se ofrecía a mi vista! Uno no veía ante sí más que una amalgama confusa e informe de leyes extranjeras y nacionales, de costumbres generales y locales, de ordenanzas abrogadas y vigentes, de normas jurídicas escritas y no escritas, de reglamentos contradictorios y de fallos fundados en principios opuestos. El orden jurídico entero no era más que un dédalo inextricable cuyo hilo se nos escapaba a cada momento y en el cual corríamos el peligro de extraviarnos a cada instante". Además, en muchos casos, la codificación suele obrar como un factor de unificación política —como ocurrió con el francés— al permitir aglutinar y conocer mejor una vasta porción del derecho positivo. 76. Conclusión.— Una prueba irrefutable de las ventajas de la codificación sobre el sistema de leyes sueltas la tenemos en que predomina en los países civilizados, con la excepción de Gran Bretaña y, en menor escala, de Estados Unidos''. lui Plenitud del Ordenamiento Jurídico, Buenos Aires, 1947. págs. 267-268, "^ Citado por ORGAZ, ORGAZ, Arturo, oh. cil. en nota 2, pág. 83. Véase a este ' Véase a este respecto, respecto, COUTURE, COUTURE, Eduardo Eduardo J., J., "El "El pe poi-venir de la codificación y del conunon law en el continente americano", Lxi Ley. t. 52 (año 1948), pág. 855.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA LA CODIFICACIÓN 351 - Cap. 12 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 77. Oportunidad de la codificación.— Por tratarse de un problema de política legislativa, no cabe dar soluciones de valor absoluto, pero, en general, puede afirmarse que la codificación se hace indispensable en aquellos sectores del derecho positivo que responden a necesidades permanentes, amplias, complejas y comunes a cualquier Estado (civil, penal, etc.). En cuanto a las demás ramas, conviene hacerlo en principio, cuando la legislación, respondiendo a necesidades crecientes del medio social, haya alcanzado un grado tal de desarrollo que, por su frondosidad, haga dificultosa su interpretación y aplicación (p. ej., lo que ocurre actualmente entre nosotros con el derecho del trabajo, por no haberse codificado todavía). 78.— A este respecto, cabe citar una célebre polémica entre Savigny, jefe de la Escuela Histórica (v. índ. alfab.)y Thibaut (1771-1840), representante de la tendencia racionalista, sobre la oportunidad y conveniencia de dictar un Código Civil para Alemania. Esta polémica se planteó una vez liberada Alemania del yugo napoleónico, circunstancia en que muchos pidieron la inmediata sanción de un Código Civil alemán. En efecto, a pesar de la liberación seguía aplicándose el Código Civil francés, lo que si bien se justificaba por su superioridad técnica con relación a las leyes germanas anteriores a la invasión, ofendía indudablemente la dignidad nacional de los alemanes. En esas circunstancias, Thibaut publicó un opúsculo ütulado "De la necesidad de un derecho civil común para Alemania" (1814), en el que sostenía las ventajas de la codificación, destacando que obrana como un factor relevante de unificación política. Savigny, por su parte, se opuso a esa tendencia, publicando ese año el opúsculo titulado "De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia", en el que, dentro de la concepción historicista del derecho, sostenía lo contraproducente de la codificación, pues cristalizaría el derecho. Además, decía que era inoportuno, pues para ello se requería un período previo de elaboración, porque ni el pueblo ni los juristas estaban preparados para esa medida. En esta polémica triunfó Savigny, pues la codificación se realizó recién en 1896, pero bueno es agregar que fue por las alternativas políticas que ocurrieron en Alemania y no por sus argumentos. Efectivamente, en muchos Estados ha ocurrido lo contrario de Alemania y, respecto a que la codificación sea un símbolo de decadencia del derecho, será cierto con relación al Derecho Romano, pero no puede tampoco erigirse en regla general. 79. Origen de la codificación moderna. El Código Napoleón.— A) Panorama general. La Revolución Francesa significó el triunfo de la filosofía racionalista e individualista. El rtüejo jurídico de esta concepción, lo tenemos en el gran movimiento codificador que con ella se inicia, impulsado, claro está, por la ilusión racionalista de creer posible la confección de códigos perfectos, cerrados y completos, capaces de dar por sí, soluciones a todas las controversias humanas. Esta convicción se concretó primero en el derecho público, con las cuatro Constituciones que precedieron al Imperio (de 1791,1793,1795 —o del año III— y de 1799 —o del año VIII—), cuya corta vida —dicho sea de paso— evidenció ya la quiebra de ese racionalismo jurídico llevado a un extremo que despreciaba el pasado y pretendía elaborar el derecho como puro fruto de la "diosa razón", al margen de la realidad social a que estaba desuñado. En el derecho privado, esta convicción se concretó con la sanción del Código Civil, en 1804, que en realidad, fue el quinto proyecto, según veremos. Este Código, denominado


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también Código Napoleón, marca el comienzo del movimiento codificador del derecho privado puesto que a partir de él, comenzaron a dictarse códigos en la mayor parte de los Estados que, en algunos casos, fueron prácticamente copia del francés. 80.—B) El Código Napoleón. Fue aprobado en 1804, siendo en realidad el quinto proyecto presentado. En efecto, con anterioridad, encontramos tres proyectos de Cambaceres, caracterizados porsu excesiva brevedad (695,297 y 97 artículos, respectivamente), ninguno de los cuales tuvo éxito. En 1799, Jacqueminot presentó un cuarto proyecto, que tuvo el mismo fin. Por último, en el año 1800, los Cónsules nombraron una comisión de cuatro miembros, integrada por los famosos jurisconsultos Tronchet, Portalis, Bigotde Préameneu y Maleville, que redactaron el proyecto definitivo. Napoleón, según se refiere, intervino personalmente en la elaboración del proyecto, evidenciando un agudo sentido jurídico que se manifestó, no sólo en las sugestiones referentes al divorcio, la adopción, etc., sino también en la generalidad del trabajo, pues solía formular a sus autores estas dos preguntas: ¿es justo?, ¿es útil? 81.— C) Denominaciones del Código. Se lo sancionó en 1804 como el "Código Civil de los Francese.s". Esta denominación, es sin duda inadecuada para un Código como el civil, que se aplica tanto a nacionales como a extranjeros. La segunda edición, de 1807, se denominó "Código Napoleón", pero en 1816, se volvió al nombre primitivo. En 1852, Napoleón El le restituyó el nombre de Código Napoleón y, finalmente, se adoptó la denominación de "Código Civil Francés", que es sin duda la más acertada. 82.— D) Carácter del Código. Se suele hablar del origen revolucionario de la codificación, lo que es exacto, si se alude con ello a que este movimiento de codificación se debió a la resonancia mundial de la Revolución Francesa, con todas sus proyecciones. Pero, en cuanto al Código en sí, o más propiamente a su contenido, no es tan revolucionario si se lo compara con el derecho anterior, pues no constituye un engendro puramente racionalista, sino que, por el contrario, se tuvo en cuenta el derecho francés prerrevolucionario. Como es sabido, mientras al norte de Francia predominaba el derecho consuetudinario, al sur ocum'a lo propio con el Derecho Romano y, en la parte central, regían sobre todo las ordenanzas reales y las leyes revolucionarias sancionadas durante el pen'odo intermedio (1789-1804).

83. La codificación en el derecho argentino.— Sólo recordaré que la Constitución Nacional establece en el art. 75, inc. 12, que corresponde al Congreso "dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados". Los cuatro primeros han sido dictados y tienen vigencia; el último, en cambio, que ftie agregado en la reforma constitucional de 1957, no ha sido dictado hasta el presente.



CAPÍTULO 13

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR (CONTINUACIÓN)

DERECHO CONSUETUDINARIO (LA COSTUMBRE JURÍDICA)

SECCIÓN PRIMERA

TEORÍA DEL DERECHO CONSUETUDINARIO L Concepto.— Es el conjunto de normas jurídicas implícitas en la repetición más o menos constante de actos uniformes. Para evitar confusiones, conviene aclarar que la conducta repetida es en sí misma un hecho, vale decir, un hecho de conducta; en cambio, la norina implícita que surge de la conducta repetida, no es un hecho sino precisamente una nomia. Si en la definición decimos normas jurídicas, va de suyo que deben ser coercibles y eso las diferencia precisamente de los usos sociales, que no lo son y que no constituyen, por lo tanto, derecho consuetudinario (v. Cap. 4, párr. 39). La obligatoriedad de las normas consuetudinarias se revela tanto en su aplicación por los tribunales como en su cumplimiento espontáneo, tal como si se tratase de una norma legislada a la que debe ajustarse la conducta, so pena de la sanción correspondiente. La costumbre jurídica es una de las fuentes formales del derecho, que si bien en las épocas primitivas era única y exclusiva, hoy día, con el predominio de la formulación legislativa del derecho, ha pasado, en general, a un plano secundario. 2. Terminología.— Además de costumbre jurídica, que es la denominación tradicional, algunos autores lo llaman también derecho no escrito (ésta es otra denominación tradicional), oponiéndolo de esta manera a derecho escrito. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Esto, que pudo ser cierto en la infancia de la civilización cuando las costumbres se transmitían oralmente de generación en generación, hoy ya no lo es y, por lo tanto, constituye una denominación equívoca que debe ser desechada. Derecho consuetudinario se opone no a derecho escrito, sino —hablando con más claridad— a derecho legislado. Puede entonces estar consignado por escrito, como ocurre en la actualidad a efectos de precisar y fijar su contenido, de divulgarlo, etc., sin dejar por eso de ser derecho consuetudinario; como es obvio, si se sanciona una norma con su contenido, la costumbre deja de ser tal para convertirse en norma legislada (ley, decreto, ordenanza, etc.). Empleando entonces la terminología tradicional, podemos afirmar que el derecho no escrito, sigue siendo derecho no escrito a pesar de estar escrito. En síntesis, así como según la naturaleza de su contenido, dividimos el derecho positivo en público y privado, atendiendo a su origen, podemos distinguir: a) derecho consuetudinario, o de la costumbre, o costumbre jurídica, o tradicionalmente, derecho no escrito (algunos lo llaman derecho no promulgado, pero —según veremos— no es ésta una denominación muy acertada); y 3.— b) derecho legislado (también se lo llama derecho promulgado, derecho de las leyes, etc.). Más simplemente se lo llama "ley", oponiéndolo de este modo a "costumbre", pero entonces, cabe preguntarse qué se entiende por derecho legislado, o si se quiere, con qué amplitud debe tomarse aquí la palabra "ley". A mí me parece que derecho legislado o ley, deben ser tomados en sentido amplísimo (Cap. 12, párr. 14), vale decir, designando a toda norma jurídica establecida en forma deliberada y consciente (no sólo la ley stricto sensu, sino también los decretos, las sentencias, etc., porque todas estas normas, si bien unas son generales y otras particulares, todas tienen en cuanto a su origen, ese carácter común que las diferencia de las normas consuetudinarias). Los que toman la palabra ley en sentido estricto, es porque creen todavía que la única norma jurídica es la ley o las normas generales, a pesar de la irrefutable demostración de Kelsen. Para terminar, insisto en la conveniencia de desterrar las expresiones derecho escrito y derecho no escrito, reemplazándolas por derecho legislado y derecho consuetudinario, en la forma explicada. Son estas, expresiones mucho más precisas y dan la cabal comprensión de lo que quiere expresarse. Además, para evitar malentendidos, haré una aclaración: cuando en este libro o en otras obras de derecho se habla de "costumbre", así simplemente, sin adjetivo alguno, hay que entender claro está, que se alude a la costumbre en sentido jurídico, vale decir, a la costumbre jurídica. 4. Elementos material y espiritual de la costumbre jurídica.— Según la doctrina tradicional (llamada romano-canónica), en la costumbre jurídica pueden distinguirse dos elementos: http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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1) elemento material, u objetivo, es decir, la repetición constante de actos uniformes, y 2) elemento espiritual (o psicológico, o subjetivo), que es la conciencia de su obligatoriedad, en otros términos, el convencimiento de que aquello que se hace debe hacerse, porque es jurídicamente obligatorio. La repetición constante, aunque es el sustrato necesario, no basta según esta doctrina, ya que hay actos que se repiten continuamente, como los usos sociales, sin constituir costumbre en sentido jurídico. Es necesario además, que la repetición sea valorada por la certidumbre de que la reiteración es absolutamente obligatoria, es decir, que los demás pueden exigirla y no depende por lo tanto del mero arbitrio subjetivo. Este elemento subjetivo fue ya conocido por los romanos, que lo llamaron opiíiio juris seu necessitatis. La copresencia de un elemento material y uno espiritual, ha permitido comparar la costumbre con la institución de la posesión que, además del corpus (detentación material de una cosa bajo el poder de una persona), exige el animus domini (intención del poseedor de comportarse respecto de la cosa como propietario). En rigor de verdad, tal teoría es errónea, pues si bien el elemento material es por supuesto necesario para que haya costumbre jurídica, no ocurre lo mismo con el elemento subjetivo; en efecto, el derecho existe en todas sus modalidades —inclusive la costumbre jurídica-— independientemente del criterio subjetivo de las personas (v. "Coercibilidad del Derecho", en el Cap. 4, párr. 20). Lo cierto es que habrá costumbre jurídica, cuando la costumbre en cuestión sea coercible y, por lo tanto, en caso de inobservancia, el remiso pueda ser obligado a cumplirla, o bien se le pueda aplicar la sanción correspondiente. Por ejemplo, en el derecho argentino, el nombre de la mujer casada estaba regido hasta no hace mucho tiempo por una costumbre, según la cual, la esposa debía agregar a su apellido el apellido del marido, precedido de la partícula "de". Ahora bien, es indudable que se trataba de una costumbre jurídica, ya que si alguna esposa se hubiera negado a usar el apellido del marido y el esposo lo hubiera exigido judicialmente, no hay duda de que el juez hubiera dado la razón al marido; a su vez, de no haber acatado la esposa dicha resolución judicial, no hay duda de que habría incurrido en lo que se denomina en nuestro derecho "injuria grave" (art. 202 del Cód. Civil), que constituía una causal de divorcio (ésta habría sido la sanción). Desde 1987 es "optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición 'de'" (así lo dispuso la ley 23.515, al reformar el art. 8° de la ley 18.248, que rige el nombre de las personas). 5. Diferencia con los usos sociales.— En el Capítulo 4 se ha hecho referencia a los usos sociales, por lo que allí remito al lector.


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Sólo agregaré que, si bien ambos surgen espontáneamente de la vida social, sólo la costumbre jurídica es fuente formal del derecho. 6. Caracteres.— Suelen citarse los siguientes: 1) Surge espontáneamente; 2) Es de formación lenta; 3) No tiene autor conocido; 4) Suele ser incierta o imprecisa; y 5) Es particularista, pues las costumbres abarcan siempre una esfera cuyos límites no son sólo geográficos, sino también de carácter social, ya que son observadas generalmente por una clase o grupo social determinado. Las costumbres generales son sumamente raras, pues han sido reemplazadas por las leyes y, donde más subsisten, es en el derecho de la navegación. 7. Diferencias con el derecho legislado.— Entre otras, enumeraré las siguientes: 1) - El derecho consuetudinario es un producto inmediato, espontáneo y más bien intuitivo de la vida social; en cambio, - el derecho legislado, es un producto reflexivo y técnico. Además es mediato, porque está el órgano legislativo entre él y la población. La norma legislada, aunque se inspire en el vivero de las costumbres, es siempre una obra reflexiva. 2) - Por sus respectivos procesos formativos, - la costumbre es, como y a se ha explicado, de formación lenta —producto espontáneo de la necesidad a que responde— no siendo posible determinar en forma precisa la época de su introducción; en cambio, - la ley, en sentido amplísimo, es de formación rápida, pudiéndose así en breve plazo transformar la organización institucional de un Estado, con las ventajas consiguientes. 3) - La costumbre no tiene autor conocido, puesto que como se ha dicho, intervienen en su formación, los integrantes de un grupo social determinado; en cambio, - el derecho legislado tiene autor o autores conocidos, porque es, en unos casos, obra de órganos competentes que representan a la comunidad social, políticamente organizada y, en otros, obra de determinados particulares (p. ej., un contrato). 4) - La costumbre es incierta, imprecisa y, muchas veces, hasta engendra un gran número de cuestiones sobre su misma existencia; en cambio, - la ley, expresión racional del derecho, es precisa y permite una mayor certeza y seguridad en las relaciones jurídicas. Además, al ser consignadas en textos escritos y expresos, son lógicamente más completas, precisas y fáciles de http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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conocer que las costumbres. Así se explica que paulatinamente, el derecho legislado haya ido desalojando al consuetudinario. Por las diferencias esquemáticamente expuestas, se evidencia la neta superioridad que tiene, en general, el derecho legislado sobre el consuetudinario, lo que ha hecho decir a Del Vecchio, que "la ley constituye el más alto y perfecto grado de formación del derecho positivo". La preferencia dada a la ley, no significa que pueda llegar a concluir completamente con la costumbre, siendo esto, por otra parte, lo que resulta de la experiencia jurídica. La costumbre, producto directo de la vida social, será siempre una fuente del derecho y, habiendo precedido al derecho legislado, coexiste y coexistirá con él, para ampliarlo y completarlo. 8. Clasificaciones.— La costumbre es susceptible de varias clasificaciones: I) Según su posición frente a la ley, el Derecho Romano y las Partidas, ya distinguían entre: a) costumbres según la ley (secundum legem): son aquellas que pueden servir para complementar la ley; b) costumbresî/era de la ley (praeter legem): son aquellas querigenlos casos no previstos por las leyes. Están pues "fuera" de la ley, pero no contra la ley; c) costumbres contra la ley {contra legem): son las que están en franca oposición con el derecho legislado. Con respecto a estas últimas, agregaré que, en el derecho moderno, se les niega generalmente valor legal y, por lo tanto, fuerza derogatoria (p. ej., art. 17 del Cód. Civ. antes de la reforma de 1968 —v. párr. 15—). II) Según el territorio que abarcan, pueden ser: a) generales: son las que se extienden a todo un país, o a varios países; b) locales: son las que se extienden a un pueblo o región. En la actualidad, como ya he aclarado, las costumbres generales son muy raras, salvo en el derecho internacional público y en el de la navegación. III) Según las personas que las cumplen, se distingue: a) comunes: son las cumplidas por todos o la generalidad de los habitantes de un lugar determinado; b) particulares: sólo son observadas por un grupo más o menos reducido de personas. Esta clasificación, que hace referencia a una delimitación social, no debe ser confundida con la anterior, que es territorial. IV) Según que esté o no consignada por escrito, se distingue entre: a) escrita: recopilaciones de costumbres por ejemplo; b) no escrita: es la conservada por medio de la tradición oral, como ocurría generalmente en las épocas primitivas.


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V) Puchta, distinguió: a) costumbre vulgar, o popular, o derecho popular: es la costumbre jurídica propiamente dicha; y b) costumbre técnica o judicial o jurisprudencia. Esta clasificación y aun la terminología, deben ser desechadas, porque suponen como semejantes dos modalidades o fuentes del derecho: la costumbre jurídica y la jurisprudencia, que son distintas. Por otra parte, la última, como producto reflexivo y técnico, queda comprendida en la expresión derecho legislado en sentido lato. 9. Prueba de la costumbre.— Varía según los distintos regímenes positivos, pero, en general, debe ser probada por quien la alega. En cuanto a los medios probatorios, han variado con el tiempo. Hoy día, puede acreditarse directamente mediante la experiencia personal del juez e, indirectamente, por medio de colecciones de sentencias judiciales, opiniones de tratadistas, informes de los grupos sociales pertinentes (comerciales, gremiales, etc.). Cuando la costumbre es extranjera, se recurre al informe legalizado del cónsul del país respectivo. 10. Formación de la costumbre. Sus orígenes.— En rigor de verdad, el epígrafe nos plantea dos problemas que si bien presentan similitudes, no son exactamente iguales. En efecto, el origen de la costumbre, problema que trataré primero para descartarlo, consiste en explicar cómo nacieron las primeras costumbres en los grupos humanos más primitivos; por lo tanto, se trata ni más ni menos que de los orígenes histórico y sociológico del derecho, porque las normas jurídicas que reglaron la vida social de los primeros conglomerados humanos, fueron consuetudinarias. 11.— Por su parte, el problema de Información de la costumbre, consiste en explicar cómo nace en general la costumbre jurídica en cualquier medio social. No interesa que sea en la Antigüedad, en la Edad Media o en la actualidad, ya que esto no afecta a la esencia del asunto. En síntesis, cabe decir lo siguiente: la costumbre, no se constituye de una vez en el tiempo, no aparece en la trayectoria histórica del derecho de una manera súbita como la ley; por el contrario, se va formando poco a poco, progresivamente, con la repetición de hechos semejantes por el grupo social, hasta que llega un momento en que se la considera obligatoria y los que la infringen sufren las sanciones correspondientes. Recién a partirde ese momento, podemos decir que nos encontramos frente a una costumbre jurídica, ya que la obligatoriedad, es una condición sine qua non de la misma. Es pues de realización lenta y casi inadvertible (Ihering lo llamó por esto derecho sonámbulo) y no tiene autor conocido, ya que surge de un grupo más o menos amplio de personas.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico EL DERECHO CONSUETUDINARIO 359 - Cap. 13 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 12.— Profundizando un poco este fenómeno de la formación de la costumbre, la mayor parte de los autores han establecido ciertos requisitos formativos de la misma, vale decir, ciertas condiciones necesarias que determinan su existencia. La mayoría indica ': a) Pluralidad de actos. En efecto, un solo acto no forma costumbre, si bien puede ser el punto de partida de la misma. Es en realidad imposible establecer el número de veces que un mismo acto debe ser repetido para que devenga costumbre y, modernamente, como antes, queda librado al criterio del juez el establecerlo. b) Uniformidad de los actos. Para ello, no es necesario que sean materialmente iguales, pero sí que revelen acatamiento a una misma regla o principio. Si con los actos de sometimiento, coexisten otros de desconocimiento, pueden destruir la virtualidad de los primeros, pero sin embargo, tal cosa no ocurrirá, cuando aparezcan como actos de excepción y no impidan que se forme la convicción jurídica de la colectividad, conforme a los primeros, con la consiguiente coercibilidad. c) Tiempo. Suele exigirse la repetición durante un cierto tiempo, de los actos constitutivos de la costumbre: el derecho canónico exigía el tiempo de la prescripción; las Partidas, diez años entre presentes y veinte entre ausentes; el Derecho Romano, después de cien años de práctica, consagraba a la costumbre como inmemorial, etc. Pero fijar un plazo a la costumbre es siempre arbitrario, pues todo depende de la naturaleza de la relación de que se trate, debiendo quedar librada su apreciación, en gran parte, al criterio del juez. Además, el problema no es sólo de tiempo, puesto que la repetición de actos, aunque dure mucho, no forma en todo caso costumbre y sí solamente cuando los que la practican logran imponer su obligatoriedad en un grupo de personas. Es atendiendo principalmente a este elemento, que Ulpiano definía la costumbre como "el tácito consenso del pueblo revelado por la larga y constante práctica", y las Partidas, diciendo que la "costumbre es derecho o fuero que no es escrito; el qual han usado los homes luengo tiempo, ayudándose de él, en las cosas o en las razones, sobre que lo usaron" (Ley 4, lib. 2, part. V). d) Extensión. Los actos constitutivos de la costumbre jurídica, ¿deben ser realizados por toda la colectividad? No, porque las costumbres, abarcan siempre una esfera cuyos límites no son solamente geográficos, sino también de carácter social y es por eso que encontramos costumbres elaboradas por diversos grupos sociales: comerciantes, obreros, campesinos, etc. En síntesis, no es necesario que dentro de cada círculo, practiquen los actos creadores de la costumbre todos los individuos; los realizarán quizá los más sensibles a los imperativos de la justicia o a los dictados de la conveniencia, pero es preciso siempre que los actos realizados por unos cuantos despierten en la conciencia de la mayoría (o por lo menos en los dirigentes del grupo), un sentimiento de sumisión a la regla en aquéllos expresada. e) Conciencia de su obligatoriedad, es decir, el convencimiento de que aquello que se hace debe hacerse, porque es jurídicamente obligatorio (v. párt. 4). Añade Demófilo De Buen, que la exigencia de este elemento psicológico, no implica la necesidad de que los actos productores de la costumbre deban estar, desde el principio, inspirados en el acatamiento consciente, a la norma obedecida. Además, una costumbre puede tener su origen en un acto casual o arbitrario.

DE BUEN, Demófilo, Introducción al Estudio del Dereclio Civil, Madrid, s/f., pág.s. 312 a 314.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Para convertir un uso en costumbre, se requiere la obligatoriedad del mismo, pero conviene recalcar que es la norma la que nace del uso y no el uso el que nace por consideración a la norma. La conciencia de la obligatoriedad, no aparece entonces en relación de prioridad respecto del uso, sino después de él. Puede también eventualmente acontecer lo contrario, en el caso de que el autor de los actos de donde surge la costumbre, los haya realizado con la convicción de que debía obrar así por imperativo del derecho y no de otra manera. La costumbre puede tener entonces su origen intencional en una convicción errónea, incluso en una errónea interpretación del derecho positivo, porque como dice De Buen, su fuerza no deriva fundamentalmente del estado de conciencia del autor de los actos, sino del efecto que esos actos producen en las conciencias predominantes en la colectividad. A poco que se analicen estos requisitos, se verá que pueden reducirse a dos: el elemento material y el elemento espiritual ya estudiados. En efecto, los incisos "a", "b", "c" y "d", se refieren al elemento material, pues son las condiciones que debe llenar éste para existir como tal.

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SECCIÓN SEGUNDA VALOR DE LA COSTUMBRE EN LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO 13. Aclaración previa.— En primer término, ¿cuál de las dos fuentes del derecho es más importante?, ¿la ley o la costumbre? Este problema, que planteado así, en abstracto, da origen a una serie de controversias bizantinas, se soluciona fácilmente, al ser encuadrado en sus verdaderos términos, vale decir, en concreto, que es el planteamiento correcto de este problema. En efecto, ambos son fuentes o modalidades del derecho, tan legítima launa como la otra, debiendo estudiárselas dentro de cada pueblo, con relación a cada período hi.stórico y a cada rama del derecho 2. Así ha de entenderse fácilmente. La prueba más evidente del señalado error la tenemos en que mientras el racionalismo jurídico menospreciaba la costumbre como fuente del derecho, para la llamada Escuela Histórica del Derecho (v. Cap. 18, párrs. 19 y sigs.) la costumbre era la fuente principa!. 14.— En las organizaciones sociales primitivas, la costumbre era la fuente del derecho por excelencia, reinando con carácter exclusivo. La costumbre es pues, históricamente hablando, la primera manifestación del derecho yfielreflejo de los caracteres del grupo de que surge; en tcdos los pueblos de la antigüedad tenía un valor fundamental y recordemos a título de ejemplo, que en opinión de Tácito, las costumbres eran más eficaces entre los primitivos germanos, que las leyes en otros países. Son muchas las investigaciones etnográficas demostrativas de que las relaciones de los hombres primitivos (amor, caza, pesca,fiestas,etc.), estabanrigurosamenteregladas por la costumbre, imponiéndose su observancia con toda severidad, mediante la aplicación de sanciones terribles, que a menudo llegaban a la pena de muerte. El temor de provocar la ira de los dioses o genios tutelares de la colectividad y con ella toda clase de calamidades para -

Puede verse DEL VECCHIO. Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 376.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA LA COSTUMBRE 361 - Cap. 13 Copia PrivadaVALOR para DE uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN el grupo social (que la supersticiosa mentalidad primitiva los atribuía a su descontento), etc., eran fuerzas poderosas que facilitaban su cumplimiento. Cuando se comienza a fijar por escrito el derecho que, bajo forma de ley, resultaba de la manifestación voluntaria del pueblo, se justificó la vigencia de la costumbre, llamándosela ley tácita (lex tácita), con lo cual se significaba que, al tolerarla, el pueblo le daba su asentimiento como si la hubiera votado. Por lo tanto, es recién cuando aparece el derecho legislado, que se comienza a discutir el valor de la costumbre, pues antes, nadie lo ponía en duda. La exclusividad de la costumbre se desvaneció, cuando al afirmarse el Estado, se produce el advenimiento de la formulación legislativa del derecho. En un principio coexisten ambas fuentes sobre un pie de igualdad, pero luego, poco a poco, se manifiesta cada vez con más vigor la tendencia de la ley a suplantar a la costumbre. Es a principios del siglo XIX, con el predominio del racionalismo jurídico, cuando culmina la decadencia efectiva de la costumbre. Hoy día, en los Estados encuadrados en el sistema continental, la primacía corresponde a la ley. Prácticamente, la ley se ha convertido en el sostén de la costumbre, en los casos en que todavía le corresponde a ésta algún papel. Cabe consignar como excepción, que el Código Civil Suizo, en su art. 1°, enuncia expresamente a la costumbre como fuente del derecho, en defecto de la ley. 15. Nociones generales.— Entre las ramas en las que el derecho consuetudinario reviste todavía gran importancia, cabe citar al derecho internacional público (algunas normas establecidas por la costumbre perduran todavía en esa forma, tal como las inmunidades diplomáticas, el derecho de visita, etc.); al derecho de la navegación; al derecho comercial; etc. Dentro del derecho argentino, el valor de la costumbre está expresamente establecido en diversas disposiciones: 1) EN LO CIVIL. a) Antes de la reforma de 1968, el art. 17, segunda parte, del Código Civil, disponía que: "el uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos" (es de hacer notar que el Código empleaba indistintamente los términos uso, costumbre y práctica, lo que constituía una imperfección técnica). En síntesis, sólo se reconocía fuerza normativa a la costumbre secundum legem, es decir, en aquellas situaciones en que la ley se remitía a la costumbre. Entre los casos en que el Código excepcionalmente cita la costumbre como fuente, figuran los siguientes: a) el art. 950 que refiriéndose a la forma y solemnidades de los actos jurídicos, establece "que su validez sea juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos se realicen"; b) el art. 1504, al establecer que si el uso de una cosa no está expresado en el contrato de locación, "será el que por su naturaleza está destinada a prestar, o el que la costumbre del lugar le hace servir...; c) el caso del art. 1556, que señálalos usos del lugar como elemento para fijar el plazo dentro del cual deben pagarse los alquileres, cuando en un contrato de arrendamiento se estipule que debe serlo por mes adelantado, sin especificar dentro de qué días; d) el art. 2621, que al referirse a las restricciones


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y límites del dominio, habla de los usos del país; e) el art. 2268, al establecer que a falta de convención expresa, el comodatario o prestatario (contrato de comodato o préstamo de uso), no puede hacer otro uso de la cosa que el determinado por su naturaleza o la costumbre del país; etc. A pesar del citado régimen, había situaciones de la vida social regidas por la costumbre con fuerza normativa (p. ej., el nombre de la mujer casada —ver párr. 4—). b) Con la reforma de 1968, el art. 17 del Código Civil quedó redactado así: "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente". Por lo tanto, desde dicha reforma, no sólo se sigue reconociendo validez a la costumbre secundum legem, sino que, además, se le reconoce fuerza normativa a la costumbre praeter legem, es decir, la que rige casos no previstos por la legislación vigente. Como es obvio, esto implica una reforma al art. 16 del Código Civil (cuya redacción no fue modificada), vale decir, de la jerarquía de las fuentes del derecho civil que, desde 1968, ha quedado ordenada de la siguiente manera: 1°) la ley en sentido amplio; 2°) la costumbre (con la extensión indicada); 3°) los principios de leyes análogas; y 4°) los principios generales del derecho (ver Cap. 15, párrs. 68-73). 16.—2) EN LOCOMERCI AL. En este terreno, corresponde hacer una distinción relativa a los usos comerciales, porque desempeñan dos funciones distintas: a) como fuente material: es el caso en que las costumbres comerciales tienen sólo un valor interpretativo de los actos y convenciones mercantiles. Tal lo que surge del apartado V, del título preliminar de nuestro Código de Comercio, que dispone: "Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercantiles"; b) comofuenteformal: es el caso en que las costumbres mercantiles tienen valor normativo, pues a falta de disposiciones legales o convencionales, los jueces, en ciertos casos, deben aplicar obligatoriamente las normas consuetudinarias. Por ejemplo, el art. 274, donde se establece que el comisionista tiene derecho al cobro de una comisión que, a falta de estipulación expresa, "será determinada por el uso comercial del lugar donde se hubiere ejecutado la comisión". 17.— 3) EN LO PENAL. La costumbre no es fuente del derecho penal, en el sentido de que no pueden establecerse delitos consuetudinariamente; en efecto, el art. 18 de la Constitución Nacional establece que: "ningún habitante de la Nación, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso..." (v. Cap. 24, párr. 26).



CAPÍTULO 14


LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA

SECCIÓN PRIMERA

LA JURISPRUDENCIA I. NOCIONES PRELIMINARES: QUÉ ES UNA SENTENCIA Y PROBLEMAS CONEXOS 1. Síntesis.— Para facilitar la comprensión del tema principal tratado en este capítulo (la jurisprudencia), así como de algunos problemas conexos, resulta imprescindible hacer referencia previamente a varias nociones ya indicadas en el subtítulo de esta Sección Primera. Por tal motivo, las analizaré en el orden allí mencionado. 2. Por qué se descarta e! significado del vocablo "jurisprudencia" como sinónimo de Ciencia del Derecho.— Esto se funda en razones de precisión terminológica ya explicadas (v. Cap. 2, párr. 32, inc. 5). Queda entonces aclarado que toda vez que hable de "jurisprudencia" a secas, tanto en este capítulo como en el resto de la obra, se hace referencia al sentido de esta palabra como fuente de derecho (ver este concepto en los párrs. 22 y sigs.). 3. Conveniencia de comenzar este capítulo aclarando el concepto de "sentencia".— Ello se debe a que sea cual fuere la concepción que se tenga de la jurisprudencia como fuente del derecho, todas giran en tomo de lo que en el ámbito jurídico se denomina simplemente con el vocablo "sentencia", entendiéndolo en sentido jurídico, es decir, para referirse a la sentencia jurisprudencial o jurisdiccional (mejor que judicial). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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4. Las dos maneras por las que adquiere vigencia el derecho.— Son las siguientes: 1) Por cumplimiento espontáneo de la comunidad, que suele ser lo habitual. Por ejemplo, cuando se paga voluntariamente un impuesto que, como es obvio, debe ser establecido por ley (arts. 4°, 75, inc. 2°, etc. de la Const. Nac); o bien, 5.— 2) Por aplicación coactiva, cuando lo anterior no sucede, vale decir, cuando se plantea un conflicto social que, generalmente, es lo excepcional. El mencionado conflicto, puede ser entre particulares (dos o más), entre éstos y el gobierno e, inclusive, entre órganos del gobierno. Tal aplicación coactiva, una vez surgido el Estado, la realiza un órgano de la comunidad —llamado genéricamente j«e;— quien, para resolver el conflicto dicta una sentencia, es decir, una norma individual que contiene la respectiva solución y, además, cuando corresponde, un plazo para cumplirla (v. p. ej. el art. 163, inc. 7°, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), bajo apercibimiento de ejecución forzada de lo resuelto, en caso de que no fuera cumplido voluntariamente (cuando ello resultara viable, según la naturaleza del respectivo deber jurídico). Esto es así porque como es sabido, en todo país civilizado, el monopolio de la fuerza pública corresponde al Estado, o más concretamente, al gobierno. Para terminar con esta breve referencia a la aplicación coactiva del derecho, cabe destacar que en las sentencias que dictan los jueces (en sentido amplio '), es donde habremos de encontrar esa fuente formal del derecho que se Uuma jurisprudencia. Por tal motivo, se impone aclarar de inmediato qué se entiende por sentencia. 6. Concepto de sentencia.— Antes de formular una noción de lo que también se denomina/a//o, conviene dejar constancia de lo siguiente: 1) Aclaración previa. Hay al respecto dos conceptos de distinta extensión: a) sentido restringido: alude a lo que comúnmente se Wuma sentencia definitiva, es decir, la que pone fin al proceso (o "juicio"); y b) sentido amplio: abarca no sólo las definitivas, sino también algunas resoluciones que se dictan durante la tramitación del proceso y que, en esencia, son iguales a las anteriores, aunque no por supuesto en cuanto a las consecuencias jurídicas: son las llamadas sentencias interlocutorias. Como veremos de inmediato, desde el punto de vista filosófico-jurídico, el concepto adecuado es el amplio, porque tanto las sentencias definitivas como las interlocutorias son, reitero, esencialmente iguales. 7.— 2) Concepto de sentencia: sin ánimo de dar una noción precisa, porque no es el tema central de este capítulo, considero que está bien conceptuada diciendo que es toda resolución de un órgano jurisdiccional (o juez en sentido amplio) del Estado, que soluciona mediante la aplicación del derecho, el confiicto planteado entre las partes intervinientes en un proceso. Analicemos un poco este concepto. ' Digo jueces "en sentido amplio", porque así quedan incluidos los jueces "administrativos" (p. ej. los jueces de faltas que tiay en algunas provincias —los de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecen ya al Poder Judicial de la misma—).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DE SENTENCIA 365 - Cap. 14 PROHIBIDA LA CONCEPTO VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 8.— a) Sentencias son las dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado: a') Es preferible hablar de "órganos jurisdiccionales" que de "jueces", porque esta última palabra, en sentido estricto —que es el más usual— designa habitualmente a los magistrados que integran el Poder Judicial (sea nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires); en cambio, la expresión "órganos jurisdiccionales ", tiene mayor amplitud, pues alude a cualquier órgano que desempeñe fundonesjurisdiccionales \ sea cual fuere el poder del gobierno al que perteneciere. Quedan así involucrados los llamados "jueces administrativos " que, no obstante depender orgánicamente del Poder Ejecutivo (p. ej., el Tribunal Fiscal de la Nación), desempeñan una tarea que, en esencia, es igual a la de los jueces que integran el Poder Judicial, aunque carezcan de la jerarquía institucional de éstos. En síntesis, al hablar de sentencias de los órganos jurisdiccionales, quedan involucradas en la definición tanto las sentencias jurf/cíaíes, es decir, las dictadas por los jueces que integran el Poder Judicial, como las sentencias administrativas, que son las surgidas de los jueces que dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo. Con igual significado se habla de jurisprudenciajuc/ící'a/ y de jurisprudencia ac(mm(.rtrativa, tema éste sobre el que volveré más adelante (v. párr. 26). 9.— a2) Al decir órganos jurisdiccionales "del Estado", se evidencia que resultan comprendidos la totalidad de ios órganos jurisdiccionales que cumplen dichas funciones en el sector público del Estado. Así, por ejemplo, en nuestro país quedarían comprendidos no solamente los órganos nacionales, sino también los de provincia, los de la Ciudad de Buenos Aires y aun los municipales que cumplieran funciones de carácter jurisdiccional. Lo dicho no implica desconocer que tales órganos, concretamente, forman parte en general del respectivo gobierno o, en algunos casos, ejercen sus funciones por delegación de éste. En nuestro país y en el orden nacional, los jueces integran un poder del gobierno (el Poder Judicial de la Nación) y, en cuanto a los jueces administrativos, si bien no forman parte del Poder Ejecufivo de la Nación —que entre nosotros es unipersonal (art. 87 de la Const. Nac.)— integran la llamada Administración Pública Nacional, que depende del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100, inc. 1° de nuestra Ley Suprema). 10.— b) La sentencia se dicta para "solucionar conñictos": esto significa que sólo cuando hay un conflicto entre partes (a veces intervienen también terceros), la decisión del juez resolviendo el problema es una sentencia; en cambio, si el juez ordena, por ejemplo, la agregación de un documento al expediente, la producción de una prueba, etc. y no hubiera oposición alguna, esa resolución no es una sentencia 3, ya que al no mediar conjlicto previo, sólo ha habido cumplimiento espontáneo del derecho por el juez, y por las partes en su caso. Pero si en estos supuestos hubiera oposición y se planteara un conflicto, la correspondiente resolución judicial sería entonces una sentencia (interlocutoria en el caso). n.— c) El concepto amplio de sentencia es el más acertado. Al decir la definición que toda sentencia resuelve conflictos planteados en un proceso, resulta claro que son sentencias • Con respecto al significado del vocablo "jurisdicción", véa.se el Capítulo 23, párr. 19. Son las llamadas entre nosotros "providencias simples" (v. art. 160 del Cód. Proc. Civ. y Con), de la Nación).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN tanto las dictadas a lo largo de un proceso (sentencias interlocutorias), como la resolución que le pone fin (sentencia definitiva), porque esta última, como es obvio, también se dicta "en el proceso" y no fuera de él. Es pues, tan sentencia una como las otras, debido a que todas ellasfienenuna esencia común, a la que ya se ha hecho referencia (v. inc. "b"). 366

12.— d) Por otra parte y de acuerdo con lo dicho en el Capítulo 5 (párr. 12, inc. 2°), reitero que desde el punto de vista lógico, la sentencia es una norma jurídica individual que, en tal carácter, nos da el sentido jurídico del caso, sin olvidar que, por ser norma jurídica, es tan completa como una norma jurídica general y, en consecuencia, debe tener la sanción correspondiente para el caso de que no sea cumplida de manera voluntaria. 13.— e) Por último, recordaré que la sentencia es dictada por el juzgador mediante la aplicación del derecho, es decir, aplicando normas de jerarquía superior (p. ej., leyes), en las cuales la sentencia halla su fundamento y, por lo tanto, su validez jurídica, siempre y cuando las normas en que se funde, sean a su vez válidas (v. Cap. 7, esp. párr. 6). Profundizando el tema de la fundamentación, agregaré que debe ser doble, pues habrá de referirse a: e') al contenido de la sentencia (fundamentación material), por ejemplo, si el fallo dispone el divorcio de las partes, tendrá que fundarse o, mejor aún, deberá guardar congruencia con las normas del Código Civil que se refieren al divorcio; y e-) al procedimiento o forma en general (fundamentación formal o procesal), pues la sentencia, para ser válida, debe ser dictada por el órgano competente y de acuerdo con el procedimiento establecido para dictarla, cumpliendo asimismo todos los requisitos formales que dispone la ley (p. ej., el lugar y fecha en que fue dictada, lafirmadel juez, etc. —véase el art. 163 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—). En síntesis, un fallo que no reúna los requisitos antedichos, puede ser impugnado de nulidad para que se lo deje sin efecto, a través de los recursos procesales correspondientes (apelación, etc.). 14. Partes de la sentencia.— Ante todo debo advertir que por sentencia debe entenderse el fallo en su integridad, es decir, todo el fallo y no una de las partes —la dispositiva (v. párr. 15)— como algunos creen. Aclarado lo anterior, interesa recordar (porque favorece la comprensión del concepto de jurisprudencia) que, en general y en nuestro país en particular, los fallos son divididos en tres partes: Primera parte). Los resultandos: es la exposición de los hechos y demás cuestiones que las partes plantean y someten a la decisión judicial. Se la denomina los "resultandos", porque a lo largo de esta parte, el juez hace un resumen de lo que resulta del proceso hasta ese momento (demanda, contestación de la demanda, objeto del lifigio, etc.). Aclaro que el vocablo se suele usar en plural, porque lógicamente son varias las cuestiones que el juez debe referir, empleándose el singular para identificar a cada uno de los párrafos en que esta parte suele ser dividida (resultando "a", "b", "c", o 1°, 2°, etc., según el caso); 15.— Segunda parte). Los considerandos: es la parte de la sentencia en la que el juez expone los fundamentos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión. En otros términos, analiza en general los hechos invocados por las partes, las pruebas producidas, el de-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaPARTES para DE usoLADidáctico SENTENCIA y Científico 367 - Cap. 14 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN recho alegado por los litigantes y, en definitiva, cuáles son las normas que decide aplicar para resolver el caso. Esta parte de la sentencia es denominada "considerandos", así en plural, por ser varios los argumentos que invoca el juzgador; a su vez, se emplea el vocablo en singular, para hacer referencia a cada uno de los párrafos en que suele ser dividida esta parte (considerando "a", "b", "c" o 1, 2, 3, etc. según el caso); 16.— Tercera parte). Parte dispositiva (o resolutiva): es la decisión expresa del juez sobre las cuestiones planteadas. 17.— Para finalizar con el tema de las partes en que se divide la sentencia, no debemos olvidar que el fallo es una unidad, es decir, un todo orgánico en el que las partes deben guardar entre sí la congruencia pertinente o, en otras palabras, no deben ser contradictorias entre sí. A título de ejemplo, recordaré que en el derecho argentino, la existencia de contradicción entre las partes de un fallo (p. ej., entre la parte dispositiva y los fundamentos), configura lo que se llama "sentencia autocontradictoria" que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una arbitrariedad, que la hace insanablemente nula. En tal caso y si el defecto no pudiera subsanarse con los recursos procesales ordinarios (apelación, etc.), puede recurrirse ante el alto tribunal para que la deje sin efecto, por la vía del recurso extraordinario (v. Cap. 23).

18. El fundamento jurídico de la sentencia y la doctrina jurisdiccional (o jurisprudencial).— Basándome en lo ya dicho al respecto (ver párr. 13), y siempre con el objeto de facilitar la comprensión del concepto de jurisprudencia, agregaré que en la realidad jurídica, estos dos aspectos del fallo mencionados en el epígrafe, deben ser cuidadosamente distinguidos, sin perjuicio de reconocer la estrecha vinculación que hay entre ellos. Veamos: 1°) Fundamento jurídico de la sentencia: además de la fundamentactónfáctica (es decir, en ios hechos de la causa), el juzgador funda la sentencia en otra u otras normas de derecho, como ya se ha explicado (párr. 13). Agrego ahora que, en la realidad jurídica, esa norma puede ser constitucional, legal, consuetudinaria, un precedente jurisprudencial, etc., o bien, cuando no haya norma que prevea el caso, deberá ser creada por el juzgador, recurriendo a procedimientos de integración del ordenamiento jurídico (v. Cap. 16, párr. 66). 19.— 2°) Doctrina jurisdiccional {o jurisprudencial), elaborada en torno al fundamento jurídico del fallo. Esto surge de que toda norma, antes de ser aplicada a un caso, debe ser científicamente interpretada. Hablando con más precisión, puede afirmarse que doctrina jurisdiccional es el conjunto de argumentos científico-jurídicos invocados por el juzgador en la sentencia, para fundar una determinada interpretación de la norma o normas aplicadas al caso, o bien para fundar, cuando no haya norma que prevea la situación planteada, la integración del ordenamiento jurídico, mediante una norma que creará con esa finalidad. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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20,— También se la llama doctrina legal, pero es una denominación criticable porque pareciera dar a entender que se trata de una doctrina que está en la ley, cuando en realidad no es así; en efecto, es el juez (en sentido amplio) quien crea esa doctrina, al menos en parte, con el fin de interpretar la ley (o norma aplicada), guardando una congruencia razonable con dicha norma. 21.— Otros la llaman doctrina judicial, pero esta denominación, si bien resulta correcta cuando se la usa para identificar la doctrina jurisdiccional de los jueces que integran el Poder Judicial, no abarca estrictamente hablando, la doctrina jurisdiccional de los jueces administrativos. En conclusión, puede afirmarse que las denominaciones más acertadas, son las del epígrafe. II. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA 22. Acepciones.— Descartado el sentido clásico del vocablo (v. párr. 2), puede afirmarse que los autores usan esta palabra en dos acepciones, que son las siguientes: 1) Significado amplio: jurisprudencia es el conjunto de todas las sentencias (en sentido lato), dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. Cuando se dice por ejemplo "repertorio ác jurisprudencia ", "unificar laywrisprudencia", etc., se está usando el vocablo en este sentido amplio. Habiendo estudiado ya el concepto de sentencia, sólo agregaré lo siguiente: a) Es mejor hablar de sentencias que de resoluciones porque: a') el vocablo "sentencia" en el ámbito jurídico, alude inequívocamente a las resoluciones dictadas por los jueces (en sentido amplio), en ejercicio de su actividad jurisdiccional; en cambio, a-) el término "resolución" es muy amplio para definir a esta fuente formal, pues abarca además de los fallos, otras resoluciones que también pueden dictar los jueces y que nada tienen que ver con la jurisprudencia. Tales son, por ejemplo, las resoluciones administrativas (cuando toman un empleado o lo ascienden, etc.), y también las legislativas como, por ejemplo, cuando la Corte Suprema o las Cámaras dictan ciertas normas procesales (acordadas), complementando el código respectivo. b) La definición habla de sentencias en sentido lato: con esta latitud quedan comprendidos en la jurisprudencia, tanto los fallos definitivos como los interlocutorios. c) Conjunto de sentencias: al decir conjunto, queda claro que jurisprudencia en sentido amplio, abarca la totalidad de los fallos, así como el vocablo legislación engloba la totalidad de las leyes.


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23.— 2) Sentido restringido: jurisprudencia es el conjunto de sentencias (en sentido lato), de orientación uniforme, dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver casos semejantes. Por otra parte, dicha orientación uniforme de los fallos, se concreta prácticamente en una norma general, que será aplicada por los jueces para resolver casos análogos. Va de suyo que esa interpretación, para ser científica, debe guardar coherencia lógica con la norma o normas interpretadas y, además, ser justa. Así por ejemplo, la llamada Ley de Propiedad Intelectual (v. Cap. 6, párr. 70 y sigs.), protege los derechos de los autores de obras científicas, literarias y artísticas, siempre que dichas obras contengan una creación intelectual, que debe tener algo de originalidad, aunque ésta pueda ser mayor o menor. Además, la ley enumera en el art. 1° una serie de obras susceptibles de protección legal; no obstante ello y como la enumeración no es taxativa, los tribunales han resuelto que, entre otras, las frases de publicidad comercial y las compilaciones de recetas culinarias, también gozan de protección legal, siempre claro está, que impliquen una cierta creación intelectual. Pues bien, esas decisiones uniformes cumplen una función complementaria de la ley, tal como si esas obras estuvieran enumeradas en la norma general de la ley. Los partidarios del concepto amplio denominan a este conjunto limitado de fallos, jurisprudencia uniforme, para diferenciarla de lo que se llama y'«mprudencia contradictoria. Esta última existe, obviamente, cuando diversos jueces o tribunales, o aun distintas salas de un mismo tribunal, se pronuncian de manera diferente para resolver casos análogos. Como es obvio, empleando el vocablo "jurisprudencia" en la acepción restringida, no tiene sentido hablar de "unificar la jurisprudencia", como se dice por ejemplo, al referirse a los tribunales de casación, puesto que si para existir jurisprudencia tiene que haber esa uniformidad, es absurdo hablar de unificar lo que ya es uniforme. Pero lo cierto es que aun los autores que sostienen el sentido restringido, hablan de unificar la jurisprudencia, incurriendo en esa contradicción. 24. Tendencia habitual hacia la uniformidad de la jurisprudencia.— Conviene recordar que esa tendencia de los jueces a seguir el precedente, vale decir, aplicar la doctrina jurisdiccional de algún fallo anterior dictado en un caso análogo, es algo que sucede en la realidad jurídica de todas partes del mundo. De cualquier manera, es razonable y acertado que así ocurra, por varios motivos, entre los cuales citaré los siguientes: a) por razones de justicia, ya que frente a una sentencia legal y justa, nada mejor que seguir en casos semejantes, la solución que ella implica; b) por razones de seguridad jurídica, dada la importancia que tiene en los diversos aspectos de la vida (económicos, políticos, etc.), actuar con la seguridad que da el poder prever lo que resolverían los jueces en un caso dado; c) por supuesto que también puede seguirse el precedente por simple comodidad del juzgador. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Finalmente cabe recordar que dicha uniformidad surge de dos maneras: 1) por seguimiento voluntario de los jueces, o bien; 2) por obligación legal, es decir, porque la ley establezca la obligatoriedad de seguir la doctrina sentada en algún fallo. A tal fin existen distintos procedimientos que serán explicados más adelante (v. párr. 48), como son por ejemplo, los tribunales de casación con el recurso homónimo; los fallos plenarios de ciertos tribunales que ordinariamente actúan divididos en salas, cuya obligatoriedad queda limitada al mismo cuerpo colegiado, y a los jueces cuyas sentencias sean apelables ante dicho tribunal. Cosa análoga sucede en el common law, donde rige la obligatoriedad del precedente (stare decisis). 25. Denominaciones.— A la jurisprudencia (en sentido amplio), se la llama también: a) Derecho jurisdiccional, atendiendo a la actividad de la que surge esta modalidad jurídica. b) Derecho jurisprudencial, locución también acertada porque expresa en forma directa, la fuente formal que individualiza. Las dos locuciones mencionadas son denominaciones aceptables, pero sin lugar a dudas, reitero que el nombre más adecuado por ser el que ha logrado mayor difusión, es el áe jurisprudencia que, además, tiene la ventaja de ser breve y claro. Sin perjuicio de lo dicho, también se la llama: c) Derecho judicial: esta expresión tiene el inconveniente de abarcar sólo las sentencias dictadas por los integrantes del Poder Judicial, quedando fuera de ella las dictadas por los jueces administrativos. d) Derecho "vivo", porque las leyes dejan de ser letra muerta y "cobran vida" al ser aplicadas por los jueces. Sin embargo, se trata de una afirmación que sólo es cierta parcialmente, porque por ejemplo, cuando un contribuyente paga un impuesto por propia voluntad, ¿no se ha cumplido una ley sin intervención del juez?, y entonces, ¿no es tan vivo el derecho en este caso como en aquél? 26. División.— La más común es la que distingue entre: 1) Jurisprudencia jí/í/íc/a/.- es la emanada de los magistrados que integran el Poder Judicial; y 2) Jurisprudencia Í7íi/7?mí5'íra?/ví7.- es laque surge de los jueces administrativos. Por ejemplo, la del Tribunal Fiscal de la Nación, de algunos jueces de faltas (los de carácter administrativo), etc. En un Estado constitucional como el argentino, la jurisprudencia más importante es la judicial, porque dado que los jueces respectivos integran uno de los poderes del gobierno, son los que ofrecen mayores garantías de imparcialidad y justicia. Una prueba de ello la tenemos en que la Corte Suprema de Justicia http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 371 - Cap. 14 LA JURISPRUDENCIA: PROBLEMAS QUE PLANTEA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

de la Nación, ha resuelto reiteradamente que los fallos de la justicia administrativa, son siempre apelables ante la justicia ordinaria (p. ej., los fallos definitivos de los tribunales militares). III. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA LA JURISPRUDENCIA

27. Síntesis.— Son los siguientes: 1) Si la jurisprudencia es o no fuente del derecho; 2) Si es o no creadora de derecho; 3) Importancia de esta fuente con relación a las otras fuentes jurídicas; 4) Obligatoriedad de la jurisprudencia; 5) Cambios de jurisprudencia; y 6) Unificación de la jurisprudencia. De inmediato explicaré sintéticamente los mencionados problemas, y las respectivas soluciones. 28. Aclaraciones previas.— Cuando se profundiza el estudio de las cuestiones antedichas, lo más probable es encontrar para todas ellas soluciones diferentes que, muchas veces, dan la impresión de que se estuviera hablando de cosas distintas. En gran parte, ello se debe a que los respectivos autores, tienen concepciones disímiles sobre las fuentes formales, la jurisprudencia, etc. Portales motivos y para no confundir las nociones respectivas, resultará conveniente formular algunas aclaraciones: 1) Al hablar de jurisprudencia, no me refiero a la acfivirfarí jurisdiccional anterior a los fallos, es decir, a la tarea específica del juez en esa etapa procesal (interpretación de los hechos, del derecho, etc.), sino a su resultado que son los fallos y, por consiguiente, a la jurisprudencia propiamente dicha. 2) Para estudiar los problemas que plantea la jurisprudencia, es preciso aclarar primero qué concepto se tiene de la misma, tal como se ha hecho en el parágrafo anterior. 3) Hay que tener presente la distinción entre fuente formal general y fuente particular (v. Cap. 11, párrs. 22 y 23), porque nos permite comprender bien las soluciones propuestas; en efecto, sobre tal fundamento, podemos afirmar que la sentencia aislada es siempre fuente particular del derecho, porque el juez, al resolver los casos, dicta siempre una norma individual que sólo obliga, en principio, a las partes involucradas en el respectivo proceso. Hechas las aclaraciones anteriores, pasemos al estudio de los problemas enumerados en el párr. 27.


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29. La jurisprudencia, ¿es o no fuente del derecho? — A) Cuál es el problema: con lo ya explicado puede afirmarse que cuando se plantea dicha cuestión, lo que en realidad se quiere decir es si la jurisprudencia es o no fuente general del derecho. B) Distintas soluciones. Las hay orientadas en tres sentidos, que son los siguientes: 1) La jurisprudencia nunca es fuente (general) del derecho: según esta concepción el juez debe limitarse a la aplicación de la ley (en sentido amplio). Con tal enfoque, la fuente del derecho es siempre la ley. Este criterio tiene un trasfondo ideológico, ya que lo defienden sobre todo los autores de tendencia liberal, con el fin de garantizar la seguridad jurídica; en efecto, si la sentencia es un simple reflejo de lo que ya está en la ley (en cuyo caso, obviamente, la jurisprudencia nunca es fuente del derecho), la seguridad jurídica es mayor que si se admite, por ejemplo, que una misma ley es susceptible de varias interpretaciones. Pero la diversidad interpretativa no se produce por motivos ideológicos (sin perjuicio de que algún juez lo pueda hacer por tal razón), sino que sucede forzosamente, porque como lo ha demostrado Kelsen, toda norma es susceptible de dos o más interpretaciones. Por otra parte, la realidad jurídica lo prueba de manera indudable, con la cantidad de sentencias de primera instancia que son revocadas por los tribunales de alzada. Con lo dicho queda rebatida esta posición negativista. 2) La jurisprudencia es siempre fuente (general) del derecho. Considero que esta posición es también errónea, por los argumentos que analizaré de inmediato, al explicar el criterio intermedio, que a mi parecer es el acertado. Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que la jurisprudencia es siempre fuente particular del derecho. 30.— 3) La jurisprudencia es a veces fuente (general) del derecho. Para comprender cuando lo es y cuando no, debo distinguir tres situaciones; a) Casos previstos (por la ley): en tales supuestos la fuente es la ley aplicada y no la jurisprudencia resultante. Ello se debe a que la tarea del juez, luego de la ineliminable interpretación de la ley (en sentido amplio), se reduce a la aplicación al caso sub examine y sin dificultad apreciable, de un texto legal que le servirá de fundamento jurídico de la sentencia. Obsérvese que en este caso, la ley es interpretada en igual sentido por diversos jueces (habría pues jurisprudencia uniforme), no obstante lo cual y en este supuesto —reitero— la jurisprudencia no es fuente (general) del derecho. 31.— b) Casos no previstos (por la ley): frente a ellos la jurisprudencia es siempre, en definitiva, fuente (general) del derecho; por el contrario, la ley nun-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL 373 - Cap. 14 Copia LA Privada para uso Didáctico y DCHO. Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

ca puede serlo, porque ya de entrada —como surge del título— reconocemos que no hay ley que prevea el caso. A mayor abundamiento, recordaré que como el juez debe darle siempre una solución a los casos no previstos (como al resto de los asuntos a resolver), al no mediar una ley aplicable, crea primero lo que es en esencia una norma general, que contiene la solución concebida por el juzgador para el caso no previsto, y en ella fundará jurídicamente la respectiva sentencia. Ahora bien, esa norma general sexá. fuente "general" cuando sea invocada por otros jueces como fundamento de sus fallos para resolver casos análogos, ya sea en forma voluntaria, o bien obligatoria por haber surgido de un tribunal (de casación, p. ej.), cuyas decisiones deban ser respetadas y seguidas, por todos los tribunales que de él dependan en ese aspecto. En lo dicho está implícito pues, que la jurisprudencia puede ser en estos casos, el único fundamento jurídico de una sentencia, lo que es, en general, plenamente válido. 32.—c) Casos intermedios: en estas situaciones son fuente (general) tanto la ley aplicada, como la jurisprudencia resultante de tal aplicación. Entre los dos extremos (casos previstos y casos no previstos), suelen presentarse en la realidad un gran número de situaciones intermedias, de las que algunas se parecerán más a los casos previstos, otras a los no previstos y otras, en fin, se ubicarán en un término medio. Para concretar este amplio abanico de situaciones, pongamos como ejemplo los casos parcialmente previstos. Frente a ellos puede ocurrir que el juez interprete la ley de manera extensiva, dando así una solución al caso planteado. En otros términos, podríamos decir que el juez "agregará un inciso" a la ley aplicada, contemplando así específicamente el caso a resolver. Ahora bien, cuando esta interpretación sea seguida por los demás tribunales al tener que resolver casos análogos (sea voluntariamente o porque haya obligatoriedad), la jurisprudencia habrá alcanzado el rango de fuente general, junto con la ley aplicada que, por ser también fuente general, será citada por el juez como fundamento de la decisión. 33. La jurisprudencia, ¿es "creadora" o simplemente "declarativa" del derecho?.— A) Cuál es el problema: se trata de saber si la sentencia judicial añade algo en materia jurídica a lo que dispone la norma o normas que se aplican (en cuyo caso sería creadora de derecho), o si, por el contrario, se limita a declarar lo que ya está en la norma o normas aplicadas (en cuyo caso sería únicamente declarativa del derecho). B) Relación con la cuestión anterior: es muy estrecha, pero advierto que se trata de cosas distintas; en efecto, si fueran lo mismo, habría que concluir http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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que cuando la jurisprudencia es fuente (general), sería creadora de derecho y no en el caso contrario. Sin embargo no es así, como lo prueba el hecho de que para una prestigiosa concepción doctrinaria que luego explicaré, la jurisprudencia es siempre creadora de derecho, aun en los casos en que no sea fuente (general). 34.— C) Soluciones. Son tres los criterios fundamentales que hay al respecto: 1) La jurisprudencia y, por lo tanto la sentencia, es siempre "declarativa ", puesto que el juez —que no es legislador, dicen— no hace más que declarar en la sentencia lo que ya está en la ley. Es ésta la posición tradicional que compara la actividad del juez con una mera deducción silogística, en la que la ley es la premisa mayor; el caso particular, la premisa menor y, la sentencia, que surge por un frío razonamiento lógico, es la conclusión del silogismo. Dentro de esta concepción "mecanicista" de la tarea judicial, el juez resulta como se ha dicho, una "máquina de subsumir". 35.— 2) La jurisprudencia es siempre "creadora " de derecho, pues siempre aporta nuevos elementos a los ya establecidos por la ley. Como se verá en detalle más adelante, la actividad jurisdiccional no es nunca una mera deducción silogística, sino una actividad creadora (Cap. 16, párr. 5). Dice al respecto Cossio *: "toda ley permite siempre dos reelaboraciones por lo menos —la de ser aplicable y la de no ser aplicable al caso—..."; en cambio, si la operación fuera un mero silogismo, la solución forzosa tendría que ser una sola. La función judicial es entonces creadora, porque el juez puede optar entre varias soluciones posibles, pero eso sí, dentro del marco limitado por la ley. Esta posición destaca indudablemente la verdadera función del juez, que ya no queda reducido a una máquina de subsumir, sino que, por el contrario, adquiere relieve de auténtico creador del derecho, es decir, de un elemento vivo y dinámico de la vida jurídica. Afirma Cossio ^ en este sentido: "... la Teoría Egológica no da al juez ningún nuevo poder, ni propugna que se le confiera ningún nuevo poder. La Teoría Egológica se limita a poner teóricamente en descubierto un poder que el juez siempre ha tenido, como muy bien lo saben todos los que conocen la práctica del derecho. Es cierto que el intelectualismo dominante, en sus formas de racionalismo y de empirismo, llevado por una ideología de seguridad capitalista, ha ocultado la existencia y la naturaleza de ese inmenso poder que detenta el juez, al presentar a los magistrados como autómatas silogísticos de los preceptos legales. Pero de nada vale para el progreso de la ciencia, el ocultamiento, consciente o inconsciente de la verdad". La Teoría Egolúüica..., c'iX.. pág. 159. Mein, pág. 168.


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36.— 3) LM jurisprudencia es sólo verdaderamente creadora, cuando el juez llena una "laguna" de la legislación. Ello es así, sostienen estos autores, porque frente a una ley clara, la sentencia que la individualiza no le agrega nada; en cambio, frente a una "laguna" de la legislación, el juez debe integrar la ley, actuando entonces como un verdadero legislador del caso particular. 37. Conclusión.— Por mi parte, creo que la opinión más acertada es la segunda, puesto que la sentencia siempre agrega algo nuevo a la ley, siendo inexacto creer que puede aplicarse una norma jurídica, sin crear algo que no se encuentre en la norma aplicada. Ahora bien, esta creación reconoce una serie de grados. En efecto, frente a una ley clara y sencilla, la sentencia agregará algo nuevo a ella (como dice Cossio, producirá cuando menos, cosa juzgada, lo que no ocurría con la ley); en cambio, el grado máximo lo tenemos en el caso de una "laguna" de la legislación, en la que el juez se transforma —como he aclarado— en legislador del caso particular. Considerando que en esta última hipótesis, la función creadora del juez aparece más evidente, se explica en buena medida la tercera opinión, pero, como creo haberlo demostrado, esa función creadora existe en los demás casos. Establecido ya que la sentencia —y por ende la jurisprudencia— es siempre creadora, si bien en distintos grados, corresponde aclarar que si sólo se aplica a las partes, será una modalidad o fuente formal particular {xgudX que un contrato, que agrega para las partes contratantes, algo que no estaba en el derecho vigente); pero, si es impuesta por un tribunal de casación, por ejemplo, habrá adquirido entonces el rango de modalidad general del derecho positivo. 38. Importancia de la jurisprudencia con respecto a las otras fuentes del derecho.— Este punto debe ser tratado con relación a cada régimen jurídico en particular; no obstante ello, puede afirmarse que, en general, sucede lo siguiente: a) En los regímenes jurídicos predominantemente legislados, es decir, aquellos en los que la ley en sentido amplio es la principal fuente del derecho, lajurisprudencia es, en principio, una fuente subordinada a la ley, porque debe desenvolverse dentro del marco legal. Ahora bien, esto no significa que la jurisprudencia, en estos regímenes, sea algo prescindible y que, por lo tanto, los jueces se limiten a fundar sus fallos en la legislación vigente y nada más, o bien que los abogados, al fundar cualquier petición ante los tribunales, les baste con la cita de algún artículo de una ley. Esto ya no es suficiente, desde que se produjo el desmoronamiento de la ilusión racionalista de que los códigos y leyes, podían prever todos los casos que pudieran presentarse en la realidad. Tan es así que, por ejemplo, el abogado que se limitara a eso, expone a su cliente a que "pierda el juicio" en que lo patrocina o http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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representa, por lo que para evitar esa desagradable contingencia en la vida profesional de un abogado, es preciso conocer bien la jurisprudencia —sobre todo la más reciente— surgida de la solución de casos semejantes por el tribunal que, en última instancia, deberá resolver su "juicio". Y esto es más necesario aún, cuando el caso no esté previsto en la ley, o bien cuando por no ser claro el texto legal, surjan dudas sobre su aplicabilidad, e inclusive cuando siendo clara, no contemple alguna circunstancia destacada del caso, por lo que podría tomarse dudosa su aplicación al conflicto. Para terminar la consideración del tema referido a la importancia de esta fuente del derecho, recordaré una frase que lo sintetiza muy bien y que dice "la ley reina pero la jurisprudencia gobierna" (pertenece al jurista cubano José Antolín del Cueto). 39.— b) En el common law, por el contrario, la jurisprudencia es la principal fuente del derecho, por lo que la ley le está subordinada. La conocida frase de Hudges, "la ley es lo que los jueces dicen que es", resume claramente esta posición. 40. La jurisprudencia es, en general, un factor de progreso del derecho.—Ello es así porque dado el incesante cambio de la realidad social, los órganos jurisdiccionales del Estado van adaptando las leyes y demás normas jurídicas a dichos cambios, mediante sentencias que, por lo general, implican soluciones legales y justas a los conflictos que se tramitan por ante los tribunales. 4L Los repertorios de jurisprudencia.— Con lo dicho se habrá comprendido que el conocimiento de la jurisprudencia constituye para todos los que intervienen de una u otra manera en la actividad jurisdiccional (jueces, abogados, etc.), una necesidad de primer orden. Precisamente para facilitar el conocimiento de la jurisprudencia, se la recopila en obras especializadas —que se llaman comúnmente repertorios de Jurisprudencia— en los que puede hallarse con rapidez el tema buscado, por larigurosasistematización que presentan (con varios índices, etc.). En nuestro país, cabe citar entre las colecciones oficiales publicadas por diversos tribunales, a la colección de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, entre los repertorios privados más importantes y sin desconocer los méritos de otras colecciones, recordaré a La Ley, El Derecho y Jurisprudencia Argentina. Lo dicho no implica desconocer la importancia cada vez mayor de la informática jurídica, tema ya tratado (v. Cap. 9, párr. 15).

42. Obligatoriedad de la jurisprudencia.— A) Cuál es el problema: cuando se lo sintetiza en las palabras del epígrafe, no se quiere hacer referencia a las partes involucradas en los respectivos procesos, aunque —dicho sea de paso— para ellas los fallos y por tanto la jurisprudencia, son siempre obligatorios; en efecto, a lo que se quiere hacer referencia es a la obligatoriedad de cierta jurisprudencia con relación a los demás jueces y tribuna-


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les del respectivo Estado. En otros términos, ¿deben éstos seguir el criterio que surge de ciertos precedentes, cuando les toque resolver casos análogos? Para contestar esta pregunta hay que formularla en concreto, es decir, con relación a un país y una época determinados, porque se trata de algo que hace a la respectiva organización procesal, y ésta puede variar —y de hecho varía— de un país a otro, e inclusive dentro de un mismo Estado, en distintas épocas. 43.— B) Las dos soluciones. En la realidad jurídica encontramos, en general, dos respuestas al citado problema: 1) El precedente jurisprudencial no es obligatorio (cuando se trata de resolver casos análogos): este sistema es paradójico, porque a pesar de que en él —como surge del título— el precedente no es obligatorio, resulta que en todas partes donde se aplica, conduce a una realidad en que el precedente jurisprudencial termina siendo relativamente obligatorio. Este singular fenómeno se produce porque, no obstante el amplio margen de libertad que el mismo confiere al juez, se observa que los jueces siguen voluntariamente ciertos precedentes, sobre todo los que se destacan por su legalidad, justicia y alto valor doctrinario. Pero además, el mencionado seguimiento voluntario puede obedecer a otros motivos, como por ejemplo, razones de orden práctico, en el caso de que hubiera un precedente surgido de un tribunal superior, del que dependiera jerárquicamente un juez que no quisiera seguir la doctrina interpretativa de dicho precedente; en efecto, no puede caber duda alguna de que la probable apelación que la parte perjudicada interpondría ante ese tribunal superior, terminaría con la revocación del fallo discordante pues, tratándose de casos análogos, el tribunal de alzada ratificará el precedente que no fue seguido. Finalmente agregaré que también puede seguirse la doctrina del precedente por simple comodidad o desidia del juez, porque teniendo a disposición un buen precedente, ¿para qué trabajar en algo cuya solución se tiene a mano? 44.— 2) Sistema de la obligatoriedad del precedente (y por tanto, de la jurisprudencia en general). Esta modalidad reconoce dos orígenes: a) que la ley la establezca, como suele suceder en los países en que rige la casación; b) que la obligatoriedad haya surgido de una verdadera costumbre judicial, formada a lo largo de un lapso generalmente prologando. Es lo que sucede por ejemplo, en el comnion law (y. Cap. 15). 45. Cambios de jurisprudencia.— Kelsen sostuvo la tesis de que toda norma jurídica es un marco de posibilidades, cuya interpretación permite dos o más soluciones, todas procedentes desde el punto de vista racional-deductivo.


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Esta tesis permite explicar ese fenómeno tan común en la experiencia jurídica, que es el cambio de jurisprudencia. En efecto, siendo la ley un marco de posibilidades, el juez —p. ej., al haberse operado un cambio en las valoraciones vigentes— puede elegir otra de las posibilidades que la ley permite, sin salir, en principio, del marco legal (porque como es obvio, la interpretación puede también ser violatoria de la ley, como sucede tantas veces). Por su parte, la teoría tradicional no puede explicar el fenómeno aludido, porque si la norma jurídica—según dicen— permite sólo una interpretación lógicamente correcta, el cambio de jurisprudencia significa que se viola la ley, o bien que se la había infringido antes (llegándose con la nueva hermenéutica a su aplicación correcta). 46. Unificación de la jurisprudencia.— A) GENERALIDADES: ya he aclarado que toda norma jurídica, frente a un caso dado, es susceptible de dos o más interpretaciones. Ahora bien, si cada juez pudiera imponer la interpretación que le pareciera más legal y justa, resultaría que respecto de una misma cuestión, podrían coexistir varias soluciones distintas. Supongamos que los jueces de la Capital de la República interpretaran una norma en un sentido determinado y, los de la Provincia de Buenos Aires, en otro diferente: en este caso, la situación jurídica de las personas frente a una misma ley, sería distinta por el mero hecho de vivir unos metros más allá o más acá de un lugar determinado. Más todavía, porque aun dentro de la Capital, la situación podría variar de un juez a otro y también frente a un mismo juez, en distintos momentos, si cambiara de opinión. Como es obvio, en estos casos, sería cuestión de averiguar —antes de entablar una demanda— cuál es el juez que interpreta la norma en el sentido que a uno le conviene y presentarla recién cuando estuviera de turno (esto no es posible cuando la competencia surge de un sorteo de las causas). Con lo dicho es suficiente para comprender que esta situación implica una injusta desigualdad ante la ley y, además, un atentado contra la seguridad y estabilidad jurídicas, requisitos necesarios para una pacífica y justa convivencia. 47.— No obstante, el problema no se plantea con tal gravedad, por varias razones: 1°) Porque los jueces tienden a seguir los precedentes. 2°) Porque además de los jueces de primera instancia, hay tribunales de apelación, por lo que aquéllos siguen generalmente la interpretación de estos tribunales, aun en el caso de que dicha jurisprudencia no fuera obligatoria para ellos. Esto se explica porque, en caso contrario, los litigantes deberían apelar constantemente, por cuestiones de derecho, ante un tribunal del que ya se sabría, casi con absoluta seguridad, cuál habría de ser su interpretación. Como es obvio. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA LAJURISPRUDENCIA: VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN UNIFICACIÓN 379 - Cap. 14 se originarían así gastos, demoras e injusticias, que se evitan siguiendo la orientación del tribunal superior. Advierta el lector que estamos hablando en general, puesto que en muchos regímenes jurídicos la interpretación de los tribunales superiores es obligatoria para los inferiores, como luego se verá. 3°) Porque existen ciertos procedimientos de unificación de la jurisprudencia —de los que haré un análisis a continuación— para evitar los inconvenientes precitados; en efecto, es preferible una jurisprudencia uniforme para todos frente acasos semejantes, que un mosaico de precedentes jurisprudenciales contradictorios, ante los cuales la gente no sabe a que atenerse. 48.— B) PROCEDIMIENTOS DE UNIFICACIÓN EN GENERAL.

1) Sistema de la casación (v. párr. 53). a) Nociones preliminares: para comprender bien el concepto de casación, es preciso aclarar primero lo siguiente: a') cuestiones "de hecho" y cuestiones "de derecho": las primeras, como es obvio, son las que se refieren a los hechos (v. Cap. 5, párr. 59); las segundas, por su parte, hacen referencia a las normas jurídicas. Es ésta una distinción tradicional que, si bien por lo general no produce mayores inconvenientes, advierto desde ya que en algunos casos —como luego se verá— no es tan fácil deslindar. 49.— Por otro lado, mientras las cuestiones de hecho, sólo tienen, al menos en principio, interés para las partes intervinientes en el proceso, las cuestiones de derecho, en cambio, tienen un alcance más o menos general, porque una determinada solución jurídica, puede ser aplicada en lo sucesivo a otros casos semejantes. En otros términos, un precedente jurisdiccional, cuando es seguido —en cuanto a la orientación que implica— al resolverse otros casos semejantes, puede dar lugar a una jurisprudencia uniforme. 50.— a2) errores "de hecho" y errores "de derecho": al dictar la sentencia, el juez puede incurrir en ambas clases de errores. Los primeros se refieren a la evaluación de los hechos que, en cuanto a magnitud, pueden ir de errores leves hasta verdaderas arbitrariedades. Y lo mismo sucede con los errores de derecho que, concretamente, se configuran al violar o aplicar erróneamente una o varias normas a los hechos del proceso. De la comisión de los errores antedichos, pueden surgir interpretaciones contradictorias de una misma norma jurídica, problema este que se trata de solucionar a través de la casación, por medio de la cual podemos llegar a una jurisprudencia unificada. En cuanto a la proyección de ambas clases de errores, cabría repetir lo dicho en el párr. 49. 51.— a?) distintas clases de errores de derecho: por la proyección que tiene sobre los recursos procesales que analizaré más adelante, conviene recordar la clasificación que distingue entre errores in iudicando y errores in procedendo.


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-Errores in iudicando (o errores "de juicio"): son los que puede haber en una sentencia, derivados de haberse aplicado al caso una norma que no corresponde, o de haber aplicado erróneamente la norma pertinente. Estos errores afectan el contenido de la sentencia y, por lo tanto, el fallo será en definitiva ilegal, por cuyo motivo hay un interés general en que dicho error sea enmendado, inclusive más allá de los intereses particulares en pugna. Éste es el motivo de la existencia de recursos procesales tendientes a purgar los errores in iudicando y, de tal modo, a unificar la jurisprudencia. 52.— Errores in procedendo: son los defectos procesales que pueden surgir del aspecto formal de la sentencia, o del procedimiento previo a su dictado, siempre que —en este último caso— no hayan sido convalidados durante el proceso. Como surge de lo dicho, estos errores no afectan el contenido de la sentencia sino su forma, lo que puede acarrear la nulidad de la misma. 53.— b) Concepto de la casación. Es un sistema de unificación de la jurisprudencia que, en su forma clásica consta de dos elementos: un solo tribunal de casación que realiza la tarea unificadora, y un recurso de casación, como medio para provocar la decisión del tribunal competente. Afinde evitar posibles confusiones, advierto que sólo se trata de dar aquí una idea general de la casación, sobre todo en su forma clásica, pero que el tema debe ser luego estudiado con relación aun derecho positivo detenninado, ya que entre diversos Estados que cuentan con el recurso de casación, suele haber diferencias en los requisitos y hasta en el mismo nombre del citado medio impugnativo. Veamos ahora los dos elementos: 54.— b') un solo tribunal (llamado en general corte o tribunal de casación), competente para establecer una determinada hermenéutica de las normas jurídicas impugnadas, interpretación que tiene carácter obligatorio para todos los tribunales inferiores y para el mismo tribunal que la dictó, al menos hasta que cambie de criterio. Esto último nos está indicando que jurisprudencia uniforme no es lo mismo que jurisprudencia inmutable ya que el tribunal de casación puede llegar a cambiar de criterio interpretativo, lo que suele ocurrir cuando cambian las circunstancias. Por otra parte, el tribunal sólo interpreta las normas jurídicas cuya hermenéutica por el tribunal inferior ha sido impugnada, por lo que las cuestiones de hecho quedan en principio fuera de la casación. Ahora bien, esto no significa que los hechos de la causa no sean tenidos en cuenta por el tribunal, porque dicho conocimiento es necesario para juzgar si el derecho ha sido bien o erróneamente aplicado; en efecto, el aserto sólo significa que el tribunal de casación acepta los hechos tal como los ha expuesto y evaluado el tribunal inferior. Precisamente por eso el tribunal no acepta la denuncia de "hechos nuevos". http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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55.— b-) recurso de casación (de cassare, anular): es el medio procesal que este procedimiento ofrece a los interesados, para que el tribunal competente repare los errores de derecho que pueda contener la sentencia impugnada. En otras palabras, es el recurso que puede interponerse ante el tribunal competente, respecto de sentencias definitivas, con la finalidad de que establezca si la norma o normas que rigen el caso han sido interpretadas en forma correcta o errónea y, en el último supuesto, case (anule) el fallo recurrido. Además, en el régimen clásico (Francia, Italia, etc.), se devuelve la causa al mismo tribunal que dictó el fallo revocado, o a otro tribunal del mismo grado que el a quo (del que se apela), para que dicte un nuevo fallo de acuerdo con la doctrina establecida (a esto se llama casación con reenvío). En otros países, como España por ejemplo, el tribunal de casación, además de anular el fallo recurrido, si corresponde se pronuncia también sobre el fondo del asunto, a fin de acelerar la terminación del proceso (es la llamada casación sin reenvío). c) Clases de casación. Para comprender mejor los recursos que serán explicados más adelante, interesa recordar las dos modalidades que puede revestir y que son las siguientes: c') casación por errores in indicando: es la que tiene por objeto —como es obvio— la reparación de esta clase de errores (v. párr. 51). En este supuesto, se habla consiguientemente, de recurso de casación por errores in indicando. C-) casación por errores in procedendo: es la que se refiere a esta clase de errores (v. párr. 52). En este supuesto, el medio impugnativo se llama recurso de casación por errores in procedendo. Esta modalidad casacional, tiene la particularidad de que el tribunal debe proceder, forzosamente, a evaluar también los hechos; en efecto, supongamos que la causal del recurso sea por ejemplo, haber omitido tratar una "cuestión esencial" para solucionar el conflicto de acuerdo con la ley. Es obvio entonces que el tribunal de casación, para establecer si la norma ha sido bien o erróneamente aplicada, debe proceder a evaluar todos los hechos, a fin de aclarar si entre todos ellos, el que se habría omitido considerar, resulta o no esencial para la solución legal y justa de la litis. 56.— 2) Medios casacionales limitados: son diversos recursos que si bien posibilitan la unificación de la jurisprudencia, lo hacen con un alcance limitado como por ejemplo, dentro de un fuero (civil, laboral, penal, etc.) y, por lo general, con algún condicionamiento (p. ej., que haya un precedente contradictorio), limitaciones no exigidas en el recurso de casación clásico, en el que para su procedencia, sólo debe mediar un error en la interpretación de la ley.


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Dichos medios derivan de la casación y, por lo tanto, son en cuanto a su naturaleza, modalidades de aquélla, como sucede por ejemplo entre nosotros en el orden nacional, con el recurso extraordinario y con el de inaplicabilidad de la ley, que luego serán estudiados. 57.— 3) Sistema de la "jurisprudencia obligatoria": consiste en que por disposición legal (constitución, ley, etc.), la doctrina jurisdiccional sentada por un tribunal de cierta jerarquía, es obligatoria en casos análogos para los jueces respecto de los cuales sea tribunal de apelación. Como puede apreciarse, en este sistema el demandante carece en principio de recurso alguno y, si lo presentara, le sería rechazado in limine. Por ejemplo, la doctrina interpretativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es obligatoria para los jueces de los que en definitiva sea tribunal de apelación, respecto de los casos análogos de seguridad social, llegados al alto tribunal por apelación ordinaria (no hay pues en la especie recurso extraordinario alguno de casación), contra sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Así lo dispone la llamada ley de "solidaridad previsional", lAAGT) (B.O. 30-III-95), cuyo art. 19 dice que la doctrina sentada por la Corte será obligatoria "para los jueces inferiores en las causas análogas". IV. PROCEDIMIENTOS DE UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO ARGENTINO 58. Este problema se complica en nuestro país.— Con las explicaciones formuladas, cabría pensar que son más que suficientes como para abordar el tema del epígrafe. Sin embargo no es así, ya que por ser la República Argentina un Estado federal, el problema de la unificación de la jurisprudencia se cuadriplica; en efecto, existiendo tribunales nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, es obvio que la cuestión unificatoria debe tratarse respecto de: 1) los tribunales nacionales; 2) los tribunales provinciales; 3) los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires; y 4) lOijusticia argentina en su totalidad, es decir, la unificación de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, con la de los tribunales provinciales y los de la Ciudad de Buenos Aires. Para terminar agregaré que si fuera posible unificar la jurisprudencia con este alcance, las ventajas serían muchas, pero sucede que por ejemplo en materia de derecho común (civil, comercial, etc.), ello no es posible actualmente. De lo antedicho surge la necesidad de formular algunas aclaraciones previas, antes de tratar el problema que nos corresponde analizar en este parágrafo.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para ARGENTINA: uso Didáctico y Científico JURISPRUDENCIA UNIFICACIÓN 383 - Cap. 14 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 59. Aclaraciones previas.— Son las siguientes: \) Ámbito de las mismas: ante todo debo advertir que se refieren al derecho argentino y, por lo tanto, están condicionadas por el carácter federal de nuestro país. 2) Significados del vocablo "nacional": este punto, igual que los siguientes, lo trataré por separado. 3) Clasificación de las leyes argentinas. 4) Sentidos del vocablo "federal". 5) Organización de la Justicia Argentina: es indudable que conocer este punto, permite comprender más fácilmente los procedimientos de unificación de lajurisprudencia en el derecho argentino. Sin perjuicio de lo afirmado y como dicha organización es un tema perteneciente al derecho procesal, he preferido tratarlo en el lugar dedicado a esta rama jurídica (Cap. 23, párrs. 95 y sigs.), pues el conocimiento previo de la Teoría General del Derecho Procesal, ayuda por su parte, a comprender mejor la organización antedicha. De cualquier manera, si algún lector desea tenerla presente, lo remito al lugar indicado. 6) Breve comentario sobre la casación en la Constitución Nacional. 7) Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la casación integral. 60. Significados del vocablo "nacional".— En el ámbito jurídico argentino es usado en dos acepciones: 1) Sentido amplio: "nacional" es sinónimo de "argentino"; en efecto, se lo emplea para designar lo que abarca o se extiende a todo el país, sin excepción alguna (por lo que incluye también a las provincias). Cuando se habla, por ejemplo, de "territorio nacional", quiere significarse "territorio argentino", porque la expresión abarca todo el territorio de la República, inclusive los territorios de las provincias. De lo dicho surge que es preferible usar en estos casos el vocablo "argentino", por resultar inequívoco, en vez de recurrir a una palabra como "nacional" que, por su multivocidad, puede dar lugar a lamentables confusiones, salvo que se aclare con qué extensión se la está usando. 61.— 2) Significado restringido (o político-institucional): es sinónimo de "federal" (usando también e.ste vocablo en sentido re.stringido —v. párr. 71 —). Puesto que en un régimen político federal como el argentino por ejemplo, coexisten tres órdenes superpuestos de autoridades y de normas —todo subordinado a la Constitución Nacional (art. 31)— resulta que cuando se usa el vocablo "nacional" con alcance restringido, se designa lo que se extiende a todo el país, pero no abarcando todas las instituciones y normas que hay en él —como en el sentido amplio— sino sólo una parte de ellas, porque se admite la coexistencia de normas institucionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, por ejemplo, cuando se habla de "gobierno nacional" (o de "autoridades nacionales", va de suyo que se admite la coexistencia de los gobiernos de provincia o de las "autoridades provinciales"). El uso indistinto de los vocablos "nacional" en sentido restringido y "federal", surge de nuestra propia Constitución Nacional, y así por ejemplo, el Título 1° de la Segunda parte de la Ley Suprema, se denomina "Gobierno Federal"; en cambio, el art. 21 dice "Ejecutivo Nacional"; el 32, "Congreso Federal", etc. Con la misma extensión semántica, el art. 108 dice "Poder Judicial de laNación ", es decir "nacional" en sentido restringido, pues dicho poder del gobierno nacional, coexiste con los poderes judiciales de las provincias y de la Ciu-


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dad de Buenos Aires. A mayor abundamiento, agregaré que todos los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación, son también "nacionales" (en sentido restringido). Lo mismo sucede con los jueces y tribunales de dicho poder diseminados por todo el interior del país, que son también "nacionales" (en sentido restringido), pero que no obstante ello y siguiendo la tradición, se los denomina en las leyes y en la práctica, jueces y tribunales "federales". 62. Clasificación de las leyes argentinas.— La más difundida es la siguiente:

A) Leyes nacionales Leyes argentinas

a) Leyes ordinarias 1) Leyes nacionales (o comunes) propiamente dichas b) Leyes federales 2) Leyes nacional-locales 3) Leyes mixtas (nacionales y locales)

B) Leyes provinciales C) Leyes de la Ciudad de Buenos Aires A continuación analizaré brevemente, lo expuesto en el anterior cuadro sinóptico: 63.— A) Leyes nacionales (aquí el vocablo "nacional" está empleado en sentido restringido): son las sancionadas por el Congreso de la Nación y promulgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para regir, como principio general en todo el territorio argentino y, como excepción, en lugares bien localizados que están a cargo del Gobierno Nacional. Estos son: la capital de la República (art. 75, inc. 30 de la Const. Nac), los territorios nacionales (art. 75, inc. 15 de la Const. Nac), y los lugares ubicados en cualquier provincia o en la Ciudad de


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Buenos Aires, donde haya "establecimientos de utilidad nacional" (art. 75, inc. 30 de la Ley Suprema). Estas leyes pueden ser de tres clases: 64.— 1) Leyes nacionales propiamente dichas: son las leyes nacionales dictadas para regir en todo el territorio argentino. A su vez pueden ser de dos clases: 65.— a) Leyes ordinarias o comunes: son leyes nacionales propiamente dichas que se refieren a los intereses particulares de los habitantes (p. ej., civiles, comerciales, etc.). Constitucionalmente son las enumeradas en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, es decir, los códigos de fondo y leyes complementarias (como la de adopción, propiedad horizontal, etc.). 66.— b) Leyes "federales": son las leyes nacionales propiamente dichas que se refieren a los intereses nacionales (que, por lo tanto, trascienden los intereses particulares). Dichos intereses nacionales pueden ser institucionales (ley de organización del Poder Judicial de la Nación, ley de ministerios nacionales, etc.), políticos (ley de partidos políticos, etc.), financieros (impuestos, aduanas, etc.). Constitucionalmente son las que se refieren a los temas enumerados en el art. 75 de la Constitución Nacional, con excepción de los que indican los incisos 12, 15 y 30 *. En este sector, hay un grupo de leyes que podríamos calificar de "federal-constitucionales": son las que desde la reforma de 1994, se deben dictar con el fin de organizar varias instituciones que, si bien fueron creadas por la citada reforma, requieren una ley especial para completar su organización y funcionamiento. Son, por ejemplo, la del Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo, Auditoría General de la Nación, Ministerio Público, etc. 67.— 2) Leyes nacional-locales: son las leyes nacionales dictadas para la Capital de la República, los territorios nacionales y para los lugares adquiridos por el gobierno nacional a cualquier provincia o a la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto cabe recordar, que por disponerlo así la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo (v. art. 129), distinto al de la Capital de la República, aunque dicha ciudad siga siendo la Capital argentina (v. Cap. 22, apéndice). Lo que sucede es que la Constitución Nacional prevé la posibilidad de que la Capital pueda ser trasladada a otro lugar.

Sin perjuicio de lo dicho, más adelante volveré sobre el concepto de leyes federales, y el consiguiente de "derecho federal" (v. párrs. 72 y 73).


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68.— 3) Leyes mixtas (es decir, nacionales y locales): tal es, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación, que se aplica en la justicia nacional (sea ordinaria o federal), como también se aplicó en la justicia de los territorios nacionales. Hubo leyes mixtas nacional-locales, mientras existieron territorios nacionales, pero no las hay actualmente desde la provincialización de Tierra del Fuego; no obstante ello, la Constitución Nacional los menciona, porque podrían llegar a crearse otros nuevos (v. art. 75, inc. 15). 69.— B) Leyes provinciales: son obviamente las que dictan los gobiernos provinciales para regir dentro del ámbito provincial respectivo. C) Leyes de la Ciudad de Buenos Aires: son las que deben regir dentro de dicho ámbito, dictadas por el gobierno de la Ciudad. 70.— Significados del vocablo "federal".— Se trata sin duda de un adjetivo y, precisamente con dicha función gramatical, es usado nada menos que en cinco acepciones, que son las siguientes: 1) Sentido político amplio ("Estado federal"): designa un sistema político en su integridad, cuya expresión es una determinada/orma de Estado —el "Estadofederar— (que a diferencia del Estado unitario), es aquel cuya estructura orgánico-funcional está descentralizada territorialmente; en efecto, se halla dividido en un grupo de unidades políticas más pequeñas (provincias entre nosotros), que gozan de autonomía, por lo que coexisten dos órdenes de regímenes jurídicos y de autoridades (nacionales y provinciales), todo subordinado a la Constitución Nacional. Este último aspecto es el que permite hablar del Estado federal como de un sistema político. Por último aclaro que éste es el significado originario del vocablo "federal", ya que los demás (p. ej., "derecho federal"), son derivados de aquél, precisamente porque sólo tienen razón de ser en un Estado federal. 71.— 2) Significado político restringido: es sinónimo de "nacional" (en sentido restringido). Por ejemplo: "Gobierno Federal", "Congreso Federal", etc. Se usa con tal extensión para designar alguno de los aspectos o elementos del Estado federal, que se extienden a todo el país (p. ej., gobierno federal), pero no con carácter excluyente en cada aspecto o elemento, sino que por el contrario, admitiendo la coexistencia de aspectos o elementos provinciales análogos (p. ej., gobiernos provinciales, legislaturas provinciales, etc.), y de la Ciudad de Buenos Aires. 72.— Significado político en sentido restringido, de la expresión "derecho federal": si bien tiene además una acepción técnico-legal (v. párr. 73), importa precisar aquí el sentido político de la expresión, en la que el adjetivo "fehttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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deral" está usado en el significado restringido que se ha expuesto en el párr. 71; en efecto, la locución "derecho federal" abarca todas las normas de la Segunda Parte de la Constitución Nacional que hacen de la República Argentina un Estado federal (y no unitario). Con este alcance, las normas de la Segunda Parte de la Constitución Nacional, que se refieren a la organización y funcionamiento del gobierno federal, son pues normas de derecho federal, lo mismo que las normas de la Primera Parte referidas a igual tema (p. ej. el art. 5°, que se refiere a las constituciones provinciales). En cambio, las normas constitucionales que se refieren, por ejemplo, a la libertad de expresión (arts. 14 y 32), no son federales en este sentido político, porque podrían ser exactamente iguales si nuestro país fuera unitario. 73.— 3) Significado técnico-legal (p. ej., en la expresión "leyes federales", "derecho federal", etc.). El tema ya fue tratado (v. párr. 66), por lo que allí me remito, no sin antes reiterar que, en definitiva, estas locuciones tienen dos significados: a) sentido político (v. párr. 72); y b) sentido técnico-legal (v. párr. 66). A fin de aclarar un poco más la extensión de este último significado (v. cuadro sinóptico del párr. 62), reitero que la expresión derecho federal en este sentido, no abarca el derecho común, ni el derecho provincial, ni el derecho nacional-local. 74.—4) Sentido procesal " orgánico-funcional" (p. ej., competencia/eJeraJ): lo de orgánico funcional obedece a que el adjetivo "federal", en este caso, se refiere al funcionamiento de los tribunales nacionales (es decir, del Poder Judicial de la Nación) y, en especial, a la llamada "competencia federal" que ellos ejercen. Pero, además, la calificación de orgánico-funcional se debe a la necesidad de diferenciarlo del quinto significado que en nuestro derecho tiene el vocablo "federal", que es también procesal, pero recursivo (v. párr. 79). Además, interesa destacar que el sentido del vocablo "federal" en la expresión "competencia federal", es más amplio que el de "leyes federales", por la sencilla razón de que el concepto de competencia federal —que trataré de inmediato— abarca otros aspectos más, como por ejemplo, los casos en que sea parte un embajador o un cónsul extranjero, aunque el asunto no esté regido por leyes federales y sí por el derecho común (p. ej., un juicio originado en un incumplimiento contractual de carácter civil). 75,— a) Aclaraciones previas: en un Estado federal como nuestro país, la principal y primera división que se debe formular de la competencia'', es en orVer el concepto de competencia en el Cap, 23, párrs. 31 y sigs.


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diñaría y federal. Queda claro entonces que la primera cuestión a clarificar por todo abogado antes de promover un juicio, es si el asunto corresponde a la competencia ordinaria o a la federal. Una vez aclarado este punto, deberá investigar la competencia por razón del territorio, la materia, el valor, etc., hasta llegar así al juez a quien le corresponde el juzgamiento del respectivo asunto. 76.— b) Concepto de competencia ordinaria. Para llegar a los respectivos conceptos de competencia/eí/era/ y la del epígrafe, hay que partir especialmente del art. 116 de la Constitución Nacional, pues allí está delimitada la división pertinente. Sobre tal base puede afirmarse que competencia ordinaria es la referida a la aplicación de las materias indicadas en el art. 75, inc. 12, de la Ley Fundamental, es decir, a lo que habitualmente se llama derecho común, representado por los códigos de fondo (civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y seguridad social), así como por las leyes complementarias (de adopción, propiedad horizontal, etc.). La competencia ordinaria es ejercida, en las provincias, por los tribunales locales (art. 75, inc. 12 de la Const. Nac), y en la Ciudad de Buenos Aires, por los respectivos tribunales nacionales hasta que éstos pasen a formar parte del Poder Judicial de dicha ciudad. 77.— c) Concepto de competencia federal: ante todo conviene advertir que no se trata de una competencia por razón de la materia exclusivamente, pues en tal caso abarcaría sólo las leyes federales (o, mejor aún, el derecho federal); en efecto, es en realidad una competencia mixta, pues según el art. 116 (y también el 75, inc. 30 de la Const. Nac), la competencia federal abarca tres competencias simples, que son: c') por razón de la materia, comprende la aplicación del derecho federal. Quede claro entonces que cuando deben aplicarse normas federales, el asunto pertenece a la competencia federal de los tribunales nacionales, y esto es así para garantizar la supremacía del derecho federal sobre el derecho provincial (o local en general); C-) por razón de las personas (p. ej., cuando son parte embajadores extranjeros, provincias, etc.), con el fin de asegurar la imparcialidad de las sentencias. Aclaro que estos casos pertenecen a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 117 de la Const. Nac.) lo que, por otra parte, es un aspecto de la competencia federal; c^) por razón del lugar (art. 75, inc. 30 de la Const. Nac). 78.— En síntesis, competencia federal es la aptitud que tienen los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación, de juzgar en los casos enumerados


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en los arts. 116, 117 y 75, inc. 30, de la Constitución Nacional, cuyo detalle se ha enumerado anteriormente. Ahora bien, esto no significa que los tribunales nacionales sean siempre competentes en lo federal únicamente; en efecto, esto es lo que ocurre por lo general, pero a veces y por diversas razones, se les asigna también competencia ordinaria (p. ej., el juez "federal" de Zapala, provincia del Neuquén, surgido de la ley 23.641 de 1988). Por otra parte, no olvidemos que en la Capital de la República hay tribunales que tienen competencia en lo federal y otros, en materia ordinaria (como los jueces y cámaras de apelaciones en lo civil, laboral, penal, etc.) ^. Lo dicho sobre la Capital, deberá ser complementado con lo que surje en materia judicial, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 79.— 5) Significado procesal recursivo ("cuestión" o "caso federal"): lo de "recursivo" se debe a que las expresiones sinónimas "caso federal" o "cuestión federal", son empleadas en el ámbito de un recurso, que es el recurso extraordinario nacional {o federal, según prefieren denominarlo algunos autores). Más concretamente, puede afirmarse que la existencia de un "caso federal", es uno de los requisitos exigidos para la procedencia de dicho recurso. Sin perjuicio de volver a tratar este punto (v. Cap. 23) interesa destacar con respecto a los significados del vocablo "federal" en distintas locuciones, que el sentido cuando se habla de "cuestión federal", es más amplio que el anterior, pues además de abarcar las leyes federales cuando entran en conflicto con las leyes provinciales, siempre que se cumplan ciertas condiciones (v. art. 14 de la ley 48), puede involucrar casos que no son de derecho federal y sí de derecho común, derecho procesal e inclusive derecho local, cuando hay arbitrariedad o gravedad institucional (v. Cap. 23). 80. Breve comentario sobre la casación en la Constitución Nacional.— Como ya se ha dicho (en el párr. 58, p. ej.), y veremos luego con más detalle (párr. 81), no hay actualmente en la República Argentina una casación integral, pues no existe sobre derecho común (salvo casos excepcionales), y sí en cuanto a derecho federal. No obstante lo manifestado y a pesar de reconocerse las ventajas indudables de una casación para todo el país en materia de derecho común, se invoca siempre la existencia de una valla en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional; en efecto, luego de atribuir al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo (civil, comercial, etc.), dice que corresponde "su aplicación a los tribunalesfederales o provinciales, según que las cosas o las personas Actualmente hay varias iniciativas para transferir la justicia ordinaria de los tribunales de la Capital Federal al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.


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cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones" (he destacado en bastardilla lo que aquí importa). Frente a una norma tan clara, la doctrina predominante considera inconstitucional establecer un tribunal de casación, cuya competencia en materia de derecho común se proyectara sobre todo el país. Por lo tanto, para hacerlo, es necesario reformar primero la Ley Suprema. 81. Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la casación integral.— Como antecedente sobre la materia, recordaré que la citada Ley Fundamental incorporó a su texto la casación en materia de códigos de fondo (es decir, de derecho común), a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de mantener el recurso extraordinario nacional, en todo lo referente a la Constitución Nacional y al derecho federal infraconstitucional. No obstante lo dispuesto, tal norma no llegó a tener vigencia, por no haberse dictado la ley reglamentaria correspondiente, antes de que dicha Constitución fuera derogada en 1956, cuando se restableció la vigencia de la Constitución Nacional de 1853/60.

82.— Con el párr. 81, terminan las aclaraciones previas al estudio de los procedimientos unificatorios de la jurisprudencia en el derecho argentino, tema este que comenzamos a estudiar de inmediato. 83. Situación actual de la unifícación jurisprudencial en el derecho argentino.— Hay que distinguir los tres aspectos que deben ser considerados en un Estado federal como nuestro país (v. párr. 58): A) Justicia argentina: 1) Principio general: no existe unificación integral de la jurisprudencia en todo el país, que incluya por lo tanto el derecho común y el federal. Como es sabido, no hay en la República Argentina una corte nacional de casación que cumpla dicha tarea, ni tampoco un recurso de casación nacional que permitiera impulsarla. 2) Excepciones. Puede lograrse la unificación parcial, que se extiende a lo siguiente: a) a la Constitución Nacional y al derecho federal infraconstitucional, a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro del derecho federal infraconstitucional, cabe recordar los aspectos de la seguridad social incluidos en el recurso de apelación ordinaria ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (v. párr. 57), tribunal con asiento en la Capital de la República, pero cuya competencia territorial se extiende a todo el país (art. 39 bis del decreto-ley 1285/58, de Organización de la Justicia Nacional), si bien exclusivamente en materia federal. Entre otros casos, le compete el tratamiento de los recursos sobre pedidos de reajuste de jubilaciones y pensiones otorgadas por el régimen previsional público (es decir, el sistema de reparto, que se llama Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Entiende también de los recursos contra las resoluciones


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definitivas de la Comisión Nacional de Previsión Social, etc. (v. Cap. 28, párrs. 50 y sigs.). Por otra parte, conviene recordar que las sentencias definitivas de dicha Cámara Federal, son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio del recurso ordinario de apelación, siendo este último el tribunal que, en definitiva, unifica la jurisprudencia en la mencionada materia (art. 19 de la ley 24.463 de 1995). Como puede apreciarse, dicha unificación no se realiza por la vía casacional, sino mediante el sistema de la "jurisprudencia obligatoria" (v. párr. 57). b) en casos excepcionales (pues debe haber arbitrariedad y/o gravedad institucional), a puntos de derecho común, procesal y aun derecho local. Aclaro que el carácter excepcional se debe a que la unificación tiene lugar, sólo en aquellos temas en cuyas causas se haya planteado la existencia de arbitrariedad y/o gravedad institucional y que, portales motivos, hayan podido llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que no es ciertamente fácil. Aclaro que la función unificadora en los casos del inciso "b", es también cumplida por la Corte Suprema, mediante el recurso extraordinario nacional, tal como sucede en los casos del inciso "a" (salvo los que llegan a la Corte desde la Cámara Federal de la Seguridad Social). Por otra parte, no debemos olvidar que en los casos mencionados, puede lograrse la unificación de la jurisprudencia, en asuntos originados tanto en la justicia nacional como en la provincial. 84.— B) Justicia nacional (Poder Judicial de la Nación): 1) Principio general: no existe unificación integral de la jurisprudencia, que comprenda por lo tanto las materias federal y común. 2) Excepciones. Son cuatro, que se refieren a lo siguiente: a) a la Constitución Nacional y al derecho federal infraconstitucional, de acuerdo con lo explicado al tratar la Justicia Argentina, y también a través del recurso extraordinario nacional. b) en los mismos supuestos indicados para la Justicia Argentina en el inciso "b". c) en materia penal, tanto ordinaria como federal, puede unificarse la jurisprudencia, pero sólo en el ámbito de competencia de Injusticia Nacional, es decir, del Poder Judicial de la Nación. Ello implica decir que la jurisprudencia de las provincias, en lo penal, queda fuera de dicha unificación, aunque tal como explicaré de inmediato, es muy probable que en la práctica, se extienda también a las provincias por seguimiento voluntario de sus jueces. La función unificadora es realizada por la Cámara Nacional de Casación Penal, con asiento en la Capital de la República (donde hay tribunales en lo penal ordinario y en lo ptwdX federal), pero su competencia territorial se extiende a todo el país, respecto de los jueces y tribunales federales en provincia. Dicha http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Cámara fue creada por la ley de "Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional", 24.050 {B.O., 7-1-92), con diversas reformas. El medio por el cual dicha Cámara unifica la jurisprudencia penal, es el recurso de casación (arts. 456 a 476 del Cód. Proc. Penal de la Nación), por el que se recurre contra "las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena" (art. 457). Todo ello cuando de dichas sentencias surja básicamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 456), por parte de los jueces y tribunales de los fueros penal ordinario y penal federal (para más detalles ver Cap. 23, párrs. 95 y sigs.). Como adelanté, cabe pensar que la jurisprudencia unificada por tan alto tribunal, será voluntariamente seguida por los tribunales en lo penal de las provincias, por lo que en la práctica, es probable que la unificación se extienda también al orden local. d) unificación parcial sólo por fueros (civil, comercial, etc.), tanto en materia federal (en asuntos no susceptibles de ser llevados a la Corte Suprema, porque tales casos estarían comprendidos en el inciso "a"), como de derecho común. Esta unificación por fueros, se realiza mediante los fallos plenarios de las respectivas cámaras de apelaciones, cuya doctrina es obligatoria para los jueces que dependan jerárquicamente de cada una de ellas, y también para las mismas cámaras, al menos hasta que cambien de criterio, a través de un nuevo fallo plenario. La unificación puede realizarse de oficio, es decir, por iniciativa de cualquiera de las salas de cada cámara (art. 302 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), o bien a petición de parte interesada, mediante el recurso de inaplicabilidadde la ley o doctrina legal (arts. 288 y sigs. del citado Código —v. Cap. 23, párr. 131—). La limitación unificadora explicada, supone la posibilidad de divergencias interpretativas entre las diversas cámaras de distintos fueros, en muchos puntos que pueden ser idénticos o análogos, siendo éste un problema que, por el momento, carece de solución. 85.— C) Justicia provincial: 1) Principio general: es posible unificar la jurisprudencia dentro del ámbito de cada provincia, en materia de derecho local, tarea que realiza el tribunal superior de cada una de ellas, a través de diversos recursos (en el Cap. 23 y a título de ejemplo, explicaré el régimen vigente en la provincia de Buenos Aires).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 393 - Cap. 14 LA DOCTRINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Lo mismo sucede con el derecho común pero, obviamente, surge la posibilidad de divergencias interpretativas con la jurisprudencia de otras provincias o de la Capital de la República. 2) Posibilidad de unificación en el ámbito de la Justicia Argentina (ver párr. 83, especialmente incs. "a" y "b").

86. Medios de unífícación de la jurisprudencia.— Hay al respecto varios recursos procesales, que han sido mencionados a lo largo de este parágrafo IV. Son ellos el recurso extraordinario nacional y el recurso de inaplicabilidad de la ley (en el orden nacional), cada uno con sus caracteres propios. Además de lo ya dicho al respecto, serán explicados detalladamente en el capítulo dedicado al Derecho Procesal (v. Cap. 23). En el mismo lugar se estudiará el régimen vigente en la provincia de Buenos Aires.

SECCIÓN SEGUNDA

LA DOCTRINA 87. Concepto.— Generalmente se entiende por doctrina, el conjunto de teorías y estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo, para su justa aplicación. García Maynez', por su parte, dice que "se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación". 88. La doctrina como fuente del derecho.— Suele enumerarse a la doctrina entre las fuentes formales del derecho, pero en realidad, se trata de un error, porque la doctrina es, rigurosamente hablando, una fuente material del derecho por carecer de obligatoriedad (v. Cap. 11, párr. 7). Fue sí como excepción fuente formal, en el caso siempre citado de la Antigua Roma, bajo Adriano, emperador que dio fuerza obligatoria a las opiniones de ciertos jurisconsultos cuando eran concordantes (ius publice respondendi). Pero entiéndase bien, no es que en Roma toda la doctrina fuese obligatoria, pues sólo tuvo ese carácter una pequeña parte de ella: las opiniones de ciertos jurisconsultos, cuando eran concordantes, y eso durante cierto tiempo. Introducción al Estudio del Derecho, México, 1949, pág. 86.


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Posteriormente, para resolver las dudas que surgían en caso de controversias entre los autores, se dictó la famosa "Ley de Citas" (426), por la que se dio obligatoriedad a las opiniones de Papiniano. Esta ley fue derogada por el emperador Justiniano (siglo VI). 89. Importancia.— La influencia de la doctrina como fuente material es grande, no sólo sobre los jueces, sino también sobre los legisladores. Sobre los primeros, porque cuando una determinada interpretación aparece sostenida por juristas de relieve, es raro que los tribunales se aparten de ella; sobre los segundos, por cuanto el legislador se suele inspirar en las obras, proyectos, etc., de los juristas.



CAPÍTULO 15

EL "COMMON LAW"

SECCIÓN PRIMERA

LAS DOS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS QUE HAY EN EL MUNDO CIVILIZADO Y LA MENOR O MAYOR IMPORTANCIA QUE EN ELLOS TIENE LA JURISPRUDENCIA 1. Las dos clases de sistemas jurídicos que liay en el mundo civilizado.— Antes de comenzar el estudio del common law, conviene reiterar que en el mundo civilizado, hay —y ha habido desde hace mucho tiempo— dos clases de sistemas jurídicos: A) Cuáles son: según que la principal fuente del derecho sea la legislación (en sentido amplio), o \a jurisprudencia, se los divide en dos grupos: 1) predominantemente legislados (y por lo general codificados): a esta clase de sistema jurídico se lo llama también continental o romanista o defúiación romana. Por lo tanto, en este sistema, la jurisprudencia y las demás fuentes del derecho, están subordinadas a la ley (en sentido amplio); y 2) predominantemente jurisprudenciales (o sistema del common law). Al contrario del anterior, en este sistema son la ley y las demás fuentes jurídicas, las que están subordinadas a la jurisprudencia. 2.—B) Carácter contingente de esta clasificación: la existencia de los dos sistemas jurídicos, corresponde a un cierto estado de la evolución del derecho en todos los países civilizados. Tiene pues un valor de actualidad, si bien con largos antecedentes históricos en ambas clases de sistemas, cuyo conocimiento facilitará la comprensión del tema. 3.— B') En los pueblos primitivos todo el derecho era consuetudinario: la circunstancia de limitarse la vigencia de estos sistemas a los países civihttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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lizados —y desde hace mucho tiempo— nos está indicando que la clasificación carece de validez absoluta. Por eso mismo, bien puede ocurrir que en la actualidad, haya todavía pueblos que vivan en forma primitiva, y se rijan por un régimen jurídico puramente consuetudinario. 4.— B-) Ambos sistemas empezaron a coexistir en el siglo Xlll. Esto sucedió, evidentemente, con el common law en Inglaterra, y el sistema romanista en Europa continental. Dicha coexistencia se originó de la siguiente manera: a) El sistema continental se originó en el Corpus luris Civilis, que data del siglo VI y, desde tal época, se lo siguió aplicando (Cap. 19, párr. 51, inc. g). b) El common law, por su parte, si bien surgió en el siglo XI, durante el reinado de Guillermo I, el Conquistador, nació como derecho consuetudinario y siguió desarrollándose como tal hasta el siglo XIII, que es cuando empieza el predominio jurisprudencial. Esto sucedió al comenzar por aquel entonces el afianzamiento del llamado principio del stare decisis (atenerse a lo decidido) que, en castellano, significa pnVicí'pío de la obligatoriedad del precedente judicial (o sistema del precedente obligatorio), claro que para resolver casos análogos. Dichos precedentes judiciales surgieron de la interpretación de las costumbres y, en el mismo sentido, Blackstone (1723-1780), destacado jurista inglés, decía que la obligatoriedad del precedente se funda en la obligatoriedad de la costumbre, que dichos precedentes contribuían a consolidar. Más claramente, sucedió que los precedentes fueron tomando vida propia y terminaron por absorber a las costumbres, fenómeno éste que se concretó, cuando los jueces dejaron de citar a las costumbres como fuente del derecho y, en cambio, citaban los precedentes. En síntesis, los precedentes comenzaron por interpretar las costumbres, y terminaron por fijarlas, modelarlas, y finalmente absorberlas. Para terminar este punto, reitero que en el siglo XIII los precedentes judiciales pasaron a ser la fuente formal del derecho, en lugar de las costumbres. En la actualidad y manteniendo la esencia tradicional, puede afirmarse que dicho principio significa que todo juez, al resolver un caso análogo a otro resuelto con anterioridad, por otro juez de la misma competencia territorial (o distrito judicial), que sea de igual o superior jerarquía, debe aplicar obligatoriamente la misma norma jurídica aplicada para resolver el caso análogo anterior. En realidad, la norma jurídica que se debe aplicar, está implícita en la sentencia tomada como precedente, y condensa \a. doctrina jurisprudencial—v. Cap. 14, párr. 19— aplicada para resolver el caso análogo anterior. Hablando sencillamente, podría decirse que el juez debe resolver el caso análogo, con el mismo criterio con que se resolvió el caso precedente. Por otra parte, se considera que dos casos son análogos, cuando en ambos existen las mismas circunstancias "relevantes", aunque las demás no coincidan, como es habitual. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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5.— C) Ambos sistemas y "las dos maneras de pensar el derecho ": la distinta estructura de ambos regímenes jurídicos, junto a otros factores, han inducido en los juristas que en ellos trabajan, sendas modalidades de pensamiento jurídico, que han sido llamadas "las dos maneras de pensar el derecho". Ambas tendencias generales revelan un trasfondo filosófico distinto —consciente o inconsciente— cuyos respectivos sentidos se caracterizan, en general, por lo siguiente: 1) un carácter predominantemente racionalista en el sistema continental; y 2) un carácter predominantemente historicista en el common law. 6.— Corresponde aclarar que "las dos maneras de pensar el derecho", no son dos modalidades antagónicas ni excluyentes, pues hay entre ellas varias semejanzas (v. esp. párr. 43). En rigor se trata de dos tendencias generales distintas, como lo prueba el hecho de encontrarse corrientes antihistoricistas en el pensamiento jurídico del common law (p. ej., el realismo jurídico estadounidense), así como tendencias antirracionalistas en el marco del sistema continental (p. ej., la teoría egológica del derecho). Formuladas las aclaraciones precedentes, veamos con más detalle ambas clases de sistemas jurídicos. SECCIÓN SEGUNDA

SISTEMAS JURÍDICOS PREDOMINANTEMENTE LEGISLADOS 7. Concepto.— Son aquellos en los que la principal fuente del derecho es la legislación (en sentido amplio: constitución, ley, decreto, etc.), como sucede por ejemplo en la República Argentina. Esto implica decir, que las demás fuentes del derecho están subordinadas a la legislación que, en algunos casos, lo establece taxativamente. Así por ejemplo, los arts. 31 de la Constitución Nacional, y 16 y 17 del Código Civil, establecen un orden de prelación de las fuentes, que todo juez debe respetar cuando le toque resolver los casos que sean sometidos a su juzgamiento (v. Cap. 11, párrs. 28 y 29; y Cap. 13, párr. 15). 8.— Por estar subordinada —como se ha explicado— a la legislación, la jurisprudencia uniforme, en la Justicia Nacional, no es obligatoria en principio para los demás jueces (sí en algunos casos), se sobrentiende que cuando deban resolver casos análogos. En rigor, no es obligatoria ni para el mismo juez o tribunal que la dictó, sin perjuicio de que en el caso de que se produjera dicho apartamiento del precedente, el juez o tribunal que tal hiciera, debe dar una explica-


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ción bien fundada sobre los motivos que lo llevaron a tal giro. No obstante y en ciertos casos, la ley establece dicha obligatoriedad, como sucede por ejemplo en la Justicia Nacional, con los fallos plenarios dictados por las cámaras nacionales de apelaciones, en el recurso de inaplicabilidad de la ley (art. 303 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación —v. Cap. 23—). 9. Otras denominaciones.— Como "sistema jurídico predominantemente legislado" es más una frase que un nombre, a esta clase de sistema se lo llama habitualmente y en forma sintética, de dos maneras, a las que si bien ya se ha hecho referencia, en este lugar explicaré cuál es el origen de tales nombres. Son las siguientes: 1) Sistema continental (europeo se sobrentiende): se lo califica de tal modo en atención al lugar en que comenzó a regir y rige, ya que una vez desaparecida la Antigua Roma, el Derecho Romano la sobrevivió (v. Cap. 19, párrs. 51 y sigs.), y pasó a ser la base del derecho privado de todos los países de Europa continental, salvo Gibraltar desde el siglo XVIII, cuando Inglaterra se apoderó de dicho lugar. Este calificativo lo diferencia del "sistema insular", como se llama también al common law, dado que Inglaterra —donde comenzó a regir— está en una isla. 10.— 2) Sistema romanista (o de tradición o filiación romana): se lo califica de este modo para recordar el origen de estos regímenes jurídicos, ya que los así adjetivados, derivan directa o indirectamente del Derecho Romano. 11. Dónde rige el sistema romanista.— En toda Europa continental (inclusive Suecia y Noruega), salvo en Gibraltar como se ha explicado. También rige en Escocia, que es la única parte de Gran Bretaña donde penetró, si bien con influencias del common law. En América del Norte lo encontramos en el Estado de Louisiana (por haber sido colonizado por los franceses, ya que en el resto de los EE.UU. rige el common law), y en la provincia de Quebec (por igual razón, ya que en el resto del Canadá, rige también el common law). Otros países en los que encontramos el sistema continental son: México, Centro y Sudamérica, la mayor parte de África, Sri Lanka (llamada Ceilán hasta 1972), Indonesia, China, Japón, Islas Hawai, Filipinas, etc. 12. Trasfondo filosófico del sistema continental.— En los países de filiación romana —como el nuestro— losfilósofosy juristas tienen una particular manera de pensar el derecho, que es predominantemente racionalista, porque consideran en un primer plano a las normas juríáicas (especialmente la ley), mientras que los hechos quedan atrás. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA SISTEMA CONTINENTAL: CARACTERES 399 - Cap. 15 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Lo mismo sucede con las demás fuentes del derecho —la jurisprudencia entre ellas— que están subordinadas a la ley. La concepción racionalista comprende no sólo la etapa de interpretación y aplicación del derecho, sino también la de creación legislativa, que cobró mucho auge a principios del siglo XIX, con el origen de la codificación moderna (v. Cap. 12, párr. 79); en efecto, este movimiento implicó la ilusión racionalista de creer posible la elaboración de códigos perfectos, cerrados y completos, capaces de suministrar soluciones a todas las posibles controversias humanas. Dicha ilusión —como es obvio— no tardó en desvanecerse, sin perjuicio de las ventajas que tiene la codificación frente al sistema de leyes sueltas. Dentro de este pensamiento jurídico, hay diversas tendencias, y así encontramos partidarios de un racionalismo extremo y, por otro lado, tendencias moderadas, en las que por ejemplo, se reconoce cada vez más importancia a la jurisprudencia y a su función creadora, si bien dentro del marco legal. 13. Síntesis sobre los caracteres del sistema continental.— Aunque ya se los ha mencionado implícita o explícitamente, cabe resumirlos así: 1) ^s predominantemente legislado. 2) Permite cambios más rápidos, cuando las circunstancias así lo exigen, porque una ley por ejemplo, se puede reformar o sustituir en un plazo relativamente breve. Esto es muy importante en épocas como la actual, en que la realidad social cambia aceleradamente, impulsada sobre todo por los continuos avances tecnológicos. 3) Es técnicamente más avanzado que el common law. A título de ejemplo, conviene recordar que en los Estados constitucionales —encuadrados en el sistema continental— rige el principio de la supremacía constitucional, claramente arraigado por las ventajas que implica. 4) Ofrece, en principio, más seguridad jurídica, por la mayor certeza que surge de las leyes —sobre todo cuando están bien redactadas— lo que permite predecir con mayor probabilidad de acierto (pero no de absoluta certeza), cuál habrá de ser la interpretación judicial en caso de conflicto. Por eso en los países del common law, se tiende a legislar sobre materias que exigen gran certeza y seguridad, como es por ejemplo el comercio. Por último, recordaré que, en general, la seguridad jurídica es aún mayor en los Estados constitucionales, porque las prescripciones de la ley suprema no pueden ser válidamente violadas por las leyes comunes.


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ABELARDO TORRÉ ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN SECCIÓN TERCERA

EL "COMMON LAW" 14. Aclaraciones previas.— El nombre que figura en el epígrafe, es la designación más generalizada para identificar a los sistemas jurídicos predominantemente jurisprudenciales. Sin perjuicio de ello y como veremos en el párr. 16 con más detalle, el mencionado es sólo uno de los cuatro significados en que es usada la expresión common law y que son los siguientes: \) Amplísimo: designando pues a esa clase de sistema jurídico predominantemente jurisprudencial (v. párr. 16). 2) Amplio: designa toda la jurisprudencia de dicha clase de sistema (v. párr. 17). 3) Restringido: hace referencia a una sola de las dos ramas jurisprudenciales del derecho angloestadounidense (v. párr. 18). 4) Sentido originario: para designar a una parte del antiguo derecho inglés (v. párr. 15). 15. Signífícado literal de la expresión common law y cuándo empezó a usarse.— La mencionada locución inglesa significa literalmente "derecho común (de common, común, y law, derecho), pero conviene advertir que no es en el derecho angloestadounidense, una denominación que se aplique al derecho civil como sucede entre nosotros, para distinguirlo de las demás ramas jurídicas especializadas (v. Cap. 26). En efecto, fue en el siglo XI cuando se comenzó a usar en Inglaterra la locución common law, para denominar a las costumbres comunes o generales del reino {general customs), y poder así diferenciarlas de las costumbres particulares o locales {particular laws). Es evidente pues que la expresión castellana "derecho común", fruto de traducir literalmente los vocablos ingleses common law, no refleja con fidelidad lo que este nombre inglés significa en el derecho angloestadounidense; por lo tanto, el uso de dicha traducción castellana puede provocar confusiones. Este es el motivo por el cual los autores hispanoparlantes se han inclinado por seguir usando la expresión inglesa "common law", para designar a los sistemas jurídicos predominantemente jurisprudenciales. Sin perjuicio de ello, considero que por razones de precisión terminológica, debe aclararse en cuál de los cuatro significados se lo emplea (v. más detalles sobre esto en los párrs. 16 a 19). Quede pues aclarado que el sentido antedicho fue el primero que tuvo la expresión common law, al que después se le fueron agregando otros, por el desarrollo de la realidad jurídica y por esa mala costumbre —tan generalizada como antigua— de aplicar palabras viejas a objetos nuevos y distintos, en vez de buscar y aun de crear vocablos diferentes, que reflejen mejor la realidad que deben expresar.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 401 - Cap. EL "COMMON LAW": CONCEPTO Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

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16. Concepto '.— De acuerdo con lo explicado anteriormente, conviene reiterar que la expresión coinmon law es usada en cuatro sentidos bien diferenciados, designando lo siguiente: \)La clase de sistenm jurídico predominantemente jurisprudencial, es decir, el derecho angloestadounidense en su totalidad, distinto como se ha explicado del sistema continental. En este sentido amplísimo puede hablarse de common law - inglés, common law estadounidense, etc. 17.— 2) Una parte del antiguo derecho de Inglaterra (y EE. UU.): el constituido por las costumbres jurídicas generales. Conviene recordar a este respecto que cuando empezó a usarse la denominación common law ^, se empleaba también como sinónimo para designarlo en inglés, la frase the law ofthe land, que significa el derecho del país o derecho nacional, figurando por ejemplo de esta forma en la Carta Magna (de 1215). 18.— 3) La jurisprudencia en su totalidad, de los tribunales angloestadounidenses, a diferencia del derecho legislado en sentido amplio (denominado statute law). Al respecto conviene recordar que el empleo de este significado, es habitual en los juristas angloestadounidenses y lo ha sido tradicionalmente, inclusive por Blackstone, gran jurista del siglo xvill. Este significado surgió cuando las costumbres antiguas, fueron sustituidas por la jurisprudencia de los tribunales. A este respecto no debemos olvidar que en el common law en sentido amplísimo, el vocablo "jurisprudencia" (en inglés jurisprudence), sólo se usa para denominar a la Ciencia del Derecho (v. Cap. 2, párr. 35, inc. 5), y no para designar la fuente jurídica explicada en el capítulo anterior, a la que llaman "precedentes judiciales", y también "derecho de casos" como veremos en seguida. Sin perjuicio de ello, y a fin de que sea más fácilmente comprensible para los lectores acostumbrados al vocabulario jurídico propio del sistema romanista, seguiré usando la voz "jurisprudencia" para designar a la citada fuente del derecho. RABAS A, Osear, El Derecha Angloamericano, México, 1944, autor al que he seguido principalmente en este punto. Además puede verse COUTURE, Eduardo J., La Justicia Inglesa, Montevideo, 1943 y "El porvenir de la codificación y del common law en el continente americano", publicado en La Ley, t. 52 (año 1948), pág. 855; TEDESCm, Guido. "El sistema de los precedentes judiciales en el mundo contemporáneo", publicado en La Ley, t. 63 (año 1951), pág. 909; CUETO RÚA, J.C, El Common Law. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997. En inglés, la palabra law tiene un doble significado: en ocasiones denota ley en su sentido estricto y, otras veces, derecho, en general. Esta pobreza del vocabulario jurídico inglés, que en otros aspectos es una de las lenguas más ricas, puede conducir a confusiones, razón por la cual es necesario prestar atención. ídem nota 2.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Según ya dije, como la jurisprudencia está constituida por los fallos de los jueces dictados en casos puestos a su consideración, en los ámbitos jurídicos angloestadounidenses se llama también a lo que nosotros llamamos jurisprudencia, "derecho de casos" (case law). 402

19.— 4) Una rama de la jurisprudencia angloestadounidense: es la emanada de los clásicos tribunales ingleses llamados common law courts"', por oposición a la otra rama, equity (es decir, equidad), surgida de los denominados tribunales de equidad. Lo afirmado implica decir que el derecho angloestadounidense, poseía y posee un sistema dualista de jurisprudencia, que se desarrolló al compás de la existencia de dos clases distintas de tribunales de justicia. Es más, el sistema dualista subsiste aun cuando esas dos ramas tribunalicias, hayan desaparecido en gran parte. 20. Dónderigeel common law.—Los principales países son los siguientes: Inglaterra —donde se originó— así como en las demás partes del Reino Unido, salvo Escocia (sin perjuicio de la influencia que ejerce el common law sobre el derecho escocés); dominios, colonias y ex colonias inglesas; Estados Unidos (salvo el Estado de Louisiana); Canadá (excepto la provincia de Quebec); Terranova; Gibraltar, Malta y Chipre; Australia; Nueva Zelanda; India (excepto Ceilán); Islas Mauricio y Seychelles; Pakistán; Malasia; etc. 21. Por qué el "common law" es poco conocido entre nosotros.— Son tres los motivos fundamentales: 1°) porque no es enseñado en las facultades argentinas, al menos de una manera orgánica; 2°) por ser muy escasas las traducciones completas al castellano, de obras de derecho angloestadounidense, que lo pongan al alcance de los juristas y estudiantes de habla española; y 3°) porque el common law, además de ser distinto por su estructura de los sistemas plasmados sobre el Derecho Romano (en lo que se refiere a derecho privado), posee una terminología propia que hace incurrir en errores y contradicciones, aun a los lectores que conociendo la lengua de Shakespeare, no estén al tanto del vocabulario jurídico inglés. Como ejemplos citaré el caso de la expresión common law —^ya explicada— y el vocablo "act" que, usualmente, significa acto, pero en su acepción técnico-jurídica es sinónimo de ley, es decir, de las disposiciones emanadas del Parlamento inglés {act of Parliament), o del Congreso estadounidense {act ofCongress).

Son; el King 's bench (Corte del Rey); el Common pless (Tribunal de litigios ordinarios) y el Exchequer (para los asuntos de orden fiscal).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico LAW": DENOMINACIONES 403 - Cap. 15 PROHIBIDA"COMMON LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 22. Denominaciones.— La más difundida para identificar en general a los sistemas con predominio jurisprudencial, es la de common law (empleada esta locución, en el sentido amplísimo analizado en el párr. 14). Pero además se lo llama: 1) Derecho angloestadounidense (mejor que angloamericano o anglonorteamericano o anglosajón): la denominación se justifica porque el derecho inglés (english law) y el estadounidense (que ellos llaman impropiamente como luego veremos, american law), son semejantes en sus lineamientos generales, por haber sido este último, profundamente influido durante su formación por el derecho inglés. En realidad, el derecho estadounidense es, por su forma y contenido, una reproducción del common law inglés, adaptada a las condiciones económicas, políticas y sociales de Estados Unidos, pero difiere de él y esto es sobre todo lo que le dafisonomíapropia, en las instituciones de derecho público 5. Recuerde el lector a título de prueba, la diferencia existente entre la organización constitucional inglesa y la estadounidense *. Dicho sea de paso, la penetración del derecho inglés en Estados Unidos, comenzó lógicamente a principios del siglo XVII, con el establecimiento de colonos ingleses en el actual territorio de la Unión. Más tarde, al independizarse de Inglaterra, este derecho fue adoptado por Estados Unidos. De ahí que el derecho inglés sea la base del estadounidense, en el orden federal y local (recuérdese que en EE.UU. cada Estado se dicta su respectiva legislación de fondo); la única excepción la constituye el Estado de Louisiana que, colonizado por franceses, adoptó como base de su derecho privado, el derecho civil francés, de origen romano, conservándolo hasta la actualidad (pero la excepción es sólo en lo que a derecho privado se refiere). Sin embargo —dice Rabasa— la introducción del derecho inglés en EE.UU., se operó principalmente después de la independencia estadounidense, con la difusión de la legislación y jurisprudencia de Inglaterra. 23.— Profundizando el análisis terminológico de los vocablos citados al comenzar este inciso 1, empiezo por aclarar que el problema no se plantea con el prefijo anglo, ya que obviamente significa inglés. La cuestión surge entre el término "estadounidense" y otros vocablos que se usan como si fueran sinónimos de éste, sin serlo en realidad. Apte todo aclaremos que "estadounidense " es la voz más adecuada, porque significa referido o perteneciente a los Estados Unidos de América. Esto es verdad, porque la misma Constitución de los "Estados Unidos de América", usa indistitamente en su texto el nombre de "Estados Unidos", así a secas (en inglés United States), como sinónimo del anterior. Tal sucede en el preámbulo, en los arts. 1° (secciones 1,2,3, etc.), 2° (sección 1, nada menos que en la fórmula de juramento del Presidente), etc. Por otra parte, en el lenguaje corriente en el Véase a este respecto, BLEDEL, Rodolfo, Introducción al Estudio del Derecho Público Anglosajón, Buenos Aires, 1947. Sin embargo, aun a este respecto existen semejanzas, pues como dice POSADA, Adolfo (Tratado de Derecho Político, T. II, Madrid, 1935, pág. 552), el derecho constitucional délos Estados Unidos, aunque condensado en un documento sistemático, se ha ido adaptando a las circunstancias variables del histórico proceso nacional, por medio de la acción jurisprudencial, viniendo a coincidir de tal modo, con la manera evolutiva del constitucionalismo inglés, no obstante las diferencias de ias técnicas constitucionales aplicadas en los dos Estados. Es que, como dice Rabasa, en Estados Unidos y a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, la Constitución es sólo el esqueleto del derecho constitucional.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN mundo entero, se lo llama de esa manera simplificada, sin que a nadie le surja duda alguna respecto de qué país se trata.

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24.— 2) Derecho angloamericano: es muy común que tanto ingleses como estadounidenses usen el vocablo "americano", para designar lo que se refiere o pertenece a los Estados Unidos (p. ej., american law). Se trata de un uso tan común como inexacto, porque hablando con precisión, "americano" es lo referido a América, es decir, a toda Antérica, y no sólo a uno de los países que la integran. En consecuencia, no debe usarse el vocablo "americano", ni la palabra compuesta "angloamericano", en el sentido antedicho. 25.— 3) Derecho anglonorteamericano: esta palabra es más precisa que "angloamericano", pero tiene el defecto de equiparar lo norteamericano con lo estadounidense, cuando es obvio que el vocablo "norteamericano" tiene un significado más extenso, pues abarca todo lo referido a América del Norte, de la que Estados Unidos es sólo una parte. En conclusión, se trata de una voz inexacta, cuyo uso en el sentido antedicho, debe ser evitado. 26.— 4) Derecho anglosajón: si bien los ingleses y los estadounidenses son pueblos de origen sajón, no debemos olvidar que este vocablo tiene un significado más amplio, pues comprende a otros pueblos también sajones (p. ej., el alemán), que no están regidos por el common law. Decir pues "derecho anglosajón" es usar una expresión inexacta, para designar lo que debe llamarse con más propiedad "derecho angloestadounidense". 27. Fuentes del "common law".— Son las siguientes: 1) La jurisprudencia (también llamada habitualmente common law —v. párr. 18— en oposición al statute law. A) Importancia: de lo dicho surge que en este sistema jun'dico, la jurisprudencia —que los angloestadounidenses Wam&n precedentes judiciales— constituye sin duda la fuente más importante del derecho, inclusive en sectores jurídicos legislados (sobre esto, v. párr. 34). 28.—B) El derecho angloestadounidense tenía y conserva todavía en algunas partes, un sistema dualista de jurisprudencia, constituido por: 29.— Bi) Las normas del common law (en sentido restringido), o normas del derecho estricto, con soluciones que en algunos casos pueden resultar injustas; y 30.— B2) Las normas de la equity (o de equidad, o "jurisprudencia de equidad"), surgidas precisamente de la equidad, es decir, de esa manera más discrecional de interpretar y aplicar las normas respectivas o, en otros términos, de una aphcación más equitativa que, por lo tanto, permite hacer justicia en el caso particular, aunque a veces sea preciso fallar en contra de lo que disponen los normas aplicables al caso. Esto se da con frecuencia en los casos de menor cuantía y en los delitos menores. Dicho sea de paso, recordaré que la jurisdicción de equidad comenzó a ser ejercida en el Reino Unido en el siglo XV, por el Tribunal de la Cancillería (Court ofChancery), pre-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA EL "COMMON FUENTESy Científico 405 - Cap. 15 Copia Privada para usoLAW": Didáctico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN cisamente para reconocer ciertos derechos de los "villanos" sobre las tierras que ocupaban, y respecto de los señores feudales, que hasta ese momento no reconocían el common law. 31.— C) Las dos ramas jurisprudenciales pueden ir acompañadas o no de tribunales distintos que las apliquen: esto ha ocurrido en el ámbito angloestadounidense. Así pues, en algunas épocas ha habido distintos tribunales para aplicar los diferentes sistemas de normas: son los llamados tribunales del common law y los tribunales de equity. Quede aclarado entonces que puede darse el caso —y así ha ocurrido en algunas épocas— que no haya tribunales de equity, pero las normas de equidad sigan siendo apHcadas por los tribunales del common law. 32.— D) Unificación creciente de ambas ramas de tribunales: este fenómeno se observa tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Veamos: D') En el Reino Unido, el derecho de equidad comenzó a formarse en el siglo XV, a través del Tribunal de la Cancillería, con elfinde atemperar el excesivo rigorismo del common law. Los respectivos tribunales de equidad existieron hasta el último cuarto del siglo XIX; en efecto, las leyes de organización de los tribunales, de 1873-1875 (Judicature Acts), fusionaron ambas ramas tribunalicias. No obstante ello, la desaparición de los tribunales de equidad, no significó que hayan desaparecido también las normas de equidad elaboradas por los jueces a través de varios siglos. Prueba de ello es que los tribunales del common law las siguen aplicando, cuando las soluciones surgidas de las normas del common law (en sentido estricto), conducen a graves injusticias. 33.— D2) En los Estados Unidos, por tratarse de un país federal, hay que distinguir entre: - los tribunales federales: dentro de su competencia, entienden tanto en asuntos de derecho estricto como de equidad; y - los tribunales locales, la fusión de ambas ramas se ha producido ya en muchos Estados, y el proceso de unificación continúa en los otros. 34.— 2) La legislación (statute law, también llamado written law —derecho escrito—): con esta expresión inglesa se denomina al derecho legislado y, en particular, al conjunto de leyes emanadas del Parlamento inglés, así como del Congreso y legislaturas estatales de los Estados Unidos. a) Importancia en general: la ley está en la actualidad —y desde hace mucho tiempo— en un plano secundario frente a la jurisprudencia, al punto de que los juristas angloestadounidenses dicen que la finalidad del statute law, es subsanar las deficiencias que pueda presentar el common law en puntos determinados. Una prueba de esto la tenemos en que un jurista estadounidense como Gray, ha llegado a decir que el derecho legislado no es derecho sino en la medida y en la forma en que es interpretado y aplicado por los jueces. 35.—Tan cierto es lo antedicho que las leyes recién dictadas provocan una incertidumbre en quienes deben cumplirlas, hasta que los tribunales fijan en sus


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fallos el sentido jurídico de las mismas. Durante dicho lapso intermedio, se suele decir que las leyes "no han sido probadas" todavía, al punto de que una vez aplicadas por los tribunales, los juristas de aquellas latitudes —fieles a su habitual "manera de pensar el derecho", predominantemente historicista— citan los precedentes surgidos de la respectiva interpretación, para fundamentar jurídicamente los nuevos casos similares que se les presenten, confinando la ley a un piano tanto más secundario, cuantos más sean los precedentes surgidos de su interpretación (a este método se lo llama aplicación del sistema del precedente a la interpretación de las leyes). Pero es más, ya que hasta para interpretar una nueva ley, referida a relaciones completamente novedosas, caso en que no correspondería en principio aplicar precedente alguno por falta de similitud, los juristas suelen buscar alguno que otro precedente surgido de casos "similares" (generalmente en estos supuestos, la similitud invocada no es más que una ficción), y presentarán su criterio interpretativo como una manifestación más de algo que ya existía en el common law. En otros términos, a las leyes nuevas no se las considera como un punto de partida de algo nuevo (según pasa en el sistema romanista), sino que se las encara como la consagración formal de algo que ya existía en germen en la sociedad. 36.— b) Importancia en el ámbito político: es en el derecho político —y por supuesto en el específicamente constitucional— donde el statute law tiene más importancia. Recordemos que en el Reino Unido hay muchas leyes políticas, desde la Carta Magna (1215), hasta la Parliament Act, de 1949, pero la importancia es mayor aún en Estados Unidos, país que, como es sabido, tiene una Constitución legislada. No obstante ello y confirmando lo dicho en el párrafo anterior, con respecto al predominio jurisprudencial que existe en el common law, es oportuno recordar que Hughes, notable jurista estadounidense dijo: "estamos bajo la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es". En otros términos, hasta para interpretar la Constitución, debe recurrirse a los precedentes del common law. 37.— 3) La costumbre. Según lo explicado, en la mayor parte del common law (en sentido amplísimo), la costumbre ha sido prácticamente sustituida por la jurisprudencia. No obstante ello, dicha fuente ha tenido y tiene importancia en el ámbito político-gubernamental, en el que muchas actividades ejecutivas y parlamentarias están regidas por verdaderas costumbres jurídicas, que son tanto o más respetadas que las mismas leyes. En Inglaterra por ejemplo, fueron introducidas y serigenpor la costumbre instituciones como el gabinete y el primer ministro, la convocatoria anual del Parlamento, etc. A su vez y aunque en menor escala debido a la Constitución legislada, en Estados Unidos, el gabinete por ejemplo, se rige también por la costumbre.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA EL "COMMON LAW": 407 - Cap. 15 Copia Privada para usoTRASFONDO DidácticoFILOSÓFICO y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

38.— 4) La doctrina, en tanto que fuente material, como sucede en todo derecho con cierto grado de progreso técnico, tiene apreciable importancia. Con carácter general cabe recordar la influencia de conocidos juristas, partícipes de la concepción denominada "realismo jurídico norteamericano" (v. Cap. 18, párr. 35 y, esp., párr. 37), que han provocado una disminución de la influencia tradicional del historicismo en el common law. Por ello mismo han contribuido a disminuir larigidezdel principio de la obligatoriedad del precedente, como puede observarse actualmente en los Estados Unidos. Sin perjuicio de ello y para mencionar un caso concreto, cabe recordar por ejemplo, a Chamberlain, que en 1885 sostuvo que el precedente debe ser aplicado sólo cuando esté de acuerdo "con el espíritu del tiempo" imperante al momento de su aplicación o, como se dina en la actualidad, de acuerdo con las valoraciones vigentes. 39. Trasfondo fílosófíco del ^^common law".— 1) En general: los juristas y filósofos que trabajan dentro del ámbito de este sistema jurídico tienen, a diferencia de los encuadrados en el sistema continental, una particular manera de pensar el derecho, cuyo carácter fundamental es ser predominantemente historicista. Esto implica decir que consideran al derecho actual como un producto de la evolución histórica, razón por la cual, para resolver conflictos presentes miran al pasado, con el fin de encontrar allí la solución (p. ej., en algún viejo precedente judicial). Lo manifestado tiene valor aun para las leyes nuevas, como lo prueba el hecho de que para su interpretación, se aplica el mismo método predominantemente historicista (v. párr. 35). En síntesis, este método de pensar el derecho lleva al juez del common law, por una parte, a inferir la norma jurídica general que aplicará en su sentencia, del caso análogo que elija en definitiva como precedente (y en el que dicha norma general esté implícita), pero por otra parte, no tiene, sobre todo cuando no debe aplicar el statute law, un marco legal como la ley del sistema continental, que fija un límite a la interpretación. El resultado es que el juez del common law, tiene mayor libertad que el juez del sistema romanista, en la elección e interpretación de los fundamentos normativos de su sentencia. Cuando debe aplicar el statute law, es algo menor el ámbito de libertad del juez (v. párrs. 34 y 35). 40.— 2) Explicación del enfoque historicista. Considero que se funda en dos razones: a) En la circunstancia de que en los primeros tiempos de este derecho y durante varios siglos, la costumbre fue la única fuente juri'dica. Ahora bien, como es sabido, la costumbre es un hecho que debe ser buscado primero en la realidad presente, para constatar si tiene vigencia. Pero además y como para ser tenida por costumbre se requiere que haya tenido vigencia durante un determinado número de años, ello conduce a buscarla en el pasado para confirmar el hecho. Esto ha dejado un hábito mental que se ha mantenido a través


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de los siglos, y que se mantiene aún a pesar de que el predominio de la costumbre como fuente del derecho, haya cedido tal primacía a la jurisprudencia. En otros términos, se sigue aplicando a la jurisprudencia y a la legislación, el misino método que se aplicaba a la costumbre, a pesar de las diferencias existentes entre ellas. 41.— b) El espíritu profundamente tradicionalista del pueblo inglés. Este carácter tan evidente ha permitido y convalidado, la consolidación del hábito mental explicado. Una prueba de ese espíritu tradicionalista, la tenemos en la pompa fastuosa en que se desenvuelve el Rey. Dicho ceremonial, que tiene siglos de antigüedad, es celosamente mantenido y, sin duda alguna, ejerce una profunda sugestión sobre la masa popular, cuando es obvio que para un espíritu republicano, esas costosas formalidades no tienen ya justificativo alguno. En la actualidad, el citado tradicionalismo del pueblo inglés, ha cedido en algunos aspectos por la presión que ejerce el fenómeno de la globalización. 42. Caracteres del "common law".— A diferencia de los indicados para el sistema romanista (párr. 13), cabe mencionar los siguientes: 1) Es predominantemente jurisprudencial, por lo que la ley está subordinada a la jurisprudencia. 2) Es más estable y evolutivo que el sistema romanista. a) La estabilidad surge del respeto al principio de la obligatoriedad del precedente. Dicho sea de paso, recordaré que este principio es aplicado con estrictez, sobre todo cuando se trata del derecho de propiedad, derechos contractuales, comercio y derecho penal, porque así lo exige la conveniencia de mantener la estabilidad y la previsibilidad en esas materias. Por el contrario, en derecho constitucional —en EE.UU. por lo menos—el principio del stare decisis es aplicado con más flexibilidad, a fin de adecuarlo a las circunstancias cambiantes ''. Ahora bien, la obligatoriedad del precedente no significa que en el common law no haya cambios de jurisprudencia; en efecto, también los hay pero en casos excepcionales y fundados en algún error cometido en el precedente. b) El carácter evolutivo permite una lenta pero incesante adaptación a los cambios sociales. 3) Para cambios rápidos debe recurrirse a las leyes. 4) Ofrece en general menos seguridad jurídica que el sistenia continental, porque no siempre es predecible lo que van a resolver los jueces, ante la falta de una norma general preexistente que contemple el caso. 5) Es técnicamente más imperfecto que el sistema romanista, por la técnica de elaboración casuística. '

V. CUETO RÚA. ol). cit. en nota 1. págs. 92, 93 y 94.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico L O S DLA O S SVENTA, I S T E M A S IMPRESION J U R Í D I C O S : S EO M EDISTRIBUCIÓN JANZAS 4 0 9 - CAP. PROHIBIDA

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SECCIÓN CUARTA

AUMENTO PROGRESIVO DE LAS SEMEJANZAS ENTRE AMBAS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS

43. Síntesis.— Sin perjuicio de las diferencias explicadas, no debemos olvidar que ambos sistemas cumplen la misma función en las respectivas sociedades, función que si la circunscribimos a la tarea de los órganos jurisdiccionales, no es otra que resolver conforme a derecho, los conflictos que se plantean en las respectivas comunidades, en cuanto sean de su competencia. La identidad de funciones hace que ambos sistemas tengan algunas semejanzas, pero lo notable es advertir que dichas semejanzas van en paulatino aumento, lo que nos plantea un interrogante sobre el futuro de ambos sistemas. Se trata sin duda de algo difícil de pronosticar, sobre todo si nos planteamos la posibilidad de que esas crecientes analogías lleguen a constituir algún día, una posible uniformidad, en general se entiende, sin perjuicio —claro está— de algunos caracteres propios que mantendrían cada uno de los sistemas, puesto que nadie piensa en identidad, sino en una relativa uniformidad. Volviendo al presente, veamos cuáles son esas semejanzas que van aumentando: 44.— A) Mayores analogías en el sistema romanista con respecto al "common law ": consisten esencialmente en la mayor importancia de la jurisprudencia uniforme dentro del sistema romanista, con lo que, correlativamente, va disminuyendo en forma paulatina la diferencia principal entre ambos sistemas. Esta creciente analogía reviste dos formas: 1) Mayor importancia de la jurisprudencia uniforme en el sistema romanista en general, por evolución del propio sistema: esto es una auspiciosa realidad, y hoy día se está muy lejos de aquel fetichismo legal, que surgió al comienzo de la codificación moderna (v. Cap. 12, párr. 79), cuando se creyó ingenuamente que en los códigos y leyes se podría encontrar solución a todos los conflictos sociales. Para ejemplificar este fenómeno, citaré dos casos del derecho argentino, en los que fueron creados por la jurisprudencia dos importantes instituciones que son: a) la acción de amparo en el año 1957 (v. Cap. 21, nota 32), mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando todavía el amparo no estaba reglamentado por ley (lo que recién sucedió en 1966, por decreto-ley 16.986). Actualmente, desde la reforma constitucional de 1994, la acción de amparo está incorporada a la Constitución Nacional (art. 43); y b) el divorcio vincular, en 1986, frente a una situación distinta a la anterior, ya que mediaba una ley que lo prohibía (la 2393, de Matrimonio Civil, del año 1888). En este caso, el citado tribunal admitió el divorcio vincular declarando la inconstitucionalidad del art. 64 de dicha ley, en cuanto lo prohibía (caso "Sejean"). Desde 1987, el divorcio vincular ha sido incorporado a la legislación argentina por la ley 23.515 (v. arts. 213 a 2 I 8 d e l C ó d . Civ.). 45.— 2) Mayor importancia de la jurisprudencia uniforme en algunos lugares con sistema romanista, por recepción del sistema de precedentes del "common law": en Escocia, Estado de Louisiana (EE.UU.), provincia de Quebec (Canadá), etc., lugares todos en los que hay sistemas de filiación romana, se ha producido un fenómeno ciertamente original.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN que consiste en haber "recepcionado" el principio del precedente judicial obligatorio, propio del common law. Ello ha provocado, como es lógico, una mayor semejanza con este sistema. El hecho se ha debido sobre todo a la formación jurídica angloestadounidense de los respectivos juristas y, además, a la vecindad de los países con sistema de common law, que ha facilitado y facilita la obtención de los repertorios de jurisprudencia, contacto con juristas angloestadounidenses, etc. 410

46.— B) Mayores analogías en el "common law ", con respecto al sistema romanista. Esto se ha producido y está acrecentándose, de dos maneras: 1) Aumento paulatino del derecho legislado (statute law): este proceso se ha ido acrecentando por ser la manera más rápida (una ley se puede aprobar en un plazo relativamente breve), de dar respuesta a los cambios acelerados que se van produciendo en la realidad social, inducidos muchas veces por espectaculares avances tecnológicos (p. ej., energía atómica, informática, biogenetica, etc.). En otros casos, la finalidad ha sido dar mayor certeza y seguridad a ciertas relaciones económicas (las comerciales, p. ej.), para incrementarlas, porque se ha reconocido que leyes claras y precisas, permiten que los habitantes sepan a qué atenerse y, sobre esa base, lanzarse a una mayor producción, comercio, etc. Una prueba de lo dicho la tenemos en EE.UU., donde casi todos los Estados miembros han codificado algunos sectores jurídicos (procesal, penal, comercial, etc.). 47.— 2) Los precedentes no son ya obligatorios para el tribunal supremo de Estados Unidos y del Reino Unido, tal como sucede en general, en los países con sistema romanista. Esta facultad no impide que ambos tribunales sigan aplicando sus propios precedentes, cuando por ese camino se llegue a soluciones justas para casos análogos; en efecto, la citada facultad significa en concreto que cuando la aplicación del precedente conduzca a soluciones injustas (sea por el cambio de la realidad social, valoraciones vigentes, etc.), ambos tribunales supremos están facultados para cambiar su propia jurisprudencia. Sin perjuicio de lo dicho, conviene precisar lo siguiente: 48.— a) En Estados Unidos, la Corte Suprema Federal ha declarado reiteradamente que no está obligada a seguir sus propios precedentes. 49.— b) En el Reino Unido, la Cámara de los Lores —que además de su función legislativa es el máximo tribunal judicial de ese país— declaró en 1898 que ella misma estaba obligada a respetar sus propios precedentes. En tal caso, cuando el cambio de jurisprudencia era reclamado por sectores influyentes de la comunidad, el problema sólo podía ser solucionado por ley del Parlamento. Esta situación continuó hasta la Declaración del 26 de julio de 1966, mediante la cual la Cámara de los Lores manifestó que de ahí en más no quedaría sujeta a sus propios precedentes, con lo que volvió a la situación vigente antes de 1898. A este respecto conviene recordar que la obligatoriedad del precedente no fue impuesta en el common law por ley alguna, sino por acatamiento espontáneo de los jueces (verdadera costumbre judicial). Se estima que el proceso de respeto al precedente, comenzó en forma paulatina durante el siglo XIII y se fue afianzando en el siglo XV, hasta que en el siglo XIX se afirmó con la citada resolución de la Cámara de los Lores de 1898. Por último y como expliqué antes, la Cámara de los Lores resolvió que a partir del 26 de julio de 1966, no estaría obligada a respetar sus propios precedentes.



CAPÍTULO 16

INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO

SECCIÓN PRIMERA

APLICACIÓN DEL DERECHO 1, Aclaraciones previas.— El derecho se elabora para regir la conducta compartida y, por eso, frente a los casos concretos que plantea la realidad de la vida, debe ser aplicado. Ahora bien, cualquier persona que ajusta conscientemente su conducta al derecho vigente, ya sea al pagar un impuesto, al votar, etc., aplica el derecho y, para ello, es obvio que, partiendo de una norma y una circunstancia dadas, tal persona ha determinado —bien o mal— cuál era la conducta que debía realizar en esa situación jurídica, representándose dicho comportamiento mediante una norma individualizada que lo describía. Como luego veremos, esto es, en esencia, lo mismo que hace el juez para dictar su fallo, puesto que frente a un caso concreto que se le plantea, decide aplicar tal o cuales artículos del Código Civil y dicta para ello una norma individualizada —la sentencia— que contiene el resultado de esa labor. Y aunque a primera vista no lo parezca, al dictar una ley, el legislador hace en esencia lo mismo, ya que frente a un problema social determinado, dicta una norma que debe encuadrar en lo dispuesto por la Constitución, tratando de solucionar de alguna manera dicho problema. Lo mismo cabría decir del Poder Ejecutivo cuando dicta un decreto, etc. Por los ejemplos dados, se habrá visto que para aplicar una norma jurídica, debe dictarse otra norma que encuadre en la aplicada. Esta correlatividad entre la aplicación y la creación del derecho, como actos ineludibles para pasar de una a otra grada inferior del ordenamiento jurídico, ha sido explicada cuando traté la teoría de la pirámide jurídica (Cap. 7, párrs. 3 a 6), por lo que allí me remito. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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2. Concepto.— Con estas aclaraciones, podemos decir que aplicar una norma consiste en determinar las conductas en recíproca interferencia que corresponde realizar en una situación dada, mediante una norma de menor generalidad que la aplicada. En otros términos, puede decirse que aplicar una norma jurídica, es reglar la conducta por ella aludida, frente a una determinada realidad, mediante otra norma que encuadre en la aplicada. 3. Este problema en la Filosofía del Derecho.— La Filosofía Jurídica comprende también el problema de la aplicación del derecho, abarcando así en su totalidad, el panorama que ofrece el fenómeno jurídico. Mas no se trata de estudiar aquí cómo se aplica una ley determinada a un caso concreto —problema correspondiente a la Dogmática Jurídica que estudia un derecho positivo en especial—, sino que debemos encarar lo que hay en ello de universal, vale decir, por ejemplo, lo que hace todo juez al aplicar cualquier norma; los métodos de que se sirve; los presupuestos que ellos implican; las consecuencias que de ello derivan, etc. Aclarada ya la semejanza existente entre las diversas especies de aplicación del derecho, he de referirme en adelante a la aplicacióny'M¿/c/'a/ en particular, no sólo por la razón indicada, sino también porque los jueces, en caso de controversia, son generalmente los llamados a dar la interpretación última y obligatoria del derecho, para su aplicación a la vida social. Además, tratándose en general de científicos del derecho y confluyendo en su tarea específica, no .sólo su versación, sino también la de los abogados, doctrinarios, etc., todo ello rodeado de las mayores garantías de independencia, es de suponer que si en alguna parte ha de encontrarse una aplicación (e interpretación) científica del derecho, ha de ser allí. Y precisamente lo que aquí nos interesa, es saber si es posible y cómo debe hacerse, una interpretación y aplicación científica del derecho, que ofrezca el más alto grado posible de verdad, imparcialidad y justicia. 4. Carácter complejo de la aplicación.— Tradicionalmente se compara la actividad mental del juez al sentenciar, es decir, al aplicar la norma a un caso concreto, con el razonamiento deductivo mediato llamado silogismo. En este silogismo jurídico, \a premisa mayor es la ley, la. premisa menor, el caso a resolver y, la conclusión es la sentencia. Pero en realidad, es ésta una comparación muy simplista y eiTÓnea, sin que ello implique negar que el juez haga también un razonamiento deductivo. En efecto, como dice Cossio ', "el carácter apriorístico de la ley respecto de la sentencia, nos hace ver que el juez ha de descender de la ley a la sentencia con méLa Teoría Egolúgica..., cit., pág. 148.


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todo deductivo, de tal manera que cualquier cosa de la ley que aparezca en la sentencia, ha de tener esa conformidad racional de lo general a lo particular, común a toda deducción". Para demostrar lo erróneo de la comparación silogística, basta con tener presente que si así fuera, dado un caso y una ley que lo contemplara, la solución tendría que ser forzosamente una sola; mas he aquí que la experiencia —piedra de toque de todas las teorías— nos demuestra que no ocurre así, pues frente a un caso caben varias soluciones —^por lo menos dos—, todas igualmente correctas desde el punto de vista racional-deductivo, de las cuales, el juez aplicará una en la sentencia. Es que como ha dicho Kelsen, toda ley es un marco de posibilidades, donde podemos encuadrar varias soluciones. El art. 79 del Código Penal, que establece para el homicidio simple una pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión, nos ofrece un ejemplo bien claro de la amplitud de los límites que puede tener un juez para sentenciar y de la multiplicidad de soluciones posibles de encuadrar en una norma. Veamos ahora un poco más detalladamente qué hace un juez para sentenciar (igual que cualquier jurista para resolver un asunto): dado un caso, se comienza investigando los hechos a fondo, en todos sus detalles, valiéndose de los medios de prueba disponibles (piénsese, p. ej., en la complejidad de algunos hechos delictuosos); después de esto, el jurista lo encuadra o subsume en una norma, esbozando una solución o sentencia; vuelve después al caso para ver si ese esbozo coincide o no con el sentido del caso, aceptando o rechazando entonces la norma elegida; volverá otra vez a la norma y después de nuevo al caso y así varias veces, hasta tener la convicción de que el caso encuadra por su sentido en una norma determinada, o más concretamente, en el supuesto jurídico de la norma elegida, supuesto que es —como se ha explicado— la conceptuación normativa de un hecho jurídico (v. Cap. 5, párr. 59). Elegida la norma, no hay duda de que cabrán dos o más soluciones igualmente válidas y de ellas, el juez elegirá una. Cabe ahora preguntarse, ¿en qué se basa el juez para elegir una y no otra? Por ahora diré que, evidentemente, lo hace por una valoración, en virtud de la cual, una de ellas le parece, por ejemplo, más justa que la otra u otras. 5.— En conclusión, todo esto nos demuestra que la aplicación del derecho es algo más que una mera deducción silogística. No hay duda de que interfieren valoraciones imposibles de negar, pues, como ya se ha explicado, toda norma jurídica implica una valoración de conductas (Cap. 8, párr. 1), y el jurista, al aplicarla a un caso concreto, valora a su vez la norma y también la conducta. De ello resulta, como dice Cossio ^, que "... el pensamiento del juez no sólo refiere '

Ofc. di. ennota 1, pág. 163.


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el caso a la ley por subsunción deductiva, sino que también refiere la ley al caso ôr dialéctica estimativa: el caso está sometido a la ley por subsunción sólo después_que la ley ha sido declarada apta para el caso por valoración. Lo que dijimos más arriba de que cualquier cosa de la ley que aparezca en la sentencia ha de tener forma deductiva por cuanto la ley es la estructura de la sentencia, sufre ahora una primera complementación: ello es así siempre que la valoración jurídica del juez haya aceptado a la ley como estructura del caso, de modo que la parte deductiva de una sentencia tiene su punto de partida también en la valoración jurídica" (he destacado en bastardilla, los aspectos más importantes para lo que vengo explicando). 6. Problemas principales que plantea.— La aplicación del derecho plantea una serie de problemas, de los que analizaré aquí los siguientes: 1) Interpretación "de la ley", o mejor, del derecho; 2) Integración "de la ley", o más propiamente, del derecho; 3) Conflicto de normas en el espacio; y 4) Conflicto de normas en el tiempo. Los dos primeros serán analizados en este capítulo; los dos últimos, en el Cap. 17. SECCIÓN SEGUNDA

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO I. GENERALIDADES 7. Concepto.— Como explicaré en el párr. 9, toda norma jurídica —y no sólo la ley—- es susceptible de interpretación. Con esta advertencia, cabe decir que interpretar una norma jurídica consiste en establecer su verdadero sentido y alcance: a) Establecer su sentido: esto se explica porque una norma jurídica —como todo objeto cultural— significa algo, o si se quiere, tiene una "finalidad", es decir, un sentido. Por ejemplo, una ley que establece vacaciones anuales pagadas por el empleador, tiene la "finalidad" de asegurar un descanso necesario para la salud física y mental de los trabajadores. Y éste es su sentido. b) Alcance: quíese decir la extensión de esa finalidad o sentido, porque con dos leyes o dos proyectos, puede perseguirse una misma o análoga finalidad, aunque con distinto alcance. Por ejemplo, una ley provincial que establezca vacaciones anuales para los empleados públicos provinciales y otra nacional que http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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las establezca también para todos los empleados y obreros: como es evidente, la finalidad perseguida es la misma, pero no hay duda que en distinta medida. 8. Necesidad de la interpretación.— A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, con el auge del racionalismo, se creyó que la interpretación no era necesaria, puesto que Jos códigos y leyes podían prever todos los conflictos posibles entre los hombres. Hasta hubo algunos códigos —como el de Baviera de 1812— que prohibían expresamente a los jueces interpretar las leyes y, con anterioridad, el Fuero Juzgo (siglo XIII), establecía la pena de azotes para el que lo hiciera. Pero esta ilusión racionalista se desvaneció bien pronto, por obra de la misma realidad. Hoy día, ya no se discute la necesidad de la interpretación de las normas jurídicas y, para comprobarlo, basta con pensar que las expresiones de una ley pueden ser equívocas —cosa muy corriente— o sumamente confusas; o bien puede haber una contradicción entre el espíritu de la ley y el texto escrito; o ser contradictorias diversas disposiciones de un mismo cuerpo legal u orden jurídico; etc. Por otra parte, aun los textos claros han de ser interpretados —aunque la labor sea más sencilla— para ver si son o no válidos (p. ej., la constitucionalidad de un edicto policial, que puede ser muy claro), porque como dice muy bien Cossio ^ "un caso judicial siempre se resuelve por la totalidad del ordenamiento jurídico y no por una sola de sus partes, tal como todo el peso de una esfera gravita sobre la superficie en que yace, aunque sea uno solo el punto por el que toma contacto". - DIFERENCIA CON LA INTEGRACIÓN: veáse párr. 67. 9= Denominaciones.— Como consideración de orden general, cabe decir que el vocablo "interpretación" se aplica a todo objeto que tenga un sentido y no sólo a las normas jurídicas; es decir que toda expresión o signo puede ser interpretado. Por eso se habla de interpretar un poema, un cuadro, un gesto, un sueño, una partitura musical, etc. Corrientemente se habla de interpretación de la "ley". Esta denominación, no del todo exacta, es una supervivencia de ese racionalismo exagerado que creía que todo el derecho estaba en la ley y que, por lo tanto, lo único a interpretar era la ley. Pero sucede que tanto se interpreta una ley, como un contrato, o una sentencia, etc.; por eso, lo que corresponde es decir que toda normajurídica es susceptible de interpretación. Esto no significa negar que la interpretación de Jos contratos, por ejemplo, presente algunas peculiaridades. Ahora bien, la interpretación da origen a una serie de problemas (estudio de la actividad del intérprete en cuanto tal; métodos de interpretación, etc.), todo ^ Ob. cit. en nota 1, pág. 380.


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lo cual permite la confección de una teoría filosófica de la interpretación de las normas jurídicas, también llamada Hermenéutica Jurídica. 10.— Por último, el intérprete libre —por ejemplo, un tratadista— puede representarse mentalmente una serie de conductas posibles que encuadren o no en la norma, a efectos de precisar bien su sentido y alcance. Pero frente a un caso concreto de la vida jurídica, el intérprete —por ejemplo el juez— no sólo interpreta la norma, sino también la conducta real que piensa encuadrar en aquélla, precisamente para establecer si esa conducta dada en la realidad social, puede por su sentido, ser o no encuadrada en el esquema de conducta mentado por la norma. Aquí conviene recordar que la ley, es un objeto "invariable" que menciona un objeto variable como es la conducta. 11.— Veamos un ejemplo sencillo para comprender lo dicho: frente a un caso de aparente homicidio emocional '*, es requisito indispensable para la aplicación de esa figura ^, que el hecho delictuoso se haya cometido bajo un estado psíquico de emoción violenta. Pues bien, el intérprete, frente a la ley, puede muy bien preguntarse qué se entiende por "emoción violenta", puesto que hay muchos estados psíquicos semejantes (aquí está interpretando la norma) y, a su vez, frente al homicidio real, se preguntará si hubo o no emoción violenta, para lo cual, tendrá en cuenta la conducta del sujeto antes del hecho, después del mismo, el temperamento, etc. (aquí está interpretando la conducta, a efectos de establecer si corresponde o no aplicarle aquella norma). 12. Clases.— I) Según el intérprete, puede distinguirse: 1) Interpretación judicial (o jurisprudencial o usual): es la que realizan los jueces para sentenciar. Ya he aclarado que antes de su aplicación, las normas deben ser interpretadas. Esta interpretación tiene la particularidad de ser obligatoria, por lo menos con relación a las partes en litigio, cuando es la establecida en una sentencia aislada, pero, cuando se ha "sentado jurisprudencia" (Cap. 14, párr. 24), como en el caso de existir un tribunal de casación (Cap. 14, párr. 53), esa interpretación es obligatoria no sólo para el caso en que ha sido dictada, sino también para todos los casos aná-

Homicidio emocional: figura atenuada del homicidio, al que sólo corresponde reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años (art. 81, inc. 1°, ap. a., del Cód. Pen,). Ejemplo común es, en principio, el caso del marido que mata en el acto de sorprender la infidelidad de su esposa. En lugar de la de homicidio simple, al que corresponde de 8 a 25 años de reclusión o prisión (art. 79 del Cód. Pen.).


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legos siguientes que se presenten a las autoridades judiciales: equivale entonces a una fuente formal o modalidad general del derecho positivo. Todo lo explicado nos permite comprender la gran importancia que tiene la interpretación judicial. 13.— A esta interpretación se la llama también usual, porque la interpretación de las leyes y demás normas jurídicas, así como su aplicación a los conflictos entre personas, corresponde por antonomasia a los jueces y, por lo tanto, al Poder Judicial, claro que dentro de un régimen institucional de separación de poderes. Sin embargo, esta afirmación no debe tomarse como absoluta, puesto que todo órgano que tenga funciones jurisdiccionales (Cap. 23, párr. 19), sea del Poder Judicial, como del Ejecutivo o Legislativo, interpreta también las normas jurídicas para aplicarlas. Más aún, en sentido amplio, la interpreta todo aquel que ajusta conscientemente su conducta a una norma jurídica, y hasta el más modesto empleado público —p. ej.— que debe cumplir una diligencia impuesta por una resolución administrativa, interpreta la resolución, pues la cumple en buena medida como a él le parece, por ser imposible que esa resolución prevea todos los detalles de su cumplimiento. 14.— 2) Interpretación legislativa (o auténtica): es la que emana del propio legislador, mediante otra ley llamada interpretativa. Como es obvio, esta interpretación es obligatoria para todos, puesto que se realiza mediante una ley que se incorpora a la anterior para formar parte de ella. 15.— Se la ha llamado auténtica, porque a primera vista parecería que nadie está más indicado para interpretar una ley, que quien la ha dictado. Pero esto, que no es del todo exacto puesto que los integrantes de los cuerpos legislativos varían, etc., amén de que no siempre el autor de una obra es su mejor intérprete, encierra un peligro mucho más grave que la posible exactitud y justicia de esa interpretación: es el peligro del desconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Esto se explica porque la estructura institucional de la separación de los poderes —claro que cuando incluye la independencia del Poder Judicial— permite que las personas encuentren en este último la mejor garantía para la defensa de sus derechos, por la mayor imparcialidad y justicia que ofrece sobre los poderes políticos. Esto ya lo dijo Montesquieu, aunque en forma no muy precisa. Es por las razones expuestas que, en general, aun entre nosotros, no se dictan prácticamente leyes interpretativas, dejándose al Poder Judicial la tarea de interpretar el derecho. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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16.— No obstante ello, bueno es recordar que hasta el siglo XVII, o más propiamente, hasta que arraigó el constitucionalismo, era el monarca absoluto el encargado de dar la solución, cuando no había una ley expresa o era dudosa (así lo establecían, p. ej., las Partidas). Cosa análoga ha sucedido en los Estados totalitarios. 17.— 3) Interpretación doctrinaria (o libre): es la que realizan los jurisconsultos y comentaristas del derecho en general. Como es obvio, esta interpretación carece de obligatoriedad, pero suele influir en buena medida en las decisiones judiciales. En efecto, cuando una determinada interpretación es apoyada por autores de prestigio, en general, es raro que los tribunales se aparten de ella. Como excepción, se suele recordar el caso de los jurisconsultos Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, cuyas opiniones tuvieron obligatoriedad en Roma, desde la "Constitución Imperial" del año 426 que así lo dispuso, hasta su abrogación por Justiniano (v. Cap. 14, párr. 88). Se la llama libre, porque al no estar influido su autor por ningún litigio determinado, como sucede con el juez o los defensores de las partes, su interpretación ha de resultar, en principio, más objetiva. Hay algunos autores que la denominan interpretación "científica", lo que es a mi criterio un error, puesto que tan científica puede ser la interpretación de un doctrinario, como la del juez, o del abogado, etc. 18.— II) De acuerdo con la extensión y alcance de la interpretación, se suele distinguir: 1) Interpretación declarativa o estricta: es la que se limita prácticamente a reproducir el texto legal. Como es obvio, procede en los casos de textos simples, claros y precisos. Por ejemplo, el caso del juez que aplica una multa por estacionamiento prohibido. 19.— 2) Interpretación extensiva: cuando el intérprete extiende el alcance de la norma, mediante el desarrollo de las posibilidades de la misma. Así pueden encuadrarse en una norma, casos que a primera vista no lo estarían. La interpretación extensiva no debe ser confundida con la aplicación analógica, pues mientras en aquélla la norma puede razonablemente abarcar un caso determinado, en la segunda se empieza por reconocer que la ley no rige el caso ^. Por lo tanto, más que un medio de interpretación, la aplicación analógica es —como dice Gény— un medio de integración del derecho.

ORGAZ, Altura, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba. 1945, pág. 164.


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20.— 3) Interpretación restrictiva: es la que restringe el alcance de la norma y, tiene lugar, en general, cuando de la aplicación del texto expreso de la ley, resultaría una injusticia. 21.— III) Según el método que la guía, se habla de interpretación gramatical, histórica, sistemática, etc. (v. métodos de interpretación). II. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN 22. Aclaración previa.— Son muchos los métodos existentes para la interpretación de las normas jurídicas y, ciertamente, hay entre ellos profundas diferencias. Para comprender mejor la razón de tales diferencias corresponde aclarar que existe una relación entre el método de interpretación que se propugna y el concepto que se tiene de la interpretación. En efecto, al formularse un método de interpretación de la ley, se ^vtswônt forzosamente un concepto concreto de lo que se entiende por sentido de la ley, porque todo concepto o conocimiento se formula desde un punto de vista. Pues bien, hay al respecto dos posiciones fundamentales: a) para unos, el sentido de la ley es la voluntad o intención del legislador que la sancionó; en cambio, para otros, b) es la voluntad de la norma misma. Se comprenderá ahora que si se participa de la primera opinión, se dará preferencia a los trabajos preparatorios, informes de la comisión parlamentaria, etc., a efectos de poder precisar bien la voluntad del legislador; en cambio, si se sostiene la segunda posición, no se dará a ello mayor importancia, sino que se buscará, por ejemplo, la coordinación y subordinación lógica de esa norma, con relación al resto del orden jurídico positivo, las nuevas condiciones sociales a las que debe ser aplicada, etc. 23.— Con estos elementos, puede decirse ya que ninguna de estas dos opiniones corrientes es totalmente exacta y, como prueba indudable, basta recordar que cuando recién se dicta una ley, suele fundamentarse su interpretación en los informes parlamentarios, opinión de sus autores, etc. (aquí sería cierta la posición "a "), pero, en general, cuando pasa algún tiempo y se ha modificado la realidad social, resulta que ya no se hace mención de aquellos elementos y sí de la "finalidad" de la norma frente a las nuevas condiciones sociales, etc. (aquí resulta cierta la posición "b "). De todo esto surge otra posición, que me parece la más acertada: http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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c) el verdadero sentido (mal llamado "voluntad" o "finalidad") de una norma, es el que le da el intérprete que, para lograr una interpretación de jerarquía científica, debe partir del conocimiento de la teoría de interpretación del derecho, y sin que esto deje de tener en cuenta el ineliminable margen de subjetividad (que debe ser lo menor posible), que se da forzosamente en la interpretación de todo objeto cultural ^. Una prueba de que esto último no es sino lo que sucede en la realidad jurídica, la tenemos, por ejemplo, en las sentencias revocadas por tribunales superiores, lo que nos muesti^ que una misma norma, frente a una misma realidad, ha sido interpretada de diversa manera. Quizá pueda pensarse que de este modo desaparece la objetividad de las normas jurídicas y de su interpretación, pero ello no es exacto y, sin entrar en mayores consideraciones, basta con decir que siendo una ley lo suficientemente clara y no habiendo mayores cambios en la realidad social, la voluntad del intérprete habrá de coincidir con la del legislador. Por el contrario, cuando haya transcurrido algún tiempo y las condiciones sociales hayan cambiado, en forma más o menos notable, ambas voluntades no podrán coincidir, por la sencilla razón de que se estarán resolviendo problemas que el legislador no pudo prever; en este caso se ve más claramente que el sentido de la norma no es otro que el dado por el intérprete (observe el lector que mencionamos las condiciones sociales; ello se debe a que toda interpretación de una norma jurídica se hace para aplicarla a un sector de la realidad social, razón por la cual no se la puede interpretar al margen de esa realidad). Ahora bien, esta interpretación será tanto más acertada y científica, cuanto más evidente sea su subordinación al esquema normativo y cuanto más justo sea su contenido, dentro del marco de posibilidades que ofrece la norma interpretada. El primer aspecto ya lo he tratado en este capítulo, pero en lo que respecta a la justicia de la resolución, cabe agregar que será tanto más acertada, cuanto más "objetivamente" justa sea, lo que equivale a decir que esa interpretación deberá ser apreciada por los demás —y no responder sólo a la íntima convicción del intérprete— entrando a jugar aquí los fundamentos en que el juez —p. ej.— apoye su decisión. Así y todo no desaparece la posibilidad de criterios dispares y, como es necesario por razones de igualdad, establecer para casos semejantes una sola interpretación, existen órganos de apelación y casación, que serán los que determinen cuál ha de ser el verdadero sentido de la norma, con validez general para los casos siguientes, pero esta interpretación —que lógicamente puede variar, como lo muestra la experiencia jurídica— puede y debe tener jerarquía científica, como explico en este capítulo. Véase al respecto !a opinión de COSSIO. Carlos, en El Derecho en el Derecho Judicial, Buenos Aires. 1945, págs. 124 y sigs., aunque como veremos más adelante, para este autor no se interpreta la ley, sino la conduela humana mediante la ley (véase idem pág. 128).


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24. Enumeración de los métodos.— Seguidamente haré un análisis de los siguientes métodos: MÉTODOS TRADICIONALES

1) Método gramatical o filológico; 2) Método exegético o histórico; 3) Método dogmático o lógico-sistemático; MÉTODOS MODERNOS

4) Método de la evolución histórica (Saleilles); 5) Método de la libre investigación científica (Gény); CONCEPCIONES INTERPRETATIVAS ANTIMETÓDICAS

6) Escuela del Derecho Libre (Kantorowicz); 7) Teoría Pura del Derecho (Kelsen); 8) Teoría Egológica del Derecho (Cossio). Las concepciones 6,7 y 8 no constituyen, en realidad, métodos interpretativos —por eso no llevan ese nombre—, sino que, por el contrario, son la negación del método. Los incluimos en la enumeración porque implican una concepción interpretativa que conviene conocer. Una vez explicados los métodos, agregaré algunas clasificaciones que se han dado de ellos. 25. Explicación de los métodos.— En este punto hay disparidad de opiniones no sólo conceptuales, sino también terminológicas, puesto que distintos autores llaman de distinta manera a un mismo método. Por ejemplo, al explicar el método dogmático —que algunos llaman exegético—, dicen estos autores que frente a un texto oscuro, corresponde empezar por la interpretación gramatical, para seguir después, si así no se aclara, con la interpretación lógica, etc. 26.— A mi criterio se comete un error, puesto que aquí ya se emplean dos métodos distintos: el gramatical y el dogmático propiamente dicho. Esto se explica porque a medida que han ido surgiendo los distintos métodos, sus autores trataban de superarlos y a veces los consideraban como una etapa previa a la aplicación del método que proponían: esto es lo que ocurre en el ejemplo citado de los métodos gramatical y dogmático. Por eso trataré de explicar los métodos considerándolos estrictamente, en lo que cada uno tiene de original, sin perjuicio de hacer constar que, en la práctica, los autores proponían y empleaban métodos mixtos. Para comprobarlo, basta con tomar algunas de las obras corrientes: el lector verá entonces que, tal como los explican, es imposible entenderlos bien, siendo necesario para ello considerarlos como lo que en realidad son, es decir, como métodos mixtos.


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Por las razones expuestas, seguiré en buena parte de este capítulo el libro del filósofo argentino Carlos Cossio, El Derecho en el Derecho Judicial (págs. 107 a 117), donde el lector encontrará una breve y clara exposición de los métodos interpretativos. 27. Consideraciones generales.— En carácter de aclaración previa, cabe decir que todos los métodos enumerados, menos las doctrinas de las Teorías Pura y Egológica, consideran que siendo la ley clara y expresa, no hay necesidad de interpretarla, debiéndosela aplicar directamente. Esto es una consecuencia que deriva de considerar las leyes en forma aislada y si se repite en casi todos los métodos, es porque cuando aparecieron, la filosofía jurídica no había aclarado todavía que todo orden jurídico constituye una unidad total. Ahora bien, aceptada esta tesis —que me parece inobjetable—, resulta que, aunque el texto de la norma sea claro y expreso, debe ser interpretada, consistiendo entonces la operación, cuando menos, en referirla al resto del ordenamiento, para ver si resulta o no aplicable al caso, pues, por ejemplo, podría ser inconstitucional. Claro que aquí me pongo en el caso de que la norma sea aplicada a conciencia, porque bien puede ocurrir que el juez, por desidia, no lo hiciera. En síntesis, dentro de esta tendencia, las leyes deben interpretarse siempre, aun las de texto claro y expreso, en cuyo caso —como es obvio— la interpretación será más sencilla. Queda así destruida la tesis de la aplicación mecánica de la ley y también jerarquizada la función judicial, aunque en rigor de verdad, lo último no sea más que reconocer el poder que realmente tienen los jueces. A) MÉTODOS TRADICIONALES 1) Método gramatical o filológico 28.— Este método considera las palabras y las frases de las normas, aisladamente, es decir, en tanto que simples palabras o frases desconectadas del resto del ordenamiento, para establecer cuál es su significado si son palabras, o la redacción o puntuación si son frases, etc. Los glosadores, posglosadores, comentaristas, etc., mucho antes del siglo XIX, hicieron amplio uso y abuso de este método. Para intepretar un texto, como dice Cossio, "... se recurría a distintas operaciones. Se recurría, por ejemplo, a sinónimos, de manera que ante un texto legal que ofrecía dudas se reemplazaba una palabra por un sinónimo, para ver cómo quedaba el sentido. Además de esta técnica, se utilizaba en gran escala la etimología, es decir, que se recurría a la interpretación por medio del origen idiomático de la palabra. También se recurría http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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a ejemplos fraseológicos, para demostrar la constancia de la significación en la pluralidad de los casos; y, por último, se recurría a los llamados textos paralelos, operación que consistía en tomar frases de libros célebres, en primer término la Biblia, desde luego, para hacer ver que en esos textos de gran autoridad en el mundo de la cultura, la palabra iba empleada como quería el intérprete que se la interpretara en la ley" ^. 29.— Indudablemente, se trata de un método criticable que no es aceptado como procedimiento interpretativo único —aunque esto mismo ocurre con todos los demás, según veremos—, porque, entre otras razones, desconoce la unidad que constituye todo ordenamiento jurídico. Pero esto no impide que sea, según sostienen la mayoría de los autores, el primer método que deba aplicarse cuando un texto es oscuro. Dice en este sentido Legaz y Lacambra': "Ha de partirse, pues, en primer lugar, del texto literal de la ley, el cual ha de ponerse en claro mediante las reglas gramaticales y el uso corriente del lenguaje". Como dato ilustrativo, conviene recordar que si se encuentran errores de imprenta o de sintaxis, en el texto legal, o discrepancia entre las distintas ediciones, etc., debe estarse en principio —aunque haya copias oficiales— a lo que dice el original. Entre nosotros, en el orden nacional, se considera como tal el texto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. 2) Método exegético o histórico 30. Aclaración previa.— En el siglo XIX, durante el auge del racionalismo jurídico, aparecieron una cantidad de métodos propuestos por juristas de prestigio. Esto se explica, porque se creía firmemente que el problema de la intepretación de la ley, cuando fuera oscura o dudosa, se resolvería hallando un método adecuado, de manera que aplicado a dicha ley, serviría para esclarecer su sentido. Si todo era cuestión de método, la solución estaba, pues, en encontrar ese método para resolver el problema. 31. Concepto.— El método exegético, estrictamente interpretado, sostiene que frente a una ley oscura o dudosa, debe recurrirse a la voluntad o intención del legislador que la dictó. Se trata, pues, de establecer la finalidad que se persiguió con la ley, tal como fue entendida al tiempo de dictársela, sin ninguna clase de agregados por parte del intérprete. Ob. cit. en nota 7, pág. 110, párr. 25, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 419.


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Extremando las conclusiones de este método, se ha dicho que el juez puede modificar la solución que surgiría del texto legal —aunque esté redactada claramente— cuando contraríe la voluntad del legislador (Aubry y Rau). Yendo más lejos aún, Blondeau llegó a sostener que en caso de hallarse frente a leyes contradictorias y no siendo posible establecer la voluntad del legislador, el juez debe considerar esas normas como inexistentes y "abstenerse de juzgar", rechazando la demanda (entrecomillamos la expresión porque, al rechazar una demanda, el juez ya juzga). De aplicar este método al pie de la letra, resulta, como dice Cossio '° —aunque con otras palabras—, que si al dictarse, por ejemplo, una ley estableciendo una indemnización por enfermedades profesionales, se consideraban como tales sólo cinco afecciones, aunque la ciencia médica estableciera después que una de ellas no es una enfermedad profesional, la indemnización deberá seguirse pagando hasta que se derogue la ley, pues ésa fue la intención del legislador. 32.— Como se trata entonces de "reconstruir el pensamiento del legislador", tienen gran importancia para este método los trabajos preparatorios de la ley, informes parlamentarios, notas de los codificadores o autores, también las leyes anteriores que esa ley modificó o subrogó, la jurisprudencia respectiva, anterior al tiempo de dictarse, etc. A este respecto, nuestra Corte Suprema Nacional, distinguiendo entre las opiniones emitidas por los legisladores durante la discusión del proyecto, y los informes de los integrantes de la comisión que tuvo a su cargo el estudio del mismo, ha dicho que son estos últimos los que tienen gran valor como fuente material de interpretación. 33. Origen y valor.— Este método surgió en Francia después de la codificación y se explica que así ocurriera, pues constituye un fiel reflejo de las ideas racionalistas en la solución del problema de la interpretación de la ley. Dicho sea de paso, en general se reconoce que el método exegético tiene tanto más valor, cuanto más cercana es la interpretación al tiempo en que la norma fue dictada y que, por el contrario, va perdiendo paulatinamente su importancia, a medida que esa fecha se aleja. 34. Denominaciones.— El expuesto es el método exegético en lo que tiene de original y propio, pero hay autores como Gény que al hablar de método exegético, engloban en la Escuela de la Exégesis a todos los predecesores, dándole al término una amplitud que no corresponde. Por eso Cossio " lo critica acertadamente. El Sustrato Filosófico de los Métodos Interpretativos. Santa Fe, 1940, pág. 16. Ob. cit. en nota 7, pág. 111.


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Se lo llama también histórico, porque esta concepción se remonta al pasado para buscar el sentido de la norma, pero bueno es agregar, para evitar una confusión corriente, que no debe ser confundido con el llamado "método de la evolución histórica " (párr. 43), pues mientras para éste la significación de los textos varía con el transcurso del tiempo, para el método exegético es siempre la misma. 3) Método dogmático o lógico-sistemático o de los textos legales 35.— Este método presupone la idea racionalista de que todo el derecho está en la ley y que ésta tiene, una vez sancionada, una vida y un sentido propios, independientes del legislador que la sancionó. Esto explica porqué, según este método, frente a una ley oscura o dudosa, el intérprete debe encontrar la solución en el texto mismo de la ley. Para ello, mediante un procedimiento lógico, el investigador debe analizar los distintos aspectos de la ley para poder hallar su sentido y, si fuere necesario, deberá recurrir a un encuadramiento sistemático de la norma en el derecho positivo, a efectos de ver si por el conjunto puede comprenderse mejor una de sus partes, como suele ocurrir. Pero, como vemos, el intérprete debe actuar siempre dentro de la órbita legal, sin dar importancia a otras fuentes como la costumbre, ni recurrir a confrontar las condiciones sociales en cuanto pudieran ayudar a la tarea interpretativa, porque eso implica ya "salirse" de la ley. Este fetichismo legal se concretó en algunas frases muy conocidas, dichas por sus sostenedores. Para Demolombe, el lema era "¡los textos ante todo!"; Aubry decía: "¡toda la ley, pero nada más que la ley!", y más exagerado era aún Bugnet —a quien se atribuye la frase— al decir: "No conozco el Derecho Civil. No enseño más que el Código Napoleón". Ahora bien, frente a las "lagunas" de la legislación, hay que integrar el orden jurídico y, para ello, aplicando siempre los mismos principios elaboraron las llamadas construcciones jurídicas (párr. 74). 36.— A este método se le ha criticado sobre todo su excesivo racionalismo, puesto que con artificios dialécticos de inducciones y deducciones, al margen de la realidad social, pretendían resolver todos los problemas. Así, por ejemplo, se encuadraron relaciones modernas como las surgidas de la electricidad, la aviación, etc., en códigos de comienzos del siglo xix —como el francés—, que ni remotamente pudieron preverlas. Esto sólo pudo hacerse violentando el sentido de las leyes, con argumentos forzados, lo que no puede aceptarse, aunque si sea aceptable deducir de una norma u orden jurídico, ciertas conclusiones que fluyen lógicamente, para aplicarlas a casos no previstos en él.


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La prueba de la insuficiencia y fracaso de este método, así entendido, la tenemos en que sus propios autores elaboraron las soluciones fundándose aparentemente en la ley, pero, en realidad, salían de ella y buscaban el contenido concreto de sus construcciones, en la realidad social y en la historia. No obstante, bueno es reconocer que el método dogmático, durante su apogeo en el siglo XIX, fue un instrumento eficaz para el progreso del derecho, sobre todo en el orden civil. Los excesos a que fuera llevado, originaron la decadencia de este método, del que siempre se hace uso, pero empleando el procedimiento lógico-sistemático, dentro de límites razonables. EMPLEO DE MÉTODOS MIXTOS 37.— A los métodos explicados se los suele llamar tradicionales, en oposición a los siguientes, denominados modernos. Antes de comenzar el estudio de estos últimos, conviene recalcar algo ya dicho: que en la práctica, los distintos autores, más que métodos puros, empleaban y emplean métodos mixtos, combinando el exegético y el dogmático, o bien aplicando los tres sucesivamente, por no referirme aquí más que a los ya explicados. Un ejemplo lo tenemos en el llamado: 38. "Método" de la Escuela Histórica (procedimiento gramatical, lógico-sistemático e histórico).— El historicismo jurídico (v. índ. alfab.), cuyo principal representante fue el jurista germano Savigny, es una concepción que se explica históricamente como una reacción contra el racionalismo de aquella época. Por ello es lógico que atacara el método dogmático en la forma exagerada en que se lo usaba, aunque sí aceptara la interpretación lógico-sistemática de la ley, pero sin violentar su sentido con argumentos forzados, como hacían los dogmáticos, para sacar de ella lo que estrictamente no correspondía. En síntesis, la Escuela Histórica acepta los métodos gramatical y lógicosistemático con la amplitud indicada, pero destaca la importancia del método histórico, que tiende a reconstruir el pensamiento del legislador. 39. Máximas interpretativas.— Como complemento de los métodos tradicionales, sus autores elaboraron una serie de adagios, enunciados generalmente en latín (y traducidos aquí libremente), que se utilizan con frecuencia como reglas interpretativas. Por ejemplo, defiliaciónexegética son las siguientes: \)In claris nonfit interpretatio (si la ley es clara no ha menester de interpretación). Esto es en realidad común a casi todos los métodos (nros. 1 a 6).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA INTERPRETACIÓN DEL Didáctico DERECHO: MÉTODOS 427 - Cap. 16 Copia Privada para uso y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 2) Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (si la ley no distingue, no debemos distinguir). El intérprete no debe, pues, hacer disti nciones que el legislador no ha hecho, ya que si éste lo hubiera querido, las habría consignado. Parece casi innecesario destacar que la jurisprudencia consagra constantemente gran cantidad de distinciones no contenidas en las normas aplicadas, cuando razones de justicia así lo exigen. Es por ello que el valor de este aforismo es prácticamente nulo y sólo se aplica cuando por razones legales o de justicia, los jueces no hacen distinciones. 3) Cessante legis rationes, cessat ejus dispotitio (en ausencia de las razones de la ley —ratio legis— la norma no debe ser aplicada). Esta máxima consagra el principio de la interpretación restrictiva, en más alto grado que el anterior, porque aun cuando el caso pudiera ser encuadrado en la ley, atendiendo a su letra, ello no debe hacerse si no media la "rat/'o legis". 4) Inclusionis unius, fit exclusio alterus (la inclusión de una cosa implica la exclusión de las demás). Es el argumento a contrarío sensu, que tampoco tiene gran importancia, porque la previsión de un caso por el legislador, no significa que éste excluya los no expresamente mencionados. Sin embargo, se explica su razón de ser, teniendo en cuenta el apego fetichista del método exegético a la voluntad del legislador. 40.— Por otra parte, encontramos también el adagio del argumento afortiori —propio del método lógico-sistemático— por el cual, dada una norma que contemple un caso, debe ser aplicada a otros casos en que existan las mismas razones, pero en mayor medida (de ahí el nombre del argumento). Por ejemplo, si nuestro Código Penal exige la honestidad para el delito de estupro (art. 120) afortiori (con mayor razón) debe exigírsela en el rapto (art. 130) por ser más grave, aunque la ley no lo diga. 41.— En conclusión, estas máximas —recordadas para prevenir al lector— no tienen valor científico alguno y prueba de ello es que, como se ha demostrado, existe para cada adagio uno contrario. Lo mismo sucede con los proverbios populares y así frente al que dice "no por mucho madrugar amanece más temprano", está el que reza "al que madruga Dios lo ayuda"; en oposición al que afirma que "un hombre honrado no puede ser comprado", hay otro que dice "todo hombre tiene su precio"; mientras uno sostiene "en la duda abstente", el contrario asegura: "el que nada arriesga nada gana"; etc.

B) MÉTODOS MODERNOS DE INTERPRETACIÓN 42.— A fines del .siglo XIX y comienzos del XX, se produce una franca reacción contra los métodos tradicionales, criticándose sobre todo su excesivo racionalismo, que los llevaba a considerar a la ley como única fuente o modalidad del derecho. Aparecen entonces los llamados nuevos métodos de interpretación, tendientes a conciliar la inmutabilidad de los textos legales, con la evolución constante de la sociedad, evolución que había sido puesta de manifiesto por las investigaciones históricas y sociológicas. Ello no significaba renunciar a los métodos anteriores, sino adaptarlos a las nuevas concepciones.


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Comenzaré con el método propuesto por el jurisconsulto francés Raymond Saleilles. 4) Método de la evolución histórica 43. Concepto.— Este método presupone que la ley, más que producto de la voluntad del legislador, es expresión de las necesidades histórico-sociales que motivaron su sanción. Porêste fundamento, la ley debe encararse —dice Saleilles— como si tuviera una viQa propia, de manera que no sólo responda a las necesidades que la originaron, sino también a las mismas necesidades en su evolución posterior y a otras semejantes surgidas a través de la evolución histórica. Para ello, frente a un texto oscuro, dudoso o insuficiente, el intérprete debe "salir" de la ley e investigar esas necesidades sociales, para captar los nuevos sentidos que puede ir cobrando la norma frente a una nueva realidad social. Se explica así perfectamente que la interpretación de un mismo texto legal pueda variar a través del tiempo. A pesar de su innovación, es indudable que Saleilles cree todavía que la ley es la única fuente o modalidad del derecho positivo, puesto que las demás valen sólo para su interpretación. La síntesis representativa de este método es, según su autor, la siguiente: "Más allá del Código Civil, pero por el Código Civil". 44. Crítica.— El método de la evolución histórica ha sido criticado por diversos autores y García Maynez '2, por ejemplo, dice lo siguiente: "Si la interpretación de la ley se hiciera depender de las circunstancias dominantes en el momento de la aplicación, la seguridad jurídica no podría existir, porque el sentido de los textos cambiaría constantemente". "El estado social contemporáneo del juez no debe pesar sobre la interpretación del texto legal, sino cuando éste expresa una noción variable y fugaz por naturaleza, como la de orden público, por ejemplo. Interpretar semejante noción de acuerdo con las ideas reinantes en la época de la aplicación, no es comprometer la fijeza de la ley, puesto que ella misma ha reconocido la contingencia y relatividad de este elemento, cuya apreciación deja al intérprete" (Gény). Pero, en todos los demás casos, la interpretación deberá hacerse tomando en cuenta la época en que la ley fue dictada. No obstante esta crítica, es innegable que este método ha tenido y tiene en los jueces gran influencia.

Introducción al Estudio del Dereclio, México. 1978, pág. 340,


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5) Método de )a libre investigación científica

45. Presupuestos.— Gény, creador de este método, parte de dos supuestos fundamentales: 1) Que la intepretación de la "ley" (aún se creía que las únicas normas jurídicas eran las leyes), debía buscar la reconstrucción del pensamiento del legislador. En esto coincide Gény con la tendencia exegética, en oposición al método de la evolución histórica que criticó. 2) Además, considera que si bien la ley es la fuente más importante del derecho, no es la única y que, en su defecto, mejor dicho, frente a una "laguna" de la legislación, el intérprete debe recurrir a otras fuentes, como la costumbre y, en última instancia, a lo que él denomina naturaleza positiva de las cosas, revelada por el procedimiento de la libre investigación científica (párr. 75). Como se comprenderá, estoes loque diferencia radicalmente la concepción de Gény de todas las anteriores y, además, merece destacarse, porque su autor fue el primero que dio una solución orgánica al problemas de las fuentes del derecho, siendo ésta una de sus aportaciones fundamentales a la ciencia y la filosofía jurídicas. 46. Concepto.— 1) Interpretación de la ley. a) Como el intérprete debe captar la voluntad del legislador, frente a una ley oscura o de texto confuso, debe recurrir en primer término al procedimiento gramatical, puesto que aquélla puede, en muchos casos, desentrañarse de este modo. b) Si así no logra su propósito, debe recurrirse a la interpretación lógica, entendida en forma limitada. Dice a este respecto Gény '^^: "Cuando el legislador dicta una ley, valiéndose naturalmente de una fórmula general y abstracta, sólo tiene presentes unos cuantos casos concretos. Quizá no ha podido prever otras aplicaciones de la misma ley. En semejante hipótesis, sería indebido restringir la aplicación de la fórmula a los casos que el legislador pudo realmente tener en cuenta, ya que su voluntad se haya orientada hacia el establecimiento de un precepto general. La fórmula debe aplicarse, por lo tanto, a todos los casos que abarca". Además '^, "el texto legal aparece ante el intérprete no como una proposición aislada, reducida a sus términos de manera indispensable, sino como parte de un todo. Foresta razón, mientras más complejas son las leyes, mayor es el campo reservado a la lógica en la tarea interpretativa. Ello se advierte de manera especial en las codificaciones, ya que los preceptos que las integran se encuentran sistematizados y se relacionan ' ' Citado por GARCÍA MAYNEZ, Ídem, pág. 340. '"* /t/em, pág. 341.


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unos con otros, tanto material como cronológicamente. De aquí que el sentido de un texto dependa muchas veces de la significación y alcance de otros varios, con los que se relaciona y complementa". c) Por último, si no fuera posible de este modo descubrir la voluntad del legislador, habrá que recurrir a los elementos estudiados en el párr. 32, tal como sostiene el método exegético. 47.— En rigor de verdad, aunque sin fundamento sólido, Gény critica la distinción entre las interpretaciones lógica y gramatical, pues —según dice— una y otra se complementan necesariamente, ya que la gramatical debe ser lógica y, la lógica, debe partir de los textos. Como vemos, los argumentos no son por cierto convincentes, dada la caracterización hecha de ambos métodos, que nos han permitido diferenciarlos bien; por eso expliqué así el pensamiento de Gény, para que el lector lo comprenda mejor. Pero dentro de su planteo, él dice que debe recurrirse, 1°) a la interpretación de la "fórmula del texto" (aquí funde los métodos gramatical y lógico-sistemático), y 2°) a los "elementos exteriores" a la fórmula (son los del método exegético —párr. 32—). 48.— II) Aplicación de otras fuentes. Bien puede suceder que no haya ley que prevea la controversia planteada, ni directa ni indirectamente. En este caso, en vez de violentar la ley para hacerle decir lo que no pudo haber previsto, debe recurrirse a otras fuentes y, lo recalco, es éste el aporte más destacado y verdaderamente original de Gény a la solución de nuestro problema. Pero, si hablamos de aplicar otras fuentes, observe el lector que ya no estamos interpretando la ley, sino aplicando otras normas. A pesar de ello, y para que se conozca integralmente el pensamiento de Gény, lo explicaré en breves palabras. Esas otras fuentes que enumera Gény son, tal como las expone y denomina su autor, las siguientes: 49.— 1) Fuentes formales: a) la ley. La cito aquí al solo efecto de completar la clasificación, porque en realidad las "otras" fuentes son: b) la costumbre: Gény la acepta cuando complementa a la ley (costumbre praeter legem) y no cuando se opone a ella; c) la autoridad (así denomina Gény a la jurisprudencia y doctrina modernas); y d) la tradición (así llama a la jurisprudencia y doctrina antiguas). En la enumeración de las dos últimas fuentes, Gény no estuvo muy acertado, pues mejor hubiera sido diferenciar entre jurisprudencia y doctrina. Prueba de ello es que ésta es la modificación que le introdujeron posteriormente los juristas.


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50.— 2) Fuentes no formales: la "naturaleza positiva de las cosas ", revelada por el procedimiento de la libre investigación científica. Así se dice comúnmente, pero, hablando más claro, ésta es la fuente material a que debe recurrir el intérprete. Por lo tanto, estamos ya frente a otro problema; el de la... 51.— III) Integración del derecho. En efecto, nos encontramos ahora frente a una verdadera "laguna" de la legislación, que no puede ser llenada ni recurriendo a la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. En este caso, es el mismo intérprete quien debe crear la norma aplicable —y por cierto— con un margen amplio de libertad. Como se trata del problema de la integración del derecho, lo estudiaremos más adelante (párr. 66), para no interrumpir el tema que estoy explicando. 6) Escuela del Derecho Libre 52. Concepto.— Esta escuela postula independizar a los jueces de la obligatoriedad de ajustar sus fallos a las leyes, facultándolos para que puedan fundarlos en su propio criterio de justicia. Prueba de ello es que hablan de sentencias de acuerdo con la ley y de sentencias contra la ley, siendo estas últimas las que, por supuesto, constituyen la parte "fuerte" de su doctrina. En resumidas cuentas, la ley viene a ser una simple norma orientadora, un consejo, del que el juez puede apartarse cuando contraría su criterio de justicia. Un caso célebre que encuadra en esta doctrina, es el del "buen juez Magnaud" que fallaba de acuerdo con sus sentimientos (jurisprudencia "sentimental"). La Escuela del Derecho Libre hace del juez no sólo un creador —como en realidad lo es—, sino un creador e innovador "libre" del derecho, puesto que se lo libera de la sujeción a la ley. De este modo —afirman— se conseguirá una más perfecta adecuación del derecho a la constante transformación del medio social y, por ende, un más rápido progreso jurídico y social. 53. Sostenedores.— El más destacado ha sido Kantorowicz que, con el seudónimo de Gnaeus Flavius, publicó en 1906 su obra La Lucha por la Ciencia del Derecho. En ella dice '^: "La verdadera ciencia jurídica es antinacionalista y antidogmática. Le repugnan la analogía, la interpretación extensiva, las ficciones, los pretendidos razonamientos basados en el espíritu de la ley, los sistemas generales que sólo valen por la individualidad de su autor, y la deducción, que rechaza, en el ámbito de la ciencia del derecho, las conexiones que acepta en el de la ciencia natural". '^

Citado por GARCÍA MAYNEZ, ob. cit., pág.

350.


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Además, participaron de esta Escuela —hoy en decadencia— Zitelmann, Sternberg, Müller-Erzbach, etc. 54. Denominación.— Como habrá observado el lector estoy explicando la "doctrina" de la Escuela del Derecho Libre y no un "método" interpretativo propiamente dicho. Es que en realidad, esta escuela es antimetódica, vale decir, es la negación de todo método y si la he incluido en un estudio de los métodos, es porque implica también una concepción interpretativa. Esta concepción, sintéticamente, consiste en que el juez, más que por un proceso intelectual (como sostienen todos los métodos anteriores), decide la sentencia por un acto de voluntad; ahora bien, como su actividad no está estructurada coerciblemente por norma alguna, Cossio ha denominado a esta concepción, "voluntarismo amorfo". 55. Presupuestos.— Esta doctrina presupone que la voluntad del legislador no pasa de ser una mera abstracción y, sobre todo, encierra una concepción anarquista del derecho al sostener que las leyes no obligan al juez. 56. Crítica.— Se le ha hecho una objeción fundamenta! e irrefutable: que fundar los fallos en algo puramente subjetivo como la convicción o criterio de justicia del juez, encierra un peligro muchísimo más grave que la eventual ventaja por ellos alegada, es decir, la posibilidad de fallos más justos. Este peligro radica en que así desaparecería la seguridadjurídica y sería reemplazada, ano dudarlo, por la arbitrariedad. 7) Teoría Pura del Derecho 57.— Kelsen no ha considerado a fondo este problema, pero sostiene que es un error creer que la ley sea susceptible de una sola interpretación, puesto que constituye un marco de posibilidades dentro del cual caben siempre —por lo menos— dos soluciones. Ahora bien, se podrá discutir luego cuál de las dos soluciones sea más justa, pero esto —según Kelsen— es ya una cuestión de política iuríd'ica y no de ciencia jurídica. Esta posición es, como puede apreciarse, ametódica. Según lo antedicho, Kelsen es partidario del subjetivismo axiológico; en consecuencia, no admite la posibilidad de una interpretación objetiva de las normas jurídicas y, por ende, mucho menos la posibilidad de una interpretación científica que, por definición, debe ser objetiva. Cossio ha denominado a esta tesis "voluntarismo estructurado", porque si bien la elección entre las posibilidades depende de un acto de voluntad del inhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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térprete, esa opción tiene como límite —a diferencia de la doctrina del derecho libre— la estructura o marco legal. 8) Teoría Egológica del Derecho 58.— Cossio plantea este problema en distinta forma, pues sostiene que lo que se interpreta no es la ley sino la conducta humana a través de la ley. Esto se explica dentro de la posición egológica, puesto que sosteniendo que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva y la norma un pensamiento que se refiere a esa conducta, resulta que el intérprete, sea que se encuentre frente a un caso concreto, sea que sólo encare la norma con fines de mero estudio, siempre estará interpretando el objeto mentado por la norma, es decir, conducta, si bien en el primer caso será una conducta concreta y particular, mientras que en el segundo, será una conducta abstracta y genérica —la esquematizada en ia norma— pero conducta a! fin. Ahora bien, sobre esta base —que la distingue de todas las anteriores— la teoría egológica acepta la tesis kelseniana, aunque adaptándola a su peculiar enfoque; por lo tanto, toda norma permite varias interpretaciones de la conducta por ella esquematizada. 59.— No puedo extenderme aquí en el análisis de esta concepción '*, pero para ofrecerla un poco más orgánicamente, corresponde explicar primero cómo se interpreta la conducta. Pues bien, puesto que interpretar es un modo de conocer, la conducta, como todo objeto cultural, se conoce mediante la comprensión y esa comprensión, se alcanza y aumenta por un proceso empírico-dialéctico. Comprensión de un objeto, es el acto por el cual "vemos claro" —digámoslo así— un objeto cultural cualquiera, por ejemplo una conducta y, para ello, es necesario captar su sentido. Por lo tanto, se comprende un objeto, cuando se lo conoce en su sentido. La entrega de una suma de dinero es, objetivamente, un conjunto de actos que puede tener distintas significaciones (préstamo, donación, pago, etc.); ahora bien, para comprender esa conducta, es necesario conocer su finalidad o sentido, vale decir, tener conciencia del sentido, o como dice Cossio, tener la "vivencia del sentido". Pero ese sentido no es algo que esté en los hechos, sino que existe como vivencia en los sujetos actuantes y, para comprenderlo, el sujeto congnoscente tiene que "vivir" a su vez ese sentido y, al vivirlo, lo vive y valora a su manera: por eso se dice que en el conocimiento de los objetos culturales, el Para un estudio detallado, puede verse la ya citada obra de COSSIO, El Derecho en el Derecho Judicial.


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sujeto cognoscente "agrega algo" al objeto conocido. Dice Cossio " acertadamente que el observador penetra en el objeto conocido y lo ve por dentro desde un ángulo determinado; en cambio, frente a un fenómeno natural cualquiera, el investigador lo explica en función de otros hechos, permaneciendo "neutral" frente a ellos. Esto ya lo vio Dilthey y por eso dijo; "explicamos la naturaleza; comprendemos la cultura". El proceso o método de comprensión —de los objetos culturales por supuesto— es el empírico-dialéctico, porque su conocimiento se alcanza yendo desde los hechos objetivamente dados —el "sustrato" los llama Cossio— a la vivencia del sentido. Por ejemplo, cuando leemos un libro, vamos de las palabras impresas —el sustrato— a la vivencia del sentido y, para alcanzar su cabal comprensión, debemos muchas veces releer lo leído —el sustrato— para luego distinguir su sentido y aun una vez comprendido, cuando releemos un libro, solemos encontrar muchos detalles que nos pasaron desapercibidos en la lectura anterior. Esto —que pasa también con una pieza musical (pues la comprendemos mejor cuanto más la escuchamos) y con una conducta que interpretamos, etc.—, nos demuestra que la comprensión se alcanza y aumenta mediante un proceso circular que va del sustrato al sentido y viceversa. Cossio denomina a este proceso, empírico, por la realidad tanto del sustrato como del sentido y, dialéctico, porque siendo la dialéctica, en general la síntesis entre una tesis y una heterótesis *' * (mejor que antítesis), aquí esto ocurre entre el sustrato y el sentido que hacen sucesivamente de tesis y de heterótesis. 60.— Sobre esta base, responderé a tres preguntas que bien puede formularse el lector, respecto de esta teoría: 1) ¿Cómo se interpreta entonces el esquema de conducta contenido en ¡a norma? Mediante el método empírico-dialéctico explicado anteriormente, pues el intérprete va de la representación mental de ese esquema genérico de conducta, al sentido de esta conducta también mentado por la norma, que debe ser por él vivenciado. Ahora bien, al aplicarse esa norma a un caso concreto, el jurista interpreta a su vez la conducta real y concreta producida en la vida social, para referirla o subsumirla después en el correspondiente esquema normativo; se cumple aquí también un proceso empírico-dialéctico en la forma explicada en el párr. 4. 61.— Para completar esta referencia al método propio de la Ciencia del Derecho, conviene hacer presente que los contenidos dogmáticos de las normas '^ La Teoría Egológica... cit., págs. 71, 83, etc. '^ Ob. cit. en nota 17, pág. 79.


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jurídicas, pueden referirse tanto a objetos ideales, como naturales o culturales, cuyo conocimiento no sea algo común, o bien que sea desconocido por el juzgador y, por lo cual, requieran una investigación específica para conocerlos plenamente. Pero tal indagación previa, está destinada a la ulterior comprensión de las conductas a interpretar, pues lo que corresponde al jurista específicamente, es establecer el sentido jurídico de tales conductas '^. Ahora bien, en los casos citados, el intérprete ha de recurrir al método adecuado a la naturaleza de los respectivos objetos ^°, es decir, al método racional-deductivo, si se trata de objetos ideales (p. ej.: números, figuras geométricas, relaciones, etc.); al método empírico-inductivo si son objetos naturales (enfermedades mentales, etc.); o bien al método empírico-dialéctico, si se procura conocer objetos culturales (p. ej.: obras musicales, literarias, etc.). Así, por ejemplo, si una norma de derecho sanitario impone al médico interviniente, la obligación de comunicar a las autoridades sanitarias la existencia de cierta enfermedad, so pena de una sanción determinada, es indudable que el intérprete deberá internarse en el ámbito de la patología, mediante un método empírico-inductivo, para saber en qué consiste tal enfermedad. Y el hecho de que llegado el caso recurra a un perito médico, no cambia para nada la esencia de la investigación. Lo dicho no significa que esos métodos constituyan el método jurídico, es decir, el propio de la Ciencia Dogmática, ya que bien puede ocurrir que en muchos casos, tales investigaciones no sean necesarias, lo que prueba que no son algo esencial a la tarea propia del jurista. Tal sería el caso de una norma que estableciera una multa a quienes cruzaran la calle por un lugar prohibido, etc. Queda así aclarado que aquellas investigaciones previas no son esenciales y que cuando se debe recurrir a ellas, están destinadas a facilitar la tarea esencial del juzgador, que consiste en establecer el sentido jurídico de las conductas en cuestión, sentido que —como dije— está enunciado en las normas correspondientes. En efecto, para llegar a una cabal comprensión de las conductas sub examine, el intérprete deberá recurrir siempre al método empírico-dialéctico, en la forma explicada en el párr. 60, hasta llegar a la comprensión cabal del sentido jurídico de las conductas, para dictar después la norma resultante de tal labor, norma que deberá ser cumplida. 62.— 2) ¿Qué papel juegan entonces en esta teoría los métodos interpretativos? Cumplen unafunción de objetivación, es decir, permiten que los demás puedan también comprender el resultado a que arribó el intérprete o, en otros '^ Véase COSSIO, Ídem, pág. 145; AFTALIÓN, Enrique R., Crflica del Saber de las Juristas. La Plata, 1951, pág. 244. -" COSSIO, Ídem, págs. 144 y sigs.


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términos, sirven para dar mayor fuerza de convicción o fundamento científico a una determinada interpretación. El método exegético, por ejemplo, permite objetivar y dar fuerza de convicción a la solución del intérprete, demostrando que el legislador pensaba de igual manera. 63.— 3) Por último, si caben por lo menos dos soluciones para un caso, ¿cómo hace el juez para elegir una y no otra? Ya he dicho algo al respecto (párr. 4 infine); por su parte, Cossio insiste en el aspecto valorativo, generalmente subestimado, y dice que la solución debe ser la más justa, pero no sólo la que al juez le parezca más justa, sino la objetivamente más justa (como es obvio, el juez también puede fallar por desidia, venalidad, etc.), valer decir que Cossio participa del objetivismo axiológico, en oposición a Kelsen (v. párr. 57). De allí la importancia de todo medio y actividad que permita objetivar las valoraciones (en primer lugar, la jurisprudencia anterior referente a casos semejantes al cuestionado, conferencias, debates, publicaciones, etc.). En este aspecto, destacando la significación de los cenáculos judiciales, dice Cossio 2': su "formación debiera ser una función primaria de las universidades argentinas como hogar de ciencia viva", porque si es la intersubjetividad lo que va a dar la objetividad de la valoración jurídica, allí "cada cual tendría la inmensa ventaja de enseñar y aprender a valorar objetivando valoraciones, porque justamente se trataría de hacerlas colectivas al someterlas a la prueba del grupo". 64. Conclusión.— La mayoría de los autores concluyen aceptando un "pluralismo metódico", para la interpretación de las normas jurídicas. Por ejemplo, dice en este sentido Legaz y Lacambra ^-: "Una justa ponderación de los elementos gramatical, lógico-sistemático e histórico y finalista o teleológico, parece el modo más seguro de llegar a una interpretación que posea un valor de verdad y rectitud". En oposición a esta tesis se encuentra la Teoría Egológica. 65. Clasificación de los métodos interpretativos.— I) Atendiendo a la época en que aparecieron, se los divide en: 1) antiguos o tradicionales: gramatical, exegético y dogmático; y 2) modernos: los indicados en el párr. 24. II) Cossio incluye en su libro El Derecho en el Derecho Judicial (pág. 122), la siguiente clasificación de los métodos, desde el punto de vista de la concepción interpretativa de cada uno.

"" Ob. cit. en nota 7. pág. 165. ^- 06. dr. en nota 9, pág. 419.


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Concepciones interpretativas:

Empirismo

Intelectualismo

lógico Método dogmático eidético Racionalismo "j Método fenomenológico metafísico Método de la libre investigación científica Amorfo

Voluntarismo
b. cit. en nota 1, T. I, pág. 74.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ORIGENIMPRESION DEL ESTADO O DISTRIBUCIÓN 579 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, 3) Teoría "sociológica" 70. Síntesis.—Emilio Durkheim (1858-1917), sociólogo francés de tendencia neopositivista y autor de la División del Trabajo Social (1893), Reglas del Método Sociológico (1895), Formas Elementales de la Vida Religiosa (1912)—donde expone su teoría al respecto— ha sido el primer expositor y más insigne representante de esta tendencia. Merecen citarse igualmente sus continuadores A. Moret y D. Davy, autores en común de la fundamental obra De los Clanes a los Imperios. Esta teona, oponiéndose a aquellas que ven en la familia la célula social primitiva, sostiene que el grupo social más rudimentario es el clan cuya coliesión interna no está constituida por vínculos de consanguinidad, ni de autoridad o fuerza, sino fundamentalmente por vínculos religiosos. 71. Evolución.— En síntesis, el proceso de evolución sería el siguiente: A) Organización Ciánica (clanes y fratrías); B) Organización Territorial (gaipos territoriales). A continuación trataré de explicar este proceso:

A) ORGANIZACIÓN CLÁNICA 72. Concepto.— El clan era un grupo nómade o seminómade, cuyos miembros se consideraban descendientes de un antepasado común. Sus fuentes de sustentación eran la caza y la pesca, pues no hay duda de que el hombre fue primero cazador, para pasar después a las etapas pastoril y agrícola. El nomadismo de los clanes explica la escasa influencia que sobre ellos han tenido los factores que indudablemente se harán sentir con mayor intensidad cuando el grupo se haga sedentario. Ahora bien, por el paulatino desarrollo los clanes se iban dividiendo en varios clanes secundarios, aunque conservando siempre los vínculos derivados de su origen común. Este agregado de clanes secundarios constituía lafratría que, a su vez, se agrupaba en tribus, según se ha podido comprobar en América del Norte y en Australia. 73. Caracteres.— 1) Totemismo: es según Durkheim, la más elemental y primitiva de las religiones y, como toda religión es creencia y culto al mismo tiempo: a) Creencia: este aspecto consiste en que todos los miembros de un clan, tienen la convicción de descender de un antepasado mítico común: el tótem. El tótem es un símbolo religioso —generalmente un animal o vegetal— del que todo el grupo pretende descender; por eso, si el tótem es un lobo, dice Durkheim, todos creen tener un lobo como antepasado y, además, que llevan dentro de sí algo de lobo. El tótem se diferencia del fetiche, en que éste es im solo objeto, mientras que aquél es una clase (p. ej., el lobo). El tótem servía a la vez de emblema y de nombre colectivo y el totemismo resulta así, la identificación del grupo con un símbolo religioso.


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Todos los integrantes del mismo clan se consideran parientes entre sí, pero no por razones de consanguinidad, sino —repito— porque todos creen descender del mismo antepasado. Y es precisamente el vínculo religioso —que no implica necesariamente lazos consanguíneos— lo que da al grupo cohesión interna: la religión es pues, en el clan, el factor de unión y por eso muchos autores califican a esta interdependencia, de solidaridad jurídico-religiosa. 74.— b) Culto: el totemismo implicaba una serie deritos,entre los cuales se encontraban la obligación de participar en las ceremonias del culto, es decir, de homenaje al Dios; el deber de abstenerse de dar muerte al animal totémico, o de comerlo; el de cortar cierto árbol; el de penetrar en determinados lugares, etc. Estas prohibiciones llamadas tabú (vocablo polinésico que significa lo prohibido, es decir, lo que no se debe hacer, tocar, etc.), limitaba pues la conducta de los miembros del clan, contribuyendo al mantenimiento del orden dentro del grupo. El primer tabú era el animal o vegetal totémico, pero estas interdicciones se referían no sólo al culto, sino también al matrimonio (exogamia), etc., y su violación estaba sancionada con severas penas, en general la de muerte. 75.— 2) Exogamia. Es la segunda característica fundamental de la organización ciánica, según Durkheim y consiste en que los miembros de un clan debían unirse a las mujeres pertenecientes a otro clan de distinto tótem, por estarles prohibida la unión con las mujeres del mismo clan. La exogamia resulta pues, consecuencia de un tabú totémico. Según esta teoría, ello se explica porque esas mujeres descendían de un mismo antepasado y todos tenían algo de él; en cambio, el tótem extranjero no es sagrado y, en consecuencia, tampoco lo eran sus mujeres. Esta explicación es preferida a la biológica, porque la circunstancia de la descendencia débil y degenerada de las uniones consanguíneas, es algo que la mentalidad primitiva —prelógica, como la llamara Lévy-Bruhl— no podía prever. Es de hacer notar que muchos autores rechazan esta explicación de Durkheim y se deciden por la biológica o por ambas integradas en una síntesis. Este régimen familiar de base sexual exogámica, era una forma de matrimonio colectivo, equivalente a la familia punalúa, explicada al hablar de la teoría matriarcal. El matrimonio pues, no se ha individualizado todavía. Por último, cabe destacar que la exogamia, si bien con una extensión variable en los distintos Estados, subsiste hoy día. Efectivamente, en nuestro derecho, por ejemplo, está asegurada por el impedimento de consanguinidad (art. 166, incs. 1° y 2°, Cód. Civil), en virtud del cual, no pueden contraer matrimonio válidamente, los siguientes miembros de una misma familia: a) los parientes consanguíneos en línea recta en todos sus grados (es decir, entre padres e hijos, abuelos y nietos, etc.); b) de los parientes consanguíneos colaterales, sólo los hermanos o medio hermanos entre sí (quiere decir que pueden casarse tío y sobrina y primos entre sí). En caso de que contrajeran igualmente matrimonio, éste adolece de nulidad absoluta (art. 219, Cód. Civil). Como es obvio, esta exogamia, plenamente justificada, se funda no sólo en razones biológicas (descendencia con graves taras según la mayoría de los autores), sino además en una poderosa razón moral, que es la repugnancia al incesto. 76.— 3) Comunidad del poder. Ya hemos visto que en los grupos primitivos imperaba un régimen jurídico consuetudinario cuya efectividad no estaba asegurada por ningún aparato coercitivo organizado, sino por la reacción colectiva del grupo.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso y Científico ORIGEN DELDidáctico ESTADO 5 81 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN No se había, pues, individualizado el poder y, cuando más, se acepta la existencia de grupos predominantes que, para Spencer, eran los ancianos; en cambio, ahora, es más aceptada la hipótesis de que fueran los jó venes, por su indudable papel preponderante en la guerra con los otros clanes, en la defensa del gnipo contra los animales salvajes, etc. 77. 4) Propiedad colectiva. El régimen económico del clan era de tipo comunista y ello se explica porque la personalidad individual aún no se había configurado; psicológicamente el individuo es un elemento indivisible del clan, sin personalidad propia y, de este modo, mal podía formarse la institución de la propiedad privada, cuando ésta presupone la conciencia de la propia individualidad, de la que viene a ser un elemento accesorio.

B) ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 78. Concepto.— Después de una lenta evolución, el clan se establece en un lugar determinado y aparece así lo que Durkheim denomina grupo territorial que, después de coexistir con la organización ciánica, termina por suplantada. En esta transformación han influido indudablemente muchos factores, entre los cuales merecen destacarse la abundancia de frutos naturales que permitían una fácil subsistencia; condiciones favorables para la defensa de los animales feroces, etc. Esta fijación del clan en un lugar determinado, traerá como consecuencia una serie de transformaciones fundamentales en su organización. Por lo pronto, se acentúa la influencia de los factores geográficos, económicos, etc.; paralelamente, se va debilitando la importancia del vínculo religioso hasta perder esa función cohesiva del grupo —no así su función religiosa— y entonces, los miembros del grupo se consideran parientes, pero no ya por descender de un antepasado común, sino por ocupar una misma porción de territorio. El suelo ejerce ahora una influencia muy grande, pero no exclusiva como lo pretende la antropogeografía (Federico Ratzel —su fundador— hablaba de un verdadero determinismo geográfico y decía que "el hombre es un pedazo de la fierra"). 79.— Se reahza a través de un lento proceso, la individualización de la propiedad, del matrimonio y del poder. La individualización de la propiedad, es decir, el tránsito de la propiedad colecfiva a la privada, se realiza lentamente, comenzando por los objetos personales, para extenderse después a otros bienes muebles y, por último, a los bienes raíces. La individualización del matrimonio, se realiza previo paso de la filiación uterina a la paterna y una evolución semejante a la establecida por la teoría patriarcal, pero a partir de la llamada familia punalúa, que corresponde a la organización ciánica, pues Durkheim rechaza las dos etapas anteriores. A los grupos territoriales corresponden entonces la familia smdiásmica y finalmente, la monogámica. 80-— Individualización del poder. Se realiza a través de un lento proceso, cuyos inicios podemos ubicarlos en el momento en que un grupo de individuos comienza a destacarse, sobre la base de sus funciones religiosas; en efecto, los primeros que ejercieron el poder en una forma más o menos estable, fueron los sacerdotes o hechiceros. La jefatura militar


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no logró por sí sola transformarse en autoridad permanente, pues el jefe, para conservar su ascendiente durante la paz, debió aparecer como genio tutelar o protector de todo el grupo. Por eso puede afirmarse que la individualización del poder —aunque más no sea en forma transitoria— apareció antes que el Estado, pues para poder afirmar su existencia, aunque se trate de una forma muy rudimentaria, es menester encontrar una población, asentada en un territorio determinado y sometida a un poder o gobierno estable. Sin embargo, esos hechiceros no fueron al principio más que "ejecutores de las reglas consuetudinarias colectivas sagradas, encargados de recordar a todos las sanciones por su infracción y eventualmente de aplicarlas. Más que jefes, eran administradores de los intereses comunes, función que, por otra parte, compartían con un órgano colegiado: la asamblea de ancianos o de varones. La soberanía aún permanece difusa en el grupo" 3". El proceso de concentración del poder político, se realiza paralelamente al proceso de concentración de la autoridad religiosa que, hasta entonces, permanecía difusa en el grupo. Ello requirió indudablemente una transformación del totemismo que, en vez de tener por base fuerzas indefinidas e impersonales, empieza a concentrarse en espíritus, demonios, genios y dioses. El tótem pasa a ser propiedad de algunos, que lo transmiten primero hereditariamente y, después, también por convenciones (potlatch); como es lógico, son precisamente los que pretenden imponerse como jefes, los que reivindican para sí, el carácter de propietarios exclusivos del tótem. 8L— En conclusión, lo que importa recordar de todo esto es que —como lo destacan Moret y Davy— el factor preponderante en la génesis del poder político es de orden religioso y, en consecuencia, el Estado —en su origen remoto— reconoce en la religión su causa generadora fundamental. También ha influido, aunque en menor escala según esta teoria, la guerra que, al exigir un comando centralizado por las ventajas que ello reporta, coadyuvó a su afianzamiento. 82.— EL POTLATCH. Se trata de una institución fundamental, tanto que Moret y Davy dicen que así como el totemismo y la exogamia caracterizan a la época ciánica, el potlatch caracteriza la época territorial. Esta institución, que se ha encontrado entre los indígenas del noroeste americano y muchos otros pueblos primitivos, es exteriormente un ceremonial pero, en el fondo, es un contrato: es ni más ni menos que un contrato primitivo. En otro lugar, ya se ha explicado porqué el derecho antiguo fue excesivamente formalista (v. simbolismo del derecho antiguo). Dicen los autores citados que en su forma concreta el potlatch es unafiesta—verdadera ceremonia religiosa por el ritual— durante la cual, simulándose un desafío, se cambian bienes (alimentos y otros regalos) y el que vencía a los otros en largueza y recursos conquistaba los blasones, el título totémico, etc. Por medio del potlatch se funda y acrecienta el presfigio personal, siendo por ello un factor importante en la individualización del poder, adquirido no ya hereditariamente como antes, sino en forma contractual. El potlatch constituye así, "un factor de renovación del orden social porque tiende a sustituir el prestigio heredado por el prestigio adquirido" •". ^° AFTALIÓN - GARCÍA OLANO, ob. at., en nota 18,11" ed., pág. 378. ^' AFTAHÓN - GARCÍA OLANO, Ídem, pág. 379.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para usoDEDidáctico y Científico FORMAS ESTADO 583 - Cap, 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN CONCLUSIÓN 83.— Después de analizar estas teorías, conviene precisar algunas conclusiones: 1) No hay entre estas teorías una oposición excluyente y parece más bien que debieran integrarse en algunos aspectos compatibles. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la evolución de la familia, dadas las pruebas aportadas, resulta indudable que antes del régimen patriarcal confiliaciónmasculina, existió un régimen de matrimonio por grupos, de filiación femenina y esto aunque no se acepten las dos primeras etapas de la teoría matriarcal. 2) Otro ejemplo de la afirmación anterior, es que debe evitarse caer en la unilateralidad de explicar la evolución de la familia y el Estado por un solo factor, sea religioso, económico, bélico, erótico, etc., por cuanto lo más científico es suponer que en un fenómeno tan complejo, hayan influido varios factores, aunque con mayor predominio de uno sobre otro, según las circunstancias. 3) Ha exisfido una etapa preestatal de la humanidad, sin que ello implique necesariamente como opina Engels, que el Estado desaparecerá algún día. 4) Hay que descartar la hipótesis de que la "evolución" hacia el Estado y del Estado, se haya operado en todas partes de la misma manera. Aunque haya entre los distintos procesos muchas semejanzas, es indudable que la diferencia de los factores actuantes en los distintos lugares, ha producido distintas "evoluciones". VII. FORMAS DE ESTADO

84.— Desde el punto de vista de {aposición del ser humano frente al gobierno, hay dos clases de Estados con caracteres básicamente opuestos que, a su vez, son el trasunto de sendas concepciones filosófico-políticas sobre los fines del Estado. Las dos categorías son las siguientes: 1) Estados democráticos (o democracias): son aquellos que, en general, presentan los siguientes caracteres: a) derechos fundamentales para todos los habitantes; b) igualdad jurídica de todos los habitantes; c) una constitución que contenga los principios básicos de la organización del Estado; d) que dicha constitución tenga jerarquía superlegal; e) separación de los poderes del gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), cada uno con atribuciones limitadas por la constitución; y f) soberanía del pueblo (v. párrs. 28 y sigs., esp. 31) que, para ser una realidad y no mera declaración teórica, debe concentrarse en las siguientes instituciones: f ) sufragio (o voto): éste es el medio principal que permite la esencial participación del pueblo en la integración del gobierno y, a veces, en sus decisiones (plebiscito, revocatoria, etc.); f^) periodicidad en el ejercicio de la función pública; f^) partidos políticos (debe haber pluralismo político); P) responsabilidad de los funcionarios públicos; y P) publicidad de las resoluciones dictadas por los poderes del gobierno. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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La vigencia de tales requisitos configura lo que puede llamarse democracia constitucional, para identificarla más fácilmente, y evidencia que es el resultado de haber confluido la democracia y el constitucionalismo; a la vez, tal denominación permite diferenciarla de otras realidades políticas a las que también se califica como democráticas, sin serlo de verdad (v. párr. 94, nota 35). Los Estados democráticos son el trasunto de una concepción personalista (o humanista) del Estado (v. párr. 51). 85.— 2) Estados autocráticos (o autocracias): presentan caracteres opuestos a los anteriores, vale decir que no se respetan los derechos fundamentales, no hay supremacía constitucional ni separación de poderes, etc. Son el reflejo de una concepción transpersonalista del Estado (v. párr. 52), violatoria de la dignidad humana, ya que en ellos el hombre es un simple medio al servicio de fines que no le son propios, pues trascienden la persona (de ahí lo de transpersonalista). Habitualmente se los divide en dos especies que son: a) Estados autoritarios, en los que: a') un dictador (o un pequeño grupo de personas) ejerce el poder político, motivo por el cual no hay libertad política o ésta se halla muy restringida (la organización del Estado puede revestir diversas formas, a veces con apariencias democráticas); y a-) fuera de ese ámbito, se permite una libertad más o menos amplia en lo económico, social y cultural, siempre que no interfiera el ejercicio del poder político, en cuyo caso se la restringe. Por ejemplo, la mayoría de las dictaduras militares que han existido hasta no hace mucho tiempo en Latinoamérica. b) Estados totalitarios: son aquellos en los que una persona o un pequeño grupo, además de ejercer el poder político, intervienen en casi toda la vida económica, social y cultural, encuadrándola conforme a la ideología imperante. El vocablo totalitario deriva precisamente de que en tales regímenes, se trata de reglamentarlo todo (p. ej., nazismo, fascismo, comunismo, etc.). SECCIÓN SEGUNDA

DERECHO CONSTITUCIONAL 86. Aclaraciones previas.— Antes de formular el concepto de la presente rama jurídica, conviene hacer algunas reflexiones que ayudarán a comprender mejor dicha noción: V) Hay dos concepciones del derecho constitucional: una amplia y otra restringida. Como es obvio, son muchas las nociones formuladas para


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identificarlo, pero todas ellas encuadran en alguna de las dos mencionadas, que luego analizaré (v. aclaración 3^). 2") El concepto que del derecho constitucional se formule, depende de lo que se entiende por "constitución": que esto es así surge del propio nombre de este sector jurídico, ya que "constitucional" deriva evidentemente de "constitución". Es por ello que uno de los puntos básicos de la Teoría General del Derecho Constitucional, es el concepto de constitución que, por lógica, debe guardar la debida congruencia con el de Derecho Constitucional, y también con los de Estado constitucional, constitucionalismo, etc. En los párrs. 113 y siguientes se trata el concepto de constitución, pero no obstante ello y por razones didácticas, debo formular antes el concepto de derecho constitucional que considero más acertado. Por ello y de acuerdo con lo dicho en la aclaración P, adelanto que hay dos concepciones genéricas en cuanto a lo que debe entenderse por constitución: una amplia y otra restringida, distinguiéndose en ambas posiciones, un concepto/orma/ y otro real (v. párrs. 114 y sigs.). De ambos criterios, considero que es más acertado el restringido, que exige no sólo la formulación de los derechos fundamentales (y otros aspectos estructurales del gobierno), en el texto constitucional, cuando lo hay, sino también algo más importante, como es la vigencia efectiva de tales derechos. A este fin, debe haber una serie de garantías (hábeas corpus, acción de amparo, etc.), tendientes no sólo a restablecerlos en caso de haber sido quebrantados, sino también de prevenir la violación de tales derechos, cuando ello es posible. Esta preferencia por el sentido restringido de "constitución", se funda como luego se explicará, no sólo en razones teóricas, sino además en un motivo histórico importantísimo: que con dicho significado jurídico nació el vocablo constitución, es decir, en el sentido con que ahora se lo usa por antonomasia (designando el documento legislado y codificado que consigna los derechos fundamentales del hombre y las garantías mínimas pertinentes —p. ej., la separación de los poderes—). Ello ocurrió con las constituciones de EE.UU. y Francia, probando este aserto la famosa "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" (1789), cuyo art. 16 dice lo siguiente: "toda sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución" (aunque sí tendrá, como es obvio, un régimen político determinado, cuyo texto respectivo habría que llamarlo "estatuto", "código político", etc., pero no "constitución"). 87.— 3*) Las dos concepciones del derecho constitucional son las siguientes: a) Amplia: sobre la base del concepto lato de constitución (v. párrs. 117 y 118), se lo define —palabras más palabras menos— como el que rige la estructura fundamental del Estado, es decir, la organización y funcionamiento del gohttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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biemo, las relaciones de éste con los ciudadanos y, además, las bases de toda la organización del Estado (en lo económico, social, cultural, etc.). Con este criterio todo Estado tiene derecho constitucional, sea democrático o autocrático. Por lo tanto, todo Estado tendría una constitución y, en consecuencia, habría que decir que todo Estado es un Estado constitucional. Pero sucede que hasta esto último no llegan las consecuencias, porque aun los autores partidarios de la concepción amplia, para definir el Estado constitucional o el constitucionalismo, por ejemplo, insertan el criterio restringido, lo que es una incongruencia científicamente inaceptable, porque tiene que haber concordancia entre los conceptos de constitución, derecho constitucional. Estado constitucional, constitucionalismo, etc. b) Sentido restringido (o técnico constitucional o político-valorativo): es el que formularé de inmediato y el que, por otra parte, considero acertado. 88. Concepto.— Es el que con jerarquía de superlegal, asentada en la soberanía del pueblo, rige la estructura básica del Estado, siempre y cuando asegure el goce real y efectivo de los derechos fundamentales del hombre, que permitan vivir con amplísima libertad y con dignidad. A fin de asegurar dicha vigencia debe haber garantías suficientes, entre las cuales la principal es la existencia de un gobiemo con una competencia limitada y distribuida entre los tres poderes que lo integran, los que si bien deben estar separados orgánica y funcionalmente, debe haber además entre ellos relaciones armónicas y controles recíprocos, para que cada uno cumpla con su función específica ^^. Analicemos brevemente las cuatro partes de la definición: a) La supremacía o superlegalidad del derecho constitucional (v. párr. 91), significa que a él debe subordinarse en su orientación todo el resto del orden jurídico, razón por la cual, los gobernantes (en sentido amplio), no pueden ultrapasar válidamente los límites que este derechofija,ya sea con las normas que dicten o con los actos que realicen. Las leyes (en sentido estricto) y demás normas jurídicas, deben pues encuadrar en el marco establecido por la Constitución que, a su vez, sólo puede ser modificada por el llamado poder constituyente (v. párr. 131) y no por los poderes del gobiemo (poderes constituidos). Queda pues bien claro que, en principio, tales reformas constitucionales, están más allá de las atribuciones de los poderes que integran el gobiemo (v. párr. 135). En lugar de superlegalidad (a veces llamada simplemente legalidad), algunos autores prefieren hablar áo. juridicidad, como de un rasgo definitorio del Estado constitucional (también denominado Estado de Derecho). Por mi parte, " Las definiciones de los tratadistas más conocidos, pueden verse en LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T. I, Buenos Aires, 1953, págs. 294 y sigs.


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creo que ello es inexacto, porque el término juridicidad, a menos que se pretenda alterar el significado de las palabras, no puede tener otro sentido que el de referencia a lo jurídico, es decir, al derecho y, siendo así, es obvio que la juridicidad o derecho existe en cualquier tipo de Estado, inclusive en los totalitarios; en cambio, superlegalidad —que es una especie de juridicidad— tiene el sentido explicado y se perfila nítidamente como un carácter propio del derecho constitucional. b) Soberanía del pueblo. Toda la estructura jurídica establecida por el derecho constitucional, reposa sobre un cimiento indudable: la soberanía del pueblo (v. párrs. 132 y 133). c) La estructura básica del Estado comprende, como es obvio, la forma de gobierno, las atribuciones de los poderes constituidos (que deben ser limitadas, por cuanto no pueden violar los derechos fundamentales del hombre), las relaciones de los poderes entre sí y con los gobernados y, en fin, otros aspectos de la convivencia (políticos, económicos, sociales, culturales, etc.), ya que la jerarquía constitucional de muchas instituciones, depende de valoraciones históricamente contingentes. d) Por último, me referiré a los derechos fundamentales del hombre, que constituyen el aspecto principal y la razón de ser del derecho constitucional. En efecto, la existencia de una constitución codificada (o de normas constitucionales sueltas), la separación de los poderes, etc., tienen comofinalidadprincipalísima la defensa de esos derechos, valorados como esenciales para salvaguardar la dignidad y la libertad del ser humano, en un medio social históricamente dado. Ahora bien, estos derechos, deben pertenecer—en principio—a todos los habitantes, vale decir a la mayoría y a la minoría (v. párr. 104, esp. nota 37). Al hablar de "derechos fundamentales ", me refiero a los consagrados con resonancia universal por la Revolución Francesa y que después han experimentado, en general, una "evolución" progresista, puesto que no se habla sólo de derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, culturales, del trabajador, el niño, la ancianidad, etc. Ahora bien, con estos derechos, se trata de asegurar al ser humano, una órbita de libertad (garantizada contra cualquier violación, inclusive las procedentes de órganos del gobierno), a fin de que pueda realizar su vida con la jerarquía y dignidad propias de un auténtico ser humano. Vale decir entonces que por los amplios cauces del derecho constitucional, caben las mayores transformaciones y progresos en los distintos órdenes de convivencia, siempre y cuando se respeten esos derechos básicos a todos los habitantes. Como es lógico, todo Estado en el que exista el derecho constitucional, puede ser calificado de Estado constitucional, o de Estado de derecho, como también se lo llama (v. párrs. 104 y sigs.). 89. Derecho Constitucional y Derecho Político.— Evidentemente, hay una cierta similitud entre el Derecho Constitucional y el Derecho Político (párr.


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6): sin embargo, hay también diferencias porque —según creo— el Derecho Constitucional no es más que el Derecho Político de aquellos Estados, en los que tanto gobernados como gobernantes, están sometidos a un régimen jurídico que consagre el respeto a los derechos fundamentales del hombre. Más precisamente, es el sector fundamental del Derecho Político de los Estados constitucionales; en efecto, la ley electoral nacional, entre nosotros por ejemplo, no tiene jerarquía constitucional, pero es indudablemente una ley de orden político. En consecuencia, estimo que un Estado absolutista, como Francia bajo Luis XIV, o en los Estados totalitarios del siglo XX, en los que aquellos requisitos no se cumplen (pues el dictador, por ejemplo, está por sobre el orden jurídico), no puede hablarse estrictamente de Derecho Constitucional, sino de Derecho Político. Por el contrario, en un país constitucional como Estados Unidos de América, sí puede hablarse de Derecho Político, al referirse a la organización del gobiemo, etc., porque la expresión abarca en su generalidad a los Estados constitucionales. Ahora comprenderá mejor el lector lo dicho en el párr. 6, porque, en efecto, dentro de un Estado constitucional, el sector principal del Derecho Político es el Derecho Constitucional; por eso se han creado cátedras de Derecho Constitucional destinadas al estudio de las respectivas constituciones, etc., así como del Derecho Político complementario. En algunas facultades, han quedado las antiguas cátedras de Derecho Político —muy útiles por cierto—- pero se les ha quitado el régimen jurídico fundamental, quedándoles sólo, entonces, una serie de temas, que no son propiamente de Ciencia del Derecho Político, sino de Filosofía Política, Sociología Política, Ética Política, etc. Por eso debiera llamárselas más bien, cátedras de Ciencia Política, o mejor aún, de Ciencias Políticas. 90. Caracteres.— 1) El Derecho Constitucional es para el gobierno límite y, para los gobernados, ley básica de derechos y garantías fundamentales. En efecto, las normas constitucionales limitan la órbita de acción del gobiemo —más exactamente de los gobernantes— al establecer la forma de gobiemo, las atribuciones de sus poderes y, por consiguiente, kis fronteras que no pueden válidamente ultrapasar, las sanciones para los que las quebranten, etc. Correlativamente, es para el pueblo ley básica de derechos y garantías, puesto que consagra los derechosfundamentales del ser humano y asegura por medio de garantías, el pleno ejercicio de esos derechos. Sin embargo, en muchos casos ello no ocurre y la mera enunciación tiene entonces escaso valor práctico, según las circunstancias. De este modo se ha tratado de superar la antítesis entre libertad y autoridad, puesto que, digámoslo ya, las constituciones —fuente formal del Derecho Constitucional— surgieron en reacción al absolutismo, como un medio de técnica jurídica para que los gobernantes tuvieran un límite en su acción, contrariamente a lo que pasaba con el poder soberano de los monarcas. Pero, ¿y ese poder http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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soberano?, ¿quién lo tiene? En los verdaderos Estados constitucionales, lo tiene el pueblo, que es el titular de ese poder supremo llamado poder constituyente. 91.— 2) Es un derecho básico o superlegal, porque a él deben subordinarse en su orientación las demás ramas del derecho positivo. La prueba de esto nos la ofrece la experiencia jurídica; en efecto, en nuestro país, por ejemplo, podemos observar que las leyes, decretos, etc., en una palabra, todo el resto del régimen jurídico argentino, no debe contrariar ni el texto expreso ni el sentido de la Constitución Nacional. Esta mayor jerarquía de las normas constitucionales dentro de un régimen jurídico, es lo que se llama supremacía o superlegalidadde la Constitución. En el derecho argentino, por ejemplo, está consagrada en el art. 31 de la Constitución Nacional que dispone: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación..." El precepto no está muy bien redactado, pero se infiere que sólo la Constitución es suprema, porque dice: las leyes "que en su consecuencia" se dicten, con lo que se quiere significar, indudablemente, que las leyes deben armonizar con la Constitución. Por otra parte, aunque la Constitución no lo dijera expresamente, sería lo mismo, porque, amén de que en otros artículos la supremacía está implícita—p. ej. en el art. 30, que habla de las convenciones reformadoras, etc.—, indudablemente ése es el sentido histórico, político y jurídico de las verdaderas constituciones. La obligatoriedad de las normas constitucionales, tanto para los gobernados como para los gobernantes, implica que sobre la voluntad de éstos, hay normas superiores que deben respetar (a diferencia de lo que sucede en los Estados totalitarios), razón por la cual se ha dicho que en el Estado constitucional, impera la ley sobre la voluntad de los hombres. En este sentido, se lo ha calificado de "Estado legalitario". 92.— Puede ocurrir —como es frecuente— que se dicte una ley, decreto, etc., inconstitucional; pues bien, en este caso, la supremacía de la Constitución se hace efectiva mediante la facultad que tiene el Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas (así ocurre, p. ej., en Estados Unidos de América, Argentina, etc.) ^l 33 La Corte Stiprema de Justicia de la Nación —custodio máximo de la Constitución— ha consagrado en muchos fallos la doctrina de ia superiegaüdad de la misma. He aquí dos de los más conocidos: a) caso "Municipalidad de la Capital c/Elortondo" (del 14-IV-1888). Allí se dijo: "es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para ver SI guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, cons-


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Por último, conviene aclarar que cuando en nuestro país, un tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto, etc., el fallo sólo alcanza al litigio que se ventila, pues la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es su inaplicabilidad al caso cuestionado, porque la norma continúa en vigor. A lo dicho cabe agregar que, generalmente, el Poder Judicial no hace tal declaración de oficio (es decir, por iniciativa propia), sino en una causa particulary a petición departe interesada. Esto último porque así lo ha interpretado entre nosotros la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no porque el texto constitucional prohiba a los jueces tal declaración por iniciativa propia. Es más, hay una prestigiosa corriente doctrinaria favorable a que la declaración de inconstitucionalidad se haga de oficio en los casos judiciales en que sea procedente, yaque por otra parte, el Poder Judicial no responde consultas abstractas (vale decir, sobre casos posibles). Al respecto cabe recordar que la reforma de 1994 incorporó la acción de amparo a la Constitución Nacional (art. 43, 1er. ap.) y, en el respectivo proceso sumarísimo, se autoriza al juez a declarar (se entiende que también de oficio), la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto (u omisión) que haya lesionado (o amenace vulnerar —-este es el amparo preventivo—) un derecho de jerarquía constitucional, cuyo restablecimiento se reclama precisamente por la acción de amparo. Por ejemplo, cuanto se declara la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo (aquí está la declaración autorizada), que ordena la clausura de las oficinas de redacción de un periódico (el hecho lesivo, cuando se lo realiza), violándose de tal manera la libertad de prensa (derecho constitucional violado en el ejemplo). Todo lo dicho nos explica porqué esa facultad no implica una quiebra del principio —relativo por cierto— de la separación de los poderes; en realidad, es ésta una prueba más de la interdependencia y contralor recíproco que existe entre los poderes del gobierno. Así lo demuestra la realidad de nuestra vida jurídica, ya que este procedimiento institucional ha funcionado y funciona sin inconveniente alguno. 93.— 3) Es un derecho mixto. Así lo calificó Latelier, porque no se limita a la organización propiamente política, sino que, además, contiene preceptos de otra índole (administrativos, civiles, penales, procesales, culturales, etc.), bastando la lectura de nuestra Constitución para comprobar la exactitud del aserto. Es particularmente en las constituciones dictadas no hace mucho, donde esto es tituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos" (Fallos..., t. 3,3, pág. 194); b) caso "Giacumelli c/Prov. de Santa Fe" (del 8-1V-1940). En tal oportunidad, la Corte manifestó que: "las leyes pueden ser impugnadas como inconstitucionales no solamente por lo que son ellas mismas, sino también por la interpretación con que han sido aplicadas por los tribunales de justicia" (Fallos..., t. 186, pág. 353).


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más notorio. Ello es prueba evidente de que el Derecho Constitucional, por el aumento de su contenido, va transformándose de rama político-individualista en rama político-social, en virtud de lo que se ha dado en llamar, socialización del derecho (la palabra socialismo, socialización, etc., es usada corrientemente en el terreno jurídico, en un sentido distinto del político, haciendo referencia al predominio de los intereses sociales sobre los individuales). 94. Divisiones.— I) En nuestro país (y en aquéllos donde impera un régimen federal), suele dividirse el Derecho Constitucional (positivo, por supuesto) en: 1) Derecho Constitucional Nacional; 2) Derecho Constitucional Provincial; 3) Derecho Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires; y 4) Derecho Constitucional Municipal: es el que establece las bases fundamentales del régimen municipal. Esto no implica que la población municipal deba ejercer un poder constituyente de tercer grado (limitado por el nacional —primera limitación— y el provincial —segunda limitación—), para que exista el derecho constitucional municipal, aunque ello puede ocurrir. Tal el caso de los llamados municipios de convención, que tuvieron vida en la provincia de Santa Fe, por inspiración de Lisandro de la Torre (para las ciudades de más de 25.000 habitantes). En nuestro país, por regla general, las disposiciones constitucionales relativas a los municipios, están contenidas en las constituciones provinciales, amén de los preceptos de la Constitución Nacional. 95.— II) Según la institución de que se trate, se habla de Derecho Constitucional parlamentario, judicial, etc. 96. Contenido.— Me referiré sólo a los siguientes temas de la Teoría General del Derecho Constitucional. I) Derechos Fundamentales del Hombre; II) Estado Constitucional o Estado de Derecho; III) La Constitución; IV) Poder Constituyente; y V) Doctrina de la Separación de los Poderes. I. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE (DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES)

97. Concepto.— En términos generales, puede decirse que son aquellos derechos que en un momento históricamente dado, se consideran indispensa-


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bles para asegurar a todo ser humano, la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad y justicia. En otros términos, de no tanta precisión jurídica, suele decirse que son tales los derechos que aseguran al ser humano el desarrollo integral de su personalidad, es decir, una vida digna (v. párr. 51), o, si se quiere, una vida llevada con la jerarquía de un ser que es un fin en sí, como bien dijera Kant. El derecho constitucional —y por lo tanto el Estado de derecho— es inseparable de la formulación y defensa de estos derechos subjetivos y una prueba de que ya se lo concibió así en los inicios del constitucionalismo, la tenemos en el art. 16 de la célebre "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" (dictada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789), que dice: "Un Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes, no tiene Constitución". Asimismo, casi está de más decir que todas las constituciones actuales tienen una parte dedicada a la enumeración de esos derechos que en cada Estado se consideran fundamentales, razón por la cual se les da jerarquía constitucional. Ahora bien, como ya he aclarado, no es exacto hablar de derecho constitucional por la mera circunstancia de que estos derechos subjetivos estén formalmente enumerados en un texto al que se llame constitución, pues ésta es una simple apariencia a la que recurren precisamente muchos Estados totalitarios para encubrir el ejercicio de facultades superlegales por parte del dictador, o del grupo que detenta el poder. En síntesis, para que exista un auténtico derecho constitucional, los derechos fundamentales deben tener vigencia en la realidad social, a cuyo efecto, sin perjuicio de que tales derechos sean violados muchas veces, debe existir —como ya explicaré— una estructura institucional que permita su inmediata defensa y reparación (v. párrs. 95 y sigs.). Precisamente por esto se habla también de garantías, vale decir de medios destinados a efectivizar la vigencia de los derechos fundamentales (p. ej., la acción de amparo, el hábeas Corpus ^'*, la inviolabilidad de la defensa en juicio, etc.). Además, las leyes or-^^ a) Acción de hábeas corpus: en el derecho argentino, la libertad //'.v/í-a de las personas, ha sido tradicional mente protegida en forma rápida y sumarísima mediante la llamada "acción de hábeas corpus". procedente siempre que alguien sea privado de su libeilad corporal, sin orden escrita emanada de autoridad competente. Desde la reforma de 1994, ha sido incoiporada al texto constitucional la acción de hábeas corpus (v. art. 43,4° ap.). b) Acción de amparo: en cambio, no existía otro medio procesal igualmente rápido y sumario, para proteger los demás derechos fundamentales consignados en la Constitución Nacional, por la sencilla razón de que el Congreso no había establecido un instrumento procesal adecuado como es por ejemplo el llamado en doctrina, "recurso o acción de amparo". Por tal motivo, para defenderlos no quedaba otro reinedio que recurrir a procedimientos generalmente lentos (judiciales o administrativos), con los que aun cuando se lograra en definitiva el restablecimiento de! derecho violado, no podían evitarse los daiio.s y perjuicios ocasionados por la lentitud del trámite. La Corte Suprema Nacional de Justicia, había convalidado esa situación, fundándose entre otros argumentos, en que la acción de hábeas corpus sólo protege la libertad física en las circunstancias indicadas y en que los derechos que la Constitución acuerda, se tienen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14).


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diñarías incluyen una serie de medios para la protección de estos derechos, incluyendo la protección penal, que se materializa con el establecimiento de sanciones para actos que los afecten, dándoles el carácter de delitos (p. ej., delitos de lesiones, homicidio, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, denegación y retardo de justicia, etc.). 98.— DEBERES FUNDAMENTALES DEL HOMBRE. Por último, debemos hacer referencia a este punto, ya que ia vigencia de los derechos fundamentales requiere la existencia de ciertas condiciones económicas, sociales, culturales, etc., que lo posibiliten y es por intermedio de tales deberes, que pueden crearse y mantenerse dichas condiciones. Entre otros, citaré algunos consagrados por diversas constituciones: el deber de armarse en defensa del Estado (art. 21 de la Const. Nac); el deber de pagar los impuestos (art. 4° de la Const. Nac); el deber de votar en las elecciones para integrar los órganos del gobierno (art. 36 de la Const. de México); el deber de padres y tutores de hacer concurrir a sus hijos o pupilos, respectivamente, a las escuelas donde se les impartirá la educación primaria (art. 31 de la Const. de México), etc. Como es obvio, lo anterior no se refiere a las obligaciones de los gobernantes (deberes subjetivos piiblicos del Estado), punto que no entraré a considerar, pues su estudio debe hacerse cuando se consideran las funciones de los poderes del gobierno. A título de ejemplo, recordaré el deber del Congreso Nacional de no conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo (art. 29, Const. Nac); el deber del mismo órgano de sancionar anualmente la ley de presupuesto (art. 75, inc. 8°, Const. Nac), etc. Pues bien, en el caso "Ángel Siri" (del 27 de diciembre de 1957 —véase U¡ Ley, t. 89, pág. 532—, la Coile Suprema Nacional, cambió su jurisprudencia, con un fallo, de extraordinaria trascendencia, instaurando la acción de amparo por vía jurisprudencial (este caso nos permite apreciar el valor creador de esta fuente de derecho). En consecuencia, puede decirse que desde tal fallo, todo derecho o garantía constitucional violados. que no tengan previsto un procedimiento rápido y sumarísimo para su defensa, pueden ser protegidos jurisdiccional mente, por intermedio de la ''acción de amparo". La doctrina consagrada por la C.S.J.N. se encuentra resumida en los considerandos de la respectiva sentencia, en los siguientes términos: "La comprobación inmediata de que una libeilad constitucional se halla evidentemente restringida, sin orden de autoridad competente ni expresión de causa que la justifique, es suficiente para que la garantía constitucional invocada sea lestablecida por el Poder Judicial en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que reglamente dicha garantía; por cuanto ias garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo son requeridas para establecer en qué ca_sos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, como dice el art, 18 de la ley suprema a propósito de una de ellas, y porque los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho, e imponen a los jueces el deber de asegurarlas". Desde \a reforma de Í994, ha sido incorporada al texto constitucional, la acción de amparo (v. art. 43, aps. 1° y 2°).


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99. Denominaciones.— Entre otras, citaré las siguientes: a) Derechos naturales: este nombre tiene una clara filiación iusnaturalista y es usado por los autores partidarios de tal posición. Por mi parte, ya he consignado los reparos que merece (v. Cap. 18, párr. 12). b) Derechos individuales: este nombre responde a la concepción liberalindividualista (o liberal-burguesa), que surgió sosteniendo el absolutismo del "individuo", en contraposición al absolutismo del Estado que derrotó y sustituyó. Como es sabido, este liberalismo triunfó y tuvo proyecciones mundiales con la Revolución Francesa. Actualmente, esta denominación ofrece dos reparos: 1) en primer término, hace referencia al "individuo", palabra propia de las ciencias naturales que, en el terreno de las disciplinas culturales en general y en la órbita jurídica en particular, ha sido reemplazada por las expresiones "ser humano" u "hombre", de significado más preciso; 2) en segundo lugar, hoy resulta estrecha, porque al conjuro de las doctrinas intervencionistas surgidas durante los siglos XIX y XX, se ha ido elaborando la doctrina de una serie de derechos (económicos, culturales, etc.), que han sido llamados genéricamente sociales, para distinguirlos de los derechos individuales (especificados en civiles y políticos), que habían sido consagrados por el individualismo. c) Libertades individuales: este nombre tiene la poderosa sugestión de la palabra libertad, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, es indudable la mayor exactitud del vocablo "derecho" (en el sentido de derecho subjetivo). En la práctica, se los emplea a menudo como sinónimos y así se habla de "libertad de expresión", "libertad de tránsito", etc., pero la inexactitud mencionada se hace patente, al considerar que en muchos casos, no puede ser empleado (p. ej., en el derecho a la vida). d) Derechos del hombre (o derechos humanos): esta denominación, muy usada por su brevedad, tiene el inconveniente de no implicar una distinción entre ciertos derechos de importancia básica y otros que no la tienen, por lo que es mejor hablar de derechos humanos fundamentales. e) Por lo expuesto, sobre todo al referirme a los llamados derechos "individuales", creo que la denominación más acertada es la de derechos fundamentales del hombre. 100. Enumeración.— Hemos visto que el concepto de los derechos fundamentales del hombre es algo contingente (si bien hay algunos indiscutidos como el derecho a la vida, etc.), razón por la cual la enumeración no puede reducirse a una tabla cerrada, sino que, por el contrario, ha de ser una serie abierta, pues la jerarquización constitucional de muchos derechos subjetivos, depende de valoraciones variables en el tiempo y en el espacio. Caso típico a este respecto es el derecho de asociación (ver Cap. 28, párr. 53), que en un principio fue http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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considerado como delito y hoy es un derecho fundamental consagrado por todas las constituciones (ver art. 14, Const. Nac). A mero título ejemplificativo, citaré algunos derechos fundamentales que están fuera de toda discusión, a esta altura del progreso humano; el derecho a la vida; a la integridad física; a la legítima defensa; a la libertad personal y a la protección de la salud; el derecho a la expresión del pensamiento (más comúnmente llamado "libertad de expresión del pensamiento"); el derecho de transitar, el de reunión, el de asociación, el de constituir una familia, el de enseñar y el de aprender; el derecho de trabajar y el de propiedad (con ciertas limitaciones, como todos los derechos); el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; el derecho a la defensa enjuicio; etc. En síntesis, son los llamados tradicionalmente derechos civiles, a diferencia de los derechos políticos, que sólo tienen los ciudadanos. Por eso estos últimos, sin perjuicio de su importancia, no son considerados derechos fundamentales. No dudo que esta enumeración es incompleta, como lo son las contenidas en las constituciones mismas (p. ej., el art. 14 de la Const. Nac), al punto de que es común que prevean dicha contingencia, dejando a salvo los derechos no enumerados o implícitos (p. ej., el art. 33 de la Const. Nac. que dispone: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno"). Para evitar confusiones recordaré que, modernamente se abre camino en la doctrina y en la legislación, una serie de derechos catalogados como económicos, culturales, sociales, etc. a los que me referiré en forma brevísima (v. párr. 102) pues su estudio profundizado —como el de todo este punto— corresponde a la Dogmática Constitucional.

101.— Por último, haré mención de un derecho fundamentalísimo que desempeña una función de vigilancia y defensa de todos los demás: me refiero al llamado derecho a la expresión del pensamiento o derecho a la libre expresión del pensamiento, en todas sus formas (por las prensa—"libertad de prensa"—; por la radio —"libertad radial"—; por la televisión, por el libro, la tribuna pública, la cátedra, etc.). Este derecho incluye por supuesto, el derecho de criticar al gobierno, sin ser molestado en absoluto por las opiniones emitidas, porque si bien las decisiones de los gobernantes deben ser acatadas, tal respeto no debe confundirse con temor, razón por la cual no excluye la crítica piíblica de sus actos. Como es sabido, este derecho no es respetado por los gobemantes totalitarios que, o bien lo suprimen lisa y llanamente, o bien so pretexto de reglamentarlo, lo van eliminando poco a poco. Esto es cierto, sin olvidar que muchas veces se suele recurrir a otros medios indirectos (como restricciones en la provisión de papel, etc.), lógicamente imputados a factores ajenos a la voluntad del dictador, para hacer creer que los gobemantes no tienen laculpade los hechos. En fin, como ya decía Belgrano, "donde hay prensa libre no hay tiranos, y donde hay tiranos no hay prensa libre".


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102. Clasificaciones.— Para no extenderme sobre aspectos muy conocidos —que pueden consultarse en alguna obra de Derecho Constitucional— me referiré sólo a los llamados genéricamente derechos económicos, sociales y culturales, con la advertencia de que no constituyen derechos fundamentales, al menos en principio y en general, porque corresponden sólo a diversos sectores de la comunidad, pero no a todos los habitantes, como pasa con los derechos fundamentales. a) Derechos económicos. En términos generales, son aquellos que procuran asegurar a toda persona que trabaja, los medios económicos —mínimos por lo menos— que sean necesarios para vivir con verdadera justicia, en un medio social determinado. Tal el caso del salario mínimo fijado por el Estado, inconcebible en los marcos del liberalismo clásico. Este ejemplo nos permite apreciar que el salario no depende ya sólo del rendimiento del trabajador, o de la voluntad arbitraria del empleador, sino que se fija teniendo también en cuenta la posibilidad de que quienes trabajan, puedan cubrir decorosamente con dicha remuneración, por lo menos las necesidades elementales de la vida (alimentación, vivienda, protección de la salud, vestido, etc.). Respecto del mismo asunto, pero con mayor amplitud, se habla de salario integral, etc. Como es evidente, la mayoría de los derechos consagrados por el llamado Derecho del Trabajo (v. Cap. 28), pueden ser catalogados como derechos económicos. De lo explicado, habrá podido inferirse que con la denominación "derechos económicos", no se alude a los clásicos derechos consagrados por el liberalismo (como el de trabajar; el de propiedad —con carácter "absoluto"—; el de contratar—con amplísima libertad—, etc.), que, calificados como derechos civiles, son reconocidos, en nuestro país, por ejemplo, a todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros (art. 20 de la Const. Nac). Los llamados derechos económicos, son más bien una complementación de aquellos derechos, ya que —surgidos al influjo de doctrinas intervencionistas— tendieron y tienden a suplir la tremenda desigualdad económica acarreada por el liberalismo burgués, en perjuicio de los asalariados. En efecto, este régimen había falseado la libertad política, al no proveerla de una base económica que la apuntalara: ¿de qué vale el derecho de transitar, el derecho de aprender, etc., si no se tienen los medios para hacerlo? Evidentemente de nada. De esta manera, la democracia individualista o política, sólo aseguraba una amplia libertad y una verdadera justicia para las clases adineradas, quedando fuera de ellas la mayoría de los seres humanos. Y esta injusticia, es la que se contribuye a remediar, con los derechos económicos. b) Derechos sociales. Ya he aclarado que, ontológicamente hablando, todo derecho es social, por cuanto se tiene respecto de otra persona. Pero en este caso, se emplea la palabra "social" en otro sentido, pues con ella se hace referencia a una serie de derechos que, si bien susceptibles de una valoración ecohttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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nómica y aun de contenido directamente económico (p. ej., pensiones a la vejez), se caracterizan por reconocer una inspiración altruista y solidaria, o bien una proyección social amplia. Tales son los que aseguran protección al niño (mediante jardines de infantes, dispensarios de lactantes, escuelas-hogares, salas-cunas, hospitales de niños, colonias de vacaciones, etc.). Por su parte, el llamado Código del Niño, cuerpo legal donde se contemplan en forma sistemática las necesidades de la niñez, ha sido dictado en muchos países. El mismo carácter social tienen los derechos concedidos a la madre (licencia por maternidad, prohibición del despido por tal causa, asistencia médica gratuita antes, durante y después del parto, subsidios, etc.); al matrimonio (licencia, subsidios, etc.); a la familia (vivienda familiar, salario familiar, etc.); etc. c) Derechos culturales. Con estos derechos se trata de asegurar la igualdad de acceso para todos, a la enseñanza intelectual, técnica, artística, etc., en todos sus grados. En otros términos, se trata de proporcionar una real igualdad de oportunidades para todos en materia educativa, sin trabas económicas de ninguna especie, mediante becas y otros medios para quienes no puedan pagar sus estudios (v. p. ej., el art. 75, inc. 19, 3er. ap. de la Const. Nac). Así florecerán las verdaderas vocaciones y triunfarán los más capaces. 103. Democracia política y democracia social ^^— Los derechos civiles y políticos consagrados por el liberalismo individualista caracterizan lo que se llama democracia política (o individualista, o burguesa, o liberal-burguesa); en cambio, si existen además derechos económicos, sociales y culturales, estaremos frente a una democracia social o integral (el último calificativo se debe a que es, al mismo tiempo, económica, política, social y cultural). Estos últimos derechos, llamados genéricamente "sociales", han sido incorporados a muchas constituciones para darles mayor estabilidad, pues al tener jerarquía constitucional, es decir, al ser derechos constitucionales, su reforma queda fuera de la competencia de los poderes constituidos, pero, como ya dije (v. párr. 99), no son derechos fundamentales. 35

Democracia. Es indudable que el concepto de democracia ha ido evolucionando a través del tiempo. Así, por ejemplo, en la Atenas de la Antigüedad —donde nació en el siglo V a. C.— era unaforma de gobierno: aquella en que el poder político pertenecía a un amplio sector del pueblo (del griego, demos, pueblo, y kmlos, poder). Pero sucedió que si bien el poder era ejercido por el pueblo (había libertad política), era mínima la libertad civil (existía la esclavitud, etc.), por lo que, de acuerdo con las ideas actuales, nadie afirmaría hoy que aquel régimen fue democrático. Y es que actualmente, la democracia no es ya una forma de gobierno, sino algo más: una verdadera forma de Estado, o con más exactitud, aquella en que se dan los requisitos a que se na hecho referencia en el párr. 84. de este capítulo. En todo ca.so, es una forma genérica de organización del Estado, dentro de la cual caben distintas formas específicas, como la república constitucional, la monarquía constitucional, la democracia liberal, la democracia social, gobiernos parlamentarios, presidencialistas, etc.


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La evolución antedicha, confirmando lo expuesto en la nota 34, nos prueba que la democracia, como forma genérica de Estado, es una forma de convivir políticamente, en la que deben respetarse los requisitos indicados en el párr. 84 y, como forma política de convivencia, es más un "camino" que una "estación de llegada". Por eso es algo nunca totalmente acabado, sino un proceso en transformación constante, en el que muchas veces no se alcanzan los objetivos perseguidos y, por lo tanto, corresponde hacer las rectificaciones más adecuadas, sobre todo mediante el voto del pueblo (cambiando los gobernantes, etc.). II. ESTADO CONSTITUCIONAL O ESTADO DE DERECHO 104. Concepto.— La expresión "Estado de derecho" es empleada fundamentalmente en dos sentidos básicos ^^: 1) Sentido lógico-formal: en esta acepción, el Estado de derecho es el Estado funcionalizado a través del derecho (o régimen jurídico). Ésta es la opinión de Kelsen, por ejemplo, pero, en este sentido, la misma expresión Estado de derecho es una tautología, puesto que todo Estado resulta ser un Estado de derecho, desde el clan primitivo hasta las actuales formas de Estado. Y ello porque como se ha explicado, allí donde hay sociedad hay derecho. 2) Sentido histórico-políüco o político-valorativo: en esta segunda acepción —la empleada por antonomasia— puede afirmarse a modo de punto de partida, que Estado de derecho es aquel Estado en el que tienen vigencia los derechos fundamentales del hombre. Como es evidente, esto significa que toda persona tiene un vasto ámbito de libertad, que no puede ser válidamente hollado por el gobierno (ni por los demás habitantes). Digo toda persona, porque si bien en los Estados de derecho impera la voluntad de la mayoría, no se debe olvidar que esa voluntad mayoritaria está limitada en el Estado constitucional (v. p. ej., párr. 90). Por tal motivo, los representantes de la mayoría gobernante no deben desconocer los derechos de la minoría; en efecto, si así ocurriese, se habrían violado los derechos fundamentales, válidos para todos los habitantes (ver, p. ej., los arts. 14 y 20 de la Const. Nac), dejando entonces dicho Estado de ser realmente constitucional ^^. '* Para un estudio más profundo, véase SAMPAY. Arturo Enrique, Lu Crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués, Buenos Aires, 1942, pág. 59, donde desarrolla una concepción original de Renato Treves. Derechos y deberes de las minorías. De lo dicho se infiere que todo ciudadano políticamente culto que pertenezca a la minoría y ésta en conjunto, deben respetar las decisiones lícitas de la mayoría del pueblo, como algo sagrado, siempre y cuando ésta, por su parte, respete a la minoría en el ejercicio de sus derechos. Lo expuesto supone que la minoría tiene el derecho de criticar pública y libremente la gestión gubernativa mayoritaria (v. párr. 101), pero nunca pretender la imposición de sus ideas por la fuerza, pues ello, además de constituir delitos sancionados por el derecho penal, es índice de incultura y barbarie política. Sólo procediendo así.


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El concepto que se ha expuesto del Estado de derecho, podrá parecer simplista e incompleto, porque el Estado constitucional, como he aclarado, no es otra cosa que un Estado en el que impera el derecho constitucional y, siendo así, sería menester agregar los otros rasgos que caracterizan a éste. No obstante ello, en tren de dar un concepto sencillo, creo estar en lo cierto, puesto que me referí al rasgo arquetípico del Estado Constitucional, que es la vigencia de los derechos fundamentales del hombre. Ahora bien, para dar un concepto más preciso, se debe tener en cuenta que por más elevada que sea la cultura política y la educación de un pueblo, se producirán violaciones a tales derechos, razón por la cual, no puede confiarse sólo en la virtud de los gobernantes y en su sentido del deber para respetarlos; de ahí que sea necesaria una determinada estructura institucional que lo asegure, como lo prueban los Estados constitucionales. 105.— Pasando ahora a considerar los distintos medios técnico-jurídicos, es decir, las distintas instituciones que configuran el Estado de derecho, deben citarse las siguientes: a) En primer término, es común que se dicten constituciones legisladas y codificadas, para que se sepa con exactitud cuáles son esos derechos fundamentales y qué alcance tienen. Al mismo efecto, si bien con menor precisión técnica, pueden existir normas constitucionales sueltas que, como las constituciones, se caracterizan también por la superlegalidad ya explicada (v. párr. 88). Tal el caso de las "leyes constitucionales" francesas anteriores a 1946. En Inglaterra, si bien no hay diferencia formal entre ley ordinaria y norma constitucional, resulta que en la práctica, tal diferencia se respeta lo mismo (v. párrs. 124 y 128). Por el contrario, bien puede ocurrir que un Estado tenga una constitución legislada y codificada, pero que en la realidad, los derechos fundamentales sean desconocidos. Pues bien, en tal caso, se tratará de un Estado formalmente constitucional, pero no realmente constitucional, que es lo importante. 106.— b) Separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esta separación, que es en realidad una doble manifestación de la soberanía la minoría ciudadana tendrá la autoridad moral necesaria para ser respetada en sus decisiones, cuando su opinión sea mayoritaria. En general, la minoría —o las minorías— tienen actualmente participación en el gobierno, a través de sus representantes en el Poder Legislativo, pero no obstante ello y en aras de una creciente democratización, se tiende a dar a la minoría —al menos a la minoría mayor— una participación en el Poder Ejecutivo, ya sea mediante cargos en el gabinete, etc. Esto sucede, por ejemplo, en los llamados "gobiernos de coalición", muy comunes en los regímenes parlamentarios.


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del pueblo, tiende a una más eficaz defensa de los derechos fundamentales del hombre, mediante la mayor estabilidad que adquieren así las normas constitucionales. En efecto, sólo el poder constituyente, es decir, el pueblo en ejercicio de tal poder, puede dictar y reformar la Constitución; en cambio, las atribuciones de los poderes constituidos, están limitadas por la misma constitución, cuya reforma queda fuera de su alcance. En Inglaterra —caso excepcional— no existe formalmente esta separación, pues el Parlamento ejerce al mismo tiempo el poder legislativo ordinario y el poder constituyente. Ante esta realidad política, cabría pues preguntarse, ¿es o no Inglaterra un Estado de derecho? La contestación debe ser indudablemente afirmativa, puesto que allí se respetan —quizá más que en cualquier otra parte— los derechos fundamentales del hombre y, además, las normas que en la práctica tienen jerarquía constitucional, alcanzan mayor estabilidad que en muchos países formalmente organizados como Estados de derecho. Dice a este respecto Legaz y Lacambra ^^: "...allí donde las valoraciones en cuestión (el autor se refiere a los derechos fundamentales) poseen vigencia social efectiva, el problema técnico-formal pasa —dentro de ciertos límites— a un plano secundario. En Inglaterra, se dice, el Parlamento lo puede todo, salvo cambiar un hombre en una mujer; pero es seguro que la idea de ese poder fáctico no incluye en la mentalidad inglesa el poder de atentar contra los derechos individuales fundamentales. Por eso, Inglaterra es un Estado de derecho con más autenticidad que otros Estados de ambos continentes que, formalmente, han llegado a una mayor perfección técnica y a una total estructuración justicialista de los diversos estadios de la vida política".

107.— c) Separación cíe los poderes constituidos (esto responde a la teoría de la separación de los poderes, que Montesquieu expuso por primera vez (v. párrs. 139 y sigs.). Es necesario destacar que dentro del mecanismo institucional de la separación de los poderes, más que la separación entre el Legislativo y el Ejecutivo —que es mayor en el régimen presidencial y menor en el parlamentario— interesa la separación e independencia del Poder Judicial. Esta independencia es asegurada por dos garantías básicas: la. inamovilidad de. los jueces mientras dure su buena conducta (con un "juicio" especial para su destitución, rodeado de las mayores garantías) y la irreducibilidad de los sueldos, mientras permanezcan en sus funciones. Sólo con un Poder Judicial independiente, que tenga además —como en Estados Unidos, en nuestro país, etc.— la potestad jurisdiccional de declarar la inconstitucionalidad de las normas dictadas por los otros poderes, podrá asegurarse la finalidad perseguida.

"El Estado de Derecho", texto de una conferencia que pronunciara en Buenos Aires, en 1951, publicada en el libro Derecho y Libertad, Valerio Abeledo, Buenos Aires. 1952. pág. 83.


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108.— d) Otras instituciones complementarias, como la acción de hábeas Corpus, la acción de amparo, etc., que tienden a permitir la realización práctica de tales derechos, o bien su inmediata reparación en caso de ser violados. 109.— Como es obvio, los enumerados son medios de técnica constitucional geniales por cierto— que tienden a asegurar el rasgo esencial y definitorio del Estado de Derecho, es decir, el goce real y efectivo de los derechos fundamentales del hombre. 110. Definición.— Si quisiera sintetizar ahora todo lo explicado en una fórmula más precisa que la del párr. 104, podría decir que un Estado integral o auténticamente constitucional, es aquel en el que se reconocen los derechos fundamentales del hombre a todos los habitantes, siempre y cuando esté asegurada su efectiva vigencia por una estructura institucional protectora, caracterizada por varios rasgos básicos, entre los cuales se destacan la existencia de una constitución (o normas constitucionales sueltas), la diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos, la separación de los poderes del gobierno, y otras instituciones complementarias (hábeas corpus, etc.). 111. Denominaciones.— Como ya expliqué se emplean como sinónimos las expresiones Estado de derecho (en el sentido axiológico o político-valorativo) y Estado constitucional (empleándose la palabra constitución en el sentido técnico de texto constitucional). No obstante, de ambas expresiones, "Estado constitucional" me parece la más acertada, porque evidencia el sentido más preciso del Estado en el que impera el derecho constitucional. 112. Clases.— Dentro de la estructura institucional del Estado de derecho, caben dos realidades político-económico-sociales, distintas en muchos aspectos, como son la democracia política y la democracia social (v. párr. 103). Por tal motivo cabe distinguir: 1) Estado constitucional liberal-burgués (o individualista, o burgués, etc.): como es evidente, se trata del Estado de derecho que institucionaliza una democracia política. Este tipo de democracia es el que triunfó con la Revolución Francesa y que, con proyecciones mundiales, imperó durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. La democracia liberal-burguesa, que nació en Inglaterra y se perfeccionó institucionalmente en Estados Unidos, está hoy en revisión, tratándose de encontrar nuevas soluciones, sobre todo frente a los acelerados avances tecnológicos, la mundialización (o globalización) de la economía, etc.


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2) Estado constitucional democrático-social; como es evidente, en este caso, por los cauces del constitucionalismo, se ha dado paso a la democracia social o integral. El Estado de derecho democrático-social, es el trasunto jurídico de una concepción más "social" del Estado, que reemplazad insostenible absolutismo del individuo, por un más justo equilibrio entre lo individual y lo social, a tono con las nuevas condiciones económico-sociales imperantes en el mundo y sin olvidar las enseñanzas surgidas de la aplicación del liberalismo individualista. En efecto, visto que la democracia política ha dejado subsistentes profundas e injustas desigualdades económicas que la falsean y desvirtúan, se ha ido abriendo camino, con tendencia general a reemplazarla históricamente, la democracia social, estructurada en el marco del Estado constitucional. De esta manera, se pretende asegurar además del goce de los derechos fundamentales del hombre, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. III. LA CONSTITUCIÓN 113. Aclaración previa.— El vocablo constitución es multívoco y por ello se impone aclarar las distintas acepciones en que se lo emplea. Esta multivocidad de las expresiones jurídicas —que ya he destacado muchas veces a lo largo de este manual— es más acentuada aún en los derechos Político y Constitucional que en las otras ramas jurídicas. Esto se debe a la interferencia de motivos políticos, pues se quiere hacer aparecer como una cosa, lo que es otra diferente, poniéndole una denominación que no corresponde. 114. Concepto.— Este vocablo es empleado en cuatro acepciones fundamentales: 1) Constitución legislada en sentido restringido (o sentido político-valorativo o técnico-constitucional): esta acepción normativa o formal restringida, es la que se usa para designar al conjunto de normas fundamentales dictadas por un poder constituyente y sistematizadas en un verdadero código, siempre y cuando no sólo consagren los derechos humanos fundamentales para todos los habitantes, sino que además prescriban una estructura institucional destinada a garantizar la vigencia de aquéllos. A este fin deben incluir una serie de instituciones que, en general pero no con carácter absoluto, son las enumeradas, por ejemplo, en el párr. 84 de este capítulo (separación de los poderes constituidos, separación entre éstos y el poder constituyente, periodicidad en el ejercicio de la función pública, etc.). Verbigracia, la Constitución argentina, la de EE.UU., etc. Como decía Lasalle, éste es el concepto que hace referencia a la "hoja de papel", o como también se dice, a la constitución "escrita", pero en definitiva, http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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es el significado por antonomasia del vocablo constitución y el que debe usarse por razones de precisión del vocabulario técnico-constitucional. 115.— En algunos Estados (como Francia en 1870), hay normas o "leyes" constitucionales sueltas, es decir, no codificadas, pero al hacerse referencia a esta modalidad, más que de constitución, se habla de "leyes" constitucionales sueltas (se las denomina "leyes" porque las dicta el mismo Parlamento). Como es obvio, se trata en esencia del mismo concepto. 116.— 2) Constitución real (o material) en sentido restringido: el vocablo es usado en esta acepción, cuando designa el modo de ser u organización fundamental de un Estado tal como se presenta en la realidad social, pero no de cualquier Estado, sino de aquéllos en los que rijan los requisitos a que se ha hecho referencia en el inciso anterior, empezando por la vigencia de los derechos humanos fundamentales para todos los habitantes. Por ejemplo, Inglaterra. Sucede muchas veces que la realidad política no concuerda con lo que dicen las respectivas constituciones (lo mismo suele ocurrir con las demás normas jurídicas): por lo que a fin de no caer en un racionalismo estéril, debe tenerse siempre en cuenta la realidad, que en definitiva es lo que más interesa. No basta pues con tener conocimiento del texto constitucional, las costumbres constitucionales, etc. El ideal en esta materia es que un Estado tenga una constitución legislada (en sentido histórico-valorativo) y una realidad integralmente constitucional. 117.— 3) Constitución legislada en sentido amplio: este significado normativo o formal amplio, se configura al usar el vocablo constitución para designar el texto constitucional que pueda tener cualquier Estado, sin importar el contenido. Ello es así, por ejemplo, cuando se habla de la "Constitución" de tal o cual Estado totalitario. Se trata de un significado criticable que, en muchos casos, es usado deliberadamente en los países totalitarios para tratar de confundir a incautos y desprevenidos, sobre la verdadera realidad política imperante en dichos lugares, haciéndoles creer que como tienen una "Constitución", son iguales a los verdaderos Estados constitucionales. Es en realidad una simulación (seudoconstitucionalismo). 118.— 4) Constitución real en sentido amplio: con este significado el vocablo Constitución designa la estructura básica de un Estado cualquiera, tal como se presenta en la realidad. Como es obvio, empleando así el término, todo Estado tiene una constitución, aun aquellos en los que impera la voluntad arbitraria y soberana de un solo hombre, tengan o no además una constitución legislada; en efecto, admifir la existencia de un Estado sin constitución —en este senüdo— sería tan absurdo como aceptar la existencia de un hombre sin columna vertebral. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Considero que se trata de un significado criticable porque, igual que el anterior, tiende a confundir los conceptos. Para terminar con el estudio del concepto de Constitución, cabe advertir que lo más importante para evitar lamentables confusiones, es exigir que se aclare el sentido en que se emplea el término. 119. Partes de una Constitución.— La mayoría de los Estados modernos han concretado su organización fundamental en constituciones legisladas y codificadas, por la superioridad que representa su claridad y método sobre las normas consuetudinarias y no codificadas. Pues bien, estas constituciones comprenden, en general, dos partes: 1) Parte "dogmática" o "Declaración de Derechos" o de "Derechos y Garantías", etc. (bilí ofrigths en inglés): es la sección en que están consignados los derechos fundamentales y las garantías correspondientes. En la Constitución Argentina, esta parte, cuyo primer capítulo se llama "Declaraciones, Derechos y Garantías", consta de cuarenta y tres artículos. 120.— 2) Parte orgánica o Plan u Organización del Gobierno, etc., (plan of governement en inglés): es la que contiene la estructura institucional y funciones básicas del gobierno. En nuestra Constitución, esta parte se denomina "Autoridades de la Nación" y consta de ochenta y seis artículos. 121. Diferencia entre Constitución, Carta y Pacto.— Aclarado el primer concepto, paso a explicar los siguientes. a) CARTA: en términos generales, es una concesión de un soberano —un rey, por ejemplo— hecha a determinadas personas, corporaciones, etc., otorgándoles ciertos derechos o privilegios (en España se las llamaba "cartas pueblas" y, más tradicionalmente "fueros"). La famosa Carta Magrta inglesa, de 1215, es una de las tantas cartas medievales, como las que existieron en España. Por esta razón, jurídicamente hablando, es impropio denominar "mi Carta Magna" a la Constitución Argentina, como también lo es aplicarle tal calificativo a cualquier otra auténtica constitución. 122.— b) PACTO: se llama así al acuerdo celebrado entre Estados soberanos, con el objeto de armonizar algunos aspectos de las relaciones políticas, entre sí y con los demás miembros de la comunidad internacional. La confusión surge al hablarse de Estados federales y confederados, que son políticamente diferentes. En efecto, la constitución es el fundamento jurídico del Estado federal —claro que cuando se dan los requisitos del párr. 86—; en cambio, el Pacto, es la base legal de una confederación. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Es también impropio entonces, calificar de pacto a una constitución, aunque bien puede ocurrir que la constitución sea el resultado de un Pacto Federal. Tal lo ocurrido entre nosotros con los pactos interprovinciales —como el Pacto Federal de 1831— con relación a la Constitución de 1853; cosa análoga sucedió en los Estados Unidos de América. 123. Clasificaciones.— I) Según el procedimiento para su elaboración y reforma se las divide en rígidas, flexibles (así las clasificó Bryce) y semirrígidas (agregadas por Barthélémy). 1) Rígidas: son aquéllas dictadas por una autoridad superior a los poderes ordinarios —el llamado poder constituyente— y que sólo pueden ser modificadas por otro poder constituyente. Están, por lo tanto, fuera del alcance de los poderes ordinarios o constituidos, que integran el gobierno. Verbigracia, las de la República Argentina (antes de la reforma de 1994), Estados Unidos, etc. Prueba de ello es que nuestra ley fundamental dispone en el art. 30: "La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto" (v. además el párr. 125). Cabe hacer notar que esta ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, ya que excede sus facultades colegislativas. Así lo entiende la doctrina predominante. 124.— 2) Flexibles: son aquéllas que pueden ser establecidas o modificadas por el Poder Legislativo ordinario, de la misma manera que las demás leyes. Esta clase ha sido incluida para encuadrar el caso único de Inglaterra, pues en este país —^tan peculiar por muchos motivos— la distinción entre leyes constitucionales y ordinarias no existe; lo único real es que una ley posterior deroga la anterior que trate del mismo asunto. Pero —y aquí está la explicación de esta heterodoxia técnico-constitucional— sucede que en Inglaterra hay ciertas leyes como la Carta Magna (1215), la Petición de Derechos (1628), la Ley de Hábeas Corpus (1679), el Bill de Derechos (BillofRightsde 1689), etc., que son consideradas de hecho, como de una jerarquía superior a las demás y respetadas con el mayor celo, como lo prueban los siglos de vigencia de algunas de ellas. Y es más, pues según veremos, la Constitución inglesa, o mejor dicho, el Derecho Constitucional, es predominantemente consuetudinario. 125.— 3) Semirrígidas o semiflexibles: son aquellas que pueden ser dictadas o reformadas por el Poder Legislativo, reunido a tal fin y con una mayoría predeterminada, superior a la necesaria para la sanción y reforma de las leyes comunes. Por ejemplo, "leyes constitucionales" francesas de 1875. Hasta 1946 —año en que se dictó la Constitución de la 4' República— Francia sólo tenía leyes constitucionales sueltas, aprobadas por las tres cuartas partes del Parlamento. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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En lo que se refiere al carácter de la Constitución argentina desde la reforma de 1994, hay discrepancias en la doctrina; en efecto, mientras algunos autores opinan que sigue siendo rígida, otros afirman que es semirrígida y, por mi parte, considero que es mixta rígida-semirrígida, con franco predominio del carácter rígido (para más detalles, véase el apéndice de este capítulo). 126.— Según he destacado, el criterio discriminatorio de esta clasificación es procesal, porque se atiende a los distintos procedimientos a seguir para la elaboración y reforma de la ley fundamental. Desde otro punto de vista, podríamos llegar a conclusiones opuestas; en efecto, atendiendo a la mayor o menor permanencia en la realidad histórica, podríamos decir que la Constitución inglesa es rígida, o mejor aún, estable, etc. 127.— II) Según su forma, las constituciones legisladas se dividen así: 1) Codificadas. Por ejemplo. República Argentina, Estados Unidos, etc.; o 2) No codificadas: es el caso de las leyes constitucionales francesas antes de 1946. De ambos sistemas me parece preferible el primero, por las razones expuestas al hablar de las ventajas de la codificación. 128.— III) Suele dividírselas también en: 1) Escritas (o legisladas); o 2) A'o escritas (o consuetudinarias). Esta clasificación, aunque no muy difundida, es errónea, porque ni aun la Constitución inglesa es sólo consuetudinaria; en realidad, es predominantemente consuetudinaria, ya que si bien en su mayor parte está integrada por costumbres tradicionales, celosamente respetadas por el Parlamento, el Gabinete, el Rey, etc., también existen una serie de leyes que de hecho tienen jerarquía constitucional: además de las ya citadas en el párr. 124, recordaré la "Ley de Reformas Electorales" {ReformAct—1832—); el ParliamentAct {\9\\); el Parliament Qualification of Women Act (1918); etc. 129.— IV) Dadas las deficiencias de la clasificación anterior, agregaré la de Adolfo Posada, mucho más exacta. Refiriéndose por supuesto a la constitución total de un Estado, es decir, a su derecho constitucional, distingue: 1) Predominantemente legisladas, que pueden ser: a) codificadas, o b) no codificadas. 2) Predominantemente consuetudinarias (la de Inglaterra). Esta clasificación es más acertada que la anterior, porque aun en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene su Constitución legislada y codificada, la costumbre desempeña un papel importante.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA CONSTITUYENTE 607 - Cap. 21 Copia Privada PODER para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

130.— V) Además, por lafonna de gobierno que establecen, se habla de constituciones monárquicas o republicanas, existiendo todavía algunas clasificaciones más, desde otros puntos de vista. A propósito de esta última clasificación, conviene aclarar que una auténtica constitución puede muy bien establecer un régimen monárquico —limitado por cierto— como sucede en Suecia, Noruega, etc., países organizados como verdaderos Estados constitucionales. IV. PODER CONSTITUYENTE 131. Concepto.— Suele decirse que es aquel poder capaz de dictar una constitución o, en otros términos, aquella voluntad política capaz de dictar una constitución. Dentro de este concepto, un dictador puede ser titular del poder constituyente. Pero sucede que la expresión "poder constituyente", fue creada por Sieyés para designar el poder soberano —soberano en el sentido de que no reconoce ningún poder superior a él— que pasó al pueblo cuando se derrocó al absolutismo monárquico. En consecuencia, creo que no puede prescindirse del pueblo como titular, en una definición del poder constituyente: es por ello que cabría definirlo como el poder soberano que tiene el pueblo de dictarse una constitución, o bien, preceptos constitucionales sueltos. 132.— PODERCONSTITUYENTE Y SOBERANÍA. A lo ya dicho en el párr. 31, agregaré algunas aclaraciones. El poder constituyente es el poder soberano del pueblo. En efecto, el concepto de soberanía fue creado para justificar y denominar el poder supremo de los monarcas absolutos y, cuando ese poder pasó al pueblo, se siguió usando por la fuerza de la costumbre la expresión "soberanía", pero complementándola con las palabras "del pueblo ", para indicar el cambio de titular. A su vez, la expresión poder constituyente surgió para designar la soberanía del pueblo, a efectos de darse una constitución; por este motivo, sólo debe hablarse de poder constituyente, para designar el poder soberano del pueblo y nada más que del pueblo. Es por ello que creo incorrecto decir "poder constituyente del rey" o de un dictador, etc. En síntesis, lo repito, poder constituyente es el poder soberano del pueblo para dictarse una constitución. Como puede apreciarse, el poder constituyente es la manifestación más radical de la soberanía del pueblo, porque ésta también se manifiesta, por ejemplo, en la elección de un gobernante, sin que el pueblo actúe allí en función constituyente.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 133.— Dice en el sentido explicado, C. Sánchez Viamonte 39; "el concepto de poder constituyente fue creado para el pueblo, así como el concepto de soberanía, había sido creado para el rey. No es posible restituir a los autócratas y oligarcas con el nombre de poder constituyente, aquella soberanía que los reyes perdieron". Y haciendo referencia a esos vocablos que se siguen usando igual aun cuando su contenido haya cambiado, afirma: "Esto es lo que ocurre con el vocablo soberanía que corresponde a la monarquía de derecho divino y que, no obstante, ha seguido siendo empleado cuando se instituyó la República y cuando el constitucionalismo hizo del gobierno un poder constituido y subordinado. La monarquía subsistía aún en Francia cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, y ya hemos demostrado que quienes la redactaron no tenían el propósito de crear de inmediato la República. Hablaban, por consiguiente, el lenguaje monárquico y utilizaron la expresión soberanía como uno de los tantos resabios que unen el presente con el pasado, a guisa de cordones umbilicales en la continuidad de la cultura" *. Pero ellos hablaban de soberaníafiopular, adjetivando así ese poder soberano y demostrando que había pasado del rey al pueblo. "En eso consistió la revancha del pueblo, antes sometido a la voluntad del rey, y que ahora se declara dueño de sí mismo e impone su voluntad o pretende imponerla tan absoluta e ilimitadamente como cuando estaba obligado a soportar la ajena" •". 608

134. Fundador de la teoría.— El abate Sieyés (1748-1836) fue el primer formulador de la teoría del poder constituyente, que expuso en su famoso opúsculo: "¿Qué es el tercer Estado?" (1788). 135. Síntesis.—El punto de partida de esta teoría, es la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos (el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), siendo el primero ilimitado en principio, mientras que los segundos deben actuar dentro del marco establecido por aquél. Un ejemplo de tales limitaciones lo proporciona el art. 29 de la Constitución Nacional, que prohibe al Congreso Nacional y a las Legislaturas provinciales, la concesión de "facultades extraordinarias" al Poder Ejecutivo nacional o a los gobernadores de provincia, respectivamente. 136. Aplicación práctica de la teoría.— Estados Unidos de América, además de ser el primer país federal de la historia, es también el primer país del mundo que se organizó como un verdadero Estado constitucional. Esto es así no sólo por el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales vigentes en aquella época (que las trece colonias inglesas de Norteamérica —que formaron los EE.UU.— habían trasplantado de Inglaterra), sino también porque su estructura política incluyó desde que fue aprobada la Constitución Federal 39

SÁNCHEZ VIAMONTE, C , Deieclw Conslilucioncil, T. I, Buenos Aires, 1945, pág. 589. "'^ Wí/H, pág. 282. *" ídem, pág. 283.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PODER CONSTITUYENTE 609 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

(1787), la independencia del Poder Judicial (v. párrs. 139 y sigs.), y una neta separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esto último es fácilmente explicable; en efecto, como las trece colonias que los ingleses habían organizado a lo largo de la costa atlántica de la América del Norte no tenían vinculación política entre sí (divide para reinar), y dependían cada una directamente de la Corona Británica, se consideraban con personalidad política propia y, tanto al ingresar a la Confederación como al redactarse la Ley Fundamental de 1787, con la creación de un órgano central de gobierno, cada Estado —celoso de su soberanía— exigió que se limitaran con precisión los poderes del gobierno central. Por eso en la Constitución —de corte mucho más federal que la nuestra— se limitan las atribuciones de los poderes constituidos y se establece que sólo podrá ser reformada con la aprobación de los Estados miembros, previo cumplimiento de una serie de requisitos. Tal como está redactada, hay en la Constitución estadounidense una doble manifestación de la soberanía del pueblo; primero, como una unidad política, al dictarse la Constitución por la Convención Nacional y, después, como miembros integrantes de esa unidad, al aprobarse o rechazarse la Constitución o las reformas, por los Estados. Pero, en definitiva, ese procedimiento que institucionaliza la doctrina del poder constituyente, tenía por finalidad asegurar la plena soberanía del pueblo y, en consecuencia, sólo podría modificarse por decisión soberana del poder constituyente. En síntesis, en esta primera configuración histórica del poder constituyente, influyó sobre todo el carácter acentuadamente federal del Estado que se creaba. 137.—El constitucionalismo nació, pues, en Estados Unidos, antes que en Francia e influyó sobre ella; por eso, la Revolución Francesa no es original como creación institucional (el Estado de derecho se había establecido ya en América), pero sí lo es como revolución político-social fundamentada en un extraordinario aporte ideológico que, por sus proyecciones, favoreció una verdadera transformación política en el mundo civilizado. Este doble aporte franconorteamericano se refleja en nuestro país y aun en hispanoamérica, en la que si bien la fuente inspiradora de su organización institucional fue Estados Unidos (el Derecho Constitucional estadounidense ha sido el inspirador del Derecho Constitucional de la mayor parte de los estados latmoamericanos), ha sido Francia ¡a cuna de nuestra ideología democrática. 138.— En Europa, por el contrario, no encontramos una auténtica realización práctica de la teoría esbozada, como lo muestra la circunstancia de que el poder constituyente y el legislativo ordinario, suelen ser ejercidos por un mismo órgano, siendo típico a este respecto el caso de Inglaterra. No obstante, últimamente se ha observado una reacción saludable, con el establecimiento de algunas repúblicas democráticas —las monarquías van dehttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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sapareciendo— en las que el referéndum constitucional contrabalancea el inconveniente anterior y permite manifestar la auténtica voluntad del pueblo en ejercicio de su soberanía. Un ejemplo de ello lo tenemos en Francia, donde el primer proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Nacional, fue rechazado por el referéndum popular que, posteriormente, aprobó el segundo proyecto, convirtiéndolo en la Constitución de Francia (1946). V. DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES 139. Concepto.— Según esta forma teórica, para que haya una real y efectiva vigencia de los derechos fundamentales, el gobierno debe estar a cargo de tres órganos básicos —los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)—-autónomos recíprocamente, pero en estrecha armonía funcional y subordinados todos al imperio de la Constitución y las leyes. Cada uno de ios tres poderes tiene su función propia: el Legislativo, hacer las leyes; el Ejecutivo, la ejecución práctica de las mismas o administración del Estado, y el Judicial, su aplicación en caso de conflicto. Se trata, pues, de una separación orgánica (órganos o instituciones distintas para cada poder) y funcional (cada órgano con funciones propias). 140. Finalidad.— La división orgánica y funcional de poderes, es la más segura garantía para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el mejor freno de la arbitrariedad y el despotismo. Pero para que esa división, con su necesario equilibrio o interdependencia, asegure en primer término el fiel cumplimiento de la Constitución, más que la separación entre el Legislativo y el Ejecutivo, que es mayor en el régimen presidencial y menor en el parlamentario, es necesaria la existencia de un Poder Judicial independiente. En los países de América—que se organizaron según el modelo estadounidense—existe en general un Poder Judicial independiente. En Europa, por el contrario, ningún país lo ha establecido, no obstante ser Francia la cuna de esta doctrina, y el Poder Judicial está subordinado en mayor o menor medida a los otros poderes. Un juez europeo —como dice un autor— carece de la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, de que están investidos los magistrados argentinos; para un inglés como para un francés o italiano, resulta inconcebible que la voluntad expresada por los varios cientos de personas que integran un parlamento, pueda ser quebrantada por la resolución que firma un magistrado judicial. 141. Hay separación, pero también interdependencia y armonía.—En realidad, como lo puso ya de manifiesto Montesquieu, esa división de poderes no es absoluta; por el contrario, el sistema divulgado por él en Francia, fue lia-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para Didáctico y Científico SEPARACIÓN DEuso LOS PODERES: DOCTRINA 611 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN mado át frenos y contrapesos entre los poderes y es un mecanismo armónico de controles recíprocos, que crea una verdadera interdependencia y armonía de poderes. De este modo lo han establecido la mayoría de las constituciones modernas, siendo éste el caso de la muestra, como vamos a ver: el Poder Legislativo sanciona la ley, pero con la colaboración del Poder Ejecutivo, influyendo además sobre éste, creando o suprimiendo empleos, restando o denegando acuerdo para designar a altos funcionarios públicos, aprobando o desechando los tratados internacionales firmados por el Poder Ejecutivo, declarando el estado de sitio, autorizando la declaración de guerra o el restablecimiento de la paz, etc. Por otra parte, el Congreso ejerce funciones jurisdiccionales, cuando decreta el desafuero de uno de sus miembros, o cuando se pronuncia en juicio político. El Poder Ejecutivo es colegislador, pues promulga las leyes sancionadas o les opone el "veto"; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias o prorroga las sesiones ordinarias; presenta proyectos de ley, y los ministros pueden tomar parte en las deliberaciones del Congreso, aunque sin voto; informa anualmente al Congreso sobre la marcha de la administración nacional; los ministros están obligados a contestar los pedidos de informes de las cámaras, etc. Además, existe coordinación del Ejecutivo con el Judicial, ya que el primero nombra los jueces con acuerdo del Senado; ejerce el indulto y la conmutación de penas, etc. y, a su vez, el Poder Judicial puede declarar nulos los actos administrativos que ataquen los derechos de los particulares. Finalmente, el Poder Judicial controla también al Poder Legislativo, pudiendo declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero necesita del concurso del Ejecutivo para hacer cumplir sus decisiones, etc. Queda así aclarada la verdadera interdependencia y armonía funcional existente entre los poderes. Las consideraciones anteriores nos demuestran también que la denominación clásica de cada uno de los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no significa que haya una correlativa división de funciones, con el carácter de exclusivas, si bien —por cierto— la función homónima de cada poder es la predominante en cada uno de ellos. 142. Evolución histórica de la doctrina.— En general, todas las teorías políticas se han ido desarrollando a través de la historia, por obra de distintos autores, hasta llegar a uno que las sistematiza o expone orgánicamente. Veamos lo que ha sucedido con ésta, a través de los principales autores. Fue esbozada por Aristóteles, Locke y Bolingbrocke, pero recién Montesquieu —cumbre del pensamiento político del siglo XVIII— la expuso magistralmente en el Capítulo VI, del Libro XI, del Espíritu de las Leyes (1748). 143.— ARISTÓTELES (S. IV a. C), en su obra Política, nos habla de los tres organismos que integraban el gobierno de Atenas: la Asamblea Popular (Poder Legislativo), los Magistrados (Poder Ejecutivo) y los Tribunales (Poder Judicial). A pesar de ello, la realidad ate-


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niense no le inspiró la idea de una separación orgánico-funcional de poderes. De manera entonces que, la tríada aristotélica, es ya un esbozo de la doctrina de Montesquieu, claro que no como doctrina fundamental, sino con el carácter de constatación de lo entonces existente. 144.— JOHN LOCKE (1632-1704), padre del liberalismo, "fue el primero que, con un miraje moderno, percibió la utilidad de una separación de los poderes como garantía formal del subjetivismo de la libertad" 42, y en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil, puntualiza una separación orgánica y funcional de los poderes del gobierno. a) La división orgánica la hace en dos grandes departamentos institucionales: el Poder Ejecutivo (el Rey) y el Poder Legislativo (Parlamento); el primero subordinado a este último. No señala al Poder Judicial y lo considera como un órgano dependiente del Poder Legislativo, al cual llama "Supremo Poder". En la realidad política inglesa, la Cámara de los Lores tenía altas funciones judiciales (y las sigue teniendo —v. Cap. 15, párrs. 47 y 49—). b) La separación/Mncíona/ la realizó entre Poder Legislativo, Poder Ejecudvo, poder federativo y poder discrecional o de prerrogativa; estas tres últimas funciones quedaban a cargo del órgano ejecutivo, so pena de producir el desorden y la ruina. El poder federativo comprendía funciones relativas a las relaciones exteriores: paz, guerra, ligas y alianzas, etc. El poder de prerrogativa comprendía el conjunto de facultades reservadas por la Corona y libradas a su discrecionalidad, porque el Poder Legisladvo no puede prever todas las necesidades, "se hace necesario otorgarle al Poder Ejecutivo una consentida latitud para hacer libremente lo que las leyes no prescriben". Sintéticamente, encontramos, pues, en Locke, la idea de separación orgánica y funcional, pero a más de no considerar el Poder Judicial, sitúa los poderes en planos desiguales, subordinando el Ejecutivo al Legislativo. 145.— BoLiNGBROCKE (1678-1751), en una serie de artículos polémicos expuso su concepción sobre la necesidad de un gobierno mixto para Inglaterra, con un equilibrio y control recíproco de poderes entre el Rey y el Parlamento. Las expresiones usadas por él son; frenos recíprocos, retenciones y reservas recíprocas, etc., concluyendo que sólo así se conseguiría establecer un gobierno libre. Corresponde, pues, a Bolingbrocke, el mérito de haber destacado la necesidad del equilibrio de poderes (equilibrium of powers) en e! gobierno del Estado. 146.— MONTESQUIEU (1689-1755), completando a Locke y a Bolingbrocke, expone orgánicamente la verdadera fórmula de la teoría que estudiamos, en el Capítulo VI, del libro XI, del Espíritu de las Leyes, intitulado "De la Constitución de Inglaterra". Él es, pues, el verdadero progenitor de la teoría de la separación de los poderes. La "divina trinidad" de Montesquieu comprende: el Poder Legislativo dividido en dos cámaras (de las cuales la compuesta de "aristócratas" hará de poder moderador); el Poder Ejecutivo, en manos del Monarca (era partidario de la monarquía constitucional); y el Poder Judicial, que constituye toda una innovación, en manos de jueces independientes. Esta categorización del organismo que cumple el servicio de justicia como poder del gobierno, es 42

SAMPAY, A. E., »b. cit., en nota 35, pág. 73.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para Didáctico y Científico SEPARACIÓN DE uso LOS PODERES: DOCTRINA 613 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN realmente original de Montesquieu, pues a pesar del gran prestigio profesional y moral que rodeaba a los jueces ingleses, no constituían en realidad un poder independiente. El autor del Espíritu de las Leyes consideraba de ruinosas consecuencias que una misma persona o grupo de personas ejercieran los tres poderes ("Todo se habría perdido, si el mismo hombre, o el mismo cuerpo ejerciera estos tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutarlas y el de juzgarlas"). Desarrollando el principio, sostiene que si el Poder Ejecutivo fuera a la vez Poder Legislativo, todo se haría por medio de decretos y tendríamos el despotismo; si el Poder Ejecutivo ejerciera el Poder Judicial, los habitantes no estaríamos garantizados contra los abusos del gobierno, pues tendrían que acudir en demanda de justicia ante la misma autoridad que la desconociera (es muy difícil ser juez y parte en una misma causa sin perder la imparcialidad). En la misma situación se está si el Poder Judicial fuera al mismo tiempo Poder Legislativo, porque cada sentencia sería una ley, lo que va contra el carácter común de las leyes que es la generalidad y se podría entonces disponer de la libertad y vida de los habitantes; si el Poder Judicial fuera al mismo tiempo Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor; etc. 147.— En síntesis, Montesquieu superó a Locke, que concibió antes la separación de los poderes y a Bolingbrocke que sostuvo la necesidad del equilibrio compensatorio entre los mismos. La doctrina no es, pues, completamente original de él, pero su gloria imperecedera estriba en haberla perfeccionado agregándole el Poder Judicial, y en haberla concebido como la más segura garantía de los derechos individuales y el mejor freno de la arbitrariedad y el despotismo. 148.— Para completar el concepto, agregaré: a) Que a Montesquieu le inspiró su teoría, la realidad política de Inglaterra, que conociera a raíz de su permanencia en aquel país, aunque —como los caballeros del pincel— superó el modelo, porque las instituciones inglesas de entonces no presentaban tal división: la judicatura —según dije— no constituía un poder, etc. b) La necesidad de control recíproco entre los poderes —sistema llamado de \os frenos y contrapesos— la explicaba, diciendo que, como todo hombre investido de autoridad tiende a extralimitarse, es necesario "que el poder detenga al poder" (que le pouvoir arréte le pouvoir). c) Por último, después de enunciar la teoría de la separación de los poderes, inesperadamente, en una locución trunca, dice Montesquieu que el Poder Judicial es en cierto modo nulo (est en quelquefagon nulle). Esta afirmación se explica porque dicho autor creía que los jueces "no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderarle ni su fuerza ni su rigor" ^^. En otros términos, serían personas que aplican la ley en forma automática, mediante el silogismo judicial (v. Cap. 14, párr. 9). Como esto es erróneo, puede afirmarse que para Montesquieu el Poder Judicial es en cierto modo nulo, porque desconocía la función creadora de los jueces (v. Cap. 14, párrs. 10 a 12). 149. Aplicación práctica de la teoría.— La reunión total o absoluta de los poderes dice acertadamente Legón 44— "no es dable encontrarla en momento ni en sitio alguno. El Espíritu de las Leyes, Ed. Libertad, Buenos Aire.s, 1944, pág. 156. Distinción y Jerarquía de Poderes, Buenos Aires, 1932, págs. 5 y 6.


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Siempre algún esbozo de diferencia aparece para señalar la dualidad o multiplicidad de funciones y órganos autoritarios. Por lo demás, la lucha constante para definir esas diferenciaciones, marca las etapas liberadoras de las sociedades en su afán de personificarse. El esfuerzo es penoso; no siempre el éxito es inmediato; se advierten a veces los retrocesos; pero, en conjunto, la línea no se interrumpe sino para reanudar la marcha diferenciadora, como obedeciendo a impulsos cósmicos y psicológicos incontenibles. No hay gobierno de horda o de tribu —ha podido afirmarse— que no comporte un contrapeso, el cual le permite durar: el reyezuelo negro que con sus propias manos corta la cabeza de sus subditos, ya tenía a su lado el hechicero. En el Egipto, los sacerdotes reducían en parte el terrible poder del faraón". 150. La doctrina se aplicó por primera vez en Estados Unidos.— Efectivamente, la Constitución de Estados Unidos (1787) establece una nítida separación de órganos y funciones de gobierno. En Francia, por el contrario, no obstante la enfáüca declaración contenida en el art. 16 de la Declaración de Derechos ("Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución"), no se ha aplicado integralmente, según ya se ha visto. Los países hispanoamericanos han seguido en general el modelo de Estados Unidos. Comparando a este respecto las insfituciones europeas y americanas, dice acertadamente Sánchez Viamonte '*^: "Las monarquías constitucionales y las repúblicas europeas de nuestro tiempo fueron antes monarquías absolutas, y el proceso histórico de su desarrollo institucional ha dejado en sus pueblos un complejo que les impide comprender el gobierno, como expresión de la soberanía popular, no obstante la consagración de aquel precepto de los derechos del hombre: rodo poder emana del pueblo. "Los países americanos se organizaron en naciones, directamente bajo la forma republicana, a excepción del Brasil. En ellos fue fácilmente comprendida la división de poderes, como distribución de funciones en la unidad inseparable del gobierno, producto todo él de la voluntad popular. Por lo menos esa fue la doctrina inobjetable e inobjetada. "En los países europeos se distinguió como cosas diferentes y opuestas el gobierno y el parlamento. "Este último había nacido y se había desarrollado históricamente, para luchar contra el gobierno, asumiendo la representación de la nación toda frente al poder de la corona; y cuando se adoptó la monarquía constitucional, o la forma republicana, el ejecutivo estuvo desempeñado por un rey o un presidente y por un gabinete que, aun emanado del parlamento, seguía siendo el gobierno en la lucha virtual con el parlamento, al cual podía disolver, y por voluntad del cual podía —a su vez— ser derribado. "Ésa es la causa de que los europeos no comprendan nunca del todo la división de poderes del sistema americano, creado por Estados Unidos y adoptado por nosotros, y nos vayan contagiando su complejo en perjuicio de nuestro sentido democrático, y como una regresión moral hacia la monarquía".

151. Los tres poderes no tienen igual "poder".— Es esto una realidad innegable, y mientras en algunos países predomina el Poder Ejecutivo, en otros tal predominio corresponde al Parlamento. "^^ Ob. cit. en nota 39, pág. 26.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para Didáctico y Científico SEPARACIÓN DE uso LOS PODERES: DOCTRINA 615 - Cap. 21 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Aunque teóricamente se tenga entendido que en los Estados de Derecho los tres poderes coexisten en un pie de igualdad, en la práctica no ocurre lo mismo; en efecto, en los países hispanoamericanos en general y el nuestro en particular, el Poder Ejecutivo es el más fuerte (pero ello no justifica que, en terminología propia de regímenes totalitarios, se denomine y>/e del Estado al presidente de una república, pues en un Estado constitucional los gobernantes no son jefes, así como los gobernados no son subditos). Por su parte, la superioridad del Parlamento es notoria en Inglaterra y Francia. En Estados Unidos, el recurso de inconstitucionalidad es utilizado por el Poder Judicial como arma política de tan vastos alcances (judicialismo político), que Eduardo Lambert pudo decir que en aquel país existe un verdadero "gobierno de los jueces". VI. HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 152.— El derecho constitucional —por supuesto que en el sentido de régimen jurídico—- data en general de la segunda mitad del siglo XVIlI, que es cuando comienza el proceso mundial de surgimiento de Estados constitucionales, con la organización de los Estados Unidos de América (la Constitución Federal es de 1787) y Francia, con la Revolución de 1789. Pero, en realidad, si bien en esa época comenzó un proceso mundial que se intensificó en el siglo XIX, justo es reconocer que la cuna del constitucionalismo ha sido Inglaterra, porque fue allí donde, por primera vez en el mundo, se logró —tras luchas seculares— el reconocimiento efectivo y estable de un conjunto de derechos fundamentales para algunos sectores de la población (la nobleza, el clero y la burguesía), lo que ocurrió afinesdel siglo xvil, con el afianzamiento definitivo del Pariamento sobre el Rey. Esto implicó el fin de la monarquía absoluta o, en otros términos, el fin del Estado absolutista inglés. Concretamente, sucedió que después de la revolución pacífica de 1688, subió al trono inglés Guillermo III de Órange (reinó de 1689 a 1702), a quien el Parlamento impuso el famoso Bill ofRights (1689), que contiene las bases liberales de la monarquía constitucional inglesa (un siglo antes que la Revolución Francesa). Al poco tiempo, en 1702, se dictó la Ley de Establecimiento, para consolidar aún más la realidad vigente. Dicho sea de paso, esta fue la culminación de un largo proceso histórico, que comenzó en 1215 con la Carta Magna, por la que el Rey concedió ciertos derechos fundamentales sólo a la nobleza (a los barones feudales).y al clero. Para evitar confusiones, conviene repetir que el primer país que se organizo institucionalmente en la forma que creo más acertada (separación entre poder constituyente y poderes constituidos; facultad del Poder Judicial de declarar la mconstitucionalidad de las leyes, etc.), fue Estados Unidos, y su Constitución na sido la fuente inspiradora del régimen constitucional de los países latinoame-


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ricanos. Porque, como es obvio, las repúblicas democráticas son la concreción más auténtica del constitucionalismo. Con el constitucionalismo se inaugura la edad contemporánea, respecto de la cual dice acertadamente C. Sánchez Viamonte '^: "Lo que constituye el hecho nuevo, fundamental y sensacional de la época contemporánea, no es la democracia que asoma constantemente a lo largo de la historia, ni la república que se presenta bajo diversos aspectos; es el constitucionalismo". Y más adelante expresa "^î "Esta revelación —la que hemos puesto en primer término— tiene por sí mi sma tal fuerza, que no pueden restarle eficacia las interrupciones inevitables ni los aparentes retrocesos. Hasta parece que no puede operarse ninguna transformación evolutiva más que por la vía del constitucionalismo, instintivamente buscada por todo impulso social de carácter positivo y excluida por todo impulso negativo, como si sólo por ese camino se pudiera avanzar en la vida del derecho. "El constitucionalismo se nos presenta así, como el cuño insustituible para la estabilización de cualquier conquista perdurable, apta para incorporarse al acervo acumulativo de una evolución auténtica". En cuanto a la Ciencia del Derecho Constitucional, surgió también a fines del siglo XVIII, sobre todo con las obras de Montesquieu y Sieyés. APÉNDICE 153. La Constitución Nacional, ¿sigue siendo rígida desde la reforma de 1994?— Al respecto hay discrepancias en la doctrina, sobre todo por la inclusión del inc. 22, apartados 2° y 3°, del art. 75 que, si bien otorga jerarquía constitucional a diez tratados sobre derechos humanos (en realidad, son ocho tratados y dos declaraciones), autoriza al Congreso a que, mediante una mayoría calificada, elimine alguno de los tratados ya "constitucionalizados", o bien jerarquice otros a tal categoría. Sobre el punto cabe aclarar, que la finalidad perseguida con esta jerarquización constitucional de ciertos tratados de derechos humanos, es asegurar una protección mayor a la persona humana, independientemente del país en que se encuentre. Por otra parte, esto es un reflejo de la tendencia mundial que se ve hoy día, de dar entrada en el derecho interno de los Estados, al derecho internacional de los derechos Immanos 48. '^ Ob. íit. en nota 38, pág. 24. ' ¡dem, pág. 2!. ''^ Protección internacional de los derechos humanos.— Como surge de lo explicado a lo largo del texto, el mejor régimen político para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales del hombre es la democracia constitucional, más allá de las diferencias político-institucionales de los respectivos Estados democráticos. No obstante ello, puede ocurrir que los derechos huirianos de una persona, sean violados en cualquier país, no sólo de régimen político autocrático, sino también democrático, aunque en este último supuesto, la probabilidad de dichas transgresiones sean menores. Para estos casos hay ya y se está difundiendo cada vez más por el mundo, una protección internacional de tales derechos. En general, esta protección consiste precisamente


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O RÍGIDA? DISTRIBUCIÓN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, ¿ES 617 - Cap. 21 154.— Los apartados 2° y 3° del inciso 22 (art. 75), disponen lo siguiente: "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos (sigue la enumeración de los tratados); en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. "Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional". De la lectura de esta parte del art. 75, surge que adolece de una redacción algo confusa, sin perjuicio de algún error de técnica legislativa, como ya veremos. Todo ello ha influido para que se hayan formulado diversos criterios interpretativos '•î a) Para algunos autores, sigue siendo rígida, porque si bien el Congreso, cumpliendo algunos requisitos, puede "constitucionalizar" ciertos tratados sobre derechos humanos, como dichos tratados —según dispone el inciso 22— "no derogan artículo alguno..." y debe interpretarse que son "complementarios de los derechos y garantías...", resulta que, en definitiva, la Constitución no es modificada por ellos. b) Otros autores afirman que es semirrígida, porque el Congreso (poder constituido), con una mayoría especial, tiene competencia para excluir algunos de los derechos humanos en el amparo que un tribunal internacional de justicia, puede ofrecer a toda persona que haya sufrido la violación de uno o varios de sus derechos humanos, en el país donde vive, sin haber podido lograr de los tribunales judiciales del Estado en que habita, la reparación pertinente, inclusive si correspondiera, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Un ejemplo de esta protección internacional en el ámbito americano es la que presta la "Corte Interamericana de Derechos Humanos", creada por el Pacto de San José, de Costa Rica (1969), que fue aprobada por la República Argentina en 1984, mediante la ley 23.054 (B.O., 24-111-1984). Otro ejemplo, pero ya en el marco de la Unión Europea, es el tribunal con asiento en la ciudad de Estrasburgo. Francia (Corte Europea de Derechos Humanos). Por otra parte, cabe recordar que después de \a Segunda Guerra Mundial (\9?i9-l945), con la derrota del régimen totalitario nazi, además del fascista, empezó una campaña internacional de protección de los derechos humanos en todo el mundo, a pesar de la diversidad de regímenes políticos, inclusive por lo tanto en aquellos Estados no democráticos. El desafío era (y es) de muy difícil concreción por lo antedicho, pero de cualquier manera la decisión fue avanzar por ese camino. El primer paso en tal sentido, para establecer qué derechos humanos había que proteger, fue la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la "Declaración Universal de Derechos Humanos" (1948). Más adelante tuvo lugar un hecho histórico importantísimo, como fue la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este, cuyo inicio se fijó —como fecha simbólica— en el día que comenzó la demolición del Muro de Berlín (9-XI-1989). En reemplazo de dichos regímenes, empezaron a surgir Estados democráticos (de estructura capitalista en lo económico), con la consiguiente difusión de los derechos humanos (v. Cap. 25, párr. 9). Por otra parte, no debemos olvidar la importancia que ha tenido el extraordinario avance de las comunicaciones, que permite a los pueblos tener una mejor y más rápida información, de lo que pasa en el resto del mundo. Resumiendo puede afirmarse que la protección internacional de los derechos humanos, es una tarea muy diticilque implica no sólo información, sino dar además a los pueblos involucrados una educación cívica democrática, a fin de que impulsen dicha protección internacional por todo el mundo. Véase BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental del Derecho Constitucional Argentino. T. VI, "La Reforma Constitucional de 1994", Ediar, Buenos Aires, 1995, pág. 227.


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y garantías constitucionalizados por tratados, o bien dar esta jerarquía a otros derechos humanos y garantías, que no puede considerarse con carácter general, que ya estén contemplados indirectamente entre los derechos no enumerados o implícitos (art 33); en efecto, el concepto de estos derechos es muy elástico e impreciso. Vale decir entonces que la constitucionalización de un tratado que incluye uno o varios derechos humanos que no estén expresamente previstos en la Constitución Nacional (p. ej., el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por ley 23.054, de 1984), agrega algo nuevo a la ley suprema y, siendo así, la modifica en menor o mayor medida. Otro argumento que se invoca en pro de este criterio, surge del mismo inciso 22 (2° ap.), cuando dice que "no deroga artículo alguno de la primera parte de esta Constitución..." ¿Esto implica aceptar, a contrario sensu, que puede ser derogado algún artículo de la segunda parte! En síntesis, para este criterio resulta claro que desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional puede ser modificada por dos vías: la del art. 30 (v. párr. 114), y la del art. 75, inc. 22 (aps. 2° y 3°), aunque en este último caso, únicamente para eliminar o agregar derechos humanos, por intermedio del Congreso. En definidva, pareciera que hay algo de cierto en ambas posiciones, por cuyo motivo cabe un tercer criterio. 155.— c) Desde la reforma de 1994, la Constitución argenfina es mixta rígida-semirrígida, con franco predominio del carácter rígido; en efecto, sintéticamente puede afirmarse que casi toda la Constitución es rígida, salvo los apartados 2°y 3°del inc. 22, del art. 75, que son semirrígidos. Aclaremos un poco más esto: c') La segunda parte de la ley suprema ("Autoridades de la Nación —arts. 44 a 129—), es casi toda rígida, salvo los apartados 2°y 3° del inc. 22, del art. 75, que son semirrígidos; en efecto, por una mayoría calificada del Congreso (dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara), el apartado 2° puede ser objeto de reformas, mediante la exclusión de uno o varios de los tratados internacionales sobre derechos humanos allí mencionados. A su vez, el apartado 3° autoriza la reforma de la ley suprema en materia también de derechos humanos, mediante la constitucionalización de otros tratados sobre dicho tema. Ahora bien, por referirse precisamente a derechos humanos, las reformas analizadas proyectan sus consecuencias sobre la primera parte de la Constitución, ya que ella es la que rige específicamente tales derechos y garantías. c2) Aclaraciones sobre el contenido de la primera parte de la ley suprema: en realidad tiene dos subpartes (o secciones —digamos así—): 1) la primera, es la que el propio texto constitucional llama "primera parte" (arts. 1° a 43), cuyo capítulo primero se titula "Declaraciones, derechos y garantías", denominándose el segundo "Nuevos derechos y garantías;" 2) la segunda subparte es lo que podría llamarse "el complemento" de la primera parte, y comprende el conjunto de derechos humanos y garantías que surgen de los tratados de jerarquía constitucional. Aclarado lo anterior, veamos ahora el: c^) Carácter de la primera parte de la Constitución: 1) la primera parte propiamente dicha de la ley suprema (arts. 1° a 43), es rígida, porque para reformarla debe reunirse una convención constituyente (art. 30); en cambio, 2) el "complemento " de la primera parte, al estar determinado por el apartado 2° y 3° del inc. 22 del art. 75, es semirrígido como estos. A mayor abundamiento, aclaro que hasta cierto punto hablar aquí de "complemento" de la primera parte, es una repetición de lo dicho cuando hice referencia a la segunda parte de la Constitución (inciso c'). El motivo es simplemente evitar cualquier confusión.



CAPÍTULO 22

DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO FINANCIERO Y DERECHO MUNICIPAL EN APÉNDICE: RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Y DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA) SECCIÓN PRIMERA

DERECHO ADMINISTRATIVO 1. Aclaración previa.— Son muchas las divergencias doctrinarias que existen en lo referente a la definición de este sector jurídico, debiéndose ello, en gran parte, a que la Dogmática Administrativa es una disciplina cuyo objeto cambia constantemente. Como no corresponde entrar aquí en un análisis profundo de este problema, daré una definición que me parece sencilla y acertada, reconociendo desde ya que —como toda definición de objetos sin contornos bien precisos— no representa más que un concepto aproximado. 2. Concepto.— Comencemos analizando algunos de los criterios definitorios propuestos, porque resultará de mucha utilidad para comprender la órbita de esta disciplina '. Para un estudio detallado del concepto de Administración Pública, véase VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1949, pág. 1.


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I) DEFINICIÓN REFERIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Según este criterio, el derecho administrativo es el régimen jurídico de la administración pública. Esta definición —tautológica en realidad— tiene el inconveniente de incluir una expresión equívoca, como lo es "administración pública". En efecto, se la emplea en tres sentidos básicos: 1) Sentido material (o sustancial o funcional): administración pública significa entonces toda actividad o función administrativa, sea cual fuere el poder del gobierno que la realice. Por ejemplo, administración pública a cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, etc. Como puede apreciarse, se parte de la división de las funciones del gobierno en: legislativas (la de dictar normas jurídicas), jümcí/ccíona/ej o judiciales (la de hacer justicia) y administrativas. Este último tipo de actividad ha sido caracterizado como "la actividad permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran" -. Por ejemplo, el servicio de correos, cuando lo presta el Estado, es una actividad administrativa, porque el gobierno provee directamente (es decir, que él mismo realiza el servicio a través de algunos de sus órganos), a la satisfacción inmediata de la correspondiente necesidad colectiva (en cambio, las funciones legislativa y judicial, satisfacen necesidades de manera mediata). En conclusión, para denominar a esta actividad estatal, conviene decir actividad administrativa y no administración pública. De este modo no hay lugar a equívocos, aunque convendría aclarar si esa actividad está, en general, a cargo del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En este orden de ideas, cabe hablar, por ejemplo, de facultades o atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo, Legislativo, etc. 3.— 2) Sentido formal restringido: designa al Poder Ejecutivo. Como es notorio, la mayor parte de la actividad administrativa está a cargo del Poder Ejecutivo que, por tal motivo, es llamado acertadamente "poder administrador". Por otra parte, si bien el ejercicio de funciones administrativas constituye la actividad principal del Poder Ejecutivo, conviene recordar que no es todû actividad, pues también desempeña funciones legislativas y jurisdiccionales. Con referencia a nuestro derecho positivo, la Constitución misma se opone a tal identificación de conceptos. En efecto, el art. 87, por ejemplo, establece que el Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República, es decir, de una sola persona, por lo que sería erróneo identificar a la Administración Pública —en sen^ MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, 5^ ed. actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 66.


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tido formal— con un órgano unipersonal. Esto, sin olvidar que la reforma constitucional de 1994 ha establecido una separación entre gobierno y administración; en efecto, el presidente sólo es el "responsable político de la administración general del país" (art. 99, inc. 1°), ya que es el jefe de gabinete de ministros, quien ejerce concretamente dicha administración (art. 100, inc. T). 4.— 3) Sentido formal amplio: designa a un organismo constituido por un conjunto de órganos con funciones administrativas, dependientes del Poder Ejecutivo, que también la integra como órgano superior. En otros términos, puede afirmarse que la Administración Pública es una especie de pirámide jerárquica de órganos, cuya cabeza es el Presidente de la República, por debajo de quien se halla jerárquicamente el jefe de gabinete de ministros, y luego los demás ministros del Poder Ejecutivo. Ésta es indudablemente la acepción más generalizada, inclusive en el terreno del derecho administrativo, y la que me parece correcta. Por otra parte, se ajusta a las normas fundamentales de nuestro derecho positivo; en efecto, el art. 100, inc. 3° de la Constitución Nacional, se refiere a los "... empleados de la administración...", igual que el art. 99, inc. 17, cuando dice que el presidente "puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración... los informes que crea convenientes...", todo lo cual indica que el texto constitucional hace referencia a un organismo, que es el definido al comenzar este párrafo. 5.— En conclusión, parece más conveniente descartar el sentido material de la expresión en estudio, reemplazándolo por actividad o función administrativa, que es más preciso. De este modo, cabría hablar inequívocamente de Administración Pública, en el sentido del párr. 4. 6.— II) DEFINICIÓN POR EL PODER EJECUTIVO. Algunos autores—p. ej., Santamaría de Paredes— definen el derecho administrativo como el que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Eso no puede aceptarse porque, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es el poder administrador por antonomasia, ya que constituye el órgano superior de la Administración Pública, hay que tener presente estos tres argumentos decisivos: a) que no todas las funciones del Ejecutivo son administrativas, pues tiene también funciones políticas o de gobierno; b) que también ejercen funciones administrativas, si bien como excepción, los poderes Legislativo y Judicial; y c) que con ese concepto se abarca un dominio perteneciente al derecho constitucional. 7.— III) DEFINICIÓN REFERIDA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Bielsa lo define como "el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la Administración Pública" ^. 8.— P parte) Servicios públicos. Para una prestigiosa corriente doctrinaria (Bielsa, Bullrich, Linares Quintana, Gascón y Marín, Capitant, Duguit, Jéze, Hauriou, etc.), es necesario referirse a los servicios públicos (v. concepto en el párr. 24) en la definición de esta rama del derecho, porque el régimen jurídico de los servicios públicos es la parte principal del derecho administrativo. 9.— 2^ parte) Relaciones con los particulares en razón de los mismos. Importa destacar esto en la definición, porque es esta rama jurídica la que rige los "contratos administrativos", los recursos protectores de los administrados, etc., instituciones todas que vinculan la Administración Pública con los particulares. Bielsa incluye en su definición la referencia al "contralor jurisdiccional de la Administración Pública". Villegas Basavilbaso "* dice que no corresponde hacerlo, porque dicho contralor puede estar a cargo del Poder Judicial, como sucede fundamentalmente entre nosotros, sin que por ello deje de existir el derecho administrativo: no se trata, pues, de un elemento esencial del mismo. Me parece ésta una opinión acertada y, por lo tanto, en caso de existir tribunales administrativos especiales, con un procedimiento adhoc, etc. (este último aspecto puede llamarse derecho procesal administrativo), su estudio debe incluirse en la Dogmática Administrativa, porque el respectivo régimen jurídico, constituye sin duda derecho administrativo. Ahora bien, en el caso de no existir dichos tribunales, como por eso no deja de haber derecho administrativo en el Estado correspondiente, convendrá referirse lo mismo al tema, con especial mención del régimen imperante en algunos países, por la importancia que este punto tiene actualmente en la órbita de la Dogmática Administrativa. Este criterio ha dejado de prevalecer en la actualidad, no sólo por las discrepancias sobre el concepto de servicios públicos, sino además porque si bien éstos son un sector importante del derecho administrativo, no debemos olvidar otros contenidos. 10.—

IV) DEFINICIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SENTIDO

MATERIAL. Dromi', partidario de este criterio, sostiene que el derecho administrativo es "el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa". En síntesis, es el régimen jurídico de la función administrativa. BIELSA, Rafael, Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1948, pág. 2. Ob. cit. en nota 1, pág. 54. ^ DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1995, Ciudad Argentina, pág. 141.


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11.— CONCLUSIÓN. Para sintetizar qué es el derecho administrativo en un concepto claro, me parece que lo más apropiado es encuadrar la definición en un criterio mixto material-formal de la "administración pública ", ya que hasta los autores partidarios del criterio material, reconocen que la Administración Pública en sentido formal, es el principal organismo, pero no el único, que realiza funciones administrativas, y que también está regida por el derecho administrativo. En consecuencia, considero que debe ser incluida en la definición. En síntesis, derecho administrativo es el que rige la actividad administrativa pública en general, así como la estructura y funcionamiento de todo órgano destinado a realizar funciones administrativas (principalmente la Administración Pública en sentido formal amplio —párr. 2—), y también las relaciones entre dichos órganos y los administrados. Sin pretender que se trate de un concepto inobjetable, creo que contiene los aspectos esenciales de este sector jurídico; en efecto: a) sostener que rige la actividad administrativa pública en general, implica decir que lo hace independientemente del órgano de gobierno que la realice, vale decir, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial; b) rige también la estructura de los órganos que realizan funciones administrativas, porque sin dichos órganos no hay función administrativa posible. 12. Ciencia del Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración.— Bielsa ^ y Villegas Basavilbaso' sostienen que el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la administración pública, mientras que la Ciencia de la Administración, se refiere a la política de la misma. Por ejemplo, la Ciencia Administrativa estudiará los distintos sistemas para organizar las fuerzas armadas (p. ej., el de conscripción obligatoria o el voluntario, etc.), analizando las respectivas ventajas e inconvenientes; el Derecho Administrativo regulará jurídicamente lo anterior, estableciendo, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, derechos y deberes de los militares, etc. En sentido contrario, diversos autores niegan que exista una verdadera "ciencia" de la administración, como por ejemplo Marienhoff 13.— En rigor de verdad, conviene hacer una advertencia para no incurrir en una confusión —por cierto muy corriente—, puesto que lo que se compara no es el derecho administrativo en tanto que norma (en cuyo caso sería el régimen jurídico de la administración pública), sino la Ciencia del Derecho Administrativo, de la que aquél es objeto. Como es obvio, esta disciplina jurídica no Ob. cit. en nota 3, pág. 3. Ob. cil. en nota 1, págs. 98 y 99; MARIENHOFF, Miguel, Tratado..., cit. en nota 2, T. I, pág. 163.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN es más que una rama de la Ciencia del Derecho stricto sensu o Dogmática Jurídica y presenta, por lo tanto, sus mismos caracteres. 624

14. Relaciones con el Derecho Constitucional.— Sintéticamente puede decirse que mientras el derecho constitucional establece la organización básica del Estado, el administrativo complementa en todos sus detalles esa organización y funcionamiento, con el alcance que se ha explicado al definirlo. En este sentido se ha afirmado que el derecho administrativo tiene los encabezamientos de sus capítulos en el derecho constitucional, porque es este último el que le imprime sufisonomíapeculiar. Una prueba de que lo antedicho es unfielreflejo de la verdad, la tenemos en que al surgir el constitucionalismo, con la consiguiente limitación del poder gubernamental, se planteó la necesidad de abolir las facultades realmente arbitrarias que antes tenía la Administración Pública, y encauzarlas dentro de la legalidad, para proteger los derechos e intereses de los administrados. Esto explica el surgimiento de recursos y acciones, contra las actividades de la Administración Pública que rebasen los límites legales (v, párr. 29). Lo dicho no impide la existencia de facultades discrecionales (v, párr. 23), que son algo distinto de la arbitrariedad. En lo que respecta a las diferencias entre ambos regímenes jurídicos, no hay que olvidar que una nonna sustancialmente administrativa, puede tener jerarquía constitucional. Tal, por ejemplo el art. 75, inc. 14 de la Constitución Nacional que, refiriéndose a las atribuciones del Congreso Nacional, dispone que le corresponde "arreglar y establecer los correos generales de la Nación". 15. Caracteres.— 1) Variabilidad de sus disposiciones, es decir, constante transformación. Esto es exacto en la mayor parte del derecho administrativo y se explica, porque la actividad de la Administración Pública debe satisfacer necesidades colectivas que varían constantemente en función de fenómenos económicos, técnicos, sociales, etc. Como es obvio, el derecho administrativo debe ser amoldado a esos cambios, para que las necesidades colectivas puedan ser cumplidamente satisfechas. 2) Contenido amplísimo y variado, por la multiplicidad de relaciones que debe regir, como podrá apreciarse al estudiar el contenido de la Dogmática Administrativa. 3) Es una rama del derecho público. Conviene recordar este carácter, para tener presente que en el orden administrativo, el Estado actúa siempre como poder público y, por lo tanto, en un plano de superioridad con relación a los particulares. Por ejemplo, en el caso de una concesión a un particular, para la prestación de un servicio público, la administración puede revocarla en cualquier momento. Por eso se dice que las normas administrativas son normas de subordinación, siguiendo el criterio respectivo ya explicado, para la distinción entre derecho público y privado. Según ya se aclaró, el Estado — por supuesto que a través de los respectivos órganos del gobierno— puede actuar como sujeto de derecho público (es


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decir, como poder público) y como sujeto de derecho privado. Esto no implica, según afirma Villegas Basavilbaso ^ que el Estado tenga una doble personalidad, puesto que un sujeto de derecho no puede tener sino una sola personalidad jurídica, aunque ella pueda manifestarse en relaciones jurídicas de distinta naturaleza (públicas o privadas). 16. Denominación.— No hay al respecto controversia alguna. Sólo cabe recordar que el término administración deriva del latín ad, a, y, ministrare, servir; etimológicamente significa, pues, servir a. Por su parte, administrador y ministro significan en el mismo sentido, servidores. 17. División.— En los Estados federales —y esto es una prueba más de la estrecha dependencia de esta rama jurídica con relación al derecho constitucional— se lo divide en: 1) Derecho administrativo nacional; 2) Derecho administrativo provincial; y 3) Derecho administrativo municipal. Esto no implica que se trate de divisiones con principios distintos ni mucho menos, pero hay una distribución de facultades que el jurista debe tener en cuenta, por sus consecuencias prácticas. Por su parte, en los Estados unitarios, siempre habrá que considerar frente al derecho administrativo nacional, el régimen propio de la administración municipal. 18. Contenido.— No está muy bien delimitado, lo que se explica en buena medida, porque su órbita va cambiando al compás de los cambios del intervencionismo estatal, hoy día en franca retirada, con la consiguiente reducción del sector público. No obstante, enunciaré a continuación los temas principales de esta disciplina: I) TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Se estudiad concepto, elementos, caracteres, consecuencias, clasificaciones, etc. Se trata de un tema sobre el que hay discrepancias doctrinarias. No obstante ello, considero que es correcto definirlo como toda declaración de una autoridad estatal en ejercicio de susfunciones administrativas, productora de consecuencias jurídicas respecto de los administrados (aclaro que la definición es prácticamente Igual a la de Marienhoff) ^. Por ejemplo, decretos, resoluciones, etc. ^ Ob. al. en nota 1, T. II, pág. 162.

' MARIENHOFF, M., ub. dt. en nota 2. T. ii. pág. 264.


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Una de las discrepancias doctrinarias más importantes, consiste en que para algunos autores, sólo son actos administrativos los individuales, como por ejemplo, los decretos o resoluciones particulares, porque hay también decretos y resoluciones generales (el decreto general se llama también "reglamento"); en cambio, para otros tratadistas por ejemplo, Marienhoff'°, los actos administrativos pueden ser tanto individuales como generales, sobre todo con relación al derecho argentino, ya que el régimen jurídico administrativo es igual para ambos. Este criterio se refleja en la definición antedicha, pues no habla de consecuencias jurídicas individuales, como hacen los autores que defienden este criterio. Decir que el acto administrativo debe surgir de una "autoridad estatal" y no de la "Administración Pública", implica aceptar que los poderes Legislativo y Judicial también pueden emitirlos (p. ej., cuando dictan sus reglamentos internos) que, por lo tanto, estarán sometidos al mismo régimen jurídico que los actos administrativos dictados por la Administración Pública. Por otra parte, hay que diferenciar el acto administrativo del hecho administrativo, ya que este último es la ejecución material de una decisión (p. ej., la demolición de un edificio ruinoso, etc.). También hay que distinguirlo de los llamados "actos de administración", cuyas consecuencias se limitan al ámbito interno de la Administración Pública (p. ej., circulares, instrucciones, etc.); en cambio, las consecuencias del acto administrativo, trascienden la órbita de la Administración Pública, y se proyectan sobre los administrados (p. ej., los reglamentos autónomos). Interesa recordar que la noción y vigencia de los actos administrativos, surgió con el constitucionalismo, pues con éste la Administración Pública pasó de la arbitrariedad a estar limitada por el derecho; en efecto, a partir de allí, los hechos administrativos deben realizarse previa declaración de voluntad de la autoridad competente, a través de un acto administrativo (disponiendo p. ej. la demolición de un edificio ruinoso). Un problema arduo de la Dogmática Administrativa, es el de diferenciar los actos administrativos de los llamados actos de gobierno o actos políticos (p. ej., el nombramiento de jueces, la expulsión de un extranjero, la declaración del estado de sitio, etc.). Según la doctrina corriente, estos actos son decisiones del Poder Ejecutivo, tomadas en su carácter de órgano político o gubernativo; en efecto, partiendo de la base de que todo acto referido a la organización y funcionamiento de la Administración Pública es administrativo, se considera que los que tengan por objeto finalidades superiores para la marcha del Estado, son actos políticos o de gobierno ", estando sólo sometidas a contralor legislativo y '° Wfm, T. li, pág. 226. ' ' Véase BIELSA. ob. cit. en nota 3, pág. 57; GASCÓN Y MARÍN, José, Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Madrid, 1928, pág. 201; MARIENHOFF, M., oh. cit. en nota 2, T. II, pág. 691.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 627 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

responsabilidad política (salvo que se viole la Const. Nac). Por su parte, los actos administrativos se desarrollan en una esfera más limitada de acción, estando sometidos a contralorjurisdiccional (sea administrativo o judicial). 19.— II) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOS principales son los siguientes: concesión de servicio público, concesión de obra pública, contrato de obra pública, el de función pública (o de empleo público), el de suministro (o de abastecimiento) y el de concesión de uso de bienes del dominio público. f Para que se comprenda mejor el ámbito de los tres primeros contratos administrativos mencionados, recordaré que en general, cuando el gobierno tiene recursos, hace las cosas directamente (o "por administración", como suele decirse), o bien opta porque las hagan los particulares, mediante el contrato de obra pública, pagando el precio correspondiente a quien hace la obra. En cambio, cuando el gobierno carece de recursos (o hay otro motivo especial), para construir directamente la obra o prestar el servicio, recurre según el objeto del contrato, al de concesión de obra pública (para construir un camino, p. ej.), o bien al de concesión de servicio público (para prestar p. ej. un servicio de transporte de pasajeros). Pero en ambos casos, el concesionario que hace la obra o que presta el servicio, está autorizado a cobrar a los usuarios, lo que se haya convenido, sin perjuicio de las inversiones a que se hubiera obligado. Por último recordaré que a veces, la concesión de algún servicio público requiere la construcción de una obra pública (p. ej., una estación de ómnibus, para prestar un servicio de transporte de pasajeros), pero en casos como éste, la construcción de la obra pública constituye un aspecto secundario, respecto de la prestación del servicio público. Además, la Administración Pública puede celebrar también contratos de derecho privado, como sen'a, por ejemplo, la compra de un lote de terreno a un particular (contrato de compraventa), el arrendamiento de una casa (contrato de locación), etc. En estos casos, se encuentra, en principio, en la misma situación que los particulares. Pero, además, en virtud de las funciones de interés púbüco que cumple dicho organismo, existen los llamados contratos administrativos —enumerados al comenzar este párrafo— que presentan caracteres propios que los diferencian de los contratos de derecho privado. Así, por ejemplo, en el contrato de concesión de servicios públicos, la Administración puede revocar—es decir, extinguir unilateralmente— una concesión, en cualquier momento, fundada en razones de interés público, sin que tal medida pueda ser sometida a contralorjurisdiccional; a su vez, el concesionario sólo tiene en ciertos casos (p. ej., cuando se ha establecido un plazo fijo), el derecho al cobro de una indemnización compensatoria de los daños sufridos (pero nunca podn'a —como en un contrato civil o comercial— pretender que la Administración cumpliera estrictamente el contrato, dejándole, por ejemplo, continuar con la prestación del servicio durante el plazo establecido).

20.— III) RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Este problema consiste en establecer si la Administración Pública debe responder por los daños causados en el cumplimiento de sus funciones. Como es sabido, en el derecho privado rige el principio de que "todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio" (art. 1109 del Cód. Civil).


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Como el problema de la responsabilidad de la Administración Pública, es un aspecto de otro más amplio, el de la responsabilidad del Estado, conviene aclarar primero el panorama general. Veámoslo a través del siguiente cuadro y la respectiva explicación: a) actos legislativos 1) Por actos de b) actos judiciales poder público Responsabilidad c) actos administrativos del Estado 2) Cuando actúa como sujeto de derecho privado 1) La responsabilidad del Estado por actos de poder público, que ocasionen daños a particulares, se refiere evidentemente al caso en que el gobierno actúa como poder público y, por lo tanto, en un plano de superioridad con relación a los habitantes. Analicemos los distintos casos: a) Actos legislativos (es decir, leyes): predomina el principio de la irresponsabilidad del Estado, vale decir que no hay lugar a indemnización —salvo que la ley disponga lo contrario— por daños que puedan resultar de la sanción de una ley modificatoria de un determinado régimen. No obstante, el principio no es absoluto —estoy hablando en general— y la responsabilidad del Estado, aunque en forma muy limitada, por cierto, se va abriendo camino cuando media un perjuicio especial, como serían por ejemplo los daños que sufriera una persona por una ley inconstitucional. Un caso tuvo lugar al establecerse en el Uruguay el monopolio estatal de la fabricación y venta de caña, oportunidad en que el Tribunal de Apelaciones de tercer turno de Montevideo, falló (en 1942) declarando el derecho a indemnización, a favor de los fabricantes de caña que debieron dejar esa actividad, fundándose en el enriquecimiento sin causa de la Administración Pública. b) Actos judiciales (es decir, sentencias): predominaba también el principio de la irresponsabilidad estatal, pero a pesar de ello, se va abriendo camino el principio opuesto, sobre todo en el caso de errores judiciales en materia penal (detenciones injustas, condenación de inocentes —recuérdese el famoso caso Dreyfus, en el que la revisión del proceso se obtuvo merced a la ferviente prédica de Emilio Zola—). En Francia, por ejemplo, hay una ley de 1895 que establece el derecho a tal indemnización; en cambio, en nuestro país, a pesar de la justicia que ello implica, no se ha dictado una ley semejante. c) Actos administrativos: predominaba igualmente el principio de irresponsabilidad por los daños que tales actos pudieran ocasionar a los administrados. En cambio, actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 629 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

admite la responsabilidad extracontractual del Estado hacia los particulares, por hechos o actos de la Administración Pública, cuando está probada la relación causal entre el daño sufrido y la conducta imputada al órgano estatal, inclusive por omisiones culposas (p. ej., daños por accidentes de tránsito, debidos a falta de señalización en rutas; de graves deterioros en ellas, etc.). . 2) Cuando el Estado, o mejor dicho el gobierno, actúa como sujeto de derecho privado, está sometido, en principio, a las mismas responsabilidades que los particulares. 21.— Agrupando todo lo referente a la responsabilidad de la Administración Pública, que es el aspecto enfocado por el derecho administrativo, tenemos lo siguiente: Responsabilidad 1) como poder ja) por actos administrativos de la público 1 b) por hechos de sus agentes Administración Pública 1^2) como sujeto de derecho privado Sólo me resta explicar el caso "b", que se presenta cuando los agentes (funcionarios y empleados) de la Administración Pública ocasionan por su culpa un daño a los particulares, en el cumplimiento de sus funciones. Pues bien, en este caso, predomina el principio de la responsabilidad de la Administración (así, por ejemplo, si un vehículo de la Policía atropella por su culpa a un peatón, el Estado debe indemnizar al damnificado). 22.— IV) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este sector de la Dogmática Administrativa, comprende el estudio de la organización y atribuciones de ese complejo organismo que se denomina Administración Pública. Como aspecto importante se estudian aquí los dos tipos básicos de organización: el centralizado y el descentralizado. Dentro de este último, corresponde analizar las llamadas entidades autárquicas, que son órganos administrativos que gozan de un margen bastante amplio de autarquía (v. concepto en párr. 56), dentro de la Administración Pública. Tal es el caso entre nosotros del Banco de la Nación Argentina, etc. 23.— En lo que respecta a las atribuciones de la Administración Pública, conviene recordar que en todo Estado constitucional (o Estado de derecho), como es por ejemplo la República Argentina, la actividad administrativa está sometida al prmcip/o de legalidad que, el art. 19 de la Constitución Nacional lo concreta diciendo que "...Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer


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lo que no manda la ley...". Es decir, que la Administración Pública debe actuar cuando la ley la autoriza, sin perjuicio de lo cual, dicha actividad puede revestir dos formas diferentes, según aclara una distinción ya clásica entre los tratadistas de la materia, que es la referente a las facultades regladas y discrecionales. a) Facultad reglada es aquella que se encuentra bien delimitada por el derecho. Por ejemplo, cuando una ley establece que la Administración Pública tiene tal facultad, que deberá ejercer de tal manera y en tal oportunidad, estamos frente a una facultad reglada. b) Facultad discrecional, por su parte, es aquella que, si bien limitada por la ley, deja un amplio margen de libertad para el órgano administrativo. Por ejemplo, si una ley atribuye a la Administración Pública una facultad determinada, dejando a su libre apreciación el momento oportuno para ejercerla, cómo debe realizarla, etc., estaremos frente a una facultad discrecional. Para evitar confusiones, conviene recalcar que las facultades discrecionales no implican que la Administración no esté sometida a la ley, pues en un Estado de derecho —reitero— la Administración Pública debe actuar limitada por el principio de legalidad, sea su actividad reglada o discrecional. Es más, todas las atribuciones de los poderes constituidos están limitadas por la Constitución; por otra parte, el organismo administrativo en particular, se encuentra además circunscripto por las leyes dictadas por el Congreso y por las propias disposiciones (decretos, p. ej.), en que la Administración se autolimita. Importa, por último, destacar que facultad discrecional es algo distinto de facultad o poder arbitrario (v. índ. alfab.). Para terminar este párrafo, destacaré el valor relativo de esta clasificación, puesto que toda facultad discrecional es reglada, en el sentido de que tiene siempre un límite legal —por supuesto que en el Estado de derecho—. Recíprocamente, toda facultad reglada es discrecional, en el sentido de que por más detallada que sea una ley, es imposible que prevea todos los aspectos que presentará su ejecución, razón por la cual siempre quedará un margen de libertad, aunque sea estrecho, dentro del cual el órgano administrativo actuará según su propio criterio. Ampliando este concepto, ha dicho acertadamente Linares '-que "toda atribución jurídica de cualquier órgano del Estado es siempre reglada y discrecional al mismo tiempo, pues tiene un ingrediente autónomo y un ingrediente heterónomo". 24.— V) SERVICIOS PÚBLICOS. La Administración Pública puede prestar múltiples servicios a la población. Tales serían, por ejemplo, el servicio postal, el de transporte, la venta de medicamentos en lugares apartados, el abastecimiento de productos alimenticios cuando por ciertas causas escasean o faltan en LINARES, Juan Francisco, Cosa Juzgúela Administrativa en la Jurisprudencia de la Corle Suprema de la Nación, Buenos Aires, 1946, pág. 11 L


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plaza, etc. Todos ellos pueden ser calificados de servicios administrativos, pero no todos son servicios públicos '^, por lo que estos últimos son una clase determinada de los primeros, que presentan caracteres propios. La noción de servicio público es muy cuestionada. Bielsa •'*, dentro de la orientación tradicional, lo define como "toda acción o prestación realizada por la Administración Pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas y asegurada esa acción o prestación por el poder público". Analicemos brevemente esta definición, siguiendo a su autor: a) El servicio público es una acción o prestación: el distingo obedece a que no toda acción es prestación concreta, a pesar de lo cual, el servicio público existe lo mismo (p. ej., el ejército, la policía, etc., en sus funciones de organización y preparación desempeñan una actividad, que se transforma en prestación, cuando el ejército defiende la integridad territorial del Estado, o cuando la policía protege una reunión). b) Realizada por la Administración Pública activa (lo de activa tiene por función distinguirla de la jurisdiccional —v. concepto en párr. 30— allí donde ésta existe). El servicio público puede ser prestado directamente por el órgano administrativo (p. ej., el de correos) —aunque ahora hay también correos privados— o bien, indirectamente, mediante un particular que actúa bajo el contralor constante de la Administración Pública (p. ej., ciertos servicios de transporte colectivo de personas). En estos casos puede haber una verdadera concesión o un simple permiso. Los servicios públicos prestados por particulares mediante concesión o permiso (hasta aquí al hablar de servicios públicos, se ha hecho referencia a los propiamente tales, o servicios públicos propios), no deben confundirse con los llamados servicios de interés público o servicios públicos impropios (farmacias, taxis, etc.), pues éstos no son prestados ni directa ni indirectamente por la Administración Pública, sino por los particulares, aunque sometidos a la reglamentación y vigilancia estatal. Como es obvio, el gobierno puede darles carácter de servicio público, en cuyo caso pasan a someterse al régimen jurídico más estricto de éstos. c) Para la satisfacción concreta. Esto significa que para la existencia de un servicio público, no basta con la mera creación del órgano, sino que es necesaria la prestación efectiva del servicio. d) De una necesidad colectiva. Este concepto hace referencia a las necesidades del hombre, surgidas de su vida en común, siendo, por lo tanto, más res'^ VILLEGAS BASAVILBASO, B., ob. cit. en nota l, T. III, Buenos Aires, 1951, pág. 43. '"^ Ob. cit. en nota 3, pág. 42.


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tringido que el de necesidad general (p. ej., comer), que la tiene todo hombre por el hecho de ser tal. e) La acción o prestación debe estar asegurada por el poder público, para que el servicio sea prestado con la exactitud debida, sin admitirse excepciones, interrupciones, etc., no preestablecidas. De este modo se tiende a asegurar el cumplimiento efectivo de los caracteres que generalmente se asignan a estos servicios: generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad. Marienhoff '^ por su parte, lo define como "toda actividad de la Administración Pública o de los particulares o administrados, que tiende a satisfacer necesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de actividades de los particulares o administrados, requiera el control de la actividad estatal". Como es evidente, se trata de un concepto más amplio que el tradicional, ya que incluye a farmacias, taxis en las ciudades, etc. Por último, agregaré que no debe confundirse servicio público con función /7MMca(p.ej.,lafunciónjurisdiccional,laactividad legislativa, etc.), porque dichas actividades gubernamentales no llenan los requisitos de la definición explicada. Como la intervención estatal se extiende a los aspectos más variados de la vida social, estos servicios son múltiples y, entre otros, citaré los que se refieren a la seguridad (policía —su régimen jurídico constituye el derecho policial—, ejército —derecho militar—, etc.); al bienestar material (obras públicas, comunicaciones, industrias del Estado, etc.); al progreso moral e intelectual (educación pública, fomento de la producción literaria y artística, cultos, etc.); a Imprevisión y asistencia social (seguros sociales, hospitales, etc.). En los servicios públicos, es fundamental no sólo el control de la prestación para que sea eficiente, sino también la defensa del usuario frente a servicios a veces deficientes, y en algunos casos, no prestados (p. ej., falta de recolección de residuos o de alumbrado público, etc.). Al respecto debemos recordar el art. 42 de la Constitución Nacional que, en la parte pertinente dispone: "...Las autoridades proveerán... al control... de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control". 25.— VI) AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN (funcionarios y empleados públicos). Comprende el estudio de su clasificación, régimen de nombramiento, derechos y deberes, remuneración, jubilación, etc.

"

MARIENHOFF, M., ob. cit. en nota 2, T. ü, pág. 55.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso y Científico PODER DE Didáctico POLICÍA 633 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 26.— Vil) DOMINIO PÚBLICO. Se denomina así al conjunto de cosas afectadas al uso público, que no son susceptibles de propiedad privada (p. ej., calles, caminos públicos, plazas, etc.). Se estudia su composición, uso, disposición, etc. Se considera asimismo su diferencia con el dominio privado del Estado (que junto con el público constituyen los Bienes del Estado o Dominio del Estado o Patrimonio del Estado), integrado por bienes que no están afectados al uso público ni a un servicio público determinado, por lo que se encuentran "casi en la misma situación que la propiedad de los particulares" i6.

27.— VIII) PODER DE POLICÍA. Ante todo corresponde advertir que se trata de una expresión equívoca, pues no se refiere a lo que comúnmente se llama "policía" o "policía de seguridad", es decir, la institución que, en términos generales, tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad de personas y bienes. Por otra parte, hay grandes divergencias doctrinarias sobre esta expresión, al punto de que algunos autores proponen eliminar lisa y llanamente la locución "poder de policía ", pero no la facultad a que hace referencia, pues ésta puede ser llamada de otra manera mucho más clara y precisa, como se verá en seguida. En primer lugar, recordaré que el origen del vocablo "policía" se remonta a la antigua Grecia, donde se llamaba pofo a la Ciudad-Estado propia de los griegos, y politeia (origen del término "policía", significaba gobierno de la ciudad, por lo que era un concepto amplio, que abarcaba toda la actividad del gobierno. En síntesis, la "policía" (politeia) griega, equivalía a lo que hoy se llama "política" (en el sentido de actividad política). Ahora bien, este concepto sufrió una evolución histórica que no corresponde tratar aquí, pero no obstante ello, interesa recordar que con el surgimiento del constitucionalismo a fines del siglo XVill, y el triunfo de uno de sus principios básicos que es la separación de los poderes, al monarca absoluto que ejercía los tres, le fueron sustraídos los poderes Judicial y legislativo. De tal manera, quedó a su cargo el poder ejecutivo (o administrador). Dentro de esa evolución, durante el siglo xix se comienza a distinguir entre "policía" y "poder de policía", conceptos que actualmente significan lo siguiente '^: a) Poder de policía: es la facultad del Poder Legislativo de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales. Así lo establece por ejemplo el art. 14 de la Constitución Nacional, cuando dispone que "...todos los habitantes de laNación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...". Ahora bien, esta facultad, cuyo fin es que todos pueden ejercer iguales derechos, está limitada por el art. 28 de la Ley Suprema, al disponer que: "los prinBULLRICH, Rodolfo, Principios Generales de Derecho Administrativo. Bueno.'; Aires, 1942, pág. 220. '^

Ver MARIENHOFF, M., ob. cit en nota 2, T. IV, pág. 487.


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cipios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio ". Esta limitación a la facultad reglamentaria, se llama en doctrina razonabilidad, lo que implica decir que para ser válida, la reglamentación de los derechos debe ser razonable, criterio que, por otra parte, está sujeto a control judicial. Finalmente recordaré que en nuestro país, por su organización federal, el poder de policía se distribuye entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en sus respectivas órbitas de competencia. A su vez, las provincias delegan parte de dicho poder (y también por supuesto de la "actividad policial"), en los gobiernos municipales. b) "Policía " (o actividad policial): es una función o actividad administrativa que tiene por objeto, tradicionalmente, la protección de la seguridad, la moralidad, la salubridad y también la economía públicas, esta última cuando afecta de manera directa la seguridad. La policía es pues una parte de la función administrativa y no un órgano de la Administración Pública. Como puede apreciarse, la órbita de la actividad policial es mucho más limitada que la del poder de policía, ya que éste se extiende a todos los derechos constitucionales. Ahora bien, para su efectivización y en virtud del principio de legalidad (v. párr. 23), la Administración Pública dicta las normas de policía que —dicho sea de paso— ayudan a evitar tendencias autoritarias, que suelen tener algunos funcionarios y empleados públicos. Esas normas pueden ser generales, como reglamentos autónomos, ordenanzas municipales, etc., pero iambién particulares, que son las más numerosas, como certificados (de nacimiento, de matrimonio, de defunción), autorizaciones, permisos (para uso de la vía pública, p. ej.), etc. Además, la actividad policial se manifiesta lógicamente a través de hechos administrativos, como son los actos de diversos inspectores, agentes de policía de seguridad (p. ej., en materia de tránsito vehicular y peatonal, ya sea de carácter preventivo o represivo), etc. Por otra parte, de las normas de policía surgen múltiples obligaciones para los habitantes, como no estacionar vehículos en ciertos lugares, vacunarse, vacunar los animales domésticos, etc., etc. Finalmente recordaré que en razón de la materia se distingue: policía de seguridad (p. ej., reunión, asociación, tenencia de armas, identificación personal, etc.); de cultos; de Impropiedad (p. ej., registros de la propiedad); de industrias y del trabajo (prevención de accidentes laborales); de salubridad (profilaxis de enfermedades, régimen de farmacias, agua potable, cloacas, mortuoria, etc.); de costumbres o moralidad pública (p. ej., espectáculos públicos, embriaguez, prostitución, juegos, etc.). 28.— IX) LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA REGIDAS POR EL DERECHO ADMINISTRA-

TIVO. Tales serían, por ejemplo, la prohibición de edificar a mayor o menor altura que la es-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia JURISDICCIÓN Privada para uso Didáctico y Científico EN MATERIA ADMINISTRATIVA 635 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN tablecida, la obligación de dejar un pequeño jardín junto a la vereda, etc. Esta sección de la Dogmática Administrativa comprende el régimen jurídico de las servidumbres administrativas, ocupación temporaria de la propiedad privada, etc. 2 9 . — X) JURISDICCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Con motivo de la

actividad administrativa, surgen lógicamente conflictos con los administrados, razón por la cual en casi todos los países hay recursos contra la Administración Pública (nacional, provincial o municipal según el caso), mediante los cuales pueden los particulares lograr que sus derechos o intereses legítimos sean respetados y que se reparen los perjuicios sufridos. Corrientemente se confunden las expresiones "lo contencioso-administrativo" con "jurisdicción contencioso-administrativa", cuando en reahdad se refieren a cosas distintas. Lo contencioso-administrativo (de contendere, disputar o combatir), es un concepto general que hace referencia a una materia dada, que son los conflictos entre la Administración Pública y los administrados, o bien entre órganos administrativos (así se dice, p. ej., código de lo contencioso-administrativo). Es por ello que en todos los países, por el solo hecho de existir una Administración Pública, existe lo contencioso-administrativo. 30.— Por su parte, jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo al significado de las dos palabras que componen la expresión, significa estrictamente la facultad de hacer justicia en materia contencioso-administrativa. Ahora bien, esa facultad puede estar a cargo del Poder Judicial (en cuyo caso deberá hablarse de jurisdicción ^Mí/Zcía/), o bien de algún órgano especial de la Administración Pública (jurisdicción administrativa o justicia administrativa o administración jurisdiccional). Es decir entonces que, con esta terminología, cabe hablar de jurisdicciónyW/c/a/ en la misma materia. No obstante ello, corrientemente al hablarse de "jurisdicción contencioso-administrativa" —y téngalo bien presente el lector— se hace referencia a la jurisdicción administrativa en la materia, es decir, a aquella situación en que ciertos órganos de la Administración Pública jurisdiccional, para diferenciarla de la activa, tienen a su cargo la facultad de hacer justicia en materia contencioso-administrativa. Conviene recordar que la existencia de diversos recursos administrativos (de revocatoria y jerárquico), ante la propia autoridad administrativa, para obtener la revocación de resoluciones que pudieran haber afectado derechos de los administrados, no significa que ello constituya lo que en lenguaje técnico se denomina materia contencioso-administrativa (ver p. ej., la llamada "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos" —decreto-ley 19.549 de 1972, y el decreto 1729/72, ambos con diversas modificaciones—). Esto es así porque se considera que el mismo funcionario que dictó una resolución, puede revocarla http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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o modificarla ante el reclamo del administrado (recurso de revocatoria), o bien algún funcionario superior de la Administración Pública tiene, en principio, a través del recurso jerárquico, la facultad de suspender, corregir y aun revocar las resoluciones de un órgano inferior. Toda la tramitación anterior se desarrolla en el denominado procedimiento administrativo, dentro de la Administración Pública; en consecuencia, hasta esa etapa inclusive, no se ha producido todavía un caso contencioso-administrativo. Éstos se plantean recién frente a una resolución definitiva de la Administración Pública, denegando algo reclamado por un particular, pues frente a tal situación, entonces sí debe recurrirse al tribunal en lo contencioso-administrativo. Por otra parte, en general se exige la reclamación administrativa previa, como requisito para la demanda contencioso-administrativa ante tribunal competente y, en el caso de nuestro país, para tener abierta la vía judicial '^. Para evitar una posible confusión, cabe aclarar que los problemas y daños ocasionados por la actividad de la Administración Pública como sujeto de derecho privado (p. ej., la compra de un inmueble), no constituyen casos contencioso-administrativos y, por lo tanto, los posibles reclamos deben plantearse ante los tribunales ordinarios competentes y no ante los que entienden en asuntos contencioso-administrativos. 31.— Hoy día, dado el volumen extraordinario que ha alcanzado en general la legislación administrativa, se reconoce sin mayores discrepancias la necesidad de que existan tribunales especializados en la materia, con un procedimiento propio. Las controversias surgen respecto a qué tribunales ha de confiarse aquella función, pues la especialización tanto puede lograrse con tribunales judiciales como con administrativos. Hay al respecto tres sistemas: a) Sistema judicial: el Poder Judicial es el juez de los actos administrativos. Existe en EE.UU., en Bélgica, en nuestro país (fundado sobre todo en el art. 109 de la Const. Nac), etc. b) Sistema de la jurisdicción administrativa: el Poder Ejecutivo, por intermedio de órganos especiales, es el juez de los asuntos contenciosos de la administración. Existe en Francia. c) Sistemas mixtos: entre ellos cabe citar —v. Bielsa "—, el que distingue el contralor jurisdiccional de la legitimidad, del control de la conveniencia de las medidas administrativas. El primer aspecto queda reservado a la jurisdicción judicial, mientras que el segundo pertenece a los tribunales administrativos. ' ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires. 1973, pág. 395, párr. 205. BlELS.'^, «¿j. cit. en nota 3, pág. 256.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 637 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

32.— En nuestro país, debe decirse "código procesal administrativo " y no "código en lo contencioso-adininistrativo ". Para finalizar este punto y completar las aclaraciones terminológicas formuladas en los párrs. 29 y 30, recordaré que la expresión "contencioso-administrativo" surgió en Francia, para diferenciar esa inateria de lo comúnmente llamado administrativo, dando a entender con ella que mediaba un conflicto entre la Administración Pública y el administrado. Dicho conflicto es resuelto en Francia por la AdministraciónjuráJ/ccio/ía/ (separada de la Administración activa) o, más simplemente, por tribunales de la Administración Pública, que son llamados de lo "contencioso-administrativo", y cuyas decisiones —dicho sea de paso— no son susceptibles de ulterior revisión judicial. Ahora bien, para encauzar adecuadamente el trámite de dichos conflictos, se debe disponer de un procedimiento especial, que contemple las particularidades de la materia administrativa y, a los códigos respectivos, siguiendo la terminología anterior, se los llamó "códigos en lo contencioso-administrativo". Esta denominación fue trasplantada a nuestro país, debido a la gran influencia de la doctrina y la legislación administrativa de Francia sobre nuestros autores, y por eso a los códigos similares argentinos, se los llamó "códigos en lo contencioso-administrativo" (como p. ej. el de la Provincia de Buenos Aires), sin advertir que se cometía un error terminológico, porque la estructura institucional era y es distinta; en efecto, en nuestro país rige el sistema judicial (v. párr. 31, inc. a), para solucionar los conflictos antedichos y entonces, no hay razón para agregarle al vocablo "administrativo" el término "contencioso", porque acá no hay que diferenciarlo de la Administración activa. Es por ello que en nuestro país debe hablarse de "código procesal administrativo". Profundizando el tema, debo recordar otro argumento que abona lo afirmado, en el sentido de que el nombre antedicho es el correcto para nuestro país: ese otro fundamento es que lo mismo pasa con los otros sectores jurídicos; en efecto, a título de ejemplo recordaré lo que sucede en materia civil. Cuando hay un juicio de tal naturaleza, es porque media un conflicto entre las partes— que es lo habitual— conflicto del que surge el asunto contencioso (o litigioso), pero no por eso se llama al código procesal respectivo, "código en lo contencioso-civil", sino "códigoprocesal civil" porque la contienda está implícita de momento que las partes han llegado ajuicio. Y lo mismo sucede en materia laboral, penal, etc. Como es obvio, tampoco se habla de proceso contencioso civil ni penal, etc., por el motivo indicado. En conclusión, todo código procesal en materia administrativa, debe llamarse en nuestro país, "código procesal administrativo " y no código en lo contencioso-administrativo" 20. DIEZ, Manuel M., Oeretfto Proceía/Arfmmmraíívo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1983,págs. 16a21.


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33.—Para terminar con el contenido de esta disciplina, agregaré que no he incluido el régimen jurídico de lasfinanzas públicas, por entender que pertenece a una disciplina autónoma: el Derecho Financiero o, mejor dicho, la Ciencia del Derecho Financiero (v. párr.36). 34. Fuentes—. Las fuentes formales o modalidades de este derecho, refiriéndonos al orden nacional, son: 1) Constitución Nacional: establece las bases de nuestro derecho administrativo. Así, en materia de organización administrativa, dispone que el Presidente de la Nación es el "responsable político de la administración general del país" (art. 99, inc. 1°), mientras que el jefe de gabinete de ministros, es el que ejerce "la administración general del país" (art. 100, inc. 1°). Además, la Ley Suprema contiene numerosas cláusulas que se refieren por ejemplo, a la actividad de la Administración Pública, como en el art. 99, incs. 2°, 6°, 7°, 10 y 17, sobre facultades del presidente; en el art. 100, incs. 2°, 3°, 4°, 5° y 11 referido al jefe de gabinete de ministros, etc. 2) Tratados internacionales de contenido administrativo: tales son por ejemplo los que se refieren al tránsito internacional de personas y vehículos (documentación, controles sanitarios, etc.), los tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción en organizaciones supranacionales (art. 75, inc. 24, Const. Nac); etc. Por otra parte, recordemos que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22, Const. Nac). 3) Leyes administrativas nacionales. Por ejemplo, cualquier ley que se refiera a la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional; ley de ministerios nacionales (decreto-ley 22.520/81); ley de aduanas; de empresas del Estado; ley 21.265, de 1976, que rige en todo el país los servicios de seguridad personal prestados por empresas y particulares; de obras públicas; de creación de cada "entidad autárquica" (también pueden ser creadas por decreto); etc. 4) Reglamentos de ejecución o ejecutivos {son los decretos reglamentarios): V. Cap. 12, párr. 63, inc. 1. 5) Reglamentos autónomos o independientes: v. Cap. 12, párr. 64, inc. 2. 6) Reglamentos delegados: v. Cap. 12, párr. 65, inc. 3. 7) Reglamentos de necesidad y urgencia: v. Cap. 12, párr. 66, inc. 4. 8) Resoluciones: son las disposiciones que pueden tomar los ministros dentro de su respectivo ministerio (art. 103, Const. Nac), y también algunos funcionarios dentro de sus respectivas competencias (p. ej., los jefes de ciertas reparticiones administrativas). Las resoluciones pueden ser generales o individuales.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaFUENTES para uso Didáctico y Científico Y CODIFICACIÓN 639 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

9) Actos y contratos administrativos: son fuentes particulares, reconocidas en tal carácter por diversos autores -'. 10) Costumbre administrativa: es fuente, aunque en escala reducida. Bielsa sostiene que la costumbre no debe ser confundida con la.práctica o rutina burocrática, que es "esa forma de entender o interpretar las leyes y los reglamentos administrativos, por parte de los funcionarios, a veces en forma rígida y reñida abiertamente con el derecho, y hasta con la lógica más elemental" --. l\) Jurisprudencia. Tiene particular importancia por tratarse de una rama en transformación permanente y, como es obvio, su valor es tanto mayor cuanto más elevada es la jerarquía del órgano productor. Por eso entre nosotros, al estudiarse esta materia, es necesario conocer la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus transformaciones (p. ej., en materia de responsabilidad extracontractual de la Administración Pública, nulidad de actos administrativos, régimen de concesiones de servicios públicos, régimen jurídico de los sepulcros, etc.). En Francia, se destaca la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es el órgano supremo de la jurisdicción administrativa. Vale decir que en esta rama jurídica, según el carácter del órgano jurisdiccional, debe distinguirse la jurisprudenciay'Mí/íc/a/ (proveniente de órganos del Poder Judicial) de lajurisprudenciaaí//?ií>ií5íraí/va (la producida por órganos de la Administración Pública). 12) La doctrina, como fuente material, ha ejercido una notable influencia en el desarrollo del derecho administrativo, sobre todo a través de la jurisprudencia. 35. Codificación.— Existen al respecto tres posiciones: 1) De la no codificación: sus sostenedores alegan que codificarlo sena inconveniente, pues su variabilidad no permite sujetarlo a reglas fijas. 2) De la codificación: sus adeptos creen que no hay razón para diferenciar el derecho administrativo de las otras ramas jurídicas. En realidad, sus argumentos tienen un valor más aparente que real y no resisten la crítica más elemental. 3) Sistema de la codificación parcial (sostenido por Bielsa, Villegas Basavilbaso, etc.). Estos autores reconocen la imposibilidad de codificar totalmente el derecho administrativo, pero destacan la conveniencia y posibilidad de hacerlo en ciertos aspectos, sobre todo en lo procesal administrativo, a efectos de precisar en forma clara y orgánica, las acciones protectoras de los administrados frente a la Administración Pública. Algunas provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc., tienen códigos llamados contencioso-administrativos.

-'

Ver MARIENHOFF, M., ob. til. en nota 2, T. I, pág. 325.

- BIELSA, oh. cit., pág. 21, nota 32. Marienhoff niega también que la práctica administrativa sea fuente jurídica (pb. cit. en nota 2, T. I, pág. 319).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRE PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Además, cabría codificar otros sectores de esta rama del derecho, como serían, por ejemplo, el régimen jundico de los agentes de la Administración Pública, el régimen de la policía sanitaria, de seguridad, de costumbres, de tránsito (p. ej., el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires), etc. 640

SECCIÓN SEGUNDA

DERECHO FINANCIERO 36. Concepto.— Es el que rige la percepción, gestión y erogación de los recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la realización de sus actividades. En otros términos, es el régimen jurídico de la hacienda o finanzas públicas, o más claro aún, de la actividad financiera del Estado. Pugliese -', refiriéndose a la Dogmática Financiera, da una definición un poco extensa, que dice así: "es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que necesitan el Estado y los otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, y entre los mismos ciudadanos, que derivan de la aplicación de esas normas". 37.— Por la definición ya se advierte la importancia del estudio de los recursos del Estado y, como la mayor parte de éstos proviene de las contribuciones, resulta que el régimen tributario (denominado derecho tributario o fiscal), es una parte fundamental de esta disciplina. A su vez, la inversión de los dineros públicos en los distintos servicios que presta el Estado, se halla prevista, en los países moderaos, en la llamada ley de presupuesto (o ley de finanzas), razón por la cual el derecho presupuestario es otra de las partes fundamentales de esta ciencia jurídica. 38.—El gobierno, como el individuo, necesita de medios económicos para cubrir los gastos producidos por su actividad, lo que resulta más imperioso todavía, en los países con un gran intervencionismo estatal. Y es que proyectos se pueden hacer por miles, pero, sin los recursos necesarios —entre otros elementos por cierto— no se llevará a la práctica ni el más insignificante de ellos. De ahí el ingreso a las arcas fiscales de dinero procedente de diversas fuentes: impuestos, tasas por la prestación de servicios públicos (teléfono, transporte, gas, etc.), producto de la actividad industrial del Estado, empréstitos, multas, etc., -^ Instituciones de Derecho Financiero, México. 1939, pág. 22.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para usoFINANCIERO Didáctico y Científico DERECHO 6 4 1 - Cap. PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

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porque la solución, según lo demuestra la experiencia, no está en hacer funcionar la máquina de imprimir billetes. Todo ello da lugar a un movimiento extraordinario de moneda, cuya regulación jurídica es objeto de estudio de la Ciencia del Derecho Financiero. 39.— Como los recursos están destinados a cubrir los gastos públicos —cosa que en homenaje al déficit, rara vez ocurre—, debe existir entre ambos una estrecha relación de interdependencia, haciéndose necesario entonces un cálculo previo de las futuras erogaciones; la síntesis de este cálculo, está en la ley de presupuesto (nombre que predomina en nuestro país) que, por esta razón, es una de las fuentes formales más importantes del Derecho Financiero. 40. Autonomía del Derecho Financiero.— En la Ciencia Dogmática del Derecho, igual que en las demás ramas del saber, se produce un constante proceso de especialización, que se concreta en el surgimiento de nuevas disciplinas jurídicas. •* Hasta no hace mucho se consideraba que el estudio del régimen jurídico de la hacienda pública, pertenecía a la Ciencia del Derecho Administrativo, pero, en la actualidad, se reconoce ya la autonomía de esta disciplina -''. 41. Diferencia con la Ciencia de las Finanzas y la Política Financiera.— La Ciencia de las Finanzas (o simplemente Finanzas), estudia también la actividad financiera del Estado, pero no con relación al régimen jurídico como hace la Dogmática Financiera, sino con referencia a los fenómenos financieros. Por su parte, corresponden a la política financiera, los problemas del equilibrio fiscal, estabilidad impositiva (esta última tiene gran importancia para el desarrollo económico, sobre todo porque favorece las inversiones productivas, etc.). Finalmente, recordemos la incidencia que tuvieron los abusos impositivos, tanto en la independencia de los Estados Unidos (el llamado impuesto "al té", que estableció Inglaterra), como en la Revolución Francesa (en ésta, la burguesía que accedió al poder estaba harta de los altos impuestos que le cobraba la monarquía). 42.— Por su parte, la Política Financiera, así a secas, es la denominación que resume las orientaciones del gobierno en esta materia y, dicho sea de paso, se revela sobre todo en la ley de presupuesto.

43. Denominaciones.— Se lo denomina también derecho/íica/, tributario, etc., pero, en realidad, estas expresiones hacen más bien referencia a una parte del Derecho Financiero: la que se refiere a las contribuciones. Para ahondar este aspecto, así como todo lo referente al concepto, denominación, contenido, etc., del Derecho Financiero, véase p. ej., GlULIANI FONROUGE, Carlos M., "Introducción al Derecho Financiero", en rev. La Ley, t. 27 (de 1942), pág. 1049.


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La palabra "finanzas" deriva de una expresión latina del medioevo,/í7taí¿o, derivado a su vez definís, que significa poner término, pagar una obligación. 44. Contenido.— Según 1 a opinión más generalizada, comprende tres partes fundamentales: I) RECURSOS DEL ESTADO. Ya he adelantado que los recursos del Estado son varios: contribuciones, producido de su actividad industrial, crédito público (empréstitos) —al que se apela, por ejemplo, como recurso extraordinario para cubrir déficits—, donaciones de particulares a instituciones oficiales (p. ej., a la Universidad), etc. De todos ellos los más importantes son los provenientes de las contribuciones, cuyo régimen jurídico es denominado derecho tributario o fiscal. Contribución es una expresión genérica que, según Bielsa y la doctrina predominante entre nosotros -^ comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales (en cuanto a la exclusividad de la Cámara de Diputados, para la presentación en ella de los proyectos de ley sobre contribuciones, v. Cap. 12, párr. 27). Ahora bien, como las contribuciones más importantes suelen ser los impuestos (a las ganancias, al valor agregado, a la herencia, a las ventas, al ausentismo, contribución territorial, etc.), resulta que su régimen jurídico —denominado derecho impositivo— es la parte más importante del derecho tributario. Para evitar confusiones, agregaré que no hay uniformidad respecto a la terminología y así, por ejemplo, los autores alemanes llaman derecho impositivo a lo que he denominado derecho tributario, expresión esta última que predomina en la doctrina italiana. En Francia y Bélgica, por su parte, se habla más bien de derecho fiscal. 45.— II) GASTOS PÚBLICOS. En esta parte corresponde el análisis del presupuesto en sus diversos aspectos, es decir, desde el comienzo de su elaboración hasta que resulta aprobado por el Congreso. Como es obvio, corresponde estudiar también el contralor de los gastos autorizados por la respectiva ley. El presupuesto es una predeterminación de los gastos a efectuar por el gobierno en el próximo ejercicio financiero y, además, contiene una estimación de los recursos. Comúnmente se dice que es la ley de gastos, así a secas, lo que es cierto por dos razones: a) porque su objeto fundamental es predeterminar los gastos, como lo prueba el hecho de que se contemplen en sus partidas hasta las erogaciones más concretas y detalladas (p. ej., el sueldo de un ordenanza, etc.); por otra parte, así lo califica expresamente el art. 75, inc. 8° de la Constitución Nacional; b) porque si bien suele haber en ella un cálculo de recursos a efectos de demostrar el equilibrio con los gastos, no es en principio una ley de recursos. -^ Vea.se BIELSA, Derecho Administrativo, T. III, 4° ed., Buenos Aires, 1947, pág. 219; AHUMADA, Guillermo, Tratado de Finanzas Públicas, T. I, Assandri, Córdoba (R.A.). 1948. págs. 146 y 183; etc.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para usoPÚBLICOS Didáctico y Científico GASTOS 643 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Esta ley presenta en nuestro derecho ciertos caracteres peculiares que la diferencian de las comunes. Sintéticamente, son los siguientes: 46.— 1) La iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional: desde la reforma constitucional de 1994, el art. 100, inc. 6°, dispone que eljefe de gabinete de ministros debe enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional, "previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo". Ahora bien, como el jefe de gabinete depende del Poder Ejecutivo, en esencia la iniciativa le corresponde a éste. Por otra parte, es ésa la tradición nacional (y mundial), como lo prueba el hecho de que aunque la Constitución Nacional de 1853/60, antes de la reforma de 1994, no lo preveía expresamente, la vieja Ley de Contabilidad (428 de 1870), en su art. 5° confería al Poder Ejecutivo el pertinente derecho de iniciativa -''. Por su parte, la ley 24.156 {B.O., 29-X-92), de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, dispone (art. 26), que debe presentarse en la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre de cada año, el proyecto de ley de presupuesto general para el ejercicio siguiente (que va —como todos esos ejercicios— del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año). La diferencia con las leyes comunes es obvia, pues éstas pueden ser proyectadas o iniciadas en cualquier Cámara, o por el Poder Ejecutivo (art, 77 de la Const. Nac). 47.— 2) La discusión debe comenzar por la Cámara de Diputados, tal como lo dispone el art. 52 de la Constitución Nacional para las leyes referentes a contribuciones y reclutamiento de tropas -''. 48.— 3) Su sanción es obligatoria por el Congreso (art. 75, inc. 8°), sin perjuicio de que pueda modificar el proyecto presentado. Esto no sucede con los demás proyectos de ley. 49.— 4) Vigencia limitada a un año (art. 75, inc. 8° de la Const. Nac). Las demás leyes, por el contrario, tienen en principio una vida indeterminada, salvo que establezcan una duración fija. Queda, pues, este aspecto a criterio del Congreso, a diferencia de lo que ocurre con la ley de presupuesto. A pesar de las disposiciones constitucionales, no siempre ha sido aprobado el presupuesto en su oportunidad, sea por inercia del Poder Legislativo, retardo del Poder Ejecutivo en su presentación, etc. A fin de solucionar esa criticable Véase, p. ej., GONZÁLEZ CALDERÓN. Juan A.. Curso de Derecho Corisrimciomil. Buenos Aires. 1943, pág. 646. 27 GONZÁLEZ CALDERÓN, Juan A., ob. df., pág. 647.


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morosidad, en más de una ocasión se ha recurrido al llamado sistema de los "duodécimos", que consiste en sancionar provisionalmente la duodécima parte del presupuesto que termina o bien del nuevo proyecto, para hacer frente a las necesidades del momento. 50.— La ley de presupuesto tiene una importancia fundamental para un país y, dicho sea de paso, es el medio más seguro para conocer la verdadera política de un gobierno, porque pueden compararse los porcentajes destinados a distintos fines (p. ej. a seguridad social —incluyendo la asistencia social— pues ello evidencia en parte, la política en materia de justicia social). Cosa parecida ocurre con los impuestos (aunque se trate ya de los recursos y no de los gastos estatales), pues la presión impositiva sobre los distintos sectores de la sociedad, también permite conocer en parte, la política del gobierno en materia de justicia social. Así por ejemplo, ésta resulta favorecida cuando se disminuye dicha presión sobre los sectores más pobres, sobre todo en los impuestos al consumo y, en especial, sobre la venta de los alimentos y demás productos integrantes de la llamada "canasta familiar"; en cambio, se va en sentido contrario, cuando la presión impositiva sobre dicha actividad, es igual para ricos y pobres. Lo dicho es cierto, claro está, pero sin olvidar que sólo con impuestos, no se pueden compensar posibles defectos estructurales de una economía. 51.— III) Se estudia también en esta disciplina, el régimen monetario, cambiario, bancos, etc., analizándose el papel desempeñado por algunas instituciones como la Contaduría General de la Nación, la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos), etc. 52. Fuentes.— Como es obvio, son las leyes de presupuesto, las leyes impositivas, la jurisprudencia, etc. Sólo agregaré que deben ser tenidas en cuenta, las numerosas disposiciones financieras contenidas en la Constitución Nacional (p. ej., arts. 4°; 16 infine; 75, incs. 2°, 3°, 6°y 7°; 99, inc. 10; etc.). Entre las normas citadas, el art. 75, inc. 2°, se refiere a las contribuciones indirectas y directas, así como a las leyes-convenio de coparticipación federal (entre la Nación y las provincias), de dichas contribuciones. Además, cabe recordar que hay una tendencia plausible a la codificación del derecho tributario (véase p. ej., el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires).


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SECCIÓN TERCERA DERECHO MUNICIPAL 53. Aclaraciones previas y fundamentos.— El hombre es un ser social por naturaleza, puesto que hay en él un poderoso instinto que lo lleva a vivir junto a sus semejantes. Y ese instinto se ve reforzado en el ser humano, por un impulso consciente a la convivencia, al comprender las ventajas materiales y espirituales de tal conducta. Es por eso que los seres humanos, desde muy antiguo, han convivido en grupos más o menos numerosos, hasta culminar en las grandes concentraciones urbanas (ciudades), que llegan a tener varios millones de habitantes. Este fenómeno demográfico y social del urbanismo, debido en gran parte al progreso y concentración industrial, plantea problemas propios (de seguridad, salubridad, alimentación, transporte, combustible, vías de comunicación, ornato, moralidad, etc.), que requieren un régimen jurídico especial que permita contemplar las particularidades propias de los distintos grupos urbanos. Llegamos así al problema de la administración y gobierno de estos pueblos y ciudades, es decir, al problema del régimenjurídico municipal ^^ pero antes de tratarlo en especial, es preciso aclarar los conceptos de autonomía y autarquía, para evitar confusiones muy comunes. 54.— CONCEPTO DE AUTONOMÍA. Esta palabra es empleada en dos sentidos:

1) Sentido estricto o propio: autonomía (del griego autos, por sí mismo, y nomos, ley), significa la facultad de darse las propias normas por las que se ha de regir. En este concepto, las provincias argentinas por ejemplo, son autónomas, pues se dictan sus propias constituciones y leyes, rigiéndose por ellas sin intervención del gobierno federal. Por otra parte, la circunstancia de que dicha facultad esté limitada por la Constitución Nacional, no les quita ese carácter, por cuanto hablamos de autonomía y no de soberanía (v. índ. alfab.). Ahora bien, aplicando este concepto a las ciudades, resultará que en la inmensa mayoríade los casos no son autónomas, ya que no se dictan su propio régimenjurídico, sino que lo reciben de un poder superior (p. ej., de las Legislaturas provinciales para los municipios de provincia). Al respecto aclaro que si bien no es uniforme la terminología entre los autores, suelen usarse como sinónimos los vocablos municipio, comuna y municipalidad, para designar al órgano de gobierno y/o administración de los núcleos urbanos (aldeas, ciudades etc.). Una prueba de las divergencias terminológicas mencionadas, la tenemos por ejemplo, en que también se denomina comuna o municipio al mismo núcleo urbano, es decir a la ciudad, villa, etc. Por mi parte creo más acertada la primera posición y así por ejemplo, la ex "Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (en realidad es el decreto-ley 19.987, de 1972, con varias reformas), concuerda con la primera tendencia, pues denomina municipalidad al órgano de gobierno de la ciudad porteña y lo divide así: a) Concejo Deliberante, b) Departamento Ejecutivo (Intendencia Municipal), y c) Consejos Vecinales. 28 Respecto del régimen municipal, véase BIELSA, Rafael, Principias de Réf-imen Municipal, Buenos Aires, 1940; GRECA, Alcides, Derecho y Ciencia de la Administración Municipal, Santa Fe, 1943; etc.


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Por otra parte, hay casos en que ciertas ciudades son autónomas —empleada laexpresión en sentido estricto—: me refiero a los llamados municipios de convención, es decir, aquellos en que los habitantes del municipio se dictan una constitución municipal, en ejercicio del poder constituyente (de tercer grado en las provincias, porque está limitado en sus facultades por las constituciones nacional y provincial). Éste fue el régimen establecido en la provincia de Santa Fe (de 1932 a 1935), para las ciudades de más de veinticinco mil habitantes, a instancias de ese campeón del municipalismo argentino que fuera Lisandro de la Torre. 55.— 2) Sentido corriente o impropio: autonomía no significa ya la facultad de dictarse la propia ley, sino que designa a una institución que tenga amplias facultades de gobierno —y por lo tanto de administración—, aun cuando haya recibido su régimen jun'dico de un poder superior. Referido este concepto a las municipalidades, bastaría con que dichas entidades estuvieran integradas por autoridades de origen electivo popular, con facultades de propia administración, atribuciones fiscales, etc., para que pudieran ser calificadas de autónomas, empleando la palabra en el sentido impropio. Pues bien, corresponde destacar ahora que es éste el sentido en que se emplea corrientemente entre nosotros la palabra autonomía, referida al municipio; por lo tanto, cuando se habla de autonomía municipal, se alude por lo general a este régimen de autonomía restringida. 56.— CONCEPTO DE AUTARQUÍA. Esta expresión no tiene ya un sentido político como la anterior, sino administrativo, pues se alude con ella a un cierto tipo de organización administrativa descentralizada. Sel'ddefmt comolafacultad de administrarse por sí mismo y, por eso —en términos generales—, se llama entidad autárquica a todo órgano de la Administración Pública (sea nacional, provincial o municipal), sometido a un determinado régimen jun'dico que le permite actuar con una órbita bastante amplia de libertad, sin depender jerárquicamente de ningún otro órgano administrativo (ministerio, dirección nacional, etc.), que no sea—por supuesto—el órgano supremo de la Administración Pública, porque, como he aclarado, forma parte de ésta. Ella recibe sus atribuciones directamente de la ley —dice Bielsa 29— y no del superior jerárquico, por lo que tales atribuciones las ejerce bajo su responsabilidad. Esto no impide que estén sometidas a ciertos controles, precisamente porque forman parte de la Administración Pública.

57. Definición.— Derecho municipal es el que rige la organización y funcionamiento de la administración (inclusive de las finanzas públicas), o bien de la administración y gobierno de los grupos urbanos. Como ya he adelantado, el órgano institucional de las ciudades y villas, es denominado comúnmente entre nosotros, municipalidad y, en general, consta de dos ramas: la ejecutiva (intendencia), y la legislativa (llamada Concejo Deliberante o consejo municipal, según el caso).

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Ob. cit. en nota 3, pag. 531.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraMUNICIPAL: uso Didáctico y Científico DERECHO DEFINICIÓN 647 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

En la definición he afirmado que el derecho municipal rige la administración de los grupos urbanos, o bien la administración y gobierno de los mismos. La distinción obedece a que hay dos sistemas básicos de régimen comunal, con cualquiera de los cuales existirá siempre derecho municipal, si bien de contenido y significación diferentes. Dichos regímenes son: 58.— 1) Sistema de la autonomía municipal: en este régimen, las autoridades comunales son elegidas directamente por los habitantes del grupo urbano y tienen amphas facultades de gobierno propio, además —por supuesto—de las atribuciones administrativas y financieras. La autonomía política —que puede ser mayor o menor, según los casos (según sea propia o impropia, pues este sistema las comprende a ambas)— va acompañada de la autarquía administrativa, lo que demuestra una vez más la influencia del derecho político y constitucional, sobre el administrativo. Pues bien, en este sistema cabe hablar con propiedad de gobierno municipal, autonomía municipal y, en principio, de democracia comunal. 59.— 2) Sistema de la dependencia administrativa: en este régimen, el órgano institucional del grupo urbano, existe como simple delegación del gobierno central (nacional o provincial), por lo que la municipalidad es en realidad un simple organismo administrativo. No obstante, dentro de este sistema, puede existir cierta descentralización administrativa (p. ej., mediante las llamadas entidades autárquicas). En este régimen, por su parte, no cabe hablar de gobierno comunal, sino de simple administración municipal, lo que no impide —como dice Bielsa— que pueda ser más eficiente que el anterior. Pero como he aclarado, también en este caso existe derecho municipal. 60. Denominación.— Se lo llama también derecho comunal, si bien entre nosotros predomina la expresión derecho municipal. 61. Importancia del régimen municipal.— La afirmación tantas veces repetida de que el régimen de la autonomía municipal es la escuela de la democracia, es una verdad inmensa: en efecto, con ella el hombre aprende a ejercer sus derechos cívicos, no sólo como elector, sino también como electo, sacando de ello preciosas experiencias que le servirán para comprender mejor y, en su caso, para ejercer el gobierno provincial o nacional. Por otra parte, la intervención de todo el vecindario en la elección y control del gobierno municipal, tiene la ventaja de evitar un individualismo sumamente perjudicial para la vida de los


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pueblos. Además, esa participación activa y constante de todo el pueblo en la gestión de los intereses públicos, como si fueran cosa propia, es la protección más eficaz de los derechos fundamentales, pues como bien se ha dicho, el precio de la libertad es una constante vigilancia. Para comprobar la verdad de lo afirmado, bastaría con recordar la historia de cualquier Estado antiguo (especialmente Atenas) o moderno, o bien contemplar la realidad política de nuestros días. De ello surgirá en forma indudable la conclusión de que los Estados que acusan un nivel más elevado de cultura política popular, son precisamente aquellos que practican una auténtica democracia comunal. Tal lo que sucede en Inglaterra, pues como dice Bielsa ^°, en ningtín país las instituciones locales demuestran como allí, "un vigor y espíritu de iniciativa e independencia tan grande". Por el contrario, en aquéllos de baja cultura política popular—inclusive los Estados totalitarios— la autonomía municipal es avasallada o desconocida. Urquiza, en el decreto por el que restablecía la autonomía municipal a Buenos Aires (del 2 de setiembre de 1852), decía: "La carencia de vida municipal ha sido el primer escalón por donde han trepado muchos tiranos". Huelga pues todo otro comentario para evidenciar la importancia principalísima del régimen municipal, en la vida de los Estados. 62. Problema de la autonomía del Derecho Municipal.— De la definición y explicaciones formuladas, resulta que el Derecho Municipal es un sistema de normas que sustancialmente son en su mayoría, derecho/;O//'ÍÍCO, algunas con jerarquía constitucional (p. ej., los arts. 5°; 123; 75, inc. 30, etc., de laConst. Nac), derechoaí/mmíJírafívo y derecho/ínanciero. Por lo tanto, el Derecho Municipal no es otra rama jurídica paralela a los derechos político, constitucional, administrativo, financiero, etc., sino que es una parte de esas ramas jurídicas: la referida a los municipios. De momento que el Derecho Municipal no es una rama jurídica "autónoma", tampoco es posible sostener fundadamente que exista una Ciencia del Derecho Municipal que lo tenga por objeto, salvo que se hable en un sentido puramente formal. Ello sin perjuicio de que haya especialistas en Derecho Municipal, pues también hay por ejemplo especialistas en derecho familiar, sin que ello implique la existencia de una ciencia jurídica respectiva, separada de la Dogmática Civil. Queda pues bien claro entonces que no puede hablarse de una autonomía científica en esta materia. Ello no impide que por razones didácticas, hayan existido o existan cátedras de Derecho Municipal, pero no debemos caer en confusiones, pues ésta es una autonomía didáctica y no científica î. A pesar de lo antedicho, cabe consignar que algunos autores sostienen la autonomía científica del Derecho Municipal, aunque sin mayor fundamentación -^2.

' ° Ob. cit. en nota 22, pág. 367. ^' Véase BIELSA, R., ob. cit. en nota 28, pág. 9, pán-. 11. 32

Por ejemplo, ZAVALÍA, Clodomiro, Tratado de Derecho Municipal, Buenos Aires, 1941, pág. 13.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para MUNICIPAL: uso Didáctico y Científico DERECHO FUENTES 649 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

63. Contenido.— De lo ya explicado, se infiere que el Derecho Municipal comprende fundamentalmente todo lo asignado a los derechos constitucional, administrativo y financiero, en cuanto se refiera a los municipios. Por lo tanto, involucra el régimen jurídico del gobierno y administración pública comunal, en su organización y funcionamiento, servicios públicos, obras públicas, higiene, seguridad, promoción cultural, acción social, ornato, régimen financiero, etc. 64. Fuentes del derecho municipal de las provincias ^'.— Son las siguientes: 1) La Constitución Nacional, a cuyo respecto hay que distinguir dos etapas: a) Antes de la reforma de 1994: el art. 5° establecía que las constituciones provinciales debían asegurar, entre otras cosas, "...su régimen municipal...", sin precisar cuáles debían ser las bases. Esto permitió que dichas constituciones prescribieran sistemas que oscilaban entre el régimen de autonomía (más o menos amplio), y el de la dependencia administrativa (lógicamente respecto del gobierno provincial). b) Desde la reforma de 1994, dicho régimen debe ser autónomo, ya que el art. 123 dispone lo siguiente: "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". 2) Las constituciones provinciales, que deben establecer las bases del respectivo régimen municipal, ajustándose al citado art. 123 de la Constitución Nacional. 3) Leyes orgánicas municipales de cada provincia, que deben establecer la estructura integral del régimen municipal ^'*. 4) Ordenanzas municipales, que son dictadas por el órgano legislativo de la respectiva municipalidad, y que constituyen la fuente más numerosa. 5) Decretos del intendente. 6) Costumbre (v. párr. 34, inc. 12). 7) Jurisprudencia. 8) La doctrina, como fuente material.

33 Hago referencia al derecho municipal de las provincias, porque actualmente sólo en ellas hay municipios. Ello es así por no existir ya territorios nacionales (donde había lógicamente municipios), y tainbién porque la Ciudad de Buenos Aires, al pasar a la categoría de ciudad autónoma, ha dejado de ser municipio (v. párr. 66). Con relación al régimen de la Capital Federal, antes de la reforma constitucional de 1994, véase SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, Manual de Derecho Constitucional Buenos Aires. 1946, págs. 319 y 325.


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APÉNDICE

RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 65. Síntesis.— La Ciudad de Buenos Aires inviste el carácter de Capital de la República Argentina, pero dicha situación ha sufrido muchas alternativas, e inclusive en 1987, durante la presidencia de Alfonsín, se dictó una ley disponiendo el traslado de la Capital, emprendimiento que luego se frustró. Por eso y sin relatar los antecedentes históricos (p. ej. haber sido capital del Virreinato del Río de la Plata, etc.), debo sí recordar que fue designada Capital de la Confederación Argentina, por el art. 3° de la Constitución de 1853. No obstante ello, en la llamada "Reforma del 60", ese artículo fue modificado y se dispuso que la Capital debía ser designada "por una ley especial del Congreso". Dicha ley lleva el número 1029 y fue dictada en 1880, época desde la cual es Capital de la República la Ciudad de Buenos Aires. Con tales antecedentes y otros no mencionados, la reforma constitucional de 1994 introdujo varias disposiciones sobre la Capital, considerando no sólo que ahora reviste dicho carácter la Ciudad de Buenos Aires, sino previendo también la posibilidad de un futuro traslado de la Capital de la República y, en tal caso, cuál será la situación político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires, después del traslado de la Capital. Veamos de inmediato los dos casos. 66. Régimen político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires.— a) La reforma de 1994 a la Constitución Nacional, dispuso que dicha Ciudad debe ser autónoma. A tal fin, el art. 129 de la Ley Suprema establece lo siguiente: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. "Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. "En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones". Del texto antedicho surge que la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su autonomía, aunque se trasladara la Capital de la República.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaCIUDAD para uso Didáctico DE BUENOS AIRES y Científico 651 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

b) Alcance de la autonomía porteña (régimen vigente). Según dispone el mencionado art. 129 de la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires debe tener "un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad". Resulta claro entonces, que la urbe porteña debe ser autónoma, pero el problema es fijar los límites de esa autonomía interpretando la Constitución Nacional. En tal sentido, la llamada "Ley de Garantías" (de los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación), que lleva el número 24.588 (de 1995) y está prevista en el citado artículo 129 de la Constitución Nacional, ha consagrado, según la doctrina más autorizada, una autonomía restringida; en efecto, a pesar de la claridad del texto, la ciudad no podrá tener justicia ordinaria propia, aunque sí jurisdicción "en materia de vecindad, contravenciones y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria" (art. 4° de la citada ley). No tendrá policía de seguridad propia, ni Registro de la Propiedad Inmueble, ni Inspección General de Justicia, etc., que continuarán dependiendo del gobierno nacional. c) Análisis doctrinario de la autonomía porteña. De lo antedicho, en especial del art. 129 de la Constitución Nacional, que es la norma básica sobre el punto, surge que la Ciudad de Buenos Aires debe ser autónoma, pero en concreto y por las limitaciones que conlleva el hecho de ser Capital de la República, se trata indudablemente de una autonomía sui generis, de extensión intermedia entre la autonomía provincial y la de los municipios autónomos de provincia (v. párrs. 57 a 59). Entre ambos extremos y sin duda alguna, está más cercana a la autonomía provincial, por lo que, previendo inclusive una razonable ampliación de las facultades de autogobierno, podría ser calificada de autonomía cuasiprovincial. Por otra parte y para evitar una posible confusión, conviene aclarar que la Ciudad porteña es una ciudad autónoma y no un municipio autónomo, en el sentido técnico del vocablo municipio (v. párrs. 54 y 55). A tal punto es cierto lo manifestado, que en la Constitución de la Ciudad, con el fm de promover la descentralización político-administrativa de la urbe, se ha previsto la división de esta en las llamadas comunas (arts. 127 a 131), que son sí verdaderos municipios, a pesar de su pequeña extensión territorial (que deberá fijar una ley local), sin olvidar que varios de ellos serán importantes por la densidad poblacional de algunos barrios porteños. El órgano de gobierno de las comunas de denomina Junta Comunal, y están integradas por siete miembros, elegidos por el voto popular, lo que revela el sentido democrático de las comunas que, dicho sea de paso, tienen atribuciones para resolver problemas propios de cada comuna, sin "contradecir el interés general de la Ciudad" (art. 128). Además, debe crearse un organismo consultivo con el fin de asesorar a la Junta Comunal, y ejercer el "seguimiento de la gestión" (art. 131). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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Las citadas comunas le dan a la Ciudad porteña una evidente semejanza con las provincias, divididas en partidos o departamentos, que son en general municipios-partido (a diferencia del municipio-ciudad), pues abarcan no sólo zonas urbanas, sino también suburbanas y rurales. Otra semejanza con la organización político-institucional de las provincias, radica en la separación de los tres poderes del gobierno de la Ciudad: Legislativo —una Legislatura de 60 diputados—; Ejecutivo —un Jefe de Gobierno o Gobernador—; y el Judicial, integrado por el Tribunal Superior de Justicia, de 5 miembros, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los demás tribunales que se establezcan por ley. d) Situación actual del establecimiento de la autonomía. En definitiva, dicha autonomía ya se ha efectivízado parcialmente al tiempo de salir esta edición; en efecto, ya se aprobó la "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires" ^^ (ciudad que también se llama "Ciudad Autónoma de Buenos Aires —"art. 2° de dicha Constitución"—), y están funcionando el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y parte del Judicial ^^ (pues ya funcionan el Superior Tribunal de Justicia, el fuero contravencional y de faltas). De ahí en más, seguirá un proceso evolutivo, hasta completar la organización resumida en los incisos "b" y "c". e) Régimen anterior a la mencionada autonomía. Por último cabe recordar que hasta la entrada en vigencia de la Constitución porteña, rigió la vida político-institucional de la misma, la llamada "Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (en realidad dec.-ley 19.987, de 1972), con diversas modificaciones. Sin perjuicio de ello y con motivo de que la autonomía se fue completando paulatinamente, el citado cuerpo legal continuó aplicándose parcialmente hasta que se constituyó la Legislatura de la Ciudad, y en tanto sus normas no se opusieran o no hubieran sido expresamente derogadas por la Constitución porteña (v. 23" cláusula transitoria). Como es obvio, durante la vigencia plena del decreto-ley mencionado, la Ciudad de Buenos Aires era una ciudad municipio; en efecto, antes de la reforma de 1994, la Constitución Nacional disponía que el régimen municipal capitalino estaba integrado por: a) el órgano legislativo que era el Congreso de la Nación, en el carácter de legislatura local de la Capital y de manera "exclusiva" (art. 67, inc. 27, antes de la ref.). No obstante ello y por la imposibilidad material de que el Congreso pudiera ocuparse de resolver la infinidad de problemas de una gran urbe, delegó por ley dichas funciones en el Concejo Deliberante; y b) el órgano ejecutivo, que era el Presidente de la República, en el carácter de "Jefe inmediato y local de la Capital de la Nación" (art. 86, inc. 3°, antes de la ref. cit.), que por análogos moTexto auténtico de la "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires": advierto al lector, que es el sancionado por la respectiva Convención Constituyente (el 1° de octubre de 1996), con la corrección de las erratas hecha por la Legislatura de la Ciudad, mediante la ley nro. 1, promulgada el 27-1-1998 {B.O., de la Ciudad, nro. 376, del 3-II-1998). Dicha corrección fue hecha por la Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida por la citada Constitución, en la cláusula transitoria vigésimotercera. La "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires", es la número 7 (promulgada el 12-111-1998, y publicada en el B.O. de la Ciudad, nro. 405, del 15-III-1998.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia PrivadaCAPITAL para uso Didáctico DE LA REPÚBUCA y Científico 653 - Cap. 22 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN tivos delegó esas funciones en el Intendente Municipal, que él designaba. Además, existían el Tribunal Municipal de Faltas y los Consejos Vecinales.

67. Régimen político-institucional de la capital de la República.— La Constitución Nacional (art. 75, inc. 30), dispone que compete al Congreso "ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación". A su vez, el art. 129, segundo apartado, establece que "una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación" (es la citada ley 24.588 que, reglamentando el mencionado art. 129, deslinda en concreto las respectivas competencias entre el gobierno nacional y el gobierno local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires). A su vez y como es obvio, el Presidente de la República sigue siendo el órgano ejecutivo de la Capital Federal (no de la Ciudad de Buenos Aires), dentro de la competencia actual. ' Además, el art. 3° de la citada ley dispone que "continuarán bajo jurisdicción federal todos los inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires, que sirvan de asiento a los poderes de la Nación, así como cualquier otro bien de propiedad de la Nación o afectado al uso o consumo del sector público nacional". Por último, recordaré que el art. 2° hace una reserva genérica de poderes a favor del gobierno nacional, en cuanto fueran necesarios para el ejercicio de sus funciones.





CAPÍTULO 23

DERECHO PROCESAL

EN APÉNDICE: ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA

SECCIÓN PRIMERA

CONCEPTO, DIVISIÓN Y CARACTERES 1. Concepto.— Hay varios criterios para definir esta rama del derecho —algunos de ellos con distintas variantes— razón por la cual sólo me referiré a los más conocidos, que son los siguientes: 1) Criterio de los tribunales judiciales del Estado y procesos respectivos. Como es lógico, al hablar de tribunales "judiciales", se hace referencia a los que integran el Poder Judicial que, en la República Argentina, pueden ser tribunales nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el vocablo "tribunales" ha sido empleado en un sentido amplio, abarcando no sólo a los tribunales colegiados, sino también a los jueces, individualmente considerados. Quedan pues fuera de esta concepción, los tribunales "administrativos" o de otra índole. Se trata de un criterio tradicional y restringido para las concepciones actuales, que puede concretarse diciendo que derecho procesal es el que rige la organización y funcionamiento del Poder Judicial, así como la actuación del juez y las partes en la sustanciación de los procesos. Como variante de este criterio, algunos procesalistas excluyen del ámbito de este derecho los asuntos de "jurisdicción voluntaria", así llamados porque no hay en ellos controversia, como sucede por el contrario en los de "jurisdicción contenciosa", alegando que los primeros son de naturaleza "administrativa". Por ejemplo, sucesiones, autorización para contraer matrimonio, rectificación http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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de partidas, etc. que, dicho sea de paso, se les encomienda a los jueces, por la mayor garantía jurídica que ofrecen, al menos en principio, con respecto a los funcionarios administrativos. Otros autores —la mayoría— los incluyen dentro del derecho procesal y, en consecuencia, los analizan en los libros de esta especialidad. Por otra parte, no debemos olvidar que dichos temas están regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (p. ej., arts. 774 a 784). 2) Criterio de la función jurisdiccional, sin importar el órgano que la ejerza, razón por la cual puede ser tanto un órgano judicial, como administrativo y aun legislativo. Es un criterio amplísimo ', ya que el derecho procesal regiría no solamente los procesos judiciales, sino también los procesos administrativos (p. ej., de ciertos jueces de faltas, de los tribunales militares, del Tribunal Fiscal de la Nación, etc.), y aun los legislativos (p. ej., en d juicio político, donde el Senado ejerce funciones jurisdiccionales, si bien de contenido político y no estrictamente jurídico —V. art. 59 de la Const. Nac.—). Por los motivos indicados, con este criterio cabría dividir el derecho procesal en: judicial, administrativo y legislativo. Hay autores que hablan inclusive de un derecho procesal constitucional. Este criterio amplísimo no es compartido por la mayoría de los procesaiistas, porque en rigor de verdad, en esta concepción el derecho procesal se desdibuja, claro que juzgando este enfoque con criterio científico, que tenga en cuenta la realidad procesal de esta época, cosa que no se hace para formular la concepción amplísima. Tal es lo que sucede con los conceptos "logicistas", y por tanto filosóficos, que si bien pueden captar ciertas esencias, resultan insuficientes para reflejar la realidad procesal de nuestros días. Y es que si bien algunos procesos "extrajudiciales" pueden tener ciertas similitudes con los procesos judiciales, no hay duda de que también presentan diferencias y, entre ellas, la más importante es que siendo el Poder Judicial un poder independiente, al menos desde el punto de vista institucional, sus integrantes gozan de independencia y por ello pueden ser imparciales, si cumplen a conciencia con su deber haciendo verdadera justicia. Esto existe desde el surgimiento del constitucionalismo (fines del siglo xvill y siglo XIX según los países), sobre todo por la separación de los poderes, subordinados los tres a la Constitución. En cambio, los jueces administrativos, por ejemplo, juzgan casos entre administrados y la Administración Pública, cuyo jefe es en nuestro país y según algunos autores, el Jefe de Gabinete de ministros (art. 100, inc. 1°, Const. Nac), que es quien los designa, por lo que en esencia, la Administración Pública es juez y parte al mismo tiempo, lo que no garantiza una verdadera justicia institucionalmente ha' PALACIO, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, 11* ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 199.*i, pág. 9.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DERECHO PROCESAL: CONCEPTO 657 - Cap. 23 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

blando, más allá de que haya jueces administrativos que juzguen con independencia de criterio y con imparcialidad. Por eso en nuestro país, atento lo que dispone el art. 109 de la Constitución Nacional, que prohibe al Presidente de la República ejercer funciones judiciales "en ningún caso", toda sentencia definitiva de jueces o tribunales administrativos, para ser plenamente válida, debe tener la posibilidad de ser apelada ante los jueces ordinarios, es decir, los que integran el Poder Judicial. Por los motivos antedichos, este criterio es rechazado por la mayoría de los tratadistas. 3) Criterio de los tribunales judiciales, los arbitros y los respectivos procesos: entre las dos concepciones antedichas (la primera restringida y la segunda amplísima), hay un criterio intermedio, que cabría calificar de amplio y que está sintetizado en el título. Vemos ahora los dos aspectos que presenta: a) Tribunales y procesos judiciales: este aspecto ha sido explicado pues corresponde al criterio 1. b) Arbitros y proceso arbitral: la doctrina predominante considera que en la actualidad, no puede quedar al margen de la definición del derecho procesal, la actuación de los arbitros para solucionar muchos conflictos entre personas (no todos porque hay casos cuyo sometimiento al arbitraje está prohibido por la ley —v. art. 737 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—). Una prueba de la importancia de los arbitros, es que el citado Código regula el proceso arbitral que, dicho sea de paso, puede revestir dos modalidades, según el carácter en que actúen eslos jueces privados, que pueden ser: arbitros de derecho, cuando actúan precisamente conforme a derecho (arts. 736 a 765 del mencionado Código), y los amigables componedores, que lo hacen de acuerdo a su leal saber y entender, es decir, según equidad (arts. 766 a 773 del mismo Código). No obstante las diferencias indicadas, ambas clases de arbitros carecen de imperio (v. párr. 20), razón por la cual, en el orden nacional por ejemplo, deben recurrir a los jueces ordinarios para ejecutar coactivamente sus resoluciones (v. art. 753 del Cód. citado). Por otro lado, los arbitros tienen una semejanza importante con los jueces ordinarios, como es su independencia con respecto a las partes en conflicto, lo que es una garantía de imparcialidad, al menos en principio. c) Definición del derecho procesal: en síntesis puede afirmarse que para este criterio, es el que rige la organización y funcionamiento de los tribunales judiciales del Estado, y también de los arbitros, así como la actuación de dichos jueces o arbitros y partes, en la sustanciación de los procesos. Por último, aclaro que este criterio amplio es el más aceptado en la actualidad.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRE PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 2. Fundamentos.— En épocas primitivas —y aun en pueblos incivilizados— los hombres "se hacían justicia" por mano propia. Pongo la expresión entre comillas, porque ello conducía en general al predominio de la fuerza y no propiamente de la justicia, ya que suelen no coincidir el mayor derecho con la mayor fuerza. Con la evolución de los pueblos hacia formas cada vez más superiores de convivencia social, esa función de hacer justicia (también Ihmdidnfunción jurisdiccional, de iuris, derecho y dictio, decir), o en otros términos, esa actividad consistente en aplicar el derecho en caso de controversia entre personas, pasa al Estado, que la realiza por intermedio de órganos competentes. Esta evolución responde a una necesidad, porque la justicia privada desemboca en la injusticia y el desorden. En cambio, disponiendo el juez de una fuerza superior a la de las partes, suficiente como para imponer coactivamente sus decisiones —si ello es necesario— y siendo tercero imparcial en el asunto, resulta que este sistema es el mejor camino para la solución justa y pacífica de los conflictos entre los hombres, permitiendo evitar además, tanto la venganza como la impunidad. Pero es necesario establecer con exactitud la organización de los tribunales, las facultades de los jueces (competencia en terminología procesal) y también las normas a que han de someterse tanto el juez como las partes en el desarrollo de los procesos, a efectos de lograr un buen servicio de justicia. 658

3.— Sin perjuicio de lo dicho, se imponen dos aclaraciones: 1) La circunstancia de que el Estado tenga a su cargo la función jurisdiccional, no anula la actividad de los particulares en defensa de sus derechos; por el contrario, éstos tienen la ventaja de invocar ante el juez todas las razones que les asisten y contando con magistrados capaces y honestos, rodeados de las garantías legales que requiere esta excelsa misión (Cap. 21, párr. 140), se tiene la mayor seguridad de lograr justicia en las reclamaciones. ,2) La defensa de los derechos por mano propia, si bien prohibida en principio, es permitida en casos excepcionales, cuando la intervención del Estado llegaría demasiado tarde. Por ejemplo, el art. 34, inc. 6° del Código Penal, dispone: no es punible "el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende"; por lo tanto, el que mata por sí mismo a un hombre en defensa de su propia vida, está en principio eximido de sanción (es la llamada legítima defensa propia). Pero aun en estos casos —y a efectos de una mayor garantía— debe realizarse un proceso ulterior, para establecer la procedencia de tal defensa en el caso concreto. 4, Fin perseguido con el Derecho Procesal.— De lo antedicho, surge con claridad que con esta regulación jurídica se tiende a la realización efectiva de los derechos y deberes consagrados por las leyes de fondo, ya que la organización de los tribunales, la reglamentación de la conducta del juez y las partes en el proceso, etc., no son más que medios de técnica procesal destinados a lograr aquella finalidad. En efecto, las leyes de fondo son las que regulan directamente la convivencia social; en cambio, las leyes de forma, establecen los medios de hacerlas efectivas, en los casos en que no se produce el cumplimiento espontáneo de los obligados.


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5. Importancia del Derecho Procesal.— Fácil resulta ahora comprender la importancia de esta rama jurídica, pues así como el éxito en el logro de un fin, suele depender del camino escogido, la realización efectiva y auténtica de los derechos y deberes consagrados por las leyes de fondo, depende en gran parte del régimen procesal vigente. Ejemplos: una persona puede estar segura de no haber cometido un delito, pero nadie está libre de ser acusado injustamente; ahora bien, en este último caso, ¿de qué vale la inocencia, si por un defectuoso régimen procesal, una persona puede llegar a estar siete u ocho meses privada de la libertad, para después ser absuelta sin mengua de su buen nombre y honor? Este ejemplo pone en evidencia, la importancia de un régimen procesal que asegure ampliamente la defensa del imputado, que evite la posibilidad de coacción sobre él para hacerle confesar hechos que no ha cometido, disminuyendo las atribuciones de la policía y aumentando las del juez y los fiscales, etc. Otro caso: la mayoría de los autores aceptan la superioridad de! procedimiento oral sobre el escrito; por ello, si un mismo delincuente, con motivo de un mismo delito, fuera juzgado por dos tribunales, uno con procedimiento escrito y el otro enjuicio oral, creo que —dadas las ventajas de éste— son muy superiores las probabilidades de llegar a que se aplique más justamente la eventual sanción, si correspondiere, por la vía de la oralidad. 6. División.— I) Atendiendo a su contenido, se lo suele dividir en tres partes fundamentales: 1) Organización judicial, es decir, organización de los tribunales de justicia. 2) Jurisdicción y competencia de dichos órganos. Aunque algunos autores incluyen este aspecto en la parte anterior, es preferible separarlo, para que se distinga mejor. 3) Procedimiento, vale decir, la regulación de la actividad del juez y las partes durante los procesos. Conviene destacar que hay una tendencia a identificar erróneamente el procedimiento con el Derecho Procesal, cuando en realidad, es sólo una de sus partes: esto se revela por ejemplo en la terminología cuando se dice Derecho y Procedimiento Civil, siendo lo correcto hablar de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil o Penal, etc., según el caso. 7.— II) En el campo del Derecho Procesal moderno se nota una marcada tendencia a la diversificación de los procedimientos y de la organización de los tribunales, lo que constituye un índice de su progreso. Por esta razón —y ya que el Derecho Procesal tiende a la realización efectiva de los derechos y deberes consagrados por las leyes sustanciales—atendiendo a las diversas ramas jurídicas de fondo a que se refiere, se divide el Derecho Procesal en: http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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— Civil, comercial, penal, del trabajo, contencioso-admínistrativo, etc. Pero esto no significa que cada uno sea una rama independiente de las otras y que no exista un Derecho Procesal único como ciencia jurídica particular (párr. 11). La diversificación procedimental se advierte aun dentro de cada sector procesal y así, en el Derecho Procesal Civil, encontramos además del "juicio" ordinario (por el que se ventilan todas las controversias que no tengan previsto un procedimiento propio), una serie de procesos especiales: de desalojo, ejecutivo, de concurso civil de acreedores, etc. Esto resulta necesario y conveniente, por las peculiaridades que presentan los problemas a que cada uno se refiere; así por ejemplo, el juicio de amparo, debe ser breve para que resulte eficaz; el de divorcio, no debe ser excesivamente sumario como en algunos Estados porque, en principio, no hay interés en que la gente se divorcie tan fácilmente, etc. 8.— III) Según el poder del que dependa el respectivo órgano jurisdiccional, se habla de procedimiento y derecho procesal judicial, administrativo o parlamentario. Al respecto debo advertir que esta clasificación se vincula con el concepto amplísimo del derecho procesal, pero que gran parte de la doctrina, no acepta la existencia de los llamados derecho procesal administrativo y parlamentario (v. párr. 1, inc. 2), admitiendo sólo que se puede hablar de "procedimiento" administrativo o parlamentario según el caso. 9. Caracteres.— 1) Inspirándose en la división que de las leyes hacía Bentham, se lo caracteriza como formal o adjetivo. Esta connotación, es acertada en el sentido de destacar la diferencia que lo singulariza del derecho material o sustancial, pues según queda explicado, el Derecho Procesal tiende a la realización efectiva de los derechos y deberes consagrados por aquél. En cambio, debe rechazarse el calificativo, si con él quiere atribuírsele un rango jurídico inferior al que corresponde al derecho de fondo (v. párr. 5). 10.— Algunos autores distinguen dentro del Derecho Procesal, normas procesales materiales y normas procesales/orma/eí. Creo con N. Alcalá Zamora ^ y otros autores, que se trata de un error: todas las normas procesales son formales o adjetivas; lo que sí puede distinguirse son: •^ ALCALÁ ZAMORA, N., Derecho Procesal Penal, T. I, escrito en colaboración con LEVENE (h), Ricardo, Buenos Aires, 1945, pág. 33, párr. 18.


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- normas procesales fundamentales o principales, y - normas procesales complementarias o secundarias. Por ejemplo, el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece los requisitos que debe contener la sentencia definitiva de primera instancia, es una norma procesal principal; en cambio, la que establece que los escritos ante los tribunales deben presentarse en tinta negra, es una norma procesal secundaria. Pero, como queda dicho, ambas son formales o adjetivas. 11.— Este carácter del Derecho Procesal, frente a nuestra organización política federal, merece un breve comentario, ya que comúnmente se dice que el Congreso Nacional dicta las leyes de fondo y que las provincias se dan respectivamente sus normas procesales. Ello es —en principio— exacto, pero no del todo y veamos porqué: la Constitución Nacional (arts. 121 y 75, inc. 12) no deslinda en forma precisa ambas atribuciones, pero la doctrina más autorizada, la jurisprudencia y el mismo Parlamento, siempre han entendido —y lo creo acertado— que el Congreso Nacional puede dictar no sólo leyes de fondo, sino también leyes procesales principales. Por ejemplo, el Título XI del Código Penal (arts. 71-76, sobre "el ejercicio de las acciones" —penales lógicamente—); los arts. 1190-1194 del Código Civil, sobre "prueba de los contratos", etc. Ello es así, porque si se dejara al arbitrio de las provincias establecer las acciones que permitan el rápido amparo de los derechos, el régimen de la prueba de los contratos, etc., los derechos consagrados por las leyes de fondo serían fácilmente violados. Por eso hay autores partidarios de unificar las leyes procesales en todo el país, entendiéndose por ello un código procesal nacional que contenga las normas procesales más importantes (enumeración de las pruebas; apreciación de las mismas; fundamentación de las sentencias; relaciones interprovinciales en esta materia como cuestiones de competencia, ejecución de sentencias, etc.), quedando reservado a las Legislaturas provinciales, los aspectos secundarios (forma de la demanda, contestación, notificaciones, administración de la prueba, etc.). 12.— 2) UNITARIO. Interesa destacar este carácter, porque dadas las diferencias existentes entre el proceso civil y el penal, se ha pretendido constituir dos ramas jurídicas autónomas: el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal Penal, con principios, fundamentos y caracteres distintos. No obstante ello, creo que el Derecho Procesal es uno solo, con fundamentos y principios comunes aplicables a los distintos procesos, pudiendo hablarse en consecuencia de una teoría general del proceso. Las nociones fundamentales (acción, prueba, sentencia, jurisdicción, proceso, etc.) son comunes a ambos, lo que equivale a decir que los dos procesos son sustancialmente semejantes: tanto en uno como http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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en otro encontramos dos partes en contienda judicial, frente al juez que escucha a ambos y dicta sentencia conforme a derecho. Las diferencias entre el proceso civil y el penal son formales y no sustanciales; ellas se refieren a formalidades determinadas por la distinta índole de las cuestiones que en ellos se tratan, sin que esas diferencias afecten a la esencia de los respectivos procesos. Por ejemplo, fácil es comprender la necesidad de que en el proceso penal haya una etapa inicial que puede ser secreta en algunos momentos (es el llamado "secreto del sumario"), tendiente a establecer la verdad de un hecho incriminado, detener a los presuntos autores, etc., lo que no es necesario en el civil. N. Alcalá-Zamora', partidario de la unidad de la Ciencia del Derecho Procesal, dice a este respecto: "El proceso penal, como el civil, supone el ejercicio de una acción; tiene por fin obtener una decisión con autoridad de cosa juzgada y, en su caso, la ejecución de la misma: requiere la aportación de elementos probatorios qup sirven de convicción al juez sobre los hechos; ha de brindar la posibilidad de subsanar, dentro de ciertos límites, las equivocaciones o injusticias cometidas, etc. Existe además un tecnicismo y una terminología en su mayor parte común a los distintos sectores procesales...". Como es obvio, lo mismo cabría decir de las demás clases de procesos (laboral, administrativo, etc.). 13.— 3) PÚBLICO. Teniendo en cuenta lo explicado con respecto al carácter público o privado de las normas jurídicas (v. Cap. 20, párrs. 25 y 28), resulta que toda norma o relación jurídica procesal en la que actúe como sujeto el Estado, en su carácter de poder público, será una norma perteneciente al derecho público. Pero tal como dijera en aquella oportunidad, más que este carácter, lo que interesa desde el punto de vista jurídico-positivo, es aclarar si la norma procesal es o no de orden público, para saber si las partes han de cumplirla o pueden dejar de aplicarla. 14.— EL ORDEN PÚBLICOEN ELDERECHO PROCESAL. En general, la mayor parte de las normas procesales son actualmente de orden público, no obstante lo cual quedan todavía muchas que tienen carácter supletorio de la voluntad de las partes y. por lo tanto, pueden los particulares dejar de aplicarlas. Como la noción de orden público es relativa (v. Cap. 20, párr. 29), las consideraciones siguientes han de referirse a nuestro derecho, respecto del cual cabría repetir la frase anterior. En efecto ^•. ' Oh. cit. en nota 2, T. I. pág. 48, nota 92. ** Véase BUSSO, Eduardo B., Código Civil Anotado, T. I, Buenc^ Aires, 1944, págs. 213 y sigs. (análisis delart. 21 del Cód. Civil).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DERECHO PROCESAL: CARACTERES 663 - Cap. 23 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN a) Todas las normas que se refieren a la organización judicial son indiscutiblemente de orden público. b) Lo mismo pasa en general con las normas referentes a la jurisdicción y la competencia. Como excepción, la competencia territorial (v. párr. 35) en materia civil y comercial puede ser prorrogada, ya que el art.T del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo permite para los asuntos exclusivamente patrimoniales, cuando media acuerdo de partes'. Por ejemplo, dos personas domiciliadas en los alrededores de la Capital de la República pueden convenir voluntariamente en someterse a los jueces de ésta, para cualquier derivación judicial que pudiera tener un contrato firmado entre ellas. Fuera de este caso, las normas de competencia son de orden público y si se acordara someter una cuestión civil a los jueces comerciales, por ejemplo, tal decisión no tendría valor alguno. c) En lo que se refiere al procedimiento stricto sensu, hay que disünguir las distintas clases de procesos (civil y comercial, penal, etc.); en efecto, el procedimiento penal, en cuanto tiende a la reahzación efectiva de normas de orden público, reviste en general el mismo carácter. Por el contrario, en materia civil y comercial, la doctrina predominante sostiene que la mayoría de las normas no son de orden público, "pero que, como normas objetivas, debe reconocérseles carácter de orden público cuando el derecho sustantivo cuya acción consagran o regulan, reviste ese carácter" (>. Entre las disposiciones procedimentales civiles de orden público, cabe citar las que se refieren a la acumulación de autos, cosa juzgada, litispendencia, etc. 15.— Ahora bien, lo anterior se vincula con la concepción que se tenga del proceso, pues éste no satisface sólo un interés individual —como lo creía el liberalismo individualista— sino primordialmente un interés social, como es el asegurar el imperio del derecho y la justicia. Claro que, mediatamente, se satisface también el interés del particular que ha sido lesionado en sus derechos y que, mediante la vía del proceso, obtiene la reparación correspondiente, pero esto ocurre también con todas las normas de orden público. Interesa destacar esta concepción moderna del proceso, por las consecuencias prácticas que de ello derivan; en efecto, el procedimiento actual concede al juez amplias facultades en el desarrollo del proceso, al punto de convertirlo en un verdadero director del mismo. Ello se debe a la progresiva socialización del derecho que persigue, en este caso, la finalidad de que la sentencia sea un verdadero reflejo de la justicia. El procedimiento vigente en la Capital de la República para lo civil y comercial (Código de 1967), es un claro ejemplo de dicha orientación. En cambio, durante el siglo XIX —y buena parte del siglo XX en muchos Estados—, como proyección del liberalismo individualista imperante entonces, predominaba la opinión de que el proceso saüsfacía pura y exclusivamente un interés individual; por eso el juez no era un director como en el proceso moderno, sino un verdadero espectador, que estaba limitado no sólo por la ley, sino también en buena medida por la voluntad de las partes. Ejemplo de esta orientación son la mayoría de los códigos procesales de aquella época, entre los cuales estaba el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, vigente desde 1880. En el régimen consagrado por este Código —antes de las reforEl citado Código fue aprobado por decreto-ley 17.454, de 1967, y subrogó al anterior que regía desde 1880 (ver el concepto de competencia territorial en el párr. 35). BUSSO, Eduardo B., ob. cil. en nota 4, pág. 215, párr. 196.


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mas introducidas por la ley 14.237 de 1953— el proceso era impulsado, en principio, por las partes y no por el juez. Por ejemplo, desde que se iniciaba un juicio contra una persona, o más exactamente, desde que se la notificaba, el demandado disponía de 15 días para contestar, pero, vencido el término, el juez no podía declarar caducado el derecho de hacerlo y debía esperar que el demandante lo solicitara'; ahora bien, en caso de que éste no lo hiciera, el demandado podía contestar la demanda al mes o al año con igual validez. En este sistema, sólo excepcionalmente puede el juez por iniciativa propia ("de oficio", como se dice) tomar algunas medidas. Se explica así que en este régimen procesal —dadas las escasas facultades del juez— el éxito en un juicio pueda deberse más a la habilidad y aun a la mala fe del defensor, que a la razón que se tenga. Del proceso regido por este principio de impulsión a cargo de las partes (llamadoprácipio dispositivo), se ha pasado al régimen opuesto, en que corresponde al juez, como director del proceso, darle el impulso de oficio {principio inquisitivo). Tal la orientación vigente ahora en la Capital de la República en materia civil y comercial, pues el Código Procesal Civil y Comercial de ¡a Nación, dispone, por ejemplo, que los jueces podrán "tomar medidas tendientes a evitar la parahzación del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias" (art. 36, inc. 1°); "ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes" (art. 36, inc. 2°). Asimismo, los jueces deberán "prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe" (art. 34, inc. 5° subinc. "d"); etc. 8. 16. Denominaciones.— La expresión Derecho Procesal es sin duda la más apropiada para designar este régimen jurídico y la que ha adquirido mayor difusión; en consecuencia, debemos decir Ciencia del Derecho Procesal, para designar la respectiva especialidad de la ciencia del Derecho. El término "procedimiento ", que se utilizó durante mucho tiempo para designar esta asignatura en universidades argentinas, españolas, etc. (a veces con el adjeúvojudicial) y que subsiste aún en algunos códigos, tiene el inconveniente de que sólo se refiere a una parte de la disciplina, resultando por lo tanto insuficiente. En lo que respecta a los llamados códigos de procedimientos, basta con abrir cualquiera de ellos para comprobar que además del procedimiento, se refieren a la competencia de los tribunales, etc., por lo que es más apropiado denominarlos códigos procesales (civil, penal, etc.).

' El art. 2° de la ley 14.237 disponía que, en principio, todos los términos procesales son perentorios, es decir, que por el solo transcurso del tiempo de que constan (p. ej., los 15 días para contestar la demanda), caduca el derecho que no se ha ejercido en ese plazo y el proceso sigue adelante. Con respecto a los demás principios que dan fisonomía propia al proceso (preclusión, inmediación, de adqui.sición, etc.), véase ALSINA, H., Tratado Teóriio-Práctico de Dereclio Procesal Civil y Comercial. T. I, Buenos Aires, 1941, págs. 260 y sigs.


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17.— Otros han propuesto las denominaciones Derecho Judicial o Judiciario, etc., pero tienen el defecto de inducir en error, porque puede interpretarse que se refieren a la jurisprudencia o a la organización judicial, sentidos en que la emplean muchos autores. SECCIÓN SEGUNDA

CONTENIDO 18. Generalidades.— De los conceptos ya enunciados se infiere el contenido de la Ciencia del Derecho Procesal. Por razones obvias, no es posible referirse aquí a los distintos problemas que plantean: la organización de los tribunales (estudio del Poder Judicial en su estructura, finalidad, caracteres, etc.); \a jurisdicción y competencia de los mismos, y e\ procedimiento (considerando el concepto de proceso, procedimiento, juicio, parte, acción, distintas clases de juicios —ordinarios y especiales, civiles, penales—, etc.). No obstante, analizaré algunos conceptos básicos de la teoría general del Derecho Procesal (jurisdicción, competencia, proceso, acción y prueba). I. LA JURISDICCIÓN 19. Concepto.— Es la facultad de hacer justicia en los casos litigiosos. Esta es la acepción estrictamente procesal del término y coincide —poco más o menos— con la etimología del vocablo (ius, derecho; dicere, decir: decir el derecho), porque es de hacer notar, para mayor claridad, que esta función comprende no sólo la facultad de declarare} derecho por medio de la sentencia, sino también la de ejecutarlo por la fuerza, si fuere necesario (v. además, párr. 2). Por otra parte, no debemos olvidar que la jurisdicción puede ser: a) "de derecho", cuando el juez, por imperar el principio de legalidad, falla conforme a derecho, o bien, b) "de equidad", cuando el juez resuelve según su leal saber y entender (v. "equidad" en el índ. alfab.). Alsina'', por su parte, define la jurisdicción como "la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones".

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ALSINA, H., t)b. di. en nota 8, T. I, pág. 543.


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Es muy común el uso de la expresión "administrarjusticia ", pero, sin perjuicio de que el vocablo "administrar" está empleado en el sentido de "impartir" justicia, hoy se tiende a no usar dicha expresión, porque "administrar" tiene un significado jurídico preciso, para designar la función específica del Poder Ejecutivo; en consecuencia, es algo contradictorio hablar en ciencia jurídica de "administrar jusúcia". Por tal motivo, se tiende actualmente a usar las expresiones "hacer justicia", ejercer la "función jurisdiccional", etc. A su vez, en lugar de "administración de justicia", se tiende a decir "servicio de justicia". El antedicho es el sentido funcional de la expresión criticada, pero conviene advertir que también se la usa con un significado orgánico, para designar la totalidad de los jueces (y tribunales) de un Estado, sea nacional, provincial y aun municipal (p. ej., cuando se dice que XSL administración de justicia está integrada por los jueces de primera instancia, etc.). Este otro significado es también criticable, pues hay vocablos más adecuados, como Poder Judicial y otros. Por último recordaré que el uso de esta expresión en los sentidos criticados, deriva de la supervivencia de vocablos en regímenes diferentes a los que les dieron origen; en efecto, cuando la función judicial estaba en manos del poder administrador —el único existente en las monarquías absolutas, p. ej.— el uso de la expresión tenía un fundamento sólido. Ahora bien, cuando el Poder Judicial surgió como un poder independiente, dentro del sistema de separación de poderes, tal fundamento desapareció, pero por la fuerza de la costumbre, se siguió usando el vocabulario anterior. 20. Jurisdicción e imperio.— Hay autores en cuyo concepto la jurisdicción es la facultad de declarar el derecho y, el imperio, la potestad de hacer cumplir las decisiones por la fuerza, si ello fuera necesario. Por mi parte, creo que ello no es exacto, ya que el concepto de jurisdicción comprende una serie de facultades, entre las cuales se encuentran el imperio, como así también la de llamar personas a comparecer ante el tribunal, la de dictar sentencia y, en fin, otras establecidas en las respectivas leyes. En síntesis, al hablar de jurisdicción a secas, se sobrentiende comprendido el imperio, ya que es uno de sus elementos '0. 21. Jurisdicción y Poder Judicial.— La división de poderes es uno de los caracteres fundamentales del régimen republicano y, más exactamente, de todo Estado de derecho. Ahora bien, cada uno de esos poderes tiene a su cargo una función específica: el Poder Legislativo, la función legislativa; el Poder Ejecu-

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ALSINA, H., ob. cit. en nota 8, T. I, págs. 550-551.


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tivo, la función administrativa; y el Poder Judicial, la función jurisdiccional o, en otros términos, hacer justicia. Pero así como no es absoluta la separación orgánica, lo es menos aún la funcional: por eso se dice que además de separación, hay interdependencia y colaboración entre los poderes del gobierno. Así, por ejemplo, la función legislativa es específica del Parlamento, pero no exclusiva, ya que también la ejerce el Poder Ejecutivo al dictar decretos y, el Poder Judicial, en nuestro país, por ejemplo, al dictar acordadas (párr. 89). Lo mismo pasa con la jurisdicción, siendo esto lo que nos interesa destacar aquí: la función jurisdiccional —si bien específica del Poder Judicial— no es ejercida sólo por él, sino también por los otros poderes del gobierno. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando por intermedio de diversos órganos (ministros, jueces administrativos, jefe de policía, etc.) establece multas y algunas otras sanciones, ejerce una función jurisdiccional: es la jurisdicción administrativa. También ejerce la misma actividad el Poder Legislativo, cuando juzga en juicio político: es la jurisdicción parlamentaria o legislativa. Por último, la ejercida por el Poder Judicial —^jurisdicción judicial— es la jurisdicción por antonomasia y la que ofrece mayores garantías de justicia. 22.— Otras acepciones en que se emplea el término jurisdicción. Además de la acepción ya explicada —y que considero la exacta— el vocablo jurisdicción es empleado corrientemente en otros sentidos, siendo los principales los siguientes: l)Como sinónimo de distrito o circunscripción territorial dentro del cual se ejerce una autoridad. Así se dice que tal asunto pertenece a la jurisdicción provincial, de la Capital, etc. En realidad, en el orden procesa! esto se denomina competencia territorial. 23.— 2) Con referencia a la capacidad concreta del órgano judicial, para entender en un caso dado por razón de la materia (naturaleza del asunto). Hablando en este sentido, se dice que un asunto es de jurisdicción civil, comercial, penal, del trabajo, etc. Pero en términos precisos esto se denomina competencia ratione materiae. 24.— 3) Designando al mismo órgano dejusticia. Así se habla también de jurisdicción del trabajo, civil, comercial, etc. En realidad, esto se denomina tribunal o fuero del trabajo, civil, etc. Conviene tener presente estas aclaraciones a efectos de emplear los términos en su verdadero significado, sin caer en impropiedades terminológicas que confunden los conceptos. 25. Clasificaciones.— I) Atendiendo al poder del gobierno que la ejerce, se distingue (ver concepto amplísimo del derecho procesal —párr. 1, inc, 2—): 1) Jurisdicción judicial, a cargo del Poder Judicial. 2) Jurisdicción administrativa: es la ejercida por el Poder Ejecutivo a través de diversos órganos facultados a tal fin. Así, por ejemplo, en nuestro país, tienen funciones jurisdic-


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clónales ciertos funcionarios de la Administración Pública: tal sucede en materia de impuestos, aranceles, etc. La misma función es ejercida en ciertos casos por los tribunales militares (jurisdicción militar); por los Jueces de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, antes de sancionarse la Constitución de dicha ciudad, ya que fueron sustituidos por el fuero contravencional y de faltas, como existe actualmente, etc. 3) Jurisdicción parlamentaria o legislativa: es la que ejerce el Parlamento en caso de juicio político (en nuestro país, esta función corresponde al Senado —art. 59 de la Const. Nac.—), etc. 26.— II) Siendo el servicio de justicia función específica del Poder Judicial y correspondiendo a los otros poderes sólo como excepción, se distingue: 1) Jurisdicción judicial u ordinaria: es la ejercida por el Poder Judicial. Constituye la regla y a ella corresponde el conocimiento de todos aquellos litigios que no tengan establecida una jurisdicción especial (en nuestro país, dado el régimen federal, se divide la jurisdicción judicial en nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires). 2) Jurisdicciones especiales: están a cargo de los otros poderes a través de diversos órganos. Tal es el caso de la jurisdicción administrativa, militar, etc. y, en ciertos países, aun la eclesiástica. 27.— III) Algunos autores, por razón de la fuente de donde surge, distinguen: 1) Jurisdicción eclesiástica: nace de la divinidad, y 2) Jurisdicción temporal o secular, que es la surgida de la ley del Estado. En realidad, creo que esto no es exacto, pues aun en aquellos Estados en que los tribunales eclesiásticos entienden en ciertos asuntos (matrimonio, divorcio, etc.), lo hacen en virtud de una autorización expresa o tácita del Estado; por lo tanto, toda jurisdicción emana del "Estado". Atendiendo a esta argumentación, creo que es más acertado considerar a la jurisdicción eclesiástica —donde ella existe— como una de las jurisdicciones especiales. 28.— En la República Argentina, después de la sanción de la ley 2393 de matrimonio civil (1888), dejó de pertenecer a los tribunales eclesiásticos el conocimiento de las causas referentes a matrimonios, divorcios, nulidad del matrimonio, impedimentos, etc. Por lo tanto, estrictamente hablando, desde entonces no existe entre nosotros la jurisdicción eclesiástica, aunque existan tribunales eclesiásticos que juzgan asuntos internos de la Iglesia (faltas disciplinarias de sus miembros, etc.) y sin que ello importe la existencia de un fuero personal (Cap. 24, párr. 84). En efecto, estos tribunales, organizados según el derecho canónico (Cap. 30), no ejercen una función jurisdiccional, sino úm^\es siempre relativa Incapacidad 2) de hecho l í ^ " ^ b) relativa 1) La incapacidad de derecho, es aquélla en virtud de la cual la persona afectada por ella, no puede ser titular de derechos. Esta incapacidad es siempre relativa, es decir, referida a determinados derechos; si fuera absoluta desaparecería el sujeto de derecho, lo que no es posible (Cap. 5, párr. 50). Veamos algunos ejemplos tomados del Código Civil: - el tutor o curador es incapaz de derecho, respecto de la compra de los bienes de su pupilo, es decir, no los puede adquirir válidamente (art. 1361, inc. 2°); - los funcionarios o empleados públicos, con respecto a la compra de los bienes del Estado, cuya administración o venta se les hubiere confiado (art. 1361, inc, 5°); - el albacea —ejecutor testamentario— no puede comprar válidamente los bienes de la herencia a su cargo (art. 1361, inc. 3°); etc. Como es lógico, las personas precitadas, tienen capacidad de derecho, con respecto a otras cosas o bienes. El fundamento de esta incapacidad —según suele decirse— es de orden puramente moral, con prescindencia de toda consideración a la aptitud física o psíquica de los sujetos, y la ley la establece con la finaUdad de asegurar una mayor moralidad en las relaciones sociales. 14.— 2) Incapacidad de hecho: pudiendo ser titular de un derecho, no se lo puede ejercer. Se fundamenta en razones de deficiencias físicas o psíquicas, transitorias o permanentes, en virtud de las cuales el sujeto no está en el goce normal de sus facultades físicas y mentales. Puede ser: a) Absoluta: cuando la persona está inhabilitada para el ejercicio de todos sus derechos. Según el art. 54 del Código Civil, sufren esta incapacidad: 1) las personas por nacer: 2) los menores impúberes (menores de 14 años —art. 127, Cód. Civil—); 3) los dementes; 4) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Ejemplo: un menor, de 10 años de edad, puede ser propietario de una casa (capaz de derecho), pero no puede válidamente enajenarla, arrendarla, etc., por sí mismo (incapaz absoluto de hecho). b) Relativa cuando inhabilita a la persona para ejercer algunos derechos. Ejemplo: el caso de los sordomudos que saben darse a entender por escrito; los menores adultos (mayores de 14 años pero menores de 21 —art. 127, Cód. Civil—) que, entre otros actos, están facultados 5 para reconocer hijos y testar, sin autorización paterna (art. 286, Cód. Civil). ^ Edad mínima de los menores para contraer matrimonio. Hay que distinguir: 1) Caso común: deben tener como mínimo 18 años el hombre y 16 la mujer (art. 166, inc. 5°, Cód. Ci\'il). En este caso (y hasta cumplir los 21). los menores necesitan para casarse la autorización conjunta de los padres (art. 264 quater, inc. 1°, Cód. Civil), o de aquél que ejerza la patria potestad, o del tutor en defecto de aquéllos y, en última instancias, del juez (art. i68, Cód. Civil). Si ¡os padres (o el tutor) se opusieran infundadamente, el menor afectado puede solicitar la venia supletoria del juez quien, prs\iojuicio de disenso, dará o no la venia solicitada.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA COSAS 777 - Cap. 26 Copia Privada DERECHO para usoCIVIL: Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Para suplir estas incapacidades, existe la institución de los representantes (padres, tutores, etc.), por medio de los cuales aquellos actos pueden realizarse (art. 57, Cód. Civil). En determinados casos, interviene también el Ministerio de Menores e Incapaces. Porúltimo, además de las incapacidades civiles, es menester recordar también que hay otras establecidas por el derecho penal (p. ej., art. 12, Cód. Penal), comercial, etc.

Menores con capacidad civil casi plena: sin perjuicio de lo dicho, conviene recordar que hay ciertos menores, a quienes en atención a circunstancias especiales, la ley les reconoce una capacidad de hecho casi plena. Se trata de los llamados genéricamente menores emancipados (ver arts. 128 y 131 a 136, Cód. Civil) que, en concreto, son los siguientes: 1) emancipados por matrimonio; 2) por habilitación de edad (desde los 18 años); 3) por trabajar en relación de dependencia (ver. Cap. 28, párr. 44); y 4) por obtención de título profesional. m . COSAS 15.— En el Capítulo 5, se ha hecho referencia al papel que en el derecho tienen las cosas. A continuación, las estudiaremos con particular referencia al derecho argentino. 16.— CONCEPTO. "Se llaman 'cosas' en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor" (art. 2311, Cód. Civil). Dos son, pues, las condiciones para que un objeto pueda ser considerado como cosa, jurídicamente hablando: 1) Que se trate de objetos materiales, es decir, que caigan bajo la acción de nuestros sentidos; que podamos verlos, tocarlos, etc. Ejemplo: una mesa, un libro, etc. 2) Que sean susceptibles de tener un valor: la ley se refiere al valor económico, cualquiera sea su importancia. No son cosas jurídicas, los objetos materiales o inmateriales de utilidad general, pero no susceptibles de apropiación, como el aire, el sol.; es necesario que posean una utilidad económica, expresable, por lo tanto, en el común denominador de los valores, es decir, en dinero. En lenguaje vulgar la palabra cosa tiene un significado mucho más amplio; designa todo lo que existe, sean objetos materiales o inmateriales, tengan o no valor económico. Por ejemplo, el aire, el sol, la luz, una mesa, etc., son cosas en este sentido. 17.— DIFERENCIA CON LOS BIENES. En derecho se emplea también la palabra bienes, de significado más amplio que cosas, ya que comprende a estas últimas y, además, los objetos inmateriales, es decir, los no susceptibles de ser tocados ni vistos, pero que existen intelectualmente, como el derecho de propiedad, el de usufaicto, etc. Las cosas son, pues, una clase de bienes: los materiales. Nuestro Código consagra este concepto cuando dice en el art. 2312: "Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman 'bienes'". 2) Casos extraordinarios en que el menor puede casarse teniendo menos edad que la mínima (p. ej. la mujer menor de 16 años que desea casarse con quien la ha embarazado o violado): se requiere autorización judicial, previo ;í/ido de dispensa (de edad).


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Resulta así que para nuestra ley, la palabra bien tiene un doble significado ^: 1) El restringido, que se refiere a los bienes propiamente dichos, caracterizados por: a) ser objetos inmateriales (p. ej., todos los derechos subjetivos considerados en sí mismos, como el derecho de propiedad, etc.); b) ser objetos susceptibles de tener un valor. En este sentido, los bienes propiamente dichos o derechos se oponen a las cosas. 2) El concepto amplio o genérico, comprendiendo los derechos o bienes stricto sensu y las cosas. En una palabra, todos los objetos, corporales o incorporales, susceptibles de tener un valor económico. El conjunto de bienes (y cargas, aunque el Código no lo diga, pues fluye de su interpretación) de una persona, constituye su patrimonio (art. 2312,2"pte., Cód. Civil). 18.— CLASIFICACIONES. Nuestro Código Civil las clasifica desde dos puntos de vista: I) Cosas consideradas en sí mismas, es decir, con relación a su naturaleza, prescindiendo de que tengan o no dueño (arts. 2311 y sigs.). II) Cosas consideradas con relación a las personas. Debió agregar el Código "a que pertenecen", para mayor precisión y, más aún, decir bienes en lugar de cosas (arts. 2339 y sigs.). Esta segunda clasificación tiene su importancia, ya que según a quien pertenezcan, habrá variaciones en el respectivo régimen jurídico. 19.— I) CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS EN SÍ MISMAS. El Código las clasifica desde distin-

tos puntos de vista: 1) Muebles o inmuebles — INMUEBLES (O raíces): son las que se encuentran fijas en un lugar determinado; las que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, un terreno, una casa, etc. Pueden serlo: a) por naturaleza; b) por accesión (fi'sica o moral); y c) por su carácter representativo. a) Inmuebles por naturaleza: son "las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas y fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre" (art. 2314). Por ejemplo, la tierra, las aguas, los minerales (no los tesoros), los árboles, yerbas, pastos, etc. El carácter inmueble de estas cosas cesa desde el instante en que dejan de formar parte del suelo o de estar incorporadas a él: son cosas muebles, por ejemplo, la fierra, las piedras, o las plantas separadas del suelo (art. 2319). 20.— b) Inmuebles por accesión: hay accesión, en términos generales, cuando una cosa mueble se incorpora a otra inmueble. Nuestra ley distingue dos clases: -física: "son las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esa adhesión tenga el carácter de perpetuidad" (art. 2315). Ejemplos, los edificios, escaños y surtidores de plazas, galerías de las minas, etc. El carácter inmueble de estas cosas, cesa desde el momento en que son separadas del inmueble al que estaban adheridas, por ejemplo, en el caso de demolición de un edificio, los materiales de construcción recobran su carácter de cosas muebles (art. 2319).

AFTALIÓN, E. R. - GARCÍA OLANO, F., introducción al Derecho, Buenos Aires, 1980, pág. 603.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 779 - Cap. 26 DERECHO CIVIL: COSAS Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

- moral: son "las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente, como accesorias de un inmueble, por el propietario de éste, sin estarlo físicamente" (art. 2316). Ejemplos, los muebles que constituyen el ajuar de una casa, los útiles de labranza de una estancia, etc. El carácter de inmuebles por accesión moral, cesa desde que las cosas muebles inmovilizadas, son retiradas del inmueble. Como en algunos casos pueden presentarse dudas, advierto que el carácter mueble o inmueble de una cosa, depende exclusivamente de la ley: la voluntad de las partes no puede variarlo. Sin embargo, la ley toma en cuenta algunas veces esa voluntad, para atribuir a ciertas cosas muebles el carácter de inmuebles (art. 2316, Cód. Civil). Muchos son los casos que sobre el punto han debido ser resueltos por los tribunales. 21.—c) Inmuebles por su carácter representativo: son los instrumentos pííWícoí donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, excepto los de hipoteca y anticresis (art. 2317). Por ejemplo, título de propiedad. Las dos excepciones se justifican fácilmente, porque se trata de derechos accesorios, constituidos siempre con el objeto de garantizar un crédito, y la ley, en virtud del viejo principio jundico de que lo accesorio sigue la condición de lo principal, ha hecho participar a éstos del carácter mueble de los créditos. Esta inclusión como cosas, de los inmuebles por su carácter representativo (y de los muebles como veremos después), es un error del Código, pues se trata de bienes. 22.— MUEBLES: son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea por acción de una fuerzaexterioraellas(p.ej.,sillas, libros, etc.), sea porsí mismas (p.ej., los animales), llamándose en este último caso semovientes. Como puede apreciarse, la característica fundamental que sirve de base a esta clase de cosas, es que pueden transportarse de un lugar a otro. Las cosas muebles, pueden serlo: a) por su naturaleza, y b) por su carácter representativo. Como vemos, falta la clase de muebles por accesión y ello se explica fácilmente, ya que si puede concebirse la existencia de cosas muebles hechas inmuebles por accesión, no es posible concebir la existencia de inmuebles hechos muebles por accesión. 23.— a) Muebles por naturaleza: son "las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza extema, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles" (art. 2318). Por ejemplo, los animales, sillas. mesas, etc. b) Muebles por su carácter representativo: son todos los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales (p. ej., título de crédito), o la existencia de derechos reales sobre cosas muebles (p. ej., prenda, usufructo, uso, etc.) y los instrumentos públicos que comprueben derechos reales de hipoteca y anticresis. 24.— Tiene importancia práctica distinguir entre muebles e inmuebles, porque su régimen jurídico es distinto y así por ejemplo, la compraventa de inmuebles, debe ser hecha en escritura pública; la de muebles, puede serio a voluntad, en escritura pública o instrumento privado;sólo los inmuebles pueden hipotecarse, con excepción de la hipoteca naval (sobre buques de 10 toneladas o más de arqueo total); hipoteca aérea; etc.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ABELARDO TORRE ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico 25.—PROHIBIDA 2) Fungibles oLA no VENTA, fungibles. IMPRESION O DISTRIBUCIÓN a) FUNGIBLES: son aquellas que suelen determinarse por su peso, número o medida y que pueden ser reemplazadas las unas por las otras, en el pago o cumplimiento de una prestación. Dice el art. 2324: "son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad". Por ejemplo, el dinero, cien tomillos, un quintal de trigo, etc.; en efecto, cien tomillos equivalen a otros cien tomillos de la misma calidad; un quintal de trigo, a otro quintal de la misma calidad; etc. El fundamento de la fungibilidad está en que las cosas tienen el mismo valor económico. b) No FUNGIBLES: las que no pueden sustituirse unas por otras, por tener individualidad propia. Por ejemplo, una casa determinada, un caballo de carrera, un cuadro famoso, etc. Esta clasificación es de carácter esencialmente relativo, pues muchas veces, el carácter fungible o no fungible de una cosa, depende de la voluntad de las partes. Por ejemplo, una moneda, una estampilla, un código, etc., son en principio cosasftingibles,pero no lo son una moneda antigua, una estampilla de alto valorfilatélico,o un código con anotaciones marginales. 780

26.-7- 3) Consumibles o no consumibles. a) CONSUMIBLES: son (art. 2325) "aquellas cuya existencia termina con el primer uso (comestibles, tabaco, etc.) y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad" (p. ej., el dinero). b) No CONSUMIBLES: son "las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean suscepfibles de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo" (art. 2325) (p. ej.: zapatos, vestidos, instrumentos de trabajo, etc.). La clasificación tiene su importancia práctica y así por ejemplo, no puede celebrarse un contrato de locación, sobre cosas consumibles, aunque sí podría celebrarse sobre ellas un contrato de mutuo (préstamo de consumo), contrato que produce consecuencias distintas del anteriormente citado. 27.— DIFERENCIA CON LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR. Ordinariamente las cosas fungibles son también consumibles; tal el caso de los comestibles en general, los cuales, siempre que sean de la misma especie y calidad, son cosas fungibles y al mismo tiempo consumibles. Sin embargo, puede ocurrir que una cosa sean fungible y no consumible, como el caso del ejemplar de un código prestado por un librero a otro. Es necesario no confundir pues lafungibilidad con la consumibilidad: la primera, depende primordialmente de la intención común de las partes y, la naturaleza de las cosas, puede servir como elemento de juicio para conocer esa intención, pero por sí sola no determina su fungibilidad. La consumibilidad, por el contrario, depende de la naturaleza misma de las cosas, en cuya virtud se exfinguen o no por su primer uso ''. 28.— 4) Divisibles o indivisibles. a) DIVISIBLES: son "aquellas que sin ser destmidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma" (art. 2326). Ejemplo, la tierra, una pieza de género, etc. SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, T. II, 9° ed. (actualizada por Víctor N. Romero del Prado), 1951, pág. 79, párr. 1450.


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b) INDIVISIBLES: son las que no pueden fraccionarse sin ser destruidas. Ejemplo, un caballo, un cuadro, etc. Estrictamente hay que distinguir una indivisibilidad natural (un caballo) y otraîír;'dica (una casa de departamentos, donde no exista propiedad horizontal ^). Puede ocurrir, sin embargo, que cosas indivisibles pertenezcan a varias personas. En tal caso, se procede a la división —cuando ello sea necesario— según su valor reducido a dinero.

29.— 5) Principales o accesorias. a) PRINCIPALES: son aquellas que tienen una existencia propia, independiente de la de cualquier otra cosa. El art. 2327 dice: "son cosas principales las que pueden existir para sí mismas y por sí mismas". Por ejemplo, una casa. b) ACCESORIAS: son aquellas cuya existencia y naturaleza dependen de las principales (art. 2328). No poseen una existencia propia, pues están adheridas a aquéllas o se les vinculan por lazos de dependencia. Ejemplo, un marco con respecto a una tela; en un anillo de brillantes, el aro es lo accesorio y la piedra, cosa principal; en una biblioteca, los estantes son lo accesorio y los libros, cosa principal. Esto es cierto como regla general, pues excepcionalmente podría ocurrir lo contrario y ser, por ejemplo, el marco cosa principal y la tela, lo accesorio. 30.— 6) En el comercio o fuera del comercio. a) EN EL COMERCIO (son enajenables): "están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública" (art. 2336). Por ejemplo, una casa, un ropero, etc. b) FUERA DELCOMERCIO: son las que no pueden enajenarse, ya sea en forma absoluta o

relativa (arts. 2337 y 2338). Ejemplo, calles, plazas, templos, etc., en el primer caso y neumáticos durante el racionamiento o bienes de incapaces, como ejemplos de inenajenabilidad relativa, ya que este caso —según la ley— se presenta cuando es necesaria una autorización previa (art. 2338). 3 1 . — II) CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS CONSIDERADAS CON RELACIÓN A LAS PERSONAS. Se-

gún nuestro Código (art. 2347), se clasifican en: 1) Bienes del Estado (nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires). Pueden ser públicos (dominio público del Estado) o privados (dominio privado del Estado). 2) Bienes municipales. 3) Bienes de las iglesias. 4) Bienes de los particulares. El análisis detallado de esta clasificación, con su importancia práctica en cada caso y sus diversas proyecciones, corresponde hacerlo en los distintos cursos de derecho civil.

La propiedad horizontal (sobre inmuebles edificados): es la propiedad por pisos y/o departamentos. En esta institución, establecida entre nosotros por ley 13.512 (octubre de 1948), no existe condominio sobre la totalidad del inmueble, aun cuando ese condominio subsista forzosa y necesariamente sobre elementos comunes, que son indispensables a todos los propietarios: tales el suelo donde .se asienta el edificio, el techo, las escaleras, ascensores, paredes maestras, cimientos, etc.


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IV. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

32.— Antes de formular la crítica correspondiente, veremos en forma sumaria las soluciones más conocidas que se han dado a este punto. 33. Clasificación tradicional de las fuentes.—Inspirada en el Derecho Romano, distingue cinco fuentes (las cuatro primeras surgen de las Institutas de Justiniano; en cambio la ley, fue agregada por los glosadores): 1) CONTRATO: "hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos" (art. 1137, Cód. Civil), Por ejemplo, contrato de compraventa, del que surgen las siguientes obligaciones {stricto sensu): para el comprador la de pagar el precio y, para el vendedor, la de entregar la cosa vendida; etc. Además, se denomina contrato, al instrumento o documento en que consta el acuerdo celebrado. 34.— 2) CUASICONTRATO: hecho lícito y voluntario, del que surgen deberes y derechos entre las partes, sin mediar un acuerdo de voluntades. Ejemplos, gestión de negocios y pago indebido. La primera tiene lugar cuando una persona realiza un negocio a nombre de otra, sin mediar autorización previa de ésta. Sería el caso de una persona que fallece alejada de sus herederos y parientes, lo que determina que algún amigo o vecino del causante, se encargue del entierro y atienda la urgente administración de sus bienes. Existe aquí un cuasicontrato, porque no ha mediado acuerdo entre el gestor y los herederos, pero, sin embargo, del hecho unilateral que aquél realiza, surgen derechos y deberes entre ellos. Como es lógico, si los herederos conocen y aprueban la gestión de aquél, la relación deja ya de ser un cuasicontrato y, por haber acuerdo de voluntades, pasa a ser un contrato. 35.— El contrato y el cuasicontrato son hechos lícitos; por el contrario, el delito y el cuasidelito son hechos ilícitos, pero generadores o fuente de obligaciones. 36.— 3) DELITO: es el acto ilícito ejecutado con intención dañosa (dolo). Por ejemplo, si deliberadamente se atropella con un automóvil a un peatón. En derecho civil se estudia el delito civil y, particularmente, su consecuencia fundamental, que es el deber impuesto al autor, de reparar los perjuicios o daños (sin daño no hay delito civil), por él ocasionados (art. 1077, Cód. Civil: "todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona"). El delito civil no debe ser confundido con el delito penal, pues son instituciones diferentes, aunque en muchos casos se presenten simultáneamente. Por ejemplo, cuando una persona comete homicidio, se le aplica la pena correspondiente a ese delito penal, pero, al mismo tiempo, deberá indemnizar a los deudos, por el daño material y moral (delito civil) que les ha ocasionado la muerte de esa persona. 37.— 4) CUASIDELITO: es el acto ilícito realizado sin intención dañosa pero con negligencia, es decir, no previendo lo previsible (no hay dolo pero sí culpa). Por ejemplo, cuando un automovilista atropella por descuido a un peatón.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA FUENTES LAS Didáctico OBLIGACIONES 783 - Cap. 26 Copia Privada paraDEuso y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN De él surge también la obligación de reparar el daño ocasionado, teniendo esto mucha importancia, por su aplicación práctica. Ejemplos de cuasidelitos son, en general, los accidentes de tránsito —por cierto muy frecuentes—; los daños derivados del ejercicio de profesiones liberales (médicos, ingenieros, etc.); los daños ocasionados por cosas, sean animales (un perro que muerde a una persona), sean cosas inanimadas (una maceta que cae de un balcón y lesiona a un transeúnte), que obligan a sus dueños a reparar los daños ocasionados; etc. 38.— 5) LEY: según este criterio, son muchas las obligaciones surgidas exclusivamente de la ley y, a veces, sin que sea necesario acto alguno del obligado. Ejemplo: la obligación alimentaria entre ciertos parientes, tendría por fuente exclusiva la ley, no siendo necesario ningún acto del obligado para que ese derecho exista. Se trata indudablemente de un criterio equivocado ya que la ley nunca es "fuente de obligaciones"; en efecto, lo que sucede es que la ley establece derechos y deberes jurídicos, cuando se producen ciertos hechos jurídicos en la realidad (v. Cap. 5, párrs. 59 y sigs.), por lo que son estos hechos jurídicos mentados en la ley (o norma en general), la verdadera fuente de obligaciones. Por ejemplo, la ley establece que el padre tiene ciertos deberes y derechos respecto del hijo, pero para que esos derechos y deberes alcancen vigencia, es preciso que se produzca el hecho jurídico establecido por la ley que, en el ejemplo sería la concepción o nacimiento del hijo según el caso 9. 39.—Esta clasificación tradicional ha sido objeto de muchas críticas, pero interesa recordarla particularmente, pues nuestro Código Civil la consigna en el art.499; "No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos {es decir, contratos o cuasicontratos) o ilícitos {es decir, delitos y cuasidelitos), de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles". 40. Clasificaciones modernas.— En doctrina, Planiol sostiene que las fuentes de las obligaciones son sólo dos; la ley y el contrato. Alega que los delitos, cuasideUtos y cuasicontratos, provienen de la ley. Bonnecase, Pothier, etc., extremando las cosas, han ¡legado a sostener que la única fuente de las obligaciones es la ley, porque hasta los mismos contratos derivan de ella su validez. Con las explicaciones formuladas (párr. 38), resulta evidente el error de tales criterios. 41. Otras fuentes.— A las cuatro fuentes tradicionales, la doctrina moderna ha incorporado otras, que algunos autores aceptan y otros no, pero que se van imponiendo cada vez más, porque si bien son parecidas a las tradicionales, presentan sus matices propios. Son: a) ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O INDEBIDO: por ejemplo el que experimenta una persona a la que por error, se le ha pagado de más. La obligación es la de restituir el exceso correspondiente. Algunos códigos modernos, como el alemán, el suizo de las obligaciones, el japonés, etc., han consagrado el enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de obligaciones, al lado de los contratos, cuasicontratos y actos ilícitos. ' Véase ALTERINI, Atilio A. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., Derecho de Obligaciones, Abeledo-PeiTot, Buenos Aires, 1996, esp. pág. 62.


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42.— b) DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD O VOLUNTAD UNILATERAL: en virtud de ella, una sola persona por su exclusiva voluntad, independientemente de toda aceptación por otra persona, puede obligarse, es decir, es capaz de hacer nacer obligaciones a su cargo, perfectamente válidas y exigibles. Por ejemplo, la promesa de recompensa, dirigida en forma indeterminada al público en general, para el caso de que restituya a su dueño un objeto perdido, o dé señales del paradero de una persona; la oferta a persona indeterminada, como la que se hace al público en un negocio, un vehículo de transporte o un teatro; la promesa de fundación, etc. c) ABUSO DEL DERECHO 'O; existe cuando una persona, usando de algún derecho, realiza un acto del que resulta daño para un tercero y ninguna utilidad para él. Por ejemplo si un propietario construye en su terreno una pared alta, con el único propósito de perjudicar al vecino, quitándole la vista a su casa u oscureciéndola; o si lo hace para impedirle que utilice su campo de aviación haciendo peligroso el aterrizaje; o si el propietario de un gran terreno, exige la demolición de la parte de una casa que se ha construido en un terreno vecino, ocupando por un error de cálculo, algunos centímetros del suyo; etc. En todos los casos estamos frente a un uso abusivo, injusto y antisocial de un derecho, del que surge la obligación de reparar el daño ocasionado (por eso es fuente de obligaciones). , La reforma al Código Civil de 1968, introdujo la prohibición del uso abusivo de los derechos en el art. 1071, si bien la jurisprudencia—sin texto legal expreso que lo admitiera— lo había reconocido ya antes en muchos casos. Como dije de las otras fuentes nuevas y sin entrar a analizar su concepto y elementos, porque saldríamos del marco de esta obra, es evidente que el abuso del derecho se parece mucho a los actos ilícitos de que he hablado. Sin embargo, también se diferencia de ellos, en que el uso abusivo de un derecho, presupone siempre la existencia de un derecho en el que lo comete (en los casos anteriores, existe siempre el derecho de propiedad; en cambio, el acto ilícito, es realizado sin derecho, vale decir, ilícitamente). d) SENTENCIA JUDICIAL (v. Cap. 14, párr. 7). 43. Crítica y planteo correcto del tema.— Conocida ya la solución tradicional y las modernas, voy a insistir en los errores de las mismas, pero antes de entrar al tema, conviene advertir que en este caso, sucede lo mismo que con muchos "problemas" de las ciencias jurídicas y es que una terminología equívoca provoca errores y malentendidos. En efecto, la expresión "fuentes de las obligaciones", comprende por desgracia dos términos equívocos y por eso, corresponde ante todo plantear el "problema" en forma clara y metodológicamente correcta. En primer lugar, cabe aclarar que en la expresión "fuentes de las obligaciones, esta última está usada en el sentido de deber jurídico; por lo tanto, dado que el término obligaciones es equívoco, convendría decir, "fuentes de los deberes jurídicos", por ser ésta una expresión más clara. En segundo lugar, el vocablo "fuentes" también es equívoco (v. Cap. 11) y la clasificación tradicional, adolece del vicio metódico de enumerar cinco "fuentes", como si todas fueran especies de un mismo género. En efecto, es obvio que mientras la ley es una norma, los delitos y cuasidelitos por ejemplo, son hechos de conducta. Es decir que al mencionar la REZZÓNICO, Lui$ María, Las Obligaciones, Buenos Aires, 1946. págs. 314 y sigs.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA CIVIL: HISTORIA y Científico 785 - Cap. 26 Copia PrivadaDERECHO para uso Didáctico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ley, se habla de una fuente formal; en cambio, al referirse al delito, cuasidelito, etc., se habla de fuente en el sentido de hechos mentados por toda norma jurídica, de los que surgen derechos subjetivos (creditorios en este caso) y deberes jundicos. A su vez, Bonnecase y Pothier, se refieren a las fuentes de validez, que es un tema distinto. 44.— En síntesis, considero que al hablarse de "fuentes de las obligaciones", deben considerarse los dos aspectos inseparables que presentan, porque, en definitiva, si un hecho determinado opera como "fuente de obligaciones", es porque una norma jundica lo establece de tal manera. Aclarado esto y por vía de análisis, pueden profundizarse ambos aspectos; entonces, a) Si nos referimos a las fuentes formales de las obligaciones, en el sentido que establecen derechos y deberes jurídicos, hay que tener presente que son no sólo la ley (v. Cap. 11, párrs. 22 y 23), sino también todas las demás fuentes formales (inclusive la costumbre). b) Si nos referimos a los hechos de cuya realización surgen derechos y deberes jurídicos (de ahí lo de "fuentes" o "hecho-fuente"), deben ser bien estudiados, clasificados, etc., porque las consecuencias de unos y otros son diferentes. Por ejemplo, según el Código Civil si se trata de un hecho ilícito (delito o cuasidelito), la indemnización comprende no solamente la de los daños y perjuicios sufridos, sino también la del daño moral ocasionado a la vícfima (art. 1078); en cambio, en el caso de incumplimiento contractual no ocurre siempre así, ya que el juez puede o no imponerla", de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso" (art. 522), etc. c) Además, debo advertir que cuando en derecho civil se habla de "fuentes de las obligaciones", el término obligación es empleado en sentido restringido, haciéndose referencia no al vínculo jurídico ni a todo deber jurídico, sino a una sola especie de deberes jurídicos, que son los que tienen valor económico, aunque el acreedor pueda tener interés puramente espiritual (sobre el concepto de obligación, v. Cap. 6, párrs. 56 y 57; sobre derechos patrimoniales, v. Cap. 6, párr. 52). Por eso y a título de ejemplo, el deber de fidelidad entre esposos (como otros del derecho de familia) no es una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico, aunque sí un deberimáico. Para concluir, puede afirmarse que frente a cada derecho positivo, deben ser aclarados y clasificados los hechos que son "causa" o "fuente" de las obligaciones, pero con relación a las respectivas fuentes formales que le dan sentido jurídico, aclarando las diferentes consecuencias de cada uno de ellos. 45. Historia del Derecho Civil.— La expondré tal como se hace corrientemente. El Derecho Civil —como lo entendemos hoy— ha evolucionado a través del tiempo, variando notablemente su contenido, aunque siempre bajo la misma denominación. Nació en la Antigua Roma —en el sentido de que fue allí donde se habló por primera vez de derecho civil— pues se llamaba así (ius civile), es decir, derecho de la ciudad —civitas— o mejor dicho, de los ciudadanos civiles—), a lo que hoy entendemos por derecho público y privado: era pues amplio por su objeto, pero restringido por su sujeto. En este último aspecto, hay en la historia romana una gran evolución, pues si bien en un comienzo sólo se aplicaba a los patricios, posteriormente se extendió a los plebeyos, luego a los lafinos y, finalmente, por el Edicto de Caracalla (212 d. C ) , a todos los habitantes del Imperio. Se distinguía del ius gentium, como se ha explicado en otro lugar (v. Cap. 25, nota 4).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRE Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN El Derecho Romano, el derecho ateniense, el derecho espartano, etc., eran pues, ius civiles. En la Edad Media, Derecho Civil equivalía a Derecho Romano, tal como estaba contenido en las compilaciones justinianeas (Corpus Inris Civilis). Se oponía al Derecho Canónico {Corpus luris Canonici). Ser civilista era, pues, ser romanista. En la Edad Moderna su extensión se fue restringiendo paulatinamente hasta identificarse con el Derecho Privado. En tal sentido aparece por primera vez empleada la expresión derecho civil, afinesdel siglo XVII, con la aparición de la obra del gran jurisconsulto francés Domat: Les Lois Civiles dans Leur Ordre Naturel (1694). Culminó así un proceso iniciado después de la caída del Imperio Romano, cuando dejaron de aplicarse en los pueblos a que se extendió el Imperio, las normas que hoy se llaman de derecho público (las referentes a las magistraturas, etc.). Ocurrió entonces que por falta de aplicación práctica, no se enseñaron ya en las universidades más que las normas que se aplicaban, es decir, las denominadas hoy de derecho privado. En la Edad Contemporánea, al sancionarse el Código Napoleón (1804), ya abarca solamente parte del derecho privado. Y como antecedente de esta etapa, cabe señalar la Ordenanza Civil de Colbert (1677), que comprendía sólo el procedimiento civil, hasta entonces confundido con la legislación de fondo, dentro del derecho privado. Posteriormente se han ido separando los derechos comercial, rural, del trabajo, de minería, etc., para responder a ciertos aspectos de la realidad económico-social y al progreso del derecho, quedando el Derecho Civil, como rama general del derecho privado, que es el concepto actual de este sector jurídico. 786

46. Fuentes del Derecho Civil.— Me referiré sólo al Código Civil y a diversas leyes posteriores (v. Cap. 11, párr. 28): 1) Nuestro CÓDIGO CIVIL, data de 1871, ley 340, que fue promulgada bajo la presidencia de Sarmiento. Si bien en la mayor parte de los Estados, la codificación civil ha precedido a la comercial, en nuestro país ocurrió a la inversa, pues el Código de Comercio data de 1862 (párr. 72) y como no había sido dictado aún el Código Civil, fue necesario para obviar el inconveniente, agregarle unos treinta capítulos de derecho común, especialmente en materia de obligaciones, que fueron suprimidos en 1890, al dictarse el nuevo Código de Comercio. El Código Civil Argentino es obra de uno de nuestros más grandes jurisconsultos del siglo XIX, Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875). Entre las fuentes extranjeras, las principales fueron el Código Napoleón y el proyecto de Código para el Brasil, del eminente jurisconsulto brasileño Augusto Texeira Freitas (1816-1883), denominado Esbogo. Pero ello no justifica la crítica de Alberdi, que calificó la obra de Vélez de copia mala y servil del francés y de adhesión política al Brasil; por el contrario, modernas investigaciones han demostrado la influencia de las fuentes nacionales en el Código y no podía ser de otro modo, ya que resulta imposible que Vélez dejara de lado el derecho nacional, que dominaba a fondo por haberlo manejado durante toda su vida. Por otra parte, la falta de notas al respecto, se debe a que las daba por sobrentendidas.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA CIVIL: FUENTES y Científico 787 - Cap. 26 Copia PrivadaDERECHO para uso Didáctico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

En su época fue uno de los mejores códigos y la realidad de su aplicación durante más de cien años, con algunas modificaciones, constituye la mejor réplica a las críticas que se le han formulado. Comprende 4051 artículos, y su contenido es el siguiente:

TÍTULOS PRELIMINARES

1°) De las leyes 2°) Del modo de contar los intervalos del derecho

Sección T De las personas en general LIBRO 1°: De las personas Sección 2^ De los derechos personales en las relaciones de familia [Sección T De las obligaciones en De los derechos I general personales en las \ Sección 2* De los hechos y I actos jurídicos relaciones civiles I Sección 3^ De los contratos LIBRO 2°:

LIBRO 3°: De los

Derechos reales

LlBR04°:De/o.s derechos reales y personales. Disposiciones comunes

De las cosas y de los derechos reales ÍTítulo Preliminar: De la transmisión I de los derechos en general i Sección 1" De las sucesiones I Sección 2* De los privilegios [Sección 3^ De la prescripción

TÍTULO COMPLEMENTARIO ¡De la aplicación de las leyes civiles

47.— 2) LEYES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS. Hasta el día de hoy, las deficiencias del Código han sido subsanadas por leyes dictadas con ese fin. Tales, por ejemplo, la Ley de Patronato de Menores (10.903, de 1919); la Ley de Derechos Civiles de la Mujer (11.357, de 1926); la Ley de Adopción (24.779 —B.O., 1-IV-1997—), que fue incorporada al Código Civil (arts. 311 al 340), salvo tres artículos (2°, 3° y 4°). Los artículos 3° y 4° son disposiciones transitorias, en cambio, el artículo 2° contiene un precepto complementario, porque dispone la creación del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (na-


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cional y provinciales). Los últimos deberán ser coordinados con el Registro Nacional, mediante leyes-convenio entre el Estado nacional y las provincias; la Ley de Propiedad Horizontal (13.512, de 1948); la de Locaciones Urbanas (23.091 ~B.O., 16-X-1984—); la ley 14.394 (de 1954), referente a divorcio (art. 31), edad para contraer matrimonio, ausencia con presunción de fallecimiento, bien de familia; etc. También se ha encarado la indudable necesidad de reemplazarlo por otro que responda a la actual realidad social argentina, completamente distinta a la de la época en que fue dictado y a los nuevos principios de técnica y de ciencia jurídica, que han progresado profundamente desde aquellos tiempos (nuestro Código presenta en realidad muchos defectos de técnica—dado el adelanto actual— que dificultan su aplicación). A ello se debe el Proyecto de la Comisión Reformadora, designada por decreto del Poder Ejecutivo de 1926, que presentó su trabajo en el año 1936. Aunque con muchas modificaciones, el proyecto antedicho se basa en otro, llamado Anteproyecto Bibiloni, obra del doctor Juan Antonio Bibiloni, miembro de la comisión y eminente civilista. La comisión le encargó que lo terminara antes de elaborar el propio, pues Bibiloni tenía ya un proyecto muy adelantado, al tiempo de nombrarse la comisión. Además, cabe recordar el Anteproyecto de 1954, cuya redacción fue dirigida por Jorge J. Llambías, en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación. En 1968 se dictó el decreto-ley 17.711 introduciéndole importantes reformas, a muchas de las cuales se ha hecho referencia en los diversos capítulos de este manual. Posteriormente se dictaron diversos cuerpos legales como el del nombre de las personas físicas (decreto-ley 18.248 de 1969), y la ley 23.264 (B.O., 23X-1985), que introdujo reformas en materia de filiación y patria potestad, así como la ley 23.515 {B.O., 12-VI-1987), de modificaciones al régimen de matrimonio civil, que reimplantó el "divorcio vincular" en el derecho argentino (v. nuevos arts. 213, 214, 215 y concs. del Cód. Civil), aunque se mantiene la posibilidad de recurrir a la "separación personal" (que no extingue el vínculo matrimonial), para todos aquellos que la prefieran, por motivos religiosos o de otra índole. Aclaro que dije reimplantación del divorcio vincular, porque realmente, ya había sido incorporado a nuestro derecho en 1954, por la ley 14.394 (cuya cláusula respectiva fue suspendida por decreto-ley 4070/56), sin olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya lo había introducido por vía jurisprudencial en el caso "Sejean", cuando declaró la inconstitucionalidad del artículo que lo prohibía, de la vieja Ley de Matrimonio Civil (2393 de 1888) que fue derogada por la ley 23.515.


BJA -DERECHO BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA 7 8 9 - CAP. 26 COMERCIAL: CONCEPTO Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN SECCIÓN SEGUNDA

DERECHO COMERCIAL 48. Concepto.—En la doctrina y en las legislaciones encontramos dos criterios básicos y uno intermedio, con relación a este punto ": 1) Criterio subjetivo o profesional: según esta opinión, el derecho comercial es el que rige los actos realizados por los comerciantes, en cuanto tales. Por lo tanto, esos mismos actos, realizados por personas no comerciantes, no son regidos por el derecho mercantil. Una de las tendencias doctrinarias actuales —la que define el derecho mercantil como "el derecho de las empresas"— encuadra evidentemente en esta orientación. El criterio profesionalista imperó con carácter exclusivo en los orígenes de este derecho, es decir, en la Edad Antigua (v. párr. 72) y también a fines de la Edad Media, cuando nació el actual derecho mercantil (v. párr. 73), en varias ciudades de lo que es hoy Italia (Venecia, Amalfi, etc.). Esa exclusividad estaba lógicamente complementada con la existencia de tribunales comerciales, para entender en los litigios en que eran parte los comerciantes. Tales fueron, por ejemplo, los consulados, que existieron en España, y después en América, de los que cabe recordar el establecido en Buenos Aires en 1794 (los consulados tuvieron también funciones económicas). 49.— 2) Criterio objetivo: atendiendo a este punto de vista, el derecho comercial es el que rige las relaciones jurídicas existentes entre personas que realizan actos de comercio. Por lo tanto, no interesa ya el sujeto de la relación jurídica, pues el derecho comercial regirá los actos mercantiles, sean o no realizados por comerciantes. Como es lógico, en este sistema, el legislador establece qué actos considera comerciales (v. párr. 55). Este criterio es el que ha predominado en general, a partir de la sanción del Código de Comercio francés (de 1807), y trajo como consecuencia una ampliación de la órbita de este sector jurídico (fenómeno que ha sido llamado comercialización del derecho privado). El art. 6 de nuestro Código de Comercio, respondiendo a esta orientación, dispone: "Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio, no son considerados comerciantes. Sin embargo, quePuede verse a este respecto, BOLAFFIO, León, Derecho Comercial, Parte General, T. I, B uenos Aires, 1947, pág,8.


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dan sujetos en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio". Por ejemplo, una persona no comerciante que compra un automóvil y lo revende, realiza un acto comercial y queda sujeto en relación con ese acto, al derecho comercial y a la jurisdicción de los tribunales mercantiles. 50.— 3) Criterio mixto u objetivo-subjetivo: en este orden de ideas el derecho comercial es el que rige no sólo las relaciones jurídicas implicadas por la realización de actos de comercio, sino también las surgidas de la actividad de los comerciantes en el ejercicio del comercio. El criterio mixto es el que predomina actualmente en la mayoría de los Estados, con preponderancia del aspecto objetivo o subjetivo, según los casos. Esto se explica porque las razones que fundan la aplicación del criterio objetivo, no impiden que este derecho tenga en cuenta particularmente a quienes se dedican al comercio, no sólo protegiéndolos con ciertas medidas, a efectos de incrementar la actividad comercial, sino también imponiéndoles determinadas obligaciones (p. ej., llevar los llamados "libros de comercio", etc.). Nuestro Código está encuadrado en este criterio: en efecto, como ejemplo del punto de vista objetivo, que es en general el predominante, cabría recordar el y a citado art. 6°. Por su parte, como ejemplos del criterio subjetivo, podemos citar los siguientes: el art. 8°, inc. 6° por el que quedan sometidas al derecho comercial "las sociedades anónimas, seacual fuere su objeto"; el art. 3°del decreto-ley 19.550 (de 1972), llamado "Ley de Sociedades Comerciales", que establece: "las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo algunos de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones". Para cerrar este párrafo, conviene advertir que el establecimiento de uno u otro criterio en cada derecho positivo, depende de las distintas circunstancias económicas, sociales, etc. Hoy día, por ejemplo, tiende a acentuarse en general el criterio profesional, debido en gran parte a que la importancia económica de los actos comerciales realizados por personas no comerciantes, es proporcionalmente escasa. 51. Denominaciones.— Se lo llama también derecho mercantil. 52. Caracteres.— 1) En la actualidad, es generalmente mixto, es decir, objetivo-subjetivo, con predominio de alguno de dichos aspectos, según los Estados y las instituciones (v. párr. 50). 2) Dinámico, en el sentido de que sufre cambios constantes para adecuarse al dinamismo propio del comercio actual, a diferencia del civil que es evolutivo y, por lo tanto, más estable. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DCHO. COMERCIAL: CARACTERES Y CONTENIDO 791 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

3) Noformal, ya se ha explicado que los contratos mercantiles no requieren las formalidades de los civiles y se reconoce la validez de los celebrados por carta, telegrama y hasta por teléfono, cosa que no ocurre en el orden civil. Por un simple endoso, por ejemplo, puede trasmitirse una gran fortuna. 4) Utilitario, se lo ha calificado así porque rige esencialmente relaciones económicas y onerosas. 53.— 5) En términos generales, es la rama del derecho privado en la que más importancia tiene la costumbre. En nuestro derecho comercial, la costumbre tiene valor normativo e interpretativo (v. Cap. 13, párr. 16). 6) No es un derecho de excepción, sino una rama autónoma, al menos entre nosotros (párr. 68). Pero así como el derecho comercial ha tomado auge al influjo del liberalismo económico, propio del régimen capitalista (v. párr. 3), su importancia decrece en regímenes de estructura económica socialista o comunista (p. ej., en la ex U.R.S.S., donde no había Código de Comercio), pasando a ser en tal caso un derecho de excepción, pues sólo rige para algunas relaciones jurídicas de contenido económico. 7) Se ha hecho notar una tendencia a la uniformidad en relación con los demás países, debido a que rige relaciones no sólo internas, sino también—y muy frecuentemente— con habitantes de otros Estados, más aún en la actualidad, con la creciente globalización económica. La uniformidad, la armonía con las normas de los países con que se comercia, produce facilidades ai intercambio comercial (de ahí los tratados, etc.). 54. Contenido.— Este punto lo desarrollaré con especial referencia al derecho positivo argentino. Cada rama jurídica, dentro de su órbita, imprime a los elementos constantes de las relaciones jurídicas, una serie de matices propios que permiten diferenciarlas. Así, por ejemplo, en el Derecho Comercial, en términos generales, su sujeto y los actos jurídicos revisten caracteres particulares y es en virtud de ellos que en una relación jurídica determinada, podemos establecer si un sujeto actúa en carácter de comerciante y no de civil, o que un acto es civil y no comercial, etc. Por eso en cada disciplina jurídica especializada es necesario precisar sus conceptos fundamentales, así en el Derecho Rural, los de propiedad rural, agricultor, etc.; en el Derecho Comercial, los de comerciante, mercancías, acto de comercio, etc. Hecha la aclaración, enumeraré los puntos principales de esta rama de la Dogmática Jurídica. 55.— I) ACTO DE COMERCIO: son una especie del género acto jurídico. A) Concepto económico: en el terreno económico es fácil conceptuarlo como aquel acto realizado por un intermediario, con un fin de lucro. Esto conhttp://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia. Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

cuerda con el concepto de que el comercio es la parte del proceso económico que consiste en tomar los bienes del productor, para ponerlos a disposición del consumidor, realizando una ganancia o utilidad. El comerciante es así un intermediario. B) Concepto jurídico: no concuerda por lo general con el concepto económico y un ejemplo ío tenemos en que el derecho comercial suele abarcar gran parte de la actividad industrial que, económicamente, es distinta de la actividad comercial. Otro ejemplo lo tenemos en nuestro Código de Comercio de 1889, que no consagró —y el principio rige todavía— la comercialidad de las transacciones sobre inmuebles, pues el legislador consideró que dada la intensidad que había adquirido la compraventa de boletos de tierras, era ése un medio para frenarla. Aclarado, pues, que el concepto económico de acto comercial suele no coincidir con el concepto jurídico, trataré de precisar este último. Concordantemente con lo dicho al referirme a la noción del derecho comercial, cabe decir que hay al respecto dos criterios básicos: 1) Criterio subjetivo: desde este punto de vista, actos de com.ercio son los realizados por los comerciantes en el ejercicio de su comercio. 2) Criterio objetivo: por el contrario, actos mercantiles son aquellos que reúnen los requisitos establecidos por el respectivo derecho, sean o no ejecutados por comerciantes. Frente a cada derecho positivo, habrá que ver cuál es el criterio seguido por el legislador, para precisar su concepto. En el derecho argentino, impera a este respecto un sistema mixto con predominio delaspecto objetivo. En efecto, el art. 8° del Código de Comercio dispone: "La ley declara actos de comercio en general: r ) Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor (este inciso, el más general del artículo, encuadra en el criterio objetivo); 2°) La transmisión a que ser refiere el inciso anterior; 3°) Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate; 4°) Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador; 5°) Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transporte de mercaderías o personas, por agua o por tierra; 6°) Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto (la segunda parte de este inciso encuadra, como vimos, en el criterio subjetivo); 7°) Etc., etc. (sigue la enumeración hasta el inc. 10 inclusive). Por último, dispone el inciso... 11) Los demás actos especialmente legislados en este Código".


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico COMERCIANTE Y SOCIEDADES COMERCIALES 793 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

La enumeración de este artículo, como surge del inc. 11, es enunciativa y no taxativa, según lo ha confirmado la doctrina y la jurisprudencia. 56.— II) COMERCIANTE: es el sujeto por excelencia de la actividad mercantil, aunque haya quienes, sin poseer tal carácter, realicen ocasionalmente actos de comercio. Las leyes mercantiles enumeran quiénes son y quiénes no son considerados comerciantes, cuáles son sus obligaciones (p. ej., matrícula, libros de comercio, conservación de la correspondencia, rendición de cuentas, etc.) y cuáles sus derechos. Tiene importancia establecerlo, por cuanto las leyes los protegen en miras a una mayor actividad económica, por su favorable repercusión en la vida social. En el orden económico, comerciante es el que hace profesión habitual de las actividades mercantiles, consistiendo su función de intermediario —sea al por mayor o al por menor— poner en contacto a productores y consumidores. Nuestro Código, en el art. 1°, "declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual". La definición ha sido criticada desde diversos puntos de vista y sin entrar a un análisis que aquí no corresponde, agregaré solamente que, de disposiciones posteriores del mismo Código, surge que los comisionistas o consignatarios son verdaderos comerciantes, aunque según el art. 1°, no lo serían, por cuanto ellos actúan en nombre propio y por cuenta ajena (el art. 1 ° exige que actúen por cuenta propia). Téngase presente que comerciante es no sólo el empresario individual, sino también las sociedades (como las anónimas, de responsabilidad limitada, etc.), a las que se hará referencia en el párrafo siguiente. Para nuestro Código lo son también las empresas industriales (art. 8°, inc. 5°). El Código legisla también sobre personas que desempeñan otras funciones en el comercio: tales los corredores, rematadores, factores, dependientes de comercio, viajantes de comercio, etc. Para ejercer el comercio por sí mismo hay que ser mayor de edad; no obstante ello, pueden hacerlo también los menores con 18 años cumplidos, mediando autorización especial del padre, la madre en su caso, o del juez en defecto de ambos. La autorización debe inscribirse en el Registro Público de Comercio respectivo y ser publicada (arts. 10 y 11, Cód. Com.). 57.— III) SOCIEDADES coMERCíALES. Corresponde al derecho comercial establecer las diversas formas que pueden revestir las empresas comerciales, es decir, las sociedades mercantiles. Nuestro derecho establece las siguientes: sociedades colectivas, en comandita (simple y por acciones), de capital e industria, de responsabilidad limitada, anónimas, anónimas con participación estatal mayoritaria y accidentales (o en participación); todas ellas regi-


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das por la llamada "ley de sociedades comerciales" (decreto-ley 19.550/72, con varias reformas, especialmente el decreto-ley 22.903/83), incorporada al Código de Comercio Además existen las sociedades de economía mixta (decreto-ley 15.349/46, ratificado por ley 12.962, de 1947) y las cooperativas (decreto^êy 20.337/73), que no son sociedades comerciales. Una de las últimas establecidas fueron las de responsabilidad limitada (en 1932 por ley 11.645, hoy englobada en la \9.550), con la finalidad de llenar una sentida necesidad en la industria y el comercio medió, dadas las ventajas de su responsabilidad limitada al capital aportado y la sencillez de su administración. Prueba de ello es el auge que hoy tienen. Según la ley de sociedades comerciales (art. 1°), no pueden constituirse otros tipos de sociedades que los establecidos por la ley: no pueden organizarse, por así decir, sociedades innominadas. Hoy por hoy, una persona sola, es decir, un empresario individual (no hay pues sociedad), no puede desarrollar cualquier actividad comercial —por supuesto que en nuestro derecho— sin comprometer todo su patrimonio. Por eso .se auspicia el establecimiento de la empresa individual de responsabilidad limitada, en virtud de la cual, un hombre puede afectar a su actividad comercial sólo una parte de su patrimonio, limitándose a ese aporte, su responsabilidad pecuniaria. Dada la separación de patrimonios que se produce, la quiebra de la empresa, no comportarí'a la del empresario en su patrimonio particular, ni la de éste comportaría la de aquélla. Como es lógico, esta institución sería un estímulo para las actividades comerciales. Actualmente son muy comunes los contratos interempresarios confinesde colaboración, para realizar una obra en común (p. ej., construir un camino, un puente, etc.), distinguiéndose al respecto entre contratos de colaboración empresaria y uniones transitorias de empresas. Aclaro que se habla de "empresas" y no de "sociedades", porque pueden participar de ellas empresarios individuales, el Estado, etc. 58.— IV) MERCANCÍAS (cosas del mercado): tal la denominación de las cosas del derecho comercial. En general, todos los bienes pueden ser objeto de transacciones comerciales, ya que la diferencia con los bienes del derecho civil no es sustancial, pues se trata de las mismas cosas. Por ejemplo, los zapatos que usa el zapatero, son bienes civiles; los que vende, son mercancías. En nuestro derecho, si bien todas las cosas que están en el comercio, sean muebles o inmuebles, pueden ser objeto de relaciones patrimoniales civiles, sólo las cosas muebles pueden ser objeto de relaciones patrimoniales mercantiles. Por eso nuestros tribunales han declarado reiteradamente que la compraventa de terrenos, no es comercial sino civil. Esto surge de los arts. 8°, inc. 1° y 452, inc. 1°, con respecto a la compraventa, que es por cierto el contrato fundamental del comercio. La exclusión hoy ya no se justifica y las transacciones sobre inmuebles con fines de lucro, debieran ser consagradas como mercantiles. 59.— V) CONTRATOS COMERCIALES. Casi todas las clases de contratos, pueden ser civiles o comerciales: así hay una compraventa civil y otra comercial; un contrato de depósito civil y otro comercial; unafianzacivil y otra comercial; etc. No obstante, hay también contratos propios del derecho comercial, como por ejemplo, el de comisión.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico CONTRATOS COMERCIALES Y CONCURSOS 795 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN No hay diferencias sustanciales entre los contratos comunes a ambas ramas jurídicas, pero sí presentan una serie de caracteres propios que permiten diferenciarlos. Veamos en general algunos: los contratos mercantiles son siempre onerosos (la gratuidad es extraña al comercio) y así, mientras el depósito civil es gratuito, el comercial es oneroso; no requieren las formalidades de los civiles: en el comercio, infinidad de contratos se celebran por carta —de ahí la importancia de la correspondencia comercial—, por telegrama y hasta por teléfono, porque así lo exige la celeridad vertiginosa del comercio actual. Además, se pnieban mucho más fácilmente que los contratos civiles, etc. Cabe agregar a los y a citados como mercantiles, los contratos de mandato, prenda, mutuo (préstamo de consumo), comodato (préstamo de uso), transporte, etc., que presentan lógicamente diferencias con los correlativos del derecho civil. En virtud de no ser fundamentales las diferencias existentes entre los regímenes civil y comercial, hay en la doctrina y en el derecho comparado, una tendencia a evitar esa duplicación legislativa, propiciando la unificación de muchos sectores civiles y comerciales —extensible, por lo tanto, al llamado derecho privado— especialmente en lo que se refiere a obligaciones y contratos. El sistema es seguido ya por varios países (Suiza, Polonia, Turquía, etc.) '2. Además de los contratos tradicionales, han surgido al influjo del dinamismo propio del comercio, nuevas modalidades de contratos comerciales —muy difundidos en la actualidad— como son los llamados/acformg, underwriting, leasing, fideicomiso, franchising, los contratos implicados en las tarjetas de crédito, de compra y débito (ley 25.065, B.O., 14-199), etc. Como no corresponde dar aquí el concepto de cada uno de ellos, sólo haré una breve referencia al leasing (del inglés léase, alquiler o locación), que si bien tiene varias modalidades, en esencia consiste en la locación de una cosa (mueble o inmueble), con opción de compra. Más claramente, es un contrato por el cual una persona da a otra una cosa en locación por un tiempo determinado, con el pacto expreso de que si alfinalizarel plazo de la locación, el inquilino paga una cierta cantidad de dinero (llamada, "valor residual"), el contrato se transformará en compraventa y, en consecuencia, el dominio de la cosa pasará al locatario. Entre nosotros, el leasing está reglamentado en la ley 24.441 {B.O., 16-1-95), reformada por la 24.781 {B.O., 4-IV-97). 60.— VI) SEGUROS. Corresponde al derecho comercial los seguros/?nvflí/o5 (p. ej., el que realiza una persona que, voluntariamente, contrata un seguro de vida en una compañía o asegura su automóvil, etc.). Los seguros públicos, caen en la órbita del llamado Derecho de la Seguridad Social. 61. — VII) CONCURSOS (Y QUIEBRAS). Ante todo corresponde aclarar que se trata de vocablos ambiguos; en efecto, pniebade ello es que son usados con sentidos diferentes, habiéndose producido inclusive una evolución en el significado del vocablo "concurso", según veremos de inmediato. Por tales motivos hay que poner atención para evitar confusiones, teniendo presente que: '^ SALVAT, R.M., ob. cit. en nota 7, T. I. págs. 4 a 7; YADAROLA, Mauricio L., "Unidad del Derecho Privado", en La Uy, t. 59 (año 1950), pág. 996.


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a) Concurso: en una de sus acepciones significa "reunión" y, cuando en derecho comercial se habla de "concurso", así a secas quiere decirse "concurso de acreedores". En general, se denomina de tal modo a un procedimiento al que puede recurrir un deudor insolvente (vale decir que no puede pagar a todos sus acreedores), con lafinalidadde lograr —en lo posible— un arreglo con ellos y, de tal manera, evitar la quiebra. Esta últimafinalidades precisamente el motivo por el cual a este concurso se lo llams. preventivo y al posible arreglo, "acuerdo preveníívo". Este procedimiento prevendvo tíene mucha importancia, pues la quiebra suele producir muchos trastornos y pérdidas a los acreedores y también al deudor insolvente, porque éste deberá soportar además, esa opinión general desvaliosa que le dificultará significativamente su posterior reencauzamiento comercial. Por otra parte y, como ya dije, se ha producido una evolución en el significado del vocablo "concurso"; en efecto: a') Acepción tradicional (o restringida): antes el "concurso preventivo" era lo que se ha explicado y nada más, piero se lo llamaba "convocatoria de acreedores", distinguiéndoselo netamente de la quiebra. Por su parte, el acuerdo con los acreedores era denominado "cottcordato preventivo" y, cuando era alcanzado después de la declaración de quiebra, se lo llamaba "concordato o acuerdo resolutorio" (que implicaba el levantamiento de la quiebra). a^) Significado actual (o amplio): concurso es una reunión de acreedores o mejor dicho, un procedimiento que abarca tanto el concurso preventivo como la quiebra. Esto se funda en que el concurso de acreedores, cuando durante él no se ha llegado a un acuerdo y por tal motivo se ha declarado la quiebra, condnúa a lo largo de ésta, a tal punto que durante ella podría llegarse a un avenimiento entre acreedores y deudor, cuya consecuencia sería que la quiebra fuera levantada. Por eso, abarcando ambos aspectos —el concurso prevendvo y la quiebra— se habla genéricamente de derecho, legislación, proceso, régimen, procedimiento, etc., concúrsales. La actual ley argentina sobre la materia sigue esta corriente doctrinaria, ya que se titula "de los concursos" (24.522, B.O., 9-VIII-95) y, como es lógico, rige los dos aspectos mencionados. b) Quiebra: en general se considera que es un procedimiento de ejecución colectiva de los bienes de una persona insolvente, a fin de pagar a los acreedores en la medida de lo posible con el producido de dicha venta. Esto significa que los acreedores pueden llegar a cobrar sólo un porcentaje de sus créditos, que es lo habitual, salvo casos excepcionales en que por haber bienes de gran valor, cobran la totalidad de sus créditos, lo que trae aparejado el inmediato levantamiento de la quiebra. Para terminar con este punto, cabe recordar que hasta 1983 rigió en nuestro país la quiebra para los comerciantes y otros deudores no comerciantes (tal el caso de las cooperadvas), legislada por decreto-ley 19.551 de 1972, incorporado al Código de Comercio (Libro Cuarto); en cambio, para los civiles regía el llamado concurso civil, legislado en los códigos procesales, pero al que también se aplicaban muchas normas del régimen anterior, porque éste lo disponía de manera expresa. Tal duplicación era muy criticada, e inclusive llegó a tachársela de inconsdtucional por cuanto el art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 12, desde la reforma de 1994), establecía que corresponde al Congreso dictar la ley nacional de bancarrotas. Por eso se propugnaba la unificación de la quiebra y el concurso civil en un procedimiento único, tal como hay en Chile, Inglaterra, EE.UU., etc.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DCHO. COMERCIAL: RELACIONES CON EL CIVIL 797 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Pues bien, por decreto-ley 22.917 (de 1983), se realizó en nuestro país dicha unificación, reformándose para ello el art. 2° del régimen de quiebras, con lo que, indirectamente, perdió vigencia la parte que regía el concurso civil en todos los códigos procesales. La ley actual de concursos (24.522), mantiene el mismo régimen, si bien con reformas posteriores (leyes 25.563, 25.589 y 25.640), 62.—VIII) COMERCIO MARÍTIMO. Rige las relaciones que surgen entre particulares, con motivo del tráfico marítimo, lacustre y fluvial. Comprende lo relativo a fletamentos, seguros, averías, naufragios, compraventa y cualquier forma de adquisición de naves, etc. Nuestro Código legisla al respecto en el Libro Tercero, pero es necesario destacar que se trata de disposiciones de lo que se llama Derecho Comercial de la Navegación o Derecho Comercial Marítimo (más acertada es la primera expresión, pues comprende no sólo el tráfico marítimo, sino también elfluvialy el lacustre), o Derecho Marítimo Privado. Desde el punto de vista cientítlco, esto forma parte de una rama jurídica autónoma, llamada Derecho de la Navegación, que comprende no sólo el anterior—una de sus partes— sino también el Derecho Internacional Público de la Navegación (convenciones internacionales, tratados, etc.), el Derecho Administrativo de la Navegación (requisitos para que un buque pueda navegar, cambio de bandera, etc., v. Cap. 19). 63.—IX) OTRAS INSTÍTUCIONES. Además, pertenece a la Dogmática Comercial, el estudio del régimen jurídico de los papeles de comercio (letras de cambio, pagarés, cheques, etc.). 64. Divisiones.— 1) Según el ámbito territorial en que deba aplicarse se lo divide en: - Terrestre; - De la Navegación o Marítimo; y - AeronatJtico. Como es evidente, las dos líltimas partes hacen referencia al derecho mercantil de la navegación (y no a todo lo que hoy se entiende por derecho de la navegación —V. Cap. 29—) y al derecho mercantil aeronáutico (que tampoco es todo lo que hoy se entiende por derecho aeronáutico —v. Cap. 29—). Ahora bien, ambas partes, pertenecen ya a otras disciplinas jurídicas: la Ciencia del Derecho de la Navegación y la Dogmática Aeronáutica, respectivamente. Así, por ejemplo, el estudio de los contratos de transporte naval, como del seguro marítimo, pertenecen a la primera de las disciplinas nombradas. 2) Según la materia, se distingue: -Derecho de seguros; Derecho cambiado; Derecho de quiebras; Derecho de la navegación; etc. 65. Relaciones y diferencias con el Derecho Civil.— El problema fundamental a dilucidar aquí, es el de establecer en qué situación está hoy el Derecho Comercial con relación al Civil; en otros términos, cuál es la amplitud de su au-


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tonomía. Tres teorías se han formulado al respecto en el terreno doctrinario '', para las cuales, respectivamente, el Derecho Comercial: 1) Es UNA RAMA DE EXCEPCIÓN AL DERECHO CIVIL (teoría tradicional). Para esta teoría, cuando la legislación comercial no contempla expresamente un caso determinado, debe buscarse la solución en el derecho civil. No hay porqué recurrir a las costi'.mbres mercantiles o a la analogía, ni buscar la solución en los principios generales que presiden la correspondiente institución comercial. En consecuencia y como en el derecho civil hallan solución todos los actos privados de la vida social, se aplicará a los actos de comercio, a menos que se haya establecido para ellos un régimen de excepción. Han defendido esta teoría célebres tratadistas como Vivante y Vidari. 66.— 2) Es UNA RAMA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE (teoría moderna 0 de la independencia absoluta del derecho comercial con relación al civil). Para esta teoría, todos los casos mercantiles deben resolverse en el marco de las normas del derecho comercial y, cuando un pleito no pueda resolverse por la letra expresa o el espíritu de la ley comercial —según se dice—, se recurrirá a las costumbres mercantiles. En ningún caso debe recurrirse al derecho civil. Sus sostenedores se basan en que el derecho comercial rige situaciones completamente distintas de las del civil y legisladas con otro criterio muy diferente. En consecuencia, el derecho civil y el mercantil deben aplicarse dentro de sus respectivas esferas, con independencia recíproca completa. Como suele ocurrir, esta teoría extrema surgió como reacción a la anterior y fue formulada por vez primera en 1940, por Delamarre y Le Poitvin. 67.— Breve comentario sobre ambas teorías. Las dos posiciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La primera teoría, tiene: a) La ventaja de dar mayor seguridad y certeza con respecto a la solución de los conflictos, puesto que hay así siempre una norma legal, de la cual los jueces no pueden apartarse; a su vez, tiene, b) el inconveniente de que siendo el derecho comercial muy dinámico, somete las controversias a las soluciones del civil, que es un derecho estable. La segunda teoría, tiene: a) la ventaja de que recurriendo a las costumbres mercantiles, se contemplan las necesidades de rapidez y libertad propias del comercio actual; no obstante tiene.

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CASTILLO, Ramón, S., Curso de Derecho Comercial. T. I, Buenos Aires, 1939, págs. 14 y sigs.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia para uso Didáctico y Científico DCHO.Privada COMERCIAL: RELACIONES CON EL CIVIL 799 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN b) el inconveniente de que muchas veces, ante la presencia de usos generales y locales contradictorios, no es fácil establecer cuál de los dos se ha tenido en cuenta al celebrarse la convención, etc. 68.— 3) Es UNA RAMA AUTÓNOMA (teoría intermedia, pues la autonomía importa una independencia relativa). Fue sostenida por Massé y trata de superar los inconvenientes de las otras dos. Distingue entre instituciones legisladas y no legisladas por el derecho comercial, y afirma que: a) Tratándose de instituciones reglamentadas, los problemas deben resolverse dentro del derecho mercantil y los aspectos de esas instituciones que no hayan sido previstos, deben ser resueltos por las costumbres comerciales y los principios que informan esta institución mercantil. b) En cuanto a las instituciones no legisladas por el derecho comercial, debe recurrirse al civil, en el que —según ya he aclarado— encontrarán solución todas las cuestiones planteadas. Sólo deberá apelarse a la costumbre cuando la legislación civil no resuelva expresamente el punto controvertido. Por ejemplo, las cuestiones hoy resueltas por el derecho del trabajo, encontraron antes solución en el derecho civil, no muy justa por cierto, pero solución al fin. Sostienen además que muchas instituciones contempladas por el derecho civil, como por ejemplo el régimen de las obligaciones y de los actos jurídicos, etc., no deben ser legisladas por el comercial, pues son aplicables a ambos. Como es lógico, hasta el siglo XIX imperó la teoría tradicional y no podía ser de otro modo, pues el derecho comercial nació como excepción al civil. La controversia doctrinaria con sus reflejos en la legislación, surgen en el siglo XIX, con la codificación independiente de ambas ramas jurídicas. 69.— EL PROBLEMA EN NUESTRO DERECHO posmvo. La cuestión doctrinaria es por cierto interesante, pero mayor interés práctico reviste el determinar dentro de qué teoría encuadra una legislación determinada, la nuestra por ejemplo, ya que si se acepta que el derecho comercial es un derecho de excepción al civil, en todos los casos no previstos expresamente por el primero, deberá recurrirse al segundo; si se acepta que son absolutamente independientes, en esos mismos casos habrá que recurrir a los principios que informan la institución y a las costumbres mercantiles y, en fin, si se acepta que es una rama autónoma, habrá que ver si se trata de una institución legislada o no. Veamos las soluciones que se han dado a este problema, con relación a nuestro Código. Las opiniones se polarizan en las teonas 1 y 3, pues no hay en el Código nada que pueda dar pie a la teoría de la independencia absoluta. a) Para unos, nuestro derecho comercial es un derecho de excepción al civil. Esta es la teoría que ha predominado tradicionalmente y ha sido defendida, entre otros, por Obarrio y Siburu. Se basa principalmente en el apartado I del Título Preliminar ("En los casos que no estén especialmente regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Có-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRÉ PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN digo Civil") y el art. 207 ("El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este Código, es aplicable a las materias y negocios comerciales"), que parecen consagrar esta teoría. 800

70.— b) Para otros destacados comercialistas (Castillo, Malagarriga, Cermesoni, Fernández, etc.), el Código encuadra en la teona intermedia. Se basan en el art. 7° ("Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan, por razón de él, sujetos a la ley mercantil") •'•; en el art. 16 del Código Civil y, además —argumento de mucho peso— en una interpretación sistemática de todo el Código, en virtud de la cual, de aceptarse la teoría anterior, resultan consecuencias inaceptables, a tal punto, que desvirtúan las mismas instituciones establecidas por el Código. Por ejemplo, la letra de cambio, es un documento privado que facilita los pagos, evitando inútiles traslados de numerario. El Código Civil establece que los documentos privados no prueban respecto de terceros (sí entre las partes), la verdad de la fecha expresada en ellos y establece los medios para probarlo. Ahora bien, el Código de Comercio no dice que la fecha de la letra de cambio tenga valor respecto de terceros, es decir, que no modifica al respecto el Código Civil. Aceptando la primera posición, desaparecería la letra de cambio como tal, pues perdería su seguridad y movilidad; en cambio, para la segunda teoría, el no haber establecido ese requisito, se interpreta no como que no ha modificado el Código Civil, sino que el legislador quiso prescindir de él para facilitar el comercio y, en consecuencia, la fecha de la letra de cambio, vale también respecto de terceros. Lo mismo podríamos decirde la carta de porte, los conocimientos, el documento privado de constitución de la prenda, etc. Esta es la teoría que tiende a prevalecer en la doctrina y la jurisprudencia y, por ende, para ella, el apartado I del Título Preliminar, debe entenderse en este sentido: cuando se trata de instituciones legisladas por el derecho comercial, al no establecerse determinados requisitos exigidos para instituciones análogas del derecho civil, debe interpretarse como intencional omisión del legislador, que ha querido así eliminarlos del orden comercial por ser incompatibles con las insfituciones mercantiles '5. 71.— OTRASDiFERENCiASCONELDERECHOCiviL. Aclaradas las relaciones, veamos otras dos diferencias con el derecho civil que, juntamente con los caracteres asignados al derecho comercial, contribuirán a perfilar más nítidamente, lafinalidaddel derecho mercantil; 1) El derecho comercial —según se dice— es esencialmente dinámico, es decir, evoluciona más rápidamente; en cambio, el derecho civil, es más estable. 2) En el derecho comercial, las responsabilidades y sanciones son mucho más severas que en el civil, lo que tiende a garantizar la buena fe —alma del comercio— disminuyendo el número de pleitos.

Además de actos civiles y comerciales, hay actos mixtos. Por ej., si compro en un negocio un automóvil para mi uso particular, ese acto es, desde el punto de vista económico, comercial para el vendedor y civil para mí. Según nuestro Código de Comercio, en estos casos, ambas partes quedan sujetas a la ley y jurisdicción mercantil (art. 7°). FERNÁNDEZ. Raymundo, L., Código de Comercio de la República Argentina. Comentado, T. I, Buenos Aires, 1943, pág. 24.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraCOMERCIAL: uso Didáctico y Científico DERECHO HISTORIA 801 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 72. Historia.— El derecho comercial nació, fue evolucionando y evoluciona paralelamente al desarrollo del comercio, afinde responder a sus necesidades y hoy, que éste ha alcanzado un desarrollo extraordinario, tiene un alto grado de perfección. El trueque o permuta —primera forma que reviste el comercio entre los hombres— era regido en tiempos remotos por normas civiles o comunes. Lo mismo pasa cuando aparece la moneda, que facilitó y dio gran impulso a las transacciones comerciales. EDAD ANTIGUA. Hay que distinguir dos períodos '^:

a) Desde los primeros tiempos hasta el advenimiento del Imperio Romano, hubo como se verá, algunas manifestaciones de derecho comercial, localizadas sobre todo en el Mediterráneo oriental y en el Medio Oriente, referidas principalmente al derecho comercial marítimo. Esto es así, porque las primeras normas en realidad comerciales de que se tiene noticia, surgieron en el Mediterráneo oriental, para satisfacer las necesidades del incipiente pero pujante comercio y se refieren al derecho mercantil de la navegación o marítimo. Y es lógico que así fuera, porque recién al relacionarse comercialmente pueblos más o menos distantes —la geografía de Grecia fue muy favorable para el desarrollo de este comercio marítimo (el comercio terrestre en escala ponderable surge más tarde)— aparecieron las primeras normas consuetudinarias destinadas a solucionar los problemas que se planteaban: pago de mercaderías, trueque, fletes, cambios, etc. De las normas comerciales de los fenicios y cartagineses muy poco se sabe todavía, mientras que por el contrario, hay constancias de que el Código de Hammurabi, contenía normas referidas al transporte (sobre todo marídmo), compraventa, comisión, préstamo, depósito, etc. La primera compilación que se conoce de estas normas consuetudinarias, es la Lex Rhodia (Leyes u Ordenanzas de Rodas), de unos diez siglos antes de Cristo y se refiere sólo al derecho comercial de la navegación. Estas Ordenanzas fueron confirmadas por varios emperadores romanos y en un edicto de Antonino (siglo ii d. C ) , se establece: "Yo soy dueño del mundo entero, pero la mar está sometida a las leyes. Este negocio debe ser juzgado por la Lex Rhodia, que se refiere al comercio man'timo, mientras esta ley no sea contraria a mis ordenanzas". b) Desde el Imperio en adelante, dichas manifestaciones (salvo la Lex Rhodia), fueron perdiendo vigencia, al quedar incorporadas dichas regiones al citado Imperio y, por lo tanto, dentro de un solo y mismo Estado, en el que regía el Derecho Romano. En éste, el ius civile comprendía los derechos público y privado, sin olvidar el ius gentium (v. Cap. 25, nota 4) y los pretores —los había urbanos y peregrinos— con lo que bastaba para solucionar los problemas comerciales que se presentaban, sin necesidad de tener un derecho comercial específico. 73.— EDAD MEDIA. El comercio terrestre era muy escaso —dificultado por ¡a misma organización feudal— y el man'timo cobró auge (no había en el mar ninguna clase de restricciones), pero el foco de la actividad comercial se desplazó al Mediterráneo central, a las ciudades o burgos o famosas repúblicas municipales de Italia (Venecia, Amalfi, Genova, Pisa, Florencia, etc.). Es allí donde a raíz del comercio en gran escala, aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo comercial y financiero. Al influjo de esos factores económicos '* Véase ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho Comercial y Económico, Parle General, Astrea, Buenos Aires, 1994, págs. 9 y sigs.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN nació afines de la Edad Media el actual derecho mercantil, vale decir que allí comenzó un largo proceso que desemboca en nuestros días. Por otra parte, este derecho surgió con un marcado carácttT profesional (v. párr. 48), debido a la influencia cada vez mayor de la burguesía y su naciente poder político, apoyandofinancieramenteen un principio a los reyes contra los señores feudales, que dificultaban el comercio terrestre, lo que le permitió lograr el respeto y aplicación de normas como las mencionadas. Durante esa época aparecen varias célebres compilaciones de derecho marí'timo consuetudinario (ordenanzas sobre comercio terrestre, datan recién del siglo xvm). Tales las Tablas Amalfitanas; los Juicios de Olerón; las Ordenanzas de Wisby; las de la Hansa Teutónica; las de la Marina de Francia; el Libro del Consulado del Mar de Barcelona que, según Vinnio, es el principal fundamento del derecho mercantil marítimo contemporáneo; las Ordenanzas de Burgos; etc. 802

74.— EDAD MODERNA. Durante esta época se produce la formación de los Estados nacionales y, con ellos, la economía también se nacionaliza, por lo que deja de ser urbana. En este último fenómeno influyeron varios factores, entre los cuales figura el monopolio de la furición legislativa por los gobiernos nacionales, que apoyados por grandes comerciantes empresarios, produjeron la decadencia de las corporaciones medievales. Por otra parte, el perfeccionamiento de la navegación, el descubrimiento de América y de la vía marítima a la India, no sólo ampliaron el mundo conocido, sino que también dieron gran impulso al comercio y al derecho mercantil, especialmente al derecho comercial marítimo. Por otro lado, el gran desarrollo comercial hizo que muchas personas no comerciantes realizaran actos de comercio, lógicamente confinesde lucro, lo cual fue produciendo la "objetivización" del derecho comercial (v. párr. 49). Este hecho fue luego confirmado por la codificación. Entre otros aspectos concretos de la mencionada evolución del derecho mercantil, cabe recordar que se extendió el ámbito de la letra de cambio, aparecieron el endoso (en el siglo xvii) y las sociedades comerciales (que facilitan la acumulación de capitales), evolucionó el seguro marífimo para cubrir losriesgosde la navegación, etc. Una prueba más del desarrollo comercial de esta época, la tenemos en que el predominio comercial se desplazó del Mediterráneo Central a las costas del Atlándco, desarrollándose la hegemonía de Portugal y España en el siglo xvi, de Holanda en el siglo xvii —el foco de la actividad comercial se desplaza hacia el N.O.—y también de Francia (aunque en menor escala) y de Inglaterra en el siglo xvm. En esta época aparecen en Francia bajo el reinado de Luis xiv, a instancias de Coibert, las Ordenanzas del comercio terrestre (1673) y las Ordenanzas del comercio marítimo (1681), reputadas como las fuentes inmediatas del derecho comercial moderno. Y en España, en 1737, las conocidas Ordenanzas de Bilbao, primer cuerpo de derecho mercantil español que haya comprendido las operaciones terrestres y marítimas. Estas ordenanzas nos interesan parücularmente, porque estuvieron vigentes en nuestro país —con carácter supletorio— antes de la sanción de nuestro primer Código de Comercio (1862). 75.— EDAD CONTEMPORÁNEA. Merece destacarse la sanción del Código de Comercio Francés (1807), a partir del cual el derecho comercial toma carácter objetivo, es decir, es norma de los actos de comercio y no tan sólo de los comerciantes. Ese movimiento codificador fue seguido por casi todos los países de Europa y América, con excepción de Inglaterra y Estados Unidos.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraCOMERCIAL: uso Didáctico y Científico DERECHO FUENTES 803 - Cap. 26 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN HOY DÍA, con el perfeccionamiento y desarrollo de los medios de transporte, las comunicaciones, la producción en serie, el comercio electrónico, etc., asistimos a un gran desarrollo del comercio y a una evolución paralela del derecho mercantil. En especial, tiene lugar un proceso de globalización (mejor sería llamarlo mundialización de la economía y otros aspectos), que es conveniente siempre que vaya acompañado de una razonable defensa de los intereses nacionales. Dentro de él, se da simultáneamente un proceso de regionalización (Unión Europea, Mercosur, Nafta, etc.) y, dentro de cada región, para facilitar el proceso, se tiende a la uniformidad del derecho comercial en particular.

76. Fuentes.— Me referiré principalmente al Código de Comercio y a algunas leyes posteriores, por haberse destacado y a el valor de 1 a costumbre (Cap. 13,párr. 16). 1) Constitución Nacional que, entre otros aspectos se refiere: al derecho de comerciar (arts. 14 y 20 —este último para los extranjeros—); al comercio internacional (arts. 75, inc. 13; 126 y 27); al comercio interprovincial (arts. 9 a 12 y 75, inc. 13); protección de consumidores y usuarios —inclusive de servicios públicos—; defensa de la competencia, etc. (art. 42). 2) Código de Comercio: a) CÓDIGO DE COMERCIO DE 1862. Realizada la unión de la República, se promulgó en 1862 —en cumplimiento del mandato constitucional— el primer Código de Comercio que tuvo la República Argentina. En realidad, este Código fue el que la provincia de Buenos Aires se había dado en 1857, durante la secesión (obra de Acevedo y Vélez Sarsfield), con algunas ligeras modificaciones, para adaptarlo a todo el país. Antes de este Código, regían la Cédula Ereccional del Consulado de Buenos Aires (1794), que subsistió hasta 1862 y, supletoriamente, las Ordenanzas de Bilbao, luego las Leyes de Indias y, por último, las de Castilla (art. 2° de la Cédula). Ello naturalmente en cuanto no hubieran sido modificadas por los gobiernos patrios. Entre las modificaciones más importantes podemos citar: el decreto de 1822 sobre actos de comercio (se los definía y enumeraba para precisar la competencia del Consulado); ley de 1821 sobre corredores; etc. 77.— b) CÓDIGO DE COMERCIO DE 1889 (ley 2637, vigente en la actualidad). Promulgado el Código Civil en 1871, se hizo necesario reformar el Código de Comercio en muchas partes, para adaptarlo a aquél, suprimirle los capítulos de derecho común que contenía, introducirle nuevas modificaciones, etc. Así se hizo en 1889, aprobándose el proyecto de la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados, integrada por los doctores Wenceslao Escalante, Estanislao S. Zeballos, Benjamín Basualdo y Ernesto Colombres.


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Esta Comisión se basó principalmente —amén del Código en vigencia— en dos proyectos: el de los doctores Sixto Villegas y Vicente G. Quesada de 1873 y el de Lisandro Segovia de 1887. El nuevo Código comenzó a regir el 1° de mayo de 1890 y su contenido, incluyendo las reformas posteriores, está distribuido de la siguiente manera: TÍTULO PRELIMINAR LIBRO 1°: De las personas del comercio Actos de comercio, comerciantes (capacidad, matncula), registro público de comercio, libros de comercio; bolsas y mercados de comercio (corredores, rematadores, barraqueros, dependientes, etc.). LIBRO 2°: De los contratos de comercio Contratos comerciales (mandato, corfíisión, compraventa, depósito, prenda, etc.); sociedades comerciales (colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, etc.); seguros; papeles de comercio (letra de cambio, pagarés, cheques); etc. LIBRO 3°: De los derechos y obligaciones que resultan de la navegación {decreto-ley 20.094, de 1973) Buques; fletamento; seguros marítimos; choques y abordajes, naufragios; averías, hipoteca naval; etc. LIBRO 4°: De los concursos (ley 24.522, de 1995) Concurso preventivo; quiebra; pequeños concursos y quiebras; etc.

78.— 3) LEYES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS. Entre otras, cabe citar las referidas a: transmisión de establecimientos comerciales e industriales (ley 11.867 de 1934); defensa de la competencia (dec.-ley 22.262 de 1980); transferencia de tecnología (dec.-ley 22.426 de 1981); sociedades comerciales (dec.-ley 22.802 de 1983); obligaciones negociables (ley 23.576 de 1988); factura conformada (ley 24.064 de 1992); defensa del consumidor (ley 24.240 de 1993); cheques (ley 24.452 de 1995); etc.



CAPÍTULO 27

DERECHO MINERO Y DERECHO RURAL

SECCIÓN PRIMERA

DERECHO MINERO 1. Concepto.— Es el que rige la propiedad minera, la exploración, explotación y otros aspectos relativos al aprovechamiento de las sustancias minerales. Propiedad minera significa que existe una propiedad especial sobre las sustancias minerales que se hallan en la tierra, y otra propiedad distinta sobre el suelo en que aquéllas se encuentran. Por eso se habla de una propiedad común o civil sobre la superficie y otra minera sobre esos depósitos naturales de sustancias minerales, que se denominan genéricamente minas. Supongamos —con relación ya a nuestro derecho minero— que una persona descubre en un campo de mi propiedad, una mina de oro; pues bien, en este caso, si esa persona ha obtenido la correspondiente concesión, es la única dueña de la mina situada en mi campo (art. 44 del Cód. de Minería). En cuanto a la exploración, explotación y otros aspectos relativos al aprovechamiento de las minas, serán analizados al tratar el contenido de esta rama jurídica, pues su sola enunciación ya da una idea concreta de su significado. 2. Fundamentos del Derecho Minero.— La existencia de esta rama jurídica con carácter autónomo, reposa sobre dos fundamentos esenciales: 1) Económico-social: está constituido no sólo por los caracteres propios de la industria minera (extractivo-destructiva, puesto que lo extraído no se repone jamás) y la necesidad de procedimientos industriales adecuados, sino en mayor medida por el valor extraordinario que alcanzan dichas sustancias y el interés social de que sean explotadas en beneficio de la comunidad.


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3.— 2) Fundamento jurídico: es la existencia de una propiedad minera, distinta de la superficial. En efecto, si las sustancias minerales pertenecieran al dueño del suelo, esta rama jurídica no tendría razón de ser, puesto que las relaciones respectivas serían regidas por el derecho civil y bastaría con algunas disposiciones sobre policía del trabajo, tendientes sobre todo a salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores mineros. En el derecho minero argentino, la separación está consagrada expresamente por el art. 11 del Código de Minería, que dispone: "Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran...". Queda así restringida, errlo que se refiere a las sustancias minerales, la extensión que asigna el Código Civil a la propiedad del suelo (art. 2518). Sobre esta base, se ha constituido una especialidad de la Dogmática Jurídica: la Ciencia del Derecho Minero. 4. Finalidad perseguida con el Derecho Minero. Su necesidad. — Fácil es comprender que el aprovechamiento de las riquezas minerales, no debe quedar librado a la sola voluntad de los particulares, por las consecuencias funestas que puede traer una explotación guiada sólo por el interés privado. Se impone por lo tanto la intervención estatal, a efectos de alcanzar la finalidad perseguida con este derecho, que es esencialmente una explotación racional y provechosa de las sustancias minerales. De ahí la necesidad e importancia de un buen régimen jurídico sobre la materia, lógicamente, en aquellos países en que las riquezas minerales tengan una significación económica ponderable, así como la adopción de medidas complementarias (créditos, etc.), destinadas a incrementar la explotación de dicha riqueza. 5. Denominaciones.— La expresión más correcta es derecho minero. No así "legislación" de minas; derecho "de minería"; derecho "de minas"; etc. El empleo de la palabra legislación proviene del error de creer que todo el derecho está en la ley, punto que ya he aclarado. En lo que atañe a la segunda parte de la denominación, me parece que el adjetivo minero es más exacto por dos razones: 1°) porque al decir de minería, pareciera uno referirse solamente a la minería como industria, cuando en realidad, esta rama se refiere a la actividad minera, por así decir, abarcando su contenido aspectos más amplios que el meramente industrial; 2°) por una simple razón de analogía con las demás ramas jurídicas. En efecto, se dice por ejemplo derecho comercial y no del comercio; penal y no de las penas; etc. 6. Contenido.— Sintetizaré aquí los aspectos más importantes, con referencia a nuestro derecho:


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada paraDE uso y Científico 807 - Cap. 27 PROPIEDAD LASDidáctico MINAS: SISTEMAS PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

1. PROPIEDAD DE LAS MINAS. SISTEMAS DIVERSOS A) EN GENERAL. En la doctrina y en los diversos derechos positivos, hay cinco sistemas fundamentales en lo que se refiere a la propiedad o dominio de las sustancias minerales, es decir, sistemas que establecen a quién pertenecen las minas y qué caracteres y amplitud tiene esa especial propiedad minera, por supuesto, en el caso de que exista como propiedad distinta de la del suelo. Como es obvio, el legislador tanto puede disponer en principio que las minas pertenezcan al Estado o a los particulares y, respecto de su extensión y caracteres, que sea temporal o perpetua, divisible o indivisible, etc. Para mayor claridad, separaré los sistemas según que distingan o no el dominio originario y el dominio derivado de las minas '. 7.— En síntesis son los siguientes: SISTEMAS 1. Accesión I) No separan d.o. y d.d. 2. Dominial

DOMINIO Superficiario Estado

Estos sist. no distinguen entre propiedad superficial y propiedad minera.

Dom. Distinguen Orig. Dom. Deriv. II) Separan d.o 13. Ocupación nadie 1er. ocupante entre propiedad y d.d. 14. Res nullius nadie Concesionario superficial y 5. Regalista Estado Descubridor propiedad minera. en principio. ., . íd.o.: dominio originario Abreviaturas: i , , , • • . • . [d.d.: dominio derivado Hecha la aclaración en el cuadro, pasamos a estudiarlos sucesivamente: 8.— 1) Sistema de la accesión (o fundiario, o del dominio absoluto del superficiario): las minas pertenecen al dueño de la superficie. Suele decirse que este sistema se inspiró en la máxima romana de que lo accesorio sigue la condición de lo principal (accesio ceditprincipali), pues considera al subsuelo —y todo lo que contiene— como un accesorio del suelo. Dominio o propiedad originaria es la que no reconoce titular anterior y que, según los sistemas, puede corresponder al Estado, a nadie, o a los particulares. Dominio derivado es el que reconoce la preexistencia de otro titular anterior.


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En realidad, este sistema es la consagración del principio individualista de la propiedad absoluta y excluyente, según el cual, la propiedad del suelo abarca todo un cono que tiene por vértice el centro de la tierra y que se extiende en el espacio aéreo hasta el infinito, o como se ha dicho, que va "del cielo al infierno" ^. Son varias las críticas demostradvas de que este sistema es, en general, antieconómico. Entre ellas recordemos las siguientes: a) es erróneo sostener que las minas sean un accesorio del suelo, puesto que generalmente, por su valor, son más importantes que el suelo mismo; b) no coinciden generalmente los límites de la.s propiedades superficiales con los de las minas, que suelen extenderse a través de varias de aquéllas. Como es evidente, esto es perjudicial para una explotación ordenada y provechosa, puesto que cada propietario debe mantenerse dentro de los límites de su propiedad y bien puede ocurrir; c) que alguno o varios de los superficiarios no quieran o no puedan explotar el subsuelo, perdiéndose así grandes riquezas. 9.— 2) Sistema dominial (o del dominio absoluto del Estado): las minas pertenecen exclusivamente al Estado, que tiene sobre ellas un derecho de propiedad igual al de cualquier particular. Por lo tanto, puede hacer con ellas lo que más le convenga: arrendarlas, venderlas, donarlas, dar concesiones de explotación, trabajarlas por sí mismo, etc. A este sistema se le objeta que el Estado suele ser mal administrador, sobre todo en aquellos países en que la administración pública no está bien organizada. 10.— 3) Sistema de la ocupación: originariamente las minas son cosas sin dueño y, derivadamente, pertenecen al primer ocupante, o sea, al que encontró un yacimiento y lo ha tomado en posesión. La propiedad sobre la mina surge en este sistema, del mero hecho de la ocupación, no siendo necesario ningún permiso del Estado, cuya intervención queda reducida al mínimo. Por lo tanto, una persona que descubre una mina, puede explotarla directamente, sea quien fuere el dueño de la superficie y aun penetrar por galerías subterráneas en las propiedades vecinas, siempre y cuando no haga peligrar la estabilidad de la superficie. Este sistema fue defendido por el economista Turgot, ministro de Luis XVL en su famosa Memoria sobre las Minas y Canteras (1770). Se le critica que no siempre el descubridor o primer ocupante, es el que posee los medios económicos necesarios para la explotación y que, por transformarse en dueño, puede dejar la mina improductiva con el consiguiente perjuicio para la economía social. Además, según ya hizo notar Mirabeau, puede dar lu-

Véase el ait. 2518 del Cód. Civil.


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gar a una serie de conflictos en su explotación, como sucedería si dos personas partiendo de puntos distintos, llegaran a encontrarse, por estar trabajando un mismo yacimiento, etc. 11.— 4) Sistema de la res nuílius (o de Dalloz): originariamente las minas son cosas sin dueño como en el sistema anterior, pero, el dominio derivado, lo concede el Estado —que interviene como tutor de la riqueza pública— a las personas que ofrezcan mayores garantías de una explotación productiva. En este sistema, por lo tanto, la propiedad minera nace de la concesión. A este régimen sostenido por el jurisconsulto Eduardo Dalloz, en su obra De la Propriété des Mines, se le han hecho varias objeciones, más bien formales que referentes a sus consecuencias prácticas: 1) que si el Estado es un tutor de la riqueza minera, ello significa que las minas pertenecen a sus representados y no son, por lo tanto, res nullius; 2) que si el Estado impone además una serie de condiciones al concesionario, ¿no sería más coherente reconocer que las minas son propiedad originaria del Estado?; etc. 12.— 5) Sistema regalista: originariamente las minas pertenecen al Estado, pero con la particularidad de que no puede explotarlas por sí mismo, estando obligado a entregarlas al primero que las solicite, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. En concreto, el derecho de los particulares a explotarlas nace del descubrimiento minero (v. párr. 20) y, el título de propiedad, surge de la concesión que el Estado debe darle. El Estado tiene por lo tanto un dominio "eminente" sobre las minas, correspondiendo a los particulares el dominio "útil" de las mismas. Este es el sistema que los españoles aplicaron en América durante la época colonial y que, según veremos, predomina en nuestro Código de Minería. Por otra parte, es también una manifestación de ideas liberal-individualistas, así como el dominial responde mejor a las tendencias que propician una franca intervención del Estado. 13.— B) RÉGIMEN ARGENTINO.

I) PRINCIPIOS GENERALES. Nuestro derecho no sigue un sistema único, sino que —como sucede en general— ha seguido distintos sistemas para las diferentes sustancias mmerales, atendiendo al mayor o menor valor económico de las mismas, al carácter de minerales "estratégicos" en otros casos, etc. En el Código de Minería argentino, tal como se lo sancionó en 1886, predominaba el sistema regalista, continuándose de tal manera una tradición que venía de la época colonial. Así lo prueban las siguientes disposiciones del Código de Minería (con las reformas introducidas por el dec.-ley 22.259, de 1980): Art. 7.— "Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren".


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Art. 8.— "Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las disposiciones de este Código". Art. 9.— "El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley". Art. 10.— "Sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el art. 7°, la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal". 14.— II) CLASIFICACIÓN DE LAS MINAS. Han sido divididas en tres categorías por el art. 2° del Código de Minería, con la salvedad de que no se trata de una clasificación inamovible, ya que mediante ley especial las minas pueden ser cambiadas de categoría (art. 6° del Cód. de Minería), en virtud por ejemplo, de haber adquirido gran importancia económica al descubrirse una nueva aplicación de alguna de ellas, etc. Esto nos está indicando que el criterio para clasificar las sustancias minerales no es ecológico o científico, sino polífico o económico. También pueden ser incorporadas nuevas sustancias, a medida que se van descubriendo. En síntesis, desde el punto de vista de la distribución de derechos y deberes entre el Estado y los particulares, sobre todo en cuanto al sistema de dominio y el régimen de explotación, el Código de Minería (art. 2°), establece tres categorías de minas: \) Minas de I"categoría: "minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente" (art. 2°, inc. 1° del Cód. de Minería). Comprende esta categoría sustancias sometidas a dos sistemas diferentes: a) Al sistema regaüsta (art. 3° del Cód. de Minería): a') las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio y potasio; a-) los combustibles: hulla, lignito, antracita e hidrocarburos sólidos; a3) el arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita, fosfatos calizos, azufre y boratos; a"*) las piedras preciosas; a^) los vapores endógenos. b) Al sistema dominial restringido: el petróleo y demás hidrocarburos líquidos y gaseosos, como veremos después (párr. 28), actualmente regidos por el decreto-ley 17.319 (de 1967), que limitó al respecto el art. 9° del Código. Además, diversas leyes dictadas antes de la reforma de 1980, habían sometido al régimen dominial diversas sustancias: tales la 12,709 (de 1941), que creó la Dirección General de Fabricaciones Militares; el decreto 22.389/45 que reorganizó la Dirección Nacional de Energía, etc. A su vez, los minerales nucleares, hasta no hace mucho tiempo estaban sometidos al régimen dominial; en efecto, el decreto-ley 22.477/56, disponía que los yacimientos, minas, desmontes, relaves, escoriales, gangas y otros depósitos, que contengan minerales nucleares (uranio, torio y plutonio), pertenecen al Estado nacional o provincial, según el lugar en que se encuentren, reservando además al Estado nacional el monopolio de la explotación e introduciendo diversas modificaciones al Código de Minería, en relación con los minerales citados. Pero desde que rige la ley 24.498 (de 1995), que derogó el decreto-ley 22.477/56, las cosas han cambiado a este respecto, según veremos en el párr. 18.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA CopiaPROPIEDAD Privada MINERA: para uso Didáctico y Científico RÉGIMEN ARGENTINO 811 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 15.— 2) Minas de la 2"categoría (art. 2° del Cód. de Minería, 2° categoría): tal como lo establece dicho artículo, esta categoría comprende dos subcategorías, que son: a) "Minas que por razón de su importancia, se conceden preferentemente al dueño del suelo" (art. 2°, inc. 2°, T parte del Cód. de Minería), pero la autoridad las concederá al primer solicitante, salvo que el dueño, requerido al efecto, manifieste en el término de veinte días su voluntad de explotarlas, y comience la explotación dentro de los cien días (art. 171 del Cód. de Minería). Como surge de lo antedicho y lo explicado en el páir. 12, estas minas se hallan encuadradas en el sistema regalista, pero limitado, en virtud del derecho preferencial que tiene el dueño del suelo. Pertenecen a esta subcategoría las siguientes sustancias (art. 4°, incs. "c", "d" y "e" del Cód. de Minería): salitres, salinas, turberas, metales no comprendidos en la primera categoría, tiertas piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, baritina, caparrosas, grafito, caolín, sales alcalinas o alcalino-terrosas, amianto, bentonita, zeolitas o minerales permutantes o permutíticos. b) "Minas que por las condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento común" (art. 2°, inc. 2°, 2' parte del Cód. de Minería). Se trata de minas encuadradas también dentro del sistema regalista, pero amplísimo, pues los destinatarios del derecho a explotarlas son todas las personas. Pertenecen a esta subcategoría las siguientes sustancias (art. 4°, incs. "a" y "b" del Cód. de Minen'a): arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los placeres ^; los desmontes *, relaves ^ y escoriales ^ de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto no los recobre su dueño'. 16.— 3) Minas de la 3"categoría (sistema de la accesión): "Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad púbhca" (art, 2°, inc. 3°, Cód. de Minen'a). "Componen la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento cuyo conjunto forma las canteras" (art. 5°). Concretamente, son las siguientes: arena no metalífera, piedra caliza, mármol, granito, yeso, canto rodado, dolomita, basalto, laja, piedra pómez, conchilla, tosca, etc. 17.— Según vemos, rige para estos minerales el sistema de la accesión, pero, por la gran importancia que han adquirido en la actualidad, no sólo como materiales de construcción —lo que ya es importantísimo— sino también por sus nuevas aplicaciones en diversas •5

Placeres: se llama así a los "depósitos de piedras y metales preciosos forinados por acarreos en las partes bajas de los terrenos flojos (en la nota del codificador al art. 4° del Cód. de Minería). Desmontes: son las acumulaciones de roca extraídas en los trabajos de explotación y desechadas como inútiles por falta de medios o de interés para beneficiarlas, pero que contienen cierto porcentaje de mineral (CATALANO, Edmundo Femando, Curso de Derecho Minen). Buenos Aires, 1975, pág. 24). Relaves: son las aguas que se desprenden de las máquinas de beneficio y que arrastran partículas de mineral (ídem). Escoriales: son los lugares donde se atroja la grasa o escoria salida de los hornos de beneficio (idein). Establecimientos de beneficio: son las obras, máquinas y aparatos destinados a preparar y beneficiar el mineral extraído de la mina, sea concentrándolo, fundiéndolo, o por otro sistema (C, E. F. ob. cit.). Por su parte, se llama beneficio de los minerales, al conjunto de operaciones industriales que tienen porfinalidadextraer del mineral bruto, la parte útil {idetn. pág. 12, nota 3).


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industrias (químicas, cerámicas, curtiembres, vidrio, pinturas, etc.), es evidente la necesidad de darle a algunas de ellas carácter de propiedad minera y someterlas a otro régimen que posibilite una producción más abundante y barata. 18.— Número de sistemas en el derecho argentino. El Código, en la enumeración del art. 2°, distingue tres categorías de minas, pero, como hay dos subcategorías dentro de la primera (una de ellas agregada por leyes posteriores) y dos dentro de la segunda (ambas enumeradas ya en el Código) serían cinco las categorías y, por ende, cinco los distintos regímenes existentes en nuestro derecho, pero en realidad son más, porque dentro de cada subeategoría, hay regímenes propios para diversas sustancias. A título de ejemplo cabe recordar la ley 24.498 (B. O., 19-Vn-95), que introdujo varias modificaciones al Código de Minería, orientadas principalmente a promover la actividad privada en el ámbito minero. Una de las reformas se refiere a los minerales nucleares que, hasta dicha modificación estaban sometidos exclusivamente al sistema dominial (v. párr. 14, inc. b); en cambio, la ley 24.498 retoma al régimen de las concesiones de exploración y explotación, lo que implica encuadrarlos en el sistema regalista. Sin embargo, la misma ley dispone que el Estado, a través de sus órganos (p. ej., la CONEA —Comisión Nacional de Energía Atómica—), o bien por intermedio de sociedades, etc., queda también autorizado a explorar y/o explotar estas minas, lo que implica decir que en tales circunstancias, se mantiene el sistema dominial. Aquí vemos que para una misma sustancia, rigen dos sistemas diferentes, según el caso. 2. EXPLORACIÓN O CATEO 19.— Es el conjunto de trabajos superficiales ("a cielo abierto") o subterráneos, tendientes a descubrir minerales. La importancia de los mismos va desde pequeñas labores (calicatas), hasta pozos y galerías subterráneas de gran extensión. No es una etapa obligada de la actividad minera, porque si las sustancias minerales se encuentran en la superficie (p. ej., salinas, guaneros, etc.), puede iniciarse directamente la explotación. Pero aun en este caso, la exploración resulta conveniente para asegurarse de la verdaderariquezade los terrenos, por cuanto en profundidad, las vetas pueden desvalorizarse, morir, etc., y si se ha iniciado una explotación formal, sin cerciorarse antes, mediante un cuidadoso cateo, de la ubicación, ley, dirección, etc., de los depósitos, es posible terminar en un completo fracaso, que pudo haberse previsto y evitado. La iniciativa privada en materia de exploración minera, debe ser decididamente estimulada por todos los medios posibles, a efectos de fomentar la industria y acrecentar la producción. Por eso resulta inexplicable la reservafiscalde grandes zonas del país, con respecto a minerales aún no descubiertos, frenándose así la iniciadva privada. Una polífica minera más inteligente, aconseja establecer la reserva estatal después de haber sido descubierto el mineral en cuestión, reconociéndose lógicamente, los justos derechos del descubridor que, con su esfuerzo o suerte, ha incorporado una nueva riqueza a la economía nacional. Nuestro Código de Minería legisla (arts. 25 al 43), la forma de obtener los correspondientes permisos de exploración, extensión y tiempo de los mismos; indemnizaciones debidas por el explorador al superficiario; lugares donde, en principio, no se puede catear (casas, cementerios, calles y sitios públicos, etc.). http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico MINAS: DESCUBRIMIENTO Y RESPONSABILIDAD 813 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 3. DESCUBRIMIENTO 20.— En términos generales, consiste en el hallazgo de minas desconocidas. Y dicho sea de paso, es con más frecuencia obra de la casualidad, que fruto de expediciones organizadas (v. arts. 45 a 71 del Cód. de Minería). Para nuestro Código, el descubrimiento pertenece al primer registrador de una mina antes no registrada, aunque haya sido descubierta antes por otra persona. Con este sistema se evita la dificultad de probar quién ha sido el descubridor, de entre varios solicitantes, como ocurre en las legislaciones que han consagrado el sistema del descubridor verdadero. Por otra parte, insta al minero a efectuar el registro, para consolidar sus derechos. En algunos países, este acontecimiento no tiene mayor trascendencia, porque las minas se conceden al descubridor, si éste ofrece capacidad técnica y económica suficientes. pues de no ser así, se conceden a otro. En nuestro derecho, por el contrario, reviste una gran trascendencia jurídica y económica, porque la concesión corresponde al descubridor, tenga o no tenga la antedicha capacidad y, en las minas de primera categoría —por ejemplo— puede iniciar la explotación inmediatamente, aun antes de cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley para e! otorgamiento de! título definitivo (art. 54, Cód. de Minería), como también puede venderla, arrendarla, hipotecarla, etc. El sistema es por cierto objetable, pues resulta más provechoso para la economía, conceder la explotación a quien tenga capacidad técnica y económica para llevarla a buen término, dándose al descubridor, si no está en esas condiciones, una recompensa proporcional a la importancia del descubrimiento realizado. 4. RESPONSABILIDADES 21.— Se refieren a las indemnizaciones recíprocas entre minero y superficiario. Es justo y razonable que si un minero, realizando trabajos de cateo o de explotación, ocasiona daños en un terreno (derrumbamientos, inutilización del suelo para el cultivo, imposibilidad para el propietario de trabajar en la superficie, por haber sido ocupada con instalaciones y maquinarias, etc.), indemnice al propietario, en virtud del principio de que todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Y lo mismo cabe decir del propietario que, con sus trabajos superficiales, ocasione daños al minero. Pues bien, nuestro Código de Minería legisla estas responsabilidades, instituyendo para ellas un régimen distinto del de la responsabilidad civil: establece sus caracteres, cuándo hay y cuándo cesa la responsabilidad, qué daños comprende según los distintos casos (servidumbres, expropiación, etc.). 5. OTRAS INSTITUCIONES 22.— Nuestro Código minero, modificando en algunos aspectos al ci\'ií en virtud de las peculiaridades de esta industria, reglamenta además el contrato de avíos (aquél en virtud del cual una persona se obliga a suministrar lo necesario para la explotación de una mina —arts. 269 y sigs. Cód. de Minería—); la compañía de minas (asociación de dos o más personas para explorar o explotar sustancias minerales); venta y arrendamiento de las mismas; hipo-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRÉ Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN tecas; usufructo; introduce modificaciones en el régimen jurídico de los bienes mineros de la sociedad conyugal, etc. Por otra parte, el Código de Minería (arts. 246 a 268), tiene varias disposiciones referentes a la protección ambiental respecto de la actividad minera. En cuanto al petróleo, por la importancia del asunto, lo veremos seguidamente en particular. 814

6. EL PETRÓLEO 23. Aspecto económico y político del problema.— El petróleo (del latín petra, piedra, y oleum, aceite, vale decir, aceite de piedra o, mejor dicho, aceite mineral), tiene hoy una importancia extraordinaria 8: 1°) ECONÓMICA, por la gran cantidad de aplicaciones de los subproductos en la vida moderna (la nafta, el gasoil, el fueloil, que alimentan millones de motores en todo el mundo; los aceites lubricantes; el querosén y la bencina, de gran empleo en la industria y la economía doméstica, etc.). Siendo la fuente de combustible por excelencia, el aumento diario del consumo, debido a la mayor difusión de las máquinas que lo emplean (automovilismo, aviación, etc.), hace necesaria la explotación racional e intensiva de todas las fuentes disponibles. Por otra parte, no debemos olvidar que de los pozos de petróleo, surge otro hidrocarburo que es el gas natural. Es de hacer notar que este papel de primer plano que desempeña, data definesdel siglo XIX y comienzos del XX, no porque el petróleo se desconociera antes, sino por la invención del primer motor de combustión interna, que lo empleó (accionado por fueloil), obra del ingeniero alemán Rodolfo Diesel. Este invento, destinado a transformar la faz del mundo, permitió vislumbrar su utilización en gran escala. Dije que el petróleo se conocía antes definesdel siglo XIX; en efecto, varios siglos antes de Cristo ya se lo empleaba en medicina, embalsamamiento de cadáveres, iluminación, etc. En nuestro país se considera como fecha de su descubrimiento el 13 de diciembre de 1907, hecho acaecido mientras la entonces Dirección de Minas, Geología e Hidrología, efectuaba perforaciones en busca de agua potable en Comodoro Rivadavia. No obstante, se trata de un error, por cuanto su existencia era conocida con anterioridad y, en Mendoza por ejemplo, desde 1886 en que se inició la explotación, hasta 1913, se extrajeron 8.000 toneladas de petróleo. Lo cierto sí, es que el yacimiento de Comodoro Rivadavia fue el primero de importancia económica en el país. 24.— 2°) POLÍTICA, debido a que los Estados que lo tienen ejercen sobre los demás que lo necesitan y no lo tienen, una hegemonía económica muy grande. Ahora bien, esa hegemonía económica del que tiene sobre el que no tiene, trae aparejada forzosamente una interferencia política más o menos grande, sobre todo en aquellos Estados en que las fuerzas imperialistas dominantes han invertido grandes capitales: es así como la dependencia económica trae aparejada la subordinación política. Para comprender mejor el fenómeno, haré la explicación a través de un ejemplo: en el caso del oro negro —ejemplo en cuestión— se le vende o no petróleo o algún derivado al país dependiente, según que venda a su vez tales ^ Véase CATALANO, Edmundo F., ob. cit., en nota 4, págs, 360 y sigs.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA PETRÓLEO GENERAL y Científico 815 - Cap. 27 Copia PrivadaELpara uso EN Didáctico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN O cuales productos a tal o cual precio; o bien que tome determinada medida en su política o deje de realizar alguna nacionalización contraria a los intereses enjuego, etc. Y si el Estado subordinado cree salvar el inconveniente comprando el petróleo que necesita en otro país, no resulta el asunto tan fácil como pudiera pensarse, porque prácticamente, son pocas en la actualidad las gigantescas empresas que dominan el ramo en el mundo. Al recurrirse entonces a otro país en busca de lo que en aquél no conviene, resulta que puede tratarse de agentes de las mismas compañías. Dicha situación les permite hacer maniobras oligopólicas que les producen grandes ganancias (p. ej., imposición de precios a los subproductos más altos de lo que correspondería, etc.). El problema resulta difícil y hace falta para solucionarlo, no sólo honradez y patriotismo, sino también valentía. Resulta entonces que son los Estados imperialistas dominantes los que suelen manej ar la política interna e internacional de los países dependientes, valiéndose como agentes de los traidores a la patria (que nunca faltan) y empleando como arma poderosa el soborno de funcionarios y dirigentes venales, hasta por millones de dólares. Y si es necesario, como ha ocurrido, fomentan golpes de Estado o la guerra. La historia de los países del cercano y medio oriente de América, etc., ofrece un magnífico material de observación y estudio. Por otra parte, no debemos olvidar que actualmente, por laglobalización de la economía (sin perjuicio de los bloques económicos regionales, como el Mercosur), los convenios internacionales sobre libertad de comercio (p. ej., el GATT), con la consiguiente apertura económica —si bien relativa— de la mayoría de los países, el auge del neoliberalismo, etc., las condiciones económicas nacionales e internacionales han cambiado mucho; en consecuencia, las respectivas políticas económicas deben adecuarse a dichos cambios estructurales. 25.— La importancia del petróleo, alcanza en tiempo de guerra, relieves de vida o muerte, porque con la lucha mecanizada de hoy día, impulsada por el petróleo, poco podría hacerse sin él, al punto de que constituye en las contiendas actuales uno de los principales objetivos de las operaciones bélicas. No se concibe ya un ejército moderno que use como combustible el carbón o la leña. Y si bien es cierto que el ejército alemán usó petróleo sintético —en la segunda guerra mundial—, también es cierto que hoy día no se lo fabrica en escala industrial, por su elevado costo. Todo ello hace del petróleo una sustancia bélica de primer orden. A este respecto, es muy conocida la frase pronunciada en un banquete por Lord Curzon, en 1918, donde dijo: "Sin duda, nuestros descendientes afirmarán que los aliados fueron conducidos a la victoria navegando sobre olas de petróleo". En conclusión, el petróleo es una de las llaves fundamentales de toda economía y, de la subordinación política de que hablé como consecuencia de la dependencia económica, resulta que la soberanía política de un Estado reposa, en gran parte, sobre su independencia económica (algo parecido ocurre en las relaciones entre los hombres). Esa independencia económica consiste, no en que un país produzca todo lo que necesita, sino en que las fuentes básicas y los resortes fundamentales de su economía sean controlados por el respectivo gobierno, para que contribuyan al bienestar del pueblo. Sintetizando, cabe decir que sin un razonable control de las fuentes petrolíferas que, por ejemplo, garantice en lo posible el autoabastecimiento al país productor, hoy por hoy, no puede haber una auténtica independencia política y económica; ahora bien, los países que carecen de los medios económicos y técnicos para esta explotación, deben dar concesiones a empresas privadas (generalmente multinacionales), lo que no es criticable en sí mismo, pues todo depende, como dije, de las condiciones de la concesión.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRE Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN 26.— Larivalidadde imperialismos en pugna ha producido y produce una guerra subterránea y a menudo sangrienta, por el control de las fuentes petrolíferas en todo el mundo. Y muchos de los problemas políticos cuya razón de ser no aparece clara, como en el Cercano y Medio Oriente, por ejemplo, hallan en el petróleo la clave que los explica. Esta lucha por el petróleo es la misma que ayer se realizaba por el carbón y la que tiene lugar hoy —y que se intensificará mañana indudablemente— por el uranio, torio, cromo y demás minerales radioactivos, fuentes de energía atómica. Porque es probable que en un futuro no muy lejano, las fuentes naturales de energía no renovables (como el petróleo, gas, carbón, etc.), se vayan agotando y sean reemplazadas por las fuentes renovables, como son la energía solar (suficiente para abastecer por sí sola el consumo energéfico del mundo entero), y las energías eólica', mareomotriz, de los desechos orgánicos, etc., que, además, tienen la ventaja, en general, de no ser contaminantes. En cuanto a la energía atómica, luego de las explosiones y otros accidentes ocurridos en algunas usinas (p. ej., la de Chemobyl, en 1986), con resultados catastróficos, ha disminuido su utilización. 816

27. Derecho argentino.— Antes de comenzar el estudio de las leyes argentinas, es menester esclarecer dos aspectos fundamentales, alrededor de los cuales gira toda la legislación. Son: 1°) Problema del dominio de los yacimientos; y 2°) Régimen de la explotación. 28.— DOMINIO DE LOS YACIMIENTOS PETROLÍFEROS. En la actualidad imperan dos sistemas fundamentales: a) Los yacimientos pertenecen al superficiario (sistema de la accesión). Por la importancia actual del petróleo, este sistema que somete la industria petrolera a la tiranía del superficiario, tiende a desaparecer. Rige en Estados Unidos para las tierras de dominio privado, país en el que al mismo tiempo el Estado posee extensas reservas. b) Losyacimientospertenecen al Estado. Este sistema, en que por lo menos el dominio originario pertenece al Estado, es hoy día el más generalizado. En la República Argentina ha predominado siempre la opinión de que los yacimientos deben ser estatales, pero, por las características de nuestro régimen federal, se ha discutido calurosamente si deben pertenecer al Estado nacional o a las provincias, planteándose de este modo un problema jurídico-constitucional, que la reforma de 1994 ha resuelto en el art. 124 infine, disponiendo que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Este sistema de que el dominio originario de los yacimientos pertenezca al Estado nacional o provincial, según el lugar en que se encuentren, es llamado defedercdización de hidrocarburos, y está comprendido en la más ampUa.federalización de los recursos naturales. que estableció la citada reforma constitucional de 1994. Sin perjuicio de ello, antes de esta reforma, la ley 24.145 (B. O., 6-XI-92), llamada precisamente defederalización de hidrocarburos, dispuso la provinciahzación de los yacimientos de dichas sustancias, que pertenecían por entonces al Estado nacional. Ello implicó el pase a las provincias de los yacimientos de hidrocarburos en ellas ubicados, inclusive los que se encuentran en el mar adyacente a sus costas, hasta una distancia de doce (12) millas marinas, medidas desde las líneas de base re'

Véase la ley 25.019 (B. O., 26-X-1998), sobre "Régimen Nacional de Energía Eólica Solar".


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para DOMINIO uso Didáctico y Científico EL PETRÓLEO: Y EXPLOTACIÓN 817 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN conocidas por la legislación vigente (v. Cap. 21, párr. 15); en cambio, los yacimientos ubicados más allá de las citadas 12 millas, continúan perteneciendo al Estado nacional. 29.— RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN. Puede ser:

II ,. a) Monopolio \ I [

del Estado o fiscal (explota sólo el Estado); privado (explota sólo una empresa privada); mixto (explotan ambos, ya sea separadamente o por una empresa mixta).

b) Libre concurrencia No corresponde analizar aquí en detalle los distintos regímenes y, en lo que respecta al más conveniente, no creo que pueda afirmarse que alguno de ellos sea, con carácter absoluto, mejor que los demás, pues todo depende de las circunstancias particulares por las que atraviese el respectivo país. Así, por ejemplo, un Estado que no tenga capacidad técnica ni económica, mal puede imponer el monopolio estatal; por el contrario, cuando eso no ocurre, este sistema puede ser, en algunos casos, el más conveniente. 30.— Significado de las palabras: federaüzación, estatización, nacionalización y socialización. Estos términos suelen emplearse indistintamente, cuando en realidad significan cosas distintas. - Federaüzación: este concepto ha sido explicado en el párr. 28, inc. "b", por lo que allí me remito. En cuanto a la explotación puede estar o no a cargo del Estado: puede haber pues federalización con monopolio o libre concurrencia. - Estatización: en este régimen la propiedad y la explotación corresponden al Estado. Pero en un país federal como el nuestro, tanto pueden pertenecer al Estado nacional como al provincial, según el territorio en que se encuentren: la palabra resulta, pues, equívoca. -Nacionalización: la propiedad pertenece al Estado nacional exclusivamente, que se reserva además el monopolio de la explotación. Una de sus formas, es la que se ha llamado socialización (al margen de todo significado político), o nacionalización democrática (por oposición a la nacionalización totalitaria, que sólo busca, en principio, aumentar el poderío bélico del Estado). En este sistema, la dirección de la industria está a cargo de un consejo administrativo, formado por representantes no sólo del gobierno, sino también de los obreros y empleados, además de los consumidores o usuarios. Se busca de este modo poner la industria al servicio del pueblo y conseguir un control más estricto de su funcionamiento. "Los representantes de los obreros y empleados tienen intereses opuestos a los de los consumidores. Los primeros quieren salarios elevados y los segundos precios bajos. La acción de los representantes del Estado establecerá el equilibrio" '". 10 PALACIOS, Alfredo L., La Soberanía y Socialización de Industrias, Bueno.s Aire.s, 1946, pág. 25.


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En la República Argentina, por diversos factores que no corresponde analizar aquí (entre los que recordaré la falta de capital suficiente por parte del Estado, burocratización de las empresas estatales, etc.), asistimos actualmente a un auge de la iniciativa privada en materia de cateo, industrialización y comercio del petróleo y derivados. 31. Legislación argentina.— Las disposiciones principales que se han dictado sobre la materia son las siguientes: 1) LEY 7059 (1910), cuyos principales puntos eran: a) Estableció una reservafiscalde 5.000 has., durante cinco aflos, en la zona de Comodoro Rivadavia. Entiéndese por zona de reserva, aquellos territorios del dominio público o particular en que el Estado impide —temporaria o permanentemente— la exploración o explotación por los particulares, con unafinalidadde interés público (p. ej., exploración o explotación por el Estado, protección de la actividad minera particular, etc.). Ya antes de la ley, el día siguiente al descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, el Poder Ejecutivo dictó un decreto estableciendo allí una zona de reserva de 5 leguas kilométricas a todo rumbo, medidas desde el centro de la población. Este decreto —como otros posteriores— se fundó en el art. 15 de la Ley de Tierras (4167) y fueron atacados de inconstitucionales; no obstante, la Corte Suprema de Justicia falló declarando su constitucionalidad. La ley 7059 dio pues bases jurídicas a las reservas fiscales. Cabe agregar que por ley 9644 (1914) se prorrogó la reserva anterior por cinco años más, venciendo el plazo en 1920. Posteriormente, por decretos sucesivos se ha reservado prácticamente, en lo que a petróleo se refiere, todo el territorio nacional. b) Autorizó [¡¡.explotación directa de los yacimientos por el Poder Ejecutivo De este modo, la ley 7059 dejó sin efecto, en lo que a petróleo se refiere, el art. 9° del Código de Minería. c) Votó un crédito de $ 500.000 para que el Ministerio de Agricultura condnuara la explotación. A tal efecto, por un decreto de 1910, se creó la "Dirección General de la Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia", a cuyo frente realizó una patriótica e inteligente labor el ingeniero Luis A. Huergo. Este organismo es el antecedente inmediato de la "Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales", entidad oficial creada en 1922, en la que cabe destacar la vigorosa obra que realizara el general Mosconi. La ley orgánica de Y.P.F. se dictó recién en el año 1932 (ley 11.668), pero más adelante fue transformada en sociedad anónima y, por último, privatizada. 32.— 2) LEY 12.161 (1935), incorporada al Código de Minería como título XVII (arts. 373 a 408). Sus disposiciones fundamentales eran: a) Propiedad: "Las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos", pertenecen al Estado nacional o provincial, según el territorio en que se encuentren (art. 2° de la ley, correspondiente al 373 del Código). Se ratifica así el art. 7° del Código minero. b) Explotación: Establece un régimen de libre concurrencia limitada: -libre concurrencia, porque permite la explotación por el Estado (nacional o provincial —art. 374—), los particulares (art. 378), o por empresas mixtas (art. 374); -limitada, porque el Estado (nacional o provincial) puede decretar reservas, siendo éste un recurso poderoso para coartar la iniciativa privada. En síntesis, por esta ley, el Estado mantuvo el dominio de las fuentes de producción, pero esta medida, al no ser complementada por el monopolio ñscal de explotación, se vio


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PETRÓLEO: ARGENTINO 819 - Cap. 27 PROHIBIDAELLA VENTA, RÉGIMEN IMPRESION O DISTRIBUCIÓN neutralizada por la poderosa interferencia de las compañías petroleras concesionarias, en la industrialización y comercialización del producto. No es el caso de citar aquí los múltiples medios de que se valieron para impedir el aumento de la producción de Y.P.F. (no vender perforadoras, pues las fábricas dependen de esas compañías; soborno, etc.), a efectos de que la empresa estatal no pudiera acercarse a cubrir el consumo del país. Pero, por razones económicas, políticas y de defensa nacional analizadas, era predominante la idea de la necesidad de nacionalizar el petróleo. Con esta medida y asegurando una inteligente y patriótica dirección de Y.P.F., se consideraba como muy probable que habría combustibles a más bajo precio, que podría intensificarse la obra social entre el personal, etc., con gran beneficio para la República ".Si bien esta ley no ha sido derogada en forma expresa —desacierto de técnica legislativa—, tal cosa ha sucedido implícitamente con casi toda ella, por las leyes dictadas con posterioridad sobre igual materia. 3) LEY 14.773 (1958). Esta ley (que se refiere también a los hidrocarburos sólidos y gaseosos), introdujo en nuestro derecho la llamada nacionalización del petróleo. En síntesis, disponía lo siguiente: a) Propiedad (los yacimientos pertenecen al Estado nacional exclusivamente): "Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el territorio de la República Argentina y los de su plataforma submarina son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado nacional. Las provincias en cuyo territorio se encuentran y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlándco Sur tendrán sobre su producido la participación que les corresponda de acuerdo con lo determinado por la presente ley" (art. 1°). Esta participación es del 50% "del producto neto de la explotación correspondiente" (art. 4°); b) Explotación (establece el monopolio estatal): "Las actividades del Estado nacional referentes al estudio, exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de dichos hidrocarburos estarán a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales, que, a tal efecto, gozarán de plena autarquía, tendrán las facultades determinadas en su régimen orgánico y ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional. Las provincias integrarán los organismos directivos superiores de estas entidades" (art. 2°). Por su parte, el art. 3° dispone que: "los derechos existentes a favor de particulares al 1° de mayo de 1958 sobre los yacimientos y actividades mencionados en los artículos anteriores, serán respetados". Durante la vigencia de esta ley se celebraron diversos contratos de "locación de obra y de servicios", ya que prohibía el otorgamiento de concesiones (art. 4°).

4) DECRETO-LEY 17.319/67 (llamado "Ley de Hidrocarburos"). Este cuerpo legal —que derogó la ley 14.773—establece el régimen de propiedad, explotación y otros aspectos complementarios de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Quede pues aclarado que no se refiere a los hidrocarburos sólidos. Las características principales son las siguientes: a) Propiedad: los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos "pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional" (art. Para profundizar el estudio de los distintos aspectos del problema petrolero argentino, véase GONZAl-EZ, Julio V,, Nacionalización del Petróleo,, Buenos Aires, 1947.


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1°). Este sistema de dominio ha sido reformado por la Constitución Nacional (art. 124 infine), y aun antes por la ley de federalización de hidrocarburos (v. párr. 28, inc. "b"). b) Explotación: Establece un régimen de libre concurrencia, más o menos limitada según lo decida el Poder Ejecutivo nacional, que, a tal efecto, es investido de facultades discrecionales. Por ese motivo, dentro de este marco tan elástico como establece la ley, puede llegarse tanto al predominio de las empresas privadas como al monopolio de las empresas estatales. Una prueba de esto último la tenemos en que bajo la vigencia de esta ley, mediante el decreto 632/74, se nacionalizó la comercialización de los derivados del petróleo, posteriormente dejado sin efecto. Siguiendo con el decreto-ley 17.319, veamos las disposiciones que concretan el régimen indicado: el art. 2° establece que la explotación (así como la exploración, industrialización, transporte y comercialización), estarán a cargo de empresas estatales, privadas o mixtas, "conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo", pero no obstante ello, la explotación estará a cargo de las empresas estatales en las áreas que determine el gobierno nacional (art. 11); y, en cuanto a la actividad de los otros tipos de empresas, queda también librado al criterio del Poder Ejecutivo establecer las áreas respectivas cuando lo considere oportuno (art. 9°). Como puede apreciarse, depende del Poder Ejecutivo que la política lleve tanto a un monopolio estatal como al predominio de las empresas privadas. El decreto-ley permite otorgar concesiones de explotación a particulares por el término de veinticinco años, prorrogables por diez años más (art. 35) con la particularidad que no otorga el dominio minero, sino sólo de los hidrocarburos extraídos. Asimismo y entre otros aspectos, regula lo siguiente: permisos de explotación hasta por nueve años, prorrogables por cinco años más (art. 23); concesiones de transporte por un plazo de treinta y cinco años, prorrogable por diez años más (arts. 28 y 39/44); industrialización, comercialización —inclusive exportación— autorizando al Poder Ejecutivo a fijar precios políticos para el petróleo y derivados; concursos para adjudicar los permisos de exploración y concesiones de explotación (arts. 45/55); cánones y regalías que deben abonar permisionarios y concesionarios, así como el régimen impositivo pertinente; porcentaje mínimo (75%) de ciudadanos argentinos que deben tener quienes efectúen trabajos previstos en la ley (art. 71); inspección y fiscalización por la "autoridad de aplicación" (Secretaría de Estado de Energía); reconoce a las provincias una participación del 12%, respecto de la explotación de los yacimientos existentes en sus respectivos territorios; responsabilidades, sanciones, etc. '^. - Al margen de esta ley, cabe recordar que con el fin de incentivar la actividad privada en la materia, evi-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico MINERO: IMPRESION FUENTES E HISTORIA 821 - Cap. 27 PROHIBIDADCHO. LA VENTA, O DISTRIBUCIÓN

33. Fuentes formales del Derecho Minero.— Citaré sólo las siguientes: l)LaConstituciónNacional:arts.75,inc. 12; 126; 124 m/Zne ("corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio"); 41, segundo apartado ("las autoridades proveerán... a la utilización racional de los recursos naturales"); etc. 2) Código de Minería (de 1886) y leyes modificatorias, como la 10.273, de 1917, que para conservar las concesiones mineras reemplazó el requisito del trabajo obligatorio (llamado pueble), por el pago de un canon anual (art. 2° de la ley) e inversión de capitales (art. 6°) '^ la ley 24.498 {B.O., 19-VII-95); etc. Del Código de Minería hay un texto ordenado por decreto 456/97 {B.O., 30-V1997), de cuya numeración actualizada, se ha tomado el número de todos los artículos citados en este resumen. 3) Decretos del Poder Ejecutivo '•*. 4) Código Civil, en virtud de los arts. 11 del Código de Minería ("Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones de este Código"); 317 del mismo Código ("La sociedad conyugal, lo mismo que los demás actos y contratos de minas, están sujetos a las leyes comunes en cuanto no esté establecido en este Código, o contraríe sus disposiciones"); 329 ("...los arrendamientos de minas y canteras podrán celebrarse por plazos de hasta veinte años"); etc. Es decir, que cuando el derecho minero no contempla alguna relación determinada, se aplicará el derecho civil, en su carácter de fuente supletoria. 5) Resoluciones administrativas. 6) Jurisprudencia, etc. 34. Historia.— El Código de Minería vigente en la actualidad fue sancionado el 25 de noviembre de 1886 y entró a regir el 1° de mayo de 1887 (es la ley 1919). El anteproyecto, obra del eminente jurisconsulto argentino Enrique Rodríguez, sufrió importantes modificaciones en la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados. Enrique Rodríguez (1809-1891), nacido en Córdoba, se recibió de abogado en Chile —emigrado allí por razones políticas—, donde practicó su especialidad durante muchos años. De regreso a nuestro país, fue miembro del Supremo Tribunal de Córdoba, gobernador de la misma provincia, etc.

tando correlativamente al Estado la inversión de grandes recursos, se ha dictado el decreto-ley de Contratos de Riesgo para la exploración y explotación de hidrocarburos (21.778 de 1978). Dichos contratos no reemplazan legalmente a la concesión petrolera del decreto-ley 17.319, sino que la complementan. IS

En relación con este punto y aunque se trate de normas administrativas, cabe recordar el decreto 1045/70, que creó la Secretaría de Estado de Minería. Aunque también de carácter administrativo, citaré el decreto 22.498/56, por el que se reorganizó la Comisión Nacional de la Energía Atómica" (organismo creado por decreto 10.936/50).


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Sin entrar en un análisis detallado del Código, que excede los límites de esta obra, hay que reconocer que constituye un monumento de ciencia jundica, pero se hacía necesaria su reforma para adaptarlo a la realidad económico-social del país. De ahí el decreto-ley 22.259 (de 1980), que tiende sobre todo a fomentar la minería en gran escala, con la participación de grandes empresas mineras, y diversas leyes posteriores. Desde 1810 hasta la sanción del Código,rigieronen nuestro país: - las Ordenanzas de México o Nueva España (1783), con las modificaciones introducidas (en defecto de ellas debía estarse a lo dispuesto por las Ordenanzas de Toledo y las leyes de la Recopilación); y - el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación (1853), cuyo Título X estaba dedicado a las minas.

SECCIÓN SEGUNDA

DERECHO RURAL 35. Concepto.— - ACLARACIÓN PREVIA. Las definiciones del Derecho Rural son muy variadas y ello se explica porque se trata de una rama jurídica, cuyo contenido no está todavía bien delimitado; en efecto, no hay acuerdo entre los autores respecto de lo que debe abarcar y lo que para unos es materia del Derecho Rural, para otros lo es del Civil o del Administrativo. Esto se debe, en parte, a que el Derecho Rural se ha constituido principalmente con materiales de los dos, cimentados por la realidad económico-social de la riqueza agropecuaria y configurados por el carácter peculiar de los problemas del campo, que necesitan un régimen jurídico especial. No obstante ello, a efectos de entraren materia, adelantaré una noción sencilla. - DEFINICIÓN. ES el que rige la explotación agropecuaria (agrícola, ganadera, forestal, etc.) y demás cuestiones estrechamente relacionadas con la actividad rural. Tales cuestiones son, entre otras, el régimen jurídico del aprovechamiento y preservación del agua, de las industrias de granja, industria de la carne, etc. (ver contenido). Mugaburu '^ lo define como "el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidos con el fin principal de garantizar los intereses de los individuos o de la colectividad, derivados de aquella clase de explotación". Padilla '^, por su parte, dice que es "el conjunto de disposiciones que regulan jurídicamente las actividades rurales''. '^ MUGABURU, Raúl, Teoría Autonómica del Derecho Rural, Santa Fe (R.A.), 1933, pág. 139. '* PADILLA, Francisco E., Derecho Rural, Tucumán, 1943, págs. 13 y 22.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DERECHO RURAL: CONCEPTO Y FINALIDAD 823 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

Se ve pues que si para el primero, es la explotación agropecuaria lo que sintetiza y delimita el objeto del derecho rural, para el segundo, lo es la actividad rural. Por mi parte, considero más exacta la definición ecléctica que he dado, ya que si bien los problemas relacionados con la explotación agropecuaria, constituyen el objeto principal del mismo (p. ej., propiedad rural, arrendamientos y aparcerías rurales, comercialización de las cosechas, elevadores de granos, etc.), hay también en él cuestiones que, trascendiendo el plano meramente económico de la explotación, quedan comprendidos en el término más amplio que es actividad rural (p. ej., la obligación del propietario de un campo de proporcionar a la autoridad escolar en ciertos casos, un local para el funcionamiento de una escuela, art. 18, inc. e, de la ley 13.246, de 1948), etc. Estos aspectos, que tienden a solucionar problemas sociales y culturales —no sólo económicos— que plantea el campo, no entran en el concepto de explotación y sin embargo, caen en la órbita de la Ciencia del Derecho Rural. Por otra parte, la explotación agropecuaria puede ser hecha en forma individual o mediante una empresa agropecuaria. Esta última, que en términos generales puede ser chica, mediana o grande, implica siempre un grupo humano organizado para la producción antedicha en cualquiera de sus especializaciones y, como es lógico, se presta sobre todo para la explotación rural en gran escala. Al respecto cabe recordar que \afamilia rural constituye, en general, una pequeña empresa agropecuaria. 36.— La necesidad de que esta disciplina abarque el régimen jurídico de las industrias vinculadas a la producción agropecuaria, si bien en los aspectos estrechamente relacionados, se comprenderá mejor a través de un ejemplo, como es el que nos proporc iona el caso de la ganadería con relación a la industria de la carne: una industria frigorífica bien desarrollada, da un impulso extraordinario a la cría de ganado —su materia prima— como ha ocurrido en nuestro país. De ahí la necesidad de que la Ciencia del Derecho Rural contemple el problema en su verdadera amplitud, para poder encuadrar este régimen jurídico en un plan orgánico de la economía de un país. Lo mismo podría decirse del derecho de otras industrias rurales (lechera, azucarera, etc.), así como de muchos aspectos de la comercialización de productos agropecuarios (cereales, carnes, yerba mate, azúcar, algodón, etc.). 37. Finalidad perseguida con el Derecho Rural.— Es evidente la necesidad de una legislación rural orgánica y progresista, en los países en que la riqueza agropecuaria sea un factor importante dentro de la economía. Porque la finalidad perseguida con el derecho rural, es principalmente conseguir una explotación ordenada y provechosa de esa riqueza y, además, arraigar las familias campesinas en las tierras que trabajan, consolidando las bases económicas, sociales y culturales que lo hagan posible. http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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38. Importancia del Derecho Rural en el derecho argentino.—La agricultura y la ganadería son fuentes básicas de riqueza, no sólo porque suministran los alimentos fundamentales del ser humano, sino también porque proveen a las industrias de gran parte de su materia prima. Así como en algunos países, los cimientos de sus respectivas economías están constituidos, en unos por la minería, en otros por la gran industria o por la industria ligera, etc., en la República Argentina, aunque tiempo atrás hemos asistido a un gran desarrollo industrial, son la ganadería y la agricultura los cimientos de nuestra estructura económica; en efecto, ellas proveen de materia prima a las industrias fabriles —amén de su papel como alimento y actividades que ello origina— y por ser renglón predominante de las exportaciones, son las que nos proporcionan las divisas necesarias para pagar la mayor parte de lo que compramos en el extranjero. Con lo dicho basta para comprender la particular importancia que en nuestro país debe revestir el derecho rural. 39. Denominaciones.— Las expresiones Derecho "Rural", Derecho "Agrario", "Legislación" Rural y "Legislación" Agraria, son empleadas como sinónimos, cuando estrictamente no significan lo mismo. Por otra parte, adelanté ya que la expresión más exacta considero que es "derecho rural". 1) Derecho y no legislación por lo ya dicho en otras oportunidades. Además, si bien es cierto que en el orden didáctico, se suele denominar a una materia "Legislación...", cuando no ha logrado todavía un desarrollo ponderable, es necesario tener presente que esta disciplina jurídica ha alcanzado ya autonomía científica. En efecto, además de las peculiaridades del respectivo régimen jurídico por ella estudiado, hay ya una sistematización de su contenido, aunque se registren algunas divergencias, lo que, por otra parte, sucede en todas las ramas del derecho. 2) Rural mejor que agrario, porque siendo el primer vocablo de mayor amplitud que el segundo, responde más exactamente al contenido que en la actualidad se asigna a esta disciplina científica. - Rural, atendiendo a la doctrina, al uso y hasta etimológicamente, según veremos, comprende en general todo lo que se refiere al campo: el régimen jurídico de la agricultura, la ganadería, de los bosques, industrias rurales, etc. -Agrario, en cambio, se refiere más bien a los problemas de la tierra: régimen jurídico del suelo (que generalmente introduce modificaciones al civil, consagrando algunos países un régimen prácticamente independiente y especial para la propiedad rural); de su cultivo en algunos aspectos, comercialización de las cosechas, defensa contra las plagas de la agricultura, etc. De este modo, el derecho agrario resulta ser una parte del derecho rural. 40.— En general, es mayor la doctrina que prefiere llamarlo Rural; tal es, por ejemplo, el caso del derecho francés y de nuestro propio derecho, no sólo en http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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el aspecto doctrinario —con algunas excepciones—, sino también en el terreno legislativo, ya que a todos los códigos provinciales de la materia, dictados hasta el presente, se los ha llamado rurales. En el derecho italiano, por el contrario, predomina la denominación agrario y ello se explica en gran parte, porque desde el punto de vista agropecuario, Italia es predominantemente agrícola, teniendo la ganadería, en proporción, escasa importancia. 41.— La etimología concuerda también con esta posición, aunque no creo que dependa sólo del origen de las palabras, el que deba emplearse una u otra, porque el uso suele llevar los términos a una acepción divorciada de su etimología. En efecto '•': - ager, agri, significa campo, heredad, tierra de labor o labrada; - rus, ruris, significa simplemente el campo, la campaña. Es evidente que ambas palabras hacen referencia al campo, pero mientras la raíz ager viene a ser equivalente también de tierra de labor o labrada, lo que le da en cierta forma un carácter restringido, rus en cambio, hace referencia en forma simple y por consiguiente más amplia al campo en general. El uso corriente coincide en general con la opinión antedicha y así, refiriéndose al campo, se habla de escuelas rurales, pueblos rurales, industrias rurales, etc.; en cambio, se dice reforma agraria, cuestión agraria, etc., aludiendo a los problemas de la tierra en particular. En síntesis, según la doctrina predominante y atendiendo al uso y la etimología, considero preferible la expresión derecho rural, para esta rama jurídica. 42. Contenido.— Al tratar el concepto, dije ya que la órbita del derecho rural no está todavía bien delimitada. Algunos autores, extremando la opinión (entre ellos el célebre constitucionalista Webster), considera que se trata de una materia de residuo, es decir, que abarcaría —en nuestro régimen, por ejemplo— aquellas cuestiones no comprendidas en los códigos nacionales o en las leyes administrativas provinciales. En otros términos no tendría objeto propio y su contenido se formaría por eliminación '^. Por mi parte, creo que el derecho rural tiene un objeto propio, cada vez más definido, según veremos seguidamente. Los aspectos principales son:

' Véase BOGGIO, Rene, Fundamentos del Derecho Rural, Tesi.s, Lima. 1943, págs. 73 y 74; PÉREZ DE AYALA, Ramón, "Palabras aereste, campesino, rústico y urbano", en el diario La Prensa, Buenos Aires, 29VII-1946. ' ^ Véase SÁNCHEZ SORONDO, M.G. - AVELLANEDA, N4. A., Proyecto de Código Rural para la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 1910, art. 1°.


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION ABELARDO TORRE O DISTRIBUCIÓN 1. PROPIEDAD RURAL

43.— GENERALIDADES. Me refiero aquí en particular a la propiedad sobre los fundos rurales, es decir, sobre los campos, porque también quedan incluidas en la denominación, la propiedad del ganado (v. párr. 51), la forestal, la de ciertas aguas, etc. Advierto desde ya que se trata de un concepto sobre el que hay discrepancias en la doctrina y que —sin duda— constituye uno de los conceptos básicos del derecho rural, junto con los de agricultor, actividad y acto rural (pues este último, aunque parecido, se diferencia del comercial), etc. A tal punto es cierto lo antedicho, que la distinción entre propiedad rural y propiedad urbana, fue el requisito básico para que comenzara a hablarse del derecho rural como de una rama jurídica especial. Dicho sea de paso, esto recién ocurrió después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Es evidente la existencia de la propiedad rural, como una realidad distinta, no tanto de la propiedad urbana, como suele decirse, sino más bien de la no dedicada a labores agropecuarias (p. ej., deportivas, militares, industrias no vinculadas al agro, etc.). En otros términos, cuando en el ámbito del derecho rural se habla específicamente de propiedad de la tierra, se hace referencia a predios ubicados en el campo que, además, estén ya destinados a la explotación agropecuaria, o sean susceptibles de ella. Es oportuno recordar a este respecto, que la ley 13.246 (de arrendamientos y aparcerías rurales), dice en su art. 2°: "Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero". Este carácter especial deriva de la función económica y social que tiene la tierra. Pero adviértase que el hablar de una propiedad "rural", no quiere decir que exista o deba existir como propiedad sometida a un régimen jurídico totalmente distinto del civil o comtín, sino que basta con una serie de modificaciones más o menos amplias, que permitan configurarla como algo distinto: puede haber, por ejemplo, referido a ella, un régimen especial en cuanto al arrendamiento (p. ej., entre nosotros, la ley 13.246 —v. párr. 46—), transmisión hereditaria, venta, etc. En este sentido son muchos los países que han tomado una serie de medidas tendientes a solucionar los problemas agropecuarios, entre las cuales podemos citar las referidas a evitar la subsistencia de latifundios improductivos, así como también la formación de minifundios —mal opuesto al anterior, pero también antieconómico—, tratando de lograr una más justa distribución de la tierra entre los auténticos trabajadores del campo. Además, las que se refieren a la transmisión hereditaria de los predios rurales, a efectos de evitar el excesivo http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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fraccionamiento entre los herederos, la obligatoriedad de cultivar el campo so pena de expropiación, etc. Un código que configura una propiedad rural sometida a una serie de normas específicas y, por lo tanto, distintas de la propiedad urbana, es el Código Civil italiano (de 1942). 44.— LA PROPIEDAD RURAL EN EL DERECHO ARGENTINO. No existe entre nosotros, por el

momento —por supuesto que jurídicamente hablando—, una propiedad rural con caracteres propios; en efecto, ambas están regidas por el Código Civil, aunque se encuentren disposiciones referentes a ella no sólo en dicho Código (una sola), sino además en diversas leyes agrarias (como p. ej., la de arrendamientos y aparcerías rurales —v. párr. 46—, etc.). La única norma del Código Civil que se refiere a la propiedad rural en sentido estricto (es decir, a la propiedad de los fundos agrarios), está en el art. 2326, artículo este que establece el régimen de las cosas divisibles; en efecto, la segunda parte de dicho artículo —única que nos interesa en este momento— fue agregada por decreto-ley 17.711/68 y, aun cuando no dice expresamente "propiedad rural", es obvio que se refiere a ella pues dispone lo siguiente: "...No podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar, en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica". Como puede apreciarse, aun cuando el artículo haga referencia a cosas "inmuebles", resulta evidente que esta norma consagra un caso de indivisibilidady'Mn'ií/íca (v. Cap. 26, párr. 28), de predios rúsdcos ya destinados o bien susceptibles de explotación agropecuaria, en cualquiera de sus especializaciones. En cuanto a leyes "sueltas" que se refieran a la propiedad rural en sentido estricto, cabe recordar la 13.246 (de 1948), sobre arrendamientos y aparcerías rurales (v. párr. 46). A su vez, en materia de leyes "sueltas " referidas a la propiedad rural en sentido amplio (y no sólo de la tierra), corresponde mencionar las que tratan sobre propiedad forestal (v. párr. 53), del ganado (v. párr. 51), de ciertas aguas, etc. (v. además las leyes citadas en el párr. 53). TIERRAS PÚBLICAS: DISTINTAS FORMAS DE DISTRIBUIRLAS. Por diversos motivos, el Estado

—sea nacional, provincial o municipal— puede tener fierras públicas que, por lo tanto, forman parte del patrimonio estatal (v. Cap. 22, párr. 26). Pero también es cierto que no es aconsejable la permanencia de dicha situación jurídica, cuando .se trata de tierras susceptibles de explotación agropecuaria, salvo que medien razones muy especiales (p. ej., la existencia de un parque nacional); en efecto, lo conveniente es que esas fierras sean colonizadas, para que contribuyan al bienestar general. A talfin,es decir, para que esas tierras pasen a ser ocupadas por auténficos pobladores, que las trabajen y le incorporen mejoras, hay distintos medios (alquiler, venta, etc.), sin perjuicio de lo cual se acepta que lo más conveniente es la venta a quienes deseen poblarlas y trabajarlas, venta que debe estar sujeta a ciertas condiciones, para que dichos objetivos se cumplan, sin que ello impida la formación de fracciones superiores a la unidad económica, pues posibilitan la producción en gran escala. Estas consideraciones son enteramente aplicables a la República Argenfina, por ser un país extenso con muchas zonas despobladas o con escasa población. De esto surge que los respectivos gobiernos deben impulsar la radicación de pobladores en dichos lugares, pues allí, como decía Alberdi, "gobernar es poblar". Esto, más que una mera posición política, es


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una obligación constitucional, no sólo par^ el Congreso (art. 75, inc. 18), sino también para el gobierno nacional en su conjunto (v. p. ej. el art. 25). En lo que respecta a las tierras públicas del Estado nacional, cabe recordar un hito importante que fue la ley 14.408 (ñ. O., 30-VI-55), de provincialización de los ex territorios nacionales que subsistían por aquel entonces. En rigor, alcanzaron dicha jerarquía institucional, las actuales provincias de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, recién se dispuso por ley del año 1990). Una vez instalados los respectivos gobiernos provinciales, comenzó la transferencia a cada una de \ÁS nuevas provincias, de las tierras públicas nacionales existentes en cada una de ellas y ep las condiciones en que estaban (algunas con arrendatarios, otras con meros ocupanteSj etc.). Sin perjuicio de ello, no debo olvidar que el gobierno nacional dio facilidades de pago a los arrendatarios, ocupantes, etc., que tuvieran interés en concretar la compra de dichas tierras, como lo prueba por ejemplo el decreto-ley 14.577/56 {B.O., 17-IX-56), sobre venta de prediosfiscalesrurales y urbanos. Como es lógico, estas facilidades de pago, restaron a las nuevas provincias grandes superficies de dichas tierras públicas. Por último recordaré que la Constitución Nacional establece sobre las tierras públicas nacionales, lo siguiente: a) que su venta o locación es uno de los recursos del Tesoro Nacional (art. 4°); b) que corresponde al Congreso "disponer del uso y de la enajenación" de las mismas (art. 75, inc. 5°); c) que además el Congreso debe establecer "por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias" (art. 75, inc. 15); y d) que las provincias están autorizadas a promover la colonización de tierras de propiedad provincial (art. 125). 2. COLONIZACIÓN 45.— Es éste el problema de establecer en el campo familias de trabajadores rurales, con el objeto de poblarlo y trabajarlo. La relación de este asunto con el anterior es muy estrecha, porque uno de los medios más eficaces de colonización, es fomentar la pequeña propiedad rural como bien de trabajo y asiento de la familia campesina. En la República Argentina el problema es muy importante, dada la gran extensión de tierras despobladas y no cultivadas, debiendo realizarse la colonización tanto en tierras fiscales, como en las particulares, previa expropiación o compra directa. El éxodo rural y su fenómeno correlativo, la superpoblación urbana, son junto con la inmigración, problemas muy vinculados al que estamos viendo. Actualmente, toda política colonizadora '^ debe tener en cuenta varios factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes: a) en primer lugar, que las tierras públicas de que se La ex ley de colonización (14.392 de 1955), fue derogada por el art. 32 del decreto-ley 22.202 (de 1980). No obstante ello, hay diversas leyes que tienden a cumplir tal finalidad, entre las cuales conviene recordar las siguientes; decreto-ley 21.900 (de 1978), sobre adjudicación de tieixas fiscales (nacionales, provinciales y municipales), en zonas de frontera; decreto-ley 22.2 II (de 1980), que establece un régimen pronio-


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico COLONIZACIÓN ARRENDAM. O RURALES 829 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, YIMPRESION DISTRIBUCIÓN dispone (nacionales y provinciales), no están ya en la pampa hiímeda, sino en regiones áridas y semiáridas, muchas de ellas en lugares fronterizos (que al país le interesa poblar); b) que los adelantos técnicos en materia de explotación agropecuaria, permiten trabajar extensiones mucho mayores con menos personal, pero exigiendo mayores inversiones. Por ello y sin dejar de lado la forma clásica de colonización mediante la entrega en propiedad a trabajadores rurales de pequeñas parcelas (unidades familiares), para que las cultiven y vivan en ellas, se trata de estimular también la entrega de fracciones mayores ("unidades económicas empresarias"), que permitan la explotación rural en gran escala por empresas que tengan capacidad técnica y económica, tratando de evitar las maniobras puramente especulativas; y c) que lafinalidadde la colonización debe ser no sólo poblar el campo y llevar el mayor bienestar posible a quienes lo trabajan, sino también aumentar al máximo la producción agropecuaria. Por último, recordaré que para coordinar las políticas nacional y provinciales en la materia, funciona en la actualidad el Consejo Federal Agropecuario.

3. ARRENDAMIENTOS Y APARCERÍAS RURALES 46.— A este respectorigeentre nosotros la ley 13.246 (1948), llamada de "Arrendamientos Rurales y Aparcen'as", que introduce modificaciones sustanciales en muchos aspectos del régimen establecido en el orden civil, reformada por el decreto-ley 22.298 de 1980. De los tres sistemas básicos de explotación agropecuaria practicados en nuestro país (explotación directa por el propietario, locación y aparcería), el arrendamiento es el predominante. En la aparcería, el propietario contribuye con la tierra y, el agricultor, con su trabajo, repartiéndose las ganancias en una determinada proporción: por mitades, etc. Este régimen es superior al arrendamiento, porque crea una solidaridad de intereses entre el propietario y el agricultor; en cambio, al inquilino, como sabe que tendrá que abandonar la tierra en un plazo más o menos breve, sólo le interesa sacar del suelo el máximo provecho posible, aunque la tierra se agote y sin preocuparse de introducir mejoras. El ideal, como es obvio, lo constituye la explotación directa por el propietario. 47.— Huelga explicar la necesidad de un régimen jurídico propio para el arrendamiento rural, que dé la posibilidad al inquilino de prolongar su duración (el Cód. Civil lo fija en un año a falta de acuerdo expreso); que elimine los plazos perentorios del derecho civil, etc. La ley 13.246 ya citada, modificando las anteriores que establecían un plazo de cuatro años (ley 11.170 de 1921) y de cinco años (ley 11.627, de 1932), consagra un plazo mínimo de tres años. En cuanto a la aparcería —que la ley distingue en agrícola y pecuaria— es la primera vez que tiene una legislación específica en el país.

cional destinado a incrementar la producción agropecuaria en tierras de baja productividad; decreto-ley 22.428 (de 1981), sobre fomento de la consen'ación del suelo; etc.


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRE O DISTRIBUCIÓN PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION 4. PROPIEDAD DEL GANADO MARCAS, SEÑALES Y REGISTROS

48.— Nociones preliminares a) Qué es jurídicamente el ganado: el Código Civil lo considera como una de las especies de cosas muebles (v. Cap. 26, párr. 22), a la que se califica de semoviente, debido a que los animales se mueven por sí mismos.. fcí) Marca: en general es todo signo, dibujo o diseño impreso en una parte visible del cuero del ganado mayor (habitualmente en el cuarto posterior izquierdo), por medio de un hierro candente, marcación en frío o mediante cualquier otra técnica, que asegure su visualización en forma clara y, además, su permanencia. Los vacunos, equinos, asnos y muías, constituyen lo que se considera ganado mayor. c) Señal: en general es una incisión o corte, o perforación o grabado hecho en las orejas, frente u hocico del ganado menor. Los ovinos, porcinos y caprinos constituyen lo que se califica de ganado menor. d) Breve historia sobre el uso de las marcas y señales en la República Argentina: las investigaciones ô revelan que ya eran usadas a mediados del siglo XVI, para probar/a propiedad del ganado. El u.so de la marca surgió como la mejor solución a una preocupante necesidad, por ser el único medio que permitía identificar al ganado de una persona, máxime si se tiene en cuenta que los animales pastaban a campo abierto, que no había alambrados, que las extensiones eran enormes, etc. De la práctica antedicha surgió una verdadera costumbre muy arraigada en nuestras zonas rurales, sin perjuicio de lo cual, más adelante su uso fue exigido por los cabildos, con reglamentaciones de distinto alcance, hasta que, en su momento, fueron reguladas en los códigos rurales de las provincias, como por ejemplo el de la Provincia de Buenos Aires de 1865 (eFactual es de 1970). e) Las marcas y señales pueden tener distinta significación jurídica. Como es lógico, la que en concreto tengan en un país determinado, surge del respectivo derecho. Así por ejemplo, pueden significar: e') Vna.prueba plena de propiedad del ganado, es decir, que los animales con una marca o señal determinada, pertenecen a quien la tenga inscripta a su nombre en un registro autorizado, sin admitirse prueba en contrario. Cuando se transmite el dominio del animal (por venta, donación, etc.), se hace la contramarca, que es la impresión en el cuero del ganado de la marca invertida, para probar la extinción del derecho del transmitente. Además, se imprime la marca de quien lo adquirió como prueba del nuevo dominio. De tal modo, cuando se producen varias transmisiones, el cuero del animal se va desvalorizando cada vez más, Por dicho motivo, este sistema tiende a desaparecer en su forma integral, pero en concreto, lo abandonado son la contramarca y las nuevas marcas, ya que continiía el uso de la primera marca o señal, complementado con otros requisitos. e-) Una presunción inris tantum de propiedad para el poseedor de buena fe del ganado. Esto implica aceptar que cualquier persona puede impugnar esa presunción, alegando ser el verdadero dueño, porque los animales le fueron robados, por ejemplo. "" Véase BREBBIA. Femando P., Manual de Derecho Agrario, Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 261.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada PROPIEDAD para uso DEL Didáctico GANADO y Científico 831 - Cap. 27 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Éste es el sistema establecido por el Código Civil para las cosas muebles en el art. 2412, que dispone lo siguiente: "La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida". Este régimen puede aplicarse por ejemplo a los animales criados "a establo", pero no cuando se los cría "a campo abierto", como sucede por lo general en nuestro país. Es por ello que probar la posesión en tales condiciones resulta difícil, siendo ese el motivo por el cual los animales son marcados o señalados según corresponda. e') Una presunción iuris tantum de propiedad para el poseedor de buena fe del ganado, cuando además tenga inscripta a su nombre en un registro autorizado, la marca o señal que ostenten los animales. En este régimen, las transmisiones de dominio del ganado se prueban con certificados expedidos por el registro pertinente, y no mediante contramarcas y nuevas marcas como en el primer sistema (e'). En conclusión y como surge de los ejemplos mencionados, las marcas y señales pueden tener distintas significaciones jurídicas. f) Microchip electrónico de identificación de animales: Se implanta en los animales y por tener un número incorporado, se los puede identificar de por vida. Algunos productores lo usan, por ejemplo, para combatir el abigeato. 49.— Régimen jurídico de la propiedad del ganado en la República Argentina. Como se han producido cambios, hay que distinguir dos etapas: a) Régimen del Código Civil anteriora la reforma del decreto-ley 22.939 de 1983: e! Código considera a los semovientes como cosas muebles y, por lo tanto, el ganado es propiedad de quien lo posee de buena fe, salvo que se trate de animales robados o perdidos. Así lo dispone el citado art. 2412 (v. párr. 48, e^). Ya he mencionado los graves inconvenientes de este régimen, debido a que el ganado se cría "a campo abierto" en grandes extensiones, sin olvidar que muchas veces los animales saltan o rompen los alambrados, mezclándose con el ganado de otros dueños, etc. A su vez, la transmisión de la propiedad se produce por la simple entrega (tradición), lo que revela otra grave insuficiencia de este sistema. b) Régimen vigente en la realidad a pesar de lo que disponía el Código Civil, antes de la reforma introducida por el decreto-ley 22.939/83: dicho régimen era complementado por las marcas y señales. Esto ocurrió así porque marcar (o señalar) los animales, fue primero una costumbre en nuestro campo desde mucho tiempo atrás, costumbre que luego fue legalizada como ya expHqué (v. párr. 48, inc. d). En rigor, las disposiciones de los códigos rurales (todos provinciales), si exigían el marcado para evitar delitos, eran constitucionales; en cambio, si lo hacían para probar la propiedad del ganado (o una presunción de propiedad), tales normas eran inconstitucionales, porque dictarlas era y es de competencia exclusiva del Congreso (art. 75, inc. 12, Const. Nac). Lo cierto es que en la práctica se marcaban los animales y, cuando se los vendía —por ejemplo— se acreditaba tal acto con los certificados expedidos por los registros correspondientes. En definitiva dicha realidad llevó a que la jurisprudencia terminara reconociéndola, aceptando la doctrina de Bibiloni, según la cual no puede invocar buena fe (exigida por el art. 2412 del Cód. Civil), el poseedor de ganado que no hubiera cumplido con la obligación de marcar (o señalar) los animales.


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Sobre el tema recordaré que lo habitual es comenzar con la reunión previa del ganado de los campos vecinos (rodeo), para proceder después a la separación de los pertenecientes a los distintos dueños (aparte), y terminar con la marcación (hierra o "yerra"). Dichos actos se realizan estando presentes los dueños de los respectivos animales y un representante del Estado. c) Régimen desde la reforma al Código Civil, en cuanto a propiedad del ganado, por el decreto-ley 22.939/83 (llamado de "unificación del régimen de marcas y señales, certificados y/guías"). Al respecto establece lo siguiente: c') Obligación del propietario de ganado, de tener registrado a su nombre el diseño de la marca o señal que use para marcar o señalar su hacienda. Esto implica decir que debe tenerlo registrado antes de aplicar a sus animales la marca o señal pertinente (art. 5°). Dicho sea de paso, los registros no inscriben marcas o señales idénticas, semejantes o confundibles con otras ya registradas, ni tampoco los diseños que al superponerse a otro ya inscripto, lo cubra en todas sus partes (art. 3°). C-) Obligación del propietario de ganado de marcarlo (o señalarlo) según corresponda, con excepción de los animales de pura raza (art. 6°), que tienen un régimen especial (v, inc. c^). Sobre la base de las dos obligaciones antedichas, se establecen regímenes distintos para los animales debidamente marcados o señalados, para los que no lo están (llamados ."orejanos"), y para los animales de pura raza. Veamos: c^) Animales marcados o señalados: para este caso establece unn presunción inris tantum de propiedad, a favor de quien tenga inscripta a su nombre en el registro autorizado, la marca o señal aplicada a los respectivos animales (art. 9°). Queda claro entonces que en este caso, se admite prueba en contrario. Para el supuesto de venta de dicho ganado, el adquirente debe probar su carácter de propietario con el certificado de adquisición (art. 12), pues la marca (o señal), acredita el dominio originario del ganado. c"*) Animales sin marca ni señal (son los llamados "orejanos"): la propiedad en tal caso está sometida al régimen de las cosas muebles (art. 2412 del Cód. Ci vil). Dicha falta de protección obedece a que quien tiene animales orejanos (o con marcas o señales no suficientemente claras —agrega el art. 10—), ha transgredido el régimen vigente de propiedad del ganado, razón por la cual pueden serle aplicadas además, las sanciones que hubieran establecido las autoridades locales. c^) Crías no marcadas (o no señaladas): en este caso rige la misma presunción de propiedad explicada en el inciso c^, a favor del propietario de la madre a cuyo pie se hallen las crías (algunos códigos rurales los identifican como las crías que siguen a la madre). Dicho sea de paso, la obligación de marcar el ganado mayor debe cumplirse durante el primer año de vida del animal y, en el ganado menor, la señal debe aplicarse antes de llegar a los seis meses de edad (art. 7°, 2" parte). c^) Animales depura raza: la propiedad pertenece a quien los tiene inscriptos en los respectivos registros genealógicos y selectivos reconocidos. Dicha propiedad se acredita con los certificados de inscripción de los animales en esos registros (art. 11). En nuestro país, tales constancias se llevan desde hace muchos años y así la Sociedad Rural Argentina está a cargo de diversos registros de animales de pedigrí; en consecuencia, de ellos surge no sólo quién es el dueño del animal, sino también la genealogía de éste. Además, se logra una identificación individual del ganado (como la de los automotores), pues se


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico RURAL: FUENTES FORMALES 833 - Cap. 27 PROHIBIDA DCHO. LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN identifica a los animales por sus caracteres propios (medidas, pelaje, etc.); en cambio, las marcas y señales, sólo permiten una identificación colectiva del ganado. c'') Equinos depura sangre de carrera: el decreto ley 22.939 los excluye expresamente de su ámbito (art. 19), aclarando que siguen regidos por el decreto-ley 20.378/73. Al respecto sólo recordaré que el registro nacional de dichos animales (llamado stud book), lo lleva el Jockey Club. d) Registros de marcas y señales. Al respecto debo distinguir dos etapas: d') Antes de la reforma introducida por el decreto-ley 22.939/83: en la República Argentina cada provincia ha dispuesto en sus respectivos códigos rurales, el establecimiento de un registro de marcas y señales. Como es obvio, esta multiplicidad de registros origina inconvenientes, ya que si bien no se inscribirán marcas iguales o confundibles (v. párr. 49, c') dentro de cada provincia, puede sí ocurrir en provincias limítrofes; en efecto, existe la posibilidad —que puede ser buscada por gente inescrupulosa— de que haya dos establecimientos rurales, uno a cada lado del límite interprovincial, que tengan la misma marca, lo que se prestaría no sólo a confusiones, sino también a posibles maniobras dolosas (abigeato, etc.). Por tales motivos, se ha propugnado la nacionalización de las marcas y señales, con un registro central único, para contribuir así a evitar los peligros antedichos. d^) Desde la vigencia del decreto-ley 22.939: este decreto-ley no creó un registro nacional, sino que estableció un régimen que puede llevar en forma lenta a la mencionada nacionalización de las marcas y señales; en efecto, en el art. 18 encarga al Poder Ejecutivo nacional, la celebración de convenios con las provincias, para llegar por ese camino a unificar el régimen. 5. OTRAS INSTITUCIONES DEL DERECHO RURAL 50.— Además de las normas e instituciones ya citadas, la ciencia del derecho rural comprende el estudio del régimen jurídico de la producción, comercialización e industrialización del ganado—y, por lo tanto, de cueros, lanas, etc.—, así como de los mismos aspectos referidos a los granos, algodón, olivo, tabaco, yerba mate, azúcar, papas, etc.; sanidad vegetal y pecuaria (p. ej., ley 23.899 de 1990, sobre "Servicio Nacional de Sanidad Animal"); protección de la riqueza forestal (ley 13.273 de 1948—v. t.o., 1995—; ley de fomento de las inversiones forestales —24.857,fi.O., 11 -IX-1997— que dispone una estabilidad fiscal de treinta y tres años para los inversores—); régimen del aprovechamiento de las aguas (irrigación); parques nacionales (ley 12.103 de 1934)rLey Federal de Carnes (dec.-ley 22.375, de 1981); etc. Pesca: a) En aguas interiores (lagos, n'os, etc.), está sometida a la "jurisdicción" de la respectiva provincia, y el régimen se halla por lo general en los códigos rurales. Además, las provincias con litoral marítimo, tienen la facultad de regular la pesca en la franja de mar territorial adyacente a sus costas. En virtud de lo explicado y por analogía, se suele incluir asimismo en esta rama jurídica, el régimen de \apesca marítima, b) Fuera del mar territorial, la regulación corresponde al gobierno nacional (v. ley 24.922 —B.O., 12-1-1998— sobre "Régimen Federal de Pesca Marítima").

S1. Fuentes del Derecho Rural.—Recordaré sólo que cada provincia tiene su respectivo código rural (véase p. ej., el Código Rural de la provincia de Jujuy de http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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1948); en cambio, no hay por el momento un Código nacional, aunque sí gran cantidad de leyes, muchas de las cuales han sido citadas a lo largo de este resumen. 52.— DESLINDE DE LAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS NACIONAL Y PROVINCIAL. La Constitución Nacional no lo establece en forma expresa. En efecto,

en el art. 75, inc. 12, no enumera al Código Rural entre los que debe dictar el Congreso y como en virtud del art. 121, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, resulta claro el derecho que tienen de dictar sus respectivos códigos rurales, del mismo modo que el Congreso tuvo la atribución de dictar el de los territorios nacionales, tal como lo hizo (recuérdese que actualmente los "territorios nacionales" han sido provincializados). Pero si bien no se discute esa facultad de las provincias, las controversias surgen cuando se trata de precisar las materias que dichos códigos pueden abarcar, ya que nuestra ley fundamental no establece con precisión el deslinde entre las facultades del gobierno nacional y los de provincia. Sin entrar en mayores discusiones, creo que tal como lo expusiera el doctor Tomás R. Cullen en el debate parlamentario ^' motivado por la ley 3959, de Policía Sanitaria Animal (año 1900), cuando se trata de intereses locales o provinciales, corresponde legislar a las provincias y, cuando están enjuego asuntos de interés nacional, corresponde al Congreso. Esta argumentación encuentra sólido fundamento jurídico en varios artículos de la Constitución Nacional: - el art. 75, inc. 32, de los poderes implícitos, ya que, según destacados constitucionalistas, es imposible que la Constitución enumere taxativamente todos los poderes concedidos al Congreso Nacional. - del mismo artículo, los incs. 13 y 18, etc. Por ello el Congreso ha dictado una serie de leyes, cuya constitucionalidad ha sido defendida por numerosos tratadistas y sostenida por la Corte Suprema en varios fallos. Tales son las de Defensa Agrícola, Policía Sanitaria Animal, Control del Mercado de Carnes, etc. En virtud de las consideraciones anteriores, podría dictarse —aun sin modificar la Constitución— un Código Rural nacional que agrupara en forma orgánica y sistemática, las normas dispersas hoy en diversas leyes nacionales, las normas rurales que contiene actualmente el Código Civil, con las modificaciones y agregados necesarios (marcas y señales, vicios redhibitorios en la compraventa de semovientes, etc.) --.

^' Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1.1, Buenos Aires, 1900, pág. 508. — Véase BREBBIA, ob. cit., en nota 20, pág. 120, párr. 34.



CAPÍTULO 28

DERECHO DEL TRABAJO Y

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SECCIÓN PRIMERA DERECHO DEL TRABAJO 1. CONCEPTO, CARACTERES, DENOMINACIONES Y FUENTES 1. Aclaraciones previas.— Aunque sea a título de valor aproximado, es imposible formular una definición de este sector jurídico que no sea vulnerable a la crítica, en virtud de que su órbita se ha ido ampliando constantemente desde su nacimiento; en efecto, comenzó protegiendo sólo a ciertos obreros de la industria, para extenderse después a todos los obreros industriales, a los empleados de comercio, trabajadores rurales, intelectuales, trabajadores del servicio doméstico, etc. Por último, ha llegado a comprender en su órbita a casi todo el trabajo realizado voluntariamente (no el de los penados, p. ej.), pero en condiciones de subordinación (o dependencia), sin perjuicio de que algunos sectores de este tipo de trabajo suelan quedar fuera de su ámbito (p. ej., el de los empleados públicos, regidos en general por estatutos administrativos, etc.). 2. Concepto.— Es en virtud de los motivos explicados que las definiciones de este sector jurídico suelen pecar por defecto; no obstante ello, podemos decir que se polarizan en dos grupos principales ': las que hacen referencia al contrato de trabajo y las que tienen como núcleo el concepto de trabajo dependiente, siendo estas últimas las predominantes en la actualidad. Para profundizar este punto véase CAB ANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, T. I, Buenos Aires, 1949, págs. 314 y sigs.; POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, T. I, Buenos Aires, 1948. pág. 481: etc.


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a) CRITERIO DEL CONTRATO DE TRABAJO: dentro de esta orientación, se ha sostenido que el derecho laboral es el que rige el contrato de trabajo y sus consecuencias mediatas e inmediatas. A su vez, contrato individual de trabajo -, es aquél en virtud del cual una persona pone su actividad profesional a disposición de otra, para trabajar bajo la dirección de ésta, a cambio de una remuneración (v. párr. 37). Es, por ejemplo, el que celebra el obrero con el empleador, cuando se dispone a trabajar en una fábrica o taller, estableciendo el salario, trabajo a realizar, condiciones del mismo, etc., o bien aceptando directamente las condicionesfijadasen los convenios colectivos de trabajo (v. concepto en párr. 27), decretos u otras normas laborales. Ahora bien, de ese contrato individual de trabajo surgen deberes (y los derechos correlativos), que pueden ser: -Inmediatos, tanto para el empleador o patrón (pago del salario, suministro de útiles necesarios para la labor convenida, etc.), como para el trabajador (realizar el trabajo, cumplir el reglamento de fábrica o taller, cuidar las máquinas y herramientas que le suministre el empleador, etc.). Asimismo, surgen otros deberes. - Mediatos (indemnización por accidentes, indemnización por despido, etc., a cargo del patrón; responsabilidad del obrero por el deterioro que sufran las máquinas por su culpa, etc.), que derivan del mismo contrato de trabajo, sea por estar consignadas en él, o por imposición de convenios colectivos o de la ley, ya que en este tipo de contrato —en general— la autonomía de la voluntad está sumamente limitada por razones de orden público. Es indudable la gran importancia que tiene el contrato de trabajo dentro del Derecho Laboral, al punto de haberse dicho que "en lo esencial, la Legislación del Trabajo no es sino eso, la reglamentación general del contrato de trabajo, y en sus restantes prolongaciones no puede verse sino las consecuencias obligadas que tal reglamentación trae aparejadas '. No obstante ello, la concepción contractualista ha sido criticada por no abarcar, claro que sin violentar los términos, algunos aspectos de este derecho, como el régimen jurídico de las asociaciones gremiales de trabajadores (derecho sindical) y de las entidades gremiales de empleadores, etc. 3.— b) CRITERIO DEL TRABAJO DEPENDIENTE O SUBORDINADO: Pérez Botija "*, autor español, lo define como "el conjunto de principios y normas que ~ Se lo llama individual, para dislinguirlo del contrato o convenio colectivo de trabajo (v. concepto en párr, 27). UNSAIN, Alejandro, Ordenamiento de ¡as Leyes Obreras Argentinas, Buenos Aires, 1947, pág. 28. * PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Madrid, 1948, pág. 4.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DERECHO DEL TRABAJO: CONCEPTO 837 - Cap. 28 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo". Ahora bien, según he adelantado en el párr. 1, el trabajo regido por el derecho laboral, no es todo el trabajo, entendido éste en el sentido económico; efectivamente, el concepto económico de trabajo es mucho más amplio que el jurídico-laboral y así, por ejemplo, el trabajo que realiza un escultor que ha contratado la realización de una estatua por un precio determinado, no cae bajo el derecho laboral, sino bajo otro sector jurídico (p. ej., en la República Argentina, es un contrato de locación de obra, regido por el derecho civil: arts. 1629a 1647 bis del Código Civil). Para concretar más el concepto del trabajo sometido al derecho laboral, cabe decir que, en general, es toda "actividad personal prestada mediante contrato, por cuenta y bajo dirección ajena, en condiciones de dependencia y subordinación" 5. En el mismo orden de ideas, Galli Pujato define el derecho del trabajo diciendo que es "el conjunto de principios y normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada-retribuida de la actividad humana". El criterio del trabajo dependiente y remunerado, es indudablemente más acertado que el anterior, al punto de que, sin olvidar que no rige todo el trabajo dependiente (p. ej., el de los empleados públicos, etc.), podría aceptarse para caracterizar al derecho del trabajo stricto sensu. 4.— c) CRITERIO DEL TRABAJO DEPENDIENTE Y ASPECTOS CONEXOS: en

conclusión, cabría decir que esta rama jurídica es la que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores, ya sea que actúen en forma individual o colectiva y de ambos con el Estado, en cuanto se refieran al trabajo dependiente y remunerado que realizan estos últimos, así como a otros aspectos de la actividad de ambos, vinculados con dicho trabajo ^. De este modo, quedaría involucrado, además del régimen jurídico del contrato individual de trabajo, el derecho sindical, el régimen de las asociaciones patronales de carácter gremial, el de las relaciones entre ambas (incluyendo los convenios colectivos de trabajo), etc.

^ PÉREZ BOTIJA, E., ob. cil., pág. 24. En el mismo sentido se ha dicho que es "el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patronos y obreros o empleados y, además, otros aspectos de la vida de éstos, pero, precisamente, en razón de su condición de trabajadores" (Callart).


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5. Denominaciones.— Esta rama jurídica ha recibido distintos nombres: -Legislación Industrial

-Derecho Industrial

-Legislación Social

-Derecho Social

-Legislación Obrera -Legislación Laboral

-Derecho Obrero -Derecho Laboral

-Legislación del Trabajo

-Derecho del Trabajo.

-Derecho o Legislación Industrial y del Trabajo. -Derecho o Legislación Obrera y Previsión Social. -Nuevo Derecho. -Derecho o Legislación del Trabajo y de la Previsión Social {o Seguridad Social).

En rigor de verdad, las distintas denominaciones responden a conceptos diversos de este sector jurídico, como veremos en seguida. En efecto: - Legislación Industrial o Derecho Industrial: se refiere más bien a la legislación de la actividad industrial en alguno de sus aspectos (marcas de fábrica, etc.) y no particularmente al trabajo dependiente, libre y remunerado ''. - Legislación o Derecho Social: esta denominación se va abriendo camino para hacer referencia sintéticamente, al Derecho del Trabajo y al Derecho de la Seguridad Social. Tiene el inconveniente de que, como se ha explicado repetidas veces, toda rama jurídica es social. -Legislación o Derecho Obrero: esta denominación hace referencia al sujeto que, en un principio, era el único reputado como trabajador, vale decir, al obrero industrial, al punto de que antes se consideraba a los términos "obrero" y "trabajador" —en sentido jurídico-laboral— como sinónimos. Así y todo, el nombre resultaba criticable, porque este derecho rige también a los patrones o empleadores, que quedaban fuera de tal denominación. Pero hoy día, el adjetivo resulta más estrecho aún, porque esta rama jurídica se extiende no sólo a los obreros de la industria, como en un principio, sino también a los empleados, trabajadores rurales, intelectuales, etc. - Nuevo Derecho: así se lo ha llamado por los principios novedosos y progresistas que contiene con relación a los del derecho anterior a la Revolución Industrial que, en Inglaterra, comenzó a fines del siglo XVIII, en Europa continental a comienzos del siglo XIX y, en nuestro país a fines del mismo. En efecto, hoy día, en términos generales y en nuestro país en particular, el principio de la libertad contractual o autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo, ha sido reemplazado por el de la limitación de la misma; el principio de la culpa en materia de responsabilidad por accidentes de trabajo, ha sido reemplazado por el Véase LEDESMA, Julio C, El Derecho ¡nduslriui, Buenos Aires, 1953.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA DCHO. LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO: CARACTERES 839 - Cap. 28

del riesgo creado o de la responsabilidad sin culpa, en virtud del cual, el que crea el ries' lo siguen siendo los dictados posteriormente—anteriores a la ley interna (o mejor dicho, anteriores a cualquier ley orgánica interna, como sería p. ej. un Código Aeronáutico); en efecto, luego de aprobado el Convenio de París (1919), que es considerado como el jalón inicial en la historia de este derecho, los Estados comenzaron a dictar sus respectivas leyes o códigos aeronáuticos, adaptados a dicho Convenio. Además, cabe recordar que el tratado es un verdadero estatuto internacional de la aviación, por la cantidad de materias que trata y, su vigencia —el Convenio de París fue dictado luego de la Primera Guerra Mundial— se prolongó hasta la celebración del Convenio de Chicago (1944), que lo sustituyó y rige actualmente; - Para un estudio más detallado de este punto, puede verse VIDELA ESCALADA, Federico, ob. cir, en nota 13, pág. 27.


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c) porque el Convenio de París estableció un órgano —la Comisión Internacional de Navegación Aérea (C.I.N.A.) —cuya función era estudiar y elaborar proyectos para el progreso del derecho aeronáutico, lo que hizo con eficiencia, como se reflejó en los anexos celebrados por su intervención. A tal fin, recibía sugestiones de los Estados signatarios, elaboraba proyectos, etc. - Convención de Chicago (1944), aprobada por la República Argentina mediante la ley 13.891 de 1949. Es considerada como el actual estatuto orgánico de la aviación civil internacional. Entre otros aspectos, regula los siijuicntes: consagra el principio de la soberanía exclusiva y absoluta de cada Lstado sobre su espacio aéreo, limitado, no obstante tal declaración, por el (!• recho de sobrevuelo inofensivo sobre el territorio de los diversos países, por los aviones de los demás Estados signatarios. Dicho sobrevuelo debe hacerse por las rutas aéreas establecidas por cada país. Además, se refiere a requisitos y nacionalidad de las aeronaves, aeropuertos y otras instalaciones y servicios para la navegación aérea, guerra aérea, Organización de la Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.) —que sustituyó a la C.I.N.A.— régimen de los anexos al Convenio, etc. - Tratados particulares: además del Convenio de Chicago, que es un tratado general, hay muchos convenios llamados "particulares", porque se refieren a temas específicos. Por ejemplo. Convenio relativo a infracciones y otros actos ocurridos a bordo de aeronaves (Tokio, 1963); Convenio de La Haya (1970), para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves; etc. - Tratados bilaterales: son los celebrados entre dos países, para regir aspectos de la aeronavegación que sólo a ellos interesa. La República Argentina ha celebrado esta clase de tratados con Uruguay, Brasil, Chile, Inglaterra, España, Estados Unidos, etc. 3) Código Aeronáutico. El Código vigente, que fue aprobado por decretoley 17.285/67, sustituyó al primer Código Aeronáutico, dictado en 1954, por ley 14.309. Consta de 236 artículos distribuidos en 15 títulos, denominados de la siguiente manera: Título I, Generalidades; II, Circulación aérea; III, Infraestructura; IV, Aeronaves; V, Personal aeronáutico; VI, Aeronáutica comercial; VII, Responsabilidad; VIII, Búsqueda, asistencia y salvamento; IX, Investigación de accidentes de aviación; X, Seguros; XI, Ley aplicable, jurisdicción y competencia; XII, Fiscalización y procedimiento; XIII, Faltas y delitos; XIV, Prescripción; y XV, Disposiciones finales -\ 4) Leyes nacionales complementarias y modificatorias. No son muchas en verdad, a diferencia de los abundantes decretos del Poder Ejecutivo. Cabe reEl Código Aeronáutico ha sido reformado en diversas oportunidades, entre las cuales cabe recordar el decreto-ley 22.390 (de 1981).


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDADERECHO LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN AERONÁUTICO: FUENTES 909 - Cap. 29

cordar la ley orgánica de ministerios nacionales (dec.-ley 20.524/73), con modificaciones posteriores, que deslinda las competencias respectivas de los ministerios de Defensa, etc.; el decreto-ley 12.507, del 12 de julio de 1956, sobre política nacional en materia de aeronáutica; decreto-ley 21.521/77, sobre creación de la Policía Aeronáutica; etc. 5) Decretos del Poder Ejecutivo. Recordaré el 934/70, sobre Investigación (técnica) de Accidentes de Aviación (de aeronaves civiles). 6) Fuentes complementarias. En ciertos casos especialmente previstos por el Código Aeronáutico, se aplican normas del Código de Comercio (p. ej., sobre seguros), etc. 7) Resoluciones administrativas. 8) Principios generales del derecho aeronáutico (art. 2° del Cód. Aeronáutico). 9) Usos y costumbres de la actividad aérea (art. 2° del Cód. citado). Así por ejemplo, el derecho de sobrevuelo inofensivo, se formó consuetudinariamente. 10) Leyes análogas (art. 2° del Cód. Aeronáutico). 11) Principios generales del derecho común (art. 2° del citado Cód.). 12) La jurisprudencia, como en todas las ramas jurídicas, pero con un matiz particular surgido de la internacionalidad de este derecho; en efecto, en las causas aeronáuticas, sobre todo cuando hay relaciones internacionales (no así en los asuntos de cabotaje), es habitual que se deban aplicar tratados internacionales. En estos casos, el ideal es lograr la uniformidad de las interpretaciones emanadas de tribunales pertenecientes a distintos países, ya que hasta el momento, no hay una corte internacional sobre esta materia. Ello sin olvidar que en muchos casos, cuando se trata de asuntos contractuales, se reconoce a las partes el derecho de pactar la jurisdicción de los tribunales del país que deseen. Fuera de dichos casos (p. ej., cuando se cometen delitos), lo común es que las legislaciones nacionales dispongan que corresponde la jurisdicción de los tribunales del Estado correspondiente al lugar de matrícula de la aeronave. En la República Argentina, los asuntos aeronáuticos son de competencia de la justicia/eí/era/, por aplicación analógica del art. 116 de la Constitución Nacional, y del art. 198 del Código Aeronáutico, que lo dispone expresamente (v. además los arts. 199 a 201 del Código citado). 13) La doctrina, como fuente material.





CAPÍTULO 30

DERECHO CANÓNICO 1. Aclaraciones previas.— Como es obvio, todas las comunidades religiosas están regidas, en cuanto a la religión que profesan, por regímenes jurídicos diversos y a ese derecho cabría llamarlo genéricamente, derecho de las religiones o derecho religioso. Por lo tanto, los regímenes que se refieren a las religiones (y, en consecuencia, a las iglesias respectivas), como el cristianismo (con sus tres ramas que son la católica, la ortodoxa y la protestante, esta última con subramas importantes como el luteranismo, el anglicanismo y el calvinismo), el judaismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, etc., quedan involucrados en este concepto amplio. Ahora bien, de todo ese vasto material jurídico, sólo me referiré en el presente resumen, al que rige a la comunidad católica, es decir, al llamado en general, derecho canónico. 2. Concepto.— Es el establecido por la Iglesia Católica y que rige la organización y funcionamiento de la misma, así como las relaciones con los fieles. Como es sabido, la expresión "iglesia católica", es empleada en un sentido restringido para designar al conjunto de sacerdotes católicos jerarquizados de cierta manera y, en un sentido amplio, para designar al conjunto de sacerdotes y fieles católicos (esto último es denominado con más propiedad, "comunidad católica"). El concepto formulado de este derecho, es el más difundido y ha sido consagrado legalmente por el "Código de Derecho Canónico", vigente desde 1983, según se verá al mencionar el contenido de este cuerpo legal. El derecho canónico rige pues la organización y funcionamiento no sólo del Estado Pontificio, con asiento en la Ciudad del Vaticano, donde reside el Papa y demás órganos superiores de la Iglesia Católica, sino también los derechos, deberes, etc., de todos los sacerdotes católicos dispersos por el mundo, en tanto que miembros de dicha asociación religiosa. Así por ejemplo, el Código


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de Derecho Canónico, se refiere a las facultades y deberes de los clérigos de todas las jerarquías, incluso el Sumo Pontífice y los Concilios. Pero además, el derecho canónico rige las relaciones con los fíeles y prueba de ello es que el citado Código se refiere al bautismo, confirmación, sagrada eucaristía (comunión), extremaunción, matrimonio, etc.'. 3. Campo de aplicación del Derecho Canónico.— Este derecho empezó a formarse en la antigua Roma, Estado que llegó a dominar todo el mundo civilizado de aquella época, constituyendo a partir del siglo I a.C, el famoso Imperio Romano (Cap. 19, párrs. 51 y sgtes.). Por este motivo de dominar a todo el mundo civilizado, el derecho romano que lo rigió y quienes lo crearon, lo hacían precisamente para regira Roma y a todo el mundo (urbi etorbi), y por eso le imprimieron ese carácterdew«íi'ersfl/(í/c(f/que tuvo, a diferencia de las particularidades de los derechos locales. Ahora bien, este carácter universalista pasó al derecho canónico cuando empezó a formarse en aquel ámbito y se mantuvo a través de ios siglos. Una prueba de lo afirmado es la bendición urbi et orbi, que en circunstancias determinadas da el Sumo Pontífice. Por lo explicado, durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, el derecho canónico regía con carácter exclusivo en gran parte del orden civil (matrimonio, divorcio, sucesiones, etc.), pero, en la actualidad, ha perdido aquella importancia, ya que esas instituciones han sido secularizadas. Más concretamente, dejó de aplicarse en los Estados protestantes, desde la Reforma y, en la mayoría de los católicos, desde la época de la Revolución Francesa, o bien desde mediados del siglo XIX. En nuestro país, por ejemplo, hasta 1888 en que se dictó la Ley de Matrimonio Civil, regía a ese respecto el derecho canónico. Como dice Radbruch -, "el derecho eclesiástico empezó siendo un derecho de la Iglesia para el mundo", terminando por ser "un derecho de la Iglesia para la Iglesia". 4. Diferencia con el Derecho Eclesiástico.— No hay al respecto uniformidad de opiniones, pero lo más acertado me parece llamar Derec/to Eclesiástico, al que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El Derecho de Patronato, es decir, la facultad del Estado de proponer a la silla Apostólica, candidatos para los altos cargos eclesiásticos y el llamado pcíe regio, que consiste en la facultad de controlar las disposiciones papales que hayan de aplicarse en el país respectivo (aceptándolas o no, según el caso), constituyen puntos básicos del Derecho Eclesiástico. Como es obvio, las fuentes formales del Derecho Eclesiástico de un país, son en primer término la Constitución —si la hay—, los tratados celebrados con el Sumo Pontífice (llamados concordatos —v. párr. 23—), las leyes nacionales referidas a este derecho, la costumbre, etc. Queda así bien clara la diferencia con el Derecho Canónico, que es más bien —como se ha explicado—- el derecho interno de la iglesia, aunque abarcando las relaciones con los fieles. Para profundizar los distintos aspectos del Derecho Canónico, puede consultarse como obra integral, el Mcmuíil de Derecho Canónica de Eloy MONTERO y GUTIÉRREZ. Buenos Aires, 1950. - RADBRUCH, Gustavo, Inlrodiicción a la Filosofía del Derecho, México, 1951. pág. 81.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDADCHO. LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN CANÓNICO: DENOMINACIONES 913 - Cap. 30 Cabe recalcar por último que esta diferencia no es aceptada por muchos autores, que emplean ambas expresiones indistintamente. 5. Denominaciones.— Se lo llama también Derecho "Pontificio", Derecho "Divino", Derecho "Sagrado", etc. El vocablo "canónico" deriva de canon que, en griego (kanon), significa regla o ley. A su vez, canon deriva de caña, porque la caña hubo de servir primiti vamente de regla o de norma para medir. "A partir del siglo IV, se designaron con este nombre las normas disciplinarias de los sínodos, en contraposición a las leyes de los emperadores, así como después en el medioevo se llamaron cánones todas las normas emanadas de la Iglesia frente a las leyes seculares, y desde el siglo XII, se usó corrientemente la expresión ius canonicum oponiéndolo al ius civile y sus cultores se denominaron respectivamente canonistae y iuristae" '. El vocablo eclesiástico, proviene del latín ecclesia, derivado a su vez del griego, idioma en el que significa congregación. En resumen, las dos expresiones más generalizadas son: "derecho canónico" en primer término y, además, "derecho eclesiástico". En cuanto a esta última denominación, es preferible reservarla para el derecho que rige las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, por lo que abarca no sólo los concordatos —cuando los hay— sino también todas las disposiciones estatales (normas constitucionales, leyes, decretos, jurisprudencia, etc.), que se refieren a dichas relaciones. Cabe hablar así de un derecho eclesiástico argentino, español, italiano, etc. 6. Divisiones.— I) Según hemos visto al comenzar y a efectos de ordenar esta materia siguiendo el uso más generalizado, podría dividírsela así:

í I Interno Derecho i ^ . . j , I Canónico

1. Organización de la Iglesia, como conjunto de los eclesiásticos, es decir, del clero. 2. Relaciones con los fieles (matrimonio, bautismo, etc.).

Iglesia I Católica L . , Es la parte que se refiere a I Internacional las relaciones con las demás I o personas internacionales. [Eclesiástico

7.— II) Atendiendo a la materia considerada, se lo ha dividido así:

AFTALIÓN, E.R. - GARCÍA OLANO, F., Introducción al Derecho, Buenos Aires, 1980, pág. 587.


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Externo: es el que se refiere a las relaciones con las demás personas internacionales (es lo que, estrictamente hablando, he llamado Derecho Eclesiástico). Público interno: es la parte que se refiere a la organización y funciones del personal Derecho eclesiástico, es decir, del clero. A su Canónico vez, este sector ha sido dividido en distintas ramas: político, administrativo, penal, procesal, etc. ÍEs la parte que se refiere a las relaciones I con los fieles (matrimonio,bautismo,etc.). 8.— III) Por el ámbito en que se aplica, suele distinguirse entre: -Universal: es el que rige para toda la comunidad católica; y -Particular: es el que rige en una o varias diócesis. Cuando abarca un Estado se llama nacional. 9.— IV) Atendiendo al ámbito personal, se divide el derecho canónico en: -General: es el que rige a todos los fieles; y -Especial: el que ser aplica a una clase de subditos, como por ejemplo los clérigos. 10,— V) Por la época de su vigencia, cabe distinguir •*: \) Antiguo: el que rigió hasta el Decreto de Graciano (1151); 2) Nuevo: desde la fecha anterior, hasta el Concilio de Trento (1545-1563); y 3) Novísimo: desde allí hasta nuestros días. Pero como dice Montero y Gutiérrez, estrictamente hablando, sólo merece el nombre de novísimo, el que existe a partir del "Código de Derecho Canónico" (1917), que inaugura, a nuestro entender, una nueva etapa en la historia de este derecho (el citado Código ha sido subrogado por el de 1983 —v, párr. 13—). 11.— VI) Desde el punto de vista de la fuente de que deriva (fuente en el sentido de órgano), el Derecho Canónico es dividido en:

MONTERO Y GUTIÉRREZ, F. ob. cil. en nota I, pág. 12


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN DERECHO CANÓNICO; DIVISIONES 915-Cap. 30

1. Natural: es algo así como un instinto común a todos los hombres, que les da la conciencia del bien y del mal, la noción de lo lícito y lo ilícito. Se trataría de un orden universal establecido por Dios y que ninguna ley humana puede derogar.

Divino

Derecho Canónico

2. Positivo: es el conjunto de normas emanadas de Dios como las anteriores, pero que el hombre conoce por revelación. Como es obvio, comprende todos los preceptos y enseñanzas divinas que resultan de la Sagrada Escritura o Biblia (esto es, el Antiguo y el Nuevo Testamento), así como aquellos que, sin estar allí contenidos, son también considerados por la tradición de la Iglesia, como fruto de la revelación divina.

Es ei producido por la Iglesia, a través de los órganos competentes. Se lo subdivide en: a) escrito (es decir legislado), que comHumano prende las decisiones del Papa, Concilios, etc.; y b) consuetudinario 5. 12. Fuentes formales del Derecho Canónico *.— No es tarea fácil esquematizar de manera inobjetable las fuentes formales de este derecho, porque ^ AFTALIÓN, E.R. - GARCÍA OLANO, F., ob. cit. en nota 3, pág. 587. En este punto, siguiendo el criterio formulado por el autor italiano Amaldo Bértola, se suele distinguir dos clases de fuentes: a) fílenles de producción: serían los órganos legiferantes (se cita entre ellos a Dios, fuente prístina de todo el derecho de la Iglesia, el Papa, los Concilios Ecuménicos, las Congregaciones Romanas, etc.) y b) fílenles de conocimiento: serían las normas respectivas (así como las recopilaciones existentes a través de la historia, el Código de Derecho Canónico, etc.). Por mi parte, creo que esta clasificacióndebe desecharse, no sólo por falta de razón para desviamos aquí del criterio seguido al tratar las otras ramas jurídicas, sino que en realidad es una bifurcación innecesaria. En efecto, al hablar de fuentes formales, en el sentido explicado en esta obra (v. Cap. 11), quedan ambas involucradas, ya que para reconocer y definir el valor jerárquico de una nomia cualquiera, en tanto que fuente formal (que se la llama fuente de conocimiento), es necesario referiría al órgaioproductor (que se lo denomina fuente de producción), tal como se ha hecho al definir una ley srricto sensu, un decreto, etc.


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como dice Sehling, "para la legislación pontificia no existe una forma determinada; además, si existiera, el Papa podría revocarla en cada caso particular de modo tácito o expreso; tampoco existen medios exteriores absolutamente seguros para discernir el carácter jurídico de las disposiciones pontificias; solamente cabe clasificarlas por su contenido" ''. Esto es así porque en la actualidad, el Papa es el órgano legislativo supremo de la Iglesia Católica, al punto que puede modificar por sí mismo, el Código de Derecho Canónico. Esta situación, se afianzó desde que el Concilio Ecuménico Vaticano I (1870) estableció el dogma de la infalibilidad pontificia que, según dispuso el mencionado Concilio, sólo existe cuando el Papa habla ex cathedra y en cuestiones de dogma (no cuando se refiere a otros temas). Al respecto bueno es recordar que no ha sido siempre así; en efecto, si bien de tal manera terminó una larga lucha entre el Papa y los Concilios, cabe recordar que en épocas anteriores, la autoridad suprema eran estos últimos y así por ejemplo, el Concilio de Constanza (1414-1418), había decidido la superioridad de los Concilios sobre el Pontífice. Queda pues aclarado que actualmente, la Iglesia Católica tiene una organización interna de tipo autoritario, como lo reconocen los mismos autores católicos ^. Pues bien, con estas aclaraciones y atendiendo por lo tanto a la situación actual, cabe citar como principales fuentes formales del derecho canónico, las siguientes (casi todas emanadas del Papa): a) Constituciones pontificias (o decretales): son disposiciones papales de carácter general. Me refiero a esta fuente en primer término, inclusive antes que el Código de Derecho Canónico, porque, como he manifestado, el Papa tiene atribuciones para modificar el derecho canónico general, en cualquier momento. 13.— b) Código de Derecho Canónico (de 1983). Este cuerpo legal comprende 1752 artículos, llamados cánones, y se divide en siete libros, que son: L.° I.° De las normas generales. L.° II.° Del pueblo de Dios. L.° III.° De la función de enseñar de la Iglesia. L." IV." De la función de santificar de la Iglesia. L.° V.° De los bienes temporales de la Iglesia. L.° VI.° De las sanciones en la Iglesia L.° VII.° De los procesos. '' SEHUNG, E., Derecho Canónico, Barcelona, 1926, pág. 68. ^ Véase LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953. pág. 665. Lo mismo afirma RADBRUCH. Filosofía del Derecho, Madrid, 1944, pág. 253, autor que destaca como contraste, la organización democrática de la Iglesia Evangélica.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA DERECHO CANÓNICO: FUENTES FORMALES 917 - Cap. 30 Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

El Código fue promulgado por el Papa Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, mediante la Constitución pontificia Sacrae Disciplinae Leges, y comenzó a regir el 27 de noviembre de dicho año. En síntesis puede afirmarse que refleja las ideas emanadas del Concilio Vaticano Segundo (1962-65), como son por ejemplo, ampliar el papel de los laicos y de la mujer en las actividades y ceremonias de la Iglesia Católica. Prueba de ello es que ahora están autorizados a leer públicamente las Escrituras y pueden ayudar a distribuir la Eucaristía, pero carecen del derecho a decir misa, recibir confesiones, etc. En otro orden de cosas, ratifica la indisolubilidad del matrimonio, establece la excomunión para casos de aborto voluntario, permite la cremación de cadáveres, etc. 14.— c) Bulas: son disposiciones pontificias revestidas de forma solemne, que se refieren a asuntos importantes (por ejemplo, para erigir una diócesis). Se escriben sobre un pergamino grande y grueso y llevan un sello especial grabado en una medalla de plomo o de oro (de ahí el nombre de bulas, de bulla, bola), que tiene en el anverso las efigies de San Pedro y San Pablo y, en el reverso, el nombre del pontífice reinante. 15.— d) Breves: son disposiciones de menor importancia, expedidas por la Secretaría de Breves. Se escriben sobre pergaminos delgados, llevando como encabezamiento el nombre completo del Papa. Son suscriptos por el cardenalsecretario o canciller de breves y llevan un sello grabado en tinta roja sobre el mismo papel, representando la efigie de San Pedro echando las redes al mar desde una barca. Precisamente por llevar el sello del anillo del Pescador, se dice que son expedidos sub annulo piscatoris. 16.— e) Rescriptos (de retro scriptum, escrito detrás o al pie de la solicitud): son respuestas escritas dadas por el Papa concediendo alguna gracia (rescriptos de gracia), o haciendo justicia (rescriptos de justicia). Además de los rescriptos pontificios —los más importantes— existen los llamados rescriptos ordinarios, que son dictados por otras autoridades eclesiásticas (administrador apostólico, obispos, etc.). 17.— f) Decretos de los Concilios, siempre y cuando hayan sido confirmados por el Papa. Así lo dispone el canon 341 del Código de Derecho Canónico, que dice así: "Los decretos del Concilio Ecuménico solamente tienen fuerza obligatoria si, habiendo sido aprobados por el Romano Pontífice juntamente con los Padres conciliares, son confirmados por el Papa y promulgados por mandato suyo". Como es lógico, los decretos conciliares más importantes son los de los concilios generales o ecuménicos'. 9

Concilios: los concilios son asambleas de obispos y demás autoridades superiores de la Iglesia, reu-


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Esta fuente, la más importante en los primeros siglos de la Iglesia, ha perdido hoy su importancia, siendo reemplazada por las constituciones pontificias. 18.—g) Costumbre. Dispone al respecto el canon 26: "...lacostumbre contra ley o extralegal sólo alcanza fuerza de ley si se ha observado legítimamente durante 30 años continuos y completos; pero, contra la ley canónica que contenga una cláusula por la que se prohibe futuras costumbres, sólo puede prevalecer una costumbre centenaria o inmemorial". 19.— h) Decisiones de autoridades eclesiásticas, lógicamente con el carácter de fuentes particulares. No obstante, las Congregaciones Romanas pueden sólo en ciertos casos, dictar "decretos generales", válidos para la Iglesia entera. La doctrina, igual que en las demás ramas jurídicas, desempeña un importante papel como fuente material. 20. Reseña histórica de las principales fuentes anteriores al Código de Derecho Canónico.— Se suelen distinguir tres períodos: 1) Período Antiguo, que va desde las sentencias de los apóstoles, hasta el Decreto de Graciano (1151). Las principales fuentes de este período son: A) La Biblia: es una colección de libros religiosos que, en síntesis, constituye el libro sagrado de las religiones judía (la primera parte, que es el Antiguo Testamento), y de la cristiana (la segunda parte que es el Nueno Testamento). La versión más difundida es la traducción latina hecha directamente del hebreo por San Jerónimo (llamada Vulgata), única reconocida por la Iglesia y que ya fue revisada y ratificada por el Concilio de Trento (1545-1563). La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento (libros escritos antes de la llegada de Jesucristo) y el Nuevo Testamento (constituido por los libros escritos después). A ) Los libros del Antiguo Testamento son los siguientes: los del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio); los 17 libros históricos; los libros sapienciales (los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico) y los libros de los profetas o profetices. A ) El Nuevo Testamento comprende: los Evangelios (de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan), que se refieren a la vida de Jesucristo y a la religión cristiana por él predicada; los Actos de los Apóstoles, las Epístolas (en total 21, de las cuales 14 son de San Pablo) y el Apocalipsis (de carácter profético, que contiene las revelaciones escritas nidos para discutir cuestiones de doctrina o disciplina eclesiástica. Son ecuménicos cuando reúnen a los obispos del mundo entero; no obstante ello, para que sus decisiones tengan fuerza legal, deben ser confirmadas y promulgadas por el Papa. El canon 338 del Código de Dcho. Canónico, da una idea clara del carácter subordinado que tienen actualmente los Concilios en relación al Papa, ya que dispone lo siguiente; "§ 1: Compete exclusivamente al Romano Pontífice convocarel Concilio Ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo, y aprobar sus decretos". Los concilios pueden ser además nacionales (cuando reúnen los obispos de un Estado), provinciales (de una provincia) y diocesanos. En estos casos, como es obvio, sólo son fuente de Derecho Canónico particular.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DERECHO ECLESIÁSTICO ARG.: FUENTES 919 - Cap. 30 PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN por el apóstol San Juan, en su destierro de la isla de Patnos, referentes en su mayor parte a los postreros días del mundo). B) Recopilaciones de Cánones de los Co?iciUos, como también de Canas Decretales. Estas últimas —denominadas asimismo Decretales— son epístolas dadas por el Papa, referentes a cuestiones de doctrina que tienen fuerza obligatoria para todos los fieles. C) Cabe citar además las Colecciones de Decretales (siglo IX), llamadas también seudoisidorianas, por su recopilador que fue Isidoro Mercader o Pecador. 21.— 2) Período Nuevo: se extiende desde Graciano (siglo XII), hasta la publicación el Corpus luris Canonici (1582). A) Decreto de Graciano (1151) —profesor de Bolonia— que en su obra corona las tentativas de sistematización del derecho canónico, realizadas con anterioridad. Contiene los escritos de los apóstoles, parte de la Patrística (obras de los Padres de la Iglesia), decretos pontificios, cánones conciliares y parte de otras colecciones. Este trabajo no tuvo carácter oficial, pero sí gozó de gran autoridad. B) Decretales de Gregorio /X (1234), recopilación efectuada por el capellán Raymundo de Peñaforte y que constituye la base fundamental del Derecho Canónico. Comprende cinco libros: I) De las personas jerárquicas; II) De los juicios en materia no criminal; III) De las cosas sagradas; IV) Del matrimonio; V) De las penas y del procedimiento penal. Conviene recordar que a partir del siglo Xlll, las relaciones civiles fueron regidas en gran parte por el Derecho Canónico (p. ej., matrimonio, nacimientos, defunciones, etc.). C) Estas Decretales fueron complementadas por el Libro Sexto de Bonifacio W//(1298); las Clementinas de Clemente V, (publicadas por Juan XXII en 1317); lasExfravagantes —llamadas así por "vagar" fuera de los textos—, recopiladas por orden de Juan XXII (1325); etc. D) Corpus luris Canonici (1582). Es en realidad una nueva recopilación, ordenada y corregida, ya que desde 1325 hasta 1582, el Derecho Canónico no sufre modificación alguria de importancia. 22.— 3) Período Novísimo: desde 1582 hasta nuestros días. Dada la existencia de numerosas fuentes, a veces contradictorias, se hizo sentir cada vez más la necesidad de codificar esas normas canónicas de carácter general. Como he manifestado, este movimiento en pro de la codificación, culminó en 1917 con la promulgación del Código de Derecho Canónico, subrogado en 1983, por el Código actual. En este período hay que destacar el aumento de la autoridad papal desde el Concilio Ecuménico Vaticano I (1870), tema al que ya se ha hecho referencia (párr, 12) y que, lógicamente, se refleja en las fuentes mencionadas.

23. Fuentes del Derecho Eclesiástico Argentino.— I) Constitución Nacional: la principal fuente está constituida por las disposiciones de la Constitución Nacional. Pero antes de citarlas, cabe recordar como norma básica y general referente a todas las religiones, el art. 14, que establece la llamada "libertad de cultos", es decir, el derecho fundamental de todo habitante de "profesar libremente su culto".


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Hecha la aclaración, cabe citar los siguientes artículos, en lo que al derecho eclesiástico propiamente dicho se refiere: -art. 2°, que dispone el sostenimiento por el Gobierno Federal, del culto Católico Apostólico Romano; -art. 75, inc. 22, que atribuye al Congreso Nacional las facultades de aprobar o desechar los concordatos celebrados por el Poder Ejecutivo con la Santa Sede. Además de los citados, la Constitución Nacional contiene otras normas referentes al derecho eclesiástico, como el art. 99, inc. 11, que faculta al Poder Ejecutivo para celebrar concordatos, sujetos a la aprobación posterior del Congreso (art. 75, inc. 22). II) Concordato '° con el Vaticano (celebrado el 10 de octubre de 1966 y ratificado pordec.-ley 17.032/66): rige las relaciones entre ambos Estados dando mayor libertad de acción a la Iglesia Católica para el cumplimiento de sus fines específicos. En tal sentido, se ha dicho que con este concordato se ha logrado la liberación completa de la Iglesia Católica en la Argentina ". Como es obvio, el concordato ha sustituido al régimen del Patronato Nacional, vigente desde 1810, patronato que, a su vez, fue una continuación del Patronato Regio, ejercido durante la colonia por la corona española. La mayor libertad de acción que ha logrado la Iglesia Católica, se concreta a través de cuatro aspectos básicos: 1) El Papa nombra ahora directamente a los arzobispos, obispos y otros miembros de la misma (art. III). La única limitación establecida en el concordato, es que "la Santa Sede comunicará al gobierno argentino el nombre de la persona elegida para conocer si existen objeciones de carácter político general en contra de la misma. El gobierno argentino dará su contestación dentro de los treinta días. Transcurrido dicho término, el silencio del gobierno se interpretará en el sentido de que no tiene objeciones que oponer al nombramiento. Todas estas diligencias se cumplirán en el más estricto secreto" (art. III). Antes del concordato, los nombramientos los hacía el Poder Ejecutivo Nacional recayendo en el primer término de la tema propuesta por el Senado de la Nación. 2) "La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas, así como modificar los límites de las existentes o suprimirlas, si lo considerase necesario o útil para la asistencia de los fieles y el desarrollo de su organización" (art. II). Antes de hacerlo, el Vaticano debe comunicarlo "confidencialmente" Concordato (del latín concordalum: de concordare, convenirse): tratado que celebra el Vaticano con un Estado, para regir cuestiones eclesiásticas. Éste es el significado del vocablo en el derecho internacional público; a su vez. en el derecho comercial, tiene una acepción distinta (ver. Cap. 26, párr. 61). " ROMERO CARRANZA, Ambrosio, en tu Ley, t. 149, pág. 1031, en un comentaiio bibliográfico al opúsculo de FRÍAS, Pedro J.. "El Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina", Córdoba, 1972 (separata del Boletín de la Fac. de Dcho. y Ciencias Sociales de Córdoba, en dic, 1971).


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al gobierno argentino, el que tiene derecho a formular las observaciones que estimare pertinentes y, en definitiva, proceder al reconocimiento de las reformas ejecutadas, a los efectos administrativos que correspondieren. 3) Se reconoce el derecho a la Santa Sede de publicar en la República Argentina las disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia y el de comunicar y mantener correspondencia libremente con los obispos, el clero y los fieles relacionada con su ministerio, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Sede Apostólica. Cuando regía el sistema del Patronato Nacional, las citadas comunicaciones estaban sometidas al trámite previo del "pase". 4) El Episcopado Argentino puede llamar al país a las órdenes, congregaciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotes seculares que estime útiles para el incremento de la asistencia espiritual y la educación cristiana del pueblo. A pedido del Ordinario del lugar, el gobierno argentino, siempre en armonía con las leyes pertinentes, facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía. Por otra parte, en el art. VII se previo que el comienzo de la vigencia del concordato, tendría lugar "en el momento del canje de los instrumentos de ratificación". Finalmente recordaré que en nuestro país ha habido siempre sectores partidarios del concordato y otros contrarios al mismo. Los primeros alegan que de esa manera se coloca a la Iglesia Católica en un pie de igualdad con las demás iglesias; los opositores, en cambio, afirman que por estar sostenido el culto católico por el Estado argentino, nuestro gobierno debe tener el poder de decisión sobre materias del concordato, en representación del pueblo que deberá cumplir o respetar decisiones que no ha tomado.





CAPÍTULO 31

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 1. Concepto.— Es el que determina, entre varias normas discordantes que pertenezcan a diversos Estados, cuál es la aplicable a una relación jurídica "internacional" que las ponga en conflicto. Analicemos este concepto: a) Cuál es la norma de Derecho Internacional Privado. Para comprender esto más fácilmente, veamos como ejemplo la compra de un inmueble en la República Argentina, por un paraguayo de 20 años domiciliado en el Paraguay. Recordemos que la mayoría de edad en la República Argentina se alcanza a los 21 años, mientras que en el Paraguay, a los 20. El problema que plantea el ejemplo, es saber cuál de las leyes en conflicto (la argentina y paraguaya en este supuesto), rige la capacidad (de hecho) para comprar inmuebles, y la ley que lo determina es precisamente una ley (o norma) del Derecho Internacional Privado. Pero entiéndase bien que esta norma no resuelve directamente el caso, pues ello se hará aplicando la ley argentina o la paraguaya referidas a la capacidad, sino que indica cuál de las normas en conflicto es la que debe ser aplicada para resolverlo {v.Cwp. 17,párrs. 1 a 4). Por esta razón, algunos autores lo califican de derecho indirecto, a diferencia del derecho directo, que comprendería no sólo el llamado derecho sustancial, sino también el procesal o adjetivo. De lo dicho surge que el Derecho Internacional Privado lleva muchas veces a la aplicación del derecho extranjero, no obstante lo cual, esa contingencia no afecta la soberanía del Estado en que se lo aplica ni crea problemas considerables, por la sencilla razón de que en ciertos casos está prohibido aplicarlo (v. Cap. 17,párrs. 36y37). b) Qué es una relación jurídica "internacional" que pone en conflicto a normas de distintos países. Para que se produzca un caso de Derecho Internacional Privado, debe haber previamente una "relación jurídica internacional", que ponga en conflicto normas de dos o más Estados. Al respecto cabe aclarar que en la expresión antedicha, el vocablo "internacional" está usado no en el http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com

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sentido de que la relación deba ser entre Estados (como por lo común sucede en el Derecho Internacional Público), sino dando a entender, que la relación jurídica se ha extendido a otro país, porque uno o varios de sus elementos son extranjeros o están en el extranjero. Siguiendo con el ejemplo, resulta claro que el hecho de domiciliarse en el Paraguay una de las partes del contrato es lo que configura una relación jurídica "internacional" en el sentido explicado. Lo mismo pasaría si se contratara sobre un inmueble situado en el extranjero, o el contrato obligara a una de las partes a hacer algo fuera del país. Por el contrario, si las partes contratantes fueran argentinas, y las consecuencias del contrato debieran cumplirse en nuestro país, estaríamos frente a una relación jurídica "nacional", a la que correspondería aplicar exclusivamente el derecho argentino, razón por la cual no habría caso de Derecho Internacional Privado. 2.— DIFERENCIA CON EL "DERECHO UNIFORME". Como es lógico, el presupuesto necesario para que exista un problema de Derecho Internacional Privado —según la concepción más generalizada— es que se presenten normas de distintos Estados, que regulen de diversa manera una misma relación jurídica que las ponga en conflicto. Por el contrario, si las normas fueran iguales (p. ej., que establecieran el mismo límite para la mayoridad), no habría problema de Derecho Internacional Privado y estaríamos frente a lo que se llama derecho uniforme (es decir, derechos estatales uniformes). El ideal sería, indudablemente, que los derechos estatales fuesen uniformes, al menos en muchos aspectos, para evitar así gran cantidad de problemas, y es de hacer notar que dicha igualdad se ha logrado ya, parcialmente, entre algunos Estados (p. ej., en gran parte del derecho civil paraguayo y argentino; en materia de averías—perteneciente al derecho de la navegación—por las llamadas "Reglas de York-Amberes", de 1924, adoptadas por muchos Estados; etc.). Ahora bien, mientras dicha uniformidad no sea lograda, se requieren normas de Derecho Internacional Privado, para solucionar los conflictos que se presenten. 3. Objeto.— Para establecer mejor la materia objeto de la Ciencia del Derecho Internacional Privado, conviene hacer una aclaración: generalmente se dice que los sujetos de las relaciones jurídicas de Derecho Internacional Privado —y por ende los mentados en las respectivas normas— no son los Estados como entidades soberanas, sino los sujetos de derecho privado, es decir, los particulares, ya sean personas individuales o colectivas y también los Estados, cuando actúan como sujetos de derecho privado (la compra de arena por el Estado argentino a una empresa uruguaya, es, por ejemplo, una relación de Derecho Internacional Privado). Por lo tanto, las relaciones de los Estados entre sí, actuando como entidades soberanas y aun la de los Estados en aquel carácter, con los


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particulares, quedan fuera de su órbita y pertenecen al Derecho Internacional Público. Por esta razón, muchos autores rechazan como impropia la denominación de "internacional" que se da a la disciplina aquí estudiada. 4.— Ésta es la opinión defendida por los autores que sólo involucran en el Derecho Internacional Privado, los conflictos de normas de atrecho privado (especialmente civiles y comerciales). Pero según la opinión más difundida—y que me parece la más acertada— el Derecho Internacional Privado comprende también normas de derecho público y si esto extraña al lector —cosa perfectamente explicable— bueno es advertir que ello se debe a la denominación impropia de esta disciplina, calificada de "privado". No obstante, éste es el nombre que se usa, porque tiene a su favor una sólida tradición y un uso muy generalizado. Es cierto que algunos autores excluyen de esta materia los conflictos de normas de derecho público (p. ej., penales), pero creo con Víctor N. Romero del Prado ' que esto constituye un error. Para comprobarlo daré un ejemplo: una persona falsifica moneda uruguaya en nuestro país y la ha distribuido en ambos Estados: ese hecho es considerado delito por nuestra ley (art. 286 del Cód. Penal) y por el derecho penal uruguayo. En este caso y suponiendo que se detuviera al delincuente en la Argentina, ¿no se plantea igual un conflicto de normas —de derecho público en este caso— que deberá resolverse estableciendo cuál será aplicable? La situación jurídica es indudablemente semejante a la que se plantea en el orden civil y, por esta razón, no puede aceptarse el criterio restringido. 5.— Por lo tanto, puede afirmarse que el Derecho Internacional Privado comprende también normas de derecho público en las que, lógicamente, actúan los Estados como sujetos de derecho público, pero, con un enfoque distinto del que corresponde al Derecho Internacional Público. 6. Contenido.— La parte fundamental ha sido ya tratada en el Capítulo 17 (referente a la aplicación del derecho en relación al territorio) y allí remito al lector. Además, en el párrafo siguiente, se verán aspectos especiales del contenido de esta disciplina. 7. División.— De acuerdo con lo expuesto, se comprende que la Ciencia del Derecho Internacional Privado abarque el estudio de normas de derecho pú' ROMERO DEL PRADO, Víctor N., Mcmuíil de Derecho Inreniacioiuil Privado. T. 1, Buenos Aires, 1944, págs. 9 y sigs., especialmente en pág. 102, párr. 2. L.a misma opinión sustenta SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, Antonio, en su obra Derecho Internacional Privado, T. I, La Habana, 1943, pág. U.


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blico y privado que resuelvan los conflictos explicados. Ordenándolas por materia, podemos distinguir dentro de esta disciplina, varias partes 2. - Derecho Internacional Privado Civil: comprende el estudio de los conflictos de derecho que se plantean en esta órbita. Por ejemplo, en materia de capacidad, matrimonio, divorcio (caso de una persona que se divorcia en un país que no admite la disolución total del vínculo y se vuelve a casar en un país que lo admite: ¿qué consecuencias tiene ese acto en el primer país, con relación a los hijos, bienes, etc.?) Además, comprende los conflictos que se plantean en materia de sucesiones, testamentos, etc. - Derecho Internacional Privado Comercial: por ejemplo, lo referente al establecimiento de qué ley regirá los contratos comerciales (caso de un italiano que compra en Italia un inmueble situado en la Argentina, puesto que para nuestro derecho el acto es civil, mientras que para el derecho italiano es comercial). Además, comprende lo relativo a la capacidad para ejercer el comercio —por supuesto que siempre en caso de conflicto de derechos— en materia de letras de cambio, quiebras, rehabilitación del fallido, prenda, seguros, etc. - Derecho Internacional Privado de la Navegación: choques, abordajes, contrato de ajuste de la gente de mar, naufragio, hipoteca naval, etc. - Derecho Internacional Privado Procesal: por ejemplo, en materia de prueba (si un Estado exige que se lleven libros de comercio y otro no); ejecución de sentencias extranjeras, competencia, etc. - Derecho Internacional Privado Fiscal: caso de doble imposición tributaria internacional, etc. - Derecho Internacional Privado del Trabajo: caso de un obrero que perforando un túnel internacional, sufre un accidente dentro del país que no establece indemnización por accidentes del trabajo, perteneciendo él al país que la establece; ¿qué norma se aplicará en este caso? ^. - Derecho Internacional Privado Aéreo: caso de transferencia de aeronaves en vuelo, nacimientos, defunciones, etc., ocurridos en ellas, que plantean el problema de saber cuál ha de ser la ley aplicable. - Derecho Internacional Privado Penal: caso de una persona que mata con un revólver, desde territorio argentino, a una persona que se encuentra en el Paraguay, etc. 8. Denominaciones.— Son muchas las que se han propuesto, pero, a efectos de comprender mejor el tema, comenzaré analizando las críticas dirigidas a la expresión Derecho Internacional Privado. En síntesis, se le objeta lo siguien" Los datos han sido tomados de la obra de Romero del Prado (v. nota 1). ^ ROMERO DEL PRADO. V. N., ob. cit. en nota 1, págs. 9.3-94.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico DCHO. DENOMIN.O YDISTRIBUCIÓN FTES. 927 - Cap. 31 PROHIBIDA LA INTERN. VENTA,PRIV.: IMPRESION

te: a) que la palabra internacional significa etimológicamente entre naciones, o Estados por extensión y que en este sentido es empleada en el Derecho Internacional Público. La objeción es cierta, pero cabe recordar que este vocablo se emplea también para designar lo que trasciende la órbita nacional (p. ej., cuando se dice opinión pública internacional, cantante internacional) y es éste el sentido con que se lo usa en la denominación de esta disciplina; b) la calificación de privado es aceptable para los que limitan el contenido de la disciplina a los conflictos de normas de derecho privado, pero no ocurre lo mismo con la posición que incluye en su órbita los conflictos de normas de derecho público, salvo que, como dice un autor'', se entienda que la palabra privado tiene aquí la función de diferenciar esta rama jurídica del derecho internacional público y no la de circunscribirlo a los conflictos normativos de derecho privado. Sin embargo, a pesar de reconocerse que la denominación es impropia, resulta ser la más empleada porque tiene a su favor la consagración de un largo uso. 9.— Entre las denominaciones propuestas, cabe citar las siguientes "Teoría de los conflictos de leyes"; "Teoría de la autoridad extraterritorial de las leyes" (Fiore); "Derecho Privado Humano" (Estanislao S. Zeballos); "Derecho Privado Universal", etc. Ninguna de ellas ha tenido éxito. 10. Fuentes.— Sin olvidar las fuentes comunes a todas las ramas jurídicas (Constitución Nacional, costumbre, jurisprudencia y doctrina —esta última de carácter material—), me limitaré a las dos de aplicación más frecuente que son: 1) Tratados internacionales: desde la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, ap. 1°), tienen jerarquía superior a las leyes. Como es lógico, estos tratados implican la unificación de las normas de Derecho Internacional Privado en los Estados signatarios y ratificantes, lo que constituye uno de los caminos que permiten solucionar y prever razonablemente, la solución de los conflictos de leyes en los países que los han celebrado. Coftio ejemplo citaré los Tratados de Montevideo de 1889 (ocho tratados y un protocolo adicional), y los Tratados de Montevideo de 1940 (diez tratados y un protocolo adicional). Con respecto a la posición de nuestro país frente a dichos tratados, cabe recordar lo siguiente: a) Tratados de Montevideo de 1889. Todos fueron ratificados por nuestro país, así como por Bolivia, Uruguay, Perú y Paraguay. Otros Estados han adherido solamente a uno o a varios de ellos.

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, A., ob. cit. en nota 1, T. 1, pág. 18.


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b) Tratados de Montevideo de 1940. Por decreto-ley 7771/56, nuestro país ratificó sólo algunos, que son los siguientes: el Tratado de Derecho Civil Internacional, los dos Tratados de Derecho Comercial Internacional (el de derecho comercial terrestre internacional y el de la navegación comercial internacional), el Tratado de Derecho Procesal Internacional, el Convenio sobre Ejercicio de Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional. Tanto Uruguay como Paraguay ratificaron también dichos tratados, razón por la cual tienen vigencia en los conflictos de leyes entre dichos ámbitos, con la advertencia de que los tratados y la convención citada, una vez en vigencia, subrogaron los tratados similares de 1889 (obviamente sólo con relación a los Estados ratificantes). 2) Normas de Derecho Internacional Privado contenidas en diversas leyes: dichas normas deben ser aplicadas cuando no haya tratado que prevea el caso. Las más numerosas están en el Código Civil (v. algunas en el Cap. 17, párrs. 28 y sigs.), pero hay otras en diversas leyes, como por ejemplo en la de Sociedades Comerciales (arts. 118 a 124, dec.-ley 19.550); Ley de Concursos (art. 4°, ley 24.522); Ley de Cheques (art. 3°, ley 24.452); etc.



ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS *

—A— Abogacía, Cap. 3. párr. 1. - concepto. Cap. 3, párr. 2. - definición, Cap. 3, párr. 6. - doble aspecto de la misma. Cap. 3, párr. 3. - relación con la judicatura y la Ciencia del Derecho, Cap. 3, párr. 7. - requisitos para su ejercicio. Cap. 3, párr. ! 0. Abogado, Cap. 3, párr. 2. - ética profesional del abogado, Cap. 3, párr. 30 (v. Ética profesional). - función social, Cap. 3, párr. 4. - responsabilidades (civil, penal, procesal y ética). Cap. 3. párr. 16. Abrogación de la ley. Cap. 12, párr. 54. Abuso del derecho. Cap. 26, párr. 42. Accidentes del trabajo. Cap. 28, párr. 90. Acción; procesal. Cap. 23, párr. 53. - clasificación de las acciones. Cap. 23. párr. 56. Acción humana, Cap. 1. párr. 52. Acordadas, Cap. 23, párr. 89. Actos administrativos. Cap. 22. párr. 18. - de comercio. Cap. 26. párr. 55. - de gobierno (o políticos). Cap. 22. párr. 18. - formales, Cap. 9, párr. 13. - ilícitos. Cap. 6, párr. 97. - jurídicos. Cap. 5, párr. 64.

- lícitos, Cap. 6, párr. 98. - no formales. Cap. 9, párr. 13. - obligatorios, Cap. 6, párr. 98. - potestativos. Cap. 6, párr. 98. - prohibidos, Cap. 6. párr. 98. Acuerdo TRIPS (en castellano ADPIC). Cap. 6, párr. 74. Administración Pública. Cap. 22, párrs. 2 a 5. Administrar justicia: crítica a esta expresión. Cap. 23, párr. 19. Aeronáutica Argentina (organización). Cap. 29, párr. 26. Aforismos jurídicos. Cap. 9, párr. 11. Aguinaldo, Cap. 28, párr. 39. Analogía, como medio de integración del derecho, Cap. 16. párr. 69. Anticresis, Cap. 6, párr. 64, inc. 7. Antijurídico, Cap. 9, párr. 31. Antropología Criminal, Cap. 24. párr. 9. Aparcerías rurales. Cap. 27, párr. 46. Aplicación de la ley en relación al territorio (v. en Cap. 17. Aplicación del derecho en relación al territorio). - aplicación del derecho extranjero. Cap. 17. párrs. 36 y 37. - principios admitidos en ia legislación argentina (v. en Cap. 17, párr. 28, Régimen Argentino).

Las referencias remiten a capítulo, pánafo y nota.


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- sistemas en general. Cap. 17, párrs. 8 y sigs. Aplicación de la ley en relación al tiempo (v. en Cap. 17, Aplicación del derecho en relación al tiempo). - principios admitidos en la legislación argentina (v. en Cap. 17, párr. 55, Régimen Argentino). Aplicación de la ley, reglas de. Cap. 16, párr. 77. Aplicación del derecho. Cap. 16, párr. 1. - carácter complejo de la aplicación. Cap. 16, párr. 4. - concepto. Cap. 16, párr. 2. - problemas principales que plantea. Cap. 16, párr. 6. Arbitraje, Cap. 23, párr. 1, inc. 3; Cap. 28, párr. 48, n. 44. Arbitrariedad, Cap. 8, párr. 52. - recurso extraordinario por arbitrariedad. Cap. 23, párrs. ¡04 y 122, inc. 4. Armadores, Cap. 29, párr. 9, inc. "a". Arrendamientos rurales. Cap. 27, párr. 46. Arribada forzosa. Cap. 29, párr. 12, inc. "a". Asistencia (en el derecho de la navegación). Cap. 29, párr. 12, inc. "e". Asistencia social. Cap. 28, párr. 68. Autarquía, Cap. 22, párr. 56. Automatismo (en la producción). Cap. 28, párr. 52, n. 48. Autonomía, Cap. 22, párr. 54. Autonomía científica, Cap. 20, párr. 4. Autonomía de la moral. Cap. 4, párr. 19 (v. carácter validable. Cap. 4, párr. 28). Autonomía de la voluntad. Cap. 6, párr. 100. Autonomía didáctica. Cap. 20, párr. 5. Autonomía legislativa. Cap. 20, párr. 6. Autonomía municipal. Cap. 22, párr. 54. Autonomía política, Cap. 22, párr. 54. Averías, Cap. 29, párr, 12, inc. "b". Axiología Jurídica, Cap. 8. párr. 1; Cap. 2, párr. 61.

—B— Biblia, La, Cap. 30, párr. 20, subinc. "A". Bien, El, Cap. 4, párr. 16. Bienes, Cap. 26, párr. 17. Bilateralidad del derecho, Cap. 4, párr. 16. BillofRights, Cap. 21, párr. 110, inc. L Biología Criminal, Cap. 24, párr. 9. Breves, Cap. 30, párr. 15. Buenas costumbres. Cap. 20, párr. 32. Bulas, Cap. 30, párr. 14.

Cámaras gremiales. Cap. 28, párr. 36, n. 34. Capacidad, Cap. 26, párr. 10. Capacidad civil. Cap. 26, párr. 11. Capacidad comercial. Cap. 26, párr. 56 infine. Capacidad de derecho. Cap. 26, párr. 12. inc. 1. Capacidad de hecho. Cap. 26, párr. 12, inc. 2. Capacidad en el Dcho. Internacional Privado Arg..Cap. 17, párr. 29. Capacidad laboral, Cap. 28, párr. 44, inc. "b". Capital de la Rep. Argentina: - régimen de gobierno. Cap. 22, párr. 67. Carta (política). Cap. 21, párr. 112, inc. "a". Carta Magna, Cap. 21, párr. 112, inc. "a". Casación, La: - aclaraciones previas (errores de hecho y errores de derecho, errores in iudicando y errores in procedendo, etc.), Cap. 14. párr. 48. - clases. Cap. 14, párr. 55. - concepto. Cap. 14, párr. 53. - recurso de casación. Cap. 14, párr. 55. - soluciones limitadas: - en la Justicia Argentina, Cap. 14, párrs. 80 y 83. - en lo Nacional, Cap. 14, párr. 56. - en la Prov. de Bs. As., Cap. 14, párrs. 85 y 86: Cap. 23, párr. 145. Caso fortuito. Cap. 5, párrs. 91 a 93.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ALFABÉTICO DE MATERIAS PROHIBIDA ÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Casos no previstos. Cap. 7, párr. 16, infine; Cap. 14, párr. 31. Categorías jurídicas, Cap. 5, párr. 28. Cateo (exploración minera). Cap. 27, párr. 19. Cheques, Cap. 26, párrs. 63 y 78. Choques o abordajes. Cap. 29. párr. 12, inc. "c". Ciencia, La, Cap. 2, párrs. 5 y 10. Ciencia de la Administración, Cap. 22, párr. 12. Ciencia de las Finanzas, Cap. 22. párr. 41. Ciencia del Derecho, Cap. 2, párr. 24. - caracteres, Cap. 2, párr. 33. - concepto, Cap. 2, párr. 25. - contenido. Cap. 2, párr. 26. - denominaciones, Cap. 2, párr. 32. - desviaciones. Cap. 2, párr. 136. - divisiones. Cap. 2, párr. 39. - especialidades. Cap. 20, esp. párrs. 7 y 9. - historia. Cap. 2, párr. 46. - negación de esta ciencia (von Kirchmann), Cap. 2, párr. 47. - y abogacía. Cap. 3. párr. 7. - y demás disciplinas jurídicas. Cap. 2. párr. 135. - y judicatura. Cap. 3, párr. 7. Ciencia del Derecho Comparado, Cap. 2, párr. 125. Ciencia Dogmática del Derecho, Cap. 2, párr. 32. Ciencia Política, Cap. 21, párr. 4. Ciencias, clasificación de las. Cap. 2, párr. 15. Ciencias de objetos culturales. Cap. 2. párr. 15. Ciencias de objetos ideales. Cap. 2. párr. 15. Ciencias de objetos naturales. Cap. 2, párr. 15. Ciencias del espíritu. Cap. 2, párr. 21. Ciencias jurídicas, Cap.7, párr. 22. Ciencias jurídicas, como ciencias sociales y como ciencias culturales, Cap. 2, párr. 19. Ciencias penales, Cap. 24, párrs. 5 a 14. Ciencias sociales. Cap. 2, párrs. 19 y 20. Ciudad de Buenos Aires: - régimen de gobierno. Cap. 22, párr. 67.

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Clan, Cap. 19, párr. 7; Cap. 21, párr. 63. Coacción, Cap. 4, párr. 20. Codificación, Cap. 12, párr. 68. - concepto. Cap. 12, párr. 69. - formas. Cap. 12, párr. 72. - oportunidad, Cap. 12, párr. 77. - origen de la codificación moderna. Cap. 12. párr. 79. - ventajas e inconvenientes. Cap. 12, párr. 74. Código Aeronáutico. Cap. 29, párr. 37, inc. 3. Código Civil Argentino, Cap. 26. párr. 46. Código Coniravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Cap. 24, párr. 67. Código de Comercio, Cap. 26, párr. 76. Código de Derecho Canónico. Cap. 30, párr. 13. Código de Faltas, Cap. 24, párr. 66. Código de Justicia Militar. Cap. 24, párrs. 75 y 89r Código de Minería, Cap. 27, pávrs. 33, inc. 2. y 34. Código Napoleón, Cap. 12, párr. 80. Código Penal, Cap. 24, párr. 31 y 60. Códigos rurales. Cap. 27, párrs. 51 y 52. Coercibilidad del Derecho. Cap. 4, párr. 20; Cap. 5, párr. 74; Cap. 1, párr. 9. Coercibilidad y coacción, Cap. 4, párr. 20. Coerción, Cap. 4, párr. 20. Colegios de Abogados, Cap. 3, párrs. 10 y 13. Colonización, Cap. 27, párr. 45. Comerciante, Cap. 26, párr. 56. Comercio, Cap. 26, párr. 55. Comercio marítimo. Cap. 26, párrs. 62 y 72. Common law. El, Cap. 15, párr. 1. a) Nociones preliminares. Cap. 15, párrs. 1 a 13. - las dos clases de sistemas jurídicos del mundo civilizado. Cap. 15, párrs. 1 a 6. - sistemas jurídicos predominantemente legislados. Cap. 15. párrs. 7 a 13. b) Common law. El: - aclaraciones. Cap. 15, párr. 14. - caracteres. Cap. 15, párr. 42.


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concepto. Cap. 15, párr. 16. denominaciones, Cap. 15, párr. 22. fuentes. Cap. 15, párr. 27. por qué es poco conocido entre nosotros, Cap. 15, párr. 21. - semejanzas entre el cominon law y el sistema romanista: aumento progresivo de las mismas. Cap. 15, párr. 43. - trasfondo filosófico del coinmon law. Cap. 15. párr. 39. Competencia (procesal). Cap. 23, párr. 31. Comunidad del Derecho, Sistema de la (en Dcho. Internacional Privado), Cap. 17. páa. 18. Comunidad internacional, Cap. 25, párr. 2. - evolución. Cap. 25, párr. 23. Conceptos jurídicos contingentes, Cap. 5, párr. 29. Conceptos jurídicos fundamentales. Cap. 5, párrs. 11 y 28. Conciliación obligatoria (en Dcho. del Trabajo), Cap. 28, párr. 48; idem, n. 44. Concilios, Cap. 30, párr. 17, n. 9. Concilios ecuménicos, Cap. 30, párr. 17, n. 9. Concordato; - comercial. Cap. 26, párr. 61, subinc. a'. - eclesiástico. Cap. 30, párr. 23, n. 10. Concurso civil. Cap. 26, párr. 61, inc. ''b". Conducta aislada. Cap. l,párr. 12. Conducta en interferencia intersubjetiva. Cap. 1, párrs. 11 y 12. Conducta humana, como objeto del derecho. Cap. I, párr. 11. Conducta humana; su sentido jurídico (v. Conducta lícita o ilícita. Cap. 6, párr. 97, inc. 1). Confesión, Cap. 23, párr. 69. Conflicto de leyes (o normas) en el espacio. Cap. 17, párrs. I a 37. Conflicto de leyes (o normas) en el tiempo. Cap. 17, párrs. 38 a 61. Conflictos colectivos de trabajo. Cap. 28, párr. 46. Conocimiento en general. Grados del. Cap. 2, párr. 2. - conocimiento científico. Cap. 2, párr. 5.

- conocimiento filo.sófico. Cap. 2, párr. 11. - conocimiento vulgar. Cap. 2, párr. 3. Conocimiento jurídico; grados del. Cap. 2, párr. 12. Consecuencia jurídica, Cap. 6, párr. 2. Consejo de la Magistratura (de la Justicia Nacional), Cap. 23, párrs. 127 y 128. Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Cap. 24, párr. 76. Consejos de Guerra Especiales, Cap. 24, párr. 78. Consejos de Guerra Permanentes, Cap. 24. párr. 77. Constitución, La; acepciones. Cap. 21, párr. 105, - clasificaciones. Cap. 21, párr. i 14. - diferencia con carta y pacto. Cap. 21. párr. 112. - partes de una constitución. Cap. 21. párr. 110. - primera. Cap. 7, párr. 5. Constituciones pontificias. Cap. 30, párr. 12, inc. "a". Construcciones jurídicas, Método de las. Cap. 16, párr. 74. Contencioso-administrativo, Lo, Cap. 22, párrs. 29 y 32. Contrato, Cap. 26, párr. 33. Contrato colectivo de trabajo. Cap. 28, párrs. 27 y 45. Contrato individual de trabajo. Cap. 28, párr. 37. Contrato social. El, Cap. 18, párr. 11; Cap. 19, párr. 5. Contratos administrativos. Cap. 22, párr. 19. Contratos aeronáuticos. Cap. 29, párr. 31. Contratos civiles. Cap. 26, párrs. 6 y 33, inc. 1. Contratos comerciales (tradicionales y actuales). Cap. 26, párr. 59. Contratos navales o marítimos. Cap. 29, párr. 10. Contravenciones o faltas. Cap. 24, párr. 62. Contribuciones, Cap. 22, párr. 44. Convencionalismos sociales. Cap. 4, párrs. 35. 36 y sigs. - relaciones y diferencias con el Derecho y la Moral, Cap. 4, párr. 39.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS Convenciones colectivas de trabajo. Cap. 28, párrs. 27 y 45. Convivencia social y derecho. Cap. 1, párr. 44. Corporativismo, Cap. 28, párr. 36, n. 35. Corpus htris Canonici, Cap. 30, párr. 21, inc. "d". Corpus luris Civilis, Cap. 19, párr. 51, inc. "e". Corte Penal Internacional, Cap. 25, párr. 7. Cosas, Cap. 26, párr. 15. - clasificaciones. Cap. 26, párr. 18. - diferencia con los bienes, Cap. 26. párr. 17. - su papel en el derecho, Cap. 6. párr. 6. Costumbre jurídica, La, Cap. 13, párr. 1. - caracteres. Cap. 13, párr. 6. - clasificaciones, Cap. 13, párr. 8. - como fuente del derecho. Cap. 13, párr. 1. - derogatoria. Cap. 12, párr. 58. - diferencia con el derecho legislado. Cap. 13, párr. 7. - diferencia con los usos sociales. Cap. 13, párr. 5. - elementos de la costumbre obligatoria. Cap. 13, párr. 4. - formación. Cap. 13, párr. 10. - prueba. Cap. 13, párr. 9. - valor en el derecho argentino, Cap. 13, párr. 15. - valor en las distintas ramas del derecho. Cap. 13, párr. 13. Criminología, Cap. 24, párr. 13. Criticismo eticista. Cap. 18, párrs. 54 a 56. Criticismo jurídico. Cap. 18, párr. 48. Criticismo logicista. Cap. 18, párr. 49. Cuasicontrato, Cap. 26, párr. 34. Cuasidelito, Cap. 26, párr. 37. Cuestiones de derecho. Cap. 14. párr. 48. Cuestiones de hccHo, Cap. 14, párr. 48. Culpa, Cap. 5, párrs. 87 a 89. Cultura (en sentido filosófico). Cap. 1, párr. 23. Culturalismo, Cap. 18, párr. 55, inc. 3.

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—D— Deber jurídico. Cap. 6, párr. 88. - clasificaciones. Cap. 6, párr. 90. - denominaciones, Cap. 6, párr. 89. Deber ser axiológico. Cap. 5, párr. 4 infine. Deber ser lógico. Cap. 5, párr. 4. Deberes fundamentales del hombre. Cap. 21, párr. 89. Declaración unilateral de voluntad. Cap. 26. párr. 42. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Cap. 25, párr. 11, n. 5. Decretos, Cap. 12, párr. 61. - clasificación. Cap. 12, párr. 63. - denominaciones, Cap. 12, párr. 62. Decretos-leyes, Cap. 12, párr. 67. - su vigencia. Cap. 12, párr. 67. Defensa Nacional, Ley de. Cap. 24, párr. 85. La ley actual sobre dicha materia (23.554, de 1988) derogó la 16.970. Definiciones, Cap. 1, párr. 8, n. 1; Cap. 9, párr. 16. Delito: - civil, Cap. 26, párr. 36. - culposo. Cap. 5, párrs. 87 a 89. - doloso. Cap. 5, párrs. 82 a 86. - militar. Cap. 24, párr. 88. - penal. Cap. 24, párrs. 39, 50 y esp. 59. Demanda judicial. Cap. 23, párr. 47, inc. 1. Democracia, Cap. 21, párr. 84, inc. I y párr. 103, n. 35. - burguesa. Cap. 21, párr. 94. - económica. Cap. 21, párr. 94. - individualista. Cap. 21, párr. 94. - liberal-burguesa. Cap. 21, párr. 94. - política. Cap. 21, párr. 94. - social o integral. Cap. 21, párr. 94. Deontología jurídica. Cap. 8, párr. 2. Derecho, El: - acepciones de este vocablo. Cap. 1, párr. 3. - caracteres. Cap. 4, párr. 15.


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- como objeto cultural. Cap. I, párr. 42. - concepto, Cap. 1, párr. 7. - definiciones, Cap. !, párrs. 8, 12 y 13; Cap. 9, párr. 30. • - desde el punto de vista objetivo y subjetivo, Cap. 6, párr. I O, - desigualdad subjetiva e igualdad objetiva. Cap. 6, párr. 23. - diferencia con la arbitrariedad. Cap. 8, párr. 52. - diferencia con la moral, Cap. 4, párr. 15. - diferencia con los usos sociales. Cap. 4. párr. 39. - fin del derecho, Cap. I, párr. 14. - función del derecho. Cap. I, párr. 44. - objeto del derecho. Cap. 1, párr. 11. - origen del derecho, Cap. 19, párr. 2. - prioridad entre el derecho objetivo y el derecho en sentido subjetivo, Cap. 6, párr. 26. - relaciones con la Moral, Cap. 4, párr. 34. - transformaciones, Cap. 19, párr. 18. - y ciencias sociales. Cap. 2, párr. 19. - y demás normas de convivencia social. Cap. 4, párr. 1. - y Estado, Cap. 21, párr. 34. - y libertad. Cap. 1, párr. 48. - y moral. Cap. 4, párr. 13. - y sociedad. Cap. I, párr. 43. - y vida humana. Cap. 1, párr. 43. Derecho a cumplir el propio deber. Cap. 6, párr. 37. Derecho a la intimidad. Cap. 6, párr. 33; n. 5 y párr. 54. Derecho a la libre expresión del pensamiento. Cap. 21, párr. 92. Derecho a la revolución. Cap. 19, párr. 40. Derecho a la vida. Cap. 6, párr. 54. Derecho Administrativo, Cap. 22. - caracteres, Cap. 22, párr. 15. - concepto. Cap. 22, párr. 2. - contenido. Cap. 22, párr. 18. - división, Cap. 22, párr. 17. - fuentes, Cap. 22, párr. 34.

- relaciones con el Derecho Constitucional, Cap. 22, párr. 14. - servicios públicos. Cap. 22, párr. 24. Derecho adquirido, Cap. 17, párr. 47. Derecho aéreo. Cap. 29, párr. 18. Derecho aeroespacial, Cap. 29, párr. 18. Derecho Aeronáutico, Cap. 29, párr. 16. - autonomía, Cap. 29, párr. 19. - caracteres. Cap. 29, párr. 21. - contenido. Cap. 29, párr. 25. - denominaciones. Cap. 29, párr. 18. - fuentes. Cap. 29, párr. 37. Derecho Agrario (v. Derecho Rural, Cap. 27. párr. 35); Cap. 27, párr. 39. Derecho al honor, Cap. 6, párr. 54. Derecho al nombre. Cap. 6, párr. 54. Derecho angloamericano (v. Common law. Cap. 15, párr. 24). Derecho antiguo: su simbolismo, Cap. 19. párr. 14. Derecho Canónico, Cap. 30, párrs. 1 y sigs. - denominaciones, Cap. 30, párr. 5. - diferencia con el Derecho Eclesiástico. Cap. 30, párr. 4. - divisiones. Cap. 30, párr. 6. - fuentes formales. Cap. 30, párr. 12 (Código de Derecho Canónico, Cap. 30, párr. 13). - público y privado. Cap. 30. párr. 7. Derecho Civil, Cap. 26, párrs. 1 y sigs. - antecedentes históricos. Cap. 26, párr. 45. - caracteres. Cap. 26. párr. 4. - concepto (criterios diversos), Cap. 26, párr. 1. - contenido, Cap. 26, párr. 6. - denominaciones. Cap. 26, párr. 2. - fuentes. Cap. 26, párr. 46 (Código Civil Argentino, Cap. 26. párr. 46). Derecho Comercial, Cap. 26, párrs. 48 y sigs. - antecedentes históricos. Cap. 26, párr. 72. - caracteres, Cap. 26. párr. 52. - concepto (criterios diversos). Cap. 26. párr, 48. - contenido. Cap. 26, párr. 54.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS - divisiones, Cap. 26, párr. 64. - fuentes, Cap. 26, párr. 76. - relaciones y diferencias con el Derecho Civil, Cap. 26, párr. 65. Derecho (EP) como hecho. Cap. 18, párr. 36. Derecho Comparado, Cap. 2, párr. 125. Derecho Constitucional, Cap. 21, párr. 86. - caracteres, Cap. 21, párr. 81. - concepto. Cap. 21, párr. 79. - contenido. Cap. 21, párr. 87. - diferencia con el Derecho Político, Cap. 21, párr. 80. - divisiones. Cap. 21, párr. 85. - historia, Cap. 21, párr. 143. - origen de la Ciencia del Derecho Constitucional, Cap. 21, párr. 143 infine. Derecho consuetudinario (v. Costumbre jurídica). Cap. 13, párrs. 1 y sigs. - diferencia con el derecho legislado. Cap. 13, párr. 7. Derecho contravencional, Cap. 24, párr. 62. Derecho de acción (v. Acción, Cap. 23. párr. 53). Derecho de gentes. Cap. 25, párr. 10, inc. 2. Derecho de habitación. Cap. 6, párr. 64, inc. 3 (v. Uso y habitación). Derecho de la Navegación, Cap. 29, párrs. 1 y sigs. - autonomía. Cap. 29, párr. 5. - contenido. Cap. 29, párr. 8. - denominaciones. Cap. 29, párr. 4. - división. Cap. 29, párr. 14. - fuentes. Cap. 29, párr. 15. Derecho de la Revolución, Cap. 19, párr. 47. Derecho de libertad. Cap. 6, párr. 36. Derecho de Minería (v. Derecho Minero). Derecho de Patronato, Cap. 30, párr. 4. Derecho del obligado, Cap. 6, párr. 37. Derecho del Trabajo, Cap. 28, párrs. 1 y sigs. - caracteres'. Cap. 28, párr. 7. - contenido, Cap. 28, párr. 32. - denominaciones, Cap. 28, párr. 5. - fuentes. Cap. 28, párr. 19.

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- historia. Cap. 28, párr. 50. - leyes argentinas. Cap. 28, párrs. 39 y sigs. Derecho Disciplinario Militar, Cap. 24, párr. 68. Derecho Eclesiástico, Cap. 30, párr. 4. - diferencia con el Derecho Canónico, Cap. 30, párr. 4. - fuentes del Derecho Eclesiástico Argentino, Cap. 30, párr. 23. Derecho en sentido subjetivo, Cap. 6, párr. 10. Derecho escrito. Cap. 13. párr. 2; Cap. 12, párr. 14. Derecho Espacial, Cap. 29, párr. 18. Derecho extranjero. Aplicación en el país. Cap. 17, párr. 36. Derecho Federal: - sentido político de la expresión. Cap. 14, párrs. 70, 71 y 72. - significado procesal. Cap. 14, párr. 74. - significado técnico-legal. Cap. 14, párr. 73. Derecho Financiero, Cap. 22, párr. 36. - autonomía, Cap. 22, párr. 40. - contenido. Cap. 22, párr. 44. - denominaciones. Cap. 22, párr. 43. - fuentes. Cap. 22, párr. 52. Derecho fiscal, Cap. 22, párr. 43. Derecho Industrial, Cap. 6, párr. 75. Derecho injusto. Cap. 8, párr. 12. Derecho Internacional Privado, Cap. 31, párrs. 1 y sigs. - contenido, Cap. 31, párr. 6. - división. Cap. 31, párr. 7. - fuentes. Cap. 31, párr. 10. - objeto. Cap. 31, párr. 3. - sistemas de Derecho Internacional Privado, Cap. 17, párrs. 8 y sigs. Derecho Internacional Público. Cap. 25, párr, 1. - caracteres. Cap. 25, párr. 11. - contenido. Cap. 25, párr. 14. - denominaciones. Cap. 25, párr. 10. - fuentes. Cap. 25, párr. 15. - historia. Cap. 25, párr. 23.


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- la sanción en esta rama del derecho. Cap. 25, párr. 8. Derecho internacional Público Americano, Cap. 25. párr. 19. Derecho judicial, Cap. 14, párr. 25. Derecho jurisdiccional. Cap. 14, párr. 25. Derecho jurisprudencial. Cap. 14, pan. 25. Derecho justo. Cap. 8, párr. 12. Derecho Laboral (v. Derecho del Trabajo, Cap. 28). Derecho legislado. Cap. 12, párr. 13. - diferencia con el derecho consuetudinario. Cap. 13, párr. 7. Derecho Libre, Escuela del, Cap. 16, párr. 52. Derecho Marítimo (v. Derecho de la Navegación, Cap. 29, párr. 4). Derecho Mercantil (v. Derecho Comercial, Cap. 26, párr. 51). Derecho Mercantil Marítimo, Cap. 26. párr. 62. Derecho Militar, Cap. 24, párr. 68. Derecho Minero, Cap. 27, párr. 1. - contenido, Cap. 27, párr. 6. - el petróleo. Cap. 27, párr. 23. - fuentes. Cap. 27. párr. 33. - historia. Cap. 27, párr. 34. - propiedad de las minas; régimen argentino, Cap. 27, párr. 13. - propiedad de las minas: sistemas diversos, Cap. 27, párr. 6. Derecho Municipal, Cap. 22. - autonomía: su discusión. Cap. 22. párr. 62. - fuentes. Cap. 22, párr. 64. - importancia del régimen municipal. Cap. 22, párr. 61. - régimen municipal: sistemas diversos. Cap. 22, párrs. 57 a 59. Derecho Natural: - concepto. Cap. 18, párr. 7. - de contenido variable (Stammler). Cap. 8. párr. 34. - Escuela Clásica del, Cap. 18, párr. 7. - Teoría del. Cap. 18, párr. 9.

Derecho no escrito. Cap. 13, párr. 2; Cap. 12, párr. 14. Derecho notarial. Cap. 3, párr. 18. Derecho objetivo, Cap. 6, párr. 12. Derecho obrero (v. Derecho del Trabajo, Cap. 28, párr. 5). Derecho Penal, Cap. 24. - caracteres. Cap. 24, párr. 16. - contenido. Cap. 24, párr. 33. - denominaciones. Cap. 24, párr. 15. - Escuelas penales: 1) Escuela Clásica, Cap. 24, párr. 34. 2) Escuela Positiva, Cap. 24, párr. 43. 3) Escuelas Intermedias, Cap. 24. párr. 57. - fuentes. Cap. 24, párr. 26. Derecho Penal Especial, Cap. 24, párr. 68, inc. "c". Derecho Penal Militar, Cap. 24, párr. 68, inc. "c". Derecho Político, Cap. 21. - antecedentes históricos (v. Origen del Estado, Cap. 21, párr. 46). - contenido. Cap. 21, párr. 10. - diferencia con el Derecho Constitucional, Cap. 21, párrs. 6 y 80. Derecho positivo. Cap. 10. - concepto. Cap. 10, párrs. 1 a 3. - ontologización del, Cap. 18, párr. 21. - ramas del, Cap. 20, párrs. 1 y 2. - ramas en formación. Cap. 20. párr. 7. - ramas: su origen y fundamento. Cap. 20. párr. I. - y derecho vigente, Cap. 10, párrs, 2 a 7. Derecho presupuestario. Cap. 22, párr. 45. Derecho privado y derecho público. Cap. 20. párrs. 11 y sigs. Derecho Procesal, Cap. 23. - caracteres. Cap. 23, párr. 9. - concepto, Cap. 23, párr. 1. - constitucional. Cap. 23. párr. I, inc. 2. - contenido. Cap. 23, párr. 18. - divisiones. Cap. 23, párr. 6.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

- fuentes. Cap. 23, párr. 87. - historia. Cap. 23, párr. 91. - proceso civil, Cap. 23, párr. 47. - proceso penal. Cap. 23, párr. 48. Derecho público y derecho privado, Cap. 20, párrs. 11 y sigs. - conclusión. Cap. 20, párr. 28. - teorías que no admiten la distinción. Cap. 20, párr. 27. - teorías sobre sus diferencias. Cap. 20, párr. 14. Derecho Puro, Cap. 2, párr. 87. Derecho Racional, Escuela del. Cap. 18, párr. 14. Derecho Romano, Cap. 19, párr. 51. Derecho Rural, Cap. 27, párr. 35. - codificación, Cap. 27, párr. 52 infuse. - contenido. Cap. 27, párr. 42. - denominaciones. Cap. 27, párr. 39. - fuentes. Cap. 27, párr. 51. Derecho Social (v. Derecho del Trabajo, Cap. 28, párr. 5). Derecho subjetivo. El, Cap. 6, párr. 30 (v. Derechos subjetivos). - concepciones iusnaturalista y positivista, Cap. 6, párr. 43. - formas. Cap. 6, párr. 33. - naturaleza (principales teorías). Cap. 6, párr. 38. - y libertad jurídica, Cap. 6, párr. 96, inc. "a". Derecho tributario. Cap. 22. párr. 43. Derecho uniforme. Cap. 31, párr. 2. Derecho vigente. Cap. 10, párr. 5. Derechos absolutos. Cap. 6, párr. 50. Derechos adquiridos. Teoría de los, Cap. 17. párr. 47. Derechos civiles. Cap. 21, párr. 91. Derechos creditorios. Cap. 6, párr. 56. Derechos culturales. Cap. 2!, párr. 93. inc. "c". Derechos de autor (v. Derechos intelectuales. Cap. 6. párr. 65). Derechos de familia, Cap. 6. párr. 55.

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Derechos de la personalidad. Cap. 6, párr. 54. Derechos económicos. Cap. 21, párr. 93. Derechos extrapatrimoniales. Cap. 6. párr. 52. Derechos fundamentales del hombre. Cap. 21, párr. 88. Derechos humanos fundamentales: - concepto. Cap. 21, párrs. 90 (inc. d) y 88. - denominación. Cap. 21, párr. 90, inc. "d". - protección internacional. Cap. 21, apéndice, párr. 153 y n. 48: Cap. 25, párr. 1, segundo ap. Derechos intelectuales, Cap. 6, párr. 65. Derechos naturales. Cap. 18, párr. 12; Cap. 6. párr. 43. Derechos patrimoniales, Cap. 6, párr. 52. Derechos personales, Cap. 6, párr. 56. Derechos políticos. Cap. 21, párr. 91. Derechos reales, Cap. 6, párr. 58. - doctrinas sobre la diferencia con los creditorios, Cap. 6, párr. 59. Derechos relativos. Cap. 6, párr. 50, inc. 2. Derechos sin sujeto, Cap. 6, párr. 31. Derechos sociales. Cap. 21. párr. 93, inc. "b". Derechos subjetivos. Cap. 6, párr. 30. - clasificaciones, Cap. 6, párr. 44. - teorías acerca de su naturaleza, Cap. 6, párr. 38. - y libertad jurídica, Cap. 6. párrs. 94, inc. "a", y 96, inc. "a". Derechos subjetivos privados. Cap. 6, párr. 49. Derechos subjetivos públicos. Cap. 6. párr. 45. Derogación de la ley y demás normas jurídicas. Cap. 12, párr. 54. - formas. Cap. 12, párr. 56. Descubrimiento de minas. Cap. 27, párr. 20. Desenvolvimiento del derecho (v. Transformación del derecho. Cap. 19, párr. 18). Desigualdad subjetiva e igualdad objetiva del derecho. Cap. 6. párr. 23. Despido del trabajador. Cap. 28. párr. 42. Desuetudo, Cap. 12, párr. 59. Desvalor, Cap. 8, párr. 3, inc. 4. Dignidad humana. Cap. 21, párr. 51.


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Disciplina, Cap. 1, párr. 1 - concepto. Cap. I, párr. 1. - científica. Cap. 1, párr. 1. Disciplinas Jurídicas, Las, Cap. 2, párr. 22. - Ciencia del Derecho (o Dogmática Jundica). Cap. 2, párr. 24. - Ciencia del Derecho Comparado, Cap. 2, párr. 125. - Filosofía del Derecho, Cap. 2, párr. 53. - Historia del Derecho, Cap. 2, párr. 104, - Psicología del Derecho, Cap. 2, párr. 130. - Sociología del Derecho, Cap. 2, párr. 118. - Teoría General del Derecho, Cap. 2, párr. 74. Disciplinas que estudian los problemas fundamentales del derecho (v. Disciplinas Jurídicas). Discrecionalidad (v. Facultad discrecional. Cap. 22, párr. 23, inc. "b"). Discusión (en el procedimiento formativo de las leyes), Cap. 12, párr. 31. Doctrina, La, Cap. 14, párr. 87. - como fuente del derecho. Cap. 14, párr. 88. - importancia. Cap. 14, párr. 89. Dogmática Jurídica, La, Cap. 2, párrs. 24 y 32. Dolo, Cap. 5, párrs. 82 a 86. Dominio (derecho de), Cap. 6, párr. 64, inc. 1. Dominio público, Cap. 22, párr. 26.

—E— Egológica del Derecho, Teoría. Cap. 18, párr. 58. Elementos constitutivos del derecho. Cap. 5, párr. 100. Empleador, Cap. 28, párr, 34. Enciclopedia Criminológica, Cap. 24, párr. 5. Enciclopedia Jurídica, Cap. 2, párr. 82. Endocrinología Criminal, Cap. 24, párr. 12. Endogamia, Cap. 21, párr. 54. Endonorma, Cap. 5, párrs. 9 y 32. Enfiteusis, Cap. 6, párr. 64. Enriquecimiento sin causa o ilícito. Cap. 26, párr. 41, inc. "a".

Equidad, La, Cap. 8, párr. 44. - aclaraciones previas. Cap. 8, párr. 44. - concepto. Cap. 8, párr. 46. - concepto de Aristóteles, Cap. 8, párr, 51. - doble función de la equidad, Cap. 8, párr. 47. - en el common law. Cap. 8, párr. 50; Cap. 15, párr. 30. - en el derecho argentino. Cap. 8, párr. 49. - en la Antigua Roma, Cap. 8, párr. 51, inc. 2. - y tribunales de equidad. Cap. 8, párr. 48. Error de derecho; - clases. Cap. 14, párrs. 51 y 52. - de los habitantes en general. Cap. 12. párr. 47. - de los jueces en la aplicación de la ley. Cap. 14, párr. 50. Error de hecho: - de los habitantes en general. Cap. 12. párr. 47. - de ios jueces en ia aph'cación de la iey. Cap. 14, párr. 50. Errores en las leyes. Cap. 16, párr. 29 infine. Escalafón militar (y equivalencia de grados en las tres armas). Cap, 24, párr. 91. Escepticismo jurídico: negación de la posibilidad de una Ciencia del Derecho, Cap. 2. párr. 47. Escolasticismo (v. Filosofía Escolástica o Tomismo, Cap. 18, párr. 2). Escribanía, Cap. 3, párr. 18. Escuela Analítica de Jurisprudencia, Cap. 2. párr. 81, inc. 1. Escuela Clásica de Derecho Penal, Cap. 24. párr. 34. Escuela Clásica del Derecho Natural. Cap. 18. párr. 7. Escuela de Badén, Cap. 18, párr. 48. Escuela de los Glosadores, Cap. 2, párr. 49. Escuela de los Posglosadores, Cap. 2, párr. 50. Escuela de Viena (Teoría Pura del Derecho), Cap. 18, párr. 50.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA ÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICO DE MATERIAS Escuela del Derecho Racional, Cap. 18, párr. 14. Escuela Económica (v. Materialismo Histórico, Cap. 18. párr. 28). Escuela Histórica del Derecho, Cap. 18, párr. 19. Escuela Histórica Francesa, Cap. 2, párr. 51. Escuela Político-Criminal. Cap. 24, párrs. 58 y 59. Escuela Positiva del Derecho Penal, Cap. 24, párr. 43. Escuela Tomista (v. Filosofía Escolástica o Tomismo, Cap. 28, párr. 2). Escuelas filosófico-jurídicas. Cap. 18, párr. Escuelas intermedias de Derecho Penal, Cap 24, párr. 57. Espacio aéreo: su condición jurídica. Cap. 21 párr. 16; Cap. 29, párr. 18. Espacio aéreo extraterrestre. Cap. 29, párr. 18 Espacio aéreo supraterrestre. Cap. 29, párr. 18, Espacio aéreo terrestre. Cap. 29, párr. 18. Espacio aéreo ultraterrestre. Cap. 29, párr. 18 Espiritualización del derecho. Cap. 19, párr. 17 Estado, El, Cap. 21, párrs. 11 y sigs. - definición. Cap. 21, párr. 12. - elementos del. Cap. 21, párr. 14. - fines del, Cap. 21, párr. 41. - formas de Estado, Cap. 21, párr. 75. - naturaleza del. Cap. 21, párr. 44. - origen del. Cap. 21, párr. 46. - personalidad jurídica del. Cap. 5, párrs. 48 a 52; Cap. 22, párrs. 20 y 21; Cap. 26, párr. 9, inc. "a". - y Derecho, Cap. 21, párr. 34. - y gobierno. Cap. 21, párr. 24. - y soberanía. Cap. 21, párr. 33. Estado constitucional (o Estado de Derecho), Cap. 21, párr. 95. Estado de Derecho, Cap. 21. párr. 95. Estado de naturaleza, Cap. 18, párr. 10. Estado peligroso. Teoría del. Cap. 24, párr. 28. Estatutos, Sistema de los. Cap. 17, párr. 9. Estilo jurídico. Cap. 9, párr. 12.

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Estimativa jurídica, Cap. 8, párr. 2. Ética, Cap. 4, párrs. 7 a 12. Ética profesional del abogado. Cap. 3, párr. 30. - Código de Ética aprobado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Cap. 3. párr. 41. - generalidades. Cap. 3, párr. 30. - naturaleza de las normas llamadas de "ética" profesional. Cap. 3, párr. 42. - normas especiales referentes a la aceptación o rechazo de los casos encomendados. Cap. 3, párr. 32. - normas generales para la vida profesional. Cap. 3, párr. 31. - Tribunal de Ética de la Abogacía, Cap. 3. párr. 45. Evolución, Cap. ¡9, párrs. 30 y sigs. Evolución histórica. Método de la. Cap. 16, párr. 43. Evolución revolucionaria. Cap. 19, párr. 32. Evolución y revolución. Cap. 19, párr. 30. Exogamia, Cap. 21, párr. 66. Experiencia y experiencia jurídica. Cap. 9, párr. 4. Exploración o cateo, Cap. 27, párr. 19. Extraterritorialidad de la ley. Cap. 17. párr. 4.

Facultad de inordinación. Cap. 6, párr. 37. Facultad de señorío. Cap. 6, párr. 36. Facultad discrecional. Cap. 22. párr. 23, inc. "b". Facultad jurídica (v. Derecho Subjetivo, Cap. 6, párrs. 11, inc. 2, y 14). Facultad reglada. Cap. 22, párr. 23, inc. "a". Facultamiento, Cap. 6, párr. 30. Fallos plenarios. Cap. 14. párr. 24. inc. 2. Falta disciplinaria militar. Cap. 24. párr. 70. Falta o contravención, Cap. 24, párr. 62. Familia consanguínea. Cap. 21, párr. 55. Familia: etimología. Cap. 21. párr. 57.


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Familia monogámica, Cap. 21, párr. 58. Familia patriarcal. Cap. 21, párr. 50; Cap. 21, párr. 57. Familia punalúa. Cap. 21, párr. 56. Familia sindiásmica. Cap. 21, párr. 57. Federal: acepciones del vocablo en el derecho argentino. Cap. 14, párr. 70. Fenomenología, Cap. 18, párr, 57. Fetiche, Cap. 21, párr. 64. Ficciones jurídicas. Cap. 9, párr. 18. Filosofía de los valores, Cap. 18, párr. 54. Filosofía del Derecho, Cap. 2, párr. 53. - contenido. Cap. 2, párr. 55. - definición. Cap. 2, párr. 54. - denominaciones. Cap. 2. párr. 70. - división. Cap. 2, párr. 69. - historia. Cap. 2, párr. 72. - importancia. Cap. 2, párr. 68. - problemas de la. Cap. 2, párr. 55. Filosofía Escolástica o Tomismo, Cap. 18, párr. 2. Filosofía Fenomenológica, Cap. 18, párr. 57. Filosofía Neoescolástica. Cap. 18, párr. 6. Fin del Derecho, Cap. 1, párr. 14. Finanzas, Ciencia de las. Cap. 22, párr. 41. Fines del Estado, Cap. 21, párr, 41. Flexibilidad laboral, Cap. 28, párr. 38. - en el derecho argentino. Cap. 28, párr. 38. Forma de los actos jurídicos. Cap, 9, párr. 13. Formación de las leyes (v. Procedimiento formativo de las leyes. Cap. 12, párr. 24). Formalismo, Cap. 8, párr. 55 infine; Cap, 9. párr, 13 infine; Cap, 19, párrs, 15 y concs. Fratría, Cap, 21, párr, 63, Fuente de validez de las normas jurídicas. Cap, 7, párr, 5, Fuentes del Derecho, Cap. 11, párrs. 1 y sigs. - acepciones de la expresión. Cap. 11. párr. 2. - de conocimiento. Cap. 11, párr. 2, ap. 1. - de producción. Cap. 11, párr. 3. - derivadas. Cap. 11, párr. 13. - formales. Cap. 11, párr. 15. - materiales (o reales). Cap. 11, párr. 7.

- originarias. Cap. 11. párr. 13, - reales (o materiales). Cap. 11, párr. 7. Fuentes formales del derecho. Cap. 11, párrs. 15 y sigs. - clasificación. Cap. 11. párr. 22. - concepto. Cap. 11, párr. 19. - jerarquía de dichas fuentes en el derecho argentino. Cap. 11. párr. 28, - jerarquía de dichas fuentes en los dos sistemas jurídicos del mundo, Cap. 11, párrs. 25 y sigs. Fuentes formales del derecho argentino (jerarquía), desde la reforma de la Const, Nac: - Const, Nac, Cap. 21, párr. 82. - en general. Cap. 11, párr. 28. - la costumbre (art. 17, Cód. Civ.): - en lo civil y en general. Cap. 13, párr, 15, ap, 1; - en lo comercial, Cap, 13, párr. 15, ap. 2; - en lo penal. Cap. 13, párr. 15, ap. 3. - la doctrina (como fuente material). Cap. 14, párr. 88. - la jurisprudencia, v. esp. Cap. 14, párrs. 42 a 44. - leyes análogas (art. 16, Cód. Civ,), Cap, 13, párr, 15. - leyes nacionales. Cap. 14, párr. 62. - nota sobre las leyes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, Cap. 14, párr. 62. - otros tratados internacionales. Cap. 25. párr. 15. - principios generales del derecho (art. 16. Cód. Civ.), Cap. 13, párr. 15, inc. 1, subinc. "b", infine. - tratados internacionales constitucionalizados. Cap. 25, párr. 15. Fuero de causa (o real). Cap. 24, párr. 84. Fuero personal. Cap. 24, párr. 84. Fuero real. Cap. 24, párr. 84. Fuerza. La (en el derecho). Cap. 21, párr. 25. Función administrativa, Cap. 22, párr. 2. Función del derecho. Cap. 1, párr. 44.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ALFABÉTICO DE MATERIAS PROHIBIDAÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN Función jurisdiccional, Cap. 22, párr. 2. Función legislativa. Cap. 22, párr. 2. Función social del abogado. Cap. 3, párr. 4. Función social del trabajo, Cap. 28, párr. ! 0.

—G— Ganado: régimen de propiedad. Cap. 27, párr. 48. Garantías. Cap. 21, párr. 88. Gastos públicos. Cap. 22, párr. 45. Giobalización, Cap. 28, párr. 38. - y soberanía, Cap. 2!, párr. 32. Glosadores. Escuela de los. Cap. 2, párr. 49. Gobierno o poder, Cap. 21, párr. 22. Gobiernos de facto, Cap. 19, párr. 47, n. 5. Golpes de Estado, Cap. 19, párrs. 37 y 38. Gradación de! ordenamiento jurídico. Cap. 7. párrs. 3 y 4, Gremio, Cap. 28, párr. 35. Guerra: - como sanción, Cap. 25, párr. 8. - concepción de Francisco de Vitoria, Cap. 25, párr. 31. - justa o injusta, Cap. 25, párr. 8. - lícita o ilícita, Cap. 25, párr. 8.

—H— Hábeas corpus. Acción de. Cap. 21, párr. 97, n. 34. Hecho jurídico. Cap. 5. párr. 59. - caracteres, Cap. 5, párr. 63. - clasificaciones, Cap. 5, párr. 64. - concepto. Cap. 5, párr. 60. - denominaciones, Cap. 5, párr. 62. - ilícito, Cap. 5, párrs. 32; 69 a 71. Hechos cumplidos. Teoría de los, Cap. 17, párr. 52. Hechos del derecho (v. Hecho jurídico). Hermenéutica Jurídica, Cap. 16, párr. 9. Heteronomía: - del derecho. Cap. 4, párr. 18.

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- en general. Cap. 4, párr. 18. Hipoteca, Cap. 6. párr. 64, inc. 5. Historia: - generalidades. Cap. 2. párrs. 105 a 108. - su utilidad práctica. Cap. 2, párr. 104, n. 57. Historia del Derecho, Cap. 2. párr. 104. - concepto. Cap. 2, párr. 104. - división. Cap. 2, párr. 115. - externa. Cap. 2, párr. 115. - historia, Cap. 2. párr. 117. - interna, Cap. 2, párr. 116. - y Dogmática Jurídica, Cap. 2, párr. 114. Historia de! pensamiento füosófico-jurídico (nociones relativas a dicho tema), Cap. 18. Historicismo jurídico. Cap. 18, párr. 19. Horda, Cap. 19, párr. 8. Huelga, Derecho de, Cap. 28, párr. 46. Humanismo, Cap. 21, párr. 42.

—I— Idea del derecho. Cap. 8, párr. 35, n. Minfine. Idea en sentido kantiano. Cap. 8, párr. 35, n. 12. Iglesia Católica (organización autoritaria). Cap. 30, párr. 12, Iglesia Evangélica (organización democrática). Cap, 30, párr. 12. n. 8. Ignorancia de! derecho. Cap. 12, párr. 47. Igualdad objetiva del derecho. Cap. 6, párr. 25. Ilícitos, Actos, Cap. 6, párr. 97, inc. I; Cap. 5, párr. 71. Impuestos, Cap. 22, párr. 44. Incapacidad: - de derecho. Cap. 26, párr. 13, inc. 1. - de hecho. Cap. 26, párr. 14. Incoercibilidad de la Moral, Cap. 4, párr. 21. Inconstitucionalidad de las leyes, Cap. 21, párr. 91; Cap. 12, párr. 60. Independencia económica. Cap. 27, párr. 25. Informática jurídica. Cap. 9, párr. 15. Informes, Prueba de. Cap. 23, párr. 74. Iniciativa (en el procedimiento formativo de las leyes). Cap. 12, párr. 26.


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Injusticia, Cap. 8. párr. 5. Inmuebles, Bienes, Cap. 26, párr. 19. Inspección ocular, Cap. 23, párr. 68. Instrumentos públicos y privados. Cap. 23. párr. 73. Integración del derecho. Cap. 16, párr, 66. - procedimiento de integración. Cap. 16, párr. 68. Interpretación de la ley (y demás normas jurídicas): - auténtica. Cap. 16, párrs. 14 y 15. - clases de, Cap. 16, párr. 12. - concepto. Cap. 16, párr, 7. - de la ley (v. Interpretación del Derecho, Cap. 16, párr. 7). - denominaciones. Cap. 16, párr. 9. - doctrinaria. Cap. 16, párr. 17. - extensiva. Cap. 16, párr. 19. - judicial, Cap. 16. párr. 12. - métodos (v. Métodos de interpretación). - necesidad de ella. Cap. 16. párr. 8. Introducción al Derecho, Cap. 2. párr. 137. - carácter. Cap. 2, párr. 139. - concepto. Cap. 2, párr. 137. - contenido. Cap. 2, párr. 141. - denominaciones. Cap. 2, párr. 138. - historia. Cap. 2, párr. 143. Inventos: régimen jurídico. Cap. 6, párr. 76. Irretroacti vidad de la ley. Principio de la. Cap. 17. párr. 42. - en el derecho argentino: - en lo civil, Cap. 17. párr. 55. - en lo penal. Cap. 17. párrs. 60 y 61. lus geiUium, Cap. 25, párr. 10, inc. 2. lusnaturalismo de contenido variable. Cap. 8. párr. 34.

—J— Jubilaciones, Cap. 28, párr..75. 7 Judicatura, Cap. 3, párrs. 7 y 15. Juez, Cap. 9, párr. 37.

Juicio, Cap. 23, párr. 45 (v. Proceso, Cap. 23, párr. 42). Juicio categórico. Cap. 5, párr. 7. Juicio civil (v. Proceso civil. Cap. 23, párrs. 46 y 47). Juicio condicional o hipotético. Cap. 5, párr. 8. Juicio de disenso. Cap. 26, n. 5. Juicio disyuntivo. Cap. 5, párr. 9. Juicio hipotético o condicional. Cap. 5. párr. 8. Juicio ordinario. Cap. 23, párr. 47. Juicio penal (v. Proceso Penal, Cap. 23. párrs. 46 y 48 a 52). Juicio por jurados, Cap. 9, párr, 38. Juicios atributivos. Cap. 5, párr. 3. Juicios del deber ser. Cap. 5, párr. 4. Juicios del ser. Cap. 5, párr. 3. Juicios entitativos. Cap. 5, párr. 3. Juicios enunciativos. Cap. 5, párr. 3. Juicios imputativos. Cap. 5, párr. 3. Juicios normativos. Cap. 5, párr. 3. Jurado, Cap. 9, párr. 38. Jurado de Enjuiciamiento de jueces "inferiores" de la Nación, Cap. 23, párr. 128. Juramento, Cap. 23, párr. 70. Jurídico: acepciones de e.sta palabra. Cap. 9, párr. 31. Jurisconsulto, Cap. 9, párr. 39. Jurisdicción, Cap. 23. - administrativa. Cap. 23, párr. 25. - contenciosa, Cap. 23. párr. 30. - contencioso-administrativa. Cap. 22, párr. 30. - delegada. Cap. 23, párr. 29. - disciplinaria militar. Cap. 24, párr. 83. - eclesiástica. Cap. 23, párr. 27. - judicial. Cap. 23. párrs. 23 y 26. - legislativa. Cap. 23, párr. 25. - militar. Cap. 24, párr. 82. - municipal. Cap. 23, párr. 25. - originaria. Cap. 23, párr. 29. - parlamentaria, Cap. 23, párr. 25. - penal militar. Cap. 23, párr. 83, inc. 3. - propia. Cap. 23, párr. 29, inc. 1.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ALFABÉTICO DE MATERIAS PROHIBIDA ÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN - temporal o secular, Cap. 23, párr. 27. - voluntaria. Cap. 23, párr. 30. Jurisprudencia, Cap. 14, párr. 22. - acepciones de este vocablo. Cap. 14, párr. 22. - cambios de, Cap. 14, párr. 45. - como fuente de derecho, Cap. 14, párr. 29. - denominaciones, Cap. 14, párr. 25. - división. Cap. 14, párr. 26. - en el common law, Cap. 15, párr. 27. - función creadora de la. Cap. 14. párr. 33. - obligatoriedad. Cap. 14, párr. 42. - problemas principales que plantea. Cap. 14, párr. 27. - procedimientos de unificación de la jurisprudencia en general. Cap. 14, párr. 48. - procedimientos de unificación de la jurisprudencia en el derecho argentino. Cap. 14, párr. 58. - sentimental. Cap. 16, párr. 52. - unificación de la. Cap. 14, párr. 46. - procedimientos de unificación en general, Cap. 14, párr. 48. - procedimientos de unificación en el derecho argentino. Cap. 14, párr. 58. Jurisprudencia Dogmática, Cap. 2, párr. 32, inc. 6. Jurisprudencia Técnica, Cap. 2, párr. 32, inc. 7. Jurista, Cap. 9, párr. 40. Justicia, La, Cap. 8, párr. 12. - acepciones de este vocablo, Cap. 8, párrs. 12, 13 y 14. - "administrarjusticia". Cap. 23,párr. 19. - como virtud (crítica). Cap. 8, párr. 20. - conmutativa. Cap. 8, párr. 24. - denominaciones. Cap. 8, párr. 15. - distributiva. Cap. 8, párr. 25. - doctrina de Aristóteles, Cap. 8, párr. 21. - doctrina de Cossio, Cap. 8, párr. 42. - doctrina de la Escuela Clásica del Derecho Natural, Cap. 8, párr. 29. - doctrina de Platón, Cap. 8, párr. 19.

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- doctrina de Santo Tomás de Aquino, Cap. 8, párr. 28. - doctrina de Stammier, Cap. 8, párr. 31. - doctrina en la Antigua Roma (Ulpiano), Cap. 8, párr. 27. - general. Cap. 8, párr. 22. - legal. Cap. 8, párr. 13. - particular. Cap. 8, párr. 23. - positiva, Cap. 8, párr. 13. - sentimiento de. Cap. 8, párr. 13. - social. Cap. 8, párr. 13. - y otros valores jurídicos. Cap. 8. párr. 11. Justicia Argentina (organización). Cap. 23, párr. 97. Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, Cap. 23, párr. 137. Justicia Nacional Argentina (organización). Cap. 23, párr. 127. Justicia Nacional de la Capital de la República (organización), Cap. 23, párrs. 139 y sigs. Justicia Provincial (de la Prov, de Buenos .Aires), Cap. 23, párrs. 144 y sigs.

—L— Lagunas de la legislación. Cap. 7, párr. 13. Lagunas del derecho. Cap. 7, párrs. 8 y 9. - sentido verdadero de la expresión. Cap. 7, párr. 16. - soluciones a este problema. Cap. 7, párr. 9. Leasing, Contrato de. Cap. 26. párr. 59, infine. Legislación: - acepciones. Cap. 9, párr. 34. - reforma de la (v. Derogación de la ley. Cap. 12, párr. 54). Ley: - en general. Cap. 12, párr. 4. - eterna, Cap. 18, párr. 3, inc. 1. - natural: - concepto científico. Cap. 12, párr. 6. - concepto filosófico. Cap. 18, párr. 3, inc. 2.


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- sociológica. Cap. 12, párr. 7. - su diferencia con las normas. Cap. 12, párr. 9. Ley jurídica, Cap. 12, párr. 12. - abrogación de la. Cap. 12, párr. 54. - acepciones. Cap. 12, párrs. 12 a 15. - aplicación de la (v. Aplicación del Derecho, Cap. 16). - clasificación de las leyes. Cap. 12, párr. 52 (v. Clasificación de las normas jurídicas. Cap. 5, párr. 12). - como fuente del derecho (importancia en el siste)Tia continental). Cap. 12, párr. 22. - de características especiales, Cap. 12. párrs. 21 y 48; Cap. 22, párrs. 45 a 50. - de orden público. Cap. 20, párrs. 30 y 31. - derogación. Cap. 12, párr. 54. - formas. Cap. 12, párr. 56. - desuso o desuetudo. Cap. 12, párr. 59 (v. Costumbre derogatoria. Cap. 12, párr. 58). - en sentido material y en sentido formal. Cap. 12, párr. 16. - formación de la. Cap. 12, párr. 24. - ignorancia de la. Cap. 12. párr. 46. - importancia como fuente del derecho en el sistema continental. Cap. 12, párr. 22. - integración de la (v. integración del Derecho, Cap. 16, párr. 66). - interpretación de la (v. Interpretación del Derecho, Cap. 16, párr. 7). - interpretativa. Cap. 16, párr. 14. - marcial, Cap. 24, párr. 85. - obligatoriedad (Comienzo de la), Cap. 12, párr. 49. - partes constitutivas de la. Cap. 12, párr. 23. - presunción de su conocimiento. Cap. 12, párr. 46. - promulgación (por el Poder Ejecutivo), Cap. 12, párr. 37. - publicación de la. Cap. 12, párr. 43. Ley marcial. Cap. 24, párr. 85.

Leyes: - argentinas, clasificación. Cap. 14, párr. 62. - clasificación de las, Cap. 12, párr. 52 (v. además Clasincación de las normas jurídicas. Cap. 5, párr. 12). - comunes (u ordinarias). Cap. 14, párr. 65. - conflicto de leyes en el espacio. Cap. 17, párrs. 1 y sigs. - cot\flicto de leyes en el tiempo. Cap. 17, párrs. 38 y sigs. - de características especiales. Cap. 12. párrs. 21 y 48; Cap. 22, párrs. 45 a 50. - de orden público. Cap. 20. párrs. 30 y 31. - federales. Cap. 14, párr. 66. - mixtas. Cap. 14, párr. 68. - nacionales. Cap. 14, párr. 63. - nacional-locales, Cap. 14, párr. 67. - ordinarias (o comunes). Cap. 14, párr. 65. - orgánicas. Cap. 12, párr. 53. - procedimiento formativo. Cap. 12, párr. 24. - secretas, Cap. 12, párr. 53. Libertad, La, Cap. 8, párr. 8. - de la voluntad. Cap. 1, párr. 51. - de prensa. Cap. 21, párr. 92. - espiritual. Cap. 1, párr. 48. - jurídica. Cap. 6, párr. 91. - moral. Cap. 4, párr. 33. - norma de. Cap. 7. párr. 14. - política, Cap. 8, párr. 9. - y derecho. Cap. 1, párr. 48. Libre investigación científica. Método de la. Cap. 16, párr. 45. Libres convicciones. Sistemas de las (en la apreciación de las pruebas). Cap. 23, párr. 84, inc. 2. Lícito, Cap. 5. párr. 9; Cap. 6, párrs. 97 a 99. Locits regit actitin, Cap. 17, párr. 23. Lógica, La, Cap. 5, párr. 1. Lógica aristotélica. Cap. 2, párr. 60. Lógica del deber ser. Cap. 2, párr. 60. Lógica del ser. Cap. 2, párr. 60.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA ÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICO DE MATERIAS Lógica jurídica, Cap. 2, párrs. 59 y 60. Lucha de clases. Cap. 18, párr. 33. Lucha por el Derecho, Teoría de la. Cap. 19, párr. 22.

—M— Magistrado, Cap. 9, párr. 36. Mal, El, Cap. 4, párr. 16. Mar territorial. Cap. 21, párrs. 14, n. 4y 15. Marcas, Cap. 6, párr. 80. Marcas y señales (del ganado). Cap. 27, párr. 48. Marxismo, Cap. 18, párr. 29. Materialismo histórico. Cap. 18, párr. 28. Matriarcado, Cap. 21, párr. 57. Matrimonio: capacidad para contraerlo. Cap. 26, párr. 14, n. 5. Mediación, Cap. 28, párr. 48, n. 44. Medidas de seguridad. Cap. 24, párrs. 2, 55 y 59, inc. 6. Menores, autorización para ejercer el comercio, Cap. 26, párr. 56 infine. Menores emancipados. Cap. 26, párr. 14 in fine. Método: - comparativo. Cap. 2, párr. 127. - discursivo. Cap. 18, párr. 57, inc. 2. - empírico-dialéctico. Cap. 16, párr. 59. - fenomenológico, Cap. 18. párr. 57, inc. 2. - intuitivo. Cap. 18, párr. 57. inc. 2. Método de interpretación del derecho, Cap. 16. párr. 22 (v. Interpretación de la ley). Son: - métodos modernos. Cap. 16. párr. 42. - métodos tradicionales. Cap. 16, párr. 28. Concretamente los métodos son: - de la evolución histórica. Cap. 16, párr. 43. - de la Ubre investigación científica. Cap. 16, párrs. 45 y 75. - dogmático o de los textos legales, Cap, 16, párr. 35. - exegético o histórico, Cap. 16, párr. 30. - filológico (o gramatical), Cap. 16, párr. 28. - gramatical (ofilológico),Cap. 16, párr. 28.

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- histórico o exegético. Cap. 16, párr. 30. - lógico-sistemático, Cap. 16, párr. 35. - posición de la Escuela del Derecho Libre, Cap. 16, párr. 52. - posición de la Teoría Egológica, Cap, 16. párrs. 58 a 63. - posición de la Teoría Pura, Cap. 16, párr. 57. - procedimiento de la Escuela Histórica, Cap. 16, párr. 38. Minas, Cap. 27, párr. 1. - sistemas de propiedad en genera!. Cap. 27, párr. 6. - régimen argentino. Cap. 27, párr. 13. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Argentina, Cap. 28, párr. 47. Minoría: derechos y deberes. Cap. 21, párrs. 31 y95, inc. 2 y n . 36. Modalidades del derecho. Cap. 11, párrs. 19 y 20 (v. Fuentes formales del derecho. Cap. 11, párrs. 15 y sigs). Modelos y diseños industriales (derechos sobre ellos). Cap. 6, párr. 78. Moral, Cap. 4, párrs. 13 a 21. - caracteres. Cap. 4, párrs. 22 a 36. - diferencia con el Derecho: - estudio sistemático. Cap. 4, párrs. 23 a 36. - estudio histórico. Cap. 4, párr. 37. - relaciones con el Derecho, Cap. 4, párr. 49. - y buenas costumbres. Cap. 20, párr. 32. Muebles. Cosas, Cap. 26, párr. 22. Municipalidad, Cap. 22, párr. 57. Municipio, Su régimen jurídico (v. Derecho Municipal, Cap. 22, párr. 53). Mutualidades, Cap. 28, párr. 66. Mutualismo, Cap. 28, párr. 66.

—N— Nación, Cap. 21, párr. 19. Nacional: significados de este vocablo. Cap. 14, párr. 60.


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Naciones Unidas, Cap. 25, párrs. 6, inc. "a", y 27. Naturaleza (concepto filosófico). Cap. 1, párr. 30. Navegación, Derecho de la. Cap. 29. Neotomismo, Cap. 18, párr. 6. Norma, Cap. 4, párr. 2. - clasificación. Cap. 4, párr, 7 (éticas y técnicas). - concepto, Cap. 4, párrs. 2 a 6. - o regla técnica. Cap. 4, párr. 7. Norma: - de libertad. Cap. 7, párr. 14. - ética, Cap. 4, párr. 7. - fundamental (o norma hipotética fundamental). Cap. 7, párr. 5. - hipotética fundamental. Cap. 7, párr. 5. Norma jurídica: - clasificaciones (v. Normas jurídicas, clasificaciones), Cap. 5, párr. 12. - diferencia con las leyes naturales. Cap. 12, párr. 6. - estructura lógica, Cap. 5, párr. 2. - juicio categórico. Cap. 5. párr. 7. - juicio disyuntivo. Cap. 5, párr. 9. - juicio hipotético. Cap. 5, párr. 8. - fuente de validez de la. Cap. 7, párr. 5. - relaciones y diferencias con las normas morales. Cap. 4, párr. 13. - teoría de la, Cap. 5, párrs. 1 y 2. - y regla técnica. Cap. 4, párr. 8. Normas jurídicas. Clasificaciones: - adaptativas. Cap. 20, párr. 23. - adjetivas, Cap. 5, párr. 21, inc. 2. - consuetudinarias, Cap. 5, párr. 16, inc. 2. - de coordinación, Cap. 20, párr. 24. - de derecho privado. Cap. 5, párr. 20, inc. 2. - de derecho público. Cap. 5, párr, 20, inc. 1. - de orden público. Cap. 5, párr. 26. - de subordinación. Cap. 20, párr. 24. - de vigencia determinada. Cap. 5, párr. 19, inc. 2. - de vigencia indeterminada. Cap. 5, párr. 19. inc. 1.

-

declarativas. Cap. 5, párr. 25. derivadas. Cap. 5, párrs. 14 y 15, inc. 2. dispositivas. Cap. 5, párr. 26, inc. 2. distributivas. Cap. 20, párr. 23. explicativas, Cap. 5, párr. 25. fundamentales. Cap. 5, párrs. 14 y 15. generales, Cap. 5, párr. 12, inc. 1 y párr. 18. inc. 1. - imperativas. Cap. 5, párr. 22. - individuales. Cap. 5, párr. 12, inc. 2. - individualizadas. Cap. 5, párr. 12, inc. 2: Cap. ll.párrs. 22y 23. - internacionales. Cap. 5, párr. 17. - interpretativas, Cap. 5, párr. 25. - jurisprudenciales. Cap. 5, párr. 16, inc. 3. - legisladas. Cap. 5, párr. 16, inc. 1. - locales. Cap. 5, párr. 18. inc. 2. - nacionales. Cap. 5. párr. 17. - no imperativas. Cap. 5, párrs. 22,24 y 25. - particulares. Cap. 5, párr. 12, inc. 2; Cap. 11, párrs. 22 y 23. - permisivas. Cap. 5, párr. 24. - subsidiarias. Cap. 5, párr. 26, inc, 2. - supletorias, Cap. 5. párr. 26, inc. 2, - sustantivas. Cap. 5, párr. 21, inc. 2. - taxativas. Cap. 5, párr. 26. Normas; - morales. Cap. 4, párrs. 12 y 13. - religiosas. Cap. 4, párr. 41. - (o reglas) técnicas. Cap. 4, párr. 7.

—O— Objetivo, Cap. 1, párr. 52, n. 17. Objeto del derecho, Cap. 1, párr. 11. Objetos: - clasificación. Cap. 1, párr. 21. - concepto. Cap. 1, párr. 20. - culturales. Cap. 1, párr. 22. - ideales. Cap. 1, párr. 36. - metafísicos, Cap. 1, párr. 41. - naturales. Cap. 1, párr. 30. - teoría de los. Cap. 1, párr. 19.



- y derecho, Cap. 1, párr. 42. Obligación: - acepciones. Cap. 6, párrs. 57, 61,62 y 89. - natural, Cap. 6, párr. 39, n. 11. Obligaciones, Cap. 6, párr. 57, - fuentes de las. Cap. 26, párrs. 32 y sigs. Obligamiento, Cap. 6, párr. 88. Obligatoriedad, Comienzo de la (en el procedimiento formativo de las leyes). Cap. 12, párr, 49. Ontología. Cap. 1, párr. 21, n. 7. Ontología Jurídica, Cap. 2, párr. 58, inc. 1. Orden, El, Cap. 8, párr. 55. Orden público. Cap, 20, párr. 29. - leyes de. Cap. 20, párr. 30. Ordenamiento jurídico. Cap. 7, párr. 1. - como sistema de actos creadores. Cap. 7. párr. 7. - como sistema de normas. Cap, 7, párr. 2. - estructura del. Cap. 7, párr. 7. - gradación del. Cap. 7, párr. 3. - plenitud hermética del. Cap. 7. párrs. 8, 14y 15. - teoría del. Cap. 7, párr. 1. Ordenanzas municipales. Cap. 22, párr. 64, inc, 4. Organización: - administrativa. Cap. 22, párr. 22. - administrativa aeronáutica, Cap. 29, párr. 26. - ciánica. Cap. 21, párr. 63. - judicial argentina (síntesis). Cap. 23, párrs, 97 y sigs. - territorial, Cap. 21, párr. 69. Orientación vocacional. Cap. 3, párr. 28. Origen del Derecho, Cap. 19, párrs. 2 y sigs. Origen del Estado, Cap. 19. párrs. 49 y 50; Cap. 21. párrs. 46 y sigs.

—P— Pacta sunt sen'anda, Cap. 25, párr. 29. Pacto, Cap. 21. párr. 113.

947

Pacto social (o contrato social). Cap. 19, párr. 5; Cap. 18, párrs. 11 y 12. Pase regio. Cap, 30, párr. 4. Patentes de invención. Cap. 6, párr. 76. Patriarcado (v. Teoría patriarcal, Cap. 21, párr, 50), Patrimonio, Cap. 26, párr. 17 in fine. Patronato, Derecho de, Cap. 30, párr. 4. Patrones, Cap. 28, párr. 34. Pena: - concepto de la Escuela Clásica, Cap. 24. párr. 42. - concepto de la Escuela Político-Criminal, Cap. 24, párr. 59, inc. 6. - concepto de la Escuela Positiva, Cap. 24, párr. 55. - en el derecho disciplinario militar. Cap. 24, párr. 88. Pensiones, Cap. 28, párr. 78. Pericial, Prueba, Cap. 23, párr. 72. Perinorma, Cap. 5, párr. 9. Peritos, Prueba de. Cap. 23, párr. 72. Persona, Cap. 5, párr. 35. - concepto jurídico. Cap. 5, párr. 46. - definición clásica y su crítica. Cap. 5, párr. 40. - definición correcta. Cap. 5, párr. 46. - denominación, Cap. 5, párr. 37. - etimología. Cap. 5, párr, 39. Personal aeronáutico. Cap. 29, párr, 29. Personalidad del Derecho, Sistema de la. Cap. 17, párr. 6. Personalidad jurídica: su esencia. Cap. 5. párr. 51. Personalismo filosófico. Cap. 18. párr. 55, inc. l;Cap. 21,párr. 42. Personas colectivas: - concepto. Cap. 5. párr. 40. - denominaciones. Cap. 5, párr. 46. - diferencia con la persona individual. Cap. 5, párr. 52. - en el derecho argentino. Cap. 26, párr. 9. - teoría sobre su naturaleza, Cap. 5, párr. 54.


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Personas de existencia ideal. Cap. 26, pánr. 9. Personas de existencia visible. Cap. 26, párr. 8, inc. 1. Personas físicas. Cap. 26, párr. 8. Personas jurídicas. Cap. 26, párr. 9. Personas por nacer, Cap. 26. párr. 8. Pesca, Cap. 27, párr. 50. Petróleo, El, Cap. 27, párr. 23. - aspecto económico y político del problema. Cap. 27, párr. 23. - nacionalización de!. Cap. 27. párrs. 30 y 32. inc. 3. - régimen argentino. Cap. 27, párr. 32, inc. 4. Pirámide Jurídica, Teoría de la. Cap. 7. párr. 3. Plataforma submarina (o plataforma continental). Cap. 21, párr. 15, n. 3. Plenitud hermética del ordenamiento jurídico. Cap. 7, párr. 8. Población, Cap. 21. párr. 18. Poder (o gobierno). Cap. 21, párr, 22. Poder constituyente. Cap, 21, párr, 122. Poder de policía. Cap. 22, párr. 27. Poder Ejecutivo, Cap. 21, párrs. 130 y 131. Poder Judicial, Cap. 21, párrs. 130 y 131. Poder Legislativo, Cap. 21, párrs. 130 y 131. Poderes de guerra. Cap. 24, párr, 83, n. 23, inc. II). Poderes, Doctrina de la separación de los. Cap. 21, párr. 130. Poderes militares. Cap. 24, párr. 83. n. 23, inc. 1). Policía, La, Cap. 22, párr. 27, inc. "b". Policía del trabajo. Cap. 28, párr. 17, inc. "b"; Cap. 22, párr. 27, inc. "b". Política: - acepciones. Cap, 21, párr, 9. - financiera. Cap. 22, párr. 42. - jurídica. Cap. 2, párr. 128. Positivismo jurídico. Cap. 18, párr. 34. Posglosadores, Escuela de los. Cap. 2, párr. 50. Potlatch, Cap. 21,párr. 73.

Práctica jurídica. Cap. 9, párr. 4. Prenda, Cap. 6, párr. 64, inc. 6. Presunción de conocimiento de las leyes, Cap, 12, párr. 46. Prestación, Cap. 5, párr. 68. Presunciones, Cap. 9, párr. 17; Cap. 23, párr. 75. - judiciales. Cap. 23, párr. 77. - legales. Cap. 23, párr. 76, inc. 1, - iiíiis lamwn. Cap. 23. párr, 76, inc, 1. subinc. "a". - inris el de iure. Cap. 23, párr, 76. inc. 1. subinc. "b". Presupuesto. Ley de, Cap. 22, párr. 45. Previsión Social, Cap. 28, párrs. 62 y 64. Principio de legalidad penal. Cap. 17, párr. 60; Cap. 24, párr. 26. Principios, Cap. 18, párr. 7. n. 8. Principios generales del derecho. Cap. 16, párr. 70, Prioridad entre el derecho objetivo y el derecho en sentido subjetivo. Cap, 6, párr, 26, Procedimiento. Cap, 23, párr. 43. Proceso, El, Cap. 23, párr. 42. - civil. Cap. 23. párr. 47. - contencioso-administrativo, Cap. 23, párr. 46. - contravencional. Cap. 23. párr. 46. - del trabajo. Cap. 23, párr. 46. - penal, Cap. 23, párrs. 48. 49, 50, 51 y 52. Procuración, La. Cap. 3, párr. 19, Procurador, Cap. 3, párr. 19. Prolegómenos del Derecho, Cap, 2, párr. 138, Promiscuidad, Cap, 21, párr. 54. Promulgación de las leyes. Cap. 12. párr. 37, - formas. Cap, 12, párr, 39, Propiedad (o dominio). Cap, 6, párr, 64. Propiedad horizontal. Cap. 26, párr, 28. n. 8, Propiedad industrial. Cap, 6, párr, 75. Propiedad intelectual, Cap. 6, párrs. 70 y 73. - - minera. Cap. 27, párrs. 1 y 6. inc. 1. - rural. Cap. 27, párr. 43. Prueba, Cap. 23, párr. 63.


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA ÍNDICE LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICO DE MATERIAS - apreciación de la. Sistemas diversos, Cap. 23, párr. 84. - clasificación de las pruebas. Cap. 23, párr. 78. - diferentes medios de prueba. Cap. 23, párr. 67. Pruebas legales. Sistema de las, Cap. 23, párr. 84,inc. 1. Psicología, Cap. 2, párr. 130, n. 70. Psicología del Derecho, Cap. 2, párr. 130. Psiquiatría Forense, Cap. 2, párr. 133, n. 71. Publicación de las leyes. Cap. 12, párr. 43. Pueblo, Cap. 21, párr. 21. Punalúa, Familia, Cap. 2!, párr. 56.

- Q Quiebra, La, Cap. 26, párr. 61.

—R— Racional, Escuela del Derecho, Cap. 18, párr. 14. Ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, Cap. 20, párrs. 1, 2 y 9. - aumento de las. Cap. 20, párr. 7. - origen y fundamento, Cap. 20, párrs. 1 y 2. Ramas del Derecho Positivo, Cap. 20, párr. 1. Realismo jurídico en general. Cap. 18, párr. 35. escandinavo (Escuela de Upsala), Cap. 18, párr. 47. estadounidense, Cap. 18, párr. 37. Recopilaciones, Cap. 12, párr. 69. Recurso de casación. Cap. 14, párrs. 53, 54 y esp. 55. Recurso de inaplicabilidad de la ley (nacional). Cap. 23, párr. 132. Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal (Prov. de Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, inc. 1. Recurso de nulidad extraordinario (Prov. de Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, inc. 2.

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Recurso extraordinario de inconstiiucionalidad (Prov. de Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, inc. 3. Recurso extraordinario nacional (o federal). Cap. 23. párr. 104. Recursos del Estado, Cap. 22. párr. 44. Referéndum popular. Cap. 21, párr. 129. Reforma de la legislación (v. Derogación de la ley y demás normas jurídicas, Cap. 12, párr. 54). Régimen municipal. Cap. 22. párr. 61 (v. Derecho Municipal, Cap. 22, párr. 53). Reglamento de la Justicia Nacional. Cap. 23. párr. 89. Reglamentos (v. Decretos, Cap. 12. párr. 61). - clasificación. Cap. 12, párr. 63. Reglas de aplicación del derecho. Cap. 16, párr. 77. Reglas del trato social (v. Usos sociales. Cap. 4, párr. 35). Reglas técnicas. Cap. 4. párrs. 9 y 11. Regulación de la conducta humana: normas éticas y reglas técnicas, Cap. 4, párr. 1. Relación jurídica. Cap. 6, párrs. 10 a 20. Relación jurídica internacional (o con elementos extranjeros). Cap. 31, párr. 1. Relación jurídica procesal. Cap. 23, párr. 93. Relativismo valorativo. Cap. 18, párr. 55. Repertorios de jurisprudencia. Cap. 14, párr. 41. Rescriptos, Cap, 30, párr. 16. Responsabilidad: - aeronáutica. Cap. 29, párr. 32. - concepto. Cap. 5, párr. 77. - de la Administración Pública, Cap. 22, párrs. 20 y 21. - de los abogados. Cap. 3, párr. 16. - del Estado, Cap. 22, párr. 20. - jurídica, Cap. 5, párr. 77. - y sanción. Cap. 5, párr. 77. - y transgresión. Cap. 5, párr. 77. Retroactividad benigna (en materia penal). Cap. 17, párr. 61.


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Retroactividad de las leyes. Principio de la. Cap. 17, párr. 40, inc. 1. Retroactividad, teorías sobre la. Cap. 17, párr. 46. Retroactividad. régimen argentino. Cap. 17, párr. 55. Revolución, Cap. 19, párr. 33. - como fuente del derecho, Cap. 11. párr. 13 infine. - derecho a la, Cap. 19. párr. 40. - derecho de la. Cap. 19. párr. 47. - Industrial. Cap. 28, párr. 51. - 2" Rev. Industr., Cap. 28. párr. 52. - 3" Rev. Industr., Cap. 28. párr. 52, n. 48. Riesgo creado. Teoría del, Cap. 28, párr. 94. Riesgos marítimos. Cap. 29, párr. 12.

—s— Saber: - científico. Cap. 2, párr. 5. - filosófico, Cap. 2, párr. 11. - vulgar. Cap. 2, párr. 3. Salvamento de aeronaves. Cap. 29, párr. 33. Salvamento de buques, Cap. 29. párr. 12. Sana crítica. Sistema de la, Cap. 23, párr. 85. Sanción jurídica. Cap. 5, párr. 72. - carácter. Cap. 5, párr. 74. - civil. Cap. 5. párr. 75, ap. I), inc. 1. - clasificaciones de las sanciones jurídicas. Cap. 5. párr. 75. - concepto. Cap. 5, párr. 72. - disciplinaria. Cap. 5. párr. 75. ap. I), inc. 3. - penal. Cap. 5, párr. 75, ap. I), inc. 2). Sanción legislativa (en el procedimiento formativo de las leyes). Cap. 12, párr. 36. Seguridad, La, Cap. 8, párr. 56. Seguridad Social. Cap. 28, párr. 71. Seguridad Social. Derecho de la. Cap. 28, párr. 72. Seguros comerciales. Cap. 26, párr. 60. Seguros sociales. Cap. 28, párr. 67.

Sentencia judicial. La, Cap. 14. párr. 6; Cap. 23. párr. 47, inc. 4. - concepto. Cap. 14, párr. 6. - fundamento jurídico de la sentencia y doctrina jurisprudencial, Cap. 14, párr. 18. - partes. Cap. 14, párrs. 14 a 17. Sentido y valor. Cap. 1, párr. 27. Sentimiento de justicia. Cap. 8, párr. 13. Señales y marcas. Cap. 27, párr. 48. Separación de los poderes. Doctrina de la. Cap. 21, párr. 130. Ser y deber ser. Cap. 18. párr. 51. Servicio público. Cap. 22, párr. 24. Servidumbre, Cap. 6, párr. 64, inc. 4. Silogismo jurídico. Cap. 16, párr. 4. Simbolismo del derecho antiguo. Cap. 19. párr. 14. Sindicatos, Cap. 28, párr. 35. Sistemática Jurídica. Cap. 2. párrs. 32 y 44. Sistematización jurídica. Cap. 2. párr. 28. Situación jurídica. Cap. 6, párr. 21. Soberanía, Cap. 21, párr. 28. Sociedad y Derecho, Cap. 1, párr. 43. Sociedades comerciales. Cap. 26, párr. 57. Sociología, Cap. 2. párr. 20. - especial. Cap. 2, párr. 20. - y ciencias sociales particulares, Cap. 2. párr. 20. Sociología Criminal. Cap. 24, párr. 8. Sociología del Derecho, Cap. 2. párr. 118. - concepto. Cap. 2, párr. 119. - división. Cap. 2. párr. 123. - historia. Cap. 2. párr. 124. Socorros mutuos. Sociedades de. Cap. 28, párr. 66. Solidarismo, Cap. 18. párr. 34, n. 16. Subrogación de las normas jurídicas. Cap. 12. párr. 54, inc. 3. Sujeto del derecho. Cap, 5, párr. 36. - activo. Cap. 5, párr. 37. - concepto. Cap. 5, párr. 40. - pasivo. Cap. 5, párr. 37. - qué "entes" pueden ser. Cap. 5, párr. 43.



Superficie, Derecho de. Cap. 6, párr. 64 infine. Supuesto jurídico, Cap. 5, párrs. 59 y 8.

_T— Tabú, Cap. 21, párr. 65. Técnica, Cap. 4, párrs. 7 y 8: Cap. 2, párrs. 44 y 45, Técnica Jurídica, Cap. 9, párr. I. - doctrinaria, Cap. 9, párr. 28. - jurisprudencial (o jurisdiccional), Cap. 9. párrs. 26 y 27. - legislativa. Cap. 9. párr. 20. - medios técnico-jurídicos. Cap. 9. párr. 7. - problemas de la, Cap. 9, párr. 7. - y Ciencia del Derecho. Cap. 2, párr. 45. - y Práctica Jurídica, Cap. 9. párr. 4. - y Tecnología, Cap. 4, párr. 10. Técnicas, Reglas, Cap. 4, párrs. 7 y 10; Cap. 9, párrs. 2 y sigs. Tecnología; concepto. Cap. 4, párr. 10. Teoría del Derecho Positivo. Cap. 2, párr. 32, inc. 3. Teoría Egológica del Derecho. Cap. 18, párr. 58. - Axiología Jurídica Pura, Cap. 18, párr. 58, inc. 4; Cap. 8, párr. 42. - concepto del derecho en la, Cap. 18, párr. 58, inc. 1. - Cossio. Carlos (su creador), obras, Cap. 18, párr, 58. n. 23. - denominaciones. Cap. 18, párr. 58. - estructura lógica de la norma jurídica (juicio disyuntivo). Cap. 5, párr. 9. - Filosofía del Derecho como filosofía de la ciencia del derecho. Cap. 2, párr. 67. - Filosofía del Derecho. Su división en esta teoría. Cap. 2, párr. 67. - interpretación del derecho. Cap. 16, párr. 58. ^ - Lógica Jurídica Formal, Cap. 18, párr, 58, inc, 2, - Lógica Jurídica o lógica del deber ser. Cap. 18, párr, 45, inc, 2,

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- Lógica Jurídica Trascendental. Cap, 18, párr, 58, inc. 3. - Método empírico-dialéctico (es el propio de la Dogmática Jurídica), Cap. 18, párr. 58, inc. 3; Cap. 16, párr. 59. - Nociones generales. Cap. 18, párr. 58. - Ontología Jurídica, Cap. 18, párr. 58, inc. 1, - Síntesis de la teoría, Cap. 18, párr. 58. Teoría Fundamental del Derecho. Cap. 2, párr. 95. Teoría General del Derecho, Cap. 2, párr. 74. - acepciones de esta expresión. Cap. 2, párr. 76. - sentidos actuales, Cap. 2, párr. 89. - significado histórico. Cap. 2. párr. 77. - autonomía. Cap. 2, párr. 96. - caracteres. Cap. 2, párr. 102. - concepciones similares (Escuela Analítica de Jurisprudencia, Enciclopedia Jurídica y Derecho Puro), Cap. 2, párr. 81. - concepto. Cap. 2, párr. 96. - denominaciones. Cap. 2, párr. 101. - divisiones. Cap. 2. párr. 103. - nociones preliminares, Cap. 2, párr. 74. Teoría matriarcal. Cap. 21. párr. 52. Teoría particular del Derecho, Cap. 2, párr. 32, inc. 4, Teoría patriarcal. Cap, 21, párr, 50, Teoría Pura del Derecho, Cap, 18, párr, 50 (posición en materia de interpretación del derecho. Cap, 16, párr, 57), Teoría tridimensional del Derecho (o Teoría Trialista). Cap, 18, párr. 59. Territorialidad del derecho. Sistema de la. Cap. 17, párr, 5, inc, 1. Territorio, El, Cap. 21, párr. 15. Tiempo; - espiritual, Cap. 2, párrs. 107 y 108. - existencial. Cap. 2, párrs. 107 y 108. Tomismo, Cap. 18, párr. 2. Tomista, Escuela, Cap. 18, párr. 2. Totalitario, Estado, Cap. 21, párr. 76, inc. "b".


952


Tótem, Cap. 21, párr. 64, inc. "a"; Cap. 19, párr. 7. Trabajador, El, Cap. 28, párr. 33. Trabajo, Derecho del (v. Derecho del Trabajo, • Cap. 28, párr. 1). Trabajo, El, como función social. Cap. 28, párr, 10. Tradición, Cap. 2, párr. 107 infine. Transformaciones del derecho. Cap. 19. párr. 18. Transgresión. Cap. 5, párr. 69. Transpersonalismo, Cap. 18, párr. 55, inc. 2; Cap. 21, párr. 43. Tratados internacionales. Cap. 25, párr. 15. Tribunales argentinos. Cap. 23. párr. 97. Tribunales de la Ciudad (autónoma) de Bs. As., Cap. 23, párr. 137. Tribunales militares, Cap. 24. párrs. 76 y 84 (competencia). Tribunales militares "de honor". Cap. 24. párr. 82, n. 22. Tribunales nacionales. Cap. 23, párr. 127. Tribunales nacionales de la Capital de la Repiíblica. Cap. 23, párrs. 139 a 143. Tribunales provinciales. Cap. 23, párrs. 97 (inc. "b"), 100 y 145.

—u— Ultraactividad: - delasnonnasjundicas.Cap.5,párr. 19, inc. 2. - de los convenios colectivos de trabajo. Cap. 28. párr. 27, n. 14. Unificación de la jurisprudencia. Cap. 14, párr. 46. - generalidades. Cap. 14. párr. 46, inc. "A". - procedimientos de unificación en el Derecho Argentino. Cap. 14, párr. 58. 1) en la Justicia Argentina, Cap. 14, párr. 83. 2) en la Justicia Nacional. Cap. 14, páiT. 84. 3) en la Justicia Provincial, Cap. 14, párr. 85. - procedimientos de unificación en general. Cap. 14, párr. 48. Unificación de la quiebra y el concurso. Cap. 26, párr. 61.

Unificación de las obligaciones y contratos. Cap. 26, párr. 59. Unilateralidad de la Moral, Cap. 4, párr. 17. Unilateralidad de los Usos Sociales, Cap. 4, párr. 39. Universidad de Bolonia, Cap. 2, párr. 48. Universidades argentinas: régimen legal. Cap. 3, párr. 10, n. 4. Usos sociales. Cap. 4. párr. 35. - denominaciones. Cap. 4, párr. 36. - naturaleza, Cap. 4, párr. 37. - relaciones y diferencias con las normas jurídicas y morales. Cap. 4, párr. 39. Usufructo, Cap. 6, párr. 64, inc. 2.

—V— Vacaciones anuales. Cap. 28, párr. 41. Vacatio ¡egis. Cap. 12, párr. 50 infine. Validable; carácter de la moral. Cap. 4, párr. 28. Validez de las normas jurídicas. Cap. 7. párr. 5. Valores, Filosofía de los (v. Criticismo Eticista. Cap. 18. párrs. 54 y 55). Valores jurídicos. Cap. 8, párr. 4. - según Cossio, Cap. 8, párr. 7. - puros y positivos. Cap. 8, párr. 6. - y justicia. Cap. 8. párr. 12. Valores, Los (en gral.). Cap. 8, párr. 3. - caracteres. Cap. 8. párr. 3. Veto, Cap. 12, párr. 42. Vida humana: - Filosofía, Ciencia del Derecho y. Cap. 1. párr. 45. - y derecho. Cap. 1, párr. 43. Vigencia del derecho. Cap. 10, párr. 5. Vocabulario jurídico. Cap. 1, párr. 2; Cap. 9. párrs. 8. 9, 29 y sigs. Vocación jurídica. Cap. 3, párr. 20. - y aptitudes personales para la abogacía. Cap. 3, párr. 24. Voluntad del Estado, Cap. 11, párr. 11.



ÍNDICE SISTEMÁTICO * Prólogo a esta edición Prólogo a la decimotercera edición Prólogo a la undécima edición

7 9 13

PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN GENERAL EL DERECHO Y DISCIPLINAS QUE LO ESTUDIAN. LIBERTAD ESPIRITUAL Y LIBERTAD JURÍDICA. LA ABOGACÍA Y OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS CAPÍTULO 1

EL DERECHO, LA LIBERTAD Y LA VIDA HUMANA. LA TEORÍA DE LOS OBJETOS Secc. I.— EL DERECHO Aclaraciones previas, 21.— Acepciones del vocablo "derecho", 22.— Concepto de derecho, 24.— Definición ontológica elemental, 24.— Objeto del derecho, 25.— Definición ontológica más precisa de derecho, 26.— Definición integral del derecho, 27.— Fin "del derecho", 29.

21

Secc. II.— EL DERECHO Y LA TEORÍA DE LOS OBJETOS Aclaraciones previas, 31.— Concepto de objeto, 31.— Clasificación de los objetos, 32: Objetos culturales, 33; Objetos naturales, 36; Objetos ideales, 37; Objetos metafísicos, 39.— El derecho en el mundo de los objetos, 39.

31

Los números remiten a las páginas respectivas.


954


Secc. Ifl.— DERECHO Y VIDA HUMANA Sociedad y Derecho, 39.—• El derecho rige la convivencia social, 40.— Vida humana, Filosofía y Ciencia del Derecho, 40. Secc. IV.— LIBERTAD ESPIRITUAL, LIBERTAD JURÍDICA Y DERECHO Aclaraciones previas, 42.— Concepto de libertad (espiritual), 42.— Denominaciones de la libertad espiritual, 43.— La libertad espiritual es un carácter esencial y exclusivo del ser humano, 44.— Libertad espiritual y conducía, 44.—La libertad espiritual es un presupuesto del derecho, 45. CAPÍTULO 2

GRADOS DEL CONOCIMIENTO, LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS Y LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS Secc. (.— GRADOS DEL CONOCIMIENTO Aclaración previa. 47.— Grados del conocimiento en general, 47 (Conocimiento o saber vulgar, 47; Conocimiento o saber científico, 48; Definición de ciencia, 51; Conocimiento o saber filosófico. 51).— Grados del conocimiento jurídico, 51. Secc. II.— CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS Clasificación, 52.— Las disciplinas jurídicas en la clasificación de las ciencias. 52.— Ubicación de la Filosofía Jurídica, 53.— Las ciencias jurídicas como ciencias sociales y como ciencias culturales, 53.— Sociología General, Sociología Especial y Ciencias Sociales Particulares, 53.— Ciencias del espíritu, 54. Secc, III.— LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS Generalidades, 54.— Ciencia del Derecho, 55.— Filosofía del Derecho, 68.— Teoría General del Derecho, 77.— Historia del Derecho, 88.— Sociología del Derecho, 94.— Ciencia del Derecho Comparado, 97.— Psicología del Derecho, 99.— La Ciencia del Derecho y las demás disciplinas jurídicas, 101. Secc. IV — INTRODUCCIÓN AL DERECHO Concepto, 102.— Denominaciones, 103.— Carácter, 103.— Contenido. 105.— Historia, 106. CAPÍTULO 3

LA ABOGACÍA. VOCACIÓN JURÍDICA Y ÉTICA PROFESIONAL Secc. L— LA ABOGACÍA. EL ABOGADO Y SU FUNCIÓN SOCIAL


BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ÍNDICE SISTEMÁTICO

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Aclaraciones previas, 109.—Concepto de la abogacía, 110.— Doble aspecto de la abogacía, 110.— Función social del abogado, 111.— Definición de la abogacía, 112.— La judicatura, la abogacía y la Ciencia del Derecho, 113.— Requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado, 114.— Requisitos para el ejercicio de la judicatura. 118.— Distintas clases de responsabilidad de los abogados, 118. Secc. II.— OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS: ESCRIBANÍA Y PROCURACIÓN Generalidades, 119.— Escribanía, 119.— Procuración, 120. Secc. III.— VOCACIÓN JURÍDICA Nociones generales, 121.— Vocación y aptitudes personales para la abogacía, 122.— Orientación vocacional, 126.— Consejo final, 126.

119 121

Secc. IV.— ÉTICA PROFESIONAL 127 Generalidades, 127.— Normas éticas de validez general para el ejercicio de la abogacía, 128.— Normas especiales referentes a la aceptación o rechazo de los casos encomendados, 128.— Código de Etica aprobado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 131.— Naturaleza de las normas llamadas de "ética" profesional, 136.

SEGUNDA PARTE INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO CAPÍTULO 4

REGULACIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA: NORMAS ÉTICAS Y REGLAS TÉCNICAS. DERECHO, MORAL, USOS SOCIALES Y NORMAS RELIGIOSAS Secc. I.— NORMAS ÉTICAS Y REGLAS TÉCNICAS Generalidades, 143.— Concepto de norma. 143.— Clasificación de las normas de conducta: éticas y técnicas, 145.— Distinción corriente entre la ética y la técnica, 145.— Teoría de Cossio, 145.— Denominaciones, 146.— Clasificación de las normas éticas y de las reglas técnicas, 147.

143

Secc. II.— DERECHO Y MORAL Generalidades. 147.— Qué es la Moral, 148.— ÉticayMoral, 151.— Diferencia entre el Derecho y la Moral. 152.— Estudio sistemático, 152: 1) Intersubjetividad del Derecho y subjetividad de la Moral, 152; 2) "Heteronomía"" del Derecho y "autonomía" de la Moral, 154; 3) Coercibilidad del Derecho e incoercibilidad de la Moral, 158.— Estudio histórico de la distinción, 159.— Relaciones entre el Derecho y la Moral, 162.

147


956


Secc. III.— USOS SOCIALES Concepto, 164.— Denominaciones, 164.— Naturaleza, 164.— Distinción entre Usos Sociales, Derecho y Moral, 165.— Conclusión. 166.

164

Secc. IV.— NORMAS RELIGIOSAS Concepto, 166.— Denominación, 166.— Naturaleza, 166.

166

CAPÍTULO 5

LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA y LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES Secc. I.— INTRODUCCIÓN

169

Secc. II.— TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA 170 La norma jurídica tiene la estructura de un juicio. 170.— Juicios del ser (o enunciativos o entitativos) y juicios del deber ser (o imputativos o atributivos o normativos), 171.— Origen e importancia de la clasificación anterior, 172.— Estructura relacional del juicio implicado en la norma jurídica: ¿categórico, hipotético o disyuntivo?, 173.— Conceptos jurídicos fundamentales. 175.— Clasificación de las normas jurídicas, 176; generales o individualizadas, 176; fundamentales o derivadas, 177; legisladas, consuetudinarias o jurisprudenciales, 178; nacionales o internacionales, 178; generales o locales, 178; de vigencia indeterminada o de vigencia determinada, 179; de derecho piíblico o de derecho privado, 179; sustantivas o adjetivas, 180; imperativas o no imperativas, 180; taxativas (o de orden público) o dispositivas (o supletorias), 181. Secc. III.— CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES Noción, 182.— Enumeración, 183.— Sujetos del derecho, 184 (Aclaraciones previas, 184; Denominaciones de la persona o sujeto de derecho, 185; Etimología de la palabra "persona", 185; Definición clásica y su crítica, 186; Qué "entes" pueden ser sujetos del derecho, 187; El problema frente al derecho positivo, 188; Definición correcta del sujeto o persona jurídica. 188; Esencia de la personalidad jurídica, 191; Diferencia entre la persona individual y la colectiva, 192; Problemas de la existencia y realidad de las personas colectivas, 192.— Teorías sobre la naturaleza de la persona colectiva [teorías diversas], 192).— Hecho jurídico, 195 (caracteres y denominaciones; clasificación. 196).— Derecho subjetivo, 198.— Deber jurídico, 198.— Transgresión (o hecho ilícito), 198.— Sanción, 199.— Responsabilidad jurídica (relaciones con la transgresión y la sanción), 201; A) Nociones preliminares, 201; B) Concepto, 202; C) Fundamento de las responsabilidades, humana en general y jurídica en particular, 202; D) Fuentes de responsabilidad jurídica, 203 (aclaraciones previas, 203; dolo, 203; culpa, 204; hecho que, en general, exime de responsabilidad jurídica a quien lo sufre; el caso fortuito, 206); E) Clasificaciones de la responsabilidad jurídica, 207.— Breve referencia al


182

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ÍNDICE SISTEMÁTICO PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

957

planteo empirista del problema de los conceptos jurídicos fundamentales (llamado de los "elementos constitutivos del derecho"), 208. CAPÍTULO 6

EL DERECHO SUBJETIVO Y EL DEBER JURÍDICO. LA LIBERTAD JURÍDICA Secc. I.— INTRODUCCIÓN Aclaraciones previas. 211.— Consecuenciajurídica, 211.— Prestación, 211.—Objeto del derecho. 211.

211

Secc. II.— EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO 213 Aclaración previa, 213.— Concepto, 213.— Terminología, 215.— Situación jurídica, 216.— Desigualdad subjetiva e igualdad objetiva del derecho, 217.— Prioridad entre el derecho objetivo y el derecho en sentido subjetivo, 219. Secc. III.— EL DERECHO SUBJETIVO Concepto, 220.— Es técnicamente impropio llamar "libertades" a los derechos subjetivos, 221.— Formas o modalidades del derecho subjetivo, 222.— Principales teorías acerca de la naturaleza del derecho subjetivo, 224; Concepciones positivista y iusnasturalista del derecho subjetivo, 226.— Clasificaciones de los derechos subjetivos, 227 (derechos subjetivos públicos, 227; derechos subjetivos privados, 228; derechos absolutos, 228; derechos relativos, 228; derechos patrimoniales, 229; derechos extrapatrimoniales, 229),— Clasificación de los derechos subjetivos privados, 229 (derechos de la personalidad [o personalísimos], 230; derechos de familia, 230; derechos creditorios [o personales u obligaciones], 230; derechos reales, 231; derechos intelectuales, 235),— Acuerdo TRIPS de 1994, 239.— Derechos de "propiedad industrial". 240; 1) Derechos sobre inventos, 241; 2) Derechos sobre modelos y diseños industriales, 242; 3) Derechos sobre marcas, 242.— Otras clasificaciones de los derechos subjetivos privados, 243,

220

Secc. IV.— EL DEBER JURÍDICO Concepto, 245.— Denominaciones, 246.— Clasificaciones, 246.

245

Secc. V.— LA LIBERTAD JURÍDICA Aclaraciones previas, 246.— Límites de la libertad jurídica, 247.— Aspectos positivo y negativo de la libertad jurídica, 247.— Definición de la libertad jurídica (de cada persona), 248,— Los dos tiempos de la libertad jurídica, 248.— Contenido de la libertad jurídica, 249.— Nociones complementarias sobre la libertad jurídica, 249 (1, conducta lícita o ilícita, 250; 2. actos que integran la conducta lícita, 250; 3. libertad jurídica y conducta lícita, 251; 4. libertad jurídica y autonomía de la voluntad, 251).— No son sinónimos lícito y permitido, e ilícito y prohibido, 251.


246

958

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico ABELARDO TORRE PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 7

TEORÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Secc.L— INTRODUCCIÓN Aclaraciones previas, 253.

253

Secc. II.— EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO SISTEMA DE NORMAS Concepto, 253.— Estructura del sistema (Teoría de la Pirámide Jurídica), 254.— La estructura escalonada y la fuente de validez de las normas jurídicas, 255.— Creación y aplicación del derecho. Relatividad de estos conceptos, 256.— El orden jurídico como sistema de actos creadores, 257.

253

Secc. III.— LA PLENITUD HERMÉTICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS "LAGUNAS DEL DERECHO" Concepto, 257.— Distintas soluciones al problema de las "lagunas del derecho", 258.— Explicación del principio de la plenitud hermética: la norma de libertad, 259.— Fundamento del principio de la plenitud hermética, 260.— Verdadero sentido de la expresión "lagunas de derecho", 261.

257

CAPÍTULO 8

LOS VALORES JURÍDICOS: LA JUSTICIA, EL ORDEN, LA SEGURIDAD Y DEMÁS VALORES PROPIOS DEL DERECHO Secc. I.— LOS VALORES JURÍDICOS El problema axiológico, 263.— Denominaciones, 263.— Los valores en general, 264.— Los valores jurídicos, 265 (carácter particular de los valores jurídicos: la bilateralidad, 265; valores positivos y valores puros, 266; enumeración de los valores jurídicos. 266).— La libertad (espiritual) no es un valor jurídico. 267 (libertad y libertad política, 267).— Enfoque filosófico del problema valorativo, 268.— La Axiología Jurídica y el problema de la Justicia. 268.

263

Secc. II.— I. LA JUSTICIA 269 Generalidades. 269.— Cuál es el problema, 270.— Denominaciones, 271.— Soluciones. 271 (I. Negativas, 271: II. Afirmativas, 272: A] Platón, 272; B] Aristóteles. 273; C] Roma, 274; D] Santo Tomás de Aquino, 275; E] La Escuela Clásica del Derecho Natural, 276; F] Stammler, 276: conclusión, 280.— G] Teoría Egológica, 281). II. LA EQUIDAD 283 Aclaraciones previas, 283.— Concepto, 284.— Doble función de la equidad: humanitaria (o morigeradora) e integradora (o supletoria), 285.— Equidad y tribunales de



959

equidad, 286.— La equidad en nuestro derecho, 286.— La equidad en el common law, 287.— Datos históricos, 287. Secc. III.— LA ARBITRARIEDAD 287 Concepto, 287.—• Arbitrariedad e injusticia, 288.— Arbitrariedad y discrecionalidad, 288. Secc. IV.— EL ORDEN

288

Secc, V.— LA SEGURIDAD

289 CAPÍTULO 9

LA TÉCNICA JURÍDICA Secc. I.— TEORÍA FILOSÓFICA DE LA TÉCNICA JURÍDICA 291 Aclaración previa, 291.— Regla técnica y norma jurídica, 291.— Concepto, 292.— La técnica y la práctica jurídica, 292.— Relación de la técnica jurídica con la Ciencia del Derecho, 293.— Enfoque filosófico de la técnica jurídica, 293.— Contenido: medios técnico-jurídicos, 293 (1. Lenguaje, 294; A] vocablos, 295; B] fórmulas, 295; C] aforismos y sentencias, 295; D] estilo, 295; 2. Formas, 296; 3. Sistemas de publicidad, 297; 4. Informatización de datos jurídicos, 297; 5. Definiciones, 298; 6. Presunciones, 298; 7. Ficciones, 299).— Clases, 299: 1) Técnica legislativa, 300: concepto, 300; problemas, 300; división, 301; 2) Técnica jurisdiccional, 301: concepto, 301; problemas. 301; 3) Técnica doctrinaria, 301. Secc. II.— PEQUEÑO VOCABULARIO JURÍDICO Justicia, 302.— Derecho, 302.— Jurídico, 303.— Obligación. 303.— Ley, 303.— Legislación, 304.— Jurisprudencia, 304.— Magistrado, 304.— Juez. 304.— Jurado, 305.— Jurisconsulto, 305.— Jurista, 305.— Conclusión, 305.

302

CAPÍTULO 10

DERECHO POSITIVO Y DERECHO VIGENTE Secc. Única Aclaración previa, 307.— Concepto, 307.— Derecho positivo, 308.— Otras teorías, 309.— Ramas del derecho positivo, 310.— Validez del derecho, 310.

307

CAPÍTULO 11

FUENTES DEL DERECHO Secc. I.— FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL


311

960


Aclaraciones previas, 311.— Acepciones de la expresión "fuentes del derecho", 311 (fuentes materiales o reales, 312).— Fuentes originarias y derivadas, 313. Secc. II.— FUENTES FORMALES DEL DERECHO (EN GENERAL) Aclaraciones previas. 314.— Concepto, 315.— Enumeración y clasificación, 316. Secc. III.— JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN LOS DOS SISTEMAS JURÍDICOS DEL MUNDO Aclaraciones previas. 317.— Jerarquía de las fuentes formales a través de la historia, 317.— Jerarquía de las diversas fuentes formales en los dos sistemas jurídicos del mundo, 318. Secc. IV.— JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN EL DERECHO ARGENTINO Noción general, 319.— Fuentes formales nacionales. 319.

314

317

319

CAPÍTULO 12

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR. LA LEY Secc. I.— LA LEY EN GENERAL 321 Aclaraciones previas, 321.— Etimología, 321.— Concepto, 322.— Clasificación general de las leyes, 322: 1) Leyes naturales, 322; 2) Leyes sociológicas, 323; 3) Normas, 323.— Diferencia entre las normas y las leyes sociológicas, 323. Secc. II.— LA LEY JURÍDICA 324 I. Nociones generales, 324; Concepto, 324.— Ley en sentido formal y ley en sentido material, 326.— Ley de nombre específico (código), 327.— Jerarquía de la ley como fuente del Derecho en el sistema continental, 327.— Partes constitutivas de la ley, 327. II. Procedimiento formativo de las leyes, 328; Aclaración general, 328; I) Iniciativa, 328; II) Discusión, 330; III) Sanción por el Poder Legislativo, 334; IV) Promulgación por el Poder Ejecutivo. 334; V) Publicación. 338; VI) Comienzo de la obligatoriedad. 339. III. Clasificación de las leyes, 340.— Remisión, 340.— Ampliación, 341. IV. Derogación de la ley y demás normas jurídicas, 341; Concepto, 341; Órgano competente para derogar las leyes y demás normas jurídicas, 341; Formas 342; Costumbre derogatoria, 343; El desuso de la ley {clesuetudo), 343.— Declaración de inconstitucionalidad, 343. Secc. III.— DECRETOS (REGLAMENTOS) Concepto, 344.— Denominaciones. 345.— Clasificación, 345.— Decretos-leyes, 346.

344

Secc. IV.— LA CODIFICACIÓN Aclaración previa, 347.— Concepto, 348.— Formas de codificación. 349.— Etimología, 349.— Ventajas e inconvenientes de la codificación, 349.— Conclusión, 350.—

347



961

Oportunidad de la codificación, 351.— Origen de la codificación moderna. El Código Napoleón, 351.— La codificación en el derecho argentino, 352. CAPÍTULO 13


DERECHO CONSUETUDINARIO (LA COSTUMBRE JURÍDICA) Secc. I.— TEORÍA DEL DERECHO CONSUETUDINARIO Concepto, 353.— Terminología, 353.— Elementos material y espiritual de la costumbre jun'dica, 354.— Diferencia con los usos sociales, 355.— Caracteres, 356.— Diferencias con el derecho legislado, 356.— Clasificaciones, 357.— Prueba de la costumbre, 358.— Formación de la costumbre. Sus orígenes, 358.

353

Secc. II.— VALOR DE LA COSTUMBRE EN LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO 360 Aclaración previa, 360.— Nociones generales, 361; 1) En lo civil, 361; 2) En lo comercial, 362; 3) En lo penal, 362. CAPÍTULO 14


LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA Secc. I.— LA JURISPRUDENCIA 363 I. Nociones preliminares: Qué es una sentencia y problemas conexos, 363: Síntesis, 363; Por qué se descarta el significado del vocablo "jurisprudencia" como sinónimo de Ciencia del Derecho, 363.— Conveniencia de comenzar este capítulo aclarando el concepto de "sentencia", 363.— Las dos maneras por las que adquiere vigencia el derecho, 364; Concepto de sentencia, 364; Partes de la sentencia, 366; El fundamento jurídico de la sentencia y la doctrina jurisdiccional (o jurisprudencial), 367. II. Concepto de jurisprudencia, 368: Acepciones, 368; Tendencia habitual hacia la uniformidad de la jurisprudencia, 369; Denominaciones, 370; División, 370. III. Principales problemas que plantea la jurisprudencia, 371: Síntesis, 371; Aclaraciones previas, 37!: La jurisprudencia, ¿es o no fuente del derecho?, 372; La jurisprudencia, ¿es "creadora" o simplemente "declarativa" del derecho?, 373; Conclusión, 375; Importancia de la jurisprudencia con respecto a las otras fuentes del derecho, 375; Obligatoriedad de la jurisprudencia, 376; Cambios de jurisprudencia, 377: Unificación de la jurisprudencia, 378: A) Generalidades, 378; B) Procedimientos de unificación en ge-


962


neral, 379: 1) Sistema de la casación, 379; 2) Medios casacionales limitados, 381; 3) Sistemas de la "jurisprudencia obligatoria", 382. IV. Procedimientos de unificación de la jurisprudencia en el derecho argentino. 382: Este problema se complica en nuestro país, 382; Aclaraciones previas, 383; Significados del vocablo "nacional", 383; Clasificación de las leyes argentinas, 384; Significados del vocablo "federal". 386; Breve comentario sobre la casación en la Constitución Nacional, 389; Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la casación integral, 390; Situación actual de la unificación jurisprudencial en el derecho argentino, 390: A) Justicia argentina, 390; B) Justicia nacional, 391; C) Justicia provincia, 392; Medios de unificación de la jurisprudencia, 393. Secc. II.— LA DOCTRINA Concepto, 393.— La doctrina como fuente del derecho, 393.— Importancia, 394.

393

CAPÍTULO 15

EL "COMMON LAW" Secc. I.— LAS DOS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS QUE HAY EN EL MUNDO CIVILIZADO, Y LA MENOR O MAYOR IMPORTANCIA QUE EN ELLOS TIENE LA JURISPRUDENCIA Las dos clases de sistemas jurídicos que hay en el mundo civilizado, 395: A) Cuáles son, 395; B) Carácter contingente de la clasificación, 395; C) Ambos sistemas y "las dos maneras de pensar el derecho", 397. Secc. II.— SISTEMAS JURÍDICOS PREDOMINANTEMENTE LEGISLADOS Concepto, 397.— Otras denominaciones. 398.— Dónde rige el sistema romanista, 398.— Trasfondo filosófico del sistema continental, 398.— Síntesis sobre los caracteres del sistema continental, 399.

395

397

Secc. III.— EL "COMMON LAW" 400 Aclaraciones previas, 400.— Significado literal de la expresión common law y cuándo empezó a usarse, 400.— Concepto, 401.— Dónde rige el common law, 402.— Por qué el common law es poco conocido entre nosotros, 402.— Denominaciones, 403.— Fuentes del common law, 404.— Trasfondo filosófico del common law, 407.— Caracteres del common law, 408. Secc. IV.— AUMENTO PROGRESIVO DE LAS SEMEJANZAS ENTRE AMBAS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS Síntesis, 409.


409


963

CAPÍTULO 16

INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO Seco. I.— APLICACIÓN DEL DERECHO 411 Aclaraciones previas, 411.— Concepto, 412.— Este problema en la Filosofía del Derecho, 412.— Carácter complejo de la aplicación, 412.— Problemas principales que plantea, 414. Seco. II.— INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 414 I. Generalidades, 414.— Concepto, 414.— Necesidad de la interpretación, 4! 5.— Denominaciones, 415.— Clases, 416. II. Métodos de interpretación, 419.— Aclaración previa, 419.— Enumeración de los métodos, 421.— Explicación de los métodos, 421.— Consideraciones generales, 422.— A) Métodos tradicionales, 422: 1) Método gramatical o filológico, 422; 2) Método exegético o histórico, 423; 3) Método dogmático o lógico-sistemático o de los textos legales, 425.— Empleo de métodos mixtos, 426: método de la Escuela Histórica [procedimiento gramatical, lógico sistemático, e histórico]), 426.— B) Métodos modernos de interpretación, 427: 4) Método de la evolución histórica, 428; 5) Método de la libre investigación científica, 429; 6) Escuela del Derecho Libre, 431; 7) Teoría Pura del Derecho, 432; 8) Teoría Egológica del Derecho, 433.— Conclusión, 436.— Clasificación de los métodos interpretativos, 436. Secc. III.— INTEGRACIÓN DEL DERECHO I. Generalidades, 437.— Concepto, 437.— Diferencia entre interpretación, integración y aplicación del derecho, 438. II. Procedimientos de integración, 438.— Analogía, 439.— Principios generales del derecho, 439.— Método de las construcciones jurídicas, 441.— Método de la libre investigación científica de Gény, 441.

437

Secc. IV.— REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO

442

CAPÍTULO 17

APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TERRITORIO Y AL TIEMPO Secc. I.— APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TERRITORIO 445 § 1. Generalidades, 445.— Aclaraciones previas, 445.— Principios básicos, 447: 1) Sistema de la territorialidad del derecho, 447; 2) Sistema de la personalidad del derecho, 447; Carácter de ambos sistemas, 448.— Sistemas de Derecho Internacional Pri-


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BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN ABELARDO TORRE

vado, 448:1) Sistema de los estatutos, 448; II) Sistema de la nacionalidad del derecho, 450; III) Sistema de la comunidad del derecho, 451. § 2. Régimen argentino, 454.— Orientación general, 454.— Soluciones particulares, 454:1) Capacidad, 454; 2) Derecho de familia, 455; 3) Bienes inmuebles, 456; 4) Bienes muebles, 456; 5) Forma de los actos jurídicos, 456; 6) "Efectos" de los contratos, 457; 7) Sucesiones, 457.— Aplicación del derecho extranjero, 457; Casos en que no debe aplicarse, 457. Secc. II.— APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TIEMPO 458 § 1. Teoría general, 458.— Problema, 458.— Denominaciones, 459.— Principios básicos, 459: 1) Principio de la retroactividad. 459; 2) Principio de la irretroactividad, 459; 3) Solución ecléctica, 460.— Teorías sobre la retroactividad de las leyes, 461:1) Teoría de los derechos adquiridos, 461; 2)Teoría de los efectos pasados y futuros, 463; 3) Teoría de los hechos cumplidos (Ferrara), 463; 4) Teoría de las situaciones jurídicas abstractas y concretas, 464. § 2. Régimen argentino, 465; A) En lo civil, 465: Generalidades, 465; Principio general, 465; Aclaración importante al principio general: leyes de orden público. 467; Excepciones, 467.— B) En materia penal, 468: Principio genera!, 468 y 469; Excepción, 470. CAPÍTULO 18

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO Secc. I.— INTRODUCCIÓN

471

Secc. 11.— I) FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA O TOMISMO II) FILOSOFÍA NEOESCOLÁSTICA O NEOTOMISMO

471 473

Secc. III.— I) ESCUELA CLÁSICA DEL DERECHO NATURAL II) ESCUELA DEL DERECHO RACIONAL

474 477

Secc. IV.— HISTORICISMO JURÍDICO (ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO)

478

Secc. V.— EL MATERIALISMO HISTÓRICO (ESCUELA ECONÓMICA)

481

Secc. VI.— EL POSITIVISMO JURÍDICO

485

Secc. VIL— EL REALISMO JURÍDICO (EL DERECHO COMO HECHO) I) EL REALISMO JURÍDICO EN GENERAL II) EL REALISMO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE III) EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO (LA ESCUELA DE UPSALA)

487 487 488

Secc. VIIL— CRITICISMO JURÍDICO

494


493


965

I) Criticismo logicista, 494: 1) Escuela de Marburgo (Stammler), 494; 2) Escuela de Viena (Teoría Pura del Derecho [Kelsen]), 494. II) Criticismo eticista, 497 (Filosofía de los Valores): 1) Escuela de Badén (valores absolutos), 497; 2) Relativismo (Radbruch), 497. Secc. IX.— I) INTRODUCCIÓN. LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA II) PARTE PRINCIPAL. LA TEORÍA ECOLÓGICA DEL DERECHO.. III) TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO

498 499 501

TERCERA PARTE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL DERECHO Y A LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA CAPÍTULO 19

ORIGEN Y TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO Secc. I.— ORIGEN DEL DERECHO 505 Aclaración previa, 505.—Teorías, 506: 1) Teoría teológica, 506; 2) Teoríacontractualista o del pacto social, 506; 3) Escuela histórica del derecho, 507; 4) Escuela sociológica o psicosociológica, 507. Secc. II.— SIMBOLISMO DEL DERECHO ANTIGUO Concepto, 509.— Fundamentos, 509.— Espiritualizitción del derecho, 510.

509

Secc. III.— TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO 511 I) Generalidades, 511: El problema, 511,— Teorías, 5 U; a) Teoría de la transformación pacífica, espontánea y gradual del derecho, 511; 2) Teoría de la lucha por el derecho (Rodolfo vonihering), 512.—Conclusión, 515. II) Evolución y revolución, 515: i) Evolución, 515: Concepto 515.— Evolución revolucionaria, 515.— 2) Revolución, 516: A) Generalidades, 516.— Concepto, 516; B) Derecho a la revolución, 518.— Concepto, 518.— Carácter, 518.— Responsabilidad jurídica de los revolucionarios, 519.— Limitaciones a la "doctrina del éxito" en ¡a República Argentina, 519; C) Derecho de la revolución, 521.— Concepto, 521.— Decretos-leyes, 522. Secc. IV.— ORIGEN DEL ESTADO

522

Secc. V.— EL DERECHO ROMANO, SU INFLUENCIA EN LOS REGÍMENES JURÍDICOS DE LOS PAÍSES OCCIDENTALES 523 Aclaraciones previas, 523.—Extraordinaria paradoja del derecho romano, 526.— Síntesis de la influencia jurídica de la antigua Roma sobre la posteridad, 527.— Detalle sobre los aportes de la Antigua Roma a la cultura jurídica occidental, 527.


966

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA ABELARDO TORRE Copia Privada para uso Didáctico y Científico PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN CUARTA PARTE INTRODUCCIÓN A LAS ESPECIALIDADES DE LA CIENCIA DEL DERECHO CAPÍTULO 20

LAS RAMAS DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS RESPECTIVAS. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO Secc. 1.— LAS RAMAS DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS RESPECTIVAS Concepto, 531.— Autonomía de las ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, 532.— Aumento de las Ciencias Jurídicas, 532.— Unidad del Derecho Positivo, 533.— Ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, 533.— Definición de las distintas ramas, 533.

531

Secc. II.— DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO Nociones generales, 534.— Teorías sobre la clasificación, 536.— Conclusión, 542.

534

Secc. III.— EL ORDEN PÚBLICO Concepto, 542.— Concepto de leyes de orden público. 542.— Cuáles son las leyes de orden público, 543.— Buenas costumbres, 544.

542

CAPÍTULO 21

DERECHO POLÍTICO Y DERECHO CONSTITUCIONAL Secc. 1.— DERECHO POLÍTICO Concepto, 545.— Denominaciones, 547.-—Contenido, 548:1) El Estado, 548.—Elementos, 549; 1) El territorio, 550; 2) La población, 555 (Nación, 555; Pueblo, 557); 3) Gobierno, 557.— II) La soberanía, 560 (Soberanía interna y externa, 562; Gobierno y soberanía, 563).— III) Estado y Derecho, 567.— IV) Fines del Estado, 569.— V) Naturaleza del Estado, 572.— VI) Origen del Estado, 573.— VII) Formas de Estado, 583 (Estados democráticos, 583; Estados autocráticos, 584; Estados totalitarios, 584).

545

Secc. II.— DERECHO CONSTITUCIONAL 584 Aclaraciones previas, 584.— Concepto, 586.— Derecho Constitucional y Derecho Político, 587.— Caracteres, 588.— Divisiones, 591.— Contenido, 591; I) Derechos fundamentales del hombre, 591; 11) Estado constitucional o Estado de Derecho, 598; III) La constitución, 602; IV) Poder constituyente, 607; V) Doctrina de la separación de los poderes, 610; VI) Historia del Derecho Constitucional, 615.— Apéndice: La Constitución Nacional, ¿sigue siendo rígida desde la reforma de 1994?, 616.



967

CAPÍTULO 22

DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO FINANCIERO Y DERECHO MUNICIPAL Secc. I.— DERECHO ADMINISTRATIVO 619 Concepto, 619.— Ciencia del Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, 523.— Relaciones con el Derecho Constitucional, 624.— Caracteres, 624.— Denominación. 625.— División, 625.— Contenido, 625:1) Teoría del acto administrativo, 625; 11) Contratos administrativos, 627; III) Responsabilidad de la Administración Pública, 627; IV) Organización administrativa, 629; V) Servicios públicos, 630; VI) Agentes de la administración, 632; Vil) Dominio público, 633; VIO) Poder de policía, 633; IX) Limitaciones a la propiedad privada regidas por el derecho administrativo, 634; X) Jurisdicción en materia administrativa, 635 (en nuestro país debe decirse "código procesal administrativo" y no "código en lo contencioso-adminisirativo", 637).— Fuentes, 638.— Codificación, 639. Secc. II.— DERECHO FINANCIERO Concepto, 640.— Autonomía del Derecho Financiero, 641.— Diferencia con la Ciencia de las Finanzas y la Política Financiera, 641.— Denominaciones, 641.— Contenido, 642:1) Recursos del Estado, 642; II) Gastos públicos, 642 (Ley de Presupuesto, 644); III) Otras instituciones. 644.— Fuentes, 644.

640

Secc. III.— DERECHO MUNICIPAL Aclaraciones previas y fundamentos, 645,— Definición, 646.— Denominación, 647.— Importancia del régimen municipal, 647.— Problema de la autonomía de! Derecho Municipal, 648.— Contenido, 649.— Fuentes del derecho municipal de las provincias, 649.

645

Apéndice.— RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ..

650

CAPÍTULO 23

DERECHO PROCESAL Secc. I.— CONCEPTO, DIVISIÓN Y CARACTERES Concepto, 655.— Fundamentos, 658.— Fin perseguido con el Derecho Procesal, 658.— Importancia del Derecho Procesal, 659,— División, 659.— Caracteres, 660.— Denominaciones, 664.

655

Secc. II.— CONTENIDO

665


968


Generalidades, 665.— I) Jurisdicción, 665; II) Competencia, 669; III) Proceso, 672 (Proceso civil, 673; Proceso penal, 673); IV) Acción, 675; V) Prueba, 679.— Medios de prueba, 680.— Apreciación de las pruebas. Sistemas diversos, 686. Secc. III.— FUENTES E HISTORIA Fuentes del Derecho Procesal, 687.— Historia, 690.

687

Apéndice.— ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA 691 I. Generalidades, 691.— Síntesis sobre la organización y competencia de la Justicia Argentina, 692.— El recurso extraordinario nacional, 694, II. Organización de la Justicia Nacional, 701.— Precisiones terminológicas, 701.— Síntesis sobre la organización de la Justicia Nacional, 702.— Detalles sobre la organización de la Justicia Nacional, 703.— Recurso de inaplicabilidad de la ley, 704. III. Organización de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires (como ciudad autónoma y como capital de la República), 706.— En la Ciudad de Buenos Aires hay tribunales nacionales y locales, 706.— Síntesis sobre la organización de la Justicia Nacional en la Capital de la República, 707.— Detalles de dicha organización, 707. IV. Recursos extraordinarios en la Provincia de Buenos Aires, 708.— Aclaración previa, 708.— Breve referencia a dichos recursos, 708 (recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, 708; recurso de nulidad extraordinario, 709; recurso extraordinario de inconstitucionalidad, 709). CAPÍTULO 24

DERECHO PENAL, DERECHO CONTRAVENCIONAL Y DERECHO PENAL MILITAR Secc. I.— I. DERECHO PENAL Concepto, 711.— Fin perseguido con el Derecho Penal, 713.— Enciclopedia criminológica o ciencias criminológicas o ciencias penales, 714.— Denominaciones, 717.— Caracteres, 717.— Fuentes del Derecho Penal, 720.— Divisiones, 725.— Contenido, 725: 1) Escuela Clásica, 726; II) Escuela Positiva, 729; III) Escuelas intermedias, 733.— Estudio de los delitos en particular, 735. II. DERECHO CONTRAVENCIONAL Concepto, 735.— Fuentes, 737. Secc. II.— DERECHO PENAL MILITAR Y DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Aclaraciones previas, 737.— Concepto, 738.— Fundamentos, 740.— Denominaciones, 740.—Caracteres, 740.— Contenido, 740.—Jurisdicción militar, 742.— Competencia de los tribunales militares, 743 (La Ley Marcial, 744).— Fuentes formales, 747.— Historia, 747.— Noción complementaria: equivalencia de grados en las distintas armas, 748.


711

735

737

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA Copia Privada para Didáctico y Científico ÍNDICEuso SISTEMÁTICO PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

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CAPITULO 25

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Seco. Única Concepto, 749.— Fin perseguido con el Derecho Internacional Público, 751,— Problema de su existencia, 751.— Denominaciones, 755.— Caracteres, 757.— Contenido, 757.— Fuentes, 758.— División, 760.— Historia, 763.

749

CAPÍTULO 26

DERECHO CIVIL Y DERECHO COMERCIAL Secc. I.— DERECHO CIVIL Concepto, 769.— Denominación, 769.— Importancia, 770.— Caracteres, 771.— División, 771.— Contenido, 772:1) Personas o sujetos del derecho, 772; II) Capacidad, 774; III) Cosas, 777; IV) Fuentes de las obligaciones, 782.— Historia del Derecho Civil, 785.— Fuentes del Derecho Civil, 786 (Código Civil Argentino, 786).

769

Secc. II.— DERECHO COMERCIAL 789 Concepto, 789.— Denominaciones, 790.— Caracteres, 790.— Contenido, 791: I) Acto de comercio, 791; II) Comerciante, 793; III) Sociedades comerciales, 793; IV) Mercancías, 794; V) Contratos comerciales, 794; VI) Seguros, 795; VII) Concursos (y quiebras), 795; VIII) Comercio marítimo, 797; IX) Otras instituciones, 797.— Divisiones, 797.— Relaciones y diferencias con el Derecho Civil, 797.— Historia, 801.— Fuentes, 803, CAPÍTULO 27

DERECHO MINERO Y DERECHO RURAL Secc. I.— DERECHO MINERO Concepto, 805.— Fundamentos del Derecho Minero, 805.— Finalidad perseguida con el Derecho Minero, 806.— Denominaciones, 806.— Contenido, 806: 1) Propiedad de las minas. Sistemas diversos, 807; 2) Exploración o cateo, 812; 3) Descubrimiento, 813; 4) Responsabilidades, 813; 5) Otras instituciones, 813; 6) El petróleo, 814.— Fuentes formales del Derecho Minero, 821.— Historia, 821.

805

Secc, II.— DERECHO RURAL Concepto, 822.— Finalidad perseguida con el Derecho Rural, 823.— Importancia del Derecho Rural en el derecho argentino, 824.— Denominaciones, 824.— Contenido, 825:1) Propiedad rural, 826; 2) Colonización, 828; 3) Arrendamientos y aparcerías ru-

822


970


rales, 829; 4) Propiedad del ganado (marcas, señales y registros), 830; 5) Otras instituciones del Derecho Rural, 833.— Fuentes del Derecho Rural, 833. CAPÍTULO 28

DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Secc. L— DERECHO DEL TRABAJO 835 1) Concepto, caracteres, denominaciones y fuentes, 835.— Aclaraciones previas. 835.— Concepto, 835.— Denominaciones, 838.— Caracteres, 839.— Facultades legislativas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en materia laboral, 841.— Fuentes, 843 (convenios colectivos de trabajo, 847). 2) Contenido, 852: A) Los sujetos, 852 (Trabajador, 852; Empleador, 853; Asociaciones gremiales de trabajadores [sindicatos], 854; Asociaciones gremiales de empleadores, 855); B) El contrato individual de trabajo, 856 (Flexibilidad laboral, 859); C) Convenios colectivos de trabajo, 865: D) Conflictos colectivos de trabajo, 865; E) Organismos administrativo-laborales, 865; F) Derecho procesal del trabajo, 866; G) Organismos internacionales, 867. 3) Historia, 868:1) En general, 868; II) En nuestro país, 871. Secc. II.— DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 871 Aclaraciones previas, 871.— Contingencias sociales, 872.— Medios de protección contra las contingencias sociales, 873.— Previsión individual, 875.— Previsión social, 875.— El cooperativismo y la previsión social, 875.— El mutualismo, 875.— Seguros sociales, 876.— Asistencia social, 878.— Práctica simultánea de distintas formas de previsión (individual y social), 879.— Seguridad Social, 879.— Derecho de la Seguridad Social, 880.— Fuentes del Derecho de la Seguridad Social, 881.— Contenido, 883: A) Cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y desamparo por muerte (jubilaciones y pensiones), 883; B) Cobertura de enfermedades y accidentes comunes (no laborales). Seguro de salud (también llamado de enfermedad), 886; C) Cobertura de los riesgos laborales (que son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales), 888; D) Otras instituciones, 890. CAPÍTULO 29

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN Y DERECHO AERONÁUTICO Secc. I.— DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 891 Concepto, 891.— Denominaciones, 892.— Autonomía, 892.— Caracteres, 893.— Contenido, 894:1) El buque, 895; 11) Las personas (o sujetos), 895; III) Contratos, 896;



971

IV) Crédito marítimo, 896; V) Riesgos marítimos, 896; VI) Seguros marítimos, 897.— División, 897.— Fuentes, 897. Secc. II.— DERECHO AERONÁUTICO Aclaraciones previas, 900.— Concepto, 900.— Denominaciones, 901.— Autonomía, 902. Caracteres, 903.— Contenido, 905:1) Condición jurídica del espacio aéreo frente a la aeronavegación, 905: II) Organización administrativa aeronáutica, 905; III) Infraestructura, 905; IV) Aeronaves, 905; V) Personal aeronáutico, 905; VI) Ejercente de aeronave, 905; VII) Contratos de utilización de aeronaves, 906; VIII) Responsabilidad aeronáutica, 906; IX) Asistencia y salvamento de aeronaves, 906; X) Seguros aeronáuticos, 906; XI) Faltas y delitos aeronáuticos, 906; XII) Guerra aérea, 906.— División, 906.— Fuentes, 907.

900

CAPÍTULO 30

DERECHO CANÓNICO Secc. Única Aclaraciones previas, 911.— Concepto, 911.— Campo de aplicación del Derecho Canónico, 912.— Diferencia con el Derecho Eclesiástico, 912.— Denominaciones, 913.— Divisiones, 913.— Fuentes formales del Derecho Canónico, 915 (Código de Derecho Canónico, 916).— Reseña histórica de las principales fuentes anteriores al Código de Derecho Canónico, 918.— Fuentes del Derecho Eclesiástico argentino, 9 i 9.

911

CAPÍTULO 31

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Secc. Única Concepto, 923.— Objeto, 924.— Contenido, 925.— División. 926.— Denominaciones, 926.— Fuentes, 927. índice alfabético de materias índice sistemático


923

929 955

Introduccion Al Derecho

Introduccion Al Analisis del Derecho (Coleccion Filosofia y Derecho)

El derecho al delirio

El Derecho Al Delirio

Introduccion al Algebra

Introduccion al Existencialismo

Introduccion al Ayuno

Introduccion al estilo matemático

Introduccion Al Martinismo

Introduccion Al Aparato Circulatorio

Introduccion Al Sonido

Introduccion Al Caos Determinista

Introduccion Moderna al Algebra

INTRODUCCION AL PENSAMIENTO COMPLEJO

Introduccion Al Cristianismo

Introduccion al estilo matemático

Introduccion al narcisismo

Introduccion Al Narcisismo

Introduccion Al Desarrollo Del Software

Introduccion al robo de identidad

Introduccion al Control de Calidad

Introduccion Al Sistema Operativo Unix

Introduccion Al Tarot [curso 2]

Introduccion Al 3d Studio Max

Post scríptum al Concepto del derecho

Fragmento Preliminar Al Estudio Del Derecho

Introduccion Al Calculo Y Al Analisis Matematico I (Spanish Edition)

Introduccion al calculo y al analisis matematico II

Introduccion al calculo y al analisis matematico II

Introduccion Al Analisis De Datos Difusos

Introduccion Al Derecho

Introduccion Al Analisis del Derecho (Coleccion Filosofia y Derecho)

El derecho al delirio

El Derecho Al Delirio

Introduccion al Algebra

Introduccion al Existencialismo

Introduccion al Ayuno

Introduccion al estilo matemático

Introduccion Al Martinismo

Introduccion Al Aparato Circulatorio

Introduccion Al Sonido

Introduccion Al Caos Determinista

Introduccion Moderna al Algebra

INTRODUCCION AL PENSAMIENTO COMPLEJO

Introduccion Al Cristianismo

Introduccion al estilo matemático

Introduccion al narcisismo

Introduccion Al Narcisismo

Introduccion Al Desarrollo Del Software

Introduccion al robo de identidad

Introduccion al Control de Calidad

Introduccion Al Sistema Operativo Unix

Introduccion Al Tarot [curso 2]

Introduccion Al 3d Studio Max

Post scríptum al Concepto del derecho

Fragmento Preliminar Al Estudio Del Derecho

Introduccion Al Calculo Y Al Analisis Matematico I (Spanish Edition)

Introduccion al calculo y al analisis matematico II

Introduccion al calculo y al analisis matematico II

Introduccion Al Analisis De Datos Difusos

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