El Sistema De Injusticia En Ee Uu

Cárceles diligentes El sistema de Injusticia en EE.UU. Pauline Payame Fadaee, edición de primavera de 2002 Traducido para Rebelión por Germán Leyens La igualdad ante la ley es uno de los fundamentos del concepto burgués de democracia. La ley es presentada como una fuerza neutral, que afecta por igual a todos, no importa cuál sea su posición en la sociedad y que además proviene en última instancia de la voluntad del pueblo porque ha sido legislada por sus representantes elegidos. Lo que han demostrado las últimas elecciones en EE.UU. es la rotunda negativa de esta noción. La realidad es que las leyes reflejan y sirven las relaciones económicas subyacentes y los intereses correspondientes de la clase dominante. De otra manera, las leyes entrarían en conflicto con las relaciones fundamentales de propiedad perturbando la base económica de la sociedad. Además, existen todas las distintas interpretaciones de la ley escrita que utilizan las autoridades. El Estado, que está en manos de la clase que domina las relaciones económicas de la sociedad no es y no puede ser neutral. En una sociedad basada en las relaciones burguesas de producción con los antagonismos de clase fundamentales entre la burguesía y el proletariado, es imposible que la superestructura no sostenga e imponga esas relaciones de producción. Esto significa explotación y opresión para la masa del pueblo y la masiva violencia que es requerida para defender y perpetuar un sistema que sirve los intereses de su clase gobernante. La clase gobernante de EE.UU. ha establecido el mayor sistema de maquiladoras basadas en el trabajo forzado del mundo. Hay actualmente unos 2 millones de presos en las prisiones de EE.UU. comparados con 1 millón en 1994. Esos presos se han convertido en la fuente de miles de millones de dólares en beneficios. En la práctica, EE.UU. tiene en las cárceles a medio millón de personas más que China, que tiene 5 veces su población. California sola tiene el mayor sistema carcelario en el mundo occidental industrializado. Tiene más presos que Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Holanda combinados, aunque estos países tienen 11 veces la población de California. Según las cifras oficiales, Irán encarcela a 220 ciudadanos por cada 100.000, en comparación con 727 en EE.UU. En total, el sistema de “justicia penal” total de EE.UU., incluyendo a los que están en la cárcel o en libertad condicional, se acerca a 6 millones. En los últimos 20 años, han construido 1.000 nuevas prisiones y, sin embargo, contienen el doble de la capacidad prescrita. Los prisioneros, un 75% de los cuales son negros o latinos, son obligados a trabajar por 20 centavos por hora, algunos hasta por 75 centavos al día. Producen de todo, desde gafas y muebles hasta componentes para vehículos y software. Esto ha llevado a miles de despidos y a la reducción del nivel de los salarios de toda la clase trabajadora. En la prisión Soledad en California, los prisioneros producen camisas de trabajo exportadas a Asia así como placas de matrícula de El Salvador más baratas que en El Salvador, uno de los países más pobres del Hemisferio Occidental. Un informe de mayo de 1999 en el Wall Street Journal resumió que aunque “trabajadores más caros del sector privado pueden perder sus trabajos debido a la producción en las prisiones, el que el trabajo vaya al productor más rentable es bueno para la economía”. El Wall Street Journal de 1

febrero de 2000 informó: “Los presos son excluidos del cálculo de [des]empleo. Y ya que la mayor parte de ellos sufren de desventajas económicas y no han sido capacitados, el que tanta gente haya sido encarcelada ha extraído efectivamente de la ecuación a una gran porción de ciudadanos que tienen menos posibilidades de conseguir trabajo”. En otras palabras, se habla de esto como una solución factible contra la amenaza de potenciales rebeliones de las masas de desocupados. Muchas corporaciones del Fortune 500 utilizan el trabajo en las prisiones para obtener súper beneficios, mientras esas víctimas sufren un extremo racismo, palizas, torturas, explotación sexual y muerte de parte de sus guardias. Un ejemplo es la Prisión Estatal Corcoran de California donde los funcionarios organizaban días de gladiadores en los que se animaba a miembros de bandas rivales a luchar mientras miembros del personal apostaban sobre el resultado, el que a menudo terminaba con presos matados a tiros. El complejo carcelario-industrial de miles de millones de dólares tiene de todo, desde sus propias exposiciones, convenciones y sitios en el web a catálogos de compra por correo y equipos de venta de grilletes para jóvenes, escáneres de orificios corporales, etc. La industria incluso tiene sus propias Páginas Amarillas –todo basado sobre todo en condenados no-violentos que, según las normas capitalistas europeas, no deberían estar en prisión. Federal Prison Industries (FPI), cuyo nombre comercial es UNICOR, exporta productos hechos por los presos y los vende a todas las agencias federales tal como es requerido por la ley federal. FPI fabrica más de 150 productos diferentes en 99 fábricas en 64 prisiones (y hay 19 nuevas en preparación) en 30 estados. Es el contratista 35 por su tamaño del gobierno federal, justo después de IBM y está exento de todas las regulaciones federales del sitio de trabajo. Cuando los presos se han negado, por razones de salud, a arrancar baldosas de asbesto al renovar un centro médico del Ejército, les dieron la alternativa de obedecer las órdenes o ser incomunicados. En enero de 2000, 4.000 presos en las prisiones Sing Sing y Green Haven en el estado de Nueva York fueron colocados en “encerrona” durante 2 semanas, porque 85 presos fueron acusados de “conspirar para una huelga”. Los 85 fueron dispersados en otras prisiones y los que poseían panfletos llamando a la huelga fueron incomunicados. La fuerza de trabajo carcelaria de FPI produce un 98% de todo el mercado de EE.UU. de servicios de montaje de equipos, un 93% de los pinceles para pintores y artistas, un 92% de todos los servicios de montaje de cocinas, un 46% de todo el blindaje personal, un 36% de todos los mobiliarios domésticos y un 30% de todos los auriculares / micrófonos y altavoces, etc.(RW. , febrero de 2000). FPI anuncia permanente buscando compañías “interesadas en franquicias de industria carcelaria lista para funcionar” especialmente después de un testimonio en el Congreso en 1996 que informó de una “demanda acumulada de mano de obra carcelaria”. Mientras tanto, los accionistas que se benefician del trabajo carcelario hacen lobby permanentemente para que se legisle a favor de sentencias más prolongadas para incrementar su fuerza de trabajo. Por lo menos 37 estados han legalizado los subcontratos de mano de obra carcelaria a corporaciones privadas, que ya han establecido operaciones dentro de las prisiones estatales. Los clientes empresariales de las prisiones incluyen a: IBM, Boeing, Motorola Microsoft, AT&T Wireless, Texas Instruments, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom, Revlon, Macys, Pierre Cardin, Target Stores, etc. El aumento en un 700% de los presos en EE.UU. durante los últimos 25 años coincide con la incriminación fraudulenta de decenas de miles de jóvenes negros por la corrupta policía racista o por un Presidente del Tribunal Supremo (William Rehnquist) que cree

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que las escuelas segregadas son constitucionales. El nuevo Ministro de Justicia, John Ashcroft, de la administración ‘elegida’ de Bush, tiene la misma tendencia supremacista blanca. El inherente racismo del sistema de justicia se evidencia en las siguientes estadísticas: tanto los crímenes violentos como el uso de drogas ilegales son iguales en cantidad entre negros y blancos, sin embargo, es más de 5 veces más probable que se arreste a un negro por infracciones relacionadas con las drogas. Actualmente, uno de cada cuatro negros en EE.UU. será probablemente encarcelado en algún momento de su vida. Son encarcelados en cantidades cuatro veces superiores que los negros en Suráfrica, donde constituyen un 75% de la población masculina. Los latinos son encarcelados por infracciones relacionadas con la droga a 81 veces la cantidad de blancos condenados por las mismas infracciones. En California, desde 1993, la población latina ha aumentado en un 2%. Pero la población latina masculina en las cárceles del Estado creció en un 100%. La reactivación de la brutal guerra de la clase gobernante de EE.UU. contra su clase obrera está englobada en la Ley Federal de Responsabilidad Personal y de Oportunidad de Trabajo de 1996, que establece que ya no se garantiza ninguna red de asistencia pública a los niños de madres solteras. Sus madres son excluidas de la asistencia pública después de dos años y se les niega para siempre toda ayuda social si han recibido un máximo vitalicio de cinco años. Por otro lado, en ausencia de servicios de guardería infantil asequibles, las trabajadoras se ven obligadas a dejar solos a sus niños y, por otro lado, arriesgan encarcelamiento por descuidar a los niños mientras las madres que reciben ayuda y se niegan a aceptar sitios determinados de trabajo pueden perder todo medio de apoyo. Un informe de The Urban Institute señaló que entre un 35% y un 50% de las mujeres excluidas de la asistencia social sufrieron serias dificultades incluso para alimentar a sus niños. Por lo tanto no sorprende que la cantidad de mujeres en las prisiones en todo el país ha aumentado más de un 400% desde 1996 y que, por ejemplo, sólo en Arizona, un informe estatal documentó que la cantidad de gente con hambre aumentó a 900.000. La reforma de 1996 redujo 56.000 millones de dólares del programa de asistencia pública federal y fue utilizada para pagar “deudas federales” a los capitalistas financieros. Los estados ya no reciben un cierto porcentaje del gobierno federal del dinero que deben gastar en asistencia, lo que significa que pueden gastarlo en cualquier otra cosa. En septiembre de 1999, 45 estados habían acumulado ya 7.000 millones de dólares en fondos federales según un estudio de la Campaña Nacional por Puestos de Trabajo e Ingresos. En total, durante los últimos 25 años, las prestaciones de asistencia han sido reducidas en un 50% y desde 1996, la cantidad de personas que reciben asistencia ha disminuido en un 50%, de 12,2 millones en 1996, a 6,6 millones en 1999. En la ciudad de Nueva York, donde un 25% de la gente vive en la pobreza, más de 6.000 personas son eliminadas de la asistencia cada mes, basándose en detalles técnicos. Las prácticas de los funcionarios de la asistencia son tan extremas que en enero de 1999 un tribunal federal estableció que la ciudad de Nueva York estaba disuadiendo ilegalmente a la gente para que no pidan sellos para alimentos. Cientos de miles han sido forzados al workfare que ha reemplazado puestos de trabajo municipales sindicalizados. Según el New York Times, “un antiguo asesor de Giuliani calculó el valor del trabajo contribuido por workfare en más de 500 millones de dólares por año”. Otro estudio del New York Times estableció que desde el programa de asistencia por trabajo de Wisconsin “la mortalidad infantil aumentó en un 17,6%”. Es interesante señalar que el antiguo gobernador de Wisconsin. Tommy Thompson, preparó y

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promovió la reforma del sistema de asistencia social de 1996 y es ahora Secretario de Salud y Servicios Humanos bajo la nueva administración Bush. En Mississippi, un reciente estudio pronosticó un sitio de trabajo disponible por cada 254 familias privadas de la asistencia social. (Workers Vanguard. mayo/98). Pero otro estudio, esta vez de investigadores de la UCLA, mostró que desde los despidos, la falta de vivienda en el ámbito nacional ha aumentado en un 150%. En consecuencia, los funcionarios de NY Parks Enforcement (mantenimiento del orden en los parques de NY) han recibido instrucciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) de registrar datos sobre gente sin hogar en un formulario basado en el que utiliza el NYPD para los acusados de un crimen. Las dos primeras secciones del formulario tienen el título “Identificación del infractor” e “Infracción condenada”. El alcalde de Nueva York, Giuliani, lo defendió declarando: “los parques de la ciudad no son dormitorios... “ La gente sin techo pronto tendrá que participar en workfare [trabajo obligatorio de receptores de asistencia pública] a cambio de utilizar los alojamientos de la ciudad. (Daily News. octubre de 2000) Como resultado de esta ofensiva, millones de negros y otros proletarios pertenecientes a las minorías raciales o étnicas se ven atrapados en las decadentes zonas urbanas, sin servicios, con poco trabajo y sin alternativas. La situación es aún más desesperada que cuando se creó el medio en el que desarrolló a principios de los años 70 la epidemia del crack. La ley federal establece ahora que se condenará a 5 años sin libertad condicional por 5 gramos de cocaína crack, mientras la misma sentencia requiere la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo. La abrumadora mayoría de los consumidores de cocaína en polvo son blancos de la clase media y alta, mientras que el crack es utilizado sobre todo por negros y latinos de la clase trabajadora. Es un ejemplo contundente de los derechos cívicos de la ciudadanía estadounidenses que valen para las masas. En relación con los posibles futuros ciudadanos de EE.UU., Human Rights Watch publicó un informe en septiembre de 2000 criticando enérgicamente el trato dado por el gobierno de EE.UU. a los inmigrantes. El informe reveló que miles de inmigrantes y refugiados políticos están siendo retenidos en prisiones normales, tratados como criminales, mientras esperan la determinación de su estatus de inmigración y sufren los abusos de los guardias (incluyendo choques eléctricos), insuficiente comida y demoras en los tribunales. En febrero de 1998, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) tenía contratos con 1.041 prisiones municipales para encarcelar a inmigrantes detenidos. Existen ahora unas 15.000 personas detenidas por el INS, o sea un aumento de un 70% en sólo dos años. El INS calcula que a fines de 2001, habrá más de 23.000 hombres, mujeres y niños bajo detención. El trato abusivo, sin embargo, no se limita a los inmigrantes: un artículo del Los Angeles Times de diciembre de 1999 señaló como presos en campos juveniles son castigados obligándolos a arrodillarse en pisos de madera dura durante horas, algunas veces en sus propias excrementos. Presos con tendencias suicidas en la Autoridad Juvenil son encerrados en celdas durante 23 horas al día y en una prisión juvenil en Stockton los jóvenes han sido incomunicados durante meses. La edad mínima con la que un niño puede ser juzgado como un adulto es de 15 años en Louisiana, en 18 estados la edad límite es de 14, en 2 estados de 13, en Colorado de 12, en Vermont de 10 y en Nueva York, 7 años y en otros 27 estados no existe ningún límite de edad. (Time, abril de 1998). Entretanto los reclusos adultos en el Centro Correccional Tamms residen en una prisión de alta tecnología, diseñada científicamente para trastornarlos mediante un aislamiento

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extremo, la privación de contactos humanos, la vigilancia constante y rígidos controles. La cólera contra las brutales condiciones se convirtió en acción el 1 de mayo de 2000 con el comienzo de una huelga de hambre en toda la prisión. Los huelguistas, un 70% de los prisioneros, presentaron 27 demandas que incluían temas como las terribles condiciones de sanidad y limpieza, las extremas restricciones y los castigos arbitrarios. No es sorprendente que la primera demanda de los huelguistas haya sido la reubicación de los presos con enfermedades mentales en una instalación en la que puedan recibir un tratamiento médico adecuado. Un juicio iniciado por el Centro de Justicia MacArthur documenta que presos con enfermedades mentales en Tamms sufren diagnósticos equivocados, indiferencia deliberada, cantidades peligrosas de medicamentos y castigos extremos. El juicio se basa en que tales abusos han causado severos sufrimientos y han contribuido a llevar a prisioneros con problemas mentales hacia más paranoia o continuos delirios. Según el Centro de Defensa de Tratamientos, 3,5 millones de estadounidenses sufren de severas formas de enfermedades mentales. Desde 1969, un 93% de todas las camas psiquiátricas han sido desocupadas en todo el país y muchos de los enfermos mentales han terminado en el sistema carcelario. De los 38 estados que permiten la pena de muerte, sólo 13 excluyen la ejecución de enfermos o retardados mentales. En 1989, la Corte Suprema de EE.UU. decidió que la ejecución de personas con capacidades mentales disminuidas no viola la ley. Han aparecido detalles sobre el criminal cuidado médico de prisioneros en el sistema carcelario de la ciudad de Nueva York. En enero de 1998, el hospital St. Barnabas (privado) fue contratado para proveer cuidados sanitarios en el complejo de la prisión de Rikers Island y en el complejo de detención de Manhattan, por una relación con la Corporación de Salud y Hospitales que controla los hospitales públicos de la ciudad. Mientras menos gasta St. Barnabas en los enfermos, más beneficios recibe y hasta ahora Sr. Barnabas ha estado produciendo 1 millón de dólares por mes en beneficios mientras la cantidad de prisioneros enviados de los complejos carcelarios a los hospitales de la ciudad ha disminuido en un 57%. Mientras tanto, las quejas de los prisioneros por sus cuidados sanitarios han aumentado en más de un 404%. A pesar de estos hechos, la Corporación de Salud y Hospitales publicó un informe en noviembre de 2000 elogiando el nuevo sistema de atención administrada. Este informe fue atacado por la Dra. Audrey Compton, director médico de la Oficina de Servicios de Salud Penitenciarios de la Corporación de Salud y Hospitales que luego renunció a su puesto “porque el cuidado sanitario para los presos ha sido menoscabado bajo el nuevo contrato de atención administrada”. (NY Times, noviembre de 2000). California, que ocupa el tercer puesto por el tamaño de su sistema penitenciario en el mundo, después de China y de EE.UU. en su conjunto, gasta más en prisiones que en todo el sistema educacional. En los últimos años, el sistema universitario de California redujo 8.000 empleos mientras el Departamento Penitenciario agregó 26.000. California ha construido 19 prisiones y una universidad en los últimos 10 años. El estado gasta hasta 60.000 dólares por año para encarcelar a una persona joven, y sólo 8.000 dólares por año para educarla. Los políticos del estado discuten si se debiera aplicar la pena de muerte a los de 13 años o si debiese ser aplicada “sólo” a los de 14 y más. Y David Myers, presidente regional de la Costa Oeste de la Corporación Penitenciaria de EE.UU. (CCA, por sus siglas en inglés), la mayor corporación carcelaria de EE.UU., “justifica” las nuevas proposiciones para construir mega-prisiones que contendrían hasta 20.000 reclusos cada una. Declaró a un reportero que está construyendo tres nuevas prisiones basándose exclusivamente en la especulación de que “Si son construidas en el sitio

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adecuado, ya llegarán los presos”. (RW, diciembre de 2000). En 1994, California aprobó una ley de “tres faltas y fuera”. Sólo esta ley causó que se necesitaran 20 nuevas prisiones para contener el aumento de la cantidad de presos. Más de 30.000 personas en California han sido sentenciadas al doble de la sentencia normal bajo la provisión de “el segundo delito” de la ley y el Departamento Penitenciario de California ha publicado estadísticas que documentan que un 62% de las condenas por un tercer delito se deben a infracciones no-violentas. Durante los 17 años anteriores a 1994 (cuando entró en efecto la ley de tres delitos), la legislatura de California aprobó más de 1.000 leyes extendiendo las sentencias o definiendo nuevos crímenes. No puede sorprender, por lo tanto, que en esos mismos años se vio un aumento de un 600% en la población carcelaria de California –de 19.000 a 159.000, de los cuales más de un 70% son negros, latinos o de otras nacionalidades oprimidas. La ley establece que dos condenas por delitos graves anteriores significan entre 25 años a pena perpetua en caso de una tercera condena, no importa cuál sea la condena especificada para esa tercera infracción. Los delincuentes por tercera vez han recibido esa sentencia por robarse un par de pantalones, una bicicleta o simplemente un trozo de pizza. Entre 1994 y 1995, 24 estados y el propio gobierno federal siguieron el ejemplo de California legislando nuevas leyes de “tres delitos”. Entre las víctimas de esta ley relativamente nueva se encuentra un 80% de las mujeres en las prisiones de California que están en ellas por infracciones noviolentas, incluyendo a las reclusas en el complejo carcelario en Chowchilla que, según California Prison Focus, es la mayor prisión para mujeres del mundo. En diciembre de 1996, Human Rights Watch publicó un informe de 347 páginas documentando el abuso sexual de mujeres en las prisiones estatales. En las prisiones en Chowchilla, por ejemplo, se realizan a menudo registros en los que se exige que la mujer se desnude en presencia de guardias varones y se prohíbe que las prisioneras cubran las ventanas que dan a las celdas en las que se están vistiendo, utilizando duchas o inodoros, mientras los guardias observan. En este contexto, lancemos una mirada más de cerca a la policía que realiza los arrestos y participa en las condenas con su testimonio y evidencia durante los procesos en los tribunales de todas esas lamentables víctimas. El primer ejemplo implica a un policía del LAPD, Rafael Pérez, parte de una unidad anti-bandas llamada CRASH (siglas en inglés de Recursos de la Comunidad Contra Rufianes Callejeros), que fue atrapado robando cocaína de la Rampart Division Station para venderla en las calles. Antes de que Pérez aceptara revelar en su totalidad las actividades de CRASH, esa unidad era ensalzada como un modelo exitoso en la guerra contra las pandillas. Pérez informó cómo los policías de la unidad CRASH se reunían en un bar para entregar placas (una calavera sonriente con sombrero vaquero sujetando los naipes de la muerte) para celebrar cada sospechoso muerto a tiros. Cuando ingresaba un nuevo recluta, los miembros de CRASH lo rodeaban y lo golpeaban en un rito iniciático. Ahora se sabe que existen casi 10.000 casos descalificados por su relación con el escándalo Rampart involucrando evidencia y testimonios falsificados durante procesos. Pérez también confesó que en 1996 colocó esposas y disparó a un muchacho desarmado de 19 años y que luego le colocaron un rifle. El joven nunca volverá a caminar. Luego, según Pérez, él y su colega colocaron un arma junto a un muchacho de 21 años al que acaban de disparar. Tardaron en llamar una ambulancia mientras elaboraban una historia con un supervisor, lo que causó que el joven se desangrara hasta morir. Otro agente de CRASH disparó repetidamente por placer a un sospechoso con una escopeta de perdigones. En otro caso, la policía disparó hacia festejantes de Año Nuevo que disparaban al aire a medianoche. Cuando resultó que sus tiros habían alcanzado a los dos individuos, la

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policía inventó la historia de que los heridos estaban apuntando sus armas a la policía. Un policía fue condenado por asesinar a una joven madre de tres niños porque ésta había presentado una así llamada queja confidencial por brutalidad en su contra. Nueve agentes fueron arrestados y condenados por vender protección a un depósito de cocaína. Otros dos policías fueron acusados de violar a una niña de 14 años. En 2.000 páginas de testimonio, Pérez reveló que la policía acostumbraba a tender trampas a inocentes colocando drogas y armas, a abusar físicamente de ciudadanos en la calle sólo por divertirse y a cometer perjurio para lograr condenas. “Un 90% de los policías que trabajan en CRASH y no sólo en el CRAH Rampart, falsifican muchas informaciones”. Pérez también contó como numerosos crímenes y actos de brutalidad eran aprobados y facilitados regular y sistemáticamente por los supervisores dentro del LAPD. Hubo detalles sobre policías supervisores que ayudaban a inventar escenas falsas de crímenes y sobre capitanes y tenientes que firmaban de buenas ganas informes policiales que contradecían totalmente la evidencia física. Inmediatamente apareció una lista en rápido crecimiento de presos que habían sido condenados y encarcelados debido a una evidencia amañada y a mentiras policiales como parte de una guerra sistemática librada por CRAH contra la gente, especialmente contra los jóvenes en los vecindarios pobres. La división Rampart también se concentró sistemáticamente en la persecución de inmigrantes que fueron testigos de la mala conducta policial para lograr su deportación. El Jefe Parks admitió que cuatro de los policías con permiso oficial por el escándalo jamás deberían haber sido empleados por su historial de arrestos previos y/o deudas incobrables resultantes de su incapacidad de solucionar problemas económicos. De los miles de casos de personas erróneamente condenadas, sólo un poco más de 40 han sido desestimados hasta ahora. (RW, noviembre de 2000) De los Ángeles a Filadelfia, el crimen y la corrupción en las fuerzas policiales se aceleran. En 1995, dos antiguos funcionarios de FOP (siglas en inglés de Fraternal Order of Police, orden fraternal de la policía), un ex presidente y un ex tesorero, fueron condenados por soborno y crimen organizado cometidos a principios de los años 90. El mismo año, estalló un gran escándalo en el que se acusaba a la policía de falsificar evidencia, de hacer arrestos falsos y de robar decenas de miles de dólares de dinero proveniente de la droga y la prostitución. Los funcionarios tuvieron que revisar 1.400 casos de personas cuyos arrestos y condenas se basaban en invenciones de la policía. Human Rights Watch informó en 1998: “Los escándalos de corrupción y brutalidad han dado al PPD (siglas en inglés de Philadelphia Police Departament) una de las peores reputaciones en el país”. En un estudio realizado para el Departamento de Justicia de EE.UU., se indicó que los policías del PPD tendían 37 veces más que los de Nueva York a disparar contra personas desarmadas en fuga desde la escena de lo que se sospecha haya sido un crimen no-violento. Y en la ciudad de Nueva York, la reacción del alcalde Rudy Giuliani al último de los numerosos asesinatos policiales fue defender al agente. No siquiera expresó compasión a la madre de la víctima, porque “podría implicar que los disparos no fueron justificados”. Al mismo tiempo Giuliani elogió al policía como un “funcionario clandestino muy, muy, distinguido”, pero no mencionó que una vez el agente había matado el perro de un vecino y sacado su arma durante un altercado personal en un bar. El congresista republicano Peter King dijo: “Rudy es un gran alcalde en tiempos de guerra. Pero una vez que se libró de asesinos y de limpiacristales, siguió adelante... peatones imprudentes, vendedores, no pudo contenerse. Obviamente, el policía cometió un error en este caso, pero el alcalde no es capaz de reconocerlo”. (Time, abril de 1999) La fuerza del NYPD se ha inflado de

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29.000 a 40.000 en los últimos años y en 1993 se modernizó con nuevas armas semiautomáticas de 16 balas, en lugar de las antiguas pistolas de seis tiros. También se pertrecharán pronto de balas de punta hueca, que son más letales que las normales porque se expanden al penetrar al cuerpo y causan más daños internos. Después de que la policía de Chicago mató en unas horas a dos jóvenes desarmados, en controles separados de tráfico, reporteros del Chicago Sun-Times descubrieron un hecho interesante: las estadísticas sobre asesinatos policiales no son abiertas al público. Las pocas estadísticas entre 1990 y 1998, publicadas bajo presión, mostraron que la policía de Chicago mató a 505 personas de las cuales un 90% fueron no-blancos. (Chicago SunTimes, junio de 1999). La concentración sistemática en personas negras o latinas en los controles de rutina del tránsito prevalece en todo el país. En Nueva Jersey, por ejemplo, un estudio del tránsito presentado en un caso judicial de 1996 mostró que un 98% de todos los coches en una carretera durante un período de 3 años iba por sobre el límite de velocidad. Sin embargo, según un informe del Newark Star-Ledger, un 75% de todos los arrestados en la autopista de peaje de Nueva Jersey durante los dos primeros meses de 1997 fueron negros o latinos, aunque constituyen sólo un 13% de todos los conductores. Finalmente, en abril de 1999, el Fiscal General del Estado publicó un informe reconociendo que la policía del Estado de Nueva Jersey utiliza sistemáticamente el racial profiling (controles policiales selectivos en función de la raza). El informe documentó que entre 1994 y 1999 más de un 77% de las personas buscadas eran o negras o latinas. Entonces la gobernador de NJ Christine Whitman que fue nombrada más tarde Secretario de la Agencia del Medio Ambiente bajo la nueva administración Bush, declaró: “El racial profiling no existe”. (NY Daily News, mayo de 1998). Por otra parte, Bernard Parks, jefe de la policía de Los Ángeles cree que “no es culpa de la policía si detiene a varones de las minorías o los mete en la cárcel. Es culpa de los varones de las minorías porque cometen los crímenes” El periódico negro, Daily Challenge, lo ve de otra manera: “El sistema educacional nos ha decepcionado, la policía nos asesina, tortura y abusa en cantidades récord, el complejo industrial carcelario se está convirtiendo en el negocio de crecimiento más acelerado en EE.UU. por las cantidades récord de negros que son aglomerados en él; nuestros niños son sacados de sus hogares fuera de toda proporción y colocados en un sistema insultante y negligente de foster care (cuidado adoptivo temporal), los funcionarios negros elegidos nos culpan a nosotros y/o a nuestra retórica y nuestra cultura ha sido utilizada permanentemente por la industria del entretenimiento para promover la decadencia, la misoginia y la violencia mutua. Debemos actuar”. (RW, agosto de 1999). La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha publicado un nuevo informe sobre la brutalidad policial en EE.UU. intitulado “Protegidos de la justicia: la brutalidad policial y la impunidad en Estados Unidos”. El informe de 440 páginas, publicado en julio de 2000 señala: “La brutalidad policial es una de las violaciones más serias, permanentes y divisivas de los derechos humanos en Estados Unidos. El problema es nacional y su naturaleza está institucionalizada”. El informe también muestra cómo se hace omiso de esta brutalidad o se la encubre en los tribunales y en diferentes agencias que deberían controlar a la policía. Además, un nuevo informe de Amnistía Internacional, “Derechos para todos”, fue publicado en octubre de 2000 y forma parte de su primera campaña mundial sobre la situación de los derechos humanos en EE.UU. El informe cubre varios temas diferentes: entre otros la brutalidad de la policía y otras agencias de mantenimiento del orden; el abuso contra los presos: el uso injusto y racista de la pena de muerte y el encarcelamiento de personas

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que buscan asilo político. “Hay un modelo persistente y generalizado de violaciones de los derechos humanos en EE.UU. ... agentes de la policía han golpeado, pateado, aporreado, asfixiado y disparado a personas, aun cuando no representaban ningún peligro. La mayoría de las víctimas han sido miembros de minorías raciales o étnicas. Mucha gente ha muerto, muchos han sido seriamente heridos y muchos han quedado profundamente traumatizados. Las víctimas incluyen no sólo a sospechosos de crímenes sino también a transeúntes y a gente que ha criticado las acciones policiales... Los negros que son arrestados por ofensas menores parecen particularmente sujetos a la brutalidad policial”. Otros objetivos en particular de la brutalidad policial identificados por Amnistía Internacional incluyen a los enfermos mentales. Según un reciente análisis de casos que involucran mala conducta policial presentados a la oficina del fiscal del distrito, los fiscales públicos se han negado a procesar a los agentes acusados en un 92% de los casos y en otros en los que existían acusaciones de uso de fuerza excesiva, el fiscal del distrito se negó a enjuiciar a la policía en casi un 99% de los casos. (RWnoviembre de 2000). Además de la corrupción y los abusos de la policía, una mirada más cercana a los “defensores de la justicia” dentro de las mismas cortes proyecta aún más luz sobre el sistema de injusticia. En abril de 2000, la Corte Suprema de EE.UU. dictó los primeros fallos importantes sobre la Ley para una Pena de Muerte Efectiva de 1996 (EDPA, por sus siglas en inglés). La EDPA impone importantes restricciones de los derechos de los prisioneros de apelar sus casos al tribunal federal. Desde 1998, leyes de pena capital existen en 38 estados y en los últimos seis años, un promedio de un preso ha sido ejecutado cada semana. Hay actualmente unas 3.500 personas en el corredor de la muerte y su número continúa aumentando. Según Amnistía Internacional, “EE.UU. tiene la mayor población conocida del mundo en el corredor de la muerte””. Además, aunque cerca de un 50% de todas las víctimas de asesinatos en EE.UU. fueron negras, un 83% de todos los ejecutados en todo el país fueron condenados y ejecutados por matar a alguien que era blanco. Amnistía Internacional también informó que las tres ejecuciones oficiales conocidas de menores en el mundo en 1998 fueron todas realizadas en EE.UU. y que por lo menos 30 prisioneros mentalmente retardados estuvieron entre los 500 ajusticiados desde el reinicio de las ejecuciones en EE.UU. en 1973. Amnistía Internacional llama también a una prohibición de los stun belts, cinturones eléctricos que disparan choques de 50.000 voltios de electricidad. Su utilización fue puesta de relieve cuando un juez en California ordenó que un stun belt fuera utilizado contra un acusado sólo por haberla interrumpido durante una sesión del tribunal. Un estudio publicado en junio de 2000 agrega nueva y detallada evidencia sobre la naturaleza siniestra de la pena de muerte en EE.UU. El estudio, con el título “Un sistema quebrantado: la cantidad de errores en casos capitales” es un estudio de un equipo de abogados y criminólogos en la Escuela de Derecho de Columbia, el primer estudio estadístico del proceso de apelación en casos de pena capital desde 1973. El estudio se originó por una solicitud de 1991 del Comité Judicial del Senado de que se calculara la tasa de revocación de la pena de muerte en apelaciones federales; en 1995 el estudio fue expandido para que incluyera las apelaciones en los estados. El informe, que examinó todos los casos de pena de muerte en 23 años desde 1973 a 1996, estableció que casi 7 de 10 sentencias de muerte decididas por las cortes estatales fueron revocadas cuando las cortes de apelación fallaron que las sentencias resultaron de juicios excesivamente injustos. Sin embargo, a pesar de la evidencia de ejecuciones

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gubernamentales de inocentes y de la crítica importancia del proceso de apelaciones, más de 30 estados se han adherido al fallo de la Corte Suprema, que impone límites poco realistas al tiempo aceptable para la admisión de nueva evidencia exonerante después de una condena. En más de 12 estados, el tiempo aceptable para una apelación es de 30 días o menos. Además, el NY Times informó que la cantidad de errores que no son detectados ha aumentado desde el estudio de Columbia, porque desde mediados de los años 90 varios estados y el Congreso han limitado las apelaciones y acelerado el proceso de ejecución. En consecuencia, numerosos estados han clausurado las unidades del Defensor Público Especial que antes ayudaban a los reclusos pobres en el corredor de la muerte a presentar sus apelaciones. El informe de Columbia también detalló dos tipos de errores que han conducido a la mayor parte de las revocaciones de penas de muerte: “(1) abogados de la defensa atrozmente incompetentes que ni siquiera se preocupan de buscar evidencia importante que evidentemente ha sido descartada y que probaba que el acusado era inocente o no merecía morir. (2) policías o fiscales que descubrieron ese tipo de evidencia, pero la suprimieron, ocultándola ante el jurado”. Otros ‘errores’ incluyen a jueces que hablan con los medios antes del juicio o que dan instrucciones incorrectas al jurado, policías que extraen “confesiones” de los acusados mediante coacción, fiscales que excluyen a negros del jurado cuando se procesa a una persona negra o policías que colocan a informantes en las cárceles para espiar las conversaciones entre acusados y sus abogados. El informe documentó cientos de ‘errores’ semejantes en juicios de pena de muerte mientras que la tendencia en todo EE.UU. es dificultar aún más las apelaciones de las personas en el corredor de la muerte. El informe de Amnistía Internacional: “Matando con prejuicio: la raza y la pena de muerte” de mayo de 1999, analizó un factor central en la naturaleza injusta de las penas de muerte en EE.UU.: el racismo. “La discriminación racial domina la pena de muerte en EE.UU. en todas las etapas del proceso... “ De todas las personas ejecutadas entre 1976 y 1997, un 37% eran negras, aunque constituyen sólo un 12% de la población. En junio de 1997 el Centro de Información sobre la Pena de Muerte concluyó: “La raza afecta con mayor probabilidad la condena a muerte que fumar afecta la probabilidad de morir de enfermedades cardíacas”. Una información de Pittsburgh Post-Gazette "descubrió cientos de casos en los que agentes y fiscales federales violaron reglas y leyes en casos judiciales de pena de muerte, sin embargo, desde 1976, la Corte Suprema de EE.UU. falló que los fiscales tienen inmunidad de procesos por mala conducta. Según investigación del Chicago Tribune, ni un solo fiscal en ningún tipo de caso penal ha recibido alguna sanción oficial por falsificar evidencia o alguna otra mala conducta. En realidad, muchos de los fiscales implicados en semejante mala conducta fueron posteriormente ascendidos a fiscales de distrito y otras posiciones más elevadas dentro del sistema de mantenimiento de la ley. El estudio de The Tribune también estableció que Texas ha ejecutado a docenas de reclusos en el corredor de la muerte que evidentemente no habían recibido juicios justos. (Time, junio de 2000). Abogados de la defensa en 40 casos de sentencias a muerte no presentaron evidencia o sólo un testigo durante la fase del juicio en que se falló la sentencia. Un abogado de la defensa que no presentó ninguna defensa, testimonió más tarde que no sabía que podía presentar testigos. Un psiquiatra, conocido como Dr. Muerte, presentó testimonio en 166 casos después haber sido condenado anteriormente por no-ético y de poca confianza por la Asociación Psiquiátrica de EE.UU. Otro psicólogo testimonió que se podía esperar que un acusado probablemente

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cometería futuros actos de violencia porque era latino. En por lo menos 23 casos, la evidencia de los fiscales durante el juicio o la sentencia incluyó a un informante de la prisión (un testimonio que se logra a cambio de trato especial y que por lo tanto es muy poco fiable). En 43 casos, los acusados fueron representados en el juicio por un abogado que había sido o que fue posteriormente inhabilitado, suspendido o castigado. La mayoría de esos 43 abogados fueron nombrados por jueces locales para representar a acusados pobres. Uno de los abogados penales más tristemente célebres en Texas fue Joe Canoon, de triste fama por dormir durante los juicios y por apresurarse en los casos para complacer a jueces con demasiado trabajo atrasado. En un caso el año pasado, un juez federal dijo: “un abogado que se duerme equivale a ningún abogado”. Aunque el Estado de Texas admitió que el abogado durmió durante el juicio, concluyó que el acusado había tenido suficiente representación y que debía ser ejecutado. Otro abogado fue encarcelado por asalto sexual contra dos muchachas adolescentes y otro más que más adelante llegó a ser fiscal, fue condenado en relación con una extorsión. Un reciente estudio nacional de 62 condenas capitales descubrió que los fiscales habían utilizado análisis capilares para conseguir la condena siendo que se ha demostrado que dicha evidencia es muy poco confiable. Un experto utilizado en Texas para este tipo de testimonio fue Charles Linch. Según el Dallas Morning News, Linch había sido recluido en 1994 en un asilo psiquiátrico por depresión y alcoholismo pero fue liberado temporalmente para suministrar un testimonio condenatorio de análisis capilar contra un acusado que no fue informado sobre su situación. El acusado fue ejecutado en 1998. El Dr. Erdmann fue otro experto frecuentemente utilizado por los fiscales de Texas para presentar su testimonio en casos de pena de muerte. Erdmann, que testimonió en los casos de seis personas que fueron ejecutados sólo bajo Bush, se declaró culpable en siete delitos graves relacionados con la falsificación de evidencia y autopsias mal hechas. Texas, con el segundo lugar en la cantidad de condenados a la pena de muerte en el país, 457, (después sólo de California con 568) ha condenado a más de 200 personas desde 1995 cuando Bush llegó a ser gobernador. Casi todas estas personas eran pobres y representadas por abogados nombrados por el tribunal que constantemente gastan menos de lo presupuestado por los fiscales en los casos de pena de muerte en una proporción de 1 a 20. Bush también se opuso a una ley el año pasado que hubiera prohibido la ejecución de personas con retraso mental. Hay 25 menores en el corredor de la muerte en Texas y 70 menores en el ámbito nacional. Pasando a Pennsylvania donde un 63% de los presos en el corredor de la muerte son negros, cerca de un 90% provienen de nacionalidades oprimidas y un 90% son demasiado pobres para contratar un abogado. El gobernador de Pennsylvania ha firmado 205 órdenes de ejecución desde 1995; seis veces más que la cantidad firmada por los dos gobernadores anteriores durante un período de 25 años. (RW, abril de 2000). La clase gobernante en EE.UU. se ha aprovechado, en el pasado, de la “democracia liberal” porque hace una separación clara entre la economía y el sistema político, en el que la igualdad formal prometida, -con “un ciudadano, un voto”–, en realidad mantiene una desigualdad endémica dentro de la economía. En breve, la clase trabajadora acepta derechos políticos a cambio de un sacrificio general de los económicos. La ‘democracia liberal’ parecía ofrecer un indicio de equidad considerada como legítima por la mayoría, pero dejó a los capitalistas con el control para servir sus intereses. No fue por coincidencia que en 1973 fue fundada la Comisión Trilateral, un equipo de elite de planificación administración tras puertas cerradas, dirigido por David Rockefeller que, como otros de su clase, no se fió de la creciente confianza de las masas de EE.UU. y de

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Europa Occidental en sus derechos cívicos. El Informe del Grupo de Tareas Trilateral sobre la “Gobernabilidad de las democracias” en 1973, concluyó que si se quiere corregir el sistema, hay que reducir este “exceso de democracia” y que “... hay pocas áreas en las que los procedimientos democráticos son adecuados”. Además, “Un sistema de valores que es en sí normalmente bueno no es necesariamente óptimo cuando es maximizado. Hemos llegado a darnos cuenta de que hay límites potencialmente deseables del crecimiento económico. La democracia vivirá más tiempo si tiene una existencia más equilibrada”. Entre las propuestas hechas se encontraba un llamado a otorgar más poder a la dirección política para ocultar información ante el público y a hacer recortes en la educación porque su democratización ha creado expectativas demasiado elevadas y que en lugar de capacitar ciudadanos, las universidades deberían convertirse en vastos programas de capacitación laboral. “La vulnerabilidad de un gobierno democrático en Estados Unidos no proviene en primer lugar de amenazas externas... sino más bien de la dinámica interna de la democracia misma en una sociedad altamente educada, movilizada y participativa”. En breve, los trilateralistas proponían la reafirmación de un régimen elitista más estricto y el incremento de la apatía pública, reduciendo las expectativas de la clase pobre y media, aumentando la autoridad presidencial, fortaleciendo la cooperación entre empresas y gobierno en la planificación económica, una regulación más estricta de la prensa y la pacificación de las bases sindicales. “Truman había sido capaz de gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y banqueros de Wall Street... La operación efectiva de un sistema político democrático generalmente requiere alguna medida de apatía y de no-participación de parte de algunos individuos y grupos” (NY University Press 1975). Y así, a pesar del estruendo auto-congratulatorio de una sociedad ‘democrática’ incomparable, la clase gobernante de EE.UU., ha fortalecido, desde 1973, su talón de hierro tanto en velocidad como en alcance, con una acelerada intensificación desde 1989, para implementar su nueva y mejorada versión de ‘democracia’. Las acciones emprendidas desde esas primeras proposiciones de la Comisión Trilateral de la que Jimmy Carter fue miembro activo antes de su presidencia y sigue siéndolo actualmente y en la que Rockefeller continúa en calidad de presidente permanente honorario, son por sí mismas evidentes en todo este informe. Durante la actual fase de lucha de clases, definámosla como neoliberalismo, globalización o privatización de todo el planeta, es evidente que se ha intensificado la contradicción entre las clases así como el antagonismo dentro de la propia clase gobernante, en el ámbito tanto nacional como internacional. La clase gobernante de EE.UU. tiene que estar cada vez más dispuesta a lanzarse a la guerra para asegurar sus beneficios en su lucha mundial a largo plazo por mercados, recursos, explotación de mano de obra barata y control de los suministros de petróleo. Esto implica crecientemente el ejercicio de un control más rígido de su propia clase trabajadora mediante la militarización de la sociedad y la reducción de los niveles de vida de los trabajadores. Los derechos cívicos, conquistados gracias a fieras batallas y sacrificios por parte de la clase trabajadora, fueron tolerados por la clase gobernante siempre y cuando sirvieran sus intereses estratégicos. Sin embargo, en su “nuevo orden mundial”, el orden del día huele distinto. La supervivencia del capitalismo nunca dependió de la sociedad civil y lo que vemos ahora es que el núcleo de la clase trabajadora está siendo lanzado aceleradamente hacia el abismo de la tierra de nadie en lo que a derechos cívicos se refiere, la misma suerte que sufrieron durante más de un siglo sus compañeros de la periferia.

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