ACCION BOLETIN INFORMATIVO
Informe
CIUDAD SEGURA IMPACTODELDELITO INSEGURIDADRURAL PROBLEMATICACARCELARIA POLICIAPROPIA ESTADISTICASDEDELITO SALUDMENTALYSEGURIDAD
ACCION
Buenos Aires Octubre de 2005
Octubre Nº 7 - Año 2
En este número:
EDITORIAL
Editorial
La complejidad del problema del crimen descarta de plano todas aquellas promesas que pretenden resolver el problema “de la noche a la mañana” con una sola medida. De esta complejidad deriva también la necesidad de enfrentar el problema con una política de seguridad integral que tenga en cuenta la multiplicidad de variables asociadas al aumento de la delincuencia.
Impacto de la delincuencia Inseguridad rural Policía propia Estadísticas delito
Desde este espacio técnico entendemos que solo una verdadera Política de Estado en materia de seguridad permitirá recuperar los niveles de seguridad que teníamos los argentinos y, puntualmente, los porteños diez años atrás. Una Política de Estado consensuada entre el gobierno, la oposición, las instituciones involucradas, especialistas y la comunidad, con continuidad por los próximos quince años.
Salud mental y seguridad
Indice Editorial Impacto de la delincuencia Ignacio Romano
3 4-6
Inseguridad rural Jorge Macri
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Policía propia Alejandro Itzcovich Griot
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Desigualmente inseguros Maria Rocío Guimerans
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La problemática carcelaria Daniel Petrone
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Estadísticas del delito Gustavo Eglez
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Visiones urbanas
14-15
Salud mental y seguridad Eq. Salud Mental
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Seminario
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Actividades
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Este enfoque sobre la cuestión de la seguridad es justamente el que no vemos hoy en la Argentina. Luego del desenlace del caso Blumberg el Gobierno Nacional reaccionó con grandes anuncios. Se lo planteó como un plan de alcance nacional cuando en realidad muchas de las medidas estaban orientadas sólo a la Ciudad de Buenos Aires y ni siquiera se había consultado a las provincias. También se lo pretendió presentar como una Política de Estado en materia de seguridad, cuando ni siquiera fueron consultadas las fuerzas políticas de la oposición. Buena parte de los anuncios se frenaron con la salida de sus impulsores (ej. creación de Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior o el impulso de juicios inmediatos para casos de delitos in fraganti). Así fue que el “megaplan” lanzado como una Política de Estado no resistió siquiera el recambio ministerial dentro de una misma gestión de gobierno, a tal punto que el siguiente Ministro de Justicia (Horacio Rosatti) dijo que el plan era una “carambola a 18 bandas”. Esta falta de rumbo y de orientación del poder político en el tema de la seguridad sigue vigente y se desconoce si existe un plan de seguridad.
Mientras tanto, la inseguridad sigue siendo unas de las principales preocupaciones ocupando junto al desempleo los primeros lugares entre las demandas sociales. Basta con relevar los datos sobre la delincuencia en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años para comprobar el fuerte deterioro de la seguridad. Los delitos contra las personas (los más preocupantes ya que afectan la vida y la integridad física de las personas) aumentan y con ellos la sensación de inseguridad entre la población. Nuestra propuesta es que en el Congreso Nacional se trabaje para modificar la Ley Cafiero de modo que la CBA pueda ejercer en el ámbito de su territorio la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. Hoy en día no existe tampoco una política de prevención del delito seria ni se trabaja para evitar que el principal grupo de riesgo que son los jóvenes caiga en el mundo del delito. Esto podría implementarse a través de la creación de una Agencia Nacional de Prevención del Delito, que impulse programas de prevención social y situacional. Creemos que, si bien algunas leyes deben ser modificadas, debe empezarse por hacer cumplir las vigentes. Debe superarse el falso debate ideológico que ha rodeado a la inseguridad en la Argentina en los años de democracia. Tanto quienes impulsaron un mal llamado “garantismo” – abolicionismo penal en rigor de verdad- como los propagandistas de la “mano dura” han sido incapaces de brindar respuestas acordes al tipo de problema. El Estado debe actuar tanto en modificar las causas profundas de la delincuencia como en garantizar la vida social pacífica y el orden público. Por ello, es que calificamos nuestra propuesta de Mano Justa: la mano del Estado debe resguardar a los ciudadanos, velando por la aplicación justa de la ley hacia quienes la transgreden y delinquen. Con voluntad política y una propuesta integral en materia de seguridad el cambio es posible.
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SEGURIDAD
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IMPACTO DE LA DELINCUENCIA E
Por Ignacio Romano Integrante Area de Seguridad y Justicia FCC
El aumento de la inseguridad y de los niveles de conflictividad social en una comunidad afecta no sólo la calidad de vida de quienes viven en ella, sino también el grado de desarrollo que las sociedades pueden alcanzar.
A modo de ejemplo, hasta octubre de 2004 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debió gastar –en conjunto con las empresas de servicios públicos- la suma de $7,2 millones para reponer mobiliario urbano destruido (Diario La Nación, 5/10/2004).
Además de las nefastas consecuencias en términos de vidas humanas truncadas por asesinatos, del dolor generado a los familiares de las víctimas, de lesiones causadas por daños o delitos contra la propiedad y de los episodios de stress postraumático que acompañan de por vida a quienes sufren estos delitos -en rigor de verdad, las consecuencias más importantes- la delincuencia impacta negativamente en el nivel de actividad económica de un país. Algunos autores (Prillaman, 2003) plantean incluso que, desde un enfoque macro, la violencia criminal retarda y obstaculiza el desarrollo económico de un país, erosionando su capital social y poniendo en riesgo la consolidación democrática.
instituciones policiales, de las fuerzas de seguridad, de los servicios penitenciarios, de la justicia penal y de los organismos ministeriales a cargo de la seguridad pública (ministerios, secretarías de estado, direcciones, organismos descentralizados, etc.), que recae bajo los ciudadanos en forma de impuestos.
En esta línea, estudios en otros países de la región concluyeron que “la violencia sobre los bienes y las personas representa una destrucción y transferencia de recursos, aproximadamente, de 14,2% del PBI latinoamericano, es decir U$S 168.000.000.- Y en capital humano se pierde 1,9% del PBI, este porcentaje es equivalente al gasto en educación primaria de la región. En recursos de capital se pierde anualmente 4,8% del PBI, o sea, la mitad de la inversión privada. Las transferencias de recursos que se realizan entre las víctimas y los criminales alcanzan al 2,1% del PBI, porcentaje superior que el del efecto distributivo de todas las finanzas públicas” (Londoño y Guerrero, 1998). Los altos niveles de delincuencia generan distintos tipos de costos económicos en un país. Entre ellos, no deberían dejar de mencionarse los siguientes:
4 Gasto público destinado al funcionamiento de las
En los países en que estas instituciones funcionan adecuadamente, más que un costo esto es una inversión para asegurar las condiciones para el desarrollo.
4 Gasto público en programas preventivos o de rehabilitación para grupos en riesgo de volcarse a la criminalidad por la alta incidencia de múltiples factores asociados. Cuando son efectivos, estos también funcionan como inversión.
PARA EL SECTOR PRIVADO: 4 Pérdidas derivadas de daños y delitos producidos en contra de la propiedad de las empresas (robo de cables, transformadores y medidores de gas; destrucción de teléfonos públicos y de vagones de trenes; robo de mercaderías por la acción de piratas del asfalto, etc.). A modo de ejemplo, durante el año 2004 se robaron en Argentina más de 160.000 km de cable de cobre pertenecientes a empresas de electricidad, telefonía y ferrocarriles. Con el aumento de estos delitos en los últimos años, aumenta también la cantidad de clientes – entre ellos empresas- que se ven perjudicados (Diario La Nación, 6/4/2005).
4 Pérdidas derivadas de conductas ilegales (cortes PARA EL SECTOR PUBLICO: 4 Gasto público en el sistema de salud destinado a solventar los costos derivados de la atención y rehabilitación de víctimas de la violencia.
4 Gasto público en reparación y reposición de mobiliario urbano (refugios para la espera de transporte público de pasajeros, tapas de bocas de agua, juegos para niños, bancos de plazas, estatuas, placas conmemorativas y elementos de ornato público, luminarias, etc.), robado o deteriorado por acciones vandálicas.
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de rutas y calles, atentados a bancos) que afectan la prestación de servicios y la cadena de distribución de mercaderías. Con el aumento de la inseguridad y de los piquetes, muchos comerciantes han visto reducidas sus ventas como consecuencia del cierre anticipado de sus locales y de la dificultad que tienen los potenciales clientes para acceder a los mismos. Además, según un informe de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Centros Comerciales de Argentina), en 2003 setecientos comerciantes fueron asesinados en 40.000 robos en el país (Infobae Diario, 21/4/2004).
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SEGURIDAD
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EN EL DESARROLLO DE UN PAIS 4 Costos crecientes en las primas de seguros como
tes. De este monto, las autoridades públicas solo lograron recuperar el 2% (Revista Veintitrés, 17/6/2004).
consecuencia de una mayor amenaza a los activos de las empresas radicadas en el país e incremento del gasto de las compañías aseguradoras por el pago de siniestros derivados de delitos (ej. robo de autos y viviendas).
4 Pérdidas derivadas del pago de coimas o sobornos como resultado de una extorsión.
4 Costos crecientes en servicios de seguridad pri-
Los costos expuestos hasta el momento pueden clasificarse como directos; es decir, pérdidas asumidas directamente por el Estado o los particulares como consecuencia del accionar criminal. Sin embargo, existen otros costos que no implican necesariamente una pérdida, sino una ganancia que no pudo generarse como consecuencia de la inseguridad y que – consecuentemente - terminan afectando el desarrollo de un país.
vada y sistemas de protección física (blindaje de autos y de puertas, alarmas, chips subcutáneos antisecuestro, circuitos cerrados de televisión, sensores de movimiento, rejas, equipos de rastreo satelital, perros entrenados, uso de helicópteros, entrenamiento en seguridad, alambrados, muros, etc.). Estudios en países desarrollados estiman que por año cada ciudadano debe desembolsar –en promedio- U$S 200 para financiar
Costos Económicos de la Violencia Social en Seis Países Latinoamericanos (en % del PBI . Año 1997) Brasil Pérdidas en Salud Pérdidas Materiales Bienes Intangibles Transferencias de Recursos Total
Colombia El Salvador
1,9 3,6 3,4 1,6 10,5
5 8,4 6,9 4,4 24,7
4,3 5,1 11,5 1 24,9
México
Perú
Venezuela
1,3 4,9 3,3 2,8 12,3
1,5 2 1 0,6 5,1
0,3 9 2,2 0,3 11,8
Fuente: Londoño, Juan Luis; "Epidemiología Económica de la Violencia Urbana"; Mimeo; 1998. a las fuerzas policiales, a la justicia y al servicio penitenciario y U$S 100 adicionales para solventar los gastos de los servicios de seguridad privada (Buvinic y Morrison).
4 Reducción de la productividad laboral como consecuencia del ausentismo y de incapacidades físicas a causa de hechos delictivos.
4 Pérdidas de las empresas como consecuencia de la venta ilegal de productos contrabandeados o de mercaderías falsificadas de las cuales son titulares. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, se producen anualmente en Argentina 100.000 prendas con marcas falsificadas, poniendo en riesgo 155.000 puestos de trabajo y evadiendo impuestos por $800 millones (La Nación, 9/6/2005).
4 Pérdidas derivadas del pago de rescates de secuestros. Se estima que entre enero de 2002 y junio de 2004 se pagaron $11.720.000 en resca-
Entre estos, se destacan los siguientes:
4 Disminución del flujo de turistas a la Argentina por el temor de los extranjeros a ser víctimas de un delito, ante el número creciente de casos de este tipo. Según datos de la Comisaría del Turista de la Policía Federal Argentina, durante 2004 los delitos en contra de turistas se incrementaron un 79% en comparación con el año anterior (Clarín, 23/1/2005). A esto se suma el hecho de que algunos países –sobre todo con posterioridad a la crisis de 2001- recomendaron a sus habitantes no viajar a la Argentina (ej. Italia y Estados Unidos).
4 Disminución del valor de los inmuebles en zonas azotadas por la criminalidad o de los locales comerciales que se encuentran en zonas de protestas sociales casi permanentes. Como contrapartida, puede mencionarse el aumento en el valor de los inmuebles en el barrio de Palermo luego de que travestís y prostitutas se fueran de la zona.
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SEGURIDAD
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4 Reducción de las oportunidades de negocios por temor a la inseguridad (ej. emprendimientos inmobiliarios que no se desarrollan por cercanía a zonas marginales).
seguridad como una de las condiciones básicas para que las personas puedan desarrollarse plenamente en un marco de libertad y para que los países puedan alcanzar su desarrollo.
4 Disminución de la radicación de inversiones en el país por temor de las firmas a que sus ejecutivos, empleados y dependencias sean blanco de la delincuencia. Encuestas entre las principales empresas europeas en Argentina señalan a la criminalidad como uno de los principales obstáculos para la radicación de inversiones futuras (Ambito Financiero, 10/9/2003). La falta de seguridad jurídica que garantice el cumplimiento de los contratos y el imperio de la ley es también un impedimento para las inversiones (La Nación, 8/9/2005).
4 Pérdida derivada del lucro cesante originado en hechos delictivos. Un país donde el riesgo de sufrir un delito es alto, o donde a consecuencia de fenómenos como los piquetes la actividad económica puede verse perjudicada, o donde no hay estabilidad en las reglas de juego y en el respeto de los contratos, resulta menos atractivo para la radicación de nuevas inversiones. Así, un elevado nivel de criminalidad y conflictividad social junto con bajos niveles de seguridad jurídica resultan inversamente proporcionales a las probabilidades de recibir inversiones externas para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Si bien las condiciones macroeconómicas resultan clave a los fines de invertir o no en un país, las cuestiones analizadas a lo largo del presente trabajo son también evaluadas. Si sirve como ejemplo, en Chile – el país más seguro de la región- la Inversión Externa Directa en 2004 fue de 7.600 millones de dólares, mientras que en la Argentina sólo alcanzó los 1.800 millones (CEPAL, 2005). Lo expuesto revela cuán profundo y diverso llega a ser el impacto de la inseguridad. En un país como la Argentina, donde el cáncer de la criminalidad se encuentra cada vez más diseminado, esto no debería pasar desapercibido. En la medida que no exista en la Argentina una verdadera Política de Estado en materia de seguridad, seguirá profundizándose ese círculo vicioso entre delincuencia y subdesarrollo (a menores oportunidades de desarrollo personal, mayores probabilidades de involucrarse en actividades delictivas). Por todo lo expuesto, resulta vital entender a la
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Referencias Bibliográficas 4 El vandalismo causa gastos millonarios en la Ciudad; en Diario La Nación del Martes 5 de Octubre de 2004. 4 Robaron más de 160.000 km de cables; en Diario La Nación del Miércoles 6 de Abril de 2005. 4 En el primer trimestre del año, asesinaron a 180 comerciantes; en Infobae Diario del Miércoles 21 de Abril de 2004. 4 Conflicto: la falsificación de marcas, un delito en alza ; en Diario La Nación del Jueves 9 de Junio de 2005. 4 Una turista quedó herida tras un asalto en Palermo; en Diario Clarín del Lunes 23 de Enero de 2005. 4 La inseguridad jurídica y personal aleja a inversores; en Diario Ambito Financiero del Miércoles 10 de Diciembre de 2003; pág. 2. 4 Para invertir, las empresas piden más seguridad jurídica ; en Diario La Nación del Jueves 8 de Septiembre de 2005. 4 Prillaman, William C.; “Crime, Democracy, and Development in Latin America ”; Policy Papers on the Americas; Volume XIV, Study 6, Center for International and Strategic Studies (CSIS); June 2003. 4 Buvinic, Mayra y Morrison, Andrew; “Violence as an Obstacle to Development; Technical Note 4; Social Development Division; Sustainable Development Department”; Inter-American Development Bank. 4 Londoño, Juan Luis y Guerrero, Rodrigo; “Violencia en América Latina: Epidemiología y Costos”; Banco Interamericano de Desarrollo; Washington D.C.; 1999. 4 El Precio de la Inseguridad ; en Revista Veintitrés; Año 6; Número 310; Jueves 17 de Junio de 2004. 4 “La inversión extranjera en América Latina y el Caribe”, Documento Informativo, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Marzo, 2005, pág. 14.
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SEGURIDAD
INSEGURIDAD RURAL:
EL DELITO MUTA Y BUSCA SU MERCADO La realidad nos demuestra que la crisis de inseguridad que reina en la Provincia de Buenos Aires ya no afecta sólo a las áreas urbanas. Está al alcance de todos ver como en los últimos tiempos ha comenzado un proceso expansivo de este flagelo hacia el interior de la provincia y, en especial, a las áreas rurales lindantes al conurbano, donde comienzan a registrarse delitos tan violentos como los que soportamos a diario en el Gran Buenos Aires: ataques a mano armada, utilización de armas de grueso calibre, maltrato de personas, etc. Más allá de las estadísticas “publicadas” por el gobierno donde se demuestra que el delito rural viene declinando en los últimos años, los productores rurales están convencidos de que el delito no bajó y, que por el contrario, la situación ha empeorado en cantidad e intensidad de violencia. Así lo han manifestado recientemente tanto representantes del Frente Agropecuario Nacional (FAN), de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y el resto de las sociedades rurales locales. Ante la gravedad de los hechos acontecidos desde principios del corriente año en diversas localidades de la provincia como Chascomús, Pergamino, Necochea, Ranchos, Ramallo, Mercedes (donde un grupo de efectivos se prestó a formar la Policía Rural de Mercedes) y 9 de Julio (aquí podemos recordar el famoso caso en la localidad de La Niña, en el que un matrimonio mayor, propietario de un pequeño establecimiento inundado y ahora dedicado a la cría de peces y atención de pescadores deportivos fue asaltado; en el hecho fue herido de bala el hombre y maltratada y amenazada de violación su esposa), por mencionar sólo algunos ya que superan el centenar, y aunque son de público conocimiento dada la enorme difusión que tuvieron los mismos, el Ministro de Seguridad León Arslanián ha respondido mediáticamente, anunciando que se iba a reforzar la seguridad en el interior de la provincia con 1.200 efectivos policiales y 286 móviles. Una vez más, es preciso que ocurran hechos trágicos para llamar la atención de los políticos y funcionarios públicos de turno. Está claro que sólo con éstos anuncios no alcanza. Lo cierto es que el delito cambia, y busca permanentemente “nuevos mercados” donde poder manejarse con mayor impunidad. Las bandas delictivas que asolan y asolaron el conurbano bonaerense frente a la mayor presencia de fuerzas de seguridad, se han desplazado al interior de la Provincia, causando una de las mayores crisis de seguridad en las zonas rurales en años (solo en los primeros cinco meses del año
ya se denunciaron casi 700 delitos rurales). Este fenómeno debió haber sido previsto y anticipado por el Ministro de Seguridad de nuestra provincia, quien debió haber tomado las medidas necesarias para prevenirlo. Este es el precio que hay que pagar cuando los funcionarios se dedican más a la “comunicación” de grandilocuentes anuncios que a la “gestión” de una verdadera política de seguridad que apunte a brindar soluciones de fondo. Desde Propuesto Republicana apoyamos el fortalecimiento de las Patrullas Rurales en recursos humanos, económicos, móviles y de comunicaciones, superando holgadamente el porcentaje de efectivos por habitante que actualmente se considera para su designación.
Por Jorge Macri Vicepresidente Cons. Ejecutivo FCC Candidato a Diputado Provincial PRO
En cuanto al incremento de delitos como el abigeato y el robo de camiones que transportan agroquímicos, semillas, granos e inclusive hacienda, producidos mayoritariamente por verdaderas bandas organizadas, sólo se necesita una real vocación política por parte del gobierno provincial para terminar con los mismos, concentrándose por generar soluciones concretas y no únicamente respuestas mediáticas. Creemos que todas estas nuevas versiones del delito rural requieren una legislación acorde con esta realidad inédita y que, ante todo, contemple la indefensión de los ciudadanos para afrontar estos hechos en las áreas rurales alejadas de toda posibilidad de recurrir a la ayuda solidaria o a la autoridad pública. En este sentido, si bien la comunidad rural ha recibido con alegría el año ultimo la sanción de la ley 25.890 destinada a aumentar las penas en casos de abigeato, se requiere, como ya hemos dicho, una legislación más comprensiva del delito rural, que abarque dos tipos de decisiones: por un lado, una serie de acciones preventivas, tales como organización de inteligencia, actuación policial, judicial y administrativa, además, también, de la identificación de mafias locales. Por el otro, decisiones tendientes a la modificación de las leyes penales a fines de incluir con precisión este tipo de delitos. La pronta consideración y posterior tratamiento de este tema, permitirá poner fin a esta, relativamente nueva, ola de violencia. Lograr que esto suceda es función propia del gobierno en todo el “ciclo productivo” de este infame negocio: ya sea en la fiscalización, como en el desbaratamiento del mercado ilegal de comercialización.
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SEGURIDAD
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EL LARGO CAMINO
HACIA LA POLICIA PROPIA
Por Alejandro Itzcovich Griot
ALGO DE HISTORIA
su impacto en la seguridad de nuestra ciudad.
El art. 129 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, concedió a la Capital Federal el rango de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prácticamente equiparando su status jurídico al de las restantes 23 provincias del país.
CONCLUSION. LA SOLUCION EN PUERTA
Sin embargo, la autonomía real de nuestra Ciudad quedó sujeta a las distintas limitaciones establecidas por las llamadas Leyes de Garantía de los Intereses del Estado Federal, en particular las Leyes N° 24.620 y 24.588, de las que emanan restricciones - a nuestro juicio inconstitucionales – a sus atribuciones legislativas y de jurisdicción, en los términos de lo dispuesto por el mismo Art. 129 CN. Por ejemplo, la facultad de contar con un cuerpo de policía propio, en razón de lo dispuesto por el Art. 7° de la Ley 24.588 (Ley Cafiero), que textualmente establece la imposiblidad de nuestra ciudad de crear su propia policía, dificultando establecer e implementar su propia política de seguridad. 11 AÑOS DESPUES En 2005, en una Ciudad que supo ser una de las capitales más seguras del mundo se sufren 290 delitos contra la propiedad por día (1 cada 5 minutos). A pesar de ello, la Ciudad de Buenos Aires, destina únicamente el 1,2% del presupuesto anual a seguridad. Sumado a lo que destina la Nación (Superintendencia Metropolitana de la PFA) estos recursos no llegan a exceder el 6% del presupuesto local, cuando la media en las grandes capitales es entre 3 y 4 veces mayor. Los escandalosos índices delictivos que hoy padecemos no han tenido una respuesta adecuada desde el Gobierno de la Ciudad, ni desde el Gobierno de la Nación. En el año 2004, el GCBA anunció con bombos y platillos la creación de la Policía Comunitaria, una ficción que implica que la Ciudad de Buenos Aires aporta al presupuesto de la PFA lo necesario para la contratación, entrenamiento y equipamiento de 500 efectivos, que forman parte formal y operativamente de la PFA. Estos efectivos son total y absolutamente independientes del Jefe de Gobierno, por lo que podríamos concluir que la Policía Comunitaria no es otra cosa que un sello de goma avalada por una transferencia de fondos de la Ciudad a la Nación. Durante el presente año 2005, asistimos al mediático (y costoso) lanzamiento de la llamada Guardia Urbana, un cuerpo de simpáticos y bien pagos jóvenes que, con gran prestancia, nos indican por dónde cruzar la calle, o asisten a los extraviados turistas que pululan por el centro porteño. Difícil es evaluar la actuación de estos funcionarios ya que aún más difícil es entender sus funciones. Al no poder intervenir ni siquiera en contravenciones, resulta ocioso analizar
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Es evidente el desinterés del Dr. Aníbal Ibarra en hacerse cargo de la estratégica tarea que supone la creación de una policía autónoma para ésta ciudad, distrito de más de 2.5 millones de habitantes, con un presupuesto de aproximadamente 5.000 millones de pesos, que con menos del 8% de la población del país, aporta más del 20% de los recursos coparticipables del presupuesto nacional, recibiendo menos del 1% a cambio. Contrastando esta apatía ejecutiva, la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña ha avanzado en la elaboración de un proyecto único que incorpora la totalidad de los proyectos existentes para la creación de un cuerpo de policía propia. Este proyecto, elaborado entre los años 2004 y 2005, establece la creación de un cuerpo de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado en una Jefatura y Subjefatura de las que dependerían 7 Direcciones (Seguridad Urbana; Investigaciones; Unidades Especiales; Protección Civil; Administración; Recursos Humanos y Capacitación Permanente; Sistemas y Apoyo Técnico). La carrera profesional se estructuró en cuatro escalafones de especialidad (Seguridad; Bomberos; Científico; Logística y Comunicaciones) y un cuadro único de personal. De acuerdo a este proyecto, los grados que conforman el cuadro único son Comisario General, Comisario Mayor, Comisario, Subcomisario, Inspector, Sargento y Oficial. Desde un punto de vista práctico requerirá la derogación del Art. 7° de la Ley 24.588, y una inmediata renegociación de la coparticipación que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contemple la transferencia de la parte del presupuesto correspondiente a la Superintendencia Metropolitana de la PFA. Asimismo deben contemplarse dos aspectos de enorme importancia para los integrantes de la PFA que eventualmente sean transferidos al nuevo cuerpo de Policía porteño: a) la firma de un convenio por la Obra Social (Hospital Churruca) y, b) al sistema de pensiones y jubilaciones del que actualmente gozan. Estos sistemas, aún con problemas, constituyen un esquema de beneficios de alto impacto en la vida de los agentes y sus familias. Hemos sugerido utilizar como banco de pruebas para realizar la transferencia de funciones policiales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto servirá para evidenciar -en menor escala - las dificultades que enfrentará la transferencia de funciones policiales de la Nación a nuestra Ciudad.
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POLITICA SOCIAL
DESIGUALMENTE INSEGUROS Durante las últimas décadas Argentina asistió a un deterioro gradual pero constante de las condiciones de vida de gran parte de sus habitantes, hasta perder la tradición de ser una de las naciones más equitativas e integradas de la región. Las contracciones económicas y las crisis recurrentes, junto a las medidas de ajuste que ocurren desde los 70´ generaron fenómenos que antes eran marginales como la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la desigualdad en la distribución de los ingresos e incluso la indigencia, se convirtieran en problemas estructurales. Así, la crisis del 2002 marcó un punto de inflexión en cuanto a los indicadores sociales, alcanzando la pobreza a casi el 60% de los habitantes. Tres años después, y a pesar del crecimiento económico registrado, los niveles de pobreza e indigencia siguen siendo preocupantes, alcanzando a 13.9 y 4.9 millones de argentinos respectivamente. Esta situación social se ve agudizada por otros problemas como el desempleo, el trabajo informal y la desigualdad. El desempleo, que se ubica en el 12.5%, aún con su descenso, alcanzaría al 15.7% si no se consideraran como ocupados a los beneficiarios de los planes Jefes de Hogar. A esto se suma la informalidad que afecta al 47.5% de los ocupados. Una perspectiva más sombría es la que se refiere a la distribución de los ingresos, reflejada en una brecha cada vez más amplia entre ingresos de los sectores más ricos y más pobres de la sociedad. Mientras en 1974 esta brecha era de 12 veces, hoy es de 32 veces. En cuanto al Coeficiente de Gini, que indica mayor igualdad de una sociedad cuanto más se acerca al valor 0 y mayor desigualdad cuando más se acerca al valor 1, en nuestro país pasó de 0,37 en 1974 a 0,54 en la actualidad. Sólo en los últimos quince años la Argentina pasó de un Gini de 0,42 a 0,50. Por lo tanto, la crisis socioeconómica que sufrió nuestro país afecta a millones de personas, obligándolas a transitar por el camino de la exclusión social. Este deterioro ha generado otros fenómenos que agravan la cuestión social: aumento de violencia familiar y social, inseguridad, etc. En este contexto signado por la pobreza, la exclusión, la desigualdad y el desempleo, millones de argentinos no tienen horizontes claros ni oportunidades de progreso y en consecuencia se encuentran más expuestos a la delincuencia y a la ilegalidad. Es habitual encontrar posturas que asocian directamente a la pobreza con la delincuencia, la inseguridad y la violencia. Sin embargo, no consideramos a la pobreza como una causa directa de los actuales
problemas de seguridad, sino más bien como un escenario que actúa como condición de posibilidad y que, además, se encuentra compuesto por diversas variables sociales. Así, los ciclos económicos, el desempleo en grupos vulnerables y, fundamentalmente, la desigualdad social son variables que operan como posibilidad de aumento o disminución de la seguridad. En la actualidad, la desigualdad en los ingresos aparece como la principal condición para la delincuencia. El importante contraste entre pobres y ricos, la brecha social cada vez más amplia entre los que menos y más tienen, actúan como posibilidad para el desarrollo de la inseguridad, generando fuertes espacios de resentimiento frente a las desigualdades sociales. En el año 1991, la Argentina registraba una tasa de 148 delitos por cada 10.000 habitantes, mientras que en el año 2002 esta tasa alcanzaba su pico máximo con 370 delitos por cada 10.000 habitantes, lo que implica una tasa de crecimiento del 150%. Si bien, para fines del año 2004 se evidenció una pequeña reducción en la tasa de delitos, aún alcanza a 343 por cada 10.000 habitantes.
Por María Rocío Guimerans Integrante del Area de Política Social FCC
Por lo tanto, a partir de los datos mencionados, se evidencia que la tasa de delitos en nuestro país se incrementó a raíz de la crisis socioeconómica de 2002. El contexto de pobreza, indigencia, desempleo y desigualdad en los ingresos actuó como un escenario facilitador para el aumento de la inseguridad en nuestro país. Sin embargo, aún habiéndo disminuido la pobreza y el desempleo luego de pasada la crisis, se demuestra que la tasa de delitos para el año 2004, no sufrió importantes variaciones. El escenario actual ubica a la seguridad en un lugar primordial, dejando de ser un tema de pocos, para ser un asunto de todos. El diseño de políticas destinadas a combatir la delincuencia, debe tomar en cuenta las variables que caracterizan el entorno socioeconómico, asumiendo que las mismas constituyen una importante condición de posibilidad para que la inseguridad avance. Estas acciones deben basarse en la prevención del delito, implementando programas destinados a la inclusión laboral de los jóvenes excluidos, a la generación de empleo para los actuales desocupados, a la reinserción social y familiar de los chicos en situación de calle, y a la urbanización de los asentamientos precarios o villas. Por lo tanto, las políticas a desarrollar deben contar con un alcance más amplio que incluya las áreas de educación, trabajo y pobreza, teniendo implicancias directas sobre la distribución del ingreso y las condiciones de vida de todos los argentinos.
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SEGURIDAD
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LA PROBLEMATICA CAR Por Daniel Petrone
I. Introducción
Juez Penal en la Provincia de Buenos Aires; investigador en temas Penitenciarios
La atención pública se ha centrado hace poco en la situación carcelaria, en relación a la cual se ha revelado que, ya no la falta de reinserción social sino el simple deber de resguardar la integridad física y moral de las personas alojadas en ellas se ha tornado una meta de dudoso cumplimiento. Esta realidad, que ahora conmociona al público lego, no es ajena a los estudiosos del derecho penal y mucho menos a los operadores del sistema de justicia. La situación de sobrepoblación de los edificios carcelarios, mucho de ellos anacrónicos, es un indicador de la inexistencia durante un lapso muy prolongado, de una política clara en materia penitenciaria, es decir de la falta de una acción sostenida en el tiempo, destinada a la consecución de objetivos en dicho área, que parta de una realidad correctamente relevada. En efecto, si bien es fácil reconocer las medidas que hacen a la política de persecución penal de las sucesivas administraciones nacionales, muchas veces asociadas al simple expediente de alzar las escalas penales y criminalizar nuevas conductas, no es tan usual encontrar previsiones en materia penitenciaria del impacto que dichas medidas tendrán. La idea que aquí se intentará esbozar es que dicha falta de previsión, asociada con otros factores conflictivos, han generado un cuadro que dificulta el objetivo resocializador legalmente proclamado de la pena privativa de la libertad.
II. La población penitenciaria El crecimiento de la población carcelaria, ha sido una constante en la última década. Basta mencionar que en marzo del año 2000 existían en todo el país algo menos de cuarenta mil persona detenidas, cifra que a principio de este año alcanza casi a las sesenta y tres mil personas, sin que dicho aumento se haya visto acompañado de una ampliación análoga de las plazas penitenciarias. El desmedido incremento, coincide con un endurecimiento de las normas penales. En tal sentido debe repararse en que sólo en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de internos pasó de ser aproximadamente veintitrés mil en el año 2003 a más treinta mil al año siguiente. Esa tasa de crecimiento supera holgadamente el promedio del diez por ciento anual que se registró durante la década 1980-1990.Ese crecimiento derivó en una superoblación que en la práctica impide todo tipo de alojamiento discriminado en base a una mejor conformación de los grupos carcelarios, teniendo en vista la resocialización
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de los detenidos. En efecto, en algunas cárceles provinciales no existe clasificación alguna basada en situación legal, delito cometido, o perfil criminológico. El alojamiento en un sector u otro de la cárcel responde a criterios de seguridad, o simplemente de espacios disponibles. Otro indicador importante resulta de comparar los detenidos cada 100.000 habitantes. En ese orden, nuestro país registraba sobre el final de la década del 90 una tasa que rondaba los 100 detenidos, por debajo de los países de la región. En la actualidad, Argentina registra más de ciento setenta detenidos cada cien mil habitantes, por encima de la tasa de Brasil (de ciento treinta y tres internos cada cien mil habitantes) y por debajo de la tasa chilena (de doscientos cuatro sobre igual medida). Por otro lado, la separación de procesados y condenados, un principio elemental del tratamiento carcelario, se ve sistemáticamente violada. Debe tenerse en cuenta que los procesados se encuentran en la particular situación de incertidumbre que deriva del hecho de que el proceso que los tiene detenidos no ha sido definido aún, desconocen cuanto tiempo deberán seguir en esa condición, cuál será la resolución final y, por cierto hasta tanto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada diga lo contrario, mantienen su condición de inocentes. Para dar cuenta de la magnitud de la problemática, basta con repasar que, del total de personas detenidas en nuestro país, el 64 por ciento son procesados, tasa que se eleva al 83 por ciento en la provincia de Buenos Aires. En cuanto al trabajo penitenciario, en el servicio penitenciario federal solo un tercio de la población penitenciaria tiene algún tipo de tarea laborar asignada, aunque únicamente el 13 % de la mano de obra ocupada, trabaja en actividades productivas. En relación con la educación dentro de los establecimientos penitenciarios es necesario recalcar que la idea de mejorar el nivel de instrucción de los internos no se ve reflejado en un trabajo intensivo en relación a tratar de brindar planes educativos. Recordemos que mientras el 86% de la población del Servicio Penitenciario Federal no llega a tener estudios secundarios completos sólo el 34% accede a algún tipo de educación, contando la terciaria y la universitaria. En éste sentido, debe destacarse la existencia del Centro Universitario de Devoto, que es una muestra de como puede instrumentarse la inserción de sectores académicos en la cárcel. Específicamente en éste área, la educación, la Ley 24.660, manda garantizar el derecho de aprender, y a fomentar y mejorar la educación de los detenidos, obligando la enseñanza para quienes no hayan alcanzado el mínimo fijado legalmente,
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SEGURIDAD
ARCELARIA ARGENTINA previéndose el aseguramiento de acceder a los restantes niveles.
III. Los edificios carcelarios En relación a éste punto, corresponde aclarar que la situación del Servicio Penitenciario Federal es mucho mejor que la de muchos servicios penitenciarios provinciales. No obstante ello, los edificios de aquel cuerpo, en su mayoría, no responden a criterios de modernidad. En tal sentido repárese en que muchos de los establecimientos penitenciarios, corresponden a estructuras de principio del siglo pasado. De hecho en las provincias sólo el treinta por ciento de los edificios provinciales fueron diseñados específicamente para cumplir con la función de penal. De hecho, el Servicio Penitenciario Federal cuenta en todo el país con dos unidades que datan del decenio 1900/1910 dos de la década del ’30; tres de los ’40; cuatro de los años ’50; dos de la década del ’60; cuatro en la década del ’70; dos de los años 80 y cinco que datan de la década del 90. Los edificios más modernos se construyen hoy en día sobre la base de diseños de los llamados de “tercera generación” o de “supervisión directa”. Este esquema prevé que la población carcelaria se vea distribuida en células de no más de cincuenta personas desvinculadas entre sí. El desarrollo de las actividades de la vida de los internos se desarrolla íntegramente dentro de cada célula, evitándose así los costos y peligros derivados del movimiento masivo de presos. Las nuevas cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz (Complejos Penitenciarios Federales I y II), responden, en parte, a éstos criterios.
IV. Conclusiones Hemos visto, sucintamente, los problemas que se derivan de la sobrepoblación carcelaria y de la carencia de tratamiento. Ahora bien, también existen problemas derivados de la normativa que regula la cuestión penitenciaria La ley de ejecución de penas privativas de la libertad (24.660) como se vio establece un tratamiento progresivo de la ejecución penal, claramente direccionado a la reinserción social de las personas penadas, pero tal regulación no se ve acompañada del resto del marco normativo. En tal sentido, se advierte en primer lugar que la ley 20.416, orgánica del cuerpo encargado de aplicar en la práctica aquella norma, el Servicio Penitenciario, es anterior a aquella y que su conformación no se ha actualizado teniendo en cuenta las directivas que surgen de la misma. En especial debe observarse con cuidado que todas las áreas de tratamiento están en manos del servicio penitenciario, un cuerpo regulado como una fuerza de seguridad, con un claro princi-
pio de verticalidad, que implica que aquellas personas con mayor rango y antigüedad pueden imponerse por sobre quienes resultan sus subordinados. Debe prestarse atención a que son los informes penitenciarios, volcados al historial criminológico, los que incidirán en el eventual acceso a las salidas transitorias, anticipadas, la instrumentación de las formas de semidetención, la amplitud y modalidad de las visitas, la posibilidad de comunicación y hasta el acceso a la libertad condicional. Si dichos institutos no encuentran fundamento en el esfuerzo personal del interno en superarse y amoldarse al tratamiento, sino en la observación de criterio de seguridad que puedan ser observados por las autoridades penitenciarias, los incentivos que debieran concretarse en aquellos beneficios se ven reducidos a su mínima expresión y, por lo tanto, no pueden surtir efecto alguno. Dicho más claramente, allí donde las autoridades vinculadas a la seguridad de los establecimientos penitenciarios perciben problemas de disciplina, de nada sirve que el interno intente trabajar mejor o con más constricción o que se esfuerce en estudiar y capacitarse, puesto que en la actual regulación de la fuerza penitenciaria es de esperar que el criterio a imponerse sea aquel y no éste. Es por eso que desde aquí se propone que las diferentes áreas de tratamiento, paulatinamente, se independicen de esta forma de conformación de la fuerza, pudiendo las mismas ser prestadas por personas ajenas a la misma, de manera tal que el tratamiento se vea conformado por un verdadero cuerpo interdisciplinario que pueda establecer sus consideraciones con independencia de cuestiones de rango o autoridad. Todas estas iniciativas deben armonizarse, fijándose objetivos a largo plazo, de manera tal que conformen una verdadera política penitenciaria que, a nivel nacional, contemple la situación de las provincias, previéndose los cambios que las distintas iniciativas en materia de seguridad y legislación penal puedan tener en la conformación de la población carcelaria, de manera tal que las necesidades propias del objetivo de reinserción social se puedan atender en forma correcta. Es sólo a partir de la correcta reinstalación de los liberados en el medio libre que la pena privativa de libertad cobra el sentido que la Ley le ha asignado. Tal vez estas modestas propuestas puedan encaminarse, de modo muy pequeño y sin falsas aspiraciones, claro está, al ideal de cárceles sanas y limpias, que existen para seguridad y no para castigo de las personas alojadas en ellas, fijado por nuestra Constitución desde hace más de un siglo y medio y que en la actualidad se ve puesto en crisis.
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PRESUPUESTO
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DELITO: IBARRA EN LUGAR DE PREV Como surge del presente artículo elaborado sobre la base de datos oficiales, durante su administración, el Jefe de Gobierno ha reaccionado al compás de los repuntes de violencia en la Ciudad en lugar de implementar Políticas de Estado a largo plazo que permitan arrancar de raíz este flagelo diario que le toca vivir al Ciudadano Porteño. Gran preocupación genera en el ciudadano común la manera en cómo el gobierno local planea combatir el delito mientras Aníbal Ibarra pasea por Colombia donde, paradójicamente, va a dar lecciones sobre el tema. Por Gustavo Eglez
Cuadro 1
Coordinador Area Presupuesto FCC
El Cuadro 11 muestra la evolución de los hechos delictuosos en la Ciudad en los últimos años.
Evolución de los hechos delictuosos y tasa de delincuencia. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990/2003
Año
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hechos delictuosos
24.534 58.529 61.203 42.796 30.987 38.306 64.086 120.394 126.920 144.080 172.047 191.755 199.587 202.083 202.315 192.458
Tasa de delincuencia (por diez mil habitantes) 83,9 198,9 204,6 142,2 102,7 126,7 211,9 397,6 418,5 474,4 565,9 630,1 655,1 662,6 662,7 629,8
Nota: para estimar la población a partir de 1990 se utilizó como fuente "Análisis Demográfico 7"- INDEC. Para 1980 la fuente es censal y 1985 procede de estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). No se toma en cuenta la población que ingresa diariamente a la ciudad. 1
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (1980 a 1998) y a partir del año 1999 de la Dirección de Política Criminal (Ministerio de Justicia de la Nación). Para 1980 la fuente es censal y 1985 procede de estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
En el Gráfico 12 se pueden observar más claramente esos datos. Gráfico 1
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Evolución de los hechos delictuosos. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990/2003
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (1980 a 1998) y a partir del año 1999 de la Dirección de Política Criminal (Ministerio de Justicia de la Nación). 2
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PRESUPUESTO
V ENIRLO SE LIMITA A APAGAR INCENDIOS Cabe preguntarse ante semejante escalada del delito cuántos fondos invirtió el Ejecutivo local en combatir esta situación para entender qué prioridad le asignó al tema seguridad dentro de sus Políticas Públicas. El Cuadro 2 3 da cuenta de la importancia relativa de la Inversión en Seguridad Interior con relación al Gasto Total y su evolución en el tiempo
Cuadro 2
Porcentaje de ejecución en Seguridad Interior sobre el Total del Gasto ejecutado. Años 2000 - 2001 - 2002 2003
Año
3
Fuente: Cuentas de Inversión – Ejecución Prespuestaria Ejercicios 200 – 2001 – 2002 – 2003
Tasa de Participación variación con sobre el Total respecto al del Gasto año anterior
2000 2001 2002 2003
1,08% 1,24% 1,04% 0,98%
14,4% -16,2% -5,5%
Estos números se aprecian mejor en el Gráfico 2 4 en el que hemos incluido además la tasa de variación de los Hechos Delictuosos con relación al año anterior. Esto es, cómo han variado en términos porcentuales los Hechos Delictuosos de un año a otro. Gráfico 2
Porcentaje de ejecución en Seguridad Interior sobre el Total del Gasto ejecutado y Tasa de variación de Hechos Delictuosos con relación al año anterior. Años 2001 2002 - 2003
15%
4
10% VARIACIÓN HECHOS DELICTUOSOS
5%
Fuente: Cuentas de Inversión – Ejecución Prespuestaria Ejercicios 200 – 2001 – 2002 – 2003
0% -5%
VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN SEGURIDAD INTERIOR EN EL GASTO TOTAL
-10% -15% -20% 2001
2002
2003
Del análisis se observa que, ante un repunte de los Hechos Delictuosos durante el año 2001 el Gobierno local asignó a la Seguridad Interior mayor importancia relativa con relación al resto de los gastos del Estado. Luego, ante una mínima desaceleración en la tasa de crecimiento del delito (año 2002), la variación de la participación en el Gasto Total para prevenirlo es significativamente negativa. Ni qué hablar con relación a lo ocurrido en el 2003, cuando la tasa de crecimiento del delito es negativa (lo cual no significa delito cero, los delitos se siguen cometiendo) pareciera que ya no importara atacar el problema y los recursos se priorizan para otras finalidades. Para el corriente año 2005 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinará tan solo el 1,2% del Presupuesto General de Gastos a Seguridad. Tal situación solo puede entenderse en el marco conceptual donde al delito se lo combate cuando surge. Creemos que las políticas de prevención deben ser justamente anticipatorias y que, entendiéndolas como Políticas de Estado, deben tener una mayor participación en el Gasto Total del Gobierno. En lugar de anticiparse a que el fuego del delito se encienda y expanda, Ibarra reacciona solamente cuando el incendio quema la integridad de los Ciudadanos Porteños para luego recoger las cenizas que quedan.
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VISIONES URBANAS
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LAS CIFRAS DE LA INSEG Columnista invitado: Ignacio Romano Integrante Area de Seguridad y Justicia FCC
Durante los últimos años la Argentina fue escenario de un abrupto crecimiento de la delincuencia. A pesar de la leve desaceleración de la violencia en 2003 y 2004, nuestro país atraviesa una de las peores crisis de inseguridad de su historia, encontrándose la tasa de delitos en los niveles más elevados de los últimos tiempos. Entre 1990 y 2004 la cantidad de delitos pasó de 560.240 a 1.243.824, alcanzando en 2002 la cantidad máxima de 1.340.529 delitos. Esto equivale a decir que en Argentina se cometen -en promedio3.407 delitos por día; o 141 delitos por hora; o 2,36 delitos por minuto. Gráfico 1
de manifiesto el fuerte aumento en los niveles de violencia que se viene registrando en nuestro país. Corresponde aclarar que cuando se habla de cantidad de delitos, se está haciendo referencia a aquellos registrados por las autoridades públicas ya sea porque tomaron conocimiento directo del hecho o porque hubo una denuncia de un particular. En esta línea, respecto de la fiabilidad de las estadísticas policiales en nuestro país, lo primero que resalta de las encuestas de victimización es el bajo porcentaje de denuncia de delitos. En promedio, la tasa global de denuncias ronda el 25/30%. De este modo, las estadísticas policiales sólo reflejan entre un cuarto y un tercio de
Evolución de los Delitos por Tipo. Argentina. Total País. Años 1990-2004.
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Delitos contra las personas
Delitos contra la propiedad
Otros delitos
Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal
Otra de las dimensiones que resulta interesante analizar (Gráfico 1) es la evolución de los delitos según su tipo. Para el año 1990, los delitos contra la propiedad representaban el 72.19% del total; los delitos contra las personas el 14,07% y el rubro otros delitos el 13.72%. Catorce años después; mientras los delitos contra la propiedad –que igualmente siguen concentrando la mayoría de los casos- se redujeron al 63.74% del total, los delitos contra las personas – aquellos que involucran una mayor violencia físicahan aumentado su proporción en el total de delitos registrados, representando el 19.26% de los casos. De este modo los delitos contra las personas se incrementaron a un ritmo mayor a los delitos contra la propiedad. En efecto, mientras los delitos contra la propiedad aumentaron un 96% entre 1990 y 2004, los delitos contra las personas sufrieron en el mismo período de tiempo un incremento del 204%, dejando
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los delitos que ocurren en la realidad, mientras que el 70% de los mismos quedan sin registrar. Este porcentaje de delitos sin registrar, conocido como “cifra negra” del delito, se reduce notablemente en el caso de los homicidios dolosos ya que el asesinato de una persona no puede ser ocultado por mucho tiempo. Por ello es que se toma a la tasa de homicidios dolosos como uno de los indicadores más fidedignos de los niveles de violencia en una comunidad. En este sentido, vale destacar que la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional alcanzó su pico en el año 2002 con una tasa de 9,52 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes o 3.453 asesinatos (casi 10 por día). Las reducciones de 2003 –del orden del 15%- y 2004, positivas por cierto, no ocultan sin embargo que este indicador se encuentre en sus niveles más elevados de los últimos tiempos.
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VISIONES URBANAS
GURIDAD EN ARGENTINA Cuando se analizan las provincias y jurisdicciones más relevantes del país -en términos de desarrollo económico y cantidad de habitantes- se observa, salvo en el caso de Córdoba, una clara tendencia creciente en la tasa de homicidios dolosos. Así, entre 1991 y 2002, la tasa de homicidios dolosos de la Provincia de Buenos Aires –la jurisdicción que concentra la mitad de los asesinatos a nivel nacional- se incrementó casi un 60%, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires entre 1990 y 2003 aumentó un 224%. Asimismo, la provincia de Entre Ríos sufrió un incremento en su tasa de homicidios de casi el 30% entre 1991 y 2003, mientras que en la Provincia de Mendoza el aumento fue del 130% y en Santa Fe del 70%. Lo expuesto resulta aún más grave si se considera que las jurisdicciones citadas concentran aproximadamente el 75% de los homicidios dolosos cometidos en Argentina (Gráfico 2).
Gráfico 2
Evolución de la Tasa de Homicidios Dolosos. Argentina: Provincias Seleccionadas. Años 1991-2003. 16 14 12 10 8 6 4 2
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, la delincuencia se mantiene prácticamente en los mismos parámetros de 2003. En 2004 se “redujo” únicamente en un 0.1%. Pero lo más preocupante es que entre 2003 y 2004 los delitos contra las personas –los más preocupantes ya que afectan la vida y la integridad física de las personas- no sólo no se estabilizaron sino que se incrementaron en un 14,4%, pasando de 23.979 casos a 27.426. Lo mismo ocurrió con los delitos contra la integridad sexual y el honor (violaciones y delitos contra la integridad sexual), que pasaron de 682 casos a 826, registrando un aumento superior al 20%. Otra de las manifestaciones de los crecientes niveles de violencia en la Argentina son los secuestros. En efecto, cuando hacia finales del año 2001 este tipo de delitos comenzó a generalizarse pasó poco tiempo hasta que se transformó en una de las peores pesadillas de los argentinos. La gravedad del asunto no reside únicamente en que los mismos se hayan incrementado durante los últimos años –desde 2001 se cuadriplicaron- sino en que se han generalizado de modo tal que cualquiera puede resultar víctima de los secuestradores, sin importar su nivel social. Como positivo merece destacarse que desde fines de 2004 comenzó a revertirse la tendencia creciente de este fenómeno debido a los controles más efectivos implementados por las autoridades. Los últimos estudios de victimización dan cuenta de que aproximadamente el 80% de la población de los principales centros urbanos del país (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba) considera altamente probable ser víctima de un delito. En Octubre de 2004 el 59% de los porteños dijo haber modificado sus hábitos de conducta por temor a sufrir un delito, cifra que asciende al 67,7% si se considera a la población de los principales centros
0 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Buenos Aires
Cdad. Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza
Santa Fe
Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal
urbanos del país. En promedio, en las principales jurisdicciones del país el porcentaje de población victimizada ronda el 40%; siendo el caso más preocupante el de Mendoza, donde en el año 2000 fue del 51.8%. Por último, respecto de la sensación de inseguridad – entendida como el temor de la población a ser víctima de un delito- corresponde destacar que la misma se encuentra en los niveles más altos de los últimos tiempos. Encuestas de victimización realizadas por organismos oficiales y privados demuestran que para el 90% de la población de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires existen altas probabilidades de ser víctima de un delito. Asimismo, el 67,7% de la población de los principales centros urbanos del país modificó sus hábitos por temor a sufrir un delito, al mismo tiempo que el 56% considera que Argentina es más insegura que el resto de los países de América Latina y sólo un 20% de los argentinos considera que la inseguridad está mejorando en el barrio donde viven. Asimismo, el 78,7% de los porteños consideró que el problema de la inseguridad en la Capital Federal es muy grave. Si a pesar de estos datos hay funcionarios que todavía insisten que el problema de la inseguridad es un problema de “sensación” es que no quieren ver la realidad ante sus ojos.
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SALUD MENTAL
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SALUD MENTAL Y SEGURIDAD Por Equipo de Salud Mental de la Fundación Creer y Crecer Colaboradores: Dra. Verónica Mora Dubuc Dr. Lucio Caputo Lic. Mabel A. García
El incremento de tratamientos en salud mental resultó notable tras la crisis del 2001. Este fenómeno revela diversos y complejos procesos, algunos, con marcos acotados al espacio de problemas psiquiátrico-psicológicos pero la mayoría, atravesando los límites de lo estrictamente médico para encuadrarse entre los problemas sociales o psicosociales. Síntomas y circunstancias comienzan a expandirse tanto que la nominación diagnóstica queda corta. Basta releer los diarios: robos, secuestros, asesinatos, violencia multiplicada sobre el cuerpo de los ciudadanos, hace síntoma. Humanidades vulnerables que se angustian, deprimen, estresan y, en muchos casos, también se descompensan con hiperactividad, adicciones múltiples, comportamientos disociales y hasta psicosis, a veces sin retorno. Sonia (48) llega a la consulta después de dos años de altos y bajos, mudada a Buenos Aires tras haber sido secuestrada con su hija cuando entraba a su casa en el sur del conurbano. Desde ese momento sus miedos se han incrementado al punto de ser casi un “modo de vida”, que por momentos irrumpen de forma efervescente como “ataques de pánico” y la envuelven en agobiantes sensaciones de muerte inminente. Alerta de día, agotada de noche, con un sueño frustro que la abandona en la nueva mañana. No puede confiar, no puede descansar ni trabajar (a pesar de su excelente carrera de odontóloga); sólo ha podido hacer síntoma. Su historia se hace miles a cada minuto. A su vez, Pedro (25) hoy internado para tratar de iniciar un tratamiento y dejar “las drogas”, dejó sus estudios, desde los 14 consume cocaína y desde los 23, paco. Su familia “ensamblada” lo rodea; dos padres, madre depresiva ante su trasgresión adolescente, hiperactiva en su trabajo y tan protectora que le ha provisto de dinero para evitar la judicialización de su adicción. Cuatro hermanos “consumidores”, en la búsqueda de un trayecto para imaginar su futuro. Su pareja lo abandona hoy después de tres años, envuelta en un remolino semejante, y sostenida en el argumento de que “mejor que cada uno se haga cargo de lo suyo”(¿?). Dos casos para ilustrar, que distan de la tragedia marginal pero que muestran en sus matices el entrecruce de situaciones y factores que convergen a la hora de enfermar. Enseñó Winnicott que el niño, a medida que aprende, busca la función de apoyo en la madre primero y luego la traslada a otros para lograr autonomía. Frente a la ruptura del equilibrio aparecerá la más precoz angustia: la que se asocia a sentirse sostenido de un
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modo inseguro. Grave en momentos de inmadurez pero visibles en el trayecto vital de nuestra fragilidad humana. Este hecho demanda cuidados para impedir o al menos mitigar este sentimiento de inseguridad. Cuidados que de estar ausentes conducirán a la desintegración del psiquismo, la irrupción de la angustia, la aparición del síntoma y la herida social. La oportunidad de remediar el daño estará en la capacidad de cuidado que podamos reinstaurar. El aumento del desempleo, la pobreza estructural y la indigencia han generado un proceso de fragmentación y vulnerabilidad social, manifiesto en la desarticulación de las familias y de las instituciones de protección y contención social. Pérdidas afectivas y materiales impactan sobre la identidad y dignidad del ser humano y, por ende, sobre su salud psíquica y física, desencadenando elevados índices de enfermedad y situaciones de abandono familiar. Lesionan severamente la autoestima y obligan al sujeto a entrar en crisis. Crisis no es conflicto; éste se refiere a la falta de decisión entre alternativas de igual interés que se le presentan, teniendo la posibilidad de elegir. En la crisis no, la persona se enfrenta a una pérdida abrupta de un aspecto fundamental de su identidad, produciéndose un impacto violento. Su perpetuación y/o repetición pueden tornarlo imposible de tramitar. Aquí la inseguridad social muestra una de sus asociaciones a la violencia. Lo que en el terreno social es rebeldía, reacción, violencia e indisciplina, en el espacio individual resulta apatía, indiferencia, desanimo y desorientación. Deviene así un proceso no natural, multicausal, modelado por los medios de comunicación con criterios poco éticos. Sociedad y sujetos asombrados y perplejos, apelan a su capacidad resiliente para superar obstáculos y buscan recursos nuevos para tramitar su dolor. Necesitamos cambios en las condiciones sociales de vida a través de un compromiso interdisciplinario e intersectorial para recuperar capacidad de cuidado y sentimiento de seguridad. En la industria nuclear, como consecuencia de Chernobyl, se desarrolló el concepto de Cultura de la Seguridad, que está relacionada con la “actitud y motivación de los individuos” y comprende a los “atributos intangibles e inmedibles” de la conducta del hombre tales como obrar con responsabilidad, actuar con precaución y sano juicio, tener una actitud vigilante, poseer pleno conocimiento y un enfoque riguroso y prudente. La cultura de la seguridad es superadora de la capacitación para la prevención. El Sistema Educativo es fundamental en la instauración de estilos de vida seguros en la sociedad. El impulso a esa cultura debe estar presente en todos los niveles de enseñanza y de la acción social para la protección de las generaciones futuras.
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FCC
GOBERNABILIDAD EN ARGENTINA En el marco de la Conferencia Internacional "La experiencia mundial. Gobernabilidad en un balance de poderes", expuso su visión el presidente de nuestra Fundación, Mauricio Macri. Junto a él estuvieron presentes Otto Guevara Guth, fundador del Movimiento Libertario en Costa Rica, Roberto Salinas, economista proveniente de México, Lord John Alderdice, presidente de la Internacional Liberal del Reino Unido y, cerrando el evento, Ricardo López Murphy, en representación de la Fundación Cívico Republicana. Mauricio Macri comenzó hablando del desafío actual de las democracias en Latinoamérica; demostrar resultados tangibles en la vida cotidiana de la gente
como, por ejemplo, en el acceso a la salud y la educación. “Para ello debemos dejar de ver al Estado como un espacio prebendario desde el cual hacer política partidaria, pues por eso vemos que se suman capas y capas geológicas de personas que no están capacitadas para sus funciones”, explicó. A continuación enumeró lo que para él son las dos funciones esenciales del Estado. Primero, debe ser el garante de un orden que genere condiciones para que los que produzcan lo hagan más y mejor, y así atraer inversiones y lograr más empleo y de mayor calidad. “En un mundo tan competitivo como el actual, el Estado debe colaborar con aquellos que producen para que sean lo más competitivos posible”, aseguró. En segundo lugar, continuó, con sus recursos el Estado debe ayudar a aquellos que aún no ingresaron al circuito productivo y darles las oportunidades que no
tuvieron, fundamentalmente a través de la educación. Finalmente, tal como es habitual en sus discursos, concluyó con fervor y esperanza hacia el futuro, reclamando “optimismo y protagonismo por parte de todos aquellos que queremos una Argentina mejor”. Un rato antes se había inaugurado la conferencia con la palabra de Otto Guevara, quien narró los orígenes de su Movimiento Libertario y su posición en uno de los debates actuales en Costa Rica sobre la aparente dicotomía entre eficiencia y democracia. Roberto Salinas, a su turno, expuso sobre las transformaciones culturales en México en los últimos ocho años, y dio como ejemplos los esfuerzos para explicar en su momento los beneficios de la apertura comercial, de la libertad de los medios de comunicación y la desconstrucción de la antigua pirámide presidencial.
A su vez, Lord John Alderdice, con un discurso lleno de humor e inflexiones, comentó su experiencia en su Irlanda del Norte natal y cómo la Internacional Liberal había colaborado con el posterior proceso de paz. Luego hizo un repaso sobre la actualidad del liberalismo en Europa y concluyó explicando cuál era para él y su organización el ideario liberal, y cómo este contribuye al actual mundo. Como cierre del evento, Ricardo López Murphy arrancó su discurso pidiendo a la sociedad poner raciocinio y pasión en dosis iguales para transformar al país. En su casi media hora de discurso, recordó que Argentina fue grande “cuando se insertó exitosamente en el mundo, cuando se respetó el Estado de derecho y cuando se hizo votar al pueblo”. “El cambio en paz es posible, y debemos poner nuestro compromiso y pasión en ello”, concluyó rotundo.
ACCION
ACTIVIDADES LA INVERSION EN COMUNICACION INSTITUCIONAL Cobertura realizada por: Soledad Orosa Saber si la imagen institucional debe evaluarse como gasto o inversión fue el eje de la temática del miércoles 28 de septiembre en la reunión temática realizada por el equipo de Cultura de la Fundación Creer y Crecer. “La inversión en comunicación institucional es estratégica”, aseguró el expositor invitado, Diego Dillenberger, periodista, editor de la Revista Imagen y conductor y productor del programa "La hora de Maquiavelo" que se transmite por P&E.
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Luego de ser presentado por Ricardo Carrasquet, integrante del área de Cultura, Dillenberger comenzó su exposición introduciéndonos en el contexto global en el que se desarrolla la actual problemática de la imagen corporativa. Una sociedad cada vez más informada y que reclama más información, medios de comunicación implacables con los errores ajenos y la tecnología de Internet que acelera la difusión de las noticias en el mundo entero son los principales componentes de aquel contexto. Ser consciente de ellos es la base para reflexionar sobre la importancia de una imagen profesional manejada por expertos. Una matriz de análisis interesante es la creada por Jerold Manheim respecto a la Strategic Public Diplomacy. La imagen institucional, entonces, también podría medirse a través del gráfico de los 4 cuadrantes. La vulnerabilidad de una imagen pública implica falta de credibilidad. Y aquí aparece la figura del director de comunicación quien debe velar por la imagen de individuos y entidades, preservar el valor de la marca. El es quien debe tomar todas las decisiones referidas al manejo de la opinión pública, los lideres de opinión y los servicios de comunicación. Esta figura suele llamarse Dircom (Director de Comunicación) y, tal como lo definió Dillenberger, debe ser un “cable a tierra” que sea consciente de la realidad. Con el correr de su exposición, el periodista ejemplificó cómo la realidad le demostró a muchas corporaciones multinacionales que la venta no es más importante que la imagen. Un mal manejo de la comunicación y de la imagen institucional termina repercutiendo en las ventas y en la pérdida del valor accionario de ellas. Cuando la empresa se ve afectada por una crisis de imagen se debe tener en claro que ésta se resuelve en la opinión pública donde entran a jugar las percepciones de la gente. “En momentos de crisis, al público no le importan las excusas sino que le interesa que la empresa se haga cargo”, sentenció el periodista. La exposición finalizó con algunos consejos sobre cómo ser un buen manager de crisis. Un manager de crisis debe estar preparado para desarrollar esa tarea y para eso debe contar con información fidedigna que permita una evaluación previa de la imagen pública que posee la institución. “Un rumor no es una crisis”, aclaró Dillenberger y “en definitiva siempre es la opinión pública quien emite juicio”. Dar todas las malas noticias de golpe y no en cuentagotas, ser cuidadoso en el uso de tecnicismos, pensar en los valores y elaborar un manual de instrucciones son otras claves para enfrentar períodos de crisis. De esta manera concluyó Dillenberger despedido por el aplauso final de los concurrentes.
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DISCAPACIDAD Y EMPLEO
Cobertura realizada por: Carolina Rocha
Los equipos de Salud y Empleo de la Fundación realizaron un desayuno de trabajo en el cual se trató la problemática de la integración laboral del discapacitado. Los tres ejes principales de debate se basaron en la capacitación que reciben las personas con discapacidad, la integración laboral y el rol que ejerce el Estado y los Organismos no gubernamentales. Según datos del INDEC (2002-2003) existen en nuestro país 2.176.123 personas discapacitadas sobre un total de población de 30.757.628. Por lo tanto las personas con discapacidad representan el 7,1% de la población total. Participaron del encuentro diversas fundaciones, institutos educativos y asociaciones civiles. Los mismos manifestaron su desacuerdo con los datos que proporciona el Indec y la Encuesta Nacional de Discapacitados. Ana Peña de la Fundación Trascender (organización dedicada a discapacidades mentales leves) manifestó: “las cifras de la ENDI no son fiables pues no se puede saber ni siquiera cuál es el número de trabajadores del Estado en general, por lo cual, no se puede explicar desde la administración cuál es el número de trabajadores discapacitados que están trabajando y “cumpliendo”. Por su parte Omar Zárate, actual Secretario de Discapacidad del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, manifestó su disconformidad con respecto a las cifras que hablan de empleo estatal por entender que cualquier discapacitado que actualmente preste tareas en el Estado no lo hace por cumplimiento de la normativa imperante sino porque ingresaron de modo informal, esto es, amistades o contactos. Durante el transcurso del desayuno también se debatió sobre el rol de las ONG. En este aspecto hubo coincidencia generalizada sobre la necesidad de una unidad mayor y de una participación más efectiva. Jorge Savi, de la Fundación Vitra recordó: “fue el empuje de las ONG lo que permitió el dictado de la ley 24901 que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”. Por su lado Andrés Reale, del Instituto Génesis, destacó que “la importancia de las ONG es vital y deberían verse activamente involucradas en el diseño de políticas de Estado y no ser contemplados por la Administración como enemigos o competidores. “Ha llegado el tiempo de abandonar el molde de la democracia representativa de votar una vez cada tanto para pasar a una democracia deliberativa, con elevado índice de participación de organizaciones de la sociedad civil, ganando la calle si es necesario”, afirmó. Los participantes concluyeron que hace falta una conciencia solidaria en la comunidad y una responsabilidad social que fomente que el tener trabajo hace a la dignidad del hombre. Finalmente el abogado Sebastián Baldassarri, discapacitado visual, campeón panamericano en lanzamiento de bala, resumió su postura: “Dios no hace diferencias, Dios no divide; son los hombres los que lo hacen, adoptando un discutible punto cero entre lo que es normal y lo que no lo es”. Desde su experiencia de abogado comentó que en nuestro país existen unas 91 normas nacionales y unas 51 sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que finalmente, como son hombres y mujeres quienes las tienen que aplicar, siempre se termina buscando un argumento para no usarlas y no producir una efectiva integración laboral. Reflexionó sobre la situación de los discapacitados hacia quienes dirigió un mensaje de fe y esperanza: “hay dos caminos, quedarse en casa, o meterse y luchar, sabiendo que si se lucha, tarde o temprano, se logra avanzar”.
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