1
Modernitas Estudios en Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón
Manuel-Reyes García Hurtado (ed.)
A Coruña 2008 Universidade da Coruña Servizo de Publicacións
2
Modernitas. Estudios en Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón Manuel-Reyes García Hurtado (ed.) A Coruña, 2008 Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións Homenaxes, nº 08 Nº de páxinas: 576 17 x 24 cm. Índice: páxinas 5-6 ISBN: 978-84-9749-299-7 Depósito legal: C 266 - 2008 Materia: 93: Ciencias históricas. 94: Historia da Idade Media e Moderna en xeral
Edición: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións http://www.udc.es/publicaciones © Os autores © Universidade da Coruña
Distribución: Galicia: CONSORCIO EDITORIAL GALEGO. Estrada da Estación 70-A, 36818, A Portela. Redondela (Pontevedra). Tel. 986 405 051. Fax: 986 404 935. Correo electrónico:
[email protected] España: BREOGÁN. C/ Lanuza, 11. 28022, Madrid. Tel. 91 725 90 72. Fax: 91 713 06 31. Correo electrónico:
[email protected]. Web: http://www.breogan.org
Deseño da cuberta: Julia Núñez Calo Texto da cuberta: Manuel Reyes García Hurtado
Imprime:
Lugami Artes Gráficas Infesta, 96 15300 Betanzos (A Coruña)
Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia, gravación magnética ou calquera almacenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso previo e por escrito das persoas titulares do copyright.
3
Baudilio Barreiro Mallón
This page intentionally left blank
5
Índice MANUEL-REYES GARCÍA HURTADO
Imágenes de memoria ................................................................................................. 7 Baudilio Barreiro Mallón. Trayectoria académica ..................................................... 9 MANUEL RECUERO ASTRAY (Universidad de A Coruña)
Castillos y fortalezas del reino de Galicia: entre el Medievo y la Modernidad ...... 17 OFELIA REY CASTELAO (Universidad de Santiago de Compostela)
A vueltas con la difusión de impresos en la Edad Moderna .................................... 31 LAUREANO M. RUBIO PÉREZ (Universidad de León)
Jurisdicción y solar. Claves interpretativas, derechos y confrontaciones en los concejos de la montaña leonesa durante la Edad Moderna ........................... 53 RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO (Universidad de Valencia)
Entre el optimismo y la decepción: la evangelización de los moriscos de la diócesis de Orihuela ......................................................................................... 75 PABLO FERNÁNDEZ ALBALADEJO (Universidad Autónoma de Madrid)
Unión de almas, autonomía de cuerpos: Sobre los lenguajes de unión en la Monarquía Católica, 1590-1630 .................................................................... 111 ANTONIO EIRAS ROEL (Universidad de Santiago de Compostela)
Las cuentas dispersas de las Juntas del Reino. El servicio de la Escuadra ........... 121 PERE MOLAS RIBALTA (Universidad de Barcelona)
Juan Domingo de Haro y Guzmán, conde de Monterrey ...................................... 147 PEGERTO SAAVEDRA (Universidad de Santiago de Compostela)
Economías cistercienses del Antiguo Régimen: el Imperial Monasterio de Oseira .................................................................................................................. 161 JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES (Universidad de Córdoba)
Aristocracia nobiliaria y burocracia ennoblecida. Desaparición o marginación del sistema polisinodial de la monarquía hispánica (1701-1709) .......................... 191 EMILIA SALVADOR ESTEBAN (Universidad de Valencia)
La Generalidad valenciana y sus rentas en un informe de 1716 ........................... 215
6
CAMILO FERNÁNDEZ CORTIZO (Universidad de Santiago de Compostela)
Vejez, subsistencia y asistencia familiar en dos comarcas gallegas de montaña (Tierra de Montes y Tierra de Trives) a finales del Antiguo Régimen .................. 231 FLORENTINO LÓPEZ IGLESIAS (Universidad de Oviedo)
Paisaje con montañas en Yernes y Tameza ............................................................. 259 LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ, ANTONIO GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ (Universidad de Sevilla)
Los comerciantes de la Carrera de Indias en la Sevilla del siglo XVIII: el diseño notarial de sus fortunas y estatus ............................................................ 273 ROBERTO J. LÓPEZ (Universidad de Santiago de Compostela)
«España necesita reyes»: Fiestas y celebraciones en la proclamación real de Fernando VI ........................................................................................................ 309 JUAN E. GELABERT (Catedrático de Historia Moderna)
Caesaris Caesari et Dei Deo. La concesión del título de ciudad a Santander por Benedicto XIV (12 diciembre 1754) ................................................................ 329 ISIDRO DUBERT (Universidad de Santiago de Compostela)
El desembarco de los catalanes en Galicia y los remedios de los naturales a la crisis de sus pesquerías, 1757-1788 ................................................................. 351 TEÓFANES EGIDO (Universidad de Valladolid)
El secreto inquisitorial desvelado: Antídoto para solicitantes .............................. 369 MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SAMPER (Universidad de Barcelona)
La sociedad urbana del siglo XVIII ante el reto del hambre ................................. 389 SIRO VILLAS TINOCO (Universidad de Málaga)
Ciencia, técnica y redes sociales en la España Ilustrada ........................................ 417 VICENTE J. SUÁREZ GRIMÓN (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
La pérdida de la capitanía a guerra por los corregidores de Gran Canaria ........... 439 ALFREDO MARTÍN GARCÍA (Universidad de León)
El Tribunal Eclesiástico Castrense de Ferrol (1768-1833) .................................... 477 ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ (Universidad Complutense de Madrid)
El orden público en la dinámica absolutismo-liberalismo a finales del Antiguo Régimen .................................................................................................... 495 MANUEL-REYES GARCÍA HURTADO (Universidad de A Coruña)
Fuego amigo en la Guerra de la Independencia. El Memorial Militar y Patriótico del Ejército de la Izquierda (1810-1811) ........................................... 515
7
Imágenes de memoria Manuel-Reyes García Hurtado
Conocí al profesor Baudilio Barreiro Mallón mucho antes de lo que imaginaba. Durante mis estudios en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela su nombre era citado en numerosas ocasiones en la bibliografía modernista, o se aludía a sus trabajos de manera oral por los profesores. Era para mí un nombre, alguien que hacía años había habitado las mismas aulas por las que entonces transitaba yo. Muchas veces quizá me crucé con él en sus frecuentes visitas a la biblioteca de la Facultad o a profesores del área de Historia Moderna. Pero hasta el verano de 1997 y el caluroso mes de julio seguía siendo para mí sólo una referencia bibliográfica. Aquel estío preparaba el que debía ser mi retorno a París para continuar mi tesis doctoral, y mientras llegaba el mes de mi partida trabajaba catalogando el fondo antiguo de la biblioteca de San Martín Pinario. Un día, como otro cualquiera, al terminar de desempolvar libros encuadernados en pergamino me encaminé a la cafetería ubicada frente a la Facultad. Una vez allí escuché una voz que me llamaba. Al volverme observé que se trataba de Ofelia Rey (sin duda alguna la persona más relevante en mi vida profesional), que me invitó a sentarme en su mesa. Estaba acompañada de un señor de gesto serio, que tras sus gafas escondía unos ojos cuya mirada denotaba esa capacidad que tienen algunas personas para escuchar y leer en la conducta y los gestos incluso aquello que no se verbaliza. Era Baudilio Barreiro. Me senté con ellos, hablamos no recuerdo de qué, pero sí que tengo muy fresco todavía que al salir de allí, mientras caminábamos en dirección a la Plaza de Cervantes, tratamos sobre la verdad, la necesidad de expresarla siempre, el daño que puede producir, etc. Mi ingenuidad, que no era fruto sólo de la juventud, me llevó a defender una postura diferente a la suya. Ahora ya no importa. Lo que sí que me ha demostrado la vida es que en aquello, como en la mayoría de las materias de las que hemos discutido, él tenía razón.
7
8
MANUEL-REYES GARCÍA HURTADO
En alguna que otra ocasión volvimos a coincidir. El final del verano se acercaba y mi regreso a Francia con él. Nada hacía presagiar el vuelco que iba a producirse en mi vida dos meses más tarde. La Universidad de A Coruña había convocado una plaza de profesor ayudante de Historia Moderna, a la que opté sin mucha ilusión (mi futuro no me lo planteaba ya en la Galicia a la que había llegado en 1989), pero, por azares del destino, la plaza finalmente recayó en mí, de modo que desde 1997 tuve la fortuna de compartir muchas horas con Baudilio. No me duelen prendas en reconocer que él me ha transmitido un legado muy importante. Aprendí de él la importancia de un buen clima en el Departamento y en la Facultad. A buscar puntos de unión y a construir. También me enseñó que la importancia que le concedemos a los problemas académicos, muchas veces, es casi inversamente proporcional a la calidad humana del que los sufre. Que la ambición y el orgullo no son el camino hacia nada, sino el trabajo, el estudio y el silencio. Que la universidad es una carrera de fondo. Que la historia no sólo se estudia, sino que hay que sentirla. Que un profesor no es un trabajador a tiempo completo, sino a tiempo total. Que el reconocimiento social no equivale a respeto científico. También supe, muy a mi pesar, que nunca llegaría a atesorar su saber ni su bonhomía. Desde 1997 a 2007 fuimos los integrantes del área de Historia Moderna de la Universidad de A Coruña. Es, sin la menor duda, la persona con la que más he hablado a lo largo de toda mi existencia y una de las que más me ha marcado. Esto es así tanto porque ambos compartimos la pasión por la palabra como porque durante esa década almorzamos juntos todas las semanas al menos dos días. Por nuestra mesa pasaron anécdotas, personas, situaciones, tristezas, esperanzas, discusiones, risas. Horas y horas de animada charla. Baudilio es una persona que no gusta de homenajes. No los necesita para alimentar ego alguno. Por eso, este libro, en que con todo el interés y dedicación de que soy capaz he trabajado para que el lector lo llegara a tener en sus manos, es el único testimonio de reconocimiento a su dedicación profesional que él ha admitido que se le tribute desde la universidad, y no porque él lo deseara, sino porque yo le rogué que lo aceptara. Es por tanto más un obsequio de él hacia mí que a la inversa. Todo lo que antecede es simplemente aquello de lo que pretendo dejar constancia pública, que no es más que mi expresión de gratitud y de cariño hacia una persona singular, buena, honesta y leal. Otras muchas cosas acaecidas entre 1997 y 2007, posiblemente las más importantes, no son para nadie más que para mi recuerdo. Quede pues prueba con las páginas que siguen de la sincera amistad a Baudilio de quienes han colaborado con sus investigaciones en este libro, así como de mi deuda con todos ellos por su amabilidad y con Baudilio por todo para siempre.
9
Baudilio Barreiro Mallón. Trayectoria académica El final de una etapa académica no marca en este país, por ahora, el final de la actividad investigadora, sino un cambio hacia otro tiempo con menos compromisos docentes y con más libertad de acción, ventajas que sin duda aprovechará el profesor Barreiro Mallón para seguir cultivando su bien acreditado gusto por el trabajo. Por lo tanto, no invertiremos estas páginas en hacer el balance de una tarea cerrada1, sino de un período laboral dilatado, que seguirá creciendo, sin duda, en el contexto diferente de la jubilación. Para identificar a Baudilio Barreiro como historiador, lo primero que se puede decir de él es que, con sus características intelectuales, sólo podía haberse dedicado a la Historia Moderna. En efecto: nos hallamos ante un modernista en estado puro. Su acusado espíritu crítico hubiera sufrido la insatisfacción documental de períodos históricos anteriores y el período contemporáneo –en cuya enseñanza ocupó no poco tiempo– no habría dejado espacio a su creatividad, de modo que los siglos XVI, XVII y XVIII han sido y son su tiempo. Y Galicia ha sido y es su espacio, aunque su trayectoria académica se haya vinculada con otros territorios –Extremadura, Asturias–: al comienzo y al final, su tierra de origen ha puesto marco a su tarea docente e investigadora. La carrera académica de Baudilio Barreiro se inició en 1961 al licenciarse y graduarse en Arqueología Paleo-Cristiana en el Pontificio Istituto di Archeologia Christiana de Roma. Esta experiencia italiana le abrió las puertas a un mundo bien diferente del compostelano y a un tipo de investigación que le aportaría elementos de análisis y componentes formativos distintos de los recibidos hasta entonces, pero también el paso por un determinado tipo de praxis histórica aguzó su naturaleza indagatoria y le animó a dar un giro radical en su trayectoria, empezando desde cero la licenciatura de Filosofía y Letras, que finalizó en 1969 con premio extraordinario. Incorporado a la docencia universitaria desde ese mismo año como profesor ayudante de Historia Moderna, le correspondió vivir en la Universidad de Santiago un período de efervescencia y de cambio, pero sobre todo le cupo la oportunidad de trabajar con un catedrático joven y dinámi9
10
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
co, don Antonio Eiras, que, en una Facultad de letras de una universidad pequeña y periférica, pretendía dar un rumbo nuevo a la investigación sobre el período moderno de Galicia a partir de la metodología de cuño francés. El profesor Eiras encontró en Baudilio Barreiro a un discípulo maduro, brillante y receptivo a las nuevas tendencias, y esa combinación fructificó en La jurisdicción del Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y economía, tesis doctoral defendida en 1973 que a nuestro homenajeado le valió la máxima calificación y el premio extraordinario de doctorado, y a su director, primerizo en tales empeños, le permitió presentar uno de los primeros resultados tangibles de un esfuerzo de innovación que daba entrada a la historia rural de base comarcal en España. La sobriedad del título es menos un reflejo del significado profundo del giro historiográfico emprendido, que de la personalidad de Baudilio Barreiro –poco dado a florituras– y del austero rigor metodológico que esconde: es un título que no ocultaba nada a los lectores de esta obra –editada dos veces y dos veces agotada–, universitarios sobre todo, que se encontraron ante una investigación de historia total –los tres componentes enunciados más el cultural y el político– en un marco zonal definido y en un período perfectamente delimitado. Era una de las primeras tesis que en España seguía el modelo de la historiografía rural francesa de Pierre Goubert y de Emmanuel Le Roy Ladurie, integrando todos los aspectos fundamentales de la vida de los campesinos del Antiguo Régimen, desde la reproducción biológica –sobre la base de la reconstrucción de familias– hasta sus modos de pensar, pasando por la reproducción económica y social. En el plano estrictamente gallego, la tesis sobre Xallas, apuntalada sobre una enorme base documental y un riguroso ejercicio crítico y metodológico, desmantelaba tópicos arraigados en la historiografía erudita gallega2, una necesaria tarea de revisión que surgió de modo espontáneo y en la que participaron otros discípulos iniciales del profesor Eiras, como José Manuel Pérez García. En el plano más amplio del mundo universitario hispano de los setenta, la tesis sobre Xallas se correspondía con un proyecto colectivo en el que participaban los ya mencionados, pero también otros componentes nuevos del grupo, cuyo producto más acabado, de entre los objetivos de investigación que compartían, es sin duda la celebración en Santiago en 1973 de las I Jornadas de Metodología Histórica Aplicada. En ese congreso, que marcó un hito en la historiografía española del momento, Baudilio Barreiro formó parte de la organización y, en la sección de Historia Moderna, presentó varios trabajos sobre evolución demográfica y producción agraria, en línea con su tesis, pero también otro, ubicado en la sección dedicada a fuentes y métodos, sobre actitudes ante la muerte3 que en aquel año era pionero en España y que anunciaba otra de las líneas de su producción post-doctoral. Esta producción transcurriría en los años siguientes por esos dos caminos y por bifurcaciones o derivaciones de estos, como es lógico en la investigación histórica que se mueve por el encadenamiento de problemas y más en el caso que
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
11
nos ocupa, el de un investigador profundamente inquisitivo, y continuó vinculada a las publicaciones y proyectos colectivos dirigidos por el profesor Eiras Roel, en especial las obras más significativas de la adscripción metodológica del grupo, Las Fuentes y los Métodos (1977) y La Historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos (1981)4. La tarea docente, que en nuestro sistema universitario obliga a invertir un gran esfuerzo de lecturas y análisis en temas ajenos a nuestros intereses más inmediatos, permitió a Baudilio Barreiro acercarse a materias que le darían una amplia visión del acontecer histórico –lo que en su caso incluyó una larga experiencia en Historia de América– y al trato con las primeras promociones compostelanas de la nueva licenciatura de Geografía e Historia, implantada en 1973. Pero ese mismo sistema universitario sometía a sus componentes a un duro periplo de oposiciones, que el profesor Barreiro resolvió con un contundente y rápido éxito que le llevaría a Cáceres como agregado de cátedra en 1978 y, poco tiempo después, a Oviedo como catedrático (1979). En ambas universidades, con la lógica diferencia del tiempo que pudo invertir en una y en otra, prosiguió su trayectoria investigadora sin romper con las preocupaciones básicas que la regían, y que, por otra parte, cubrían vacíos historiográficos existentes allí donde se radicó, en especial en Asturias: series demográficas y diezmales5, con pinceladas de historia de la familia y de su vida material6, organización de las comunidades agrarias7, niveles de riqueza de los diferentes grupos sociales del mundo rural, aprovechamientos comunales8, actividades industriales y mercantiles9, etc. La producción propia puede verse en los diferentes artículos, comunicaciones y ponencias en congresos, capítulos de libros, etc., que jalonan el período ovetense de Baudilio Barreiro, muy en especial los densos fascículos de la Historia de Asturias dedicados a los comportamientos demográficos, los componentes sociales y las bases de la economía agrícola asturiana de los siglos XVI y XVII, que siguen siendo una referencia a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación10. No hay duda de que la investigación realizada a título individual por el profesor Barreiro continuó marcada por esos temas, porque, más allá de las modas, constituyen la base del conocimiento de las sociedades rurales de las periferias, pero también se percibe el crecimiento constante de sus otros intereses: el ámbito de las mentalidades, los comportamientos religiosos, las actitudes ante la vida y la muerte11, la cultura popular y la cultura letrada –alfabetización, escolarización, presencia y consumo de libros12–, y el espacio creciente que le fue concediendo a la sociedad urbana13, a las cuestiones de política local14, a las migraciones y sus problemas –no en vano su investigación se desarrollaba en un territorio marcado por la emigración15– y a la sociología eclesiástica, ya fuera del clero secular, ya del regular, un ámbito de la investigación en el que los estudios de B. Barreiro se pueden considerar pioneros e innovadores16.
12
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
La tarea universitaria de esos años, hasta su vuelta a Galicia en 1994, se completó con la coordinación y participación en proyectos de investigación sobre el mundo rural y urbano de los siglos modernos en el Noroeste peninsular17, con tareas de dirección de departamento y con la de tesis doctorales, estas últimas en línea con sus dos temas preferentes de estudio, la historia rural –las de Laureano Rubio sobre el territorio leonés de La Bañeza y de Mª A. Fernández Ochoa sobre el concejo asturiano de Valdés– y las mentalidades –en este caso, la tesis de Roberto López sobre muerte y religiosidad en la Asturias de la Edad Moderna–, y en otros ámbitos de indiscutible importancia, como las economías monásticas –es el caso de la tesis de Daniel Paz sobre el monasterio de Villanueva de Oscos– y la historia de la familia –tema desarrollado por Florentino López para los grupos familiares del Principado–18. Diversas circunstancias académicas concurrieron en que Baudilio Barreiro pudiera regresar a Galicia, pero, obviamente, la más importante fue la creación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña, ubicada en Ferrol, en cuyo seno se encargó de constituir el área de Historia Moderna. Esta vuelta a los orígenes, pero en una universidad diferente a la de comienzo, le ha permitido trabajar desde 1994 hasta ahora en aquellas cuestiones –en especial de historia rural19– y territorios a los que había dedicado sus primeras investigaciones20, mantener aquellas líneas que había iniciado con éxito en Oviedo –entre las que destacan las referidas a las comunidades campesinas21 y a la administración territorial22–, incidir en los ámbitos temáticos a los que se siente más apegado –de modo claro, la historia cultural23 y la historia y sociología eclesiásticas24–, seguir participando en proyectos colectivos25 –una dimensión en la que se encuentra cómodo, lo que no es fácil– y dirigiendo tesis doctorales26, y, sin decaer en su interés inagotable por el pasado, introducirse en otros campos que, como la historia de la ciudad de Ferrol en la época moderna –en el marco del sistema urbano gallego27– o la asistencia social en Galicia28, necesitaban un impulso. Sus textos más recientes lo han conducido, como no podía ser de otra manera, a las tareas de síntesis –una historia de Galicia en las épocas moderna y contemporánea– y a la historia narrativa –un libro sobre la sorprendente historia de un monje contrabandista–, señales inequívocas de que su autor pretende combinar en el futuro la divulgación y la investigación. En fin, ni hemos pretendido enumerar todas las piezas del currículo del profesor Barreiro Mallón, ni sería posible en un espacio necesariamente breve. Nos queda por señalar que no ha sido remiso en aceptar puestos de responsabilidad cuando ha sido preciso –director de departamento en la Facultades de Filosofía y Letras de Cáceres, de Geografía e Historia de Oviedo y de Humanidades en Ferrol y decano de la Facultad de este título de la Universidad de A Coruña–, que ha colaborado con entusiasmo en tareas colectivas relevantes para la investigación –participó en la directiva de la Asociación Española de Historia Moder-
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
13
na en sus primeros tiempos, se incorporó desde el comienzo en el consejo científico de la revista Obradoiro de Historia Moderna– y que siempre, con su talante afable y su trato cercano, ha sabido crear una atmósfera agradable entre quienes hemos trabajado con él.
Notas 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ni expondremos por extenso su currículo, sino sólo ejemplos significativos de este. Por ejemplo, los referentes al sistema foral en un artículo que anunciaba el contenido de la tesis: «La Pragmática de Perpetuación de Foros. Intento de interpretación», en Compostellanum, XVII, 1-4 (1972), pp. 73-117. «El sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo Régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales», en Actas de las I Jornadas de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, 1975, vol. V, pp. 181-198. En el primero de los citados B. Barreiro publicó «La producción agrícola de Xallas a través de los arrendamientos diezmales. Intento de aproximación», pp. 65-82; «Interior y costa: dos muestras de una estructura demográfica antigua en la Galicia rural», pp. 165-190 y «Demografía y crisis agrarias en la Galicia del siglo XIX», pp. 215-242; y en La Historia social de Galicia «Los contratos de foro y arrendamiento en los siglos XVII y XVIII», pp. 275-291 y «Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII: definición de un estilo de vida y de pensamiento», pp. 449-494. Este último artículo constituye un precursor estudio sobre la posesión de libros realizado sobre un muestreo sistemático en inventarios post-mortem. Del período extremeño, «Cáceres en el Antiguo Régimen: análisis demográfico-social», en Norba, 1 (1980), pp. 231-252, además de comunicaciones en diversos congresos. Ya en Oviedo: «La introducción de nuevos cultivos y la evolución de la ganadería en Asturias durante la Edad Moderna», en Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, Madrid, 1984, pp. 287-318; «Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos XVI al XIX», en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 133 (1990), pp. 73-96; «El maíz en el sistema agrario de la España Moderna», en Actas del XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 1992, vol. I, pp. 184-200, etc. «Familia y evolución demográfica en Asturias», en Obradoiro de Historia Moderna, 2 (1993), pp. 9-32; «Aspectos socio-económicos de Asturias en la Edad Moderna», en RAMALLO ASENSIO, G. (dir.), Arquitectura señorial en el norte de España, Oviedo, 1993, pp. 12-25. «Los señoríos asturianos en la Edad Moderna», en Congreso sobre el señorío, Madrid, 1986; «Concejos y señoríos asturianos en la Edad Moderna», en Historia de Asturias, Oviedo, 1990, pp. 537-557. Y también la desorganización: «La conflictividad social durante el reinado de Carlos IV», en MOLAS RIBALTA, P. (ed.), La España de Carlos IV, Madrid, 1991, pp. 75-91. «Masa arbórea y su producto en Asturias durante la Edad Moderna», en CABERO DIÉGUEZ, V. et al, El medio rural español. Cultura, paisaje y naturaleza, Salamanca, 1992, vol. I, pp. 241-252. «Agricultura e industria en Asturias en el siglo XVIII», en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. - HERNÁNDEZ MARCO, J. L. (coords.), La industrialización del Norte de España: estado de la cuestión, Barcelona, 1988, pp. 37-53; «El comercio asturiano con los puertos del Atlántico peninsular. El componente andaluz», en II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1983, pp. 571-592; «Comercio y estructuras agrarias en la costa cantábrica», en Actas de la III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas, 1995, pp. 61-80. Se trata de los capítulos titulados «La demografía asturiana en los siglos XVI y XVII. Evolución y factores demográficos», «La economía asturiana en los siglos XVI y XVII. Las estructuras», «La economía asturiana en los siglos XVI y XVII. La coyuntura» y «La sociedad asturiana en los siglos XVI y XVII», en Historia de Asturias, Bilbao, 1984.
14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
«La nobleza asturiana ante la muerte y la vida», en EIRAS ROEL, A. (ed.), La documentación notarial y la historia, Santiago de Compostela, 1984, vol. II, pp. 27-60; «Muerte y religiosidad en las comunidades campesinas del Antiguo Régimen», en Homenaje a Carlos Cid, Oviedo, 1989, pp. 97-117; «Sínodos, pastorales y expedientes de órdenes: tres indicadores de la religiosidad en el Noroeste de la Península», en ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. et al (coords.), La religiosidad popular, Sevilla, 1989, vol. II, pp. 72-95; «Religiosidad y clero en Zamora durante la Edad Moderna», en Actas del I Congreso de Historia de Zamora, Zamora, 1990, vol. III, pp. 579-592. «Alfabetización y lectura en Asturias durante la Edad Moderna», en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, 1 (1988), pp. 115-134; «Realidad y perspectivas de la historia de las mentalidades», en Chronica Nova, 18 (1990), pp. 51-76; «Ritmos y niveles de la alfabetización en la Asturias del Antiguo Régimen», en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas, 1995, vol. 1, pp. 163-188. En especial, su libro La Coruña 1752: según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1990, y el dirigido por él, El concejo de Avilés desde los inicios de la Edad Moderna hasta la Independencia de América, Avilés, 1992, y artículos como «La villa de Gijón en el siglo XVII», en Los orígenes de Gijón, Gijón, 1992 o «La burguesía asturiana en el siglo XVIII», en ENCISO RECIO, L. M. (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, vol. III, pp. 1267-1286. «Asturias y el voto en Cortes: revisión historiográfica y nuevas perspectivas», en Hispania, vol. 50, 176 (1990), pp. 1219-1236; «Estructura municipal de Asturias en el siglo XVIII», en Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo. Actas, Madrid, 1990, vol. II, pp. 33-59. «Ritmos, causas y consecuencias de la emigración asturiana a América, 1700-1900», en Emigración española y portuguesa a América, Alicante, 1991, pp. 73-89; «Avilesinos en América», en El concejo de Avilés…, pp. 7-50; «Movimientos migratorios en Asturias y Cantabria, siglos XVI al XIX», en EIRAS ROEL, A. - REY CASTELAO, O. (eds.), Migraciones internas y médiumdistance en la Península Ibérica, Santiago de Compostela, 1995, pp. 73-124. «El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos (siglos XVI-XIX)», en Compostellanum, 33 (1988), pp. 469-507; «El clero de la diócesis de Santiago a través de las visitas pastorales, visitas ad limina, registros de licencias ministeriales y concursos a curatos», en Compostellanum, vol. 35, 3-4 (julio-diciembre 1990), pp. 489-514; «El dominio de San Vicente en la Edad Moderna», en Semana de Historia del Monacato, Oviedo, 1982, pp. 491-529; «El clero regular mendicante en Galicia: evolución numérica, procedencia social y comportamientos de los franciscanos (ss. XVI al XIX)», en Archivo Ibero-Americano, 195-196 (1989), pp. 459-481; «La presencia de los bernardos en Asturias en la Edad Moderna», en Actas del Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, Ourense, 1992, vol. II, pp. 759-772; «El monacato femenino en la Edad Moderna. Demografía y estructura social», en Actas del I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, León, 1993, vol. II, pp. 57-75. Citamos sólo el más relevante, «Análisis comparativo de la evolución de la población y de la sociedad en áreas urbanas y rurales de Galicia y Asturias, siglos XVI-XIX», financiado por la Xunta de Galicia, de 1994 a 1998. LÓPEZ LÓPEZ, R. J., La sociedad asturiana durante el Antiguo Régimen. Mentalidad y cultura religiosa, 1987; RUBIO PÉREZ, L., Un modelo de sociedad en el antiguo Reino de León. La Bañeza y su tierra, 1989; PAZ GONZÁLEZ, D., El Monasterio de Villanueva de Oscos de la Reforma a la Exclaustración, 1990; FERNÁNDEZ OCHOA, Mª A., El Concejo de Valdés en la Edad Moderna, 1991; LÓPEZ IGLESIAS, F., El grupo familiar en la Asturias del Antiguo Régimen, 1993. Todas ellas han sido publicadas. No enumeramos las tesis de licenciatura por cuestiones de espacio. «La producción agraria gallega: estructura y crisis durante la segunda mitad del siglo XVI», en Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada, Pamplona, 2000, vol. 2, pp. 1-19; «Del centeno y del mijo al maíz en el occidente gallego», en Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel, Santiago de Compostela, 2002, vol. 1, pp. 213-234.
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
20
21
22
23
24
25
26
27
15
Lo que incluye una vuelta al Xallas en su amplio artículo «Os tempos modernos: O concello de Santa Comba e a Xurisdicción de Xallas», en Historia de Santa Comba de Xallas, Santa Comba (A Coruña), 2004, pp. 381-425. «Los montes comunales y la coyuntura socio-económica en el Occidente de Asturias en los siglos XVI al XVIII», en Homenaje a Juan Uría Riu, Oviedo, 1997, pp. 415-457; «Montes comunales y vida campesina en las regiones cantábricas», en Studia Historica. Historia Moderna, 16 (1997), pp. 17-56. «La organización concejil y su funcionamiento en el Noroeste de la Península Ibérica», en El municipio en la España Moderna, Córdoba, 1996, pp. 75-91; «La Audiencia de Galicia en la época de Felipe II», en EIRAS ROEL, A. (coord.), El reino de Galicia en la monarquía de Felipe II, Santiago de Compostela, 1998, pp. 191-213; «A Coruña y su provincia al comienzo de los tiempos modernos», en EIRAS ROEL, A. (coord.), El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000, pp. 365-385; «Los juicios de residencia y la conflictividad social», en Entre nós, Santiago de Compostela, 2001, pp. 379-411; «Control social y tensiones entre el pueblo y los poderes locales en la Galicia Moderna», en XII Xornadas de Historia de Galicia. Perspectivas plurais sobre a historia de Galicia, Ourense, 2003, pp. 87-108. De mayor amplitud territorial: «El problema de la Sucesión española», estudio preliminar a Actas de las Juntas del Reino de Galicia (A. EIRAS ROEL, dir.), vol. XV, Santiago de Compostela, 2005, pp. 63-94. «La lectura y sus problemas en el Norte de la Península: estado de la cuestión», en Bulletin Hispanique, vol. 99, 1 (1997), pp. 75-97; «Revisionismo metodológico y metodología aplicada en la historiografía de la cultura letrada española de las dos últimas décadas», en Balance de la Historiografía Modernista 1973-2001, Santiago de Compostela, 2003, pp. 335-367; «Ordenanzas y Constituciones: las Cofradías del Clero y su organización», en REY CASTELAO, O. (coord.), Cuatro textos. Cuatro contextos. Ensayos de Historia Cultural de Galicia, Santiago de Compostela, 2004, pp. 103-202; «La Universidad de Oviedo y sus hombres», en Historia de la Universidad de Oviedo, en prensa; «Los problemas de la transmisión cultural en las sociedades bilingües a partir del Concilio de Trento», en IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Málaga, 2006, en prensa. «El clero rural y la religiosidad popular en la Galicia de tiempos de Carlos V», en El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000, pp. 823-846; «El clero secular gallego en tiempos del cardenal Rodrigo de Castro», en Xornada sobre o cardeal Rodrigo de Castro, Santiago de Compostela, 2001, pp. 97-114; «‘Catedrales de segundo orden’. Las Colegiatas de Galicia en la Edad Moderna», en Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 15 (2004), pp. 281-316; «Clero secular e estudiantes na diocese de Santiago durante o século XVIII», en Revista Galega do Ensino, 39 (mayo 2003), pp. 81-115; «Estudiantes y curas de la diócesis de Santiago durante el siglo XVIII», en Estudios en Homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, vol. 1, pp. 103-130; y los diversos capítulos correspondientes a la historia de las diócesis gallegas en Historia de las diócesis españolas, Madrid, 2002 y ss.; «Los problemas del clero vistos desde las Juntas del Reino de Galicia», en Obradoiro de Historia Moderna, 14 (2005), pp. 7-38; «El asociacionismo del clero. La cofradía de Todos los Santos de A Coruña», en Homenaje a Uxío Romero, en prensa. «De la cultura oral a la escrita. Libro, lectores y lectura en la Galicia del Antiguo Régimen», 1998-2001; «La cultura letrada en el Noroeste Peninsular en la Edad Moderna: de lo oral a lo escrito», 2001-2004; «Comunicación y difusión en la Galicia del Antiguo Régimen: cultura oral y cultura escrita en una sociedad bilingüe», 2005-2008. La de Alfredo MARTÍN GARCÍA, Población y sociedad del Ferrol y su Tierra en el Antiguo Régimen, Ferrol, 2001. En especial su libro, Las ciudades y villas costeras del Norte de Galicia en el contexto internacional del siglo XVI, publicado por la Universidad de A Coruña en 1999; y los artículos: «Organización administrativa de Ferrol y su comarca a fines del Antiguo Régimen», en Obradoiro de
16
28
BAUDILIO BARREIRO MALLÓN. TRAYECTORIA ACADÉMICA
Historia Moderna, 5 (1996), pp. 69-94; «Las villas costeras de Cangas a Fisterra en los siglos XVI y XVII», en O Camiño Portugués, A Coruña, 1998, pp. 15-31; «Coruña y su provincia al comienzo de los tiempos modernos», en El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000, pp. 365-385; «Los pueblos del Camino», en Actas del V Congreso Internacional de Estudios Jacobeos: Santiago de Compostela, ciudad y peregrinos, Santiago de Compostela, 2000, pp. 175-198. BARREIRO MALLÓN, B. - REY CASTELAO, O., Pobres, peregrinos y enfermos. La red asistencial gallega en el Antiguo Régimen, Vigo, 1998, y «Pobreza, enfermedad y asistencia en Santiago a fines del Antiguo Régimen», en Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real, Santiago de Compostela, 1996, pp. 559-612. De B. Barreiro en solitario, «Hospitais da cidade de Santiago», en O Hospital Real de Santiago de Compostela e a hospitalidade no Camiño de Peregrinación, Santiago de Compostela, 2004, pp. 87-105.
17
Castillos y fortalezas del reino de Galicia: entre el Medievo y la Modernidad Manuel Recuero Astray Universidad de A Coruña
Son muchos los puntos de vista desde los que se puede plantear el estudio de los castillos medievales: desde los meros inventarios o repertorios hasta los trabajos pormenorizados sobre su función institucional, social o política a lo largo del tiempo, pasando por los dedicados a analizar algunos aspectos formales de naturaleza arqueológica o arquitectónica. En ningún caso se puede olvidar el aspecto militar que siempre tuvieron las fortalezas, e incluso se podrían añadir otros como el literario o el meramente turístico. Desde la perspectiva del objeto mismo de estudio, cabe simplemente acercarse a uno o varios castillos –como viene siendo costumbre de muchos eruditos1– o estudiar algunos de ellos durante un período determinado: los trabajos sobre castillos referentes a Galicia, sobre todo los más modernos, suelen referirse a la época bajomedieval2; lo cual está en buena medida justificado por las fuentes con que contamos y la temática predominante. En todo caso, resulta necesario resaltar que, como afirmaba Pardo de Guevara, «en la historiografía gallega, hay una pobreza casi generalizada de estudios monográficos sobre estas construcciones»3. Salvo algunas excepciones, como la de Lugo, que cuenta con la voluminosa obra de Vázquez Seijas4 sobre sus fortalezas, esa escasez sigue resultando indudable. Bien es verdad que la moderna investigación histórica sobre temas como patrimonio y poder durante la Edad Media gallega, no deja de aportar datos interesantes sobre el papel de los castillos, dentro de los señoríos laicos y eclesiásticos5. Gracias a este tipo de aportaciones podemos pensar en un conocimiento cada vez más amplio y preciso de un tema tan importante desde el punto de vista historiográfico. Por eso resulta
17
18
MANUEL RECUERO ASTRAY
necesario intentar superar la falta de un planteamiento serio al respecto, para poder enmarcar mejor esos conocimientos que vamos adquiriendo. No es necesario recordar que la época de los castillos es, por antonomasia, la Edad Media; pero sí es necesario advertir, en cambio, que tenemos que comenzar huyendo de tópicos y prejuicios negativos. No podemos plantearnos el estudio de los castillos medievales desde la perspectiva de otro tipo de construcciones más o menos similares, pero más recientes6. El problema quizá radique también en el contraste entre lo que nos queda y lo que ha desaparecido: como en tantos otros fenómenos históricos –sobre todo del mundo antiguo y medieval– el castillo es en buena medida un recuerdo. Medio centenar de fortalezas o torres, más o menos bien conservadas, nos dan una visión bastante parcial de su existencia. Muchas fortalezas fueron destruidas en su momento por la autoridad real, por las revueltas populares o por el simple paso del tiempo. Por eso creo positivo hacer algunas reflexiones acerca del castillo medieval, en general, y de su evolución histórica en Galicia, en particular. Los castillos a los que yo me quiero referir son edificaciones de arquitectura militar, comprendidas entre los siglos VIII y XVI. Es decir, recintos fortificados con una o más torres donde alojarse el alcaide y la tropa; estructura elemental a partir de la cual se desarrollan otros muchos componentes y elementos arquitectónicos: el patio de armas, los fosos, las barreras, la liza entre la barrera y el propio castillo, las puertas de ingreso y la torre del Homenaje; además, por supuesto, de elementos constructivos como matacanes o los cadalsos de madera, casi siempre perdidos. La primera función del castillo, como se puede comprobar al enumerar sus elementos esenciales, y la más antigua, es la función militar: «la finalidad militar es inherente a la naturaleza misma de un castillo, motivadora de todos los elementos que lo integran y a ella se supeditan todas las demás consideraciones. Esa finalidad militar justifica por sí misma su construcción, decide su emplazamiento sobre el terreno, incluso determina su plano, en función también, naturalmente, de las características topográficas del propio emplazamiento»7.
Es más, desde el punto de vista militar: «los mayores progresos en el arte de las fortificaciones –dice Contamine, el gran historiador de la guerra en la Edad Media– y las experiencias más innovadoras y más calculadas se llevaban a cabo en los castillos, es decir, en aquellas construcciones que, al margen de sus funciones meramente residenciales, tenían, de forma primordial, una significación militar»8.
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
19
Por otra parte, esta función militar de los castillos es bastante compleja y diversa: va desde la simple vigilancia de los caminos9 hasta su incardinación en un sistema más o menos sofisticado, pasando por la atención permanente a las posibles tensiones fronterizas o la garantía de cierta seguridad y orden en el interior de un determinado territorio. A última hora, para la mentalidad caballeresco-militar de la Baja Edad Media, el castillo llegó a ser el símbolo de la protección al humilde. No cabe duda de que los castillos y fortalezas –sobre todo durante la Plena Edad Media– fueron algo más que unos recintos fortificados dedicados al acuartelamiento defensivo: «el castillo es además soporte y símbolo de autoridad, al tiempo que núcleo ordenador del espacio»10. Dicho de otra forma, con el paso del tiempo el castillo se convierte tanto en un elemento de poder público como en un centro de poder privado, dentro siempre de los caracteres esenciales del poder en la Edad Media; es decir: fuerza y costumbre. Es entre los siglos XI-XIII cuando, coincidiendo con el desarrollo de las relaciones feudo-señoriales y con la institucionalización jurídico-política de los reinos, los castillos alcanzan estas nuevas dimensiones funcionales: en este caso se trata de vigilar los alfoces adyacentes u obtener los derechos vinculados a ellos, privados o públicos (fonsado-castellaria). En definitiva, de asegurar los derechos vinculados al castillo por señorío. Las funciones que caracterizaron a los castillos, y que respondieron a necesidades muy claras y concretas a lo largo de su existencia, acaban por reforzar su perfil institucional. A los castillos dedica su Título XVIII la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio: «Qual deue ser en guardar, e en bastecer, e en defender los castillos, e las fortalezas del rey, e del Reyno»11. No en vano, durante la segunda mitad del siglo XIII, el desarrollo institucional de las monarquías occidentales y la superación paulatina de algunas de las estructuras feudales, plantea muchas cuestiones relacionadas con el poder y la soberanía real; y, por supuesto, la construcción, posesión y utilización militar de los castillos es una de ellas. Según el texto citado los castillos pertenecen al rey por señorío, como muchos otros bienes, y al reino por derecho, puesto que proporcionan al rey «esforço e poder para guarda e amparamiento de sí mismo e de todos sus pueblos». Para cumplimiento de estas funciones, el rey puede encomendar su mantenimiento a otros, quienes lo obtienen por heredad o por simple tenencia. En ambos casos, insiste el texto legal: «deuen los tener labrados e bastecidos de omes e de armas e de todas las otras cosas que le fuessen menester»; además de respetar su carácter de bien «público» a la hora de plantearse su venta o transmisión a un tercero. A pesar de esto y de la preocupación de las Partidas por las formas de obtención de los castillos, la realidad es que estos viven casi siempre bastante al margen de la «legalidad», tanto porque son enajenados de la propiedad real como porque su construcción casi nunca pudo estar controlada por ella. Por fin, cuando llegan los siglos XIV y XV, el castillo además de fortaleza y centro señorial se convier-
20
MANUEL RECUERO ASTRAY
te en un verdadero palacio: «el señor no vive en la corte, sino en sus tierras, y en ellas, al erigir su residencia, levanta el símbolo por antonomasia de su autoridad e identidad, procurando dotarla de todas las comodidades de la época»12. Sin embargo, hasta llegar a desarrollar todos sus caracteres institucionales, las fortalezas medievales pasaron por distintas etapas constructivas. Según JeanPierre Poly y Éric Bournazel los arqueólogos tienden actualmente a distinguir tres fases en la edificación de la red de castillos, correspondiendo a cada fase un tipo de fortificación13. Durante la primera de esas fases, como un remedo de los recintos amurallados del Bajo Imperio, de los que precisamente Lugo es un buen ejemplo, lo que se desarrollaron en algunos países de Europa son recintos amurallados, a modo de refugios temporales, sobre antiguas oppida. La mayor parte de estos castillos –si se les puede llamar así– anteriores al siglo VIII estaban constituidos por amplias plataformas rocosas, fortalezas naturales organizadas sumariamente, a menudo sobre emplazamientos más antiguos, los oppida mencionados de los galos u otros pueblos germánicos; es posible que incluso sobre viejos castros. En realidad, este tipo de fortificaciones, allí donde se dieron, no contaban con guarnición permanente, y tan sólo servían de refugio temporal para grupos más o menos numerosos de personas. Entre los siglos IX y X y por distintas razones, como luego veremos, comienzan a aparecer construcciones más reducidas y también más acordes con nuestro concepto de fortaleza medieval: su capacidad defensiva está a menudo reforzada, mientras que el espacio protegido disminuye considerablemente. Se constituyeron reductos de defensa menos altaneros y, sobre todo, más diseminados: pequeñas motas o elevaciones señoriales o simplemente casas fortaleza de los nuevos señores feudales para su labor de defensa frente a peligros exteriores. Pero es, finalmente, a partir del año 1000 cuando se produce una multiplicación significativa de los castillos; sin que, en este caso, el desarrollo de los grandes castillos, así como la multiplicación de fortalezas de tamaño más reducido, tenga que estar necesariamente relacionado con la defensa frente al invasor. En este sentido, la Península Ibérica presenta en muchos de sus ámbitos caracteres peculiares por varias razones; entre ellas la presencia del castillo o fortaleza musulmana y las necesidades de la Reconquista cristiana. Al final, cumpliendo todas estas funciones, lo que encontramos aquí o allá, en los distintos ámbitos europeos, es una verdadera red de castillos y fortalezas, de diverso origen aunque de similar carácter y evolución. A partir de estas referencias «arqueológicas», es necesario advertir que los castillos, tal como los conocemos hoy, son edificaciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y pocas veces, sólo en épocas muy tardías, responden a un plan preconcebido como obra arquitectónica; y aún en estos últimos casos, la mayor parte han sufrido muchas obras de ampliación o remodelación14.
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
21
En este sentido la historia de cada castillo es bastante compleja y cada fortaleza tiene su historia, comenzando por algunas antiguas torres romanas que no fueron necesariamente abandonadas, sino reformadas y reutilizadas e incluso en algunos casos –como el de la famosa Torre de Londres– incorporadas a un conjunto más vasto y nuevo. Sin ser el mismo caso, la Historia Compostelana, fuente historiográfica muy importante, también para el tema que nos ocupa, a la que tendremos que acudir con frecuencia, se refiere en varias ocasiones al castillo de «Faro», la famosa Torre romana de Hércules, a la que denomina gran fortaleza y por la que el arzobispo Gelmírez tuvo que sostener varias disputas con la reina doña Urraca y con la familia Traba; aunque al final el prelado prefirió deshacerse de ella cambiándosela al rey Alfonso VII por la tierra de Tabeirós, ya que la Torre, aunque tenía dependencias, «estaba muy lejos del señorío de Santiago y casi nada de utilidad aportaba al propio compostelano, excepto el nombre, e incluso cada año gastaba mucho en mercenarios para custodiarla y vigilarla»15. Pero la mayor parte de las fortalezas medievales, sobre todo por lo que se refiere al momento de elegir emplazamiento y realizar las primeras obras de fortificación, tienen un origen incierto. En este proceso de desarrollo evolutivo pocas veces sabemos quién construyó un castillo determinado y no siempre quién ordenó construirlo: apenas tenemos noticia ni en la Península ni fuera de ella de ningún maestro de obra con anterioridad al siglo XIII. El maestro Garnier, que trabajó en la Francia de los capetos en tiempos de Felipe Augusto, intervino en las fortificaciones de Laon; otro llamado Gautier de Mullent en las de Compiègne, Guillermo de Famenville en Melun y Evreux, entre otros. A finales de aquel siglo, un saboyano llamado Jacobo trabajó en Gales para el rey Eduardo I16. En la Península Ibérica conocemos algunos maestros, que trabajaron incluso en Galicia, como Juan Canera que lo hizo en Castro Caldelas, o un tal Juan Cubas en Viana do Bolo. Según Contamine, la intervención de estos maestros de obra, que añadían a una experiencia práctica un indudable rigor intelectual, sirvió para que la arquitectura militar se desarrollara casi tanto como la religiosa desde finales del siglo XIII. Hasta el punto de que «los grandes castillos de la Baja Edad Media, incluidos los de Palestina, el Crack de los Caballeros entre ellos, pueden parangonarse sin ningún decoro a las catedrales»17. Sin embargo, como advierte el mismo autor, siempre existieron diferencias entre ambos tipos de construcciones: un castillo, a diferencia de lo que ocurría con las catedrales, se podía levantar con relativa rapidez: se trataba de una tecnología más rústica, los príncipes necesitaban sus fortalezas con urgencia y se empleaban grandes cantidades de dinero de una sola vez para construirlas. Eso no quiere decir que, a veces, la terminación de un castillo, sobre todo durante la Baja Edad Media cuando ya se ha convertido en un palacio, requiera también largos períodos de tiempo para rematarlos. En el ya citado castillo de
22
MANUEL RECUERO ASTRAY
Castro Caldelas una lápida en el postigo reza: «En el año de Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos e sesenta se acabó esta obra, mandola facer don Pedro Osorio conde de Lemos e su mujer doña Beatriz hija del conde don Pedro el primero condestable de Castella virreis del rrey don Alfonso el que ganó Algeciras». En la Torre del Homenaje del castillo de Monterrey también tenemos algunos datos sobre sus constructores: «Nisi dominus edificavit domum in vanum laboraverunt qui aedificavit eam, esta torre mandaron hacer don Sancho de Ulloa y doña Teresa de Zúñiga conde y condesa de Monterrey, acabose año de 1482». No cabe duda de que, conforme avanzaba la Edad Media, los castillos dejaron de ser rústicas fortalezas para convertirse en construcciones cada vez más complejas: se difundieron ampliamente las galerías cubiertas en voladizo con aspilleras, los matacanes, los canalones, las almenas, las barbacanas y los puentes levadizos, pequeños detalles o grandes mejoras que facilitaban la defensa o mejoraban la habitabilidad de los recintos. El empleo cada vez más generalizado y sistemático de la piedra en detrimento de la madera, incluso en las regiones en que este último material seguía siendo el predominante en las construcciones ordinarias rurales y urbanas, puede considerarse como el punto evolutivo más importante desde mediados del siglo XII. Se multiplicaron las saeteras, se construyeron segundos recintos y se mejoraron y racionalizaron todos los elementos del castillo, incluidas las torres habitables. En Galicia incluso antes, resultando particularmente ilustrativa una vez más la narración de la Compostelana a este respecto. En el capítulo XXIII del libro II se cuenta: «por precepto del rey de España los campesinos desde Triacastela hasta el mar Océano acudían a edificar los muros del Castillo llamado del Oeste, los cuales construidos con pequeñas piedras y vigas interpuestas sin cantos de cal, continuamente amenazaban ruina (…) Por eso, el mencionado arzobispo (Gelmirez) y legado de la santa iglesia romana compadecido mucho, tras comunicar su decisión a Alfonso, Católico rey de España, y a su yerno el conde Raimundo, señor de toda Galicia, y también a los canónigos de Santiago y a los príncipes de Galicia, cerró el referido castillo con un muro muy sólido y lo fortificó con altas torres, según lo indica la obra hasta el día de hoy»18.
En realidad, estas torres del Oeste son un buen ejemplo de lo laborioso que resultaba la edificación de las fortificaciones de cierta entidad. Antes de Gelmírez, otros dos obispos de la iglesia de Santiago Cresconio y Diego Peláez habían levantado torres y muros; mientras los campesinos del entorno se dedicaban, en efecto, por lo menos dos veces al año y probablemente por mandato real a su restauración. Ya veremos el motivo por el que los prelados compostelanos se
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
23
preocuparon tanto de las Torres del Oeste; lo que es indudable es que la construcción de un castillo, además de depender de unas necesidades muy concretas, responde a una iniciativa real o señorial; casi siempre, por lo menos en Galicia, más a la segunda que a la primera, a pesar de lo que diga la Compostelana. En algunos países europeos sí que los reyes y príncipes llevaron a cabo sistemáticas campañas de construcción, tal como hicieron Federico II en el reino de Sicilia y Felipe Augusto en todo su dominio real francés, o Eduardo I en el País de Gales y la Guyena. Pero, también tuvieron que oponerse a la construcción u obtención descontrolada de fortalezas, procediendo incluso a su destrucción: es el caso del rey Enrique II de Inglaterra que, tras la revuelta de 1173-1174, mandó arrasar diversos castillos baroniales, y en el reinado de Juan Sin Tierra se procedió en Inglaterra a la destrucción de una docena de castillos. Una vez más tenemos un ejemplo mucho más cercano e incluso anterior en el tiempo de esta tensión que provoca la construcción descontrolada de los castillos en la Compostelana. Cuando Gelmirez consiguió que la reina doña Urraca hiciera las paces con él y le dejara las manos libres para desarrollar su señorío en Galicia, cuenta la Historia que: «arrebató el reino de Galicia de la rabia de los señores rebeldes (...) también derribó completamente los castillos que eran inútiles para la iglesia de Santiago y perjudiciales para la reina. Pues Fernando, el hijo del cónsul Pedro, había construido en Tabeirón un castillo llamado Raneta, y como este Fernando se oponía a las cosas de la iglesia de Santiago, fue destruido el castillo por el arzobispo»19.
En realidad, pese a estas destrucciones más o menos programadas u otras más espontáneas, como será el caso de los irmandiños a finales de la Edad Media, las construcciones de castillos desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo XV fueron siempre superiores a las destrucciones. Distinto es que su dominio estuviera más o menos controlado por los príncipes o permaneciera en posesión de determinados señores. Fuera del ámbito peninsular –sobre todo en el reino de Francia– el «reagrupamiento de las altas clases feudales provocó el aumento del número de castillos en manos de una misma persona o familia»20. En Galicia también los castillos acabaron cayendo bajo el dominio de determinadas familias o iglesias, planteando una problemática muy particular dentro del contexto europeo y peninsular. En realidad, cada región o ámbito presenta sus peculiaridades en cuanto al origen y evolución de sus castillos y fortalezas: las necesidades de defensa, el afianzamiento de determinados avances territoriales, las delimitaciones fronterizas o la proliferación de desórdenes y luchas internas, son algunos de los fac-
24
MANUEL RECUERO ASTRAY
tores que repercuten de forma particular, y en mayor o menor medida, en el desarrollo de las fortalezas de un ámbito concreto. Sin duda, el nombre de Castilla, por ejemplo, tiene mucho que ver con la proliferación de plazas fuertes en tierra de Reconquista. Por lo general, se puede decir que en el noroeste de la Península Ibérica y en especial en las tierras del Duero el lento avance repoblador, fruto de la Reconquista, y la consiguiente ocupación de tierras se vieron acompañados de la construcción de fortalezas que las protegieran. A veces incluso se establecía una cadena avanzada de fortificaciones que protegía los ámbitos pendientes de repoblar21. Galicia, sin ser por antonomasia el país de los castillos, sí que participa, con sus peculiaridades y limitaciones, en la retaguardia de la Reconquista, en el desarrollo de este tipo de fortificación medieval, como cualquier otro país de la Cristiandad. La misma invasión musulmana –durante las primeras décadas del siglo VIII– se quedó a medio camino entre el intento de ocupación y el deseo de incorporar un nuevo territorio a una realidad política superior –en este caso el Islam–, sin que llegara a consumarse ninguna de las dos22. Los árabes se interesaron poco por el territorio extremo de Galicia, donde procuraron asentar a los bereberes africanos, al igual que en el resto del noroeste peninsular; mientras ellos ponían sus esfuerzos en cruzar los Pirineos y continuar sus conquistas por el país de los francos23. La ocupación bereber no llegó a madurar, puesto que los africanos, antes de que mediara el mismo siglo de la Conquista, abandonaron la Península para retornar a África. Y así acabó la presencia musulmana en Galicia, fuera claro de la intervención esporádica y armada de los ejércitos islamitas en su territorio no mucho más allá del año mil. No hubo islamización en Galicia, salvo la posible influencia posterior de esta cultura a través de los elementos mozárabes, y por tanto tampoco hubo variación sustancial de sus caracteres esenciales a través de esta tercera invasión medieval. En este mismo sentido se puede decir que el noroeste peninsular nunca llegó a incorporarse al proyecto político musulmán para la Península Ibérica, ya fuese el Emirato independiente o el Califato. Desde finales del mismo siglo VIII o principios del IX, Galicia se incorporó en cambio con cierta facilidad a un proyecto político de menor envergadura, pero de mayor porvenir, a la monarquía asturiana24, después también leonesa y castellana; y a la que perteneció durante el resto de la Edad Media, salvo en momentos muy excepcionales de semi-autonomía o cuasi-independencia. En cualquier caso, y por el tema que a nosotros nos ocupa ahora, esta incorporación de Galicia a un núcleo de resistencia contra el Islam, sí que conllevó, desde muy pronto, un desarrollo de determinado tipo de fortificaciones; sin duda relacionadas con sus necesidades defensivas, pues fueron muchas las agresiones sufridas, realizadas por ejércitos musulmanes, entre los siglos IX y X.
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
25
Un curioso relato de la Crónica de Alfonso III, aunque referido al reinado de Alfonso II, y más concretamente al trigésimo año de su reinado, que no supera mucho las primeras décadas del siglo IX, nos ofrece una de las primeras referencias historiográficas con que contamos sobre la existencia de fortificaciones o castillos en la Galicia cristiana y precisamente en territorio lucense. Se trata de la historia de Mahamud: «ciudadano de Mérida y muladí de cuna, que se rebeló contra el emir de Córdoba Abdelrramán, y dirigió muchos ataques contra él y puso en fuga a sus ejércitos. Cuando ya no pudo habitar en aquella tierra, se dirigió al rey Alfonso [II de Asturias], y el rey le acogió con honores. Y él estuvo habitando en Galicia durante siete años con todo su séquito, y allí, encumbrado por el fasto de su soberbia, conspiró vanamente en contra del rey y de la patria. Reunió sus camaradas, juntó una hueste, saqueó la tierra. Cuando el rey supo de tal hecho, reunió su ejército y corrió a Galicia. Una vez que el dicho Mahamud oyó de la llegada del rey, se refugió con sus camaradas en un castillo muy fuerte que se llama Santa Cristina»25.
Al parecer, estaba en las cercanías de Sarria (Lugo). Alfonso II tuvo que romper las defensas de esta fortaleza para acabar con Mahamud y expulsar a los sarracenos de su reino. La misma crónica, y ya referente al reinado de Ordoño I (850), nos habla de la fortificación de algunas ciudades –entre ellas Tuy–, a las que se «rodeó de muros y se les pusieron altas puertas»26, para protegerlas sin duda de las agresiones musulmanas. También tenemos noticia de la construcción de algunos castillos singulares y en lugares recónditos a través de testimonios documentales, como el de Aranga, no lejos de la puente Castellana y de las orillas del Mandeo, que el obispo Sisnando II a mediados del siglo X, durante los conflictivos años del reinado de Sancho el Craso, dejó fuera de la donación que hizo, junto a su hermano y a su cuñada, al monasterio de Sobrado, donde pensaba profesar para pasar los últimos años de su vida27. Es posible que, como opina Baliñas, la construcción de este tipo de fortalezas estuviese relacionada, en algunos casos, con la función condal que los reyes asturianos otorgaron a determinados magnates, «proto nobles gallegos», con importantes posesiones en algunos territorios y dedicados a tareas de repoblación u ordenación del territorio28. Tampoco dejarían de llevarse a cabo tareas de fortificación en Galicia frente a las agresiones islámicas, sobre todo durante la época de Almanzor. Aunque el alejamiento de la presencia musulmana hasta más allá del río Duero primero y del Tajo después, entre los siglos XI y XII, dejaron a Galicia en la retaguardia de los territorios cristianos.
26
MANUEL RECUERO ASTRAY
Más duraderos fueron los ataques marítimos de los normandos, ingleses o sarracenos, los invasores que asolaron las costas gallegas al igual que hicieron con las de otras muchas regiones europeas entre los siglos IX y XII. El Cronicón iriense cuenta que el obispo Sisnando tuvo que pedir ayuda al rey de León para fortificar Compostela ante el peligro normando29; peligro que sabemos también amenazaba, a mediados del siglo X, a los obispos residentes en San Martín de Mondoñedo, y que se hizo especialmente patente durante la gran expedición de daneses a Galicia del 968 que duró más de tres años30. Todavía a comienzos del siglo XI la ciudad de Tuy era arrasada por los normandos, sin que la conversión de estos últimos al cristianismo ni su relativa pacificación en sus estados escandinavos libraran a Galicia de sucesivas agresiones. La Historia Compostelana se refiere a Cresconio (1048-1066) que tuvo que luchar durante su mandato contra los normandos que invadían la tierra de Santiago, fortificar la ciudad con muros y torres, y atender a la defensa del castillo del Oeste, donde se dirigía precisamente poco antes de su muerte31. Estas agresiones marítimas a Galicia por parte de piratas mejor o peor identificados alcanzan hasta bien entrado el siglo XII, época en que los normandos realizan ya incluso servicios de mercadería para el arzobispo compostelano. Ya aludimos al hecho de la preocupación de Gelmírez y de sus antecesores en el episcopado compostelano por el buen estado y la conservación de las llamadas Torres del Oeste. También los castillos que poseyó la sede compostelana durante la segunda mitad del siglo XII, gracias entre otras a las donaciones de Fernando II (11571188), tienen mucho que ver con este afán de control sobre las costas atlánticas. El nacimiento del reino de Portugal, antes de que mediara el siglo XII, propició la reaparición de numerosos y frecuentes conflictos en los límites meridionales de Galicia, que en muchas ocasiones conllevaron agresiones e invasiones dirigidas por los nuevos monarcas lusitanos. Precisamente el primero de ellos, Alfonso Enríquez, tuvo en la frontera meridional de Galicia un objetivo habitual de sus apetencias expansivas o, simplemente, de sus ataques a los flancos más débiles de los dominios de su primo el rey de León, Alfonso VII (1126-1157). En 1137, por ejemplo, ni Fernando Pérez de Traba ni el conde Rodrigo Vélaz, tenente de Lemos y Sarria, pudieron expulsar al portugués del territorio de Limia que había invadido. Los acuerdos de Tuy de aquel mismo año frenaron esta ofensiva, que sin embargo volvió a reproducirse en los sucesivos; en los que el mismo monarca leonés u otros magnates de su corte, como Fernando Juanes, hubieron de emplearse a fondo para defender la frontera meridional de Galicia32. Aunque estos conflictos fronterizos eran de orden político y no socio-cultural, la barrera del Miño fue haciéndose cada vez más fuerte e infranqueable, sobre todo a partir del momento en que el rey Alfonso VII renunció a su política hegemónica y dividió sus propios reinos de Castilla y León entre sus dos herederos33. El castillo de Salvatierra de Miño, en la Tierra del Condado, es un buen
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
27
ejemplo del tipo de fortaleza fronteriza, a caballo entre Galicia y Portugal, en torno a la cual se libraron muchas batallas, que Otero Pedrayo resumía de esta manera: «Salvatierra fue de los Sarmientos y jugó importante papel en las luchas nobiliarias de Pedro Madruga y en las guerras con Portugal»34. Al final de la Edad Media, como ya dijimos, fueron las llamadas casas nobiliarias, los elementos nucleares de la nueva sociedad de hidalgos que por entonces se instauró en Galicia, las que se apoderaron de la mayor parte de los castillos hasta entonces construidos; las funciones y mantenimiento de estas fortalezas quedaron inevitablemente supeditados a los intereses de esta clase social dominante. Cada casa nobiliaria, fuese grande o pequeña, acabó por identificarse con un lugar o con un castillo que le servía de centro político, desde donde se administraban los bienes señoriales, incluso a través de funcionarios propios, merinos y mayordomos. También se multiplicaron las casas solariegas, las mansiones de las grandes familias que ostentan títulos y blasones. Contra ese predominio de los señores de los castillos tuvieron lugar las rebeliones protagonizadas por el movimiento irmandiño durante el siglo XV, que conllevó la destrucción de muchas torres y fortalezas pertenecientes a los nobles: sólo entre 1466 y 1467, los rebeldes llegaron a arrasar más de 130. Durante ese tiempo, sin pretender cambiar los fundamentos del sistema imperante, los jefes de la revuelta intentaron hacer valer sus reivindicaciones frente a los abusos señoriales. Pero sus afanes, más o menos viables, se vieron pronto truncados por la contraofensiva nobiliaria. De hecho, la victoria final fue de los nobles, a quienes el rey Enrique IV otorgó los honores del triunfo con títulos y prebendas. Pero los tiempos de debilidad monárquica frente al poder nobiliario en la Corona de Castilla estaban a punto de llegar a su fin. A partir de 1474 la guerra de Sucesión y el triunfo final de los Reyes Católicos acabaron por imponer, también en Galicia, un nuevo orden político, en el que los viejos castillos medievales fueron perdiendo progresivamente importancia y funcionalidad.
Notas 1
2
3
A. COMERMA Y BATALLA dedicó un estudio en 1903 a Los castillos feudales de Moeche, Narahio y Andrade, que publicó en Ferrol, Imprenta de El Correo Gallego; mientras que la marquesa de Ayerbe (Juana RUIZ DE ARANA Y SAAVEDRA), al año siguiente publicó en Madrid otro sobre el famoso castillo del Marqués de Mos en Sotomayor. Se trata sólo de dos ejemplos del tipo de estudio que dedicaban a las fortalezas nuestros mayores. MIRAMONTES CASTRO, Mª J., «Aproximación al estudio de las fortalezas bajomedievales en Galicia», en Castillos de España, 89 (1984); RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Á., Las fortalezas de la mitra compostelana y los «irmandiños»: pleito Tabera-Fonseca, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1984. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., «Los castillos de Galicia: intento de una aproximación histórica a través de algunos de sus ejemplares más representativos», en Castillos de España, 92 (1987), pp. 17-24.
28
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24
25
MANUEL RECUERO ASTRAY
VÁZQUEZ SEIJAS, M., Las fortalezas de Lugo y su provincia. Notas arqueológicas, históricas y genealógicas, Lugo, 1955-1973, 6 vol. PORTELA SILVA, Mª J. - GARCÍA ORO, J., La Iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media, Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1997; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M., El arzobispado de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (11501400), Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1996. No son en este sentido compartibles las opiniones vertidas por J. A. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO en uno de los pocos y mejores estudios sobre Historia y tipología arquitectónica de las defensas de Galicia. Funcionalidad, forma y ejecución del diseño clasicista (Sada, Ediciós do Castro, 1984). El estudio está dedicado a la modernidad y el autor, al referirse a los antecedentes históricos del «diseño clasicista», se refiere al medievo, que había quedado atrás, como época oscurantista y caracterizada por «su parquedad de medios, reflejado consecuentemente en el arte de la guerra». ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A., «Carácter y funciones defensivas de las fortalezas leonesas (siglos IX-XIII)», en Castillos y fortalezas del Reino de León, Madrid, Hullera Vasco-Leonesa, 1989, p. 25. CONTAMINE, P., La guerra en la Edad Media, Barcelona, Labor, 1984, p. 135. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en el castillo del Puente de San Payo, dedicado a cobrar portazgo, como nos cuenta la Historia Compostelana en el capítulo XXIV de su primer libro: «Cuando el mencionado cónsul (Raimundo de Borgoña) fue atacado en la ciudad de Zamora por la disentería y por unas dolorosas fiebres, le increpó el obispo con insistencia y le reprochó duramente el tributo de San Pelayo de Lodo que vulgarmente se llama «portazgo». Pues todo aquel que había pasado o pasaba por aquella parte derramaba abundantes lágrimas». AYALA MARTÍNEZ, C. de, «Los castillos leoneses, núcleos de jerarquización política y articulación señorial», en Castillos y fortalezas del Reino de León, p. 33. Ver Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono nueuamente glosadas por … Gregorio López del Consejo Real de Indias de su Majestad…, Impresso en Salamanca, por Andrea de Portonariis, 1555, I, pp. 54-64. CAUNEDO DEL POTRO, B., «Función palaciega de los castillos leoneses», en Castillos y fortalezas del Reino de León, p. 43. POLY, J.-P. - BOURNAZEL, É., El cambio feudal (siglos X al XII), Barcelona, Labor, 1983, p. 22. ÁLVAREZ PALENZUELA, art. cit. Historia Compostelana, introd., trad., notas e índices de E. FALQUE REY, Madrid, Akal, 1994, p. 463. CONTAMINE, op. cit., p. 140. Ibídem. Historia Compostelana, p. 343. Ídem, p. 352. CONTAMINE, op. cit., p. 136. Cfr. ÁLVAREZ PALENZUELA, art. cit., p. 26. Ver CHEJNE, A. G., Historia de la España musulmana, Madrid, Cátedra, 1987 (2ª ed.), pp. 18-20. CARBALLEIRA DEBASA, A., Galicia y los gallegos en las fuentes árabes medievales, Madrid, CSIC, 2007, pp. 112 y ss. La incorporación de Galicia a la monarquía asturiana se había consumado ya con toda seguridad durante el reinado de Alfonso II (791-842), con anterioridad a este reinado hubiera sido difícil, no tanto por una resistencia «nacionalista» gallega a una nueva ocupación, que resultaría anacrónica, como a la propia falta de definición política del reino astur. Ver RECUERO ASTRAY, M., Orígenes de la Reconquista en el Occidente Penínsular, A Coruña, Universidad de A Coruña, 1996, p. 61. Crónica de Alfonso III (versión ad Sebastianum), GIL FERNÁNDEZ, J. - MORALEJO, J. - RUIZ DE LA PEÑA, J. (eds.), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1985, p. 22.
CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO DE GALICIA: ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD
26 27
28
29 30 31 32
33
34
29
Ídem, p. 218. LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Imp. y Enc. del Seminario Conciliar Central, 1899, II, p. 350. «Tal es el caso, por ejemplo, del famoso Odoario Castelle comes, es decir, conde de Castela de Ourense, la circunscripción altomedieval que cubría aproximadamente el espacio geográfico del actual Ribeiro de Avia, en el extremo noroeste de la actual provincia de Orense … Hay que tener en cuenta, además, que este y otros magnates, como el conde Gatón, Hermenegildo Gutiérrez o Alfonso Betote, eran los pilares del poder real en Galicia y ancestros de las grandes familias de la nobleza condal galaico-portuguesa». BALIÑAS PÉREZ, C., «La casa de Odoario: una familia nobiliar gallega en los siglos IX y X», en Medievo Hispano. Estudios in memoriam del profesor Derek W. Lomax, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1995, p. 41. GARCÍA ÁLVAREZ, M.-R., El Cronicón iriense, Madrid, Maestre, 1963, p. 116. Ver DOZY, R. P. A., Los vikingos en España, Madrid, Polifemo, 1987, pp. 44-50. Ídem, pp. 67 y ss. Chronica Adefonsi Imperatoris, ed. y est. de L. SÁNCHEZ BELDA, Madrid, Escuela de Estudios Medievales, 1950, I, pp. 79-81. Ver RECUERO ASTRAY, M., Alfonso VII, Emperador. El Imperio Hispánico en el siglo XII, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro - Caja de Ahorros y Monte de Piedad - Archivo Histórico Diocesano, 1979. OTERO PEDRAYO, R., Guía de Galicia, Vigo, Galaxia, 1965 (4ª ed.), p. 403.
This page intentionally left blank
31
A vueltas con la difusión de impresos en la Edad Moderna Ofelia Rey Castelao Universidad de Santiago de Compostela
El peligro más serio de los que acechan a la investigación sobre la cultura escrita y, de modo más específico, sobre lo impreso no se oculta tras la maraña teórica que hoy en día anega este campo, sino detrás de la especialización de la investigación y por lo tanto del desconocimiento –creciente, por otra parte– de los contextos históricos en los que la difusión de los impresos se produce. Es este un problema arduo porque los precios bajos, la rapidez y la universalidad que la imprenta confirió a la producción escrita, no resolvieron que el número de individuos que supieran leer o que tuvieran acceso a lo escrito creciese a la misma velocidad, que la transmisión oral siguiera siendo mayoritaria y que permaneciera la circulación de manuscritos1. La producción de impresos, su difusión y su percepción tienen reglas metodológicas propias, pero teniendo en común que trabajan con objetos –los textos en forma de libros o folletos– se tiende a confundirlas. La historia de la cultura y del libro valoran aspectos distintos y trabajan con fuentes y métodos diferentes: 1) no valen los que ignoren que la medición de la difusión responde a fórmulas consolidadas en las que no cabe hilvanar indicios obtenidos de fuentes no homologables, discontinuas, poco representativas o sesgadas2; 2) los asentados sólo en la medición de las existencias de libros en las casas permiten ver si un texto estaba, si era frecuente, si resistía el paso del tiempo, pero la trayectoria de cada impreso era muy dispar y dependía en gran medida de su valor económico o de su fungibilidad; 3) los fundamentados en el número de ediciones y el tamaño de las tiradas permiten detectar la demanda, pero una obra puede superar la materialidad de su éxito en números, ya que si trasciende a otros géneros –de la prosa al teatro, por ejemplo– puede dar un salto cualitativo en la difusión: 31
32
OFELIA REY CASTELAO
la popularidad de otros medios podía ampliar su impacto, aunque le diese una dimensión diferente –condensada, representada–. En fin, los historiadores nos ocupamos sobre todo de la producción material y del consumo y no podemos ir mucho más allá de la difusión del texto como objeto dentro del espectro teórico del número máximo de lectores posibles o de los destinatarios directos de los mensajes escritos, dentro del que se inscribe el único círculo más o menos mensurable, el de los poseedores de libros. Desde el punto de vista del método no es difícil saber dónde, cuándo o cómo se producían los impresos y quiénes y cuántos los tenían en sus casas, pero sí lo es saber cómo hacían el camino entre ambos puntos y más difícil, si no imposible, saber cómo los contenidos transmigraban del papel a la persona. Aun estudiando todo el proceso correctamente, los historiadores sólo constatan existencias: ediciones preparadas para su venta o dormidas en los talleres de impresores y en librerías, libros en las casas que pasaban de generación en generación, libros en las bibliotecas institucionales, etc. O sólo comprueban ausencias: colegios sin libros, por el peligro inherente a la lectura, lectores sin libros porque no tenían posibilidades o medios para comprarlos, consumidores indirectos –a través de la transmisión oral– porque eran analfabetos y no se les daba la oportunidad de dejar de serlo, impresos menores destruidos por el tiempo u olvidados en recuentos e inventarios, etc.3 Así que sólo con gran dificultad se puede cubrir el objetivo teórico fundamental del estudio de la difusión de los productos –y de las prácticas culturales–, esto es, su función catalizadora en el desarrollo sociocultural.
1. Los vericuetos de la difusión La difusión cultural obedece a unas cuantas reglas claras y estables4: la habilidad de todas las culturas para tomar elementos de otras; la necesidad de incorporarlos y adaptarlos, generando así nuevas ideas; y la posibilidad de intercambiar esas ideas creando un proceso en cadena que genera nuevos modelos o tradiciones. Pero la claridad y simplicidad de estas reglas se enturbia y complica al intentar detectar su funcionamiento porque responden a varios mecanismos de transmisión, el primero de los cuales es el de la vecindad o proximidad en sus diferentes escalas. En teoría, en ámbitos rurales la difusión avanza lentamente pero de modo continuado, de persona a persona, de aldea en aldea, en tanto que en la ciudad lo hace rápidamente y no por estricta vecindad. En este sentido, el caso español presenta datos que en apariencia son claros: la población urbana era minoritaria, de modo que aún en 1787 sólo el 26,2% de los 10,5 millones de habitantes recontados en el censo de ese año residía en núcleos de más de cinco mil habitantes. Esta cifra, sin embargo, distaba de ser homogénea: se superaba el 50% en Valencia, Andalucía o Murcia, pero no llegaban al 10% Galicia, País
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
33
Vasco, Cantabria, León, Asturias, Navarra, Extremadura y Aragón. Según esto, habría dos velocidades distintas en la transmisión de información, pero las cosas no eran tan simples: los territorios menos urbanizados, los del Norte, no coincidían con los menos poblados, sino que cinco de las zonas menos urbanas daban cabida al 19,7% de la población (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Cantabria), predominando un hábitat disperso en un mundo lleno, con densidades de población que en algunas zonas superaban los cien habitantes por kilómetro cuadrado; ahí, la comunicación persona a persona podía ser efectiva y rápida. Por el contrario, la mayor parte de los territorios más urbanizados coinciden con un hábitat concentrado y con amplios vacíos intermedios y, por otra parte, el tamaño de los núcleos de esas zonas no desmentía el carácter agrícola y rural de muchos de ellos: de hecho, el tamaño no era un dato definitivo, sino las funciones y características de cada núcleo. El segundo mecanismo, el de la aceleración de las comunicaciones, es el diluyente fundamental de la vecindad, pero siendo cierto que en las sociedades más desarrolladas se efectúan contactos a distancias cada vez mayores gracias a las mejoras del transporte, en la Edad Moderna este factor no es apenas apreciable, salvo si se tiene en cuenta la comunicación por mar: la facilidad de transporte a precios más baratos que por tierra facilitaría la transmisión cultural a quienes vivieran en las provincias litorales, lo que afectaba, por ejemplo, a más de la mitad de los españoles del siglo XVIII. Pero para que esto funcionase, los centros productores de bienes culturales tendrían que estar también en la costa, algo que no sucedió mientras Madrid mantuvo su superioridad, menos por su producción que por su capacidad de distribución. Esto obliga a volver sobre el factor urbano como determinante: es preciso tener en cuenta las poblaciones flotantes que iban de ciudad en ciudad –militares, clérigos, nobles, profesores, artistas, etc.–, transmisores efectivos de información y de productos culturales, y las redes urbanas, en su densidad, caracteres, comunicación entre núcleos, y sobre todo la jerarquía entre estos, dada la importancia enorme de los núcleos puente o de los lugares redistribuidores, como sucede, por ejemplo, con las pequeñas villas del Norte, escalón esencial de la difusión entre las ciudades y el campo. La diversificación profesional es otro mecanismo básico de la difusión que explica sobre todo la que afecta a productos minoritarios: dado que muchas innovaciones e ideas importantes para la sociedad sólo tienen un interés directo para una minoría, la difusión es rápida entre los componentes de ésta y lenta o inexistente entre la mayoría. A esto responde el libro científico, cuyos efectos pueden afectar a una comunidad o a la sociedad globalmente, pero sólo interesa a los profesionales o a un sector curioso. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta las características laborales de los territorios y núcleos a estudiar y sus cambios en el tiempo. De nuevo se cruza el factor urbano, no sólo porque
34
OFELIA REY CASTELAO
la ciudad es el medio más diversificado, sino porque las ciudades cambian: ciudades «recreadas» como Granada, cuya reinvención se produce al amparo de la imprenta, o como Ferrol o Cartagena, productos de la Ilustración, e incluso ciudades tradicionales que cambian su orientación socio-económica (Sevilla/Cádiz, Medina-Valladolid/Madrid) o en las que se crea una universidad o una institución importante. El lector profesional es el más verosímil, el que lo era por oficio y beneficio, lo que no se contradice con que amplios sectores laborales, en especial el de los trabajadores manuales, apenas tuvieran libros, ya que su cultura era oral, como en general lo era la del proletariado urbano y la de los sectores modestos o pobres, entre los que, todo lo más, se difundían los textos «menores», esencia misma de la producción impresa y del consumo mayoritario. El mecanismo de la receptividad, fundamental en teoría, depende muchas veces de actitudes personales, pero también de que exige adaptar o preparar lo existente, modificar hábitos, prácticas o costumbres, incluso valores, aceptándose siempre mejor lo que conlleva un rápido éxito –económico, social, cultural–. Pero no se trata de un factor psicológico e intangible, sino que al hablar de objetos que tienen un coste, la receptividad está supeditada a la disponibilidad económica de los receptores posibles. Libros y folletos entraban en un mercado regido por unas reglas sociales y económicas objetivas e inflexibles, alterables, sin embargo, mediante los mecanismos que orientaban el gusto: dado que los productos tenían que medirse en términos de competencia y de gustos de los consumidores –subjetivos y flexibles o caprichosos–, muy variadas estrategias editoriales con sus códigos y formas, complementadas con la propaganda, actuaban sobre los destinatarios, modelando su receptividad. Y es preciso tener en cuenta el efecto de las barreras o fronteras culturales, formadas menos por obstáculos físicos que por elementos de choque cultural, religioso o lingüístico. En términos de transmisión de productos culturales, las fronteras con otros países eran de relevancia menor e incluso podían actuar como desfiladeros de lo nuevo o de lo prohibido: por ejemplo, la frontera entre Castilla y Portugal, siendo muy permeable, era poco útil porque en materia de producción impresa este era también un país dependiente y porque sus productos –tanto en las formas como en los contenidos– eran concomitantes con los españoles; la frontera con Francia, siendo más firme, dejaba colar todo lo prohibido. Todo indica que contra la receptividad actuaron de modo más persistente y eficaz –excluyendo, por obvio, el factor religioso– las barreras idiomáticas y los niveles diferenciados de la alfabetización o ambas cosas al mismo tiempo: por ejemplo, en los territorios con una lengua diferente del castellano y de constitución muy rural, los núcleos más alfabetizados eran los urbanos y en estos era donde el castellano dominaba –al menos entre los poderosos–, de modo que entre los distintos núcleos se extendían amplias zonas analfabetas y hablantes
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
35
de idiomas distintos al castellano, persistiendo las ciudades y villas como verdaderos islotes idiomáticos. El analfabetismo impediría que la mayor parte de la población accediese por sí misma a la lectura, dato mal conocido porque para calcularlo se emplean fuentes no comparables en las que está sobre-representada la población masculina, urbana y rica5, y porque los cálculos se han centrado sólo en las ciudades, difuminando la desigualdad social interna y borrando o ignorando la desigualdad zonal, las diferencias campo/ciudad y el factor lingüístico. Y se ignora a los intermediarios entre lo oral y lo escrito y entre la cultura alta y la popular, existentes en el campo y en la ciudad y que se identifican con quienes tenían algún dominio de la escritura o la lectura y que mantenían con quienes carecían de esas destrezas una relación estrecha, orgánica y continua, lo que los convertía en transmisores orales de esquemas, conocimientos y contenidos de la cultura escrita. El problema, al final, remite al número de los lectores potenciales. Volviendo sobre la cuestión idiomática, es curioso que los historiadores del libro y de lo impreso subrayen siempre que la presencia del latín restringía la lectura a una minoría y que, al mismo tiempo, minusvaloren a los impresores incapaces de sostener la producción en latín; o que elogien la presencia de libros en lenguas extranjeras en las bibliotecas como signo de modernidad y no tengan en cuenta si quienes los tenían podían entenderlos, y que liquiden el estudio de las lenguas vernáculas como típicas de los subproductos de la imprenta. No sólo el latín o las lenguas extranjeras formaban barreras infranqueables para la inmensa mayoría de la población, sino que la masiva publicación en castellano marcaba diferencias claras entre quienes lo dominaban y quienes no, lo que afectaba incluso al mercado de los impresos menores: es decir, sin pensar mucho en esto, se tira por la borda la pluralidad lingüística6. Este olvido no sólo afecta a los productos tangibles de la imprenta, sino a su reutilización mediante la lectura en voz alta, que en teoría rompía la identificación entre alfabetización y acceso a la lectura: no sólo la lectura directa se veía dificultada, sino que la interpretación de lo que se oía variaba tanto como los oyentes/escuchantes7. En los niveles sociales inferiores, entre los castellano-hablantes de vocabulario limitado y fonética dura, el castellano de buena calidad debía de ser difícil de leer y de entender, y más en el mundo rural; en ámbitos no castellano-hablantes, la lectura estaba al margen del campesinado sin tierras y de la mayoría de las familias. Es importante subrayar que catalán, vasco, gallego, bable y todas las «hablas» distaban de ser minoritarias, pero el lector tenía que serlo del castellano y quien pudiera asistir a una lectura en voz alta oiría castellano: en las imprentas de Barcelona o de Valencia el catalán fue barrido por este, que sí era comprendido y leído por los sectores sociales altos y cultos –aquellos que compraban libros–, no en vano era la lengua del poder, del comercio y del prestigio cultural, además de ser útil para exportar productos impresos.
36
OFELIA REY CASTELAO
Todos los factores, tomados en cuenta al unísono, remiten a enormes diferencias en el ritmo e intensidad de la difusión. En un extremo, los sitios de conocimiento, lugares densos de producción cultural material o inmaterial, y en el otro extremo, las periferias culturales, espacios que tenían serias dificultades para mantener un régimen de difusión sostenible. El estudio de los niveles que se escalonan entre un extremo y otro obliga a seguir contando lectores potenciales y reales, libros y bibliotecas, buscando experiencias directas de los lectores –relatos, autobiografías– e interpretando los textos en sus contextos y a seguir comparando. Para mostrar lo que pretendemos decir, emplearemos dos casos opuestos previamente ensayados8: por una parte, el libro de arquitectura y, por otra, los impresos dedicados a desastres naturales.
2. El caso del libro de arquitectura Los libros de arquitectura presentan un conjunto de características materiales que garantizan su visibilidad documental, ya que por su formato grande y su elevado precio rara vez pasaban desapercibidos a quienes elaboraban inventarios y catálogos. Son libros profesionales, por lo que ante todo, su difusión se producía dentro del círculo de quienes les daban un valor de uso, pero son también libros con imágenes cuya consulta y posesión producen placer, lo que ampliaba ese círculo; de hecho, sus contenidos iconográficos suelen arrinconar al texto, hasta el punto de llegar a ser irrelevante el idioma en que se expresaban, aunque por lo general estuviesen escritos en lenguas comunes. Su producción restringida a selectivos centros de impresión, obligaba a que este tipo de libros recorriese largas distancias, incrementando su precio, pero lo cierto es que si todo libro busca a sus posibles lectores, éste los encontraba con facilidad inusitada, sin otra limitación que el precio. Tomando como ejemplo a Galicia, en donde el factor de la distancia con respecto a los centros productores alcanzaba un grado extremo, apenas se encuentra este tipo de obras entre los propietarios privados, tanto porque no estaban al alcance de los compradores mayoritarios, como por su contenido profesional. Pero sí aparecen entre aquellos profesionales en los que eran esperables. Los historiadores del Arte se han sorprendido de que las bibliotecas de los arquitectos fuesen en general pobres –esperando encontrarlas llenas de joyas artísticas–, pero, al fin, eran en su mayoría gente de ingresos moderados, que no vivían siempre en el mismo lugar y que, además, podían recurrir a las bibliotecas institucionales o a las de sus comitentes. Los grandes nombres del barroco gallego apenas tenían una media de 75 libros –Juan Bautista Celma (inventario fechado en 1606), Juan Davila (1611), Simón Monasterio (1624) o Francisco Moure (1625)–, pero los que tenían revelan su contenido especializado y utilitario: grandes tratados artísticos de Vitrubio, Vignola, Palladio, Alberti o Serlio,
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
37
abundantes libros de estampas y descripciones, y libros de aritmética, geometría, mecánica, etc., que resolvían cuestiones técnicas y que solían transmitirse de unos a otros a través de ventas o cesiones, en una circulación intra-profesional completada con los préstamos que les hacían promotores y clientes, en especial los eclesiásticos y las instituciones9. Naturalmente, había excepciones cuando se trataba de artistas de fama, sobre todo si habían viajado por otros países, dominaban otros idiomas y tenían recursos. Tal fue el caso de don Felipe de Castro, escultor y arquitecto de la corte de Carlos III, cuya excelente biblioteca, formada en sus viajes por Italia y durante su residencia en Madrid, fue heredada por la Universidad de Santiago y por la Academia de Bellas Artes de San Fernando10. Tras la muerte del artista en 1775, a Santiago llegaron de 1.150 a 1.200 volúmenes, correspondientes a 645 títulos de los que el 20,2% eran de artes e historia del Arte; 4,2% de libros de viajes, náutica y geografía, 2,9% de matemáticas, 2,5% de ciencias, 1,8% de descripciones de ceremonias y fiestas y 0,5% de arte militar; es decir, el libro profesional o relacionado con la actividad de Felipe de Castro sumaba más de un tercio del total, aunque todo lo demás tenía una utilidad: las matemáticas, dominadas por los textos de Euclides en ediciones del XVI y por la geometría (Alberto Durero, Ozanam) o las obras de novatores como Juan de Caramuel. El mismo sentido utilitario tienen las numerosas colecciones referidas a monedas y medallas: D. Sagredo, E. Flórez, A. Bordázar, V. de Campos, G. Rovillius, G. Simeoni, C. Landi, etc. Lo más vinculado con su dedicación como escultor, pintor y arquitecto se comprueba en las descripciones de fiestas y ceremonias de las grandes cortes europeas en torno a hechos de la monarquía, en las de ciudades y monumentos, de hallazgos arqueológicos como los de Roma y Herculano de mediados del XVIII, en las colecciones gráficas –los grabados de Leonardo da Vinci o de Alberto Durero–, pero sobre todo en los grandes tratados de arquitectura de Vitrubio, Vignola, Sebastián Serlio, León B. Alberti, al lado de obras de arquitectura militar (S. Morolois) y del agua, de iconología, de perspectiva y de todo tipo de artes menores, vidas de artistas (Vasari), lecciones magistrales de Academias como la Real de París o del Disegno de Florencia, diccionarios artísticos, etc. Predominaban los libros en lenguas modernas. La producción italiana de la segunda parte del quinientos tenía un indudable peso, en tanto que el XVII, el Barroco, le interesaba mucho menos; una parte importante se corresponde con el período de 1720 a 1760, esto es, con ediciones contemporáneas del artista, lo que revela que, junto con las obras de tema artístico del Renacimiento, se interesaba por la producción más actual. La preferencia por el libro italiano obedece al interés por las artes, aunque cuanto más recientes son las ediciones más relevante es la presencia de ediciones españolas, dominantes en sus compras más tardías; eran escasas las ediciones portuguesas, muchas las de los Países Bajos y muchas más francesas de la etapa de Luis XIV –un tercio– o bien de 1720 a 1770 –más de una quinta parte–11.
38
OFELIA REY CASTELAO
Por lo dicho con respecto a los profesionales menos ricos y de los préstamos que les hacían sus comitentes, y con respecto a Felipe de Castro, que donó sus libros a instituciones, se comprende que encontremos libros de arquitectura con facilidad en las bibliotecas institucionales, que sí podían comprar libros caros y extranjeros, y que, además, eran clientes de los arquitectos y contratistas de maestros de obras, a quienes facilitaban la consulta de aquellos libros que necesitasen para su trabajo, cuando no se daba el caso de que los arquitectos o maestros fuesen miembros de esas instituciones o sus empleados fijos. Las bibliotecas institucionales eran una vía semipública de acceso a la lectura, que tenía su sede preferente en núcleos urbanos y semi-urbanos –universidades, colegios, cabildos, conventos–, pero que se ramificaba en el mundo rural –monasterios benedictinos y cistercienses, por ejemplo–. En esas instituciones se acumulaban con cierta facilidad los libros o colecciones que no estaban al alcance de los particulares y, en el tipo que nos ocupa, revelan que eran receptivas a las novedades. Obviamente, el libro de arquitectura es más frecuente e interesante en aquellas instituciones que hicieron inversiones constructivas importantes. Por eso mismo, la Universidad de Santiago, que no era comitente asidua, en 1722 sólo tenía 22 títulos de esta materia (1,2% del total) entre los que estaba la obra de Vitrubio; en 1794 tenía 24 y 50 en 1796, pero si se añaden los otros libros de artes pasó de 229 a 259 (2,2%), incorporados no a través de compras sino de la donación de don Felipe de Castro, de modo que la llegada de los libros de arquitectura no fue planeada. Parecido era el origen de los libros del Consulado de A Coruña, cuya biblioteca, fundada en 1806, fue dotada por el canónigo ilustrado don Pedro Antonio Sánchez de Vaamonde; en 1824 este fondo tenía 4.170 volúmenes de los que 50 (1,2%) eran de matemáticas, 56 (2,6%) de bellas artes y 109 de ciencias, artes y oficios (2,6%), de modo que la arquitectura no tenía apenas espacio. El ejemplo opuesto es el del monasterio de San Martín Pinario de Santiago, comitente rico y poderoso, que, además, tenía una gran biblioteca, con 14.398 volúmenes en 1800, más de la mitad de temas religiosos, claro12. Pero muchos pertenecían a grandes colecciones y obras enciclopédicas, esto es, se trataba en buena parte de un saber «compendiado» y en gran medida utilitario. Tenía esta biblioteca 74 volúmenes de artes (0,5%) y 1007 de ciencias (7%), en su mayoría del XVIII y procedentes de Francia en un tercio, un 14% de Italia y 28% de España. Los 1.007 de temas científicos –518 títulos– tienen una orientación clara, la utilidad, y entre estos destaca un 2% de títulos de arquitectura (1,1% de los volúmenes), 2,9% de ingeniería civil y militar (2,5% de los volúmenes) o un 18,5% de matemáticas (15,1%). Si descendemos a la calidad e interés, la producción más técnica o mecánica había llegado al monasterio en buena parte entre las adquisiciones hechas en función de los mandatos de renovación de la segunda mitad del XVIII, cuando se compraron abundantes diccionarios y enciclopedias de artes y ciencias, y las memorias de las academias, extranjeras o
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
39
españolas, como por ejemplo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando; el contrapeso de la divulgación lo dan las ediciones de matemáticas o la matemática aplicada a la arquitectura o la ingeniería. El monasterio contaba con un fondo constantemente renovado de artes militares, destacando los textos dedicados a fortificación, cuyo interés puede radicar en su relación con la arquitectura. Las bellas artes guardan una innegable inclinación en favor de ésta, lo que puede explicarse no sólo porque el monasterio vivía en un permanente estado de obras hasta conseguir su grandiosidad actual, sino porque entre sus monjes contó con maestros de obras muy destacados. No es extraño pues que tuviese las obras de Serlio (Venecia, 1540 y otras), Vitrubio (Estrasburgo, 1550) o Vignola (Roma, 1583 y otras muchas), o tratados más actualizados, como la Arquitectura moderna de Carlos A. Jombert (París, 1763). Pintura y escultura tenían un interés limitado, si bien el monasterio contaba con varios iconarios, tratados de emblemas y otros géneros complementarios, de entre lo cual destacan por méritos propios De urdibus, ascibus, castelis... de Alberto Durero, impreso en París en 1535, o, en otro extremo cronológico, la Historia del Arte de J. Winckelmann (1793). El problema de la difusión en el caso del libro de arquitectura puede resolverse en la medida en que es visible y detectable, pero, paradójicamente, no se le ha prestado gran atención porque se difundía en ámbitos restringidos y porque su contenido especializado exigiría el esfuerzo combinado de los historiadores del libro y de la arquitectura13. Por otra parte, esos contenidos se sitúan en la frontera de varias disciplinas, por su diversa identidad o por su falta de identidad, lo que tiene como efecto la dificultad de saber dónde se localiza en las grandes clasificaciones teóricas del saber del pasado y en qué espacio dentro de las clasificaciones de las bibliotecas. El libro de arquitectura no es un caso específico dentro del libro científico, ya que si este es un vehículo de la difusión de la investigación, a los arquitectos se los valora por sus obras y mucho menos por lo que pudieran escribir o publicar; por otra parte, los problemas técnicos, matemáticos y físicos de la construcción estaban casi todos resueltos desde la Antigüedad, de modo que los arquitectos de la Edad Moderna estaban más preocupados por las teorías estéticas, las proporciones o las relaciones entre la forma y la función en un edificio que por los cálculos, y por esto mismo es también un libro de Arte –como tal fue atendido por los historiadores del Arte– o de teoría artística. Pero la cuestión de la utilidad nos conduce a preguntar qué hacer con los libros de arquitectura militar y de fortificación, los de carpintería o de construcción de puentes, o con las publicaciones de fiestas y ceremonias con imágenes de arquitecturas efímeras. Estas últimas, por ejemplo, buscaban una utilidad política, pero los modelos que reproducían se seguían en la práctica, como el famoso impresito de fines del XVII que recogía las fiestas de la beatificación de Fernando III en Sevilla, cuyas imágenes se transformaron en realidades arqui-
40
OFELIA REY CASTELAO
tectónicas en Santiago de Compostela; de hecho, este tipo de impresos era muy frecuente en las bibliotecas de los arquitectos, que utilizaban sus imágenes para inspirarse tanto para sus propias arquitecturas efímeras como para otras definitivas. Por lo mismo, cabe preguntar qué hacer con las biblias ilustradas desde que en 1540 el gran impresor francés Robert Estienne las decorase con arquitecturas ficticias, o con las obras de arte visionario, las construcciones imaginarias y los diseños y proyectos irrealizables, típicos de la segunda mitad del siglo XVIII, que no pretendían servir de modelos, ni llevarse a la práctica, sino ilustrar formas sociales utópicas. Ateniéndonos a su versión más canónica, el libro de arquitectura es un libro de producción muy localizada y transmisión y difusión dificultadas por el coste en origen, por su tamaño y peso, por su reducida clientela potencial y por las distancias entre el productor y el consumidor. Pero llegaba a su público y por eso fue uno de los primeros productos de la imprenta, publicado desde un comienzo en lenguas vulgares –Serlio en 1551 y Jacques Androuet du Cerceau en 1559 introducen como novedad el doble texto, en francés y latín– y sin imágenes, aunque, como señaló E. Eisenstein en su momento, en la arquitectura –como en la geometría o la geografía– las funciones de la imagen irán arrinconando a las palabras14: Hypnerotomachia poliphili (1499) atribuida a Francesco Colonna, trabajo combinado de autor, dibujante, grabador e impresor, estableció un modelo que se aplicó a la edición ilustrada de las obras de Vitrubio –desde 1511, en la edición preparada por Fra Giocondo en Venecia–; luego vendrán los primeros libros de Sebastián Serlio en 1551, el Vitrubio de Palladio y sus propios Cuatro Libros, etc. La imprenta dio la mejor baza a los clásicos, inicialmente, pero pronto permitió a los arquitectos publicar sus ideas originales y sus teorías: se le atribuye esta novedad a Juan Bautista Alberti y a Matthäus Roritzer en 1487-88, maestro de obras de la catedral de Ratisbona, arquitecto-ingeniero y nada menos que impresor… El éxito del grabado en madera en este género, por sus ventajas técnicas, hizo que su sustitución por el grabado en cobre fuese lenta, desde 1546, a pesar de que permitía hacer tiradas más amplias y reproducir los monumentos hasta detalles mínimos y de que confería a la imagen un componente informativo e instructivo y reforzaba su función estética. Pero lo cierto es que encarecía la producción de libros porque el grabado en cobre era obra de maestros que no trabajaban en los talleres de los impresores y que cobraban más. También el libro de arquitectura era caro por su tamaño: si el formato del libro suele adaptarse a los lectores a los que se dirige, en este caso tiende a ser grande porque en general es empleado por artistas y artesanos que necesitaban verlo desde cierta distancia; los formatos pequeños existían para otro tipo de lectores15, y en el siglo XVIII fueron los empleados para los libros de crítica –carentes de imágenes– dirigidos a gentes de letras.
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
41
Dadas sus características técnicas, la producción del libro de arquitectura era muy específica. Durante el XVI, el dominio italiano –Milán, Venecia, Florencia– en muchos ámbitos afectaba también a este género. En Francia, los libros ilustrados se publicaban tanto en París como en provincias, pero desde la fundación de la Imprenta Real a fines de ese mismo siglo acabarán siendo casi un monopolio parisino y los libros ilustrados impresos aquí acabarán dominando Europa. La preponderancia francesa en el libro de arquitectura sufrió crisis (1690-1710, 1815-28) coincidiendo con crisis de comunicación y con crisis sociales, y vivió etapas positivas en el Renacimiento (1545-65) y la Ilustración (1755-75). Su punto álgido se produjo a mediados del XVIII –en paralelo con el apogeo del libro científico–, cuando se convirtió en un instrumento clave de la propaganda estética del arte oficial –el retorno a lo antiguo– y cuando la burguesía encontró placer y un rasgo de distinción en tener libros ilustrados y de gran formato. Pero también coincide con el uso sistemático de ilustraciones en las obras enciclopédicas, generando una competencia editorial que logró ofrecer imágenes cada vez más abundantes y mejores, en obras a precios cada vez más asequibles, mediante fórmulas como la venta por suscripción, que jugaban con la vanidad de sabios, señores, prelados y financieros, al hacer figurar sus nombres en las colecciones. Esto dio lugar a empresas como Recueil Elementaire d’Architecture (1757-1780) de Jean François de Neuforge en diez volúmenes, con nada menos que novecientas láminas. La gran época de esos tratados se inicia en Francia desde 1660, reflejando la profunda evolución de la arquitectura en esta época y el debate entre los partidarios del Barroco y los de la arquitectura parlante, que dio a los libros de arquitectura un carácter polémico, de ahí que proliferasen los de contenidos teóricos vinculados con la actualidad. El consiguiente desinterés por los libros teóricos de la Antigüedad –Vitrubio se publicó por última vez en Francia por Charles Perrault en 1673 y 1684– no alteró el interés que para los arquitectos del XVIII mantenían los monumentos antiguos, cuyas imágenes de planos, elevaciones o decoraciones se reproducían en obras de gran formato que captaron el gusto de los bibliófilos. La diferencia de usos e intereses entre los tratados teóricos y las recopilaciones de arquitectura se observa tanto en el contenido como en la forma: así se ve en Arquitectura francesa de Jacques François Blondel –conocida como Grand Blondel–, publicada en 1752-1756 en cuatro volúmenes in-folio, con casi quinientas planchas de planos, cortes y perfiles de iglesias, casas reales o palacios de París y castillos próximos, y en el Cours d’Architecture (1771-77), seis volúmenes en octavo conocidos como Petit Blondel y convertidos en el manual clave de los arquitectos y aprendices a fines del siglo XVIII. La prensa periódica, esencial para la producción científica, fue sólo embrionaria en arquitectura, desarrollándose plenamente en el siglo XIX16, en tanto que fue de singular importancia el desarrollo de los diccionarios especiali-
42
OFELIA REY CASTELAO
zados. Y no debe olvidarse la que adquirieron los libros ilustrados de viajes, de moda desde 1770 a 1850, ya que en su mayoría prestaron gran atención a la arquitectura, hasta el punto de parecerse a historias del Arte. Eran también obras de gran formato a las que se daba una intensa publicidad mediante prospectos destinados a informar y a captar a una elite intelectual y financiera, un tipo de lector que, como los propios autores de estas obras, buscaba lo exótico o desconocido y la inquietante belleza de las ruinas, subrayados en las ilustraciones con trucos pictóricos y visuales. En el siglo XVIII la edición del libro de arquitectura no era monográfica, ya que los editores producían otros tipos de obras, pero se nota cierta especialización, obligada por necesidades económicas –y culturales, no en vano es un libro exigente–, y surgían nuevas formas empresariales como la publicación de colecciones de estampas, sin texto, por parte de mercaderes que las vendían sueltas o en recopilaciones; cuando a partir de 1789-95 algunos de esos mercaderes pasaron a ser libreros, optaron por especializarse en este tipo de impresos, y cuando más tarde dieron el salto a ser editores sólo lo fueron de obras de arte y de arquitectura. También las ediciones de libros de viajes requerían mucho dinero: el editor financiaba el viaje del autor, buscaba dibujantes, hacía la publicidad y lanzaba la suscripción, todo lo cual exigía especialización. En este contexto, el papel español fue en todo momento muy mediocre. En 1526 se publicó el primer tratado vitrubiano, el de Diego de Sagredo, pero no hubo una actividad importante: entre las primeras ediciones de obras científicas aparecidas de 1475 a 1600 sólo consta un 1,1% de obras de arquitectura e ingeniería (nueve casos), frente al 9,8% de matemáticas y el 2,9% de arte militar; hubo además dos traducciones de clásicos y ediciones de Vitrubio como la de Miguel de Urrea en 1582 en lengua vulgar. Dado que los arquitectos eran el 3,6% de los cultivadores de la ciencia, está claro que publicaban poco; seguían siendo escasísimos aún reuniéndolos, como hizo J. Mª López Piñero con los ingenieros-arquitectos y los artilleros en un grupo caracterizado por su saber práctico y por su extracción plebeya. En cualquier caso, el término arquitecto se había tomado de la tradición italiana para designar a los maestros de obras con cierta formación doctrinal científica y artística, al margen de la enseñanza; su atención se centraba en problemas de la construcción y de la elevación de aguas, de modo que eran los ingenieros quienes tenían mayor dedicación teórica17. Tras el vacío del siglo XVII, en el XVIII la Real Academia de Bellas Artes marcó una nueva línea, la del intervencionismo artístico desde el poder. Planteamientos teóricos, proyecciones utópicas, razonamientos filosóficos y deseo de utilidad social, son las notas de un siglo que dota al arte de una visión instrumental. Como en Francia, se inicia una cruzada contra el Barroco y a cambio se impulsa la imitación del arte greco-latino, coincidiendo sus primeros síntomas con la generación de los novatores (Caramuel). Pero esto no redundó en una
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
43
mayor producción autóctona, sino que se acelera e intensifica la difusión de textos y teorías de la Ilustración europea, alcanzando el máximo en los años ochenta. En lo propio, en 1707 se inicia la publicación de la obra del excelente matemático Tomás Vicente Tosca, reeditada en 1727, 1757 y 1760; en 1794 se publica el volumen segundo solo y parte del quinto con el título de Tratado de arquitectura civil, montea y cantería. En 1761, José Castañeda publica su traducción del francés del Compendio de los Diez libros de Vitrubio elaborado por Perrault; en 1787, José Ortiz y Sanz, deán de Xátiva, académico de la Historia y de Bellas Artes, hizo lo mismo con la traducción directa desde el texto latino, y luego tradujo los dos principales libros de Palladio (1797), todo ello movido por el interés hacia la arquitectura clásica que se corresponde con el Neoclásico impuesto por los Borbones. Adquieren también gran importancia los «viajes anticuarios», como el de Ortiz y Sanz, quien en 1778 visitó Italia financiado por Carlos III para estudiar arquitectura romana y los códices vitrubianos, y visitar Pompeya y Herculano, o el de Antonio Ponz –y su continuador Isidoro Bosarte– quien prestó gran atención a los edificios en su Viaje de España (1772-92). Además, tuvieron gran relevancia las publicaciones periódicas como los Discursos mercuriales, que dan entrada a muchos artículos artísticos18. Con estas características editoriales, volvemos a la cuestión clave de la circulación y difusión de este tipo de libros. Si la producción era italiana en el XVI y francesa luego, España era en este campo un mercado dependiente, que importaba libros de arquitectura y los reexportaba a América; llegarían a las ferias de Medina y a Valladolid hasta el desorden y la crisis de aquellas en 1580, y a Sevilla, sede del comercio americano, y desde 1561 a Madrid, la capital, casi en exclusiva: los libreros madrileños vendían en la corte, pero eran sobre todo redistribuidores y a esta tarea se dedicaban también los de otras ciudades –Barcelona, Valencia, Granada, Salamanca…–. En las pequeñas urbes de provincias el libro de arquitectura llegaría mediante pedido expreso del cliente a través de mercaderes y transportistas, dado que no lo hallamos en las librerías de esos núcleos, pequeñas y poco especializadas, muy limitadas en su capacidad comercial y al margen de poder arriesgarse a comprar este tipo de libros. Pero estos llegaron a quienes los necesitaban o a quienes interesaban, estuvieran donde estuvieran.
3. La literatura de desastres La literatura de desastres reúne todas las características opuestas. Desde el punto de vista formal, puede considerarse entre los productos menores de la imprenta, aquellos que, precisamente, por carecer de valor económico y por su reducida entidad material, no aparecen en los inventarios de particulares, impresores, libreros o instituciones, aun siendo los de mayor difusión. Más que por
44
OFELIA REY CASTELAO
faltarle valor económico, los impresos menores y los infra-productos de la imprenta no se registraban porque eran menos «visibles» que los libros y porque muchos estarían desencuadernados, incompletos o deteriorados, lo que permite deducir que serían los de lectura más asidua: es decir, los inventarios dejaban fuera aquello que más identificaba y agradaba al lector común, en muchos casos, textos poco creíbles, dramáticos, morbosos, ingenuos, exaltadores de factores positivos o suministradores de una información sesgada, entre los cuales estaban las relaciones de sucesos19. De este género, sólo pueden aventurarse cifras de producción: se calcula que hasta la primera mitad del siglo XVII se habrían publicado al menos 1,3 millones de ejemplares; los almanaques, calendarios, pronósticos, cartillas o mapas, cartas, bulas, sermones, edictos, estampas, cédulas, edictos, coplas, historias, es decir, los llamados «pliegos sueltos», llegarían a 1,5 millones en el siglo XVI y 2,5 en el XVII20. Incalculables eran unos y otros en el siglo XVIII. Aunque las cifras no pasan de la conjetura, es evidente que remiten a una clientela mucho más amplia que la del libro de arquitectura, pero la clientela de la literatura menor es todavía más difícil de captar, no sólo porque no se registra, sino porque al no tener una utilidad no se puede dibujar el círculo externo de quiénes serían sus destinatarios; ni siquiera hay una identificación social –su carácter popular se presupone– y sus contenidos se difundirían más allá del medio lector por la actuación de mediadores –el ciego recitador, por ejemplo–, alcanzando una expansión al margen de las posibilidades del libro profesional. Se supone que era un tipo de texto que encontraba a su público con facilidad, porque reflejaba situaciones sociales y hechos reales reconocibles en medios populares, pero no hay un gran fundamento para afirmarlo. Al menos, carecemos de datos por cuanto es un tipo de impresos que no localizamos físicamente: no se halla en las bibliotecas institucionales de modo significativo y cuando aparece o lo hace con carácter utilitario o por accidente; en las particulares, su constatación es casi imposible u ocupaba un reducido espacio, aunque otros géneros se leían como narraciones de ese tipo; y tampoco se refleja en los inventarios de librerías, no porque no estuviera, sino porque estaría en esos fajos de papeles en los que se ataban los ejemplares de la literatura de cordel. Más difícil aún es detectar la presencia de un rango temático como el de los desastres, que o bien es una variante de las relaciones de sucesos –cuando tiene formato de rogativa, sermón, narración o descripción–, pero que también puede considerarse como una variante menor de la literatura científica. En ambos casos está claro que nos hallamos ante un tipo de texto que se basa en el impacto de los sucesos singulares, no en la solidez del saber consolidado ni de «larga duración» que caracteriza al libro de arquitectura. El suceso toca a la sensibilidad –aunque puede hacerlo también a la inteligencia–: más que una simple categoría temporal o una unidad de percepción de la duración, deviene, mediante la
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
45
inversión emotiva que el individuo introduce en ella como actor o testigo, en una entidad simbólica que representa a la vez una «localización del desorden» y aquello que no se comprende. Los sucesos marcan hitos en el tiempo y lugares de memoria, y en ese sentido contribuyen a construir la identidad colectiva: cada colectividad se fabrica de algún modo una memoria que la distingue y en esa función juegan un papel esencial los sucesos que la hacen cambiar21. Los historiadores suelen identificar esos hitos con los sucesos políticos porque miden su repercusión historiográfica y porque la observación y selección a la que proceden atiende poco a los juicios y valoraciones de los contemporáneos. Pero atendiendo a esa percepción coetánea, se detecta una clara prioridad hacia sucesos que no provocaron una modificación del curso de la historia, sino que entrañaron una perturbación lo bastante intensa como para que, en un momento dado, los cambios pareciesen profundos: un ataque pestífero que desorganizaba la vida de una ciudad empezando por el funcionamiento del poder, a la larga no marcaría la memoria de esa ciudad, pero sí producía una conmoción que los contemporáneos reflejaban inmediatamente. Lo mismo pasaba con sucesos que no tenían efecto sobre todo un conjunto social, sino sobre un grupo, pudiendo ser dramático para este e indiferente para el resto. Sin embargo, un suceso no necesitaba ser dramático para marcar una sociedad y un incidente pequeño o anodino podía adquirir dimensiones enormes y servir de catalizador de una colectividad. En síntesis, la mayor parte de los sucesos que se dicen traumáticos no tuvieron más que efectos temporales y no provocaron una ruptura, pero eran percibidos de otro modo por quienes los vivían. Para que luego un suceso se integrase en el proceso de construcción de una identidad, o deviniese revelador de una cultura o de sus transformaciones, harían falta muchos otros factores, pero momentáneamente el contexto le daba sentido, fuese cual fuese su naturaleza o su lógica interna: el núcleo que vivía un suceso se interesaba por el propio suceso, lo convertía en motivo de conversación, de análisis o de exageración, buscaba distinguirlo de los sucesos vividos por otras comunidades y magnificar sus consecuencias o la inteligencia de la reacción colectiva, y si se había salvado del suceso que había castigado a un núcleo vecino, se señalaban las mejores circunstancias o la protección especial de la divinidad, y en todo esto los próceres locales hallaban una oportunidad de destacar y de escribir al respecto. De ahí que los sucesos dejasen una abundante literatura para perpetuar su memoria o para utilizarla, aunque no se pueda hablar estrictamente de un género. Tomando como referencia la obra de Aguilar Piñal22, y por lo tanto, la producción española impresa del siglo XVIII, no hay duda de que los textos dedicados a desastres naturales son minoritarios, si exceptuamos lo referente a sequías. Centrándonos en los que hemos detectado, el 44,6% se refieren a epidemias, el 41% a terremotos, 8,3% a plagas –en su mayoría a plagas de langosta– y 6% a
46
OFELIA REY CASTELAO
inundaciones y tormentas; esto deja fuera los textos referidos a cometas y eclipses, percibidos entonces del mismo modo. Desde luego, siendo su tema episódico y muy fungible, muchos textos no llegaron a imprimirse. Lo que sí llegó a las imprentas es una producción poco clasificable que va desde las ciencias a la poesía, y muy dispersa, ya que los relatos de desastres pueden aparecer en cualquier texto, incluso en los libros de viajes y en las crónicas, en especial en las de tipo local, en colecciones temáticas, en obras de erudición y, claro está, en la prensa periódica. Se trata ante todo de una producción provincial y local –en especial si eran textos de carácter religioso–, obra de pequeños impresores, de ahí que sus lugares de edición sean muy diversos, aunque dibujan un arco mediterráneo, que va de Barcelona y Tortosa a Cádiz/Sevilla, pasando por Valencia, Murcia, Málaga o Puerto de Santa María; en el interior, Zaragoza, Granada, Toledo o Valladolid. Sólo es madrileña la producción científica referida a desastres, aunque Valladolid, Granada o Sevilla publicaron algunos textos. Un grupo carece de referencias a los impresores o a los lugares y fechas de edición, pero no se puede hablar propiamente de ediciones clandestinas. Es un ejemplo claro de una producción local que no identifica a una actividad intelectual, sino aquello que fueron capaces de hacer los pequeños impresores y que interesaba a sus clientes, entendiendo por tales no tanto a los compradores de libros como a los patrocinadores de las ediciones –obispos, cabildos, universidades, organismos públicos, sociedades económicas, academias, órdenes religiosas, etc.–. Las imprentas locales se limitaban a producir folletos de escasa relevancia de contenidos –básicamente religiosos, por otra parte– y formalmente modestos, lo que encajaba con la literatura de desastres, toda ella impresa en castellano, en formatos pequeños y con pocas páginas: sólo el 7,1% tiene más de 100 páginas; 12,5% entre 45 y 100; 39,3% entre 10 y 45, y el resto menos de 10. Es un producto mucho más abundante en la segunda mitad del siglo XVIII que en la primera, no tanto porque no hubiera desastres, como porque no había tantas academias, sociedades económicas y prensa periódica que les prestaran atención. Ni tan buenas oportunidades para publicarlos: pliegos sueltos y literatura de cordel crecieron de modo excepcional en el setecientos, el número de impresores y libreros aumentó, sobre todo en Levante, Andalucía y Madrid, y se produjo un abaratamiento de la producción, y ciudades como Málaga, Córdoba y Sevilla se dedicaron con ahínco a los impresos menores. La proliferación de pronósticos y almanaques –odiados por los ilustrados por su apariencia científica– y de los relatos de sucesos se puede explicar en buena medida como un fenómeno de sustitución desde que en 1755 se prohibieron los romances de milagros o los relatos de ajusticiamientos, pero hubo hechos como el terremoto de Lisboa de 1755 que también contribuyeron a su expansión23.
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
47
Los relatos de desastres aparecen bajo tres vertientes: la científica, la literaria y la religiosa24. Los autores son fáciles de identificar –a pesar de la frecuencia de textos anónimos–, pero son distintos en cada variante. Eran eclesiásticos, más regulares que seculares, los autores de rogativas, sermones, novenas, etc., lo que nada tiene de sorprendente. Los textos «científicos» fueron escritos por eruditos locales, que los redactaron espontáneamente o porque se les pidió que elaborasen informes: en su mayoría eran médicos –con frecuencia catedráticos de universidad–, pero aparecen también funcionarios, juristas, clérigos –varios de ellos eran académicos–, incluso algún comerciante25. Lo mismo sucede con los relatos. El componente de vanidad local explica tanto ese tipo de participación como la frecuencia de las polémicas entre «científicos», entre eclesiásticos, entre eruditos..., un elemento que no estaba ausente en el libro de arquitectura, porque siempre daba oportunidad de lucimiento. La variante científica buscaba prevenir, explicar o resolver un desastre. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en la Europa del XVIII se produce el apogeo de la edición científica, dentro de límites muy estrechos y con un tope cronológico en los años ochenta, con una fuerte tendencia a la vulgarización y frecuentemente suplantada por la prensa periódica y por los fascículos. La proliferación de instituciones, academias y sociedades, tuvo, en el tema que nos ocupa, un protagonismo especial ya que actuaron como inductoras de escritos y de publicaciones. Tal fue el caso, por ejemplo, de las sociedades de Medicina como la de Sevilla. En el campo científico –y más en la medicina–, desde mediados de siglo se produce la definitiva incorporación a las nuevas corrientes y el paso al inductismo y el empirismo se detecta en la observación sistemática y en la búsqueda de explicaciones a todo tipo de fenómenos extraordinarios, lo que con frecuencia derivó en descripciones de hechos particulares. Los terremotos se convirtieron en un tema fundamental desde el de Lisboa de 1755, que dio lugar a numerosos escritos de autores menores que encontraron una ocasión de lucimiento y no pocos para la polémica. Las academias fueron el foro en el que se debatieron: el matemático y astrólogo de Guadalupe Gerónimo Audixe, miembro de la academia de Buenas Letras de Sevilla, escribió un «discurso meteorológico sobre el terremoto de 1755», objeto de una «censura» de otro académico, abogado y clérigo, Gregorio Bolaños. Doble naturaleza tenían los textos del doctor Antonio J. Barco y Gasca, catedrático de filosofía, vicario de Huelva, de esa misma academia, que redactó un sermón y una carta impresa en Discursos mercuriales (1756). Del mismo cariz polémico las cartas y contra-cartas cruzadas entre el contador real Miguel Ferrer, José Cevallos, Damián Espinosa de los Monteros, el médico José Aparicio Morata, etc. Los textos más serios salieron de la mano de Feijoo, que en 1756 escribió varios y del matemático Benito Bails, quien tradujo el Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y consideraciones sobre los terremotos, de Antonio Ribeiro Sánchez, publicado en 1781 y reeditado en 1798 en Madrid. Si
48
OFELIA REY CASTELAO
es bien sabido que el de Lisboa es el terremoto por antonomasia del XVIII, otros fueron también motivo de publicaciones, pero ni tantas ni tan controvertidas, y algunas acogidas en órganos de prensa como Variedades de Ciencias, Literatura y Artes (es el caso del artículo de Juan Blasco Negrillo, «Del temblor de tierra que se sintió en Madrid», 1803). Tampoco se reducían a la versión científica estos textos, sino que podían adquirir un tono político, como el del amenazador anónimo impreso en Madrid en 1762, Profecía política verificada en lo que está sucediendo a los portugueses por su afición a los ingleses hecha luego del terremoto... en el contexto de la guerra hispano-lusa26. Las inundaciones y tormentas fueron un tema recurrente. El Padre Feijoo había estudiado, a petición del cabildo catedralicio ovetense, las consecuencias de las sufridas en 1723 por Oviedo, lo que publicó en el Teatro Crítico, pero los estudios menudearon en el último tramo del setecientos, en especial entre los médicos de las ciudades con mayor riesgo y problemas, aunque no todos los textos se imprimieron27. El caso sevillano fue estudiado por Florencio Delgado Soto, médico y académico, quien escribió «de las enfermedades que pueden seguirse de resultas de la pasada inundación del Guadalquivir» y «reflexiones sobre las inundaciones del río en Sevilla, sus efectos y causas evitables…», publicadas en las Memorias de la Academia de la Real Sociedad de Medicina y Ciencias de Sevilla en 1785. Los problemas sanitarios de las inundaciones fueron objeto del discurso que el doctor Gregorio García Fernández leyó ante la Real Academia Matritense de Medicina, cuyo extracto se publicó en Memorial Literario en 1787. Las riadas de Tortosa de 1781 fueron descritas por Mariano García Zamora en un texto publicado en Barcelona en 1804, y las inundaciones sufridas por Valladolid en febrero de 1788 por desbordamiento del Esgueva se constituyeron en un verdadero debate entre el catedrático de medicina Félix López Martínez, en sus reflexiones sobre las enfermedades que pudieran originar, y Francisco Muñoz, en respuesta a las anteriores. La vertiente económica fue tocada en esos momentos de máximo por Raimundo Ibáñez, futuro marqués de Sargadelos, quien en 1788 publicó en el Memorial Literario su «discurso sobre la frecuencia de las inundaciones en España y necesidad de la repoblación de sus montes», un escrito interesado y circunstancial, en tanto que el jurisconsulto Rafael Floranes Encinas y Robles, señor de Tavaneros, escribió dos disertaciones, una «sobre los perjuicios que podría ocasionar a Valladolid el río Esgueva, después de la inundación del año 1788» y otra sobre la provocada por el Pisuerga en 1797. Las plagas de langosta fueron observadas por Ignacio Jordán de Asso, director del Jardín Botánico, en un discurso sobre cómo exterminarlas (1785) que se tradujo al alemán. Menos rigurosa es la Memoria sobre el problema de extinción de la langosta, escrita en 1786 por el clérigo Antonio Ginto, de la Sociedad Económica Matritense, autor también de un estudio de título similar sobre la extinción de la ociosidad… Aunque el texto más conocido es la Historia natural de la langosta en España, de Guillermo Bowles, publicada en francés en 1759 y traducida luego al castellano.
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
49
La variante religiosa se contextualiza después de 1740, en la decadencia clara de la producción de hagiografía y de las relaciones de milagros, y del afianzamiento de los relatos de fiestas y celebraciones. Impresa para dejar constancia de su magnificencia y transmitirla a destinatarios directos o indirectos, es esta una producción circunstancial más importante por el efecto de su difusión y su carácter propagandístico que por su valor interno. La publicación de estas piezas era financiada normalmente por quien había organizado el acto: a veces eran particulares agradecidos, pero lo habitual es que fuesen grandes instituciones civiles y religiosas, que pretendían influir en un público que no había sido testigo presencial de las ceremonias, de modo que servía también para transmitir la riqueza del ceremonial y los modelos oratorios de moda. Este modelo tenía en Andalucía un singular desarrollo y en el resto del país alcanzó enormes magnitudes tipográficas, sin decaer en el XVIII. El relato de desastres tenía una función añadida, que era el efecto amenazador y el tremendista de lo inesperado y dramático, muy útil para incitar a los fieles a confesarse y prepararse ante la muerte súbita. Podemos distinguir tres modalidades. La primera es la que se anticipa al desastre pidiendo ayuda. Las novenas en honor a santos especializados en este tipo de situaciones no son raras y a veces se acompañan de sus biografías: es el caso de la «vida y milagros y novena» de San Cristóbal, como abogado contra las tormentas, escrita por el franciscano Fray Cristóbal Iglesia y Marín (Sevilla, 1724). Son abundantes los sermones de fiestas anuales de santos especialistas: san Gregorio Ostiense es objeto del texto, varias veces reeditado, de Mateo Guerrero Morcillo titulado Principios para aplacar la ira de Dios. Medios para solucionar … la extinción de las plagas de langosta (Granada, 1757), y del sermón de su fiesta anual «para defender la viña y frutos de la langosta, oruga, pulgón…» (Málaga, 1806). La Virgen es la más socorrida, en todo caso: en 1800, en Valencia se hace y publica una rogativa en su honor de Fray José Arnau (O.F.M.) para precaverse de la fiebre que asolaba Cádiz y Sevilla. A san Francisco encomendaba el capuchino Fray Alonso de Huecas una oración encomiástica «en la fatalidad de medrosos terremotos» (Madrid, 1757); sin embargo, en Cádiz fueron san José y la Virgen los que recibieron la encomendación de otro capuchino, Fray Antonio de Santiago, que solicitaba que ambos compartieran el patronato de la ciudad (Cádiz, 1757). También la Virgen fue la opción del Puerto de Santa María. Mientras que san Felipe Neri recibió el voto y fiesta anual establecidos en Sevilla a raíz del terremoto de 1755, uno de cuyos sermones fue obra del magistral Marcelo Doye y Velarte (Sevilla, 1756); si bien, san Emigdio le discutía esta función en la misma ciudad, en la que en 1756 se publica la Vida, martirio y milagros de este santo, del presbítero Francisco de San Cristóbal. Una segunda modalidad es la que lamenta el desastre y lo explica por causas sobrenaturales: el cabildo de Tortosa promovió la Exortación a los fieles… para aplacar la cólera divina en la tempestad y avenida inesperada del río Ebro, en
50
OFELIA REY CASTELAO
octubre de 1787, escrita por Vicente Aparicio; y los «motivos por los cuales nos castiga Dios con la plaga de langosta y remedios que se han experimentado para extinguirlas», se analizan en un impreso sin fecha publicado en Zaragoza. La tercera es la que celebra la salvación cuando el desastre se resuelve mejor de lo previsto: el terremoto de 1755 permitió al excelente orador Francisco Bocanegra, obispo de Guadix, pronunciar un sermón gratulatorio (Granada, 1761) por haber salvado a la ciudad de Baza, y una oración en acción de gracias, escrita por el clérigo Francisco Gómez de la Torre, celebró que Murcia no hubiera sufrido una inundación en 1797; pero, obviamente, eran las epidemias las que daban más de sí, sobre todo cuando no llegaban a afectar a la ciudad oferente. Más raras y poco clasificables son la Traducción de la oración del ayuno de temblores de tierra que en idioma hebrayco compuso el señor Haham Malawi de Jacob…, impresa en teoría en Pisa en 1776 y que hoy se desconoce, o el Libro de conjuros contra tempestad de truenos, granizo, rayos y contra la langosta de Pedro Jiménez, publicado en Zaragoza en 1738. En lo que atañe a la variante literaria es de muy distinto pelaje. En el romancero popular, los temas referidos a la monarquía decaen por el auge de la prensa, y se produce una inversión temática en favor de los relatos de fenómenos naturales, cargados de dramatismo y exageración, considerándolos como un castigo divino y una conjura de elementos. Fray Ramón Valvidares, jerónimo, miembro de la Academia Literaria de Sevilla, fue autor de una «descripción poética de la temible inundación que molestó Sevilla en 26, 27 y 28 de XII de 1746» y de otra referida al terremoto de 1755, publicada en 1807. Otra inundación sevillana, la de fines de 1783 y principios de 1784, fue el tema de La riada, un texto extenso, que su autor, el dramaturgo Cándido María Trigueros, dedicó al conde de Floridablanca. El terremoto de 1755 fue objeto de unas endechas del religioso José J. Benegas y Luján sobre sus repercusiones en Herencia, «a impulsos del desengaño para el mayor escarmiento» (Madrid, 1755), y el clérigo Manuel Daniel Delgado escribió un romance o «zelosa expresión y exortación». Estos son sólo unos cuantos casos entre otros muchos.
Conclusión Libros de arquitectura y folletos sobre desastres parecen los polos opuestos de la producción impresa y remiten a problemas distintos en su difusión. Pero algunos elementos son comunes o tienen la apariencia de serlo y funcionan como animadores de la difusión, aunque de modo distinto: a) la vanidad social, que en el primer caso se corresponde con los compradores –es un libro que da prestigio por su precio y por su contenido– y en el segundo con los autores, los promotores y los editores; b) el empleo de las lenguas comunes –ninguno de los dos géneros emplea el latín como idioma fundamental–, pero en el primero es esencial la imagen, en tanto que para el segundo lo es la palabra, no porque aquella
A VUELTAS CON LA DIFUSIÓN DE IMPRESOS EN LA EDAD MODERNA
51
no fuese útil en la narración de un desastre, sino porque encarecía su producción; c) el lenguaje y los modos de expresión –carácter polémico, ínfulas de cientifismo– y algunos tipos de narración –por ejemplo, los relatos de fiestas y celebraciones–; d) la influencia de la distancia, que si en el libro de arquitectura se reflejaba en el aumento del precio, en la literatura de desastres lo hacía en la difícil difusión de productos de pequeños impresores sin apenas contacto con los circuitos comerciales, y en la separación psicológica entre la narración y el posible lector. Los elementos diferenciadores de ambos géneros son tan evidentes que apenas merecen más comentarios, pero eso no obsta para que esta vía que proponemos por medio del contraste pueda ensayarse en otros estudios sobre la difusión de productos culturales.
Notas 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seguimos esta línea en el proyecto «Comunicación y difusión en la Galicia del Antiguo Régimen: cultura oral y cultura escrita en una sociedad bilingüe», MEC, HUM2005-01289/HIST. Prueba de lo cual fue el centenario del Quijote, ya que buscando ejemplares y rastros aparecieron por todas partes. Ver REY CASTELAO, O., «Lectores y libros en tiempos del Quijote», en Pedralbes, 25 (2005), pp. 103-132. BARREIRO MALLÓN, B., «Revisionismo metodológico y metodología aplicada en la historiografía de la cultura letrada española de las dos últimas décadas», en Balance de la historiografía modernista, 1973-2001, Santiago, 2003, pp. 335-367. Siguen teniendo validez las que propone HEINE-GELDERN, R., «Difusión cultural», en Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Madrid, 1968, vol. III. SOUBEYROUX, J., «L’alphabétisation dans l’Espagne moderne: bilan et perspectives de recherche», en Lisants et lecteurs en Espagne, XVe-XIXe siècle, número monográfico de Bulletin Hispanique, 1998, pp. 231-254. Así lo advierte LOPEZ, F., «Las lenguas de España y la lengua española. De las primeras letras a la literatura», en El Mundo hispánico en el siglo de las luces, Madrid, 1996, p. 141. BARREIRO MALLÓN, B., «El problema de la transmisión cultural en las comunidades bilingües a partir del Concilio de Trento», ponencia presentada en la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Málaga, 7-9 de junio de 2006 (en prensa). REY CASTELAO, O., «La difusión del libro de arquitectura en los siglos XVI-XIX», en I Xornadas do libro de Arquitectura: da idea ao lector, Universidad de A Coruña, 17-19 de noviembre de 2005; Ídem, «La percepción del desastre: libros, lectores y lecturas de un género», en Seminario Historia y Clima: Catastrofismo natural, reflexión intelectual y soluciones técnicas, siglos XV-XIX, Universidad de Alicante, 15-17 de mayo de 2006. FOLGAR DE LA CALLE, Mª C., «Un inventario de bienes de Fernando de Casas», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 1982; FERNÁNDEZ GASALLA, L., «Las bibliotecas de los arquitectos gallegos en el siglo XVII: los ejemplos de Francisco Dantas y Diego de Romay», en Museo de Pontevedra, 1992, p. 328; TAÍN GUZMÁN, M., Comentarios a Excelencias, Antigüedad y nobleza de la Arquitectura, Santiago, 1993; GOY DIZ, A., «Aproximación a las bibliotecas de los artistas gallegos en la primera mitad del siglo XVII», en Minius, 1996, p. 157. BÉDAT, Cl., «La bibliothèque du sculpteur Felipe de Castro», en Mélanges de la Casa de Velázquez, T. V (1969), pp. 363 y ss.
52
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
OFELIA REY CASTELAO
Estudiamos esta biblioteca en REY CASTELAO, O., «Las donaciones ilustradas a la Biblioteca de la Universidad de Santiago», en Entre Nos, Santiago, 2001, pp. 413-437. REY CASTELAO, O., Libros y lectura en Galicia, siglos XVI-XIX, Santiago, 2003, pp. 352 y ss.; REY CASTELAO, O. - SANZ GONZÁLEZ, M., «Monjes, frailes y libros: las bibliotecas de los regulares compostelanos a fines del Antiguo Régimen», en Obradoiro de Historia Moderna, 6 (1997), pp. 79-106. CARPO, M., La arquitectura en la era de la imprenta, Madrid, 2003, y LENIAUD, J.-M. - BOUVIER, B. (eds.), Le livre d’architecture, XVe-XXe siècle: édition, représentations et bibliothèques, Paris, 2002. Ver también JAMMES, B., «Le livre de science», en CHARTIER, R. - MARTIN, H.-J. (eds.), Histoire de l’édition française, Paris, 1989, vol. II, pp. 264-265. EISENSTEIN, E., La revolución de la imprenta en la Edad Moderna, Madrid, 1994, div. pp. La edición de Vitrubio realizada por Walter Riff en 1543 en cuarto pequeño se pensó para clérigos y sabios, acostumbrados a ese tipo de formatos, pero en 1548 hizo otra in folio para profesionales. LENIAUD, J.-M. - BOUVIER, B., Les périodiques d’architecture, XVIIIe-XXe siècle: recherche d’une méthode critique d’analyse, Paris, 2001. LÓPEZ PIÑERO, J. Mª, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1979. LAFUENTE, A. et al, «Literatura científica moderna», en AGUILAR PIÑAL, F., Historia literaria de España en el siglo XVIII, Madrid, 1996, p. 965; ÚBEDA DE LOS COBOS, A., «Literatura artística», en ídem, p. 1030; y FABRI, M., «Literatura de viajes», en ídem, p. 410. INFANTES, V., «Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas», en Les livres des espagnols…, p. 281. CÁTEDRA, P. M., Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa, siglo XVI, Mérida, 2002, div. pp. NORA, P., «L’événement monstre», en Communications, 18 (1972); DOLAN, Cl., «Identité, histoire et événement», en Evénement, identité et histoire, Québec, 1991, pp. 9 y ss. AGUILAR PIÑAL, F., Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, 1981-2001. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, A., «Literatura popular», en Historia literaria de España…, p. 327. En lo que se refiere a los desastres, empleamos como guía los trabajos de ALBEROLA ROMÁ, A., Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999, sobre todo pp. 79-123; «La percepción de la catástrofe: sequía e inundaciones en tierras valencianas durante la primera mitad del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna, 15 (1996), pp. 257270; «Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: el campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756», en Revista de Historia Moderna, 21 (2003), pp. 383-410; «El terremoto de Lisboa en el contexto del catastrofismo natural en la España de la primera mitad del siglo XVIII», en Cuadernos Dieciochistas, 6 (2005), pp. 19-42. En total: nueve clérigos seculares, doce regulares; cuatro científicos y doce médicos; un funcionario, tres juristas, dos archiveros-bibliotecarios, un comerciante; en cinco casos ignoramos la dedicación. Ver TÉLLEZ ALARCIA, D., «Opinión pública y conflictos bélicos: la propaganda estatal durante la Guerra con Portugal de 1762», en CANTOS CASENAVE, M. (ed.), Redes y espacios de opinión pública. Actas de los XII Encuentros de la Ilustración al Romanticismo (1750-1850), Cádiz. 2006, pp. 267-280. Bonifacio Jiménez de Lorite, médico y miembro de la Real Academia de Medicina de Sevilla, no vio publicado su texto sobre las «causas físicas de las inundaciones de Sevilla. Perjuicios que causan a la salud pública y modo de remediarlas», escrito en 1778. En 1797, del médico Diego de Vera y Limón quedó inédito su estudio sobre «los perjuicios médicos que ocasionan las inundaciones del Guadalquivir», etc.
53
Jurisdicción y solar. Claves interpretativas, derechos y confrontaciones en los concejos de la montaña leonesa durante la Edad Moderna
Laureano M. Rubio Pérez Universidad de León
El nivel alcanzado en la actualidad por la historiografía modernista española no sólo ha hecho posible el acercamiento a los diferentes campos temáticos o problemáticas históricas, sino también la ampliación del conocimiento sobre cuestiones que desde el propio soporte del marco estructural no sólo resultan harto complicadas, sino que exigen una valoración particular o local que entraría en la denominada micro-historia, parcela ésta que, a diferencia de lo que a veces se piensa, es fundamental para obtener esa visión global indispensable para comprender el proceso histórico. Aunque esta valoración global sobre cuestiones tan importantes como el régimen señorial ya ha sido tratada y valorada por la historiografía modernista1, dada la heterogeneidad territorial y la propia complejidad de una problemática política y social marcada por una fuerte impronta económica, aún existen en el panorama español bastantes lagunas e interrogantes que sólo podrán ser desvelados a partir de una muestra de estudios locales lo suficientemente amplia y representativa de esa gran heterogeneidad y diversidad territorial española, en modo alguno abarcada y representada desde la mera referencia político-administrativa de la Corona de Castilla o de la Corona de Aragón. Ni que decir tiene que, aun desde esos ámbitos territoriales más o menos acotados políticamente, el marco estructural en su conjunto, en mayor o menor medida desarrollado bajo un mismo sistema de producción, condicionó y a la vez fue condicionado por toda una serie de elementos o factores que de alguna forma explican la evolución de no pocos parámetros sociales y económi53
54
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
cos y, sobre todo, de las actitudes y comportamientos humanos ante problemas puntuales o problemáticas similares. En este contexto parece claro, pues, que tanto las propias estructuras sociales y mentales, como el comportamiento de las sociedades campesinas tradicionales, se movieron bajo el estímulo de todo un cúmulo de elementos o factores diferenciales que se hacen tanto más complejos cuanto más nos acercamos a problemáticas que tienen mucho que ver con herencias inmateriales, formas culturales fuertemente arraigadas en la tradición hecha norma y, sobre todo, con un marco jurídico por el que las comunidades se arrogaron actuaciones y derechos sobre unos individuos que, insertos en la unidad familiar, eran muy poco al margen de una comunidad vecinal que les ampara y condiciona su libertad bajo estructuras comunitarias y formas de actuación colectiva2. La presencia ya en la Edad Media de elementos externos a las comunidades campesinas, que de alguna forma actuaban e intentaban imponer su propia legalidad jurídica, en modo alguno supuso en las tierras del norte y noroeste peninsular la desaparición de la comunidad concejil como ente jurídico y social, sino más bien un desigual fortalecimiento que se asentaba en torno al poder político concejil reconocido por los fueros y por el propio derecho consuetudinario, así como en el dominio del territorio asignado a cada comunidad y delimitado en torno al denominado como término. La progresiva implantación de los señoríos nobiliarios a partir del siglo XIV, que de alguna forma afectaba a los dominios regios y eclesiásticos, forjó en los territorios del Reino de León un mapa señorial que estuvo hasta el siglo XIX tutelado por media docena de nuevos y grandes linajes3. No obstante, este panorama señorial dominado por los grandes estados o dominios jurisdiccionales no sólo no impidió que buena parte de los Concejos Mayores de la montaña leonesa mantuvieran su condición de realengos, sino también que las viejas y nuevas unidades jurisdiccionales ahora enajenadas a favor de la nobleza hubieran de seguir reconociendo los derechos políticos de las comunidades concejiles, derechos que de alguna forma coartaban el poder jurisdiccional de los señores y las relaciones establecidas con los vasallos. Si hacemos un análisis comparativo territorial sobre el proceso histórico español desde la Edad Media hasta el siglo XIX, aun desde la impronta de un mismo sistema y estructuras políticas fijadas por el Estado Moderno, nos damos cuenta que la evolución de no pocas variables sociales, económicas e incluso culturales o mentales, estuvo condicionada, tanto en sus permanencias como en sus cambios o evolución, más por factores de orden interno que externo, factores que tienen mucho que ver con el marco estructural de partida, con el origen y configuración alto-medieval y con la mayor o menor capacidad de organización y de actuación colectiva de las comunidades campesinas y urbanas que permanecieron bajo una importante estabilidad hasta el siglo XIX en aras a un derecho consuetudinario difícilmente cuestionado y a una cultura social, inclui-
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
55
dos los propios sentimientos, plenamente aceptada y asumida como un instrumento coercitivo más frente a lo forastero, al poderoso, o frente a cualquier ataque proveniente del exterior. No es casual que sean las comunidades campesinas de los antiguos territorios realengos de Behetría, del norte y noroeste peninsular, los que con su capacidad de respuesta y los propios instrumentos jurídicos pudieran frenar no pocos efectos negativos del régimen señorial o conservar el nivel de autonomía y de recursos comunales y colectivos que tienen aún en la actualidad, a diferencia de otros territorios situados más al sur y aun dentro de la misma Corona de Castilla. Posiblemente la problemática del poder en sus diferentes dimensiones, y en especial las relaciones sociales que se establecen a partir de la práctica de éste, sea una de las cuestiones más complejas de valorar y de analizar desde una visión generalizada y global, pues incluso desde un mismo marco teórico y una misma legalidad jurídica la plasmación práctica de un poder tan compartido y escasamente homogéneo va a estar fuertemente condicionada por múltiples factores que tienen mucho que ver, tanto con la capacidad y los medios del que lo detenta y aplica, como de los que lo reciben, y en el plano territorial y local de los señores jurisdiccionales y de los vasallos4. Aunque en teoría, con el desarrollo del Estado Moderno y con anterioridad en el caso de comunidades privilegiadas por los fueros otorgados por los reyes y señores, los hombres o vasallos son libres para moverse, para poseer o para actuar, en la práctica nuevos condicionantes de carácter cultural, social o económico, siguen funcionando a la hora de articular una sociedad jurídicamente ordenada por el estamento y de marcar las relaciones de sus individuos cada vez más agrupados por criterios de riqueza o de participación en los medios de producción. Dado que, como dijimos, el individuo se debe a la familia y al grupo en el que se desarrolla y ambos a la comunidad en la que habitan y desde la que se definen e identifican, no parece desacertado pensar que aun dentro de un mismo sistema o unidad territorial, algunas comunidades, tanto urbanas como rurales, estuvieron en mejores condiciones o más preparadas que otras, incluso cultural y mentalmente, para auto-controlar su evolución y su destino, así como para dar respuesta a las exigencias y demandas del propio sistema. En este orden, el conflicto social o la rebelión en sus diferentes formas y manifestaciones, especialmente el conflicto antiseñorial, es una de las cuestiones más complejas y escasamente conocidas, tanto por el silencio de las fuentes como por la necesidad de ir paso a paso mediante el conocimiento de casos puntuales desde los que configurar un todo y una visión global desde la que ser capaces de explicar las múltiples diferencias existentes en los comportamientos y resultados finales, incluso ante situaciones muy similares. El caso que nos ocupa es un claro exponente de lo anteriormente expuesto y de cómo en una sociedad litigante como la del Reino de León, sin duda la que más procesos judiciales colectivos plantea ante los altos tribunales de justicia durante la Edad Moderna, los concejos y las comunidades concejiles
56
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
perfectamente organizadas jugaron un papel fundamental, como poder local que son, a la hora de valorar el desarrollo e incidencia del régimen señorial5. En este orden, la permanencia, desarrollo y consolidación del régimen señorial a lo largo de la Edad Moderna, e incluso más allá de las Cortes de Cádiz, y los sucesivos decretos y leyes abolicionistas (1811, 1823, 1837), si bien tienen en el marco territorial de los reinos cristianos alto-medievales, entre los que destaca el Reino de León, un mismo origen, desarrollo y justificación teórica en el seno del sistema feudal, en la práctica de su asentamiento y configuración a partir de la creación de los estados señoriales, tanto en la Alta como en la Baja Edad Media, introduce importantes elementos diferenciadores que, en connivencia con la hegemonía del realengo y desde el propio proceso repoblador ligado a la presión árabe, nos obligan a tener muy en cuenta estos antecedentes y el propio marco estructural a la hora de valorar el desarrollo e incidencia del régimen señorial y de los propios estados señoriales, especialmente en los creados mediante supuestas mercedes reales durante los siglos XIV y XV, en plena crisis y debilidad de la institución monárquica. Realengo, fueros, poder y organización concejil, proceso repoblador y mercedes otorgadas, tanto por los reyes de León como por los monarcas de la casa Trastámara, a favor de la nobleza nueva emergente6, son algunos de los elementos a tener presentes a la hora de estudiar la realidad de los señoríos leoneses y la incidencia real del régimen señorial, máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de los nuevos estados nobiliarios surgen en la Baja Edad Media sobre la enajenación del realengo, y en unos momentos y circunstancias en los que las nuevas comunidades vasalláticas y la tierra o término que ocupaban estaba ya repartida entre los habitantes vecinos (juniores ex hereditate), la iglesia, los monasterios o los propios concejos, y de la misma forma ordenado y autorregulado por la organización concejil. Cuando la mayor parte de los señores titulados acceden a sus estados, a través de la imposición por la fuerza o por las mercedes regias y por la vía jurisdiccional, lo hacen a sabiendas de la debilidad del sistema feudal, de la posición de las propias comunidades campesinas y de que el futuro y la supervivencia, a partir del poder jurisdiccional alcanzado, pasaba en los nuevos tiempos por el incremento de su participación en los excedentes agrarios a través de una mayor participación en el medio de producción tierra. En el contexto de crisis de los siglos XIV y XV los nuevos señores y títulos (conde de Luna, marqués de Astorga, conde de Benavente, etc.) no sólo pugnan por los vasallos y por las rentas agrarias, sino que obtienen a través de la enajenación de determinadas rentas reales, como las alcabalas y otros monopolios fiscales, el mejor seguro con el que suplir la dificultad de acceso al dominio de la tierra7. No obstante, desde la situación expuesta y sobre la base de un patrimonio rural bastante repartido y heredado vía familiar, la primera gran oportunidad que se le ofrece a los nuevos señores jurisdiccionales le viene dada por la crisis
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
57
y la despoblación sufrida por aquellos territorios cerealeros del sur, sobre los que las adversas condiciones climatológicas y la propia presión señorial habían incidido de tal forma y con tal intensidad que los habitantes de más de un centenar de lugares, desde la libertad que tenían de movimiento, hubieron de abandonar quedando el termino despoblado a merced de los señores que pronto reclaman, ante la pasividad de la Corona, la titularidad y el dominio, para acto seguido aforarlo a las comunidades vecinas y conseguir con dicha escritura el título necesario que a la postre le iba a otorgar la titularidad o dominio directo para siempre. En este mismo orden las tierras del norte, dominadas por valles y por la media y alta montaña, no sólo no se despoblaron, sino que sus comunidades vecinales de aldea, mucho mejor organizadas en hermandades o concejos mayores, hubieron de sufrir y resistir el ataque que señores, como el Adelantado Mayor de Asturias, futuro conde de Luna, infringían a la única tierra factible de ocupar, al terrazgo comunal revalorizado por la mesta en torno a los puertos o pastizales y en su defecto al dominio solariego sobre el término que llevaban disfrutando durante siglos las comunidades de forma privativa y comunal en aras y razón de una supuesta cesión, junto al jurisdiccional, contemplada bajo fórmulas como la de desde la piedra del río, hasta la hoja del monte y desde la hoja del monte hasta la piedra del río 8. En este contexto el proceso de señorialización de los concejos de la Montaña Occidental leonesa, no sólo marca importantes diferencias con respecto a los territorios del sur y de otras zonas de la Corona de Castilla, sino que genera una dinámica en las relaciones de poder cuya intensidad y resultados va a depender de muchos factores y en especial de la mayor o menor capacidad coercitiva y de acción colectiva de cada unidad administrativa y territorial, representada tanto por los concejos mayores como por los menores que componen aquellos9. El Concejo Mayor de Omaña o el de Villamor de Riello, como el resto de concejos asturianos y leoneses, son fruto de la unión, bajo la cobertura política y jurídica del Reino de León, de un conjunto de comunidades de aldea o pequeños lugares en los que cada comunidad vecinal, agrupada y ordenada en torno a su propia organización concejil (concejo menor), tenía el dominio y la capacidad de autogestión de un territorio determinado o término y de los bienes y recursos incluidos en él, con plena capacidad jurídica emanada en la mayoría de los casos de los antiguos fueros otorgados por los reyes. La presencia de amplios espacios de aprovechamiento colectivo por parte de las diferentes comunidades, el compartir una misma justicia ordinaria y la necesidad de autodefensa mutua, incluso a la hora de pagar las cargas feudales al rey, forzaron a la unidad político-administrativa y a la unidad de acción en torno al denominado como concejo mayor y a sus órganos de gobierno10. Es durante el reinado de Enrique II de Trastámara (1369-1379) y de sus respectivos sucesores hasta llegar a Enrique IV (1454-1474) cuando una parte de los concejos mayores de la montaña leonesa fueron cedidos a los linajes de mayor influencia, quedando otros bajo el realengo
58
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
y la jurisdicción vecinal11. Tres de estos concejos, entre otros, enajenados a favor de los señores, que posteriormente caen en manos del linaje de los Quiñones, adelantados mayores de Asturias, el de Laceana, el de Omaña y el de Villamor de Riello, van a desarrollar a partir del siglo XV todo un complejo marco de relaciones difíciles con el nuevo señor que de alguna forma son el reflejo de que, pese a la estabilidad del nuevo sistema, el poder señorial sometido a la soberanía del poder monárquico estuvo claramente marcado y condicionado también por el poder concejil.
1. Acoso y respuesta: Señores poderosos contra vasallos empobrecidos, pero bien organizados El espacio territorial identificado bajo la denominación de Omaña estaba ya dividido y organizado en la Edad Media a partir de cuatro unidades administrativas o concejos mayores: Omaña, La Lomba, Las Transversales y Villamor de Riello. Estos territorios realengos y señoriales en manos de algunos caballeros locales, como los Ares de Omaña12, quedan a partir del siglo XV bajo el poder del Merino Mayor de Asturias, Diego Fernández de Quiñones13, sin duda el gran favorecido, después del apoyo dispensado, por la subida de Enrique II al trono de Castilla. El memorial de agravios enviado por los concejos mayores de Omaña al rey Juan II en 1435 pone de manifiesto tanto el avasallamiento del conde de Luna, al pretender ir más allá del poder jurisdiccional e intentar conseguir el dominio territorial, como la defensa que los omañeses hacen de su fuero14. Aunque la ejecutoria es favorable a los concejos en lo que respecta a la defensa de su fuero, Diego Fernández de Quiñones definitivamente se convierte en señor jurisdiccional e inicia una larga fase de acoso tendente a afianzar su dominio territorial, bien por la vía del reconocimiento impuesto del solariego, bien por la ocupación de diferentes puertos de montaña arrendables a los ganados trashumantes. Pero ni esta sentencia, ni la sucesiva oposición de los concejos, parecen dar resultado a juzgar por la conflictividad reavivada en los inicios del siglo XVI y después de que Enrique IV le otorgase el título de conde de Luna en 1462. Si bien el reinado de los Reyes Católicos sirvió para reconducir la situación y frenar los desmanes de esta nobleza señorial y el acoso que los Quiñones imponían a concejos y monasterios, en cierto modo hubieron de transigir como lo demuestra el alto precio que la Corona hubo de pagar al conde de Luna por renunciar al título de Adelantado Mayor de Asturias. Pero, después de una fase de calma en la que estos señores ven reconocidas sus conquistas, privilegios y dominios jurisdiccionales, la muerte de la reina Isabel y el vacío de poder generado por las sucesivas regencias abren una nueva etapa en la que la nobleza señorial, y de forma especial el poderoso conde de Luna, vuelve a la carga exigiendo el reconocimiento del solariego y como tal reclamando de estos y de
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
59
otros dominios y concejos, asentados en el Órbigo y en el sur provincial, el pago de una parte de la cosecha bajo la denominación del pan del cuarto o del quinto, desligando este impuesto de las otras prestaciones vasalláticas reconvertidas en pequeñas cantidades de maravedís15. Este viejo intento de que se le reconociese el dominio solariego y territorial a partir de aceptar los concejos el pago de la cuarta parte de la cosecha producida en las tierras labradías, que habían experimentado un fuerte crecimiento a finales del siglo XV, reabre de nuevo la conflictividad judicial en los concejos de Omaña, La Lomba y Las Transversales, mientras que el de Villamor de Riello y sus trece lugares o concejos menores siguen pagando el cuarto de la cosecha de centeno, tal como lo habían hecho desde mediados del siglo XV. En este orden de cosas, la llegada del Carlos V y el triunfo sobre los revolucionarios comuneros, gracias al apoyo de nobles como el conde de Luna, sin duda el gran protagonista del apoyo regio en León frente a la total vinculación comunera de la familia rival de los Guzmanes, fue vista por esta nobleza como un buen momento para consolidar su posición y reconducir su situación personal hacia las exigencias del nuevo sistema de producción. Hay que reconocer que en las dos décadas siguientes a la derrota comunera buena parte de estos señores jurisdiccionales fuerzan a los vasallos y a no pocos concejos a la firma de las escrituras forales, que a la postre les iban a servir para demostrar la titularidad del dominio, aunque no fuesen documentos mercantiles, ante los tribunales de justicia. La Corona por su parte, consciente del papel y la importancia de la capacidad productiva de los vasallos sobre los que debería recaer la fiscalidad estatal, se convierte en juez y parte interesada a la hora de fijar un nuevo contexto en el que la soberanía del poder real y sus tribunales de justicia estaban dispuestos a frenar el poder de una nobleza que cada vez más tendía a hacerse cortesana. Tanto la situación propiciada por el desarrollo de una fase demográfica y económica claramente expansiva, como las esperanzas que ofrecía la Corona y sus tribunales de justicia, parecen animar a estos concejos a defender por la vía pacífica y judicial sus derechos políticos y su territorio del acoso que el conde mantiene sobre ellos, en la creencia de que sus posibilidades de aguante social y económico tenían un límite. Pero, nada más lejos de la realidad ya que entre 1516 y 1557 tanto el concejo de Laciana como los de las tierras de Omaña pleitean de forma generalizada contra su señor jurisdiccional por la defensa de los puertos de montaña y contra el intento de imposición de nuevas cargas e impuestos de carácter feudal16. Por esas mismas fechas, en 1526, la Chancillería de Valladolid dicta sentencia en el pleito que años antes había planteado el concejo de Omaña contra Francisco Fernández de Quiñones, III conde de Luna. La correspondiente ejecutoria se pronuncia en una línea similar a la del resto de concejos litigantes contra el conde, reconociéndole el dominio o señorío jurisdic-
60
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
cional y condenándole a respetar los derechos de los concejos y ajustarse a las cargas fiscales fijadas en el fuero de 138017. Todas estas sentencias, que de alguna forma frenaron la presión señorial, demuestran que las comunidades concejiles contaban con la suficiente fuerza de actuación colectiva y en modo alguno estaban dispuestas a perder el control concejil de sus recursos. El hecho de aceptar por una vez, tal como le ocurrió al concejo de Riello, el pago de una carga feudal como el foro del pan del cuarto suponía que el concejo reconocía tanto el derecho señorial, como el dominio territorial sobre el que se imponía. Por lo general y con las excepciones ya apuntadas, entre las cuales destaca por su dimensión el fuero malo del pan del cuarto del concejo de Villamor de Riello, ni el conde de Luna, ni el marqués de Astorga, ni otros titulares de señoríos jurisdiccionales leoneses, pudieron imponer el dominio solariego sobre el término de unas comunidades bien organizadas, solidarias y conscientes de que sólo desde el colectivismo vecinal y concejil podían hacer frente a los señores poderosos. Desde este convencimiento se entiende la resistencia antiseñorial y la capacidad de actuación, incluso en tiempos difíciles como los del siglo XVII, de estas pequeñas comunidades campesinas que incluso desde el endeudamiento colectivo censal, que a modo de herencia pasará de generación en generación, no dudaron en abrir y reabrir los pleitos cuando consideraban que las circunstancias les eran favorables. Si en la actualidad y después de no pocos procesos desamortizadores la mayor parte del territorio y de los recursos naturales permanece aún bajo el dominio pleno de los concejos y en régimen comunal, ello se debe al esfuerzo económico y a la lucha que durante siglos mantuvieron los miserables habitantes de estas tierras contra señores poderosos como el conde de Luna. 2. La lucha por la tierra y por la renta agraria. Las pervivencias feudales y el fuero malo del concejo de Villamor: claves, contradicciones y justificación Mientras que, como hemos visto, la mayor parte de los concejos de la montaña frenaban en la medida de sus posibilidades la presión señorial, tanto en la vertiente fiscal como en la territorial, aun a costa de largos pleitos y de un constante endeudamiento colectivo, uno de esos concejos mayores, que agrupaba a unos doscientos cincuenta vecinos o unidades familiares distribuidas en trece pequeñas comunidades de aldea18, sorprendentemente se vio sometido desde la Edad Media al pago del denominado como fuero malo o fuero del pan del cuarto19. Pero, el carácter pacífico de estas gentes de la montaña leonesa, apuntado por el artículo citado anteriormente, no es suficiente para explicar el porqué los vecinos de los concejos menores, que integran el concejo mayor de Villamor de Riello, aceptaron una imposición feudal, incluso más allá de la Edad Media, que venía a reconocer el dominio territorial de un señor que había llegado a estas tierras cuando la tierra estaba ya repartida y bajo el dominio pleno de los respec-
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
61
tivos concejos y de los propios vecinos. Frente a la frontal oposición, como veremos, del resto de concejos mayores de la montaña leonesa, el concejo de Villamor no sólo parece aceptar dicha carga, sino que a lo largo de los siglos los pleitos mantenidos al respecto van más dirigidos a la forma de repartirla o cobrarla entre el conjunto de los vasallos y de las comunidades que a cuestionar la legitimidad de tal prestación feudal20. Mientras que la sentencia de la Chancillería de Valladolid de 5 de septiembre de 1526, como vimos, reconoció al conde de Luna la jurisdicción sobre los concejos de Omaña, La Lomba y Transversales, y le impidió el cobro del denominado fuero del pan del cuarto, obligándole a ceñirse a los diez maravedís y medio que debe pagar cada vecino al año, el concejo de Villamor acepta la imposición y la recaudación, no exenta de enfrentamientos entre los cobradores y los pagadores, incluidos los mismos lugares o concejos que forman el concejo mayor. Durante la primera mitad del siglo XVI el conflicto antiseñorial entre estos concejos mayores y el conde de Luna estuvo abierto ante el constante intento del conde de apropiarse, fracasado el intento del fuero, de una parte de los puertos de montaña21. En esta tesitura, por fin, el concejo de Villamor cuestiona y litiga contra el conde y en cierto modo se niega a seguir pagando la cuarta parte de la cosecha de centeno por excesivamente gravosa en uno de los momentos de mayor expansión roturadora, ligada al crecimiento demográfico y a la propia fase expansiva. Pero, tanto el pleito como el resultado de 1548 demuestran que, aunque no hubo perdedores, sí hubo un ganador, el conde de Luna, que afianzó más su derecho sobre el fuero en tanto que se le reconoció y sólo se modificó la forma de recaudarlo y con ella garantizar una cantidad que, alejada de los vaivenes coyunturales o cíclicos de la producción cerealera, se fijaba sobre la importante cabaña ganadera22. Pero, después de una larga fase de crecimiento agrícola gracias a la vía extensiva y ligada al proceso roturador, el estancamiento y la recesión si cabe se hacen más acuciantes en las economías de montaña, dado lo limitado del espacio agrícola y la mayor incidencia de los factores naturales. La recesión económica, el descenso demográfico, las crisis agrícolas recurrentes y el empobrecimiento de estas comunidades a finales del siglo XVI y, sobre todo, durante las primeras décadas del siglo XVII, parecen motivar el nuevo pleito que plantea el concejo al conde en un intento, más que de negar su derecho a tal prestación feudal, de acomodarlo a las nuevas circunstancias a fin de que, dado su carácter personal o feudal, no recaiga sólo en las explotaciones más acomodadas, sino sobre todos los vasallos, excluidos los hidalgos y los pobres. La escritura de nuevo convenio o concordia firmada en 1611, al igual que otras pactadas entre concejos y señores en los dominios del conde de Grajal, conde de Toreno, etc., no sólo refleja las dificultades de los nuevos tiempos, sino también el cambio de estrategia, forzado por las circunstancias, de estos señores en una clara búsqueda de fijar el importe del ingreso, independientemente de la coyuntura y de la población, así como garantizar la legitimidad de su percepción me-
62
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
diante un convenio, pacto o aceptación de hecho, tanto de la carga foral como de la titularidad del bien sobre el que se carga, es decir, el dominio directo del término o territorio (señorío solariego y territorial)23. Pero, detrás de esta nueva concordia, que reducía la carga impositiva y la acomodaba a las dificultades de los tiempos, hay todo un conjunto de intereses que en el fondo frenaban la posibilidad de acción y de confrontación antiseñorial, máxime cuando a estas alturas el conde posee ya suficientes conciertos y reconocimientos de pago para que, como ocurrió en otros casos24, los tribunales de justicia fallasen a su favor ante un hipotético conflicto25. Con la nueva concordia se daba, pues, un nuevo, importante y definitivo paso para que los señores a costa de reducir los ingresos por esta vía, conscientes de su carácter feudal, arranquen de sus vasallos el reconocimiento y obligación que definitivamente les va a servir ante los tribunales, incluso en momentos posteriores en los que se produce la abolición del régimen señorial26. Con el reconocimiento de la nueva figura denominada como foro y censo enfitéutico se aceptaba el pleno sentido jurídico de una figura de arrendamiento perpetuo que llevaba implícito el dominio directo de un bien, de una tierra y en este caso de todo un espacio o término concejil. Como se demostró en los sucesivos litigios y en el siglo XIX, estos documentos sirvieron a los señores, a falta de títulos mercantiles, para asegurar que se les reconociese la propiedad privativa o dominio territorial y solariego una vez abolido el jurisdiccional. A diferencia de otros contratos forales, en los que junto a las partes contratantes se recoge e identifica el bien o la tierra aforada, en este caso no existe cosa gravada delimitada, pues los gravados son los vecinos a raíz del aprovechamiento o usufructo que llevan de su tierra privativa, perfectamente delimitada y asentada en un término o territorio a cuyo dominio directo se llama el señor en una clara contradicción desde la óptica del derecho privado. Esta situación es lo que explica que la carga de las cuatrocientas diez y seis fanegas de centeno se mantenga más allá de las reformas del siglo XIX y que la conflictividad antiseñorial desarrollada se dirigiese más a los aspectos formales que a cuestionar la legalidad de tal impuesto feudal. La dificultad de repartir el foro entre los trece lugares del concejo mayor, así como la desigualdad territorial y humana de estos, parecen estar detrás de la escasa unidad de acción, al contrario que otros concejos. En este contexto, será en 1817 cuando nuevamente se vuelven a poner de manifiesto las contradicciones en torno al foro o fuero malo del concejo de Villamor de Riello. Así, los vecinos del concejo no sólo no aprovechan los decretos abolicionistas de Cádiz para pleitear contra el conde y abolir el fuero, sino que inician un costoso pleito entre ellos para dilucidar la forma de pagarlo o distribuirlo y obligar a los vecinos forasteros de otros concejos que trabajan tierras dentro del término de este y que, pese a su negativa, deberían de pagar y participar en el reparto de dicho foro27. En la querella interpuesta por los procuradores del concejo contra los labradores propietarios forasteros sorprendentemente reconocen el dominio solariego y territorial del conde28, mientras que los
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
63
imputados forasteros, después de presentar documentos relativos al fuero de Omaña y a los pleitos ganados en el siglo XVI al conde de Luna, defienden el carácter feudal, vasallático y personal de dicho foro y como tal, en función de la concordia de 1611, sólo ha de afectar a los vecinos del concejo de Villamor como vasallos jurisdiccionales del conde de Luna y habitantes del dominio señorial29. A pesar de que los implicados forasteros aportan documentación sobre anteriores sentencias, relacionadas incluso con los pleitos del conde con el concejo de Omaña al que pertenecen los demandados, la sentencia y posterior Carta Ejecutoria condenan «a los vecinos y forasteros que labran tierras propias y privativas dentro del término del concejo mayor de Villamor a pagar las porciones de grano correspondientes a las tierras que cultivan y cultivarán en lo sucesivo». Tanto la propia sentencia apelada por los perdedores, como la posición de los demandantes afectados, favorecen los intereses del conde en unos momentos en los que la nobleza veía peligrar sus ingresos al privarle el Estado de todos los ingresos procedentes de las rentas enajenadas y de las de carácter jurisdiccional. En efecto, la Real Carta Ejecutoria definitiva que cierra el conflicto expedida por la Chancillería el 4 de abril de 1826 a favor del concejo demandante, más que un triunfo de los intereses de los vecinos gravados, es un importante logro del perceptor del foro en tanto en cuanto, tal como se recoge en los autos de la Ejecutoria, los vecinos del concejo a través de sus procuradores o representantes no sólo reconocen que están «concertados, avenidos e igualados» con el contador mayor del conde de Luna «y en razón del fuero y tarnía de yugos ... en pagar a su señoría el conde de Luna en cada un año en carga y media de centeno por cada yugo», sino que van más allá al utilizar expresiones de «merced y gracia» a la hora de reconocer el favor que el conde les hizo en la concordia de 1611 al pasar la percepción de los yugos a los labradores30. Esta nueva situación, que sólo puede enmarcarse en momentos de debilidad de la comunidad vecinal, parece favorecer a los más acomodados, tanto por su mayor capacidad para incrementar el terrazgo labradío, como porque el reparto del canon va a afectar a más contribuyentes hasta esos momentos excluidos al carecer de yuntas y beneficiarse de los recursos comunales. Sin duda en esta concordia, entendida también como mal menor en los difíciles momentos del siglo XVII, está la clave para el desarrollo de los conflictos antiseñoriales futuros en torno a los fueros concejiles y para entender porqué los altos tribunales fallaron siempre a favor de los señores hasta el siglo XIX e incluso más allá de las leyes abolicionistas del régimen señorial. Claro está que en ese nuevo contexto y en pleno proceso desamortizador, que únicamente favorece a la burguesía urbana y oligarquías dominadoras de las nuevas instituciones liberales, los intereses de las comunidades campesinas y de los concejos podían ser, como veremos en algunos casos, diferentes y coincidentes con los de los señores, sobre todo ante la posibilidad de seguir usufructuando los espacios comunales tal como lo habían hecho desde tiempos inmemoriales31.
64
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
Con esta situación parece claro que, a diferencia de otros concejos que se oponen a reconocer el solariego y jurisdiccional, el conde de Luna garantizaba de alguna forma un dominio del que no poseía título mercantil y que, como ya apuntamos, entraba de lleno en contradicción con la verdadera titularidad de la tierra afectada, aunque en modo alguno podía legitimarse a la luz de los decretos de 1821 y 183732. El foro del pan del cuarto gravaba a los vecinos como usufructuantes de los recursos de una tierra o territorio, pero no a las fincas privativas de ellos, de ahí la gran contradicción puesta de manifiesto con los registros de propiedad llevados a cabo a partir del siglo XIX en los que las tierras eran asignadas privativamente a los vecinos con el añadido: «están libres de cargas y gravámenes». Mientras que, como vamos conociendo, este tipo de fueros o censos enfitéuticos por lo general quedaron abolidos a partir de 1837, la excepción la pone el que había soportado el concejo de Villamor de Riello desde la Edad Media, aunque en estos momentos dicho gravamen no tiene semejanza con ninguna de las instituciones reguladas por el derecho privado33. La explicación a la permanencia de un gravamen de origen feudal más allá del siglo XIX sólo puede buscarse en la capacidad o poder de la casa de Luna o del duque de Uceda para actuar ante los tribunales y poder demostrar documentalmente que tal prestación entraba de lleno en la normativa marcada por el código civil vigente y que el dominio directo de todo el territorio del concejo le pertenecía desde la Edad Media en la misma forma y justificación que cualquier otro espacio o coto redondo o territorio solariego de los señoríos del sur peninsular. Una de las claves para entender esta situación hay que buscarla en la concordia de 1611 en la que el concejo, o mejor los grupos dirigentes poseedores de yuntas, permitieron no sólo una nueva distribución que afectaba a los vecinos en función del usufructo del conjunto de la tierra, sino que el antiguo fuero o censo de frutos se convirtiese en un reconocimiento foral enfitéutico por el cual los vasallos además de reconocer el dominio directo del señor sobre el término, la tierra y los recursos económicos, también se obligaban a pagar la correspondiente renta perpetuamente por el usufructo o dominio útil34. Esto, unido a la situación interna y desunión de unos concejos o comunidades afectadas, que en vez de hacer frente común desgastaban su fuerza en pleitos sobre la forma de repartir dicha carga, parece justificar la excepcionalidad de una situación en un contexto de finales del siglo XIX en el que la mayor parte de las grandes casas señoriales de las tierras del norte, asentadas en Madrid, habían optado por vender sus tierras, montes y cotos redondos. En efecto, en estos territorios del Reino de León, en los que la nobleza señorial mantuvo una participación minoritaria sobre la tierra, durante la segunda mitad del siglo XIX, y después de no pocos problemas con sus propios administradores, aquella se desprende de unas propiedades que en el caso de los espa-
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
65
cios vírgenes o de aprovechamiento concejil o comunal son adquiridas por los concejos al acogerse éstos al derecho de retracto. Sin duda esto favoreció tanto la ampliación y conservación de los espacios concejiles y comunales, como la perpetuación de aprovechamientos colectivos y formas de actuación comunitaria sobre la base de la presencia de unos importantes recursos y medios comunales administrados conforme a las viejas normas y usos por la organización concejil. Esta misma organización concejil, que desaparece en la mayor parte del territorio nacional, sólo se mantiene y justifica en estos momentos y a lo largo de los tiempos contemporáneos por la conservación y dominio pleno de esos cuantiosos e importantes espacios, labradíos y vírgenes, de titularidad concejil y aprovechamiento comunal. Es más, todo parece indicar que la «revolución agrícola» de algunas de estas vegas leonesas llevada a cabo en el siglo XIX en el seno de estructuras agrarias tradicionales se hizo desde el soporte y apoyo controlado de la organización concejil y sobre la base tanto de la disposición de tierra factible de roturar, como del sostenimiento de la importante cabaña ganadera indispensable para aumentar la producción incluso por la vía intensiva. En este contexto la casa de Luna-Uceda, para evitar futuros problemas y al amparo de la legalidad vigente, decide vender en 1897 el reconocido dominio territorial sobre el concejo de Riello y con él el derecho a percibir en concepto de foro o censo enfitéutico las 416 fanegas de centeno cada año. El comprador, abogado de profesión, previa escritura pública de compraventa, abonó la cantidad de 58.535 pesetas, aunque existen fundadas sospechas de que la cantidad real abonada fue de 30.000 pesetas, en tanto en cuanto se trataba de impedir que los vecinos se llamaran al derecho de retracto35. Será en 1911 cuando el comprador, buen conocedor de la situación jurídica y legislativa y después de comprobar los problemas y contradicciones a la hora de rentabilizar la inversión, una vez que las tierras privativas se habían registrado como libres de cargas, inicie el proceso por el cual buscará por todos los medios el momento propicio para registrar el objeto de su compra, cosa que logra en 191436. Con estos antecedentes, durante la dictadura de Primo de Rivera se abrieron nuevas esperanzas de solución al conflicto a raíz del Decreto de redención de los foros. Pero, las discrepancias a la hora de valorar la cantidad a pagar para dicha redención en el marco de la nueva ley y las esperanzas de los pagadores de que llegasen tiempos más propicios, una vez que se vislumbraba la caída del régimen, frenaron cualquier solución37. Mientras tanto los pueblos siguieron pagando el fuero malo al no poder redimirse por falta de entendimiento o por la esperanza de una futura abolición sin coste alguno en base a que los concejos pensaban que el valor de los granos pagados superaba, con creces, el valor de lo pagado por el foro a finales del siglo XIX y no afectaba a los derechos de los supuestos propietarios. Con la llegada de la Segunda República y una vez que las nuevas leyes declaran abolidas todas las pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y
66
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
censos, los vecinos del antiguo concejo mayor de Villamor de Riello, desde una posición, mentalidad y circunstancias muy diferentes a las de sus antepasados del siglo XVII, no comprendían ni su situación, ni la legitimidad del denominado fuero malo. En una carta remitida a las Cortes Constituyentes en 1931 y firmada por cada uno de los presidentes o alcaldes pedáneos de las juntas administrativas de los pueblos afectados y por el alcalde del republicano Ayuntamiento de Riello, no sólo hacen un repaso histórico de sus relaciones y sumisiones con el conde de Luna, su señor jurisdiccional por la vía de la imposición forzosa38, sino que: «suplican a la soberanía nacional, respetuosamente, se digne declarar abolidos todos estos gravámenes o pensiones que tengan un origen feudal, declarando que todos ellos lo tienen con presunción juris tantum, sin que contra la misma se admita otra prueba que la originaria de constitución del gravamen, con carácter de derecho real análogo al censo, y, de no ser así, sea admitida la redención por el precio fehaciente que conste en documento, y cuando esto no exista, se capitalice por una base de cuarenta por ciento. Vivan los señores Diputados muchos años. Riello, 24 de Octubre de 1931».
Notas 1
2
3
4
5
Una puesta al día sobre la problemática del señorío y del régimen señorial, amén de los escasos estudios completos existentes sobre los señoríos de la Corona de Castilla, puede verse en SARASA SÁNCHEZ, E. - SERRANO MARTÍN, E. (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, Tomo I. THOMPSON, E. P., Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 1979. A mediados del siglo XVIII este dominio jurisdiccional en cuanto a vasallos y extensión territorial estaba comandado por el marqués de Villafranca, por el marqués de Astorga, por el conde de Luna, por el duque de Arcos, por el conde de Miranda, etc., etc. A diferencia del reino castellano donde predominaban los dominios mononucleares, en los territorios leoneses priman las grandes unidades jurisdiccionales formadas por un importante número de núcleos o concejos autónomos y solamente unidos por compartir la misma justicia ordinaria. RUBIO PÉREZ, L. M., «Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en el mundo rural durante la Edad Moderna», en ARANDA PÉREZ, F. J. (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Cuenca, 2004, pp. 1129 y ss. Aunque la heterogeneidad territorial y social es una realidad clara y contundente en el caso español a lo largo de la Edad Moderna, dos son las posiciones que se desprenden del panorama historiográfico en lo que hace referencia al desarrollo del régimen señorial y de forma especial a su incidencia política y social. La que tiene como punto de partida la anulación de la comunidad campesina a partir de un proceso de ingerencia externa y oligarquización, que de alguna forma sigue el modelo urbano, y la de los que sostenemos que la fortaleza de la comunidad campesina y de sus organizaciones concejiles en los territorios del norte y noroeste peninsular no sólo permaneció inalterable más allá de la implantación del régimen señorial, sino que tuvo
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
6
7
8
9
10
11
67
importantes manifestaciones y consecuencias perfectamente detectadas en el ámbito político y en el económico. Lejos de cualquier posición o defensa de un panorama idílico, pues la realidad de los hechos impide cuestionar cuáles fueron los grupos sociales favorecidos por el sistema dominante, la realidad social y la valoración seria de la información documental emanada de la propia sociedad campesina nos indican que ésta con grandes diferencias internas tuvo capacidad de respuesta; no fue una sociedad conformista y anulada, sino que a su manera y con los medios que dispuso, tal como se ve en la problemática que abordamos, hizo frente y consiguió, aun a costa del endeudamiento colectivo, del hambre, de la miseria y de las desigualdades o polarización social, mantener desde la acción colectiva el patrimonio político, cultural y económico que recibió de sus antepasados y que transmitió como legado a las generaciones futuras y presentes. Los concejos abiertos, las juntas vecinales que aún hoy gobiernan estos pueblos y el rico patrimonio comunal que conservan los pueblos del viejo Reino de León y del norte de las tierras del Reino de Castilla, son la mejor muestra de ello. La lucha que desde la Edad Media y hasta el siglo XX mantuvieron los concejos leoneses contra los señores jurisdiccionales por la vía judicial, incluso a sabiendas de sus pocas posibilidades de éxito, desde una acción solidaria, comunitaria y desde el endeudamiento colectivo ni fue casual, ni fue en vano, pues sabían perfectamente que de ella dependía tanto la mayor anulación de su poder concejil, como un futuro que a la postre, y pese a la polarización social, podía ser igual para los pobres y para los de cuantiosos posibles. MOXÓ, S. de, «De la nobleza vieja a la nueva. La transformación nobiliaria castellana en la baja edad media», en Cuadernos de Historia, 3 (1969). Como ya se ha demostrado, tanto para algunos señoríos castellanos como para los del Reino de León, durante la Edad Moderna la nobleza señorial, salvo casos puntuales, tuvo en estas rentas enajenadas el ingreso cuantitativamente más importante. El caso conocido del marqués de Astorga nos muestra que en los estados situados en Tierra de Campos (jurisdicción de Valderas), en la confluencia con la provincia de Valladolid, las rentas procedentes de los foros y arriendos con el 48,7% superaban ligeramente a las percibidas por derechos de alcabalas, 47%, lo que demuestra el peso del dominio sobre la tierra. Por el contrario, en los estados vinculados administrativamente a la jurisdicción de Astorga los ingresos procedentes de las alcabalas suponen cerca del 80% de los ingresos totales, de los que el valor de los foros apenas llega al 20%. Ver RUBIO PÉREZ, L. M., «El estado y marquesado de Astorga. Relaciones de poder, rentas y economía señorial, siglos XVII y XVIII», en Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 83-116. Esta expresión que refleja el dominio señorial territorial tiene su origen en el concepto de propiedad romano y es equivalente a usque ad coelum usque ad inferos. Aunque una parte de los concejos mayores de la Montaña Leonesa se mantuvieron bajo la jurisdicción realenga y vecinal, los de la Montaña Occidental cayeron bajo la jurisdicción del poderoso conde de Luna a lo largo del siglo XV: los concejos mayores de Gordón, Luna de Abajo, Luna de Arriba, Laciana, Ribas del Sil de Arriba, Ribas del Sil de Abajo, Omaña, La Lomba, Villamor de Riello y Ordás. A estos se unen las importantes jurisdicciones de la ribera del Órbigo: Benavides, Llamas de la Ribera, Villanueva de Valdejamuz y Laguna de Negrillos en el Páramo. Una completa valoración sobre el marco administrativo y jurisdiccional puede verse en RUBIO PÉREZ, L. M., El sistema político concejil en la provincia de León, León, Universidad de León, 1993. PÉREZ ÁLVAREZ, Mª J., Omaña y sus concejos en el siglo XVIII, León, Universidad de León, 1998. El caso más significativo en la Montaña Occidental, por estar rodeado por los estados del conde de Luna, son los concejos de Babia de Yuso y Babia de Suso, así como otros muchos situados en la Montaña Oriental. La oposición vecinal y el importante papel económico que jugaron para la Corona fueron, entre otras, las razones por las que estos y otros concejos de la vertiente oriental, como el de Baldeón, no fueron enajenados a favor de nobleza.
68
12
13
14
15
16
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
La propia documentación judicial manejada recoge documentos regios que ponen de manifiesto que el rey Alfonso XI dona los territorios de Omaña a su hijo bastardo y futuro rey Enrique II, una vez que en 1380 éste había otorgado a sus habitantes el Fuero de Omaña en el que se fijan y establecen las relaciones contractuales entre el rey y los vasallos, desde el reconocimiento de la libertad de éstos y del dominio territorial y administrativo de la organización concejil, a cambio de «que el concejo de los dichos lugares e vasallos de D. Enrique mi hijo siempre tuvieren de fuero e derecho de pagar a nos o al concejo de dicha tierra por nos diez marevedis y medio cada hombre de fuero de cada un año y no más por martiniegas, e por frutos e derechos». Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (A.Ch.V.), ejecutoria 3843, leg. 2015, año 1819. Esta familia fue objeto de estudio por parte de ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., El Condado de Luna en la Baja Edad Media, León, 1982. Pedro I nombra a Suero Pérez de Quiñones como adelantado mayor de Asturias y León. Pese a ello aquel le traiciona y apoya a Enrique II quien, después de patrimonializar el cargo se lo otorga al hijo del anterior, Pedro Suárez de Quiñones, ostentándolo la familia Quiñones hasta 1402. Este año el cargo se divide en dos: el de merino mayor de Asturias de Oviedo y el del adelantamiento de León. Los Quiñones se quedan con el cargo de merino mayor de Asturias y lo utilizan para imponer sus dominios en las montañas occidentales leonesas, así como para cometer importantes atropellos que son denunciados reiteradamente ante el rey. Una vez que los Reyes Católicos consiguen dominar a la nobleza levantisca suprimen la mayor parte de los adelantamientos y recuperan el cargo de merino mayor de Asturias, previo pago a la Casa Quiñones en 1488 de cinco millones de maravedís. En esta línea suprimen todos los adelantamientos dejando solamente el de Castilla, luego dividido en dos, Burgos y Campos, y el de León. Pese a que el adelantamiento de León fue a parar como cargo honorífico al conde de Benavente, la reforma llevada a cabo por los RR.CC. en 1500 dota definitivamente a los tres adelantamientos de un alcalde mayor con amplios poderes sobre los territorios señoriales, como un alto tribunal de justicia al que llegan las apelaciones de los jueces ordinarios. Para un seguimiento puntual de la administración señorial y de los adelantamientos ver PÉREZ BUSTAMANTE, R., El gobierno y la administración territorial de Castilla, 1230-1474, Madrid, Universidad Autónoma, 1976; ARREGUI ZAMORANO, P., Monarquía y señoríos en la Castilla moderna. Los adelantamientos en Castilla, León y Campos (1474-1643), Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000. Entre otras quejas y acusaciones se apunta: «que les robara los privilegios que tenían e fueros de sus libertades ... se les hubieren de dar e tornarles los términos e pastos e montes e rios e propiedades y las rentas que son de dichos concejos ... e facia ir por fuerza a los vecinos e moradores de los dichos concejos a las dichas asonadas ... e les hacia ir por los inviernos a pasar a los puertos de la mar y traer los pescados y frutos a cuestas a donde el estaba en tierra de León ... que demandaba agora e decia que queria llevar de los vecinos e moradores de los dichos concejos y que les habian de pagar por sus heredades propias que a ellos pertenecían e que labraban el cuarto de cuanto pan labraban y cogian cada año». Memorial de Agravios, inserto en la Real Carta Ejecutoria librada a favor de los concejos. Archivo de Laciana. Citado por FLÓREZ DE QUIÑONES Y TOMÉ, V., Notas para el estudio de un foro leonés, León, Diputación de León, 1931, pp. 228-230. Aunque con diferencias incluso entre los concejos de una misma jurisdicción, el conde de Luna consigue que algunas de sus villas, y de forma especial los concejos que forman las jurisdicciones de las villas de Castrocalbón y de Villanueva de Jamuz, paguen durante la Edad Moderna un fuero o foro que, teniendo su origen en el censo de frutos, de alguna forma intentaba plasmar el dominio sobre cada término concejil, aunque en realidad la mayor parte de la tierra fuera privativa de los vecinos, de los concejos o de la Iglesia. Ver RUBIO PÉREZ, L. M., «Fueros concejiles y régimen señorial en el Reino de León. Instrumento foral, conflictos y proceso de territorialización de una renta feudal, siglos XV-XIX», en Chronica Nova, 31 (2005), pp. 427-470. En 1527 los procuradores del concejo de Laciana envían al rey un memorial de agravios contra el conde de Luna en el que se quejan de que le oprime con nuevos impuestos y con prestaciones
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
17
18
19
69
personales; que atenta contra sus privilegios y sus instituciones de gobierno y le usurpa y arrienda los puertos de montaña. La sentencia de 1528 reconoce al conde el poder jurisdiccional, pero le obliga a respetar el dominio de los concejos y sus instituciones y fueros. Se iniciaba así un largo conflicto judicial y lucha por los puertos de montaña, reabierto nuevamente durante el reinado de Felipe II en pleno apogeo de la Mesta, que llegará al siglo XVIII y del que el conde va a verse beneficiado por las sentencias del siglo XVII en unos momentos de corrupción y debilidad del poder judicial. Ver PÉREZ ÁLVAREZ, Mª J., «Conflictividad social y lucha antiseñorial durante el reinado de Felipe II: el caso de los concejos mayores de la montaña nor-occidental leonesa», en MARTÍNEZ RUIZ, E. (dir.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, Madrid, Actas, 2000, T. II, pp. 487-497; ídem, «Los pleitos sostenidos por el concejo de Laciana contra el conde de Luna durante el reinado de Carlos I», en Estudios Humanísticos, 19 (1997). Aunque el conde de Luna consigue adueñarse de algunos puertos, incluso mediante pacto con los concejos, como el de Rioscuro que a cambio de las alcabalas le da como pago al conde uno de los puertos, los concejos de la montaña leonesa conservaron un importante dominio sobre unos espacios vitales para su desarrollo, pues de sus arriendos obtenían la mayor parte de los recursos necesarios para su funcionamiento. Archivo Concejil de Sosas. Ejecutoria del pleito entre Sosas y Villablino. «Debemos absolver y absolvemos al conde de Luna de la demanda contra él interpuesta por parte del concejo de Omaña sobre razón de señorío e jurisdicción de dicho concejo e dámosle por libre y quieto de ella ... e declaramos que el señorío e jurisdicción del dicho concejo de Omaña pertenece al dicho conde. Otro sí cuanto toca a los 116 maravedís de empréstito pedidos e demandados ... condenamos al dicho conde a que el día que fuere requerido por la carta ejecutoria de esta nuestra sentencia en los nueve dias primeros siguientes de y pague al dicho concejo de Omaña los 90.000 maravedís que les llevó injustamente. Otro sí que cuanto toca a los 24.200 maravedís de los yantares contenidos en el capítulo de la demanda ... mandamos que ni ahora ni de aquí adelante en ningun tiempo no les pida ni demande ni lleve por razón de los dichos yantares más de 1.200 maravedís cada año, ni el dicho concejo y vecinos sean obligados a dar al conde los 24.200 maravedís que por razón de los dichos yantares le pide. Otro sí en cuanto al otro capítulo de la demanda puesta por el concejo de los 10.000 maravedís que el conde le llevaba de pedidos e fueros y varas, mandamos que no le pida ni lleve más de 10,5 maravedís a cada vecino labrador del dicho concejo conforme al privilegio ... e adjudicamos al dicho concejo los tres puertos ... e por lo que respecta a los 4.500 maravedís que el conde les lleva de salario para su Alcalde Mayor que condenamos al conde a que ni ahora ni en adelante ni en ningún tiempo no pida ni demande». A.Ch.V., documento aportado por los pueblos del concejo de Omaña en el pleito que le enfrenta al concejo de Villamor de Riello por el pago del foro del pan del cuarto. Ejecutoria 3843, año 1819. El concejo mayor de Villamor de Riello estaba formado por los siguientes lugares: Villarino, Robledo, Arienza, Guisatecha, Riello, Ceide, Los Orreos, Bonella, La Urz, Lariego de Abajo, Lariego de Arriba, Curueña y Socil de Villamor. Cada uno de estos lugares, amén de los espacios o puertos de aprovechamiento mancomunado, posee su propio término y su plena capacidad de autogobierno a través del concejo y del propio gobierno concejil formado por los regidores y el procurador, elegidos cada año. La institución concejil de cada lugar o concejo menor es un ente jurídico con plena capacidad para legislar y ejecutar en función de su propio derecho consuetudinario u ordenamiento concejil. A su vez, el gobierno del concejo mayor, en el que se encuentran representados todos los lugares o concejos menores a través de la junta general del concejo a la que envían un representante, es gobernado por los procuradores mayores elegidos por la junta cada año. Esta carga feudal, transformada posteriormente en foro, recibe tanto el nombre de malo, por injusto, como el de fuero, por estar vinculado a los antiguos fueros repobladores medievales por los que los reyes cedían el dominio de un territorio a una comunidad o concejo para que lo poblasen y roturasen a cambio de hacerle partícipe de un porcentaje, el cuarto o quinto, de la
70
20
21
22
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
cosecha producida por el terreno roturado. Se trata, pues, de un censo de frutos variable en su cuantía que se convierte en perpetuo o enfitéutico. El problema surge cuando los reyes ceden el señorío o la jurisdicción a la nobleza y ésta, además de intitularse señor jurisdiccional, pretende que se le reconozca el derecho a seguir percibiendo dicho censo de frutos como una muestra más de un dominio jurisdiccional desde el que reclamar el dominio territorial y solariego. Lo que en un principio parecía posible sobre la tierra virgen no privativa y de aprovechamiento concejil o comunal, se vuelve contradictorio toda vez que los señores pretenden que se le reconozca el dominio de un territorio que en parte habían cedido los antiguos dueños, es decir los reyes, a los pobladores y al concejo mediante el reparto en lotes o quiñones de plena titularidad privativa y con capacidad para transmitir la plena propiedad o dominio a sus herederos. La denominación de pan del cuarto hace referencia a la cuarta parte de la cosecha de cereal pagada cada año. Sin duda fue esta la causa de la mayor conflictividad antiseñorial durante la Baja Edad Media y en proporción durante la Edad Moderna, pues muchos concejos y comunidades, como veremos, se opusieron frontalmente. Aunque el control y la administración del terrazgo y la distribución social del cobro está en manos de cada concejo menor, el pago recae fundamentalmente sobre los vecinos que trabajan tanto la tierra suya privativa, como la repartida o comunal en el conjunto del concejo mayor. Como a partir del siglo XV era muy difícil el cobro directo, los señores imponen a los concejos que venían pagando el cuarto de la cosecha la sustitución de ésta por una renta anual fija mediante la suscripción de una escritura foral. Esto, que en un principio parecía favorecer a los vasallos, iba a ir en su contra, tanto porque la cantidad pactada se podía convertir en muy gravosa, como así ocurrió cuando descendiese el número de vecinos del concejo mayor, como porque los señores obtenían un reconocimiento foral que, a falta de otra escritura mercantil, les iba a otorgar la propiedad o dominio directo de un territorio repartido entre los pobladores y sus concejos. Con este reconocimiento se trasladaban las antiguas prestaciones personales feudales (yantar, martiniegas, etc.) del hombre a la tierra y como tal evolucionó como carga personal a pagar por los usufructuarios de un territorio. La contradicción estaba servida: los vecinos mediante diferentes formas o repartos tenían que pagar una renta por sus propias tierras, dado que se suponía que por encima y con anterioridad existía el dominio del señor. Una larga reflexión sobre esto y sobre la doctrina jurídica que lo contradice, aunque no acierta en la justificación directa de dicho foro, puede verse en FLÓREZ, op. cit. Sin que exista constancia escrita, todo parece indicar que ello se debe a que dicho concejo no pudo acogerse, al no estar incluido, al fuero de Omaña y los condes de Luna poseían, posiblemente falsificada, una escritura de la cesión jurisdiccional del rey en la que, junto al mero mixto imperio, jurisdicción civil y criminal, se incluían cláusulas relativas al teórico dominio territorial: desde la piedra del río, hasta la piedra del monte. Esto, unido a una mayor pobreza, puede explicar que desde el siglo XV sus vecinos, por el mero hecho del pago de la cuarta parte de la cosecha de centeno, implícitamente reconociesen tanto la obligación del pago como el dominio territorial del conde de Luna. El conflicto judicial y la lucha por los puertos pasa por diferentes fases a lo largo de la Edad Moderna, si bien es durante el siglo XVI cuando se hace más palpable en plena fase expansiva. Aunque los concejos, a juzgar por los resultados, resistieron bien, el conde logra el reconocimiento por la vía de ocupación, arriendo y hechos consumados, de diferentes puertos en la alta montaña que arrendados a los ganados mesteños pasaron a suponer una importante partida en el contexto de sus ingresos. Ver trabajos citados de PÉREZ ÁLVAREZ. En el seno de esa fase expansiva, no exenta a esas alturas de crisis coyunturales, el interés del conde parece estar centrado tanto en evitar el fraude que conllevaba el cobro directo proporcional, como en garantizar el cobro jurídica y socialmente. La sustitución del cuarto del pan por un nuevo impuesto denominado de yuntas o yuguerías suponía la liberación de los más pobres y una garantía de cobro e incluso de estabilidad al recaer directamente sobre las yuntas o medias yuntas de bueyes o vacas utilizadas en la labranza a razón de carga y media de centeno al año.
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
23
24
25
26
71
Tanto la ejecutoria de dicho pleito como la concordia firmada parecen reconocer que «el conde es dueño del territorial y solariego del concejo de Villamor de Riello». En dicha concordia se fija la prestación como un fuero enfitéutico por el que los diferentes vasallos o vecinos del concejo se obligan a pagar para siempre la cantidad de 104 cargas de centeno cada año, independientemente del número de vecinos o de la situación económica. El reparto se haría sobre todos aquellos vasallos que trabajasen tierra o usufructuasen bienes comunales. En la Real Carta Ejecutoria se apunta que «el conde en virtud de privilegios y ejecutorias y como tal dueño territorial y solariego del concejo de Villamor y sus pueblos percibe carga y media de centeno por cada yugo de bueyes y vacas con que habían labrado las tierras y términos de dicho concejo sus vecinos y habitantes, pero los fraudes, las trampas, las dificultades de averiguar cada año los yugos con que cada vecino había labrado ... e con que los pueblos mismos quedaban gravados y perjudicados respecto de otros del mismo concejo dio justa ocasión a la solemne escritura del año 1611 ... en la que convinieron en pagar al conde cuatrocientas diez y seis fanegas de centeno cada año sin respeto como antes a yuntas, sino aun cuando no labrasen mas que con cuatro las referidas fanegas se le habían de satisfacer por entero ... sin contar que en igual caso deberían colacionarse todos los baldíos en virtud de que el señor lo mismo es de solar de unos que de otros». Texto incluido en la Carta Ejecutoria recogida por FLÓREZ, op. cit., p. 42. Nos referimos a las concordias pactadas por villas como Grajal y Escobar de Campos con su señor después de un pleito en el que más que cuestionar el fuero debido buscan reducir la carga impositiva ante «la esterilidad de los tiempos, lo incierto y costoso de los pleitos» y la despoblación. Ver RUBIO PÉREZ, L. M., «Querellas, pleitos y concordias. Poder concejil y conflicto antiseñorial en los estados del conde de Grajal durante la Edad Moderna», en Obradoiro de Historia Moderna, 14 (2005), pp. 225-269. A diferencia de lo que se ha pensado y pese a la situación económica por la que atravesaban las comunidades campesinas, los pleitos y conflictos judiciales antiseñoriales se mantuvieron e incluso se incrementaron en las tierras leonesas durante el siglo XVII, a pesar de la escasa garantía que ofrecían los tribunales de justicia y el poder de la nobleza señorial. Posiblemente, conforme vamos conociendo los fondos de la Chancillería de Valladolid, nos damos cuenta de que se pueden cuestionar algunos planteamientos que apuntan a una fuerte reducción de los conflictos ante la prepotencia de los poderosos señores o ante lo que erróneamente se llegó a denominar como «refeudalización», sin tener en cuenta la capacidad de respuesta de las comunidades ante el acoso señorial y los intentos de la nobleza de mantener, en plena crisis y con un importante nivel de endeudamiento por su vida cortesana, su capacidad recaudatoria. Parece claro que en el seno de los concejos leoneses los conflictos colectivos se abrían y cerraban independientemente de la situación de la judicatura, en función de la situación y de la capacidad de las comunidades concejiles para presionar al señor a fin de ajustar las cargas a la situación económica y demográfica de los tiempos que corrían, sabedores de que en modo alguno iban a tener éxito planteando el rechazo y la ilegalidad de la propia carga feudal. Una amplia exposición sobre la situación de los altos tribunales y de la justicia en la Corona de Castilla en los siglos XVI y XVII puede verse en KAGAN, R. L., Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 1991. Por la concordia de 1611 los vecinos de los lugares que forman el concejo mayor de Riello se obligan «con nuestras personas y bienes muebles y raíces, habidos y por haber y a los bienes propios y rentas de dicho concejo y veceras de ganados mayores y menores habidos y por haber, de que dicho concejo y vecinos de él pagaran a su señoria el conde de Luna y a sus sucesores las dichas ciento cuatro cargas de centeno en cada un año ... que así han de pagar el dicho concejo y vecinos de el conforme a la labranza de cada uno de los dichos lugares en la forma y manera siguiente: a los vecinos y concejo del lugar de los Orrios dos cargas de centeno, a los vecinos y concejo del lugar de Guisatecha, ocho cargas y media de centeno ... Y es condición que las mercedes que hoy gozan Rodrigo de Canseco, vecino de Guisatecha y Tomás Valcarcel, vecino
72
27
28
29
30
31
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
de Riello, las han de mantener y cuidar como si estuviesen firmadas de su señoría y cobrar de ellos el dicho concejo lo que solian pagar y no mas». En la propia ejecutoria librada a favor del concejo de Villamor en 1819 el procurador afirma que el problema surge «porque muchas familias han pasado a casarse a los pueblos inmediatos y otros han venido y labran por si el terrazgo sobre el cual se impuso el canon o pensión por el que el conde ... se han resistido y se resisten injustamente a pagar lo que le corresponde según el terrazgo que labran y esto aumenta la presión sobre mis defendidos y los reduce a mayor miseria de aquella en la que ya se hallan constituidos generalmente por su escasa producción». A.Ch.V. Ejecutoria 3843, leg. 2015, año 1819. El problema surge porque ambas partes tienen una concepción diferente del foro y de su legalidad. Así, para los vecinos del concejo, por boca de sus procuradores y representante ante la Chancillería de Valladolid, después de reconocer que «el concejo se compone de ocho parroquias con sus pueblos y vecinos de corto vecindario, manifiestan que aunque se considera producción todo su terreno reducido a pan de centeno pagan anualmente todos sus moradores al duque de Frias y Uceda, conde de Luna cuatrocientas diez y seis fanegas de pan de centeno ... titulándose este foro o contribución pan del cuarto, que se debe repartir por yuntas según los terrazgos que cada uno de aquellos vecinos labran conforme a las concordias que sus antepasados han ejecutado con el duque y sus antepasados. De dichas concordias parece que el foro o canon que sus habitantes satisfacen al conde de Luna tiene su origen en la concesión que este hizo en lo antiguo del terrazgo que cultivaban aquellos y es propio y privativo hoy de los habitantes del prenotado concejo». Ídem. Vecinos de Salce y de Santibáñez de Arienza en el concejo mayor de Omaña exponen en el poder que dan a su procurador en la causa contra ellos seguida por el concejo de Villamor que «sus respectivos pueblos con sus terminos en propiedad siempre han estado, estan y deben estar separados de la jurisdicción de Villamor de Riello y no estan sujetos a pagar pagamento ni otra gabela de esta jurisdicción». Después de afirmar que nunca han estado sujetos al pago del foro de las 104 cargas de centeno reflexiona su procurador que «sobre dicho pagamento antiguamente los vecinos del citado Villamor, sin saber porqué título o causa ni motivo los antepasados de dicho conde exigían de la citada jurisdicción por el referido pagamento de cuatro manojos de pan uno de todos los labradores avecindados en aquella jurisdicción y viéndose estos vecinos sumamente oprimidos con estas y otras importantes imposiciones, que por los respectivos condes se la imponían a la fuerza, por todo lo cual se patentiza lo infundado de los demandantes». Ídem. La simple lectura de este reconocimiento por parte del concejo en 1826 es claramente explicativa del porqué este foro o renta de origen feudal se mantuvo hasta el siglo XX. Así, reconocen que el contador del conde de Luna llegó a un acuerdo con el concejo en 1611 «para que de aquí adelante le paguen en cada un año alzadamente y con ello sea visto cumplir y su señoría por si y los sucesores en su Casa se ha de contentar y contenta, remitiendo como su señoría ha de remitir y perdonar todos los fraudes y fechos y causados en la averiguación de dichos yugos hasta hoy dia de la fecha de esta escritura y esto por merced y gracia que su señoría les hace conformándose con su gran cristiandad y clemencia y para que el dicho concejo y vecinos de él se puedan aprovechar y aumentar labrando a su voluntad con todos los yugos que quisieren e por bien tuvieren, se declara que es el precio que se ha de pagar a su señoría el dicho conde de Luna ... desde principios de 1612 en adelante y para siempre jamás ciento cuatro cargas de centeno». A.Ch.V. Real Carta Ejecutoria, año 1626. El dicho de «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», a juzgar por los casos que vamos conociendo y por la problemática desamortizadora del siglo XIX, pudo estar muy presente en no pocas actuaciones colectivas o concejiles de las comunidades rurales leonesas, llevadas a cabo en dicho siglo en relación al pretendido dominio solariego y territorial de algunos señores, toda vez que las comunidades concejiles, que usufructuaban muchos de los bienes apropiados por los señores, eran conscientes de los efectos negativos que podía acarrear una posible enajenación y posterior subasta a manos del Estado.
JURISDICCIÓN Y SOLAR. CLAVES INTERPRETATIVAS, DERECHOS Y CONFRONTACIONES...
32
33
34
35 36
73
Durante estas décadas del siglo XIX son frecuentes los pleitos entre los señores y los vasallos, e incluso con el propio Estado, por la reclamación de aquellos para que se les reconozca el solariego y territorial. Por lo general, cuando los señores logran situar en el espacio o término una tierra, bien delimitada como coto redondo, labradío, monte, etc., los tribunales le reconocen el dominio directo sin problema y con la simple declaración de los testigos. El problema surge cuando esas pretensiones se hacen, como en el caso que nos ocupa, sobre el término o territorio sobre el que se tiene la jurisdicción en tanto en cuanto buena parte de ese espacio, principalmente el labradío, es privativo de los vecinos y del concejo. Como se aprecia en algunos casos, las estrategias de los concejos en el siglo XIX ante el pretendido dominio solariego y territorial de los señores son diferentes, pues mientras unos se oponen frontalmente, otros declaran a su favor oponiéndose a las pretensiones de los fiscales del Estado. Esta posición parece lógica si tenemos en cuenta que vecinos y concejos en estos momentos prefieren que estos espacios vírgenes sigan bajo el dominio señorial, teniendo ellos el usufructo vía foral, a que pasen al Estado y vayan a parar a manos de la burguesía urbana. Al respecto ver RUBIO PÉREZ, L. M., «El dominio solariego y territorial en el marco de los señoríos nobiliarios leoneses. Rentas, derechos y conflicto judicial en los estados del conde de Miranda a finales del A. Régimen», en Estudios Humanísticos, 1 (2002), pp. 181-219. FLÓREZ, op. cit., p. 47, concluye: «es sólo una contribución, un pecho, un mal fuero que los vecinos del concejo de Riello pagaban antes a su señor el conde de Luna y que en pleno siglo XX se ven obligados a pagar a otro señor particular y que se llama foro, no porque a tal se parezca siquiera, sino por una corrupción del lenguaje: prestación feudal muy onerosa, o sea mal fuero, luego foro, pero siempre en el lenguaje popular la expresión clara y terminante que transciende al feudalismo: pan del cuarto que ha de pagarse en las paneras del conde». A pesar de que, como veremos, tanto los escritores de la época como los propios afectados por el foro sostienen desde el innegable origen feudal que está lleno de contradicciones al ser las tierras labradías privativas de los vecinos y no ajustarse a lo estipulado por cualquiera de las figuras vigentes de cesión de un dominio útil, los tribunales debieron de entender lo contrario, pues según los antecedentes sí existía la cosa gravada, todo el término o espacio independientemente de que una parte de él se hubiese repartido durante el proceso roturador entre los vecinos, de la misma forma que existía la persona que cedía el dominio útil conservando el directo, el conde; el acto de cesión y los receptores o foratarios, es decir, el conjunto de comunidades o concejos y vecinos que los integran y que forman la unidad jurisdiccional o administrativa denominada como concejo mayor de Riello. El foro o censo enfitéutico firmado por el concejo en escritura pública en 1611 encaja de lleno en la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo en 1896: «en el caso de que la constitución de un censo no se verifique por escritura pública, como exige la ley ... es ineficaz y no produce efecto legal la prueba encaminada a demostrar por otros medios su existencia». El propio Código Civil establece que «es enfitéutico el censo cuando una persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a percibir el enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de ese dominio». FLÓREZ, op. cit., p. 50. Tal inscripción se hizo en los siguientes términos: «foro o dominio directo sobre todo el territorio del antiguo concejo de Villamor de Riello que lo componen los siguientes pueblos ... con la obligación solidaria de pagar perpetuamente como canon o renta anual entre todos los nombrados pueblos cuatrocientas diez y seis fanegas de centeno ... para el día de San Miguel de Septiembre en las paneras que pone el dueño en Villamor de Riello, comprometiéndose en el repartimiento para la paga de las ciento cuatro cargas de centeno no sólo las heredades labrantías, sino todas las demás de montes, pastos y demás aprovechamientos, según su calidad y rendimiento. No consta gravamen alguno». Después de analizar la legitimidad de dicho registro de propiedad FLÓREZ, como jurista coetáneo, concluye (op. cit., p. 49): «y de las normas especiales contenidas en los artículos 39 y 40, es obvio manifestar que no observó ninguna, puesto que para inscribir los forales, repetimos el que nos ocupa no lo es, es necesario la presentación de
74
37
38
LAUREANO M. RUBIO PÉREZ
los títulos en que consten las fincas gravadas, los nombres de los pagadores y la renta que satisfaga cada uno, describiéndose las fincas. Es decir, no constan las fincas gravadas, los nombres de los pagadores, ni la renta que satisface cada uno, ni se notificó la inscripción, esto por temor al retracto, a los pagadores. En su desconocimiento se olvidó de la ley de 19 de Junio de 1849 e hizo constar la pensión en fanegas, lo que también le estaba prohibido. En su desaprensión le hubiese sido más cómodo al registrador convertir en inmuebles a los vecinos y describirlos por los cuatro puntos cardinales y luego gravarlos con la pensión». Dicho decreto a la hora de fijar las bases por las que se valoraba el foro, es decir la cantidad a pagar para su redención en función del valor real del capital aforado en su origen, mirando el interés de los señores foreros, introdujo una valoración en la que se tenía en cuenta el tipo de interés y el precio de los cereales, por lo que los dueños del foro de Riello valoraban su redención en 136.817 pesetas, cifra muy superior a la cantidad pagada por ellos en 1897. En las dos últimas consideraciones apuntan: «creen los exponentes que con lo expuesto queda demostrada la enormidad jurídica y económica que significa la subsistencia de tal gravamen, que no encaja en ninguno de los tipos regulados por nuestro derecho privado y que en cambio es típicamente una contribución no prevista por ninguna Ley y que en los libros del Registro de la Propiedad de Murias de Paredes aparecen mencionados con el carácter de cosas los vecinos del antiguo Concejo de Villamor de Riello. Gravámenes de carácter [continúan exponiendo] tan típicamente feudal existen muchos en esta provincia de León. Toda la ribera del Orbigo, que antiguamente pertenecía al señorío de los condes de Luna, continúa aún pagando el PAN DE CUARTO, como en la Edad Media. Y sobre los ríos, sobre algunos montes públicos, sobre algunos puentes y sobre algunos lugares de mercado, subsisten gravámenes de este tipo, lo que hace que la solución de este problema revista un carácter de interés general.» Este documento se conservó en el archivo del Ayuntamiento de Riello. Fue recogido por FLÓREZ textualmente en su obra, ya citada, Notas para el estudio de un foro leonés, pp. 57-61.
75
Entre el optimismo y la decepción: la evangelización de los moriscos de la diócesis de Orihuela Rafael Benítez Sánchez-Blanco Universidad de Valencia
La diócesis de Orihuela se crea en 1564, en el marco de la reestructuración de la geografía eclesiástica de España respaldada por Felipe II. Su separación de Cartagena y la adscripción de ésta a la provincia de la metrópoli toledana, ponía fin a un enfrentamiento de siglos y normalizaba las fronteras en el sur del Reino de Valencia1. Años después, en 1577, la separación de Segorbe de Albarracín, y su vinculación a la metrópoli valenciana, completaba la reforma y aproximaba las fronteras eclesiásticas a las políticas del Reino, aunque gran parte del norte pertenecía –y en cierta medida todavía hoy lo hace– a la diócesis de Tortosa y dependía de Tarragona2. En ambas ocasiones se utilizó como argumento la necesidad de atender mejor a la abundante población morisca de Orihuela o de Segorbe, dejada de la mano de sus pastores lejanos. Lo utilizaron los embajadores oriolanos ante Felipe II en 1563, al destacar que de los diez mil fuegos de los territorios valencianos de la diócesis de Cartagena, 3.760 eran de moriscos, más de la tercera parte. El año siguiente, al agradecer al Monarca su apoyo en la consecución del obispado, exponían entre otras razones las siguientes: «Siendo este districto y diócesi de Orihuela tan ageno de costumbres, leyes, fueros, habla y natión tan apartada de Castilla, es imposible ser bien regido ni governado por el obispo solo de Carthagena por muchas causas y razones, senyaladamente por la differencia que tengo dicha de la lengua, fueros, leyes y costumbres del Reyno de Castilla, ma-
75
76
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
yormente haviendo en esta diócesi de Orihuela más de tres mil casas de moriscos que, al día de oy, son tan moros como los dexó Mahoma, y esto por el descuydo que an tenido los obispos de Carthagena, y por la muchedumbre de los feligreses que ay en el Reyno de Murcia y en esta Governación de Orihuela, que solo ella basta para ser un buen obispado, y también por las differencias y enemistades antiguas que la ciudad y Reyno de Murcia a tenido con esta Governación de Orihuela»3.
Felipe II se hizo eco de estos argumentos en su recomendación al papa Pio IV de la necesidad de crear la nueva diócesis, y en carta al embajador Vargas escribió: «por estas y otras causas que se me han repetido y señaladamente por lo que toca al servicio de Dios e instrucción de los moriscos de aquellas partes y también por parecerme que siendo un reino de diversas leyes y lenguas estaría mejor aquello, que cae en el districto de Valencia, debaxo de un prelado propio»4. Y, como a través de un juego de espejos, la bula fundacional nos devuelve las mismas razones, y entre ellas: «quorum plerique a christianis novis ex mauris ad fidem Catholicam conversis originem ducunt»5. Aunque, sin duda, las motivaciones de índole política –ajustar la geografía eclesiástica a las fronteras de las coronas castellana y aragonesa– pesaban más, el argumento de la evangelización de los moriscos era importante en un momento en que Felipe II estaba impulsando con decisión el proceso6. *
*
*
Hay que reconocer que el primer obispo de Orihuela, Gregorio Gallo de Andrade, se tomó en serio el cuidado de su grey. Participó en las juntas de prelados que tuvieron lugar en Valencia desde 1565 a 1573; visitó los lugares de moriscos de su diócesis; celebró, en 1569, un sínodo diocesano en que, aunque muy por encima, se trató de la instrucción de los moriscos7. A través de la correspondencia de Felipe II podemos captar algunos rasgos de la visión que tenía sobre los moriscos de su diócesis. El 8 de febrero de 1568 el rey respondía a una carta del obispo de 20 de enero, que no conozco8. No obstante, la respuesta real permite reconstruir lo fundamental de su contenido. Por una parte, solicitaba el obispo que se aplicaran a sus moriscos las mismas gracias, tanto espirituales como temporales, que se concedieran a los del resto del Reino de Valencia. Pensaba, en especial, en la promulgación de edictos de gracia por la Inquisición, a pesar de que la diócesis de Orihuela continuaba, a efectos del Santo Oficio, dependiendo del tribunal de Murcia. No se había producido aquí la normalización de fronteras, a pesar de que temporalmente la Gobernación de Orihuela había pasado al distrito de Valencia9. Pero, al mismo tiempo, Gallo de Andrade
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
77
consideraba que no debía aplicarse a los moriscos de su diócesis un tratamiento especial; hay que entender: que no debía usarse de tanta condescendencia ante su comportamiento como se planteaba hacer con los demás, ya que están «más instruydos y que tienen menos disculpa de ignorancia que los de las otras partes». Así pues, para el primer obispo de Orihuela, la situación en la nueva diócesis era mejor que en otras partes del Reino; aunque la respuesta real es un tanto críptica, parece poder deducirse de ella que el obispo consideraba que la observancia pública del cristianismo era mayor, y que esto era debido a una mejor cobertura parroquial10. Otro de los rasgos positivos que señalaba era lo relativo al «ábito y lengua de las moriscas», es decir, su disposición para adoptar la vestimenta propia de las cristianas viejas y el romance, valenciano o castellano. Por último, era esperanzador ver «quán bien se aplican los niños hasta edad de diez años, porque esperamos en Dios que con esto entrará en ellos más fácilmente la instrucción». En definitiva, la primera impresión del obispo Gallo no podía ser más favorable y esperanzada. Uno de los objetivos de la creación del obispado parecía estar en vías de alcanzarse. El prelado estaba, además, impaciente por completar la visita a su diócesis, para lo que pedía que se enviara un inquisidor de Murcia que le acompañase para la reconciliación de los moriscos. A finales de mayo de 1568, una vez superado el grave incidente de Vall de Uxó, en que los moriscos se enfrentaron con el obispo de Tortosa alegando que no eran cristianos por haber sido bautizados por la fuerza, la Corte retoma la campaña de reconciliación mediante el edicto de gracia y de instrucción en las diócesis de Tortosa y Segorbe, y la inicia en la de Orihuela, dejando para más tarde su realización en la archidiócesis de Valencia, a la espera de la llegada del nuevo arzobispo D. Juan de Ribera11. La Suprema ordena, en consecuencia, al tribunal de Murcia que uno de los inquisidores acompañe al obispo Gregorio Gallo en la visita12; fue designado el licenciado Oviedo. El domingo 11 de julio comenzó la campaña de reconciliación e instrucción por el Arrabal de Elche, que junto con los lugares de Aspe y Crevillente integraban el marquesado de Elche y eran considerados por el Obispo como la cabeza de todos los moriscos de la diócesis. Pertenecía el marquesado al duque de Maqueda, cuyo gobernador, el Dr. Heredia, colaboraba positivamente con la visita. El 3 de agosto, el obispo remitía sus impresiones al Inquisidor General Diego de Espinosa13. Aunque de forma matizada, predomina en ellas el optimismo. Si bien reconoce que falta un pleno reconocimiento de la culpa en las confesiones que hacen, ya que niegan, falsamente, haber hecho las ceremonias con intención de guardar el Islam, el obispo les disculpa y justifica. Muchos son tan «bestiales» que imitaban lo que veían hacer a sus padres, sin pensar que con ello podían salvarse o condenarse. Ignoran, incluso, el Corán. Llega a valorar positivamente estas confesiones ante el inquisidor, aunque fueran «diminutas», al compararlas
78
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
con lo que era el comportamiento habitual ante los confesores, a los que negaban tener pecados. «En una cosa se muestra la maldad pasada destos y se cobra esperanza de que irá de veras, en que conocen y dicen que ahora an de decir al inquisidor al revés de lo que an dicho al confesor; que así como da pena el sacrilegio pasado, parece que da a entenderse mejor ánimo en lo presente y por venir».
Su opinión sobre lo que debe considerarse un alfaquí, y debía por ello ser duramente reprimido y excluido del edicto de gracia, se inscribe en la línea moderada, frente a la intransigencia inquisitorial. Únicamente quienes tienen por oficio enseñar el Islam y resolver dudas, y lo hacen fuera de la familia, o hubieran circuncidado a alguien deben ser tenidos por alfaquíes. Mientras que con quienes han dogmatizado «en solo lo doméstico me inclinaría más a la misericordia», defiende como forma de facilitar las confesiones y la reconciliación de muchos. El Islam que practicaban los moriscos de Elche se centraba en la oración o zalá, el ayuno del Ramadán y la matanza ritual de los animales que habían de consumir –degollar al alquibla–. Según el obispo, ni en el ritual funerario ni en los matrimonios «hay tantos abusos», aunque reconoce que se entierran en tierra virgen y que vienen a solicitar dispensas de grados prohibidos. Se declara reticente a otorgar estas licencias mientras no quede claro que aceptan ser fieles cristianos; emplea las dispensas como un estímulo para forzar las confesiones y la reconciliación, al parecer con éxito: «Se ha visto que las partes interesadas y los parientes cercanos confiesan de mejor gana con esta esperanza». Vuelve a insistir en que los niños hasta los diez años conocen la doctrina «como en Madrid se puede aprender», aunque también reconoce que los mayores la olvidan o se limitan a recitarla «como papagayos». Gregorio Gallo había acompañado al inquisidor Oviedo, predicado y anunciado el edicto de gracia. Y siguiendo sus consejos los moriscos acudían a confesarse, comenzando por las elites: «Si no hay engaño parece que me tienen amor y respeto», concluye. Su presencia animaba también la de los señores de moriscos, algo muy importante para el éxito de la campaña, ya que su oposición constituía un obstáculo grave. Recomienda que para estimular la buena disposición de los moriscos se les «alivie» de algunas de las imposiciones o azofras –prestaciones personales– a que estaban sometidos, «ya que el interés temporal es la mayor persuasión para esta miserable gente». Después del Arrabal de Elche pasaron a Crevillente y Aspe, donde permanecieron 50 días, confesando a más de 600 personas. El inquisidor se había tomado muy escrupulosamente el trabajo de confesar y reconciliar a los moriscos, en contraposición con la forma de actuar de algunos inquisidores de Valencia, como
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
79
Juan de Rojas, que en Segorbe aceptaba que se limitaran a confesar que habían sido moros y hecho las ceremonias. La intención de Oviedo, además de cumplir los requisitos legales que exigía la reconciliación con la Iglesia, era poder fichar a los alfaquíes para más tarde actuar sobre ellos14. Se comportaba, por tanto, como cabía esperar de un inquisidor en pleno ejercicio del oficio: «Trata los negocios como buen inquisidor y con la blandura que en estos principios el negocio a menester», en opinión del prelado15. Más adelante, a mediados de noviembre, el obispo informaba a Espinosa que el licenciado Oviedo procedía «con mucho tiento». Para entonces la visita podía darse por concluida, a falta de «unos lugaricos cercanos a Orihuela, que se harán presto»16. El efecto de la campaña de reconciliación en el obispado de Orihuela parece, visto a través de las opiniones de su primer prelado, harto positivo. Un término destaca en ellas, y es el de «esperanza». Se cree que los moriscos están predispuestos a abandonar los restos de un Islam que se juzga, tal vez de forma intencionada, como empobrecido. Aunque el mantenimiento de la zalá, del ayuno de Ramadán, de las formas de matar los animales, de las sepulturas en tierra virgen... pueden muy bien indicar lo contrario, y las justificaciones del buen prelado de que no hacen las ceremonias islámicas porque quieran salvarse en su fe sino por imitación de lo que han visto realizar a sus padres, sean poco creíbles. Se acomoda mejor al sentimiento religioso de la época, y al comportamiento habitual de los moriscos, pensar que, ante el despliegue del poder cristiano, encabezado por el obispo, respaldado por los señores o sus delegados y puesto en práctica por un concienzudo inquisidor, no tuvieron más remedio que acogerse al edicto de gracia y dar muestras de querer ser cristianos. Tal vez esta presión del inquisidor Oviedo sea la causante de la decidida actitud de las comunidades moriscas en favor de lograr un acuerdo con el Santo Oficio. *
*
*
En efecto, entre fin de 1568 y 1571, coincidiendo con los difíciles años de la Guerra de Granada, el Santo Oficio negocia un acuerdo que le permitiera salvar el escollo jurídico que la confiscación de los bienes de los moriscos condenados implicaba. En el caso de los sometidos a censo, porque los fueros reconocían el derecho de los señores a recuperar el dominio útil en caso de condena por herejía. Tratándose de bienes libres, porque un privilegio de Carlos V de 1534 permitía, bajo ciertas condiciones, que pasaran a los familiares. La negociación a dos bandas, por una con los señores respaldados por los estamentos valencianos y por otra con los síndicos de los moriscos, fue larga y compleja17. Finalmente el Santo Oficio optó por la oferta de los moriscos y firmó una concordia con ellos en 1571, por la cual, a cambio de una subvención anual de 2.500 libras, renunciaba a confiscar los bienes y a imponer multas superiores a las 10 libras.
80
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Uno de los asuntos que resultaron más conflictivos fue la demanda de las comunidades del obispado de Orihuela que, como hemos dicho, pertenecían al distrito inquisitorial de Murcia, de participar en el acuerdo y pasar a formar parte del de Valencia. Estaba presente ya en las primeras de sus peticiones a comienzos de 1569. «Los nuevos convertidos que están poblados dentro del Obispado y diócesi de Orihuela son deste Reyno de Valencia y an de contribuhir en todo lo que se ofreciere por los nuevos convertidos deste Reyno para subvensión de los gastos del Sancto Oficio de la Inquisición desta çiudad y Reyno de Valencia, del distrito de la cual en otro tiempo solían ser, suplican que [...] sean anexados en el districtu del Oficio de la Santa Inquisición [...] de Valencia, de manera que los inquisidores del dicho Sancto Oficio [...] de Valencia, y no otros, hayan de conocer y conozcan de oy más en su tiempo, caso y lugar de qualesquier crimenes, delictos y errores de los nuevos convertidos que están en la diócesi y Obispado de Orihuela»18.
Los inquisidores de Valencia apoyaron la solicitud, aunque inicialmente con prudencia: «Con lo que piden acerca de que se comprehenda en el asiento a los nuevos convertidos deste Reyno que son del districto de Murçia hazen gran fuerça para que se les conçeda. Aquí no se entiende que aya causas para que aquellos sean de peor condiçión que los deste districto»19. La Suprema no cedió a la petición, a pesar de la insistencia de los representantes moriscos y de la opinión favorable de los inquisidores valencianos, que explicaban a la Suprema: «Y en lo que aquí se dice de la Val de Elda ay más dificultad que en ningún capítulo destos y assí, para que V. S. I. lo entienda y lo pueda proveer, lo que pasa es que esta Val de Elda es del Obispado de Orihuela, estos son moriscos deste reyno y los que principalmente han tractado deste concierto. Han siempre pretendido gozar de la gracia que se haze a todo el Reyno y así se suplicó a V. S. que estos se pasasen al districtu de aquí, de Valencia, y aquí pagasen y gozasen de la gracia que al Reyno se concedía. V. S. no lo permitió y así escribió que no se podían sacar estos moriscos del districtu de Murcia».
El problema que planteaba la negativa a modificar la geografía inquisitorial era de índole económica, ya que en la oferta hecha por los moriscos se incluía la cuota que debían pagar los del obispado de Orihuela:
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
81
«Los dos mil y quatrocientos ducados que dan al Sancto Oficio los han ofrecido siempre estos y los demás del Reyno. Si no consistiese V. S. que salgan de aquel distrito se tendrá que hacer el concierto con los de este distrito y llegara a 2.000 ducados. Por los de la Val de Elda se han de quitar unos 400 ducados».
Explicado esto, proponían una solución que evitara la ruptura de las complejas negociaciones: «Dado que son del Reyno es justo que gozen del asiento bien incorporándoles al distrito de Valencia, bien pagando a la Inquisición de Murcia los 400 ducados o la prorrata que les corresponda y gozando allí de la gracia»20.
Es lo que propuso, en agosto de 1570, el conde de Benavente, virrey de Valencia, que llevó buena parte de las negociaciones, a los representantes moriscos en las que debían ser las últimas y definitivas conversaciones. Intentó forzarles a aceptar el pago de la prorrata a la Inquisición de Murcia, pero tanto los de Orihuela como los del resto del Reino se cerraron en banda. No le quedó al virrey más remedio, para evitar la ruptura, que exceder las tajantes instrucciones que había recibido; tuvo que aceptar, por tanto, que «pues todos son de un reino, sean juzgados en la Inquisición de aquí», de Valencia21. La cantidad fijada para la subvención fue de 2.400 libras (48.000 sueldos). La aceptación final del acuerdo tardó en llegar, después de meses en que estuvo la negociación al borde de acabar en fracaso. La Suprema se mantuvo firme en su postura: si los de Orihuela querían entrar en la concordia podían hacerlo, pero permaneciendo bajo la jurisdicción del tribunal de Murcia y pagando cien libras (2.000 sueldos) más de lo acordado en agosto de 1570, por lo que la subvención ascendió, finalmente, a 2.500 libras22. A pesar de ello, las comunidades moriscas de Orihuela firmaron todas la Concordia, sin que ninguna se echara atrás. Si no habían conseguido su objetivo máximo, al menos querían salvaguardar sus bienes de una Inquisición que les tenía bien fichados después de la visita de 1568. *
*
*
El obispo Gallo participó en las juntas que se celebraron en Valencia, presididas por el arzobispo Ribera, en 1573. En ellas la conclusión principal fue definir un nuevo modelo de actuación que se alejaba de la campaña extraordinaria de reconciliación e instrucción, como la que había tenido lugar en 1568, y abogaba por una acción parroquial constante sobre los moriscos. Para ello se hacía necesaria la revisión y reforma del mapa parroquial definido y, en buena parte,
82
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
instaurado por los comisarios apostólicos Antonio Calcena y Antonio Ramírez de Haro en los años treinta. El arzobispo Ribera llevó a cabo la tarea y presentó un proyecto de reforma de la archidiócesis valenciana que tardará años en llevarse plenamente a la práctica, pero los otros prelados, los de Tortosa, Orihuela y Segorbe, ni siquiera elaboraron el proyecto. Por el momento, tampoco Felipe II les presionó para que lo hicieran. Sí que lo hizo bastantes años después, en 1587. Para entonces la diócesis oriolense estaba vacante tras la muerte de Tomás Dassio en 1585, y aunque había un nuevo obispo designado, Cristóbal Robuster Senmanat, no había tomado todavía posesión. Correspondió, en el ínterin, al cabildo participar en las juntas realizadas por iniciativa del rey y responder a sus demandas. Manifestaba un gran optimismo sobre la realidad parroquial de la diócesis: «En la edificación de los templos habrá poco que hazer, porque todos los lugares de moriscos deste obispado los tienen buenos, si no es Albatera, y ya D. Esteban de Almeyda, obispo de Cartagena, señaló de su renta bastante cantidad». El dinero estaba en manos del señor del lugar, por lo que el cabildo pide al rey que le ordene construirla con brevedad. Y si las iglesias parroquiales les parecían suficientes, lo mismo pensaban de la atención a la cura de almas: «También ay en todos los lugares de moriscos deste obispado clérigos suficientes y hábiles que sirven bien el oficio de curas». Tal vez el optimismo era una forma de evitar tenerse que comprometer a fondo en un momento de interinidad. No quería el cabildo implicarse en los planes reformistas del arzobispo Ribera, respaldados por Felipe II. Decía que para la creación de nuevas parroquias, y para aumentar la dotación a las cien libras de renta que se había fijado como mínimo, había que aguardar la llegada del nuevo obispo, al que se esperaba pronto23, «porque, como en los más y mejores lugares de los moriscos desta diócesis los señores temporales se llevan todos los diezmos, podrá el Obispo» tratar esto mejor que el cabildo24. Nada se hizo por el momento, pero la última frase del cabildo arrojaba algunas sombras sobre el luminoso panorama que había dibujado pocas líneas antes. Habrá que esperar al nuevo intento promovido por el rey Católico en 1595 para que se lleve a efecto la revisión del mapa parroquial en las zonas moriscas y se pongan al día las dotaciones. Corresponderá al episcopado de José Esteve. Fue, una vez más, el arzobispo Ribera quien apuntó lo que debía hacerse en el trascendental asunto de la reforma parroquial. Escribía a Felipe II el 14 de abril de 1595 diciendo que debía mandar a los obispos de Tortosa, Orihuela y Segorbe que aumentaran la dotación de las rectorías, asignando cien libras a cada una, y que crearan nuevas parroquias, dividiendo los anexos que distaban mucho de sus matrices, dado que no lo habían hecho todavía. Recordaba un acuerdo de una junta anterior recomendando que se enviase desde Valencia un comisario, informado de cómo se había efectuado el proceso en el arzobispado, para que aplicase los mismos principios en las demás diócesis del Reino. En su
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
83
opinión el procedimiento más eficaz era elaborar primero el plan de reforma parroquial y luego pedir la confirmación de Roma25. El 27 de abril Felipe II daba el visto bueno a una consulta de la junta que estudiaba en Madrid el problema morisco para que: «se escriva a los dichos prelados [de Tortosa, Segorbe y Orihuela] que pongan en execución, dentro de dos meses, el acuerdo que se hizo cerca desto en el año de 1573, erigiendo y dotando las rectorías y dividiendo los annexos que estuvieren distantes, y que se cometa al licenciado Feliciano de Figueroa, que ha hecho la división del Arçobispado de Valencia».
Había, además, que pedir al «Patriarca [Ribera] imbie a V. Mag.d una copia de la resolución que se tomó el año de 1573 y un sumario de la forma que tuvo en las desmembraciones, erectiones y dotaciones de las rectorías, para que los otros prelados las hagan de la mesma manera»26. Pero hasta el 11 de noviembre no se dio curso a la orden solicitando a Ribera el envío del plan parroquial de 157327. Mientras tanto, el obispo José Esteve envió al rey un extenso memorial informando de la situación de los moriscos y proponiendo soluciones, todo ello cargado de erudición sacra28. Su visión del estado de la diócesis, que se recogerá en buena medida en la visita ad limina de 1601 de que hablaré más adelante, acentuaba los rasgos negativos29. La tierra era grande y los moriscos vivían en lugares muy poblados donde había pocos cristianos viejos (punto 29). Algunos no tenían iglesias, y las existentes habían sido mezquitas y debían derribarse para quitarles el recuerdo de «su secta» (pto. 17); no tenían curas «con habilidad y sufficiencia para el buen govierno y conversión desta gente» dado el bajo salario, de 50 libras, que recibían (pto. 29). Del comportamiento cristiano de los moriscos destacaba que eran pocos los que acudían a misa (pto. 36); no recibían las bendiciones nupciales (pto. 38) ni tampoco llamaban al cura ni se confesaban en el momento de la muerte (pto. 49). Aunque no precisa nada sobre los ritos funerarios practicados, parece que seguía habiendo cementerios moriscos (pto. 17). En definitiva, «solo se conoce en ellos una aversión a nuestra fee –a la que injurian y aborrecen, había dicho antes– y una obstinación y pertinacia en su secta», de la que tampoco sabían mucho, hasta el extremo de darse diferentes ceremonias y opiniones en diversas localidades (pto. 4). Lo que más destaca de este islamismo son aspectos exteriores, como el empleo de la lengua árabe, sobre todo por las mujeres (pto. 53) o de vestidos «a la morisca» que pasan de generación en generación (pto. 54). En cuanto a los carniceros reconoce que aunque «ya no matan claramente al ritto mahometano» todavía conservan resabios, como decir alguna oración en algarabía (pto. 55). Otros rasgos de religiosidad eran tener en sus casas «ciertos carácteres o pinturas … a la morisca» y
84
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
libros en arábigo (pto. 38). Gran parte de la culpa de la situación era de los señores; por una parte impedían la acción de los alguaciles, encargados de poner unas multas fijadas en las ordenanzas, que por lo bajas tampoco desanimaban a los infractores; por otra, porque al cobrar los diezmos no dejaban rentas a disposición del clero para mejorar la atención eclesiástica. Proponía diversas soluciones tendentes a aumentar la presión sobre la minoría, y exigía una mayor implicación de la Monarquía y los señores. Pero opinaba que la instrucción debía hacerse con «suavidad y blandura», con implicación de los prelados, ocasión que aprovechaba para criticar a sus antecesores, incluido Gallo de Andrade, cuya tarea con los moriscos silenciaba (pto. 26). En conclusión, en este momento Esteve era pesimista: no confiaba, por la experiencia histórica en todo el Mediterráneo de la que había hecho una erudita exposición, en la conversión de los musulmanes, por lo que «después de haverles assignado un competente término para que aprendan la dottrina y dexen sus falsos rittos» estaba persuadido de que no quedaría más remedio que deportarles hacia el interior de España e, incluso, esclavizarles (pto. 59). El 20 de diciembre de 1595, en una reunión de la junta de instrucción de los moriscos se estudió, finalmente, el plan parroquial de Ribera, y cuatro días más tarde fue aprobado por el rey el acuerdo de «que se ordene a los obispos de Tortosa, Segorve y Orihuela que, en cumplimiento del decreto del año de 1573, hagan luego la erectión y dotación de las rectorías de sus diócesis por medio del licenciado Feliciano de Figueroa, Capiscol de Valencia, al qual nombró V. M.d para este ministerio en la consulta de 27 de abril»30. Sin embargo, no se comunicó al interesado el encargo hasta el 16 de febrero del año siguiente31: se le recordaba su participación en la reforma parrroquial del arzobispado de Valencia y se le comisionaba para que, siguiendo las mismas pautas, la llevara a cabo en las restantes diócesis. Aunque con alguna duda, el rey se inclinaba por seguir el procedimiento apuntado por Ribera y posponer el recurso a Roma hasta que el proyecto estuviera elaborado: «Y si será menester alguna commisión del Nuncio de Su S.d o otra lo avisaréis, aunque creo se podrá escusar pues solo havéis de formar el libro de las erectiones y dotaciones y antes de executarse le ha de confirmar la Sede Apostólica». Como veremos, la decisión de no solicitar el nombramiento de comisario apostólico para Figueroa provocó problemas y retrasos. Figueroa aceptó el encargo y solicitó del rey poderes para poder acceder a la información tanto de los diezmos y primicias, como de las tierras y rentas de las antiguas mezquitas, sobre cuya base debía establecerse la dotación de las cien libras anuales. Felipe II, el 6 de abril de 1596, le insta a que comience de inmediato y, aunque le deja libertad teórica para comenzar por donde le parezca mejor, fija un itinerario que será seguido por el comisario: comenzará por Orihuela, pasará luego a Tortosa y acabará en Segorbe, para hacerse allí cargo de otra
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
85
comisión, la relativa a la nueva campaña de instrucción y reconciliación que se preparaba, y en la que el Monarca tenía una gran esperanza32. Varios aspectos conviene destacar de esta correspondencia entre Felipe II y el comisario. La preocupación lógica de éste por tener suficiente respaldo en su tarea, en especial en el acceso a la información. Propone, incluso, que se le otorgue, además de poderes para ver los libros, autorización para convocar testigos e interrogarles sobre el valor de los diezmos. Son prevenciones para facilitar la posterior aprobación pontificia y evitar las previsibles reclamaciones de los que se vieran afectados en sus rentas. En este punto, el rey le recuerda que no deben tocarse los diezmos en poder de los señores: «Estad advertido de no tratar de tercios diezmos seculares». Era una medida de prudencia que Ribera había adoptado en la archidiócesis, salvo en caso de extrema necesidad, pero que será imposible mantener en Orihuela, porque, como el cabildo había señalado, los señores llevaban la totalidad de los diezmos en los principales lugares de moriscos. En relación con el problema del reajuste de las rentas, el rey también se muestra diplomático ante la petición de Figueroa de que se presione a los obispos para que acepten su proyecto de reforma. Los de Segorbe y Tortosa ya han comunicado que aceptan el modelo de 1573, que hacía recaer sobre ellos la carga principal, de manera que no es prudente insistirles más: «Pues el obispo de Tortosa y el de Segorbe han offrescido con tanta voluntad que pasarán por el decreto del año 1573 en quanto a la erectión y dotación de las rectorías, hazer más diligencia con ellos sería darles ocasión de dudar en que están llanos, y por esso no se les escrive». Lo significativo de la frase es la ausencia de referencia al de Orihuela. Su postura no parecía tan clara. El 14 de marzo, el virrey de Valencia, marqués de Denia –y futuro duque de Lerma–, había escrito que el obispo de Orihuela, José Esteve, ponía excusas para no contribuir en la dotación de las parroquias. Alegaba que tenía pocas rentas y muchas cargas impuestas sobre ellas; a cambio, se ofrecía a buscar otros medios para lograr la dotación33. La junta rechazó su petición para evitar pudieran contagiarse los otros obispos, y recomendó que Figueroa comenzase de inmediato; únicamente, si sobre el terreno veía que el obispo tenía razón, debería consultar al rey. En definitiva, Felipe II contestó al virrey de Valencia: «Será bien que le desengañéis que no se le dará lugar que trate dello»34. Por eso, y volviendo a las instrucciones a Feliciano de Figueroa, añadía el Monarca: «Del de Orihuela se ha de esperar lo mismo». Otro aspecto tratado en las instrucciones era el de la reforma del mapa parroquial. Se daban órdenes a los prelados para que nombraran delegados que acompañaran a Figueroa a los pueblos moriscos «para determinar con vista de ojos los que convendrá dismenbrar de las Iglesias matrices e eregir en ellos parrochiales segund la distancia de los lugares y el número de los vezinos»35. «Con vista de ojos»; es decir, la reforma de Figueroa se va a realizar desde el terreno, pateando los lugares e investigando las rentas, lo que da mayor fiabili-
86
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
dad a sus informaciones y a su trabajo. También llevaba encargo de comprobar el estado material de las iglesias y, en caso que fuera necesario, de dejar ordenada la reparación o construcción de una nueva, señalando los «sitios», la «traça» y los plazos para hacerlo. Es decir, debía dejar bien determinado cómo tenían que quedar las nuevas iglesias que considerase necesarias. En cuanto al coste, se le autorizaba para obligar a las comunidades moriscas a asumirlo: «No tiene duda que las aljamas están obligadas a edificar las iglesias y assí se les ha de mandar». Lo mismo afectaba a las casas de los curas. Por un testimonio de 1605, sabemos que Figueroa estaba en Orihuela el 25 de abril de 1596 y que, después de entrevistarse con el obispo Esteve, exigió del cabildo ver los libros de la colecta de los diezmos y de la forma del reparto. Pidió también que se nombrara a una persona para que le acompañara en su misión. Fue designado el vicario Juan Bautista Forner. Por las fechas de diversas actas notariales que se fueron firmando durante ésta, conocemos algunos hitos de su recorrido. El 30 de mayo examinó los libros del diezmo en la catedral de Orihuela. Se encontraba en la cercana población de La Granja el 8 de mayo; el 10 en Crevillente; dos días más tarde en el Arrabal de Elche, y otros dos después en Aspe. Por fin, en el último lugar visitado, Petrer, estaba el 18 de mayo36. Su actuación fue, por tanto, muy rápida. Analicemos en qué consistió el plan de Figueroa37, pero antes conviene esbozar la geografía morisca de Orihuela. *
*
*
La nueva diócesis se configuró sobre los territorios de la antigua de Cartagena que pertenecían al Reino de Valencia. Estos coincidían con la demarcación de la Gobernación de Orihuela, una de las dos, de muy desigual tamaño, en que se dividía el Reino. Además, se incluían también las poblaciones de Ayora38, limítrofe con Almansa, y de Caudete, un enclave valenciano en Castilla, ambas habitadas por cristianos viejos y que no vamos a considerar aquí. La antigua gobernación de Orihuela, que cubría unos 2.785 Kms2 39, se extendía al sur de Jijona y hasta los confines con Castilla40, al pie de las montañas prebéticas de la zona de Alcoy. Podemos distinguir en ella cuatro comarcas naturales. En el interior, el valle medio del Vinalopó que, desde Elda y Petrer al norte hasta Aspe y Monforte al sur, separa las sierras prebéticas de las subbéticas, y siguiendo el curso del río es una vía de comunicación con la meseta. En la llanura litoral se suceden, de norte a sur, el Campo de Alicante, el de Elche y la Vega Baja del Segura dominada por la ciudad de Orihuela, capital de la gobernación y sede del obispado. Los sedimentos acumulados por los ríos Montnegre, Vinalopó y Segura han dado origen a las ricas huertas de Alicante, Elche y Orihuela. A lo largo de la costa arenosa se suceden albuferas, salinas y marjales. Sin embargo, a la hora de establecer demarcaciones históricas introduciré sobre
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
87
este esquema pequeñas correcciones para tener en cuenta los marcos jurisdiccionales. Por ello, incluyo en el Campo de Alicante a Monforte del Cid, realengo perteneciente a la jurisdicción de Alicante y que, eclesiásticamente, era un anexo de Agost. Por su parte, Aspe41 pertenecía al marquesado de Elche, en el que se considera a efectos del estudio. Analicemos los datos de población disponibles para el periodo estudiado (véase para lo que sigue los datos resumidos en el cuadro I). Las fuentes utilizadas han sido el recuento de casas efectuado con ocasión del desarme de 1563 (se cita como Desarme)42; el censo de Jerónimo Muñoz43; las informaciones demográficas aportadas por Feliciano de Figueroa en su plan parroquial; las contenidas en la visita ad limina del obispo José Esteve en 160144; el censo utilizado en 1602 para el reparto del servicio morisco ofrecido a Felipe III45; el del marqués de Caracena de 160946; y la crónica de Gaspar Escolano47. El Campo de Alicante (553 Kms2) estaba habitado en exclusiva por cristianos viejos. La ciudad y su huerta (Muchamiel y San Juan con Benimagrell)48 tenían hacia finales de los años sesenta poco menos de 1.500 casas, y a principio del siglo XVII estaban cerca de las 2.000, de las cuales unas 1.200 correspondían a la ciudad, entre 400 y 500 a Muchamiel, y el resto a San Juan y Benimagrell. De las otras tres poblaciones –Busot49, Agost y Monforte– las dos primeras era pequeñas, en torno a 40 casas en el censo de Muñoz, y el doble hacia 1610; sólo la última superaba las 150 en Muñoz y alcanzaba las 230 a principios del s. XVII. Por el contrario, el marquesado de Elche (629 Kms2), constituido por Elche, Crevillente y Aspe, tenía una numerosa población morisca. De hecho, salvo la capital, el resto, incluyendo el importante Arrabal de Elche, estaba habitado casi en exclusiva por moriscos. Sólo en Aspe existía una minoría de cristianos viejos50. Eran poblaciones grandes. Elche, que rozaba las mil casas en el censo de Muñoz, alcanzaba las 1.350 en el de Caracena, unos cuarenta años más tarde; de ellas se atribuían a los moriscos del arrabal 274 en el primero y 400 en el segundo. Crevillente pasó, en semejante lapso de tiempo, de poco más de 200 a 400 casas. Y Aspe de unas 330 a cerca de 600, de las cuales en 1596 un 85% eran de moriscos51, según las informaciones de Feliciano de Figueroa, el único que las desglosa. Era entonces señor D. Bernardino de Cárdenas, III duque de Maqueda y II marqués de Elche, que fallecerá en 1601 como virrey de Sicilia, pasando el título a su hijo don Jorge. Esta distribución se acentúa en el valle medio del Vinalopó (641 Kms2) en el que había cuatro poblaciones importantes, mixtas en diverso grado, y una pequeña y marginal, Salinas, habitada por cristianos viejos52. De las primeras, Petrer era la más pequeña, poco menos de 100 casas en el censo de Muñoz; según Figueroa tenía 240 de moriscos y una presencia casi simbólica, 7 casas, de cris-
88
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
tianos viejos. Censos de principios del s. XVII dan, sin embargo, cantidades menores, en torno a 20053. Le seguía en tamaño Monóvar, con 250 casas de moriscos y 30 de cristianos viejos, según Figueroa54. Elda y Novelda, aproximadamente iguales en tamaño, se situaban algo por encima, entre las 285 y las 265 respectivamente de Muñoz, y las 400 y 500 de Figueroa, que da un porcentaje de población morisca del 80% en ambos casos55. Un ámbito, pues de pleno dominio morisco asentado en poblaciones grandes. Y además sometido a señorío. En efecto, estas poblaciones del valle del Vinalopó habían pertenecido en la segunda mitad del siglo XV a dos familias: los Maza de Lizana, señores que eran de Novelda a mediados del siglo XV, completaron algo después su dominio adquiriendo Monóvar; por su parte, los Corella, condes de Cocentaina, eran señores de Aspe, Elda, Petrer y Salinas. Los primeros consiguieron mantener su señorío, aunque dividido entre dos ramas a partir de los años setenta del siglo XVI, como consecuencia de los complejos pleitos sucesorios que sucedieron a la muerte de D. Juan Maza de Lizana sin sucesión. Así, Monóvar pertenecía a Margarita de Portugal y Borja, esposa de Rodrigo Gómez de Silva, II duque de Pastrana, muerto el año 1596. Sobre Novelda la información es más confusa, debido también a los cambios de nombres de algunos de los titulares. Si en el momento de la reforma parroquial el señor era el marqués de Terranova, las informaciones de los años 1609 a 1614 dan por señores a D. Francisco Rocamora y doña Isabel Maza, que lo eran también de La Granja56. Entre ambos la poseyó D. Pedro Maza, según un documento de 160557. Por su parte los Corella vendieron sus señoríos de la zona: Aspe a los Cárdenas; Elda, Petrer y Salinas a los Coloma, a quienes Felipe II concedió el título de condes en 1577. De esta manera, en el momento en que Feliciano de Figueroa realiza la reforma parroquial, era el señor D. Antonio Coloma, II conde de Elda, que ocupó los cargos de virrey de Cerdeña, general de las galeras de Portugal en el momento de la expulsión de los moriscos, y luego de las de Sicilia. Por último, la Vega Baja del Segura, jurisdicción de la ciudad de Orihuela (962 Kms2). También aquí, como sucedía con Alicante o Elche, el peso de la ciudad era dominante: unas 1.700 casas según Muñoz; 3.000 según los cómputos eclesiásticos de final de siglo58; y algo más de 2.500 para Caracena y Escolano, cifra que, precisan estos últimos, incluye a Catral. De la capital hasta el mar se sucedían una serie de poblaciones habitadas por cristianos viejos, que hacia 1610 tenían el siguiente número de casas: Callosa de Segura, más de 500 casas; Catral era una aldea de Orihuela; Almoradí, en torno a 300; La Daya, 60; Guardamar y Rojales, 20059. Al norte de Orihuela se situaban los lugares de moriscos: Redován, cuyo carácter mixto únicamente señala Figueroa en su arreglo parroquial (34 moriscos y 32 cristianos viejos) y cuyas cifras bailan bastante de un censo a otro60; Cox podía tener entre 50 y 70 casas en los años sesenta y unos 170 a fines de siglo61. La Granja, pequeño lugar en los sesenta (Muñoz le atribuye sólo 16 casas), tenía 70 en 1596 en que lo visitó Feliciano de Figueroa, y alcanzaba las
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
89
95 hacia 1610. Finalmente, Albatera era el más grande, aproximadamente del tamaño de Petrer, es decir unas 115 casas en los años sesenta, 240 en 1596 (de ellas 7 de cristianos viejos), 320 hacia 1610. En definitiva, una comarca en que los moriscos estaban en minoría, incluso sin contar con la ciudad de Orihuela, y donde estratégicamente habían sido alejados de la costa. Eran pequeños señoríos con jurisdicción alfonsina, bajo la jurisdicción plena de la ciudad de Orihuela62: Redován pertenecía a D. Juan Vich; Albatera a D. Ramón de Rocafull; Cox a D. Juan Ruiz; y La Granja a D. Juan de Rocamora. Resulta difícil saber cuál era, globalmente, el porcentaje de población morisca, y con ello poder valorar uno de los argumentos utilizados por los partidarios de la segregación. Se manejaron entonces algunas informaciones, muy incompletas la mayoría. Y las cifras de la única que cubre la totalidad de las poblaciones son generalmente muy elevadas en comparación con la serie establecida por los censos que manejamos, por lo que he preferido no utilizarlas63. En torno a la creación de la diócesis tenemos los datos del desarme de los moriscos publicados por Henri Lapeyre y el censo de Muñoz. El primero, que sólo incluye a la minoría, da una cifra de 1.526 casas en la gobernación, pero falta Petrer, que podría estimarse, según el dato de Muñoz, en algo menos de cien casas. El cómputo de este último da 6.126: en él faltan los datos de Catral, Callosa y Almoradí, y no resulta posible distinguir ambas comunidades ni en Aspe ni en Novelda. El de Feliciano de Figueroa es completo para las casas de moriscos, que suman 2.985. Según la visita ad limina de 1601, cuyas cifras parecen hinchadas, en especial en lo referido a las tres poblaciones mayores (Orihuela, Alicante y Elche), habría 11.160 casas, la cantidad más alta de todos los censos utilizados. Además, no permite tampoco separar moriscos y cristianos viejos en las poblaciones mixtas. El recuento para el servicio económico de 1602, sólo de moriscos, da 2.705. Los totales de Caracena y Escolano son 10.446 y 10.015 respectivamente, pero sus cifras tienden a ser bastante más elevadas que las de censos próximos, y no permiten tampoco el desglose. Estos son los datos. Intentemos una ponderación global. A fines del siglo XVI y principios del XVII los recuentos utilizables, y tal vez más fiables, dan entre 2.700 y 3.000 casas de moriscos, mientras que los que nos facilitan la población total la sitúan entre 10.000 y 11.200 aproximadamente. Es decir, entre un mínimo de un 24% y un máximo de un 30%, siendo esta última cantidad más posible por compensar la tendencia a hinchar las cifras que puede sospecharse en los censos que dan la población total, y la contraria que se detecta en el destinado al servicio económico de 1602. Más arriesgado resulta el cálculo en el momento de la creación de la diócesis. Completemos los datos del desarme asignando a Peter 100 casas, y los de Muñoz atribuyendo a Catral 100; a Callosa 300; y a Almoradí 150. El resultado de comparar las casas registradas con ocasión del desarme de 1563 y el total del censo de Muñoz nos da un 24%. Como se
90
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
ve, la información demográfica manejada por los representantes de Orihuela en la Corte de Felipe II para presionar a favor de la segregación de Orihuela aparece como hinchada, comparada con estos datos, tanto en la cantidad de moriscos –aquellas 3.760 casas– como en el total de diez mil casas. No obstante estos cálculos, en los que tampoco se puede poner excesiva confianza, lo que sí queda claro es que en la Diócesis de Orihuela la población morisca constituía una minoría importante, entre una cuarta parte y un 30% del total. Población que se concentraba, además, en el triángulo delimitado por Orihuela, Elche y Petrer, en el que, sobrepasados los muros de las dos primeras localidades, los cristianos viejos estaban en franca minoría: en su interior no encontramos ninguna población exclusivamente habitada por cristianos viejos y los que lo hacían en lugares mixtos eran, según Figueroa, 328 casas frente a casi tres mil de moriscos. Ahora bien, la presencia de abundantes lugares mixtos, con un porcentaje significativo de cristianos viejos en bastantes de ellos, así como el peso demográfico de Orihuela y Elche, y a un nivel menor el de Callosa y Monforte, en los límites del área morisca, hacían que ésta no estuviera especialmente aislada y pudiera vigilarse desde los observatorios cristiano-viejos. *
*
*
La reforma parroquial en la diócesis de Orihuela fue aparentemente sencilla. Facilitaba la tarea de reforma que la población viviera en lugares grandes, bastantes de ellos mixtos. Que diez de ellos –todos menos La Granja– tuvieran erigida una parroquial desde la conversión de los mudéjares, contaran con uno o varios presbíteros que atendían la cura de almas, y que todos menos Albatera, además de La Granja, tuvieran iglesia. Realmente existía una estructura eclesial permanente para el cuidado pastoral de los moriscos. El problema, que José Esteve expuso en su memorial a Felipe II en 1595, y recogió después en su visita ad limina de 1601, era que aunque había pastores estos eran mercenarios que cobraban muy poco, unas 50 libras, que completaban con las limosnas de las misas que el obispo les asignaba de las encargadas en la catedral y otras partes, para que no abandonaran. Estaban, además, a la merced de que el señor temporal les pusiera o depusiera. La raíz del problema era que en los lugares principales –Elda, Novelda, Petrer, Monóvar, Aspe y Crevillente– todos los diezmos y primicias los cobraba el señor a cambio de una pequeña cantidad, debido a viejos acuerdos establecidos con el obispo de Cartagena. La reforma de Figueroa da noticia de dos concordias del obispo y cabildo de Cartagena, una con D. Juan Ruiz de Corella, conde de Cocentaina, por la que se comprometía a mantener los presbíteros encargados de la cura de almas en Aspe, Elda y Petrer64; otra con D. Pedro Maza de Lizana relativa a Novelda y Monóvar65. El cronista Escolano nos explica el origen de la primera: Alfonso V el Magnánimo habría concedido, en 1449, al conde de Cocentaina los diezmos y primicias de Aspe, Elda, Petrer y
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
91
Salinas por su apoyo en la conquista de Nápoles. Después, el papa Nicolás V aprobó la donación, condicionada a que construyese dos iglesias, se entiende una en Aspe y otra en Elda, y las dotase, y pagase 70 libras anuales al obispo y cabildo de Cartagena66. Sin embargo, primero los obispos de Cartagena y luego los de Orihuela mantuvieron un duro pleito (lis gravissima) ante la Rota Romana para recuperarlos, y cuando ya parecía ganado y se había dado orden de secuestro contra los bienes de los señores, intervino Felipe II y mandó al obispo de Orihuela suspender la causa67. No cabe duda de que los señores de la zona tenían peso en la Corte del Prudente. Ante esta situación, bastante mejor de la que encontrará en las diócesis de Tortosa y Segorbe68, Figueroa no tuvo muchas dificultades en lo que respecta a la geografía parroquial. Únicamente tuvo que desmembrar la parroquial de Cox convirtiendo a su anexo, La Granja, en nueva parroquia69. El resto del mapa permaneció invariado. Y salvo la creación de este nuevo curato, y la rotativa atención de los tres beneficiados de Santa Justa de Orihuela al oratorio de San Pablo, al que debían acudir los moriscos de las 40 casas de la ciudad, tampoco alteró el número de eclesiásticos que se ocupaban de los moriscos. Había, no obstante, que cambiar su estatus y poner al frente de cada parroquia «unus Rector sive Parochus perpetuus & proprius» que residiera junto a sus feligreses, en sustitución del presbítero mercenario. Y para cada lugar Figueroa repetía una amplia paráfrasis de la parábola del Buen Pastor (Jn. 10: 11-13) que justificaba el cambio70. Para su elección y nombramiento habría que aplicar la normativa tridentina, es decir, examinar a los candidatos y dar el cargo al más hábil71. Sólo en las localidades mayores, como eran Aspe, Novelda y Elda, donde con anterioridad se contaba con dos presbíteros, mantendrá Figueroa la presencia de un vicario junto al rector para ayudarle a impartir los sacramentos. En cuanto a la dotación material, en ninguna parroquia se podía dar por bueno lo existente, a pasar de las opiniones que hemos visto manifestar al Cabildo y a los prelados. Había diversos niveles: en Redován, Crevillente, Monóvar y Petrer solamente era necesario construir la casa del rector, cerca de la iglesia, y, en la última citada, una sacristía. Otras poblaciones tienen iglesia, pero por tratarse de antiguas mezquitas consagradas, y quedar demasiado evidente su antigua dedicación, se ordena que sean sustituidas por otras de nueva planta y se derruyan después las antiguas mezquitas72. Esto sucede en el Arrabal de Elche, Aspe, Novelda y Elda. Por último, en Albatera, Cox y La Granja hay que construir tanto la iglesia como la casa del cura. Mientras que en Cox se trata de una ampliación, en Albatera, a pesar de ser una parroquia antigua, ya el cabildo había recordado la necesidad de construir una iglesia. El gasto de las obras debía recaer sobre los ayuntamientos (conocidos como universidades en Valencia, o aljamas por tratarse de moriscos).
92
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Mayor problema suponía el incremento de la dotación de los curas hasta la cantidad de cien libras anuales, y la de los tres vicarios, así como la de la nueva parroquia de La Granja, dado que los señores de las localidades principales cobraban todos los diezmos y primicias, y que las rentas del obispo de Orihuela eran bastante bajas. Los «presbíteros mercenarios» que ejercían de curas tenían de congrua, según el informe de Figueroa, entre 27,5 libras el que menos (en Redován) y 112,27 el que atendía a las localidades de Cox y La Granja. La mayoría estaba entre las 45 y las 60 libras; cantidad que era superada por el de Albatera (88,83 libras) y los dos presbíteros de Elda, que se repartían 180. No la alcanzaba, en cambio, el encargado del Arrabal de Elche, con 31 libras (véanse los cuadros II a IV). Es decir, si bien se superaba con amplitud, en ocho de las diez parroquias existentes, las 30 libras que los comisarios apostólicos fijaron como congrua en los años treinta, se estaba en la mayoría lejos del nivel de las cien aprobado en 1573. Había pues que buscar dinero. Allí donde el obispo, el cabildo y otros eclesiásticos llevaban rentas decimales, fueron estos los principales obligados a contribuir para completar la antigua dotación, que provenía fundamentalmente de las primicias, o de pagos compensatorios por no abonarlas o hacerlo en cantidades mínimas. Ahora tendrá que echarse mano de la renta decimal para completar la congrua (cuadro II). Es lo que sucede en las localidades de la Vega Baja y en el Arrabal de Elche. Los porcentajes de la renta que aportan varían mucho de una parroquia a otra: así, mientras que en Albatera bastará con un 4,4% y en Cox con un 9,5%, en Redován tendrán que poner más de la mitad de lo que cobran, y esto después de que Figueroa lograra que la aljama, sua sponte, ofreciera 25 libras73. Un caso especial lo constituyó la dotación de la nueva parroquia de La Granja (cuadro III), donde la aportación principal provino del señor, D. Juan de Rocamora, a cambio del derecho de patronato y presentación; consistió en 51 libras –más de la mitad, por tanto– consignadas sobre los derechos señoriales y en especial sobre la renta de la almazara de la localidad, que se estimaba valía anualmente 90 libras74. El pequeño resto que faltaba se obligó a pagarlo a los beneficiados de las dos parroquias de Orihuela, exentos de residencia y que tenían importantes ingresos75. En el amplio y poblado territorio en que los señores cobraban todos los diezmos, a Feliciano de Figueroa (cuadro IV) no le quedó más recurso que fijarles mayores cuotas, salvo en Elda donde mantuvo la existente, con lo que su aportación total oscilaba entre cerca de un 5% (en Monóvar) y un 12,5% (en Crevillente). Junto con ellos también aportaron las aljamas (Crevillente, Aspe y Petrer), incluso en las localidades en que ya lo hacían. Pero hubo, además, que echar mano en Novelda, Monóvar y Petrer de las rentas de las antiguas mezquitas que estaban consignadas a las fábricas de las iglesias76, e incluso destinar a la nueva dotación la renta de un beneficio que el conde de Elda había creado. Hay que tener en cuenta que en Aspe, Novelda y Elda además del párroco debía dotarse
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
93
renta para un vicario que le ayudara «qui ad administranda Sacramenta tantae plebis necessarius est»; variaba ésta entre las 40 y 50 que debían pagarle las aljamas en las dos primeras poblaciones, y las 75 provenientes del beneficio de Elda. Con esto, y los emolumentos del pie de altar en su caso, se daba por cubierta la dotación sin que aquí ni el obispo ni el cabildo hubieran tenido que aportar nada. *
*
*
El primero de junio de 1596, Feliciano de Figueroa daba cuenta al rey de haber llevado a efecto la reforma parroquial en Orihuela, con la ayuda del canónigo Forner. Añadía una nueva noticia: la petición de D. Ramón de Rocafull, señor de Albatera, del derecho de presentación a cambio del pago de cien libras anuales. Figueroa informaba la petición favorablemente ya que por ser el lugar grande convenía que además del cura hubiera un vicario; con las 100 libras del señor y las 80 de las primicias podrían mantenerse ambos, y –aunque no lo dice– podría eximirse del pago al obispo y otros partícipes del diezmo. No será la única oferta en este sentido, como veremos. Además, Figueroa envíaba el libro que recogía lo hecho para que se remitiera al obispo Esteve y «ponga en él su decreto como lo hizo el Patriarca [Ribera] en el del Arçobispado, y que con esto se envíe a Su S.d para que le appruebe y confirme». El proceso será bastante más complicado que esto, pero de momento la Corte agradecía a Figueroa la brevedad con que había actuado, y al obispo el apoyo otorgado, al tiempo que le pedía la aprobación del proyecto para darle trámite hacia Roma. En relación a lo solicitado por Rocafull sobre el patronato de Albatera, se mostró partidaria de aceptar su oferta77. Cuatro meses más tarde Esteve enviaba a Felipe II su aceptación de la reforma parroquial, y a mediados de enero de 1597 la relación de los curas y vicarios elegidos; el rey le contestaba: «No pongo duda de que son las que más convienen y las apruebo»78. Pero no todo transcurría con tranquilidad. La presencia de Feliciano de Figueroa había alterado a los moriscos de Aspe, según informes llegados al Obispo y que él remitió a la Corte el 27 de mayo de 1596. Se reunían habitualmente «en casa de Juan Alfafar y Fajardo Mohazín, que son de los más ricos, y que uno destos y otro dixeron: tanto nos harán que nos hagan saltar». Como solía ser habitual en estos casos, estaban animados por diversas profecías de tipo milenarista: «Dizen que de sus passados saben que se han de perder, y que entienden que deve de ser este el tiempo en que ha de succeder». Los dos testigos denunciantes temen que vayan a sublevarse, ya que se cartean –los de Aspe y los de Crevillente– con Argel, y tienen rutas para subir a la sierra y de allí bajar a la marina a embarcarse. La Junta minimiza el temor y se limita a aconsejar que se avise al virrey, marqués de Denia, para que vigile discretamente el
94
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
comportamiento de los moriscos. Felipe II parece más preocupado, y ordena que el virrey consulte con el obispo «para que con secreto y recato procure de saber lo que en aquello ay y con qué fundamento, y de la calidad del lugar, sierra y vezinos que ay, y si es cosa que pueda dar cuidado, encargándole que esté muy sobrel aviso para entender las pláticas que andan entre los moriscos de allí, y de todo el Reyno»79. Al parecer los de Crevillente cometieron, meses más tarde, un atentado sacrílego contra unas cruces, lo que provocó el consiguiente malestar del obispo y del rey, que remitió el asunto a los inquisidores. Para completar las tensiones generadas en el marquesado de Elche, los oficiales del duque de Maqueda ponían dificultades para pagar la dotación de los curas de las poblaciones del marquesado. Ante ello, y vista la oferta del duque de dotar cada rectoría con 100 ducados, o más, a cambio del patronato y derecho de presentación, Felipe II da el visto bueno a la petición; eso sí, después de solicitar las habituales y completas informaciones: «Me aviséis de cómo estaban antes estas rectorías y qué renta tenían y quién la pagaba y si conviene dar el patronazgo y presentación al Duque, y habiéndose de hacer, en qué forma respecto de quedar las rectorías collativas o con vicarios adnutum amovibles, y si es congrua dotación la de los cien ducados o cuánto más lo sería; y hasta no tener noticia mía no innovaréis nada en esto»80.
Las respuestas llegaron a mediados de diciembre y fueron favorables a la demanda del duque, cuya petición de presentación se aceptaba con la condición de que «los rectores los haya de aprovar el ordinario». A cambio el señor tendría que aumentar su aportación económica, y garantizarla sobre los diezmos; gracias a ello los rectores de Crevillente y del Arrabal de Elche podrían contar con un vicario que les ayudase, como ya tenía el de Aspe. Al tiempo, en el Arrabal, quedarían exentos de pagar el obispo, cabildo y demás eclesiásticos partícipes del diezmo. En definitiva, la dotación correría a cargo del marqués y de las aljamas (véase el cuadro V). La Corte aprobó la propuesta y se remitió la petición a Roma, sin que al parecer fuera aceptada81. Otras dificultades fueron surgiendo. Unas relativas a la dotación de los curas; así, el obispo denuncia que el conde de Elda no quería pagar el beneficio que se había asignado al vicario. Otras sobre las iglesias; a pesar de lo ordenado por Figueroa sobre la urgencia de mejorar los lugares de culto y la vivienda de los párrocos, se constata que: «en el lugar de Aspe, del duque de Maqueda, y en el lugar de La Granja no hay Iglesias y que la de Petrel, del conde de Elda, se cae y que en la de la villa de Elda no caben los feligreses, y que en los más de los lugares no tienen casas en que vivan los curas y vicarios»82.
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
95
Malestar de los moriscos, lentitud en la reparación y construcción de iglesias, dificultades en algunas localidades para el cobro de las dotaciones y para encontrar buenos curas, e incluso replanteamiento de lo hecho al aceptarse peticiones de patronato señorial que modificaban las dotaciones aprobadas. A todo ello se sumó la negativa de Roma a dar por bueno el procedimiento propuesto por el arzobispo Ribera y seguido por Felipe II. En efecto, el breve para la dotación de las parroquias, fechado el 27 de febrero de 1597, planteaba problemas. En él, Clemente VIII se hacía eco de la petición de Felipe II y, teniendo presentes las cartas de Gregorio XIII de 16 de julio de 1576 y 30 de agosto de 1577, que confirmaban el plan de Ribera, encomendaba y mandaba que se elaborara un plan de reforma de las parroquias de moriscos y se remitiera a la Santa Sede para su estudio y aprobación83. La política de los hechos consumados tropezaba con la voluntad de Roma de reservarse un mayor poder en el proceso: no quería limitarse a confirmar las fundaciones y dotaciones hechas por los obispos, sino que comisionaba a estos para que elaboraran el proyecto84. La Corte española sorteó el obstáculo con el subterfugio de insertar el breve de Clemente VIII en el comienzo de los libros de las dotaciones para que pareciese que se habían elaborado en virtud del mandato papal, y no antes: «Sólo será menester que en la erectión y dotación que han hecho los obispos de Tortosa, Segorbe y Orihuela pongan por cabeça el breve y comisión de Su Santidad porque haciéndose en virtud della se facilita y assigura la confirmación de la Sede Apostólica, y remítenseos con esta los dos duplicados de las dichas erectiones y dotaciones que imbió el cabiscol Figueroa con fin de que se reformen como aquí se dice. Ordenaréis juntamente con el Patriarca, llamando al cabiscol Figueroa, como esto se haga, y por si fuese menester nueva voluntad o consentimiento de los prelados se les escrive que le den con las que yrán con ésta y también se escrive a Figueroa sobre lo mesmo»85.
Fue lo que hizo José Esteve, cuando, finalmente, el 15 de febrero de 1599, firmaba el plan de Figueroa para su remisión a Roma: reconocía que «superioribus diebus» el licenciado Figueroa y el vicario general de Orihuela, Juan Bautista Forner, habían informado de la dotación necesaria para las parroquias, y que a él le parecía tan inmejorable el proyecto que lo remitía para su confirmación86. Hubo, no obstante que esperar tres años más hasta que el 28 de mayo de 1602 Clemente VIII firmara el breve aprobando lo hecho seis años antes. A pesar de que todos reconocían la magnitud del problema de la evangelización de los moriscos, las soluciones tardaron en llegar... y más si contamos desde 1573. *
*
*
96
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Mientras tanto se había desarrollado una nueva campaña de instrucción y reconciliación de los moriscos, en la que Felipe II había puesto muchas esperanzas y que se llevó a cabo, finalmente, al comienzo del reinado de su hijo. Si creemos al obispo Esteve, dominado ahora por el optimismo, la campaña había sido todo un éxito: durante año y medio en cada lugar de moriscos, predicadores elegidos les habían instruido; el propio obispo les había predicado personalmente el cristianismo y les había demostrado «mahometicae sectae impuritatem, turpitudinem et falsitatem»; incluso les había inducido a abandonar sus vestimentas moriscas. De hecho, en marzo de 1600 todos los lugares de moriscos se comprometieron ante notario a «conformarse en todo y por todo con el honesto trage de vestir de los christianos viejos» en un plazo de seis meses, necesario para poder reformar los vestidos moriscos87. El resultado era que la mayoría conocía los rudimentos de la doctrina cristiana, sin los cuales no se les permitía contraer matrimonio; una gran parte se confiesa, acude a misa, frecuenta las iglesias, oye los sermones, redacta testamentos según el modo cristiano, deja limosnas para las almas del purgatorio y no manifiesta tanta animadversión al cristianismo. Además, se habían reconciliado con la Iglesia casi cien alfaquíes («machometicae perfidiae sectatores»). El trabajo, una vez concluido el plazo del edicto de gracia, continuaba gracias a los párrocos88. En una obra publicada en 1603 insistía, más ampliamente, sobre lo mismo, para concluir: «Ex qua predicatione fructus aliquis in Domino, licet non uberrimus, qualem voluissem, tamen multorum opinione maior, reportatus est»89. Sin embargo, en 1605 el nuevo obispo de Orihuela, el dominico Andrés Balaguer, responde a las preguntas de Felipe III sobre el resultado de la reforma parroquial y el estado de los moriscos con una carta desprovista del triunfalismo de José Esteve90. Las rectorías están dotadas y los párrocos cobran lo que les corresponde, aunque con ocasión de la sede vacante a la muerte de Esteve la Cámara Apostólica dejó de pagar a los rectores de Redován (32 libras), Cox (17,5) y Albatera (10 libras) la parte correspondiente al obispo. En cuanto al comportamiento de los moriscos, después de visitar sus lugares e informarse de los rectores, puede decir que si bien en los primeros años tras el último edicto de gracia se comportaron como cristianos por miedo al castigo, después volvieron a hacer públicamente sus ayunos y a celebrar sus fiestas. Ya el obispo Esteve, que había concedido a algunos licencia para comulgar, tuvo que quitársela a muchos de ellos, y a los pocos que la tienen, afirma Balaguer, «habré yo de hazer lo mesmo por el grande escrúpulo que tengo de que comulguen». Y da un ejemplo de Crevillente, donde uno que había estado en el colegio para niños moriscos de Valencia, y al que le habían quitado la licencia, «me pidió con mucha instançia que se la bolviese, arrodillándose a mis pies, fingiendo que llorava; y yo sabía que estava denunciado al Santo Officio por alfaquín, y en efecto le llevaron preso dentro pocos días a la Inquisición de Murçia». Hasta de aquellos que mayores muestras exteriores de cristianos dan se sospecha, con buena base, «que es todo fictión».
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
97
El problema reside, según el obispo, en que únicamente con el temor puede forzárseles, no a que sean cristianos de corazón, «que esto sólo ha de venir de la mano de Dios», sino a que públicamente se comporten como tales y no como musulmanes. Las penas fijadas en las constituciones91 son demasiado leves para que las teman –hay que recordar que la concordia con la Inquisición impedía la confiscación y las multas inquisitoriales superiores a las diez libras– y además el trabajo de los alguaciles encargados de cobrarlas tropieza con la oposición de los señores y sus delegados. Los rectores y los alguaciles están acobardados y los moriscos les han perdido el respeto; sin la colaboración señorial poco se puede hacer, concluye Balaguer. *
*
*
No cabe duda de que en la diócesis de Orihuela la atención pastoral a la minoría, mayoritaria en una buena parte de ella, era mejor que en muchas otras zonas del Reino: prácticamente todos los lugares tenían iglesia y cura, aunque no estuvieran bien pagados ni fueran los mejores posibles con anterioridad a la reforma de Feliciano de Figueroa. Y que desde la fundación de la diócesis en 1564 varios de sus prelados –Gallo de Andrade, Esteve y Balaguer– se interesaron personalmente por sus feligreses moriscos, que además fueron objeto de dos campañas de evangelización y reconciliación en un tercio de siglo. Cabe preguntarse si esto se manifestó en una mayor cristianización de la minoría. Resulta difícil, a cuatro siglos de distancia, bucear en las conciencias de la gente común, y más contando sólo con testimonios de las autoridades. El problema se complica en el caso de una minoría reprimida como eran los moriscos, que además tenían a su disposición el precepto de la taqiyya, o disimulación de sus creencias en caso de peligro. Sin embargo, la oscilación de los prelados entre el optimismo y el pesimismo, que no responde exclusivamente a razones personales o políticas sino que se basa en la constatación de actitudes exteriores, parece corresponder a la mayor adecuación del comportamiento de los moriscos a lo que las autoridades esperaban de ellos cuando la presión y el control aumentan, y a la inversa, relajación cuando disminuye. De aquí se derivan dos dramáticas conclusiones, desde el punto de vista de la jerarquía responsable de la evangelización. En primer lugar, la desconfianza final de los prelados sobre la eficacia de los medios propios. Ni la acción de unos párrocos mejor elegidos y pagados, ni las visitas pastorales del obispo, ni las campañas extraordinarias de evangelización parecen suficientes para romper la resistencia religiosa de los moriscos. Reconocido el fracaso, sólo cabe esperar la ayuda de Dios. Pero –segunda conclusión– la renuncia a asumir su responsabilidad les lleva a hacerla recaer sobre las autoridades civiles. Serían éstas, entre las que se incluyen los señores, las responsables de las oscilaciones entre represión y benevolencia, tan
98
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
hábilmente aprovechadas por los moriscos, y con ello de que perviva el islamismo y no se comporten como cristianos. En su opinión, no era la Iglesia sino la Monarquía la principal culpable. Ahora bien, en su carta-informe de 1605, los comportamientos de los moriscos que el obispo Balaguer denuncia nos muestran una religiosidad islámica bastante empobrecida: «Con más publicidad y menos recato ayunan y hazen otras cosas de la observancia de su secta que antes». Al desarrollar esta idea sigue insistiendo en la guarda pública de sus fiestas: se observa fácilmente que lo hacen «porque o no trabajan tanto como en otros tiempos, por los ayunos, o se visten y se muestran regocijados por las Pasquas». Otras manifestaciones del islamismo de los que aparentemente están más cristianizados serían: «Crían a sus hijos con el mesmo descuydo y ignorancia, casan con christianos nuevos, visten y hablan y tratan en sus casas, y fuera dellas, como los otros». Con relación al vestido, Balaguer explica que han dejado de cumplir lo que prometieron de no vestir a la morisca, e «inventan cada día nuevos trajes, no del todo conformes a los antiguos, pero muy differentes del uso de los christianos viejos, particularmente de las mugeres, procurando en todo lo que pueden differenciarse en el modo de vestir de las christianas viejas»92. En definitiva, manifestaciones de tipo cultural, que según vemos estaban en vías de desaparecer. Si lo comparamos con las denuncias que se suceden desde antes de la constitución de la nueva diócesis, hay que reconocer que el tono y el contenido ha ido disminuyendo. De la afirmación, interesada, de los embajadores oriolanos ante Felipe II de que «son tan moros como los dexó Mahoma», hasta la matizada guarda de las fiestas y el mantenimiento, empobrecido, de características propias en la lengua y el vestido, que denuncia Balaguer, pasando por las ceremonias referidas en 1568 por el obispo Gallo, y el comportamiento que denuncia Esteve en su memorial a Felipe II, parece deducirse un cierto retroceso. En él influiría, sin duda, la persecución contra los alfaquíes que a lo largo del periodo se ha producido. En definitiva, y dado que sólo algunos «tienen alguna exterioridad de christianos», mientras que la mayoría ni siquiera realiza estas manifestaciones exteriores de cristianismo, el resultado parece ser un cierto abandono de la práctica religiosa. Balaguer realiza algo parecido a una encuesta de cumplimiento dominical: «En algunos lugares que ay seyscientos o sietecientos vezinos [sic] de confessión no la oýan sino dozientos y cinquenta hasta trezientos, algunas vezes más, pero muy de ordinario menos». Es decir, entre un 35 y un 50%. La valoración para un prelado tridentino tenía que ser negativa, aunque también puede verse el aspecto positivo de una parte de la población morisca que habitualmente acudía a misa los domingos. Pero lo que pasaba por las conciencias se nos escapa: «Lo interior ha de venir de la mano de Dios»93.
DESARME casas m. observ. Orihuela
MUÑOZ
PARROQUIAS
VISITA AD LIMINA SERVICIO
casas observ.
casas observ.
casas observ.
1.693 c.v.
3.000 c.v. entre ellas 40 m.
3.000
casas m.
CARACENA
ESCOLANO
casas observ.
casas observ.
2.520 con Catral, c.v.
2.550 con Catral, c.v.
n.e.
160
Callosa
n.e.
400
530 c.v.
550 c.v.
Almoradí
n.e.
300 más de
280 c.v.
300 c.v.
Catral
33 erróneamente m.
La Daya
40
43 m.
60 c.v.
130
8 c.v.
Rojales Redován
80
130 c.v.
Guardamar
200 con Rojales, c.v.
60 c.v. 200 con Rojales, c.v.
30 66 : 34 m. y 32 c.v.
70 m.
30
90 m.
30 m. 200 m.
Cox
69
53 m.
170 m.
150 m.
164
125 m.
La Granja
25
16 m.
70 m.
50 m.
57
95 m.
95 m.
Albatera
113
117 m.
240 : 233 m. y 7 c.v.
200 m.
222
320 m.
320 m.
Elche
249
974 : 700 c.v. y 274 m.
380 m. en el Arrabal
1.500 : 1.000 c.v.
390
y 500 m. en
1.350 : 950 c.v. con «lo
950 c.v. y m., más de
Lloch Nou» de
el Arrabal
Sta. Pola y 400 m.
Crevillente
208
215 m.
422 m.
400 m., más de
395
400 m.
400 m.
Aspe
192
332 m. y c.v.
456 : 386 m. y 70 c.v.
500 m., circa
345
570 m.
600 erróneamente c.v.
Alicante
1.471 c.v. con S. Juan,
2.000 circa
1.120 c.v.
1.200 no llega a
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
CUADRO I. DATOS DE POBLACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE ORIHUELA
Benimagrell y Muchamiel San Juan
150
230 c.v. con Benimagrell
80
Muchamiel
350
400 c.v.
no llegan a 500 c.v.
99
Benimagrell
50 con Benimagrell,
100
DESARME casas m. observ.
MUÑOZ casas observ. 39 c.v.
Busot Agost Monforte
70
86 c.v.
ESCOLANO casas observ. 80 c.v.
70 c.v. 230 c.v.
230 c.v.
166
Elda
231
70 erróneamente m.
500 : 400 m. y 100 c.v.
350 m.
368
560 m.
500 m. y c.v.
134 m.
280 : 250 m. y 30 c.v.
280 m.
250
450 m.
400 m. y c.v.
285 : 200 m. y 85 c.v.
400 : 320 m. y 80 c.v.
450 m.
295
700 m. con Petrer
700 m. y c.v. con Petrer
247 : 240 m. y 7 c.v.
200 m.
189
97 m. 24 c.v.
1.526
CARACENA casas observ.
50
Monóvar
Salinas
casas m.
180
265 m. y c.v.
n.e.
casas observ.
38 c.v. 233
Petrer
VISITA AD LIMINA SERVICIO
159 c.v.
Novelda
TOTAL
PARROQUIAS casas observ.
6.126
30 6.231
11.160
60 c.v. 2.705
10.446
30 c.v. 10.015
Nota: c.v. cristianos viejos; m. moriscos; n.e. se menciona el lugar sin especificar el número de casas.
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
101
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
CUADRO II. REPARTO DE LA DOTACIÓN DE LAS PARROQUIAS (lugares donde hay una participación eclesiástica en los diezmos) REDOVÁN
Primicias Señor
Antigua Dotación 20,00
Nueva Dotación
2,50
Aljama
ALBATERA
Total 20,00
A.D. N.D. 77,83
ARRABAL DE ELCHE
T. 77,83
2,50 25,00
25,00
A.D.
N.D.
12,60 6,00
6,00
T. 12,6
18,45 17,55
36
Partícipes del diezmo Obispo
2,50
29,45
31,95
10,75
10,75
14,30
14,30
Cabildo
2,50
15,68
18,18
5,34
5,34
12,70
12,70
2,38
2,38
0,81
0,81
Universidad de Valencia
3,67
3,67
Fábrica Sta. María
1,83
1,83
Fábrica S. Salvador
5,20
5,20
Dos beneficiados
2,60
2,60
1,10
1,10
Sta. María Dos beneficiados S. Salvador Total
5,00
47,50
52,50
27,50
72,50
100
16,90
16,90
41,40
41,40
10,00
10,00
16,90
100,73
31,05 68,95
100
Censos y rentas de la fábrica de S. Juan del Arrabal de Elche TOTAL
83,83
Diezmo total
91,16
387,85
% aportación partícipes
57,59
4,36
Notas: La aportación del señor de Redován (D. Juan Vich) es antigua traditione. La del duque de Maqueda, señor de Elche, que cobra 1.500 libras del tercio diezmo, es en razón de las primicias, ya que sólo se paga una mínima cantidad en frutos. La misma causa se aplica a la aportación de la aljama del Arrabal de Elche; en el caso de Albatera es por enseñar la doctrina a los niños; y en Redován a un concierto firmado, sua sponte, con Figueroa. En el Arrabal de Elche se confía en completar la dotación con los emolumentos del pie de altar; las rentas y censos de la fábrica ascendían a 50 libras.
102
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
CUADRO III. REPARTO DE LA DOTACIÓN DE LAS PARROQUIAS (creación de la parroquia de La Granja)
COX
LA GRANJA
TOTAL CONJUNTO
SITUACIÓN INICIAL ANTIGUA DOTACIÓN Primicias
50
14,6
64,6
Obispo, Cabildo, Universidad de Valencia
21
26,67
47,67
TOTAL
71
41,27
112,27
Partícipes en el diezmo
SITUACIÓN TRAS LA DESMEMBRACIÓN NUEVA DOTACIÓN Partícipes en el diezmo Obispo
17,98
Cabildo
9,61
Universidad de Valencia
1,45
Total
29,04
Tres beneficiados Sta. Justa de Orihuela
5,51
Dos beneficiados Santiago de Orihuela
2,23
Total
7,74
Total partícipes en el diezmo (incluyendo antigua dotación)
50,04
Señor (D. Francisco de Rocamora y Maza)
51,00
TOTAL
100,04
Diezmo total
305,70
% aportación partícipes (sin contar a. d.)
34,40
100
9,50
Nota: La aportación en la antigua dotación de los partícipes en el diezmo se pagaba en especie y consistía en 3,5 cahices de trigo en Cox y 5,3 en La Granja. Parece que se trata de una ayuda graciosa al presbítero.
CREVILLENTE A. D. N. D. Señor
50
Aljama
T.
ASPE A. D. N. D.
NOVELDA
MONÓVAR
T.
A. D.
N. D.
T.
100
20
120
25
75
69
31
100
25
25
25
25
50
A. D.N. D. 60
20
ELDA T. 80
A. D. N. D. 100
PETRER T. 100
A. D.
N. D.
T.
35
25
60
15
25
40
15
15
65
115
20
20
Rentas antiguas mezquitas (fábrica)
20
20
40
140
20
20
40
100
Beneficio TOTAL
50
50
100
94
56
150
100
60
100
75
75
75
175
50
más emolumentos del pie de altar Diezmo total
80
80
600
1400
990,03
1644,06
1107
700
12,5
7,14
12,12
4,87
9,03
8,57
% aportación señor sobre diezmo
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
CUADRO IV. REPARTO DE LA DOTACIÓN DE LAS PARROQUIAS (lugares donde los señores llevan la totalidad de los diezmos)
Notas: La aportación de los señores es en razón del diezmo, que cobran en su totalidad. Tanto en Aspe como en Petrer la aportación que realizan las aljamas es debido a que no pagan primicias. En el caso de Crevillente la aljama se comprometió, sua sponte, con Feliciano de Figueroa a pagarlo. En Elda, el obispo Esteve ordenó además vender unas tierras, antiguos cementerios de los moriscos, y constituir un censo de 15 libras de renta anual, que se aplicaron al vicario (ACA, CA, leg. 865, exp. 127/49).
103
104
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
CUADRO V. REPARTO DE LA DOTACIÓN DE LAS PARROQUIAS (propuesta de nueva dotación del marquesado de Elche)
Marqués de Elche Aljama TOTAL
CREVILLENTE
ASPE
ARRABAL DE ELCHE
120 50 170
120 50 170
130 36 166
Notas 1
2
3 4 5 6
7
8 9
10
11
El presente estudio se ha realizado con la ayuda del proyecto de investigación El Reino de Valencia en el marco de una Monarquía compuesta (HUM2005-05354) financiado con fondos FEDER. La creación de la diócesis de Orihuela ha recibido abundante atención por la historiografía. Un documentado trabajo clásico es el de RUFINO GEA, J., Páginas de la historia de Orihuela: El Pleito del Obispado 1383-1564, Orihuela, 1900 (hay edición facsímil: Librerías «París-Valencia», 1995); VIDAL TUR, Gonzalo (presbítero), Un obispado español: el de Orihuela-Alicante, Alicante, Gráficas Gutemberg, 1961 (2ª ed.); BAUTISTA VILAR, Juan, Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna, Murcia, 1981. Sin embargo, la obra más completa y reciente es la de CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, La ciudad de Orihuela y el pleito del obispado en la Edad Moderna, Tesis doctoral leída en la Universidad de Alicante en 2001 y publicada como recurso electrónico: Alicante, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002. Una síntesis sobre estos cambios en MANSILLA, Demetrio, Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española en los siglos XV y XVI, en GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (Dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. III-1.º La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, Madrid, BAC, 1980, pp. 3-23. CARRASCO RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 87 y 219. Ídem, p. 89. Ídem, pp. 291 y 434. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos, Valencia, Institució Alfons el Margnànim, 2001. BAUTISTA VILAR, Juan, «Las ‘ordinaçiones’ del obispo Tomás Dasio, un intento de asimilación de los moriscos de la diócesis de Orihuela», en Los moriscos del Reino de Murcia y Obispado de Orihuela, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1992, pp. 97-138; en particular hace referencia al sínodo de Gallo de Andrade en la p. 108. También VIDAL TUR, op. cit., I, pp. 123-130. Archivo del Reino de Valencia (ARV), Real, 253, ff. 62-63. Sucedió entre agosto de 1506 y febrero de 1507, cuando Fernando el Católico quedó excluido del poder en Castilla; pero de forma inmediata volvió a su antigua demarcación y en ella fue confirmada en 1518. CONTRERAS, Jaime - DEDIEU, Jean-Pierre, «Estructuras geográficas del Santo Oficio en España», en PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín - ESCANDELL, Bartolomé (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, BAC, 1993, vol. II. Las estructuras del Santo Oficio, pp. 3-47, en especial 36 y 37. Le contesta Felipe II: «Está muy bien lo que apuntáys de la diferencia que ay de los moriscos de Orihuela a los otros desse Reyno en quanto a la pública observançia de nuestra religión, y lo de las rectorías, y que no dubdamos que en lo uno y lo otro vos avréys ayudado y encaminado lo que conviene». ARV, Real, 253, f. 62v. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, op. cit., pp. 218 y ss.
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
12 13 14 15 16 17
18
19
20 21 22
23
24 25 26 27 28
29
30 31 32
33
34 35 36 37
105
Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, lib. 325, ff. 54v.-55. Ídem, lib. 911, f. 827. Oviedo a la Suprema, Novelda, 1 de noviembre 1568. AHN, Inquisición, lib. 911, f. 725. Ibídem, f. 827. Orihuela, 17 de noviembre 1568. Ibídem, f. 1115. Remito para el conjunto del proceso a los dos trabajos que he publicado sobre el tema: «Moriscos, señores e Inquisición. La lucha por los bienes confiscados y la Concordia de 1571», en Estudis, 24 (1998), pp. 79-108, y «Las duras negociaciones de la Concordia de 1571 entre los moriscos y la Inquisición», en Conflictos y represiones en el Antiguo Régimen, Valencia, Universidad de Valencia, 2000, pp. 113-155. Están refundidos en las páginas 221-264 del libro Heroicas decisiones. AHN, Inquisición, lib. 912, ff. 14-19, punto 17. Otro ejemplar en British Library (BL), Egerton, 1510, ff. 180-184. AHN, Inquisición, lib. 912, ff. 11-12: Los capítulos que paresçe se pueden conceder a los nuevos convertidos de moros naturales y vecinos de este Reyno de Valencia. Ídem, lib. 911, f. 1050. A principio de 1570. BL, Egerton, 1510, ff. 166-167; Benavente a Espinosa, Valencia, 27 de agosto 1570. AHN, Inquisición, lib. 325, f. 254. La Suprema a los inquisidores de Valencia, Madrid, 1 de febrero 1571. Cristóbal Robuster Senmanat, designado el 17 de agosto de 1587, fue consagrado obispo por Urbano VII el 25 de noviembre y no tomó posesión hasta el 26 de febrero de 1588. En 1592 abandonó la diócesis camino de Roma, donde ocupó diversos cargos; renunció al obispado en 1593. El cabildo de Orihuela a Felipe II, Orihuela, 31 de julio 1587; BL, Egerton, 1511, ff. 148-149. Ibídem, ff. 187-188. Junta de 19 de abril 1595; Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 10388, ff. 95-96v. AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 7-9. El original estaba en la colección de Manuel Danvila, que publicó un extracto en su obra La expulsión de los moriscos españoles. Conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1889, p. 229. De esta obra he preparado una nueva edición en la Biblioteca de estudios moriscos, nº 3, Valencia, Universidades de Granada, Valencia y Zaragoza, 2007. Fue publicado in extenso por BORONAT Y BARRACHINA, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901, T. I, pp. 638-656. Lo que contrastaba con lo manifestado por Esteve en la visita ad limina de 1594, donde afirmaba que todos los diez (sic) lugares de nuevos convertidos tienen su iglesia parroquial y un párroco que les enseña la fe y les administra los sacramentos, según lo cual poco quedaría por hacer. CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, I, p. 325. BNE, Ms. 10388, ff. 124-127v. Felipe II a Feliciano de Figueroa; AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 17v.-18. Contesta a una carta de Figueroa de 28 de febrero que no conozco, pero que puede reconstruirse a partir de la respuesta real. Ibídem, ff. 28v.-29v. «Representaba la tenuidad de la renta de su Iglesia» sobre la que estaban cargadas casi 3.815 libras, la mayor parte de «pensión ordinaria a diferentes personas» y algo más de 626 de subsidio y excusado. Argumentaba, además, que cuando su antecesor el obispo Gallo aceptó el acuerdo estaba bastante menos gravada. Junta de 22 de marzo; BNE, Ms. 10388, ff. 138-139v. Aceca, 20 de abril 1596; AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 34v.-35. Las órdenes pertinentes a los obispos se remiten desde Aceca, el 6 de abril; ídem, ff. 30v.-31. Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón (CA), leg. 865, exp. 127/50. Forma erectionis, dismembrationis & dotationis de centum libris monetæ Valentinæ Parochialium Ecclesiarum in Oppidis Maurorum nuper ad fidem Catholicam conversorum, Diœcesis Oriolensis,
106
38
39
40
41 42
43
44
45 46
47
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
auctoritate ordinaria ad voluntatem, zelum & directionem Philippi II, Hispaniarum Regis Catholici facta elaborada por Feliciano de Figueroa. He utilizado la versión inserta en el breve confirmatorio de Clemente VIII (Roma, 28 de mayo de 1602), Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima colectio, (COQUELINES, Carolus, ed.), t. V, pars secunda, Roma, 1753, pp. 449-457. Reedición facsímil en Graz, Akademische Druck - U. Verlagsanstalt, 1965. Una traducción castellana del texto, conservada en el Archivo de la Catedral de Orihuela, ha sido publicada y estudiada por BAUTISTA VILAR, Juan, «La creación de las rectorías en los lugares de moriscos de la Diócesis de Orihuela por el obispo Josep Esteve, 1597», en Sharq al-Andalus, 14-15 (1997-1998), pp. 263-284. Había tratado el tema antes en su obra Orihuela, una ciudad valenciana…. Por su parte, MARTÍNEZ VALLS, Joaquín, «Los moriscos de la Diócesis de Orihuela a finales del siglo XVI y legislación particular sobre los mismos», en Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho, 1 (1982), pp. 243-272, resumió el mismo documento. No es mi intención polemizar con ellos ni terciar en la polémica que ambos sostuvieron, sino insertar la reforma en un proceso más amplio. Aunque Juan Bautista Vilar y Antonio Carrasco afirman que en el momento de la separación formaba parte de la diócesis de Cartagena, como vicariato de Ayora, el valle de Cofrentes, no me parece que sea así. De hecho, en 1535 se daba como perteneciente a la archidiócesis valenciana la parroquia de moriscos de Jarafuel de la que se desmembraron entonces sus anexos (SANCHIS SIVERA, José, Nomenclator geográfico-estadístico de los pueblos de la diócesis de Valencia, Valencia, 1922, p. 260. Hay edición facsímil, Valencia, Librerias «París-Valencia», 1980). Parece, por tanto, que entre mediados del siglo XV en que se elabora el Fundamentum Ecclesiae Cartaginensis por Diego de Comontes, en que los citados autores se basan, y 1535 pasarían estas poblaciones a Valencia. Dado que fueron adquiridas por los Borja, cuyo poder e influencia no hay que destacar, habría que investigar en ese sentido. Calculados a partir de la extensión de los municipios que actualmente integran su territorio. Hay que tener en cuenta el intenso proceso de división municipal que se ha producido en los últimos tres siglos, acentuado en la zona durante los últimos decenios. A la que durante la Edad Moderna pertenecían Villena y Sax, que configuraban el límite noroeste de la gobernación. Que se extendía por los actuales términos de Aspe y el Hondón de las Nieves. Las cifras han sido tomadas de los cuadros de LAPEYRE, Henri, Géographie de l’Espagne morisque, Paris, S.E.V.P.E.N., 1959, pp. 33-47. Se basan en los tres libros del desarme conservados, y recientemente restaurados, en el Archivo del Reino de Valencia. Ya Manuel Danvila publicó una serie de cuadros estadísticos en su artículo «Desarme de los moriscos», en Boletín de la Real Academia de la Historia, X (1887), pp. 275-306. AHN, Nobleza Toledo, Osuna, 4207, nº 1. Dedicado al conde de Benavente, que fue virrey de Valencia entre 1567 y 1570, aunque Lapeyre lo fecha en 1572, hay que adelantarlo por lo menos al periodo en que desarrolló el ejercicio del cargo. Fue publicado por CHABÁS, Roque, «Descripción del Reino de Valencia, 1565 a 1572», en El Archivo, IV (Denia, 1890), pp. 373-388. CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, 1989, I, pp. 326-344. ARV, Mestre Racional, caja 10.009. Fue publicado en apéndice por LAPEYRE, op. cit., pp. 217-227. Archivo General de Simancas, Estado, 213. Además de por Tomás Gonzalez en 1829, había sido publicado, mal fechado, por BORONAT, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901, vol. II, pp. 428-433. Juan Reglá reprodujo la publicación de Boronat en su artículo «La expulsión de los moriscos y sus consecuencias. Contribución a su estudio», en Hispania, LI-LII (1953). Recogido en sus Estudios sobre los moriscos, Barcelona, Ariel, 1974 (3ª ed.), pp. 153-170. ESCOLANO, Gaspar, Decada primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia por el licenciado Gaspar Escolano... primera parte... contiene esta decada curiosas generalidades de España y la Historia de Valencia hasta el rey don Pedro hijo del rey don
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
48
49
50
51 52
53
54 55
56 57
58 59
60 61 62
63
64
65 66
67
68
107
Iayme el Conquistador..., En Valencia, por Pedro Patricio Mey..., a costa de la Diputacion, 1610, segunda parte, libros sexto a nono (Hay edición facsímil publicada por el Departamento de Historia Moderna, Universidad de Valencia, 1972). Además, a fines del siglo XVI, Pedro Franqueza constituyó un nuevo lugar (Villafranqueza) sobre dos heredades conocidas como Palamó y Orgegia; lo pobló con 29 casas de vecinos cristiano-viejos y consiguió la jurisdicción alfonsina primero, y plena después. Hoy es un barrio de Alicante. ALBEROLA ROMÁ, Armando, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (siglos XVII y XVIII), Alicante, Universidad de Alicante, 1984, pp. 451 y ss. De la que dependía el lugar de Aguas (Aigües), en el límite noreste de la gobernación, cuya población no indican los censos que manejo. Y por supuesto en el Pueblo Nuevo de Santa Pola, ya que la presencia morisca junto a la costa se trataba de evitar. Únicamente el censo de Caracena indica que la población de Santa Pola se computa con la de Elche, pero es posible que también lo haga el de Muñoz. De las 456 casas, 386 eran de moriscos y 70 de cristianos viejos. En el extremo noroeste de la gobernación, lindante con Castilla, junto a la laguna que le da nombre. Según Muñoz tenía 24 casas; Caracena sube la cifra a 60, aunque Escolano, por las mismas fechas, sólo le da 30. Tropezamos, además, con el inconveniente de que tanto Caracena como Escolano la incluyen juntamente con Elda, muy próxima por otra parte. Atribuyen al conjunto de ambas 700 casas. Caracena da 450, y sólo de moriscos; Escolano, que indica el carácter mixto, 400. Para Elda, único que desglosa, Muñoz da un 70% de población morisca (200 moriscos y 85 cristianos viejos). Así, Caracena y Escolano. «Novelda es de Don Pedro Maça, solía pagar el marqués de Terranova y paga oy don Pedro Maça cien libras que aplicó don Feliciano de Figueroa». ACA, CA, leg. 865, exp. 127/49. El problema es que el marqués, D. Pedro Ladrón Vilanova Maza de Lizana, se nombraba también Pedro Maza, pero la cita anterior no deja duda de que son dos personas distintas, cuya relación desconozco. Entre las cuales habría 40 de moriscos en 1596 según Feliciano de Figueroa. Las diferencias entre Caracena y Escolano son mínimas; por desgracia Muñoz no indica las casas de Catral, Callosa ni Almoradí. Para La Daya da 33, y considera erróneamente que eran de moriscos; Guardamar tendría 130 y Rojales sólo 8. La única referencia cuantificada a Catral es la de la visita ad limina de 1601, que le atribuye 160 casas. Por ejemplo, Caracena le asigna 90 mientras que Escolano sólo 30. Aquí, también, difieren notablemente Caracena y Escolano: 125 y 200 respectivamente. Al respecto, véase BERNABÉ GIL, David, «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 12 (1993), pp. 11-77. Se trata de la aportada, en 1563, por Antonio de Tallena a las preguntas del comisario regio D. Francisco de Castilla. CARRASCO RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 123-124. Realizada ante el notario de Valencia, Mateo Steve, el 30 de agosto 1494. COQUELINES, op. cit., pp. 453 y 455-456. Ante Juan Martínez, notario de Novelda, el 20 de julio 1498. Ídem, p. 454. ESCOLANO, Década..., libro VI, columna 72. Según el memorial de Esteve a Felipe II, pagaban 62 libras por Elda, Petrel y Salinas; otras tantas por Aspe; 55 por Novelda y Monóvar; y 179 cahíces de trigo por Crevillente. BORONAT, Moriscos, I, p. 645. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones..., I, p. 347. La fecha de la carta real: 4 de marzo 1594. También en el memorial al rey, punto 30. Me he ocupado de ellas en: «Las parroquias de moriscos en los territorios valencianos de la diócesis de Tortosa», en Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. Actas de la III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas, 1995, vol. I, pp. 111-
108
69
70
71
72
73
74 75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
127; y «Las parroquias de moriscos en la diócesis de Segorbe en tiempos del obispo Juan Bautista Pérez», en La Diócesis de Segorbe y sus gentes a lo largo de la Historia, Castellón, Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, 2004, pp. 77-101. La razón alegada es que aunque la distancia no era larga (cosa de un Km.) y el camino llano, los días de lluvia resultaba imposible que un único cura pudiera atender a las dos poblaciones, decir misa y enseñar la doctrina. Y que había sido recogida en el decreto sobre la residencia (capítulo I de reforma de la sesión XXIII del Concilio de Trento; 15 de julio 1563). Se trató el asunto en los capítulos de reforma de diversas sesiones, en especial capítulo III de la sesión VII (3 de marzo 1547) y capítulo XVIII de la sesión XXIV (11 de noviembre 1563). Es decir, del principio al fin del Concilio. Se trata de una política que se aplica por todo el Reino; véase la explicación que, en el caso de Novelda, se da: «Illa vetus Ecclesia, quae fuerat olim Mesquita, diruatur, ita ut recordatio antiquae sectae de noviter conversis deleatur». O de forma más radical en Elda: «Mesquita vero, quae olim fuit Maurorum ... in quae vestigia multa in recordationem pravae sectae Mahumeticae a noviter conversis visuntur, diruatur». No conozco la cuantía de la parte del diezmo que cobraban los partícipes eclesiásticos en el Arrabal de Elche. El último dato en ACA, CA, leg. 865, exp. 127/50. Se trata de tres beneficiados de la parroquia de las Santas Justa y Rufina, con 900 libras de ingresos en conjunto, y dos de Santiago, con 400. La irregular situación de ambas parroquias oriolenses provocó la intervención municipal, tal y como se recoge en la visita ad limina de 1601. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones…, I, pp. 346-347. En los dos primeros se incluye una claúsula indicando que cuando esté nombrado el rector se compelerá a los habitantes a que paguen primicias y, en tal caso, el señor quedará exento de todo pago y cesará la aplicación de la renta de las olim mezquitas a la congrua. Se discutió en la Junta para la instrucción de los moriscos el 3 de julio y fue aprobado por Felipe II el 18 de julio 1596 (BNE, Ms. 10388, f. 140). La carta real al comisario es de 12 de octubre (AHN, Consejos, lib. 2220, f. 41v.). Felipe II al obispo de Orihuela, Madrid, 22 de febrero 1597; AHN, Consejos, lib. 2220, f. 57r.-v. Junta de 1 de julio 1596; resolución real de 17. ZAYAS, Rodrigo de, Los moriscos y el racismo de estado. Creación, persecución y deportación (1499-1612), Córdoba, Almuzara, 2006, doc. 31, pp. 347-351. Felipe II al obispo de Orihuela, San Lorenzo, 22 de octubre 1597; AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 76v.-77. Se pidió también la información a Figueroa (f. 77v.). ZAYAS, op. cit., doc. 32, pp. 359-360. Aunque según la transcripción de Zayas el marqués debería pagar 125 libras en Cocentaina, sigo lo que se indica en carta del príncipe Felipe al embajador en Roma: Madrid, 25 de febrero 1598; AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 87v.-88. Por otra parte, se equivoca al suponer que la aljama de Cocentaina pagaba 50 libras, en lugar de las 25 a que se había comprometido. Nada debió de modificarse, ya que ni la aprobación por la Santa Sede ni un informe del obispo de 1605 se hacen eco de esta propuesta. Habían sido puestas de manifiesto por el obispo en marzo de 1598. Hay también una denuncia confusa sobre la dificultad de encontrar buenos curas que quieran aceptar puestos pagados por las aljamas, pero carezco de información para aclarar la cuestión. El 28 de junio de 1598 el príncipe Felipe ordena al obispo que, con respaldo del virrey, remedie la situación. AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 90-92 y 95v.-96v. El texto está inserto en el breve de aprobación por Clemente VIII, fechado en Roma el 28 de mayo de 1602. COQUELINES, op. cit., pp. 424-425. «Committimus & mandamus [para que las parroquias y las dotaciones necesarias] designetis & particulariter specificetis», pero se reservaba la decisión final: «illasque designatas, ac
ENTRE EL OPTIMISMO Y LA DECEPCIÓN: LA EVANGELIZACIÓN DE LOS MORISCOS...
85
86 87
88
89
90
91
92 93
109
specificatas, & in scriptis diligenter redactas, ad Nos & hanc Sanctam Appostolicam Sedem transmittatis, ut … spectare cognoverimus, statuere, decernere & et ordinare valeamus». Felipe II al marqués de Denia, virrey de Valencia, San Lorenzo, 26 de julio 1597; AHN, Consejos, lib. 2220, f. 64. Con la misma fecha y en las páginas siguientes, las anunciadas cartas. COQUELINES, op. cit., pp. 449-457. Así lo comunica el obispo Balaguer, sucesor de Esteve, a Felipe III; Orihuela, 14 de noviembre 1606; ACA, CA, leg. 699, exp. 24/18. Complemento a la visita ad limina de 1601. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones…, I, p. 348. También informó a Felipe III, quien le agradeció lo hecho por carta de 24 de julio de 1601, respondiendo, bastante tarde, a cartas de 8 de marzo, 2 de abril y 15 de octubre de 1600; AHN, Consejos, lib. 2220, ff. 131v.-132. ESTEVE, José (Obispo de Orihuela), Iosephi Stephani, Valentini Episcopi Oriolani De bello sacro Religionis caussa suscepto ad libros Machabaeorum Commentarii ... tomus primus adiecta Disputatione De Vnica Religione: ad vetus dictum Salus populi suprema lex esto ..., Oriolae, in Palatio Episcopali ... per Didacum de la Torre, typographum, 1603, f. 360. La carta de Felipe III está fechada en Olmedo, el 10 de octubre (AHN, Consejos, lib. 2220, f. 180); la respuesta del obispo es de Caudete, 28 de octubre, y está en ACA, CA, leg. 865, exp. 127/48; además de un resumen de la misma (exp. 127/36) la acompañan diversos informes sobre la dotación, que ya hemos utilizado (exps. 127/49 y 50). En tiempo del obispo Dassio (1578-1585) se elaboraron unas «ordinaçiones» para regular el comportamiento religioso de los nuevos convertidos, que seguían muy fielmente las de Ramírez de Haro de principios de los años cuarenta, de las que eran, básicamente, una traducción al castellano. El articulado era el mismo tanto en el contenido como en el orden, salvo la supresión de un artículo que especificaba las fiestas de guardar, lo que obligó a desdoblar el anterior para mantener la numeración de los demás. Las diferencias que pueden encontrarse son de matiz; la más significativa es la supresión de la referencia a los vestidos y a la lengua. En 1541 se animaba a los moriscos y moriscas a que, poco a poco, abandonaran sus vestimentas propias y utilizaran las de tipo cristiano. Así mismo se les incitaba a que hablasen a sus hijos en «lengua valenciana». Cuarenta años más tarde, no pareció necesario o conveniente tocar ambas cuestiones, que desaparecen del texto. En definitiva, se eliminaron aspectos culturales no considerados estrictamente de índole religiosa, aunque muy vinculados a la misma. En cualquier caso se mantuvieron los importes de las multas, a pesar del proceso inflacionario. Ambas pueden verse en la obra colectiva CARDAILLAC, Louis (ed.), Les morisques et leur temps, Paris, C.N.R.S., 1983. Las de Ramírez de Haro en BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, «Un plan para la aculturación de los moriscos valencianos: ‘les ordinacions’ de Ramírez de Haro (1540)», pp. 125-157. Las de Dassio fueron publicadas por BAUTISTA VILAR, Juan, «Las ‘ordinaçiones’ del obispo Tomás Dassio, un intento de asimilación de los moriscos de la diócesis de Orihuela», pp. 385-410 (recogido, como se ha dicho, en Los moriscos del Reino de Murcia y Obispado de Orihuela...). Balaguer a Felipe III; Orihuela, 14 de noviembre 1606; ACA, CA, leg. 699, exp. 24/18. Ídem.
This page intentionally left blank
111
Unión de almas, autonomía de cuerpos: Sobre los lenguajes de unión en la Monarquía Católica, 1590-1630 Pablo Fernández Albaladejo Universidad Autónoma de Madrid
Cuando en los últimos días de 1624 el conde-duque de Olivares aconsejaba al joven Felipe IV que considerase como «el negocio más importante de su Monarquía» el «hacerse rey de España», era consciente sin duda de la novedad y del ruido que su propuesta podía originar. Bien es verdad que los temores que pudiera albergar difícilmente se reconocerían en las críticas con las que doscientos cincuenta años después una militante historiografía nacionalista juzgaría su propuesta. No podía sospechar Olivares hasta qué punto esa reflexión estaba llamada a convertirse en el gran argumento para explicar los posteriores avatares de la historia de España, supuestamente dominada por una agónica tensión entre centralismo y autonomía. La propuesta de Olivares, sin saberlo, se había constituido en el origen del spanish problem. Ya en 1963, en la primera edición de The revolt of the Catalans, John Elliott llamó la atención sobre las incongruencias de esa lectura, fruto de un inamovible parti pris que no tenía mayores inconvenientes para pasar por encima de la propia evidencia textual, para no leer, simplemente, lo que los propios textos decían. Dicho en otros términos: las páginas del Gran Memorial representan en efecto una primera tentativa por convertir los reinos de España en una única comunidad política, si bien el diseño que allí se insinúa no se aviene tan fácilmente con las construcciones estatalizantes del siglo XIX. Antes que anticipar un orden nuevo, Olivares se sirvió de los lenguajes de unión disponibles, lenguajes que reflejando una cultura política de trazo tradicional difícilmente podían alumbrar un proyecto de poder centralizado. El favorito apuró al máximo las posibilidades que algunos de
111
112
PABLO FERNÁNDEZ ALBALADEJO
esos lenguajes le ofrecían, sin que la torsión aplicada llegara a hacer irreconocibles sus contenidos. Partiendo de este supuesto, mi propósito en este Homenaje no es otro que el de aportar algunas consideraciones sobre la singularidad de ese proyecto, atendiendo a una lectura contextual del propio texto e intentando individualizar los lenguajes de unión de los que eventualmente pudo servirse Olivares. *
*
*
Contemplando las cosas con cierta perspectiva, hacerse rey de España no podía considerarse una propuesta del todo nueva. Como se sabe y cuenta el cronista Fernando del Pulgar, en 1479 se había tratado en el seno del Consejo de Castilla sobre la posibilidad de que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla pudieran intitularse «Reyes de España», posibilidad que los consejeros no consideraron prudente, a pesar de que ambos monarcas «eran señores de la mayor parte de ella». En la recomendación de los consejeros, España se concebía como simple agregación de territorios, de tal manera que el llegar a ser reyes de esa totalidad resultaba poco menos que una cuestión de tiempo, de esperar a que más pronto o más tarde alguno de sus monarcas pudiera llegar a reunir todos «los trozos e pedazos de ella», tal y como advertía Antonio de Nebrija a la reina Isabel en la dedicatoria de su conocida Gramática. Olivares se hacía cargo de esa reflexión, aunque situaba las cosas en un plano diferente. Para él, hacerse rey de España implicaba una idea de unión, si bien de una unión algo distinta de lo que hasta ese momento habían venido siendo las uniones de reinos en la monarquía española. Era el problema que muy poco antes se había planteado –sin resolverse– en las islas. Al igual que Jacobo I en 1603, Felipe IV aspiraba a hacer de sus reinos un solo rebaño debajo de una ley, comulgando asimismo con el espíritu del speech pronunciado por el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda ante el Parlamento inglés en 1607: «make one body of both Kingdomes under mee your King». Pero era justamente ese make one body lo que llevaba la posibilidad de la unión a una situación límite, más allá de lo que tradicionalmente el propio concepto de unión parecía implicar. No se trataba ahora de cómo podía unirse un reino con otro, de acuerdo con las características de una unión principal o accesoria: se trataba de cómo transformar en una nueva realidad un conjunto de reinos que, bajo distintos acuerdos, venían disfrutando no obstante de una asentada unión entre ellos. Olivares, como hemos dicho, era consciente de esa novedad, pero era más consciente aún de la fidelidad previa que debía a la lógica de agregación que, sustentada sobre la cultura del ius commune europeo, informaba la concepción misma de la monarquía. Era este un condicionamiento que nunca podía perderse de vista. De ahí que, inmediatamente después de indicar al monarca cuál era el negocio más importante al que debía atender, Olivares hiciese notar que la re-
UNIÓN DE ALMAS, AUTONOMÍA DE CUERPOS: SOBRE LOS LENGUAJES DE UNIÓN...
113
ducción de los reinos de España «al estilo y las leyes de Castilla» debía de entenderse estrictamente circunscrita al ámbito de lo que eran cosas de gobierno. Y en tanto en cuanto la continuidad misma de algunas de esas cosas pudieran resultar «indecentes a la autoridad real» o, más aún, supusieran un obstáculo para la consecución del fin superior de la monarquía, es decir, para la «dilatación de la religión católica». Frente a la capacidad de intervención que se reconocía al monarca en el ámbito de las cuestiones de gobierno, de lo que era policía, las cosas de justicia aparecían como indisponibles a la sola acción del monarca. La dicotomía entre iurisdictio y gubernaculum que recorre la cultura jurídico-política del Antiguo Régimen, tan brillantemente argumentada en su momento por C. H. MacIlwain, se hacía así patente. En virtud de esa distinción crucial, reconocía Olivares, «los fueros y prerrogativas particulares que no tocan en el punto de justicia» podían modificarse. De hecho era algo que ya venían haciendo los propios naturales «en sus cortes», pero ese proceder era impensable en cuanto esos fueros y prerrogativas afectasen «un punto de justicia»: esta última, afirmaba Olivares, «en todas partes es una y se ha de guardar». La iurisdictio demostraba su condición de sostén material de los cuerpos territoriales de la monarquía, de unos territorios que, individualmente considerados, se concebían como un spatium armatum iurisdictionis. La presencia y aceptación tácita de este lenguaje jurídico ponía de manifiesto el alcance y las limitaciones con las que debía de contemplarse su propuesta de asimilación territorial a Castilla de los otros cuerpos políticos de la monarquía. En esa clave jurisdiccionalista, la autonomía de cada uno de esos cuerpos quedaba perfectamente establecida. El reconocimiento de esa autonomía no impedía a Olivares insistir en la oportunidad de su proyecto de unión, procediendo a exponer otras posibles vías que pudieran materializarlo. En este sentido, y con el mismo énfasis con el que se había aludido a la reducción de los reinos al estilo y leyes de Castilla, el texto del Gran Memorial advertía a su vez que «la cosa que más conviene ejecutar para la seguridad, establecimiento, perpetuidad y aumento de esta Monarquía», y aun «el medio solo de unirla», no era otro que el de «la mezcla» de sus vasallos. De hecho, esa mezcla constituía el segundo gran pilar del proyecto de Olivares que, por el momento, podía comenzar a concretarse a partir de una más equilibrada distribución de oficios y honores entre los naturales de los reinos. Algo que por otra parte el humanista Furió y Ceriol ya había planteado en su momento a Felipe II. La puesta en práctica de esta medida se ofrecía como un primer paso para instituir un vínculo de reciprocidad que el favorito estimaba fundamental, como un medio para acabar con la «desconfianza» que había venido presidiendo las relaciones entre los mismos reinos. Profundizando en esta línea, los textos redactados con motivo de la Unión de Armas subrayaban la importancia estratégica que podía llegar a alcanzar una correspondencia estable entre los reinos de la monarquía. En un documento de diciembre de 1625, recuperado por
114
PABLO FERNÁNDEZ ALBALADEJO
J. Elliott de la Bodleian Library, el conde-duque reiteraba la necesidad de que los reinos fuesen «cada uno para todos y todos para uno», señalando no obstante los límites que obligadamente enmarcaban esa correspondencia: reiterando lo dicho en el Gran Memorial, el proyecto de Unión de Armas debía entenderse asimismo «sin alteración de leyes y gobierno». Reconocida esa inalterabilidad, el texto insinuaba no obstante algunas líneas de actuación que hacían posible sortear ese obstáculo. Apoyándose en un principio pretendidamente universal, Olivares consideraba que previamente a la diversidad de naciones, costumbres, intereses y aun de religiones, ya existía y actuaba entre los humanos «el fin de la propia conservación», un impulso que era «natural y apetecido igualmente» entre ellos. Alimentadas por el derecho divino, el derecho natural y el de gentes, esas apetencias humanas se situaban por encima de cualquier consideración de orden político. Y era justamente la presencia de ese singular ámbito prepolítico lo que hacía posible el que unos reinos «distintos individualmente», es decir, distintos políticamente, pudieran sin embargo llegar a ser «unos en el amor, en la obediencia a su príncipe, en el celo de la religión» y, en última instancia, en la conservación misma «de todo el cuerpo de esta Monarquía y de la causa común de la Cristiandad». Marginando argumentos de tipo jurídico-político, Olivares intentaba exponer un planteamiento «que de suyo alentase los corazones y persuadiese de las conveniencias comunes». Tales debían ser las referencias de la Unión. En su acepción más profunda, la Unión de Armas se sostenía sobre una previa «correspondencia de los corazones», según se recogía en el propio texto oficial de la Unión. Pasando por encima de los cuerpos territoriales, la unión, mas que de las armas, resultaba serlo de las almas. La importancia estratégica que se concedía al vínculo afectivo representa la mayor novedad de la propuesta de Olivares. No puede decirse que se tratase de una presencia improvisada. Procedente de la cultura clásica y reelaborado luego por la patrística, la reivindicación de un ordo amoris se convertiría en el siglo XVI en argumento de combate de la cultura confesional católica frente al desafío maquiaveliano, caricaturizado sin más como una opción por el temor. La centralidad del amor devino bandera de un pensamiento que, del cardenal Pole a Bellarmino, Botero o Ribadeneyra, alimentaría una reactiva y renovada política cristiana. Acuñada en ese contexto, la noción de poder pastoral constituyó una de las piezas clave de esa nueva política. A partir de la comisión del «pasce oves meas» del evangelio de san Juan, el poder pastoral desplegaba una gramática amorosa ejemplificada en la atención individualizada que el pastor prestaba a cada una de sus ovejas (dispuesto a morir por ellas si fuera necesario). Para Ribadeneyra, en 1595, el nombre de pastor era el más apropiado para designar al príncipe justo, de igual forma que gobernar no era otra cosa que «apacentar», pascere, tal y como en 1612 proponía el agustino Juan Márquez en El retrato del
UNIÓN DE ALMAS, AUTONOMÍA DE CUERPOS: SOBRE LOS LENGUAJES DE UNIÓN...
115
Governador cristiano. Como tres años después reiteraba fray Juan de Santamaría en su Tratado de República y Policía Cristiana, rey no era tanto el que rige sino «el que rige como pastor». El monarca no era sino «un Padre público y común de la República» que, por encima de todo, debía de tratar a sus vasallos «con amor». Para Santamaría el gobierno pastoral llegaba a tener incluso una cierta proyección constitucional. Era prácticamente obligado –y políticamente correcto– que aquellos reyes que fuesen «señores de muchos Reynos y Provincias, tuvieren cerca de sí ministros y consejeros naturales de todas ellas». Como «natural ciudadano» que era de tantas comunidades políticas, el monarca, «de su voluntad», debía evitar hacerse «estrangero de ninguna». No cabía en este sentido mayor gloria a un monarca que «obligar a que todas las naciones le amen». La conexión entre amor e integración política se encuentra asimismo en otros planteamientos del momento, bien que el lenguaje que se utiliza no sea exactamente el mismo. Así sucede con el caso, poco conocido, del humanista y discípulo directo de Arias Montano, Pedro de Valencia. En su Tratado acerca de los moriscos de España, de 1606, Valencia desaconsejaba al monarca tanto la posibilidad de una expulsión cuanto, menos aún, la del exterminio de esa población. Después de todo, hacía notar Valencia, los moriscos eran también españoles, tan «españoles como los demás que habitan España». Sus antecesores habían ganado por las armas una tierra que, con toda razón, podían considerar como «propia suia». Había así una naturaleza previa que no podía dejar de considerarse. Sucedía al propio tiempo que, los moriscos, descendiendo de las «naciones» que anteriormente habían poseído España, se encontraban ahora «sin nombre ni privilegio de ciudadanos», de tal forma que «no se tienen por ciudadanos». Para Valencia, los moriscos se habían convertido en «una nación de siervos» dentro de los reinos de España, constituían una colectividad que obligada por esa misma exclusión mantenía un militante etnicismo identitario. Frente a las más rigurosas soluciones que se venían manejando, Valencia apostaba por jugar a fondo una estrategia de integración, refrendada en buena medida por lo que los Romanos («maestros y ejemplo de gobernar») habían practicado en su momento con la extensión del derecho de ciudadanía. Nada casualmente, Roma era también el ejemplo al que en ese año de 1606 había recurrido el doctor Bernardo Alderete. En su Origen y principio de la lengua castellana Alderete recordaba la forma en la que Roma, a partir de la extensión del derecho de ciudadanía, se había convertido en una efectiva patria communis, integrando jurídicamente la diversidad territorial de los habitantes del Imperio. Gracias a esa concesión, reiteraba Valencia, se pudo conseguir finalmente que «hiberos, españoles, tirrenos y sabinos» se llamasen romanos y esa era justamente la lección a aplicar. Se trataba de juntar a los moriscos «en un nuevo cuerpo de república y nombre de los habitadores de ella». La posibilidad de esa integración imponía no obstante atender a otras lecciones. Sobre el cemento cívico romano se sobreponían las más trascendentes enseñanzas cristianas, un Dictatum Christianum que, con su men-
116
PABLO FERNÁNDEZ ALBALADEJO
saje paulino de reunificación, Valencia había aprendido directamente de su maestro Arias Montano. El «amor» y la «cristiana caridad» resultaban imprescindibles para promover esa «unidad» y alcanzar la «concordia», para conseguir en definitiva que todos se sintiesen «atados con su gusto y voluntad» como único vínculo. Por su conexión con Montano, el lenguaje de Valencia se aproximaba más a las propuestas de reunificación cristiana surgidas después de la paz de Vervins, en las que –como es sabido– Jacobo I tuvo un destacado protagonismo. Trascendiendo la propia cuestión morisca, Valencia proyectaba esas recomendaciones con un carácter general, sugiriendo la conveniencia de «atar» con ese vínculo en cuestión «todos los vasallos que S. M. tiene, mayormente los de España». Se permitía incluso apuntar alguna que otra medida concreta que bien podía facilitar ese proceso, como sucedía con la eliminación de «rayas y puertos secos entre los dos Reynos de España», con la eliminación en definitiva de unas aduanas que sería mejor que «se borrasen del todo y se olvidasen», tal y como se había hecho entre los reinos de Castilla y León. Ese tipo de consideraciones estaban en línea con las que, muy poco antes, había manifestado un tacitista español de primera hora, como Baltasar Álamos de Barrientos. En sus escritos, Álamos había criticado la influencia nefasta que habían tenido los conflictos fronterizos en la historia inicial de esos dos reinos, motivados por unas barreras que posteriormente la decidida actuación de los monarcas había conseguido eliminar. En opinión de Álamos existía la posibilidad de «otra manera de Estado … para unir los reinos», una manera con la que finalmente podía alcanzarse la «unión» y la «concordia». En esa tarea el protagonismo del monarca era fundamental, pero su actuación debía de seguir unas determinadas pautas. La posibilidad de que «todo sea uno», de que se pudiera alumbrar «un reino de muchas provincias», exigía indefectiblemente la presencia de «un rey de todos y de todo», capaz de conseguir que «todos» sean «de Vuestra Majestad». Para conseguir este objetivo, el monarca, más allá de un dominio físico sobre los cuerpos, debía irradiar su propia majestad sobre «los ánimos», «poseer los ánimos y afición de todos». El monarca debía en definitiva reinar sobre los «corazones», las verdaderas «fortalezas» que defendían y mantenían los reinos. Fiel al tacitismo que le inspiraba, Álamos reivindicaba las enseñanzas de la prudencia romana como metodología con la que unificar los desunidos reinos de la monarquía española. Por lo demás, el protagonismo que se concedía a la acción del monarca era moneda común de la cultura política del momento, aunque el lenguaje y los medios que se apuntaban para llevar a cabo esa unión presentaban todavía más variantes. En sus Avisos para un privado escritos por Pedro de Herrera poco después de 1609, nos encontramos con la misma preocupación por conseguir la «unión de reinos», apuntándose también en este caso a las posibilidades que se abrían a través de la integración de los grupos dirigentes de cada uno de los territorios (esperando que en un plazo breve pudieran hallar-
UNIÓN DE ALMAS, AUTONOMÍA DE CUERPOS: SOBRE LOS LENGUAJES DE UNIÓN...
117
se «mezclados» los vasallos «de todas las Coronas»). Independientemente de ello, Herrera reconocía que para consolidar esa unión y conseguir una «proporcionada igualdad» entre los reinos debía de contemplarse la posibilidad de utilizar vínculos aún «más estrechos», vínculos cuyo objetivo final no podía ser otro que el de reducir los diversos estados del monarca «a un fuero y comunidad uniforme, que es la mayor fuerza que [se] puede dar a un Imperio». Retomando en cierto sentido el problema que se había planteado el Consejo de Castilla en 1479, Herrera sostenía que la incorporación de Portugal permitía considerar ahora a España como «unida en un señorío monárquico», situación que autorizaba a su titular a presentarse como «Rey de España y aun de las Españas, porque todas las posee». La sobredosis de legitimidad que le confería esa nueva condición permitía entonces al monarca que, prevalido de su superior «Derecho real» y representando «la parte mayor» de España, pudiera «reducir el particular derecho que pretende la parte menor», es decir, cabía modificar el derecho propio de un territorio. Herrera convertía la unión de reinos en una cuestión de «eminente necesidad» pero, doctrinalmente, la necessitas que se invocaba estaba lejos de la unanimidad en ese punto. Como en 1616 expondría el jurista aragonés Pedro Calixto Ramírez en su Analyticus Tractatus de Lege Regia, la intensidad del amor de los súbditos estaba estrechamente vinculada con el respeto del príncipe hacia las leyes del reino. A la institución regnícola del Justicia correspondía en concreto vigilar y regular ese flujo amoroso. En caso de extrema necesidad cabía introducir modificaciones en el ordenamiento, pero en todo caso las disposiciones que pudieran adoptarse debían ser tomadas por el cuerpo conjunto que constituían el rey y el reino. En Aragón el poder del monarca no podía concebirse fuera del poder del reino; como rezaban los textos, la jurisdicción se consideraba adherida al territorio, un espacio en el que comunidad y derecho propio se solapaban. En este mismo sentido, la monarquía se concebía como un agregado de territorios, de espacios con jurisdicción propia. De hecho Hispania estaba constituida por magnae regiones, esto es, por territorios que además de Aragón incluían a Castilla, Navarra, Valencia, Cataluña o Portugal. Con anterioridad, cada uno de esos territorios habían dispuesto además de monarca propio, lo que confería un cierto carácter contingente a la continuidad de la actual dinastía. La conclusión era evidente: los territorios conformaban la estructura profunda de la monarquía. Frente a la dinastía, los territorios representaban una realidad inconmovible. Y no era este un argumento que pudiera decirse exclusivo o singular de la Corona de Aragón: en su Monarquía de España concluida a comienzos del XVII, el toledano Salazar de Mendoza identificaba la historia de Castilla con la de una «República» nunca «sujeta a otro Reyno», habiendo practicado en su momento una «confederación» con los reyes de Asturias similar a la que hicieron «los cantones de Suizos» con el rey de Francia y otros potentados. No obstante esa unión, «Castilla quedó libre y con poder absoluto de República». La dinámica
118
PABLO FERNÁNDEZ ALBALADEJO
política del reino castellano ejemplificaba la misma lógica de agregación que presidía la historia de los reinos de la Corona de Aragón, y esa era en última instancia la clave de la propia Monarquía de España. Sin entrar en consideraciones sobre la autonomía de los cuerpos territoriales, el benedictino fray Juan de Salazar reivindicaba por último en 1619 la superioridad de principios que ofrecía la Política española frente a la que pudieran representar Maquiavelo, Bodin y demás «políticos». El fraile benedictino enfatizaba la consistencia de una monarquía que, a pesar de su extensión y dispersión, se mantenía fuertemente unida gracias a los vínculos generados por tres formas de unión: la que representaban los cuerpos –en este caso físicos– a través de los enlaces matrimoniales, la de las haciendas mediante el tráfico y comercio y, la más decisiva, la de los entendimientos a través de la fe y de la religión. En ello radicaba la fuerza de la monarquía española. La falta de indicaciones que encontramos en Salazar sobre el papel de los cuerpos iba de la mano con el énfasis que se hacía sobre esos otros vínculos alternativos de unión. Aunque el énfasis pudiera variar, cuerpos y almas constituían los dos polos sobre los que, obligadamente, debía de articularse cualquier posible discurso de unión. Después de todo –y como ya apuntara en su momento Bartolomé Clavero– cuerpos y almas constituían los auténticos sujetos de derecho de la cultura política hispana de la Edad Moderna. Por extraña y remota que nos pueda parecer era una composición que se consideraba tan viable como operativa. A la vuelta de su viaje a Viena en 1631, una figura tan característica como Juan de Palafox ofrecía un Diálogo político del Estado de Alemania y comparación de España con las demás naciones, una reflexión cuya principal conclusión proclamaba que la condición de España como «la más dichosa nación» resultaba del hecho de ser «una en la fe, en el rey y en la ley». Sentada esa premisa, Palafox procedía no obstante a preguntarse cómo podía conciliarse «esto de una ley» con el hecho de las diferentes leyes «con que se gobiernan las coronas de Castilla, Aragón y Portugal». Su respuesta mezclaba argumentos de naturalismo político con los de jerarquía de fines. Cada reino debía de mantener su ordenamiento, aquél en el que sus moradores «crecieron y nacieron». Era este un orden natural literalmente indisponible y «peligroso» de adentrarse en él. Sucedía simplemente que por encima de esta esfera fuertemente identitaria existía un orden de cosas que funcionaba «en lo universal», un orden constituido por la lealtad, obediencia y jurisdicción debajo de un rey. Con este reconocimiento podía darse por conseguida «la más principal parte de felicidad en lo político». El orden particular de un reino podía componerse así con el universal de la monarquía. Palafox y Olivares no hablaban después de todo un lenguaje tan distinto. Sus respectivas posiciones encerraban no obstante una curiosa paradoja: apuntando por elevación, el estadista Olivares minimizaba la entidad de los cuerpos para apostar por la superioridad de una unión de almas;
UNIÓN DE ALMAS, AUTONOMÍA DE CUERPOS: SOBRE LOS LENGUAJES DE UNIÓN...
119
contemplando las cosas desde lo alto, el eclesiástico Palafox defendía la indisponibilidad de los cuerpos para asegurar una sede, aunque fuese transitoria, a las almas.
Bibliografía (siguiendo la exposición del texto). •
ELLIOTT, J. H., The Revolt of the Catalans. A Study in the Decline of Spain (1598-1640), Cambridge, Cambridge University Press, 1963. - ELLIOTT, J. H. - PEÑA, J. F. de la, Memoriales y Cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid, Alfaguara, 1978-1980, 2 vol.
•
NEBRIJA, A. de, Gramática de la lengua castellana, Valencia, Librerías «París-Valencia», 1992 (Salamanca, 1492).
•
SOMMERVILLE, J. P. (ed.), King James VI and I. Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
•
MCILWAIN, Ch. H., Constitutionalism. Ancient and Modern, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1983 (1ª ed. 1940).
•
BRUNNER, O., Terra e Potere, Milano, Giuffrè, 1983.
•
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., «El pensamiento político. Perfil de una política propia», en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. (recop.), Materia de España. Cultura política e identidad en la España Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2006.
•
VALENCIA, P. de, Tratado acerca de los moriscos de España, edición de J. GIL SANJUÁN, Málaga, Algazara, 1997.
•
ALDRETE, B., Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España, Valladolid, Mastor, 2002 (Roma, 1606).
•
ÁLAMOS DE BARRIENTOS, B., Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado, edición de Modesto SANTOS, Madrid, Anthropos, 1990.
•
GARCÍA GARCÍA, B. J., «Precedentes de la Unión de Reinos. La unión de las Españas en tiempos de Felipe III», en ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. - GARCÍA GARCÍA, B. J. (eds.), La monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 385-419.
•
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., «Lex Regia Aragonensium. Monarquía compuesta e identidad de reinos en el reinado de Felipe III», en Materia de España.
•
SALAZAR DE MENDOZA, P., Monarquía de España, Madrid, Joachin Ibarra, 1770.
•
SALAZAR, J. de, Política española, edición de M. HERRERO GARCÍA, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945 (Logroño, 1619).
•
CLAVERO, B., «Almas y cuerpos. Sujetos del derecho en la Edad Moderna», en Studi in Memoria di Giovanni Tarello, Milano, Giuffrè, 1990, vol. I, pp. 153-171.
•
PALAFOX, J. de, Diálogo político del estado de Alemania y comparación de España con las demás naciones. 1631, en ALDEA VAQUERO, Q., España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, Madrid, CSIC, 1986, vol. I, pp. 491-519.
This page intentionally left blank
121
Las cuentas dispersas de las Juntas del Reino. El servicio de la Escuadra Antonio Eiras Roel Cronista General de Galicia Universidad de Santiago de Compostela
El llamado servicio de la Escuadra, concedido por el Reino en 1629 para la formación de la segunda escuadra de Galicia, es uno de los asuntos recurrentes que aparecen en la actuación del cuerpo colegiado de las ciudades gallegas a lo largo de siglo y medio, ya que empezó a gestarse a comienzos del reinado de Felipe IV y no acabó de resolverse definitivamente hasta el de Fernando VI. En su origen el servicio de los arbitrios de Galicia aparece directamente asociado a las enfáticamente denominadas Escuadras del Reino, aunque su desarrollo y vicisitudes posteriores desbordarán ampliamente el marco cronológico de éstas, por implicaciones de índole legal que hacen de él un tema de historia fiscal y cuantitativa, y que, por eso mismo, puede ser considerado con criterios diferentes o complementarios a los de la historia militar y política que se interesa en las escuadras en sí mismas1.
1. Las tres escuadras de Galicia y sus barcos La primera escuadra de Galicia –así llamada en la terminología de la época– fue la pagada con el servicio de cien mil ducados concedido por el Reino en 1621, a instancias de la Corona, a cambio de la recuperación del voto en Cortes. Según las condiciones del donativo de 1621, el Reino concedía los cien mil ducados ofrecidos por la recuperación del voto en Cortes con destino a la «fábrica, armazón y conservación» de seis bajeles que navegasen de ordinario por las costas del reino para limpiarlas de corsarios enemigos, salvo motivo extraordinario y temporal de salida «a ocasión del servicio de Su Majestad». Los cien mil 121
122
ANTONIO EIRAS ROEL
ducados se repartirían a lo largo de cuatro años entre las siete provincias (AJRG I, 107-A, 7 agosto 1625). En las capitulaciones del donativo se estipulaba que todos los capitanes y oficiales de los bajeles serían naturales del reino de Galicia, del mismo modo que se había concedido a sus naturales en la formación de la reciente escuadra de Vizcaya (AJRG I, 142-A, 13 julio 1628)2. Esa primera escuadra se redujo a los cuatro navíos construídos en Ribadeo por su mismo almirante, el capitular coruñés Pardo Osorio, los cuales se hicieron a la mar en octubre de 1628 para acompañar a la Armada real en su viaje a Andalucía. Estaba formada por la nave almiranta «Nuestra Señora del Rosario», que no regresó de Andalucía; la capitana «Santiago», que sería destinada a servir en las expediciones a Flandes y en los combates del Mar del Norte; el galeón «San Antonio», que resultó inservible para la navegación y ya en el viaje inaugural quedó varado en el puerto de Muros; y el patache «Conde Santo», que tampoco resultó apto para la navegación de altura. El de más brillante hoja de servicios sería la capitana «Santiago», el único galeón español que en 1638 logró romper el cerco enemigo en el combate naval de Guetaria, y que sería hundido un año más tarde en el desastre naval de las Dunas, al mando del almirante gallego Francisco Feijóo, combatiendo en inferioridad numérica cañoneado por varios navíos holandeses3. La segunda escuadra fue la concedida por el Reino en 1629, en la Junta celebrada ese año bajo la presidencia del fiscal José González, venido expresamente de Madrid a este objeto, con la finalidad de obtener la colaboración de las provincias gallegas en los planes del Conde-Duque de Olivares de fortalecer la presencia española en el Mar del Norte y restablecer el contacto marítimo con los Países Bajos mediante flotas anuales formadas a partir de diversas aportaciones provinciales, principalmente de la fachada cantábrica y de Galicia; proyecto que lograría hacerse realidad a lo largo de la década de 1630 hasta el desastre final de 1639. Habría de ser la escuadra de ocho navíos «fábrica de España» construída entre 1635 y 1638 en los astilleros de Portugalete y de Pasajes, por encargo del asentista don Francisco de Quincoces, quien en 1629 era secretario de la Junta de Armadas, y que daría lugar al larguísimo pleito con sus herederos. De los efectivos de esa escuadra construída por Quincoces, los cuatro navíos de la fábrica de don Juan de Amasa serían capturados en Pasajes antes de entrar en servicio, en agosto de 1638, por la escuadra francesa al mando del arzobispo de Burdeos y Almirante de Francia. De los cuatro de Portugalete que entraron en servicio un año después, fábrica de Vicente Martolossi, dos fueron hundidos por el mismo arzobispo en el combate de Santoña en agosto de 1639. En dos repasos, el arzobispo de Burdeos acabó con seis de los ocho navíos del asiento costeado por el servicio del Reino de Galicia. Los otros dos galeones de Portugalete, la capitana «La Natividad» y la almiranta «La Encarnación», entregados en octubre de 1639, fueron inmediatamente destinados por el rey a Cádiz para reforzar la Armada del Mar Océano y su destino final sería la carrera de las Indias. El imperturbable secretario Quincoces realizó todavía un nuevo
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
123
intento de reproducir el negocio para construir otros ocho galeones, prolongando seis años más el disfrute de los arbitrios (AJRG III, 53-D, Madrid 29-91638). Pero ante tantas decepciones las Juntas del Reino, con apoyo de las ciudades, lograron cortar la nueva pretensión de Quincoces –y de la Junta de Armadas seguramente– y poner fin a la experiencia de las escuadras de Galicia, suplicando al monarca «dar por resuelta la Escuadra y por libre al Reino de su asiento», por ser gravosa e inútil al reino, y que en su lugar se fortificasen los puertos clave para la defensa del país, «pues no se conoce puerto de este reino en el que la Escuadra haya entrado nunca» (AJRG III, 215-A, 29-1-1639). No por ello lograron poner fin a los llamados arbitrios de Galicia, que iban a seguir pagándose hasta 1751, cuando la escuadra llevaba más de un siglo en el fondo de los mares4. Entre una y otra escuadra propias del Reino existió una tercera escuadra formada por cuatro navíos arrendados a particulares, todos ellos extranjeros de países neutrales. Para suplir la previsible tardanza en la entrega por el secretario Quincoces de los galeones contratados para fabricar en los astilleros vascos, en 1634 el rey (entiéndase la Junta de Armadas) exigió a las ciudades gallegas la aportación inmediata de cuatro navíos armados, para pagar fundamentalmente con cargo a los arbitrios de Galicia y en parte con cargo a algunas consignaciones de la Hacienda real. De la documentación publicada se colige que el encargado de gestionar el arriendo de estos barcos que servirían a sueldo, aunque a nombre del Reino y con cargo a sus arbitrios, fue el propio secretario Francisco de Quincoces, mientras el encargado de abastecerlos y de pagar los fletes a sus capitanes y los salarios a sus tripulaciones fue su hermano Juan de Quincoces; todo ello por supuesto en calidad de comisionistas del Reino conforme al asiento firmado el 22 de julio de 16345. Con esta combinación tan bien urdida, cuyos pormenores más íntimos sólo ellos conocían bien, los hermanos Quincoces se aseguraban tanto el control de los arbitrios como el de los barcos, y lo que es todavía más importante, quedaba en sus manos toda la documentación contable referente a la fábrica, sustento y abastecimiento de las escuadras y a la paga de fletes y salarios a sus tripulaciones; lo que en caso de un futuro litigio los situaba en una clara posición de prevalencia, ya que sólo ellos iban a disponer de la totalidad de los datos contables. De hecho el famoso pleito de los Quincoces daría comienzo precisamente con un litigio por razón de los pagos a esta flota de navíos arrendados de particulares6.
2. Los arbitrios de la escuadra y su primer arranque En julio de 1629 el Reino pactó con el influyente consejero José González, brazo derecho de Olivares, la concesión al monarca del llamado servicio de la Escuadra, en ocasiones también llamado los arbitrios de Galicia, que se perci-
124
ANTONIO EIRAS ROEL
birían sobre los géneros de la sal y el pescado salado más algunos otros productos gallegos de exportación, para construir y sostener una nueva escuadra de ocho galeones y un patache, mejorar las fortificaciones de Galicia, socorrer las urgencias del monarca en la guerra de Mantua y otras atenciones. Los capitulares de las Juntas dieron en llamarlo el «servicio de los 800.000 ducados», pues esa era la suma total que se preveía recaudar de los arbitrios a lo largo de un número indeterminado de años, veinte o más. Todas las prestaciones de ese complejo servicio habían de salir de los medios escriturados por el Reino de forma literalmente arbitrista. En efecto, la escritura del servicio se fundaba en unas previsiones algo optimistas del rendimiento anual de los arbitrios, que luego se irían viendo muy reducidas en la realidad; y era por otra parte imposible atender a todas esas finalidades de golpe7. Llama la atención la facilidad y rapidez con que los procuradores de las ciudades gallegas («el Reino») concedieron al monarca un servicio tan crecido, pues aquella Junta duró sólo doce días, plazo insólito por su brevedad para conseguir de las Juntas gallegas la simple renovación de un servicio, cuánto más un nuevo servicio de tanta envergadura y concebido para durar en principio al menos veinte años. La explicación de tanta largueza no se encuentra tanto en los beneficios que al país cabía esperar de la escuadra en orden a la protección de las costas como en las esperanzas que el fiscal José González hizo concebir a los capitulares de poder disponer de al menos una parte de la recaudación de los arbitrios para costear los salarios y gastos de las propias Juntas, o para el envío de capitulares a la corte so color de gestionar los asuntos pendientes del Reino, entre otras promesas relativas a varias demandas y reivindicaciones históricas que venían sosteniendo las élites de poder de las ciudades gallegas y que no es ahora el momento de examinar8. Al conceder los arbitrios de Galicia hasta la suma de los 800.000 ducados, la Junta de julio de 1629 intentó reservarse la facultad de disponer en favor del Reino las medidas de control sobre su cobranza y administración por las ciudades; pero esto nunca se le permitió, ya que era un servicio concedido al Monarca para finalidades precisas y como tal debía quedar bajo el control de la Hacienda real. La Corona dio largas al nutrido pliego de «condiciones» que acompañaban al servicio, la mayoría de las cuales atendían simplemente a complacer los intereses de la hidalguía regnícola y de los propios procuradores presentes, y que se parecían demasiado a los pliegos de condiciones de las escrituras de millones del reinado precedente, con las que Olivares y su equipo de gobierno estaban resueltos a acabar ya a la altura de 1629. Pero sobre todo trató de evitar que la recaudación y administración de unos ingresos tan considerables como los de los arbitrios y tan necesarios para la política naval del momento en relación con los Países Bajos quedasen en manos ajenas, nada expertas y poco solventes, como eran las de los procuradores de las ciudades9.
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
125
La cédula real aceptando el servicio de la escuadra se firmó en enero de 1630, y a partir de esa formalidad pudo iniciarse la cobranza de los arbitrios por el equipo de fieles y corredores que dejó montado el contador Diego de Vera antes de su regreso a Valladolid o a la corte. Pero las Juntas del Reino nunca llegaron a disponer de la recaudación o de la administración de los arbitrios que habían concedido, y la cédula real que ordenaba su cobro ni siquiera les fue dada a conocer hasta 1633. La explicación más verosímil de esa demora nos parece la de que en un primer momento (de enero a octubre de 1630) los arbitrios de Galicia se pusieron bajo el control o superintendencia del gobernador para ser recibidos en depósito por la pagaduría de la gente de guerra de Galicia, con objeto de poder servirse de esos ingresos para otras urgencias del momento que estaban al cuidado del mismo capitán general, como eran por esos años la formación de las Armadas. La discontinuidad de las Juntas del Reino favorecía esa forma de intervención del poder real sobre los arbitrios, ya que las Juntas sólo estuvieron reunidas dos semanas en febrero de 1630, para tratar de la venta de oficios de regidores y de varas de alguaciles mayores; otra semana en mayo del mismo año para tratar de una nueva imposición sobre la sal; ningún día del año 1631 en el que no se celebró ninguna Junta; otra semana en febrero de 1632 con el simple objeto de designar procurador para la jura del príncipe Baltasar Carlos; tres semanas en agosto del mismo año 1632 para dar su conformidad a los nuevos servicios de millones aprobados por las Cortes y luego las Juntas estuvieron suspendidas hasta octubre de 163310. Lo que ocurre con los arbitrios de Galicia en esos primeros meses de 1630 queda muy oscuro en la documentación disponible. Hay que sobreentender que los arbitrios comenzaron a percibirse, al menos el referido a los dos reales por fanega de sal, que siendo el más lucrativo era también el único que no requería montar una nueva administración separada de la real. Del resto de la decena de arbitrios nada puede asegurarse, dentro de la oscuridad que rodea a esta primera fase de la puesta en marcha de la nueva tributación. A la opacidad del conjunto hay que sumar todavía la confusión, tal vez intencionada, generada por una provisión del Consejo de marzo de 1630, dirigida a los siete regidores procuradores del Reino, que en lugar de dar el tema de los arbitrios por cerrado lo reabría nuevamente, proponiendo substituir los arbitrios más incómodos de percibir por una nueva y mayor imposición sobre la sal. La propuesta no tuvo efecto, pero fue en todo caso una hábil maniobra de distracción para que las Juntas de 1630 se disolvieran sin entrar en el tema de fondo de la recaudación de los arbitrios, en espera de una resolución sobre las mercancías a gravar, o bien en espera de las cláusulas generales del asiento que gestionaban en Madrid los dos diputados del Reino comisionados para ese efecto11.
126
ANTONIO EIRAS ROEL
3. La administración de los arbitrios por la Real Hacienda Embarcada en empresas de alto bordo que tenían las costas gallegas por base de operaciones, en octubre de 1630 la Hacienda real decidió poner los arbitrios de Galicia bajo su administración directa, en cuya situación permanecieron hasta diciembre de 1634, a pesar de algún intento realizado por las Juntas para obtener la administración. Cuando ya los arbitrios llevaban tres años bajo administración regia, en 1633 la Junta de Armadas decidió dar paso a la adquisición de los barcos e hizo reunir la Junta del Reino para urgir la composición de la escuadra, amenazando con penalizar al Reino con intereses de mora por no haber cumplido las condiciones del servicio; los procuradores alegaban carencia de medios para hacerlo, por haberse gastado y estarse gastando el dinero de los arbitrios en otras dedicaciones del real servicio que estaban bien a la vista, y esto exigía un replanteamiento de la situación12. La intervención regia de los arbitrios de Galicia debe ponerse en relación con las expediciones marítimas al Mar del Norte llevadas a cabo a partir de la primavera de 1631. El rendimiento del servicio en esos cuatro años, o su mayor parte, pudo haberse invertido en ayudar a pagar las correspondientes levas de soldados que se levantaban en Galicia y en las provincias del norte con destino al frente de los Países Bajos, o en armar y equipar las expediciones organizadas en la rada coruñesa con destino al puerto de Mardick, para abastecer en hombres y dinero el mencionado frente13. La prioridad de los arbitrios en el orden cronológico era la de adquirir «por compra o por fábrica» una escuadra de ocho bajeles, así como el sostenimiento de su marinería. Pero hasta 1633 no se llegaron a capitular las condiciones del asiento para la adquisición de una flota, ni siquiera sobre el papel, y no parece que esto sea atribuible solamente a la inercia, lentitud e inoperatividad de las Juntas. Es evidente que la Corona, o su órgano ejecutivo para la política naval, la Junta de Armadas, manejó los tiempos a su conveniencia en lo que toca a la formación de la escuadra. De 1630 a 1632, y aún más adelante, los arbitrios eran necesarios para equipar y abastecer las armadas disponibles para el Mar del Norte; pero en 1633 se hacía sentir la necesidad de nuevos barcos y esto imponía un giro en el empleo del dinero del servicio. Tras tres años enteros de indecisión o inactividad, urgidos ahora por la Corona (real cédula de 12 de febrero de 1633), los dos delegados del Reino en Madrid capitularon en la corte, en abril de 1633, el asiento con el monarca, en virtud del cual el Reino se obligaba a adquirir o fabricar con cargo a los arbitrios los ocho galeones y un patache, que debían estar disponibles un año más tarde14. Al hacerse cargo la Junta de 1633 de la responsabilidad de aportar los barcos, la vía primera y más fácil era comprarlos hechos de fábrica extranjera; para ello sólo faltaba el dinero líquido. De la compra se encargaron el almirante y el
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
127
capitán general de la Escuadra, que conservaban sus nombramientos (y sueldos, cargados a los arbitrios) tal como los habían recibido para la primera escuadra, ya desvanecida. Pero esa operación se concebía como una compra a plazos, a pagar con lo que se fuese recaudando de los arbitrios, y ésta debió ser la razón por la que los proveedores (los hermanos Sinel) se desinteresaron del negocio. Ambos comisionados realizaron sus diligencias sin moverse de Madrid y Coruña respectivamente, y suponemos que Pardo Osorio las hizo a través del secretario Quincoces, individuo de la Junta de Armadas, íntimamente relacionado con los puertos vascos y con hombres de negocios establecidos en Madrid, como el propio Enrique Sinel, administrador de las salinas de Asturias y Galicia. Siendo así, Quincoces no podía tener gran interés en que el arreglo con los Sineles llegase a buen puerto, ya que su deseo era contratar personalmente la construcción de los navíos; como así acabaría ocurriendo una vez fracasado el intento de compra a través de aquéllos15. La Hacienda real llevó los arbitrios en administración hasta fines de diciembre de 1634. Antes de concluir ese año, y para que el Reino pudiera hacer frente a sus compromisos de aportar una nueva escuadra, por real cédula de 20 de diciembre de 1634 se mandó entregar los arbitrios al Reino. Pero esa entrega era sólo de entrada por salida, ya que previamente, por la escritura de convenio firmada el 22 de julio de 1634, el Reino había convenido entregar los arbitrios en arrendamiento a los hermanos Quincoces, por seis años a partir del 1 de enero de 1635. Pocos días después de la real cédula se firmaría el asiento con el secretario Quincoces para la construcción de la escuadra con cargo a los arbitrios de Galicia, lo que hace ver lo que de mera formalidad tenía realmente aquella entrega de los arbitrios al Reino16. Si se exceptúa el pago de los salarios de la Junta de 1629 y los de los dos diputados que fueron a la corte en 1633 a negociar el asiento de la escuadra, a las Juntas posteriores a 1630 no se les dio oportunidad de tocar un real del producto de los arbitrios durante los primeros años en que corrieron bajo administración regia. Ni siquiera lograron cobrar con cargo a ellos los salarios y gastos de las Juntas, como les había prometido el fiscal José González; en varias de ellas el tema ni se toca, y en 1633 los capitulares evidencian su desesperanza acudiendo al Consejo para que les autorice a cobrar sus salarios por repartimiento entre las provincias, como se había hecho en ocasiones anteriores y volvería a hacerse más tarde17. Pero a partir de la Junta de 1633, convocada de orden real para poner en marcha la compra o fábrica de los bajeles, era necesario abrir un portillo para que las Juntas pudieran llevar a cabo ese cometido ayudándose en sus gestiones con cargo a los arbitrios. En el año 1634, o a partir ya de octubre de 1633, se documentan algunos libramientos hechos por las Juntas, que al parecer fueron atendidos –no siempre– por la veeduría de los arbitrios. A ese año corresponde también la creación de la Diputación del Reino para la correspon-
128
ANTONIO EIRAS ROEL
dencia de los negocios con Madrid durante los períodos de hueco entre juntas, a imitación de la existente en las Cortes, pagada naturalmente de los arbitrios. De esa serie de libranzas se evidencia que a partir de 1634 el Reino dispone al menos de una parte menor del dinero de los arbitrios y hace libranzas sobre los mismos con cierta liberalidad18. El fisco tenía que abrir un poco la mano, pero no demasiado para poder controlar tanto el despilfarro en el gasto, al que los señores capitulares solían mostrarse inclinados, como el fraude en la recaudación por parte de los «fieles» y administradores; a ese fin serían designados en el mismo año 1634 un letrado superintendente de los arbitrios y un contador y veedor regio venido expresamente de la corte con ese objeto. No obstante, parece que a partir de la celebrada el año 1634 las Juntas pudieron por algún tiempo realizar su sueño de cobrar los salarios y gastos de los procuradores con cargo a los arbitrios19. Por el portillo recién abierto las Juntas comenzaron a ver la luz y a considerar el empleo de los arbitrios como hacienda suya propia, pretendiendo enviar dos comisionados a la corte con cargo a la misma, y en la Junta de abril de 1634 algunos procuradores protagonizaron un tenso incidente con el gobernador marqués de Mancera, al reprocharle el empleo que se estaba haciendo del dinero de los arbitrios y pedir que se pusiesen bajo el control directo de la Junta. Se quejaban los regidores de que el dinero de los arbitrios se estuviese gastando en otros efectos del real servicio relacionados con las expediciones armadas de aquellos años con destino a los Países Bajos y en el pago de sus expertos militares o navales20. Entendemos que los oficiales de la escuadra siguieron al servicio del gobernador por todo el tiempo que duraron las expediciones armadas de aquellos años y que los dos capitulares comisionados no llegaron a ir a Madrid. Muy al contrario, de esas iniciativas de la Junta de abril de 1634 procedería la designación de un superintendente de los arbitrios y de un veedor de las recaudaciones para reforzar el control regio sobre el servicio y para salir al paso del deseo de autonomía que empezaban a mostrar los capitulares en la administración del mismo. A esta doble finalidad obedece el nombramiento del alcalde mayor don Antonio de Lezama como superintendente de los arbitrios de Galicia y la nueva comisión del escribano Diego de Vera, en ese mismo año 1634, para ejercer sus funciones de contador regio en las localidades de cobro, la villa de Pontevedra y también otras. Durante el tiempo que medió entre su nombramiento y el arriendo de los arbitrios a un asentista u hombre de negocios privado, queda claro que Lezama pasó a ser la única persona con autoridad para hacer libramientos con cargo a los arbitrios de Galicia21. En cuanto a Diego de Vera, hombre de confianza del fiscal González como es sabido, regresa a Galicia en 1634, próxima a finalizar la administración regia de los arbitrios, como veedor encargado de verificar su rendimiento y de poner los alcances líquidos a disposición del nuevo superintendente. Su función parece ser la de recuperar el dinero de los recaudadores directos,
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
129
o de quien indebidamente retuviese o hubiese percibido dinero de los arbitrios, y ponerlo en manos del depositario de Betanzos, el capitán Miguel Ordóñez, para su control por el alcalde mayor Lezama, único autorizado a hacer los libramientos22. La Hacienda real llevó los arbitrios en administración cuatro años y tres meses, de octubre de 1630 a diciembre de 1634 (AJRG IV, 21-B, 8 enero 1641). Lo que produjeron los arbitrios en ese tiempo «no se sabe fijamente», según un informe tardío del siglo XVIII; y ello es en parte debido a la oscura gestión de los administradores locales, que obligó a enviar a Galicia al contador Diego de Vera cuando la etapa de la administración regia tocaba ya a su fin, con lo que los alcances y embargos efectuados por el veedor se ingresaron ya desde el año 1635 en adelante23. Del rendimiento de los arbitrios en esos cuatro años bajo administración regia tenemos sin embargo una idea aproximada por el producto de los años siguientes y por indicaciones posteriores del tiempo (1682) en que los contadores del Consejo de Hacienda hicieron el primer fenecimiento de cuentas. A tenor de esos testimonios puede aventurarse la cifra de unos 120.000 ducados de ingresos de los arbitrios en los cuatro años y pico en que el rey los tuvo por administración, de los cuales cerca de unos 40.000 ducados serían cargados a la cuenta del Reino como partidas supuestamente gastadas por éste24. Vale decir que, a efectos de las futuras cuentas de la Contaduría (en su primer fenecimiento del año 1682), en el debe de los años 1630 a 1634 el Reino aparecería obligado al cargo de unos 40.000 ducados, que suponían la tercera parte del ingreso de los arbitrios de esos años. Causa extrañeza que pudiera cargarse a las Juntas de semejante gasto, a tenor de la escasa capacidad de intervención sobre los arbitrios que en ese tiempo se les dió, como ya queda expuesto. El asunto permite ser clarificado con alguna aproximación con la ayuda de la documentación publicada de esos años, en la que se localizan dispersas varias libranzas con cargo a los arbitrios por la suma de unos 37.000 ducados, cifra no muy alejada de los 39.000 ducados de la relación del contador Delgado. La diferencia entre ambas cifras pudiera corresponder a los salarios y obvencionales que el veedor Vera cobró por su comisión del año 1635, que no se computan en nuestra reconstrucción por desconocidos, pero que según la costumbre de la época hubieron de salir de los mismos caudales que dicho veedor recuperó para el arca de los arbitrios de los años 1630 a 1634. Sin computar esa partida desconocida, todas las otras partidas citadas suman por defecto el cargo de 36.757 ducados, superior al rendimiento de un año del servicio de la Escuadra, que se cargaban al Reino por los gastos fijos de cuatro años en los que no había habido escuadra. Del cargo efectivo que así obtenemos, más de 6.000 ducados habrían transmigrado limpiamente al bolsillo del almirante de esa inexistente escuadra, quien había permanecido esos cuatro años en la corte al servicio de la Junta de Armadas; una cantidad semejante se había empleado en pagar dos o tres reuniones de Juntas,
130
ANTONIO EIRAS ROEL
3.000 ducados en salarios del otro negociador del asiento de la escuadra y otros 20.000 ducados en salarios de cuatro años del personal de las Armadas que servía a las órdenes del capitán general, pero que no obstante se cargaban al Reino como mandos de su sedicente escuadra. De este modo la reconstrucción contable permite apreciar el equívoco del sistema, conforme al cual gran parte de los gastos que luego se cargarían al Reino por la Contaduría eran en realidad salarios de los agentes del rey sobre los que las Juntas carecían de toda capacidad de disposición. El Reino en definitiva aparecería como deudor por gastos ajenos a la finalidad de los arbitrios y a las propias Juntas25.
4. El arriendo de los arbitrios y su conexo: la fábrica de la escuadra El asiento concluído con la Junta de Armadas el 5 de abril de 1633 concedía al Reino un año de término para aprontar la escuadra. Cumplido el plazo sin ni siquiera haberse puesto en obra los navíos, a finales de 1634, cuando todavía se negociaba el asiento de la fábrica con Francisco de Quincoces, se ordenó al Reino que tomase a sueldo cuatro navíos armados de particulares para servir con ellos en el ínterin, a partir ya de la campaña de 1635. Fueron los cuatro navíos arrendados a particulares cuya desgraciada historia queda ya relatada. El Reino tenía ahora una escuadra a su cargo y eso requería poner fin a la administración regia de los arbitrios para transferir al propio Reino toda la responsabilidad tanto en la fábrica de la nueva escuadra que estaba a punto de contratar con Francisco de Quincoces (el asiento llegó a su término en enero de 1635) como en sostener operativa la flota de cuatro navíos de particulares26. Ese era el planteamiento desde el punto de vista formal y jurídico, aunque en el plano real las cosas se le dieron hechas al Reino a través de su negociador Pardo Osorio, agente doble al servicio de la Junta de Armadas. Desde el punto de vista de ésta, para garantizar la operatividad del sistema era conveniente que un asunto tan complejo como el aprovisionamiento de una flota, fuese pequeña o grande, estuviese en manos de un hombre de negocios profesional, y eso los mismos procuradores gallegos lo reconocían al firmar el asiento con Juan de Quincoces para el aprovisionamiento de la escuadra, primer paso antes de contratarla a particulares extranjeros; todo ello por mano de los Quincoces, únicos que contaban con la necesaria profesionalidad, relaciones y conocimiento en la materia. En contrapartida, el Reino les cedía por ese asiento el arrendamiento de los arbitrios por seis años (1635-1640) en precio de 38.200 ducados anuales27. En virtud del doble asiento firmado con los Quincoces en julio de 1634 todo el control sobre la gestión del dinero de los arbitrios, su cobranza y su empleo, iba a ir pasando progresivamente a manos de Juan de Quincoces, pero no de golpe. Es perceptible que en 1635 y buena parte del año 1636 permanece toda-
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
131
vía, por inercia de la etapa anterior, una administración compleja y poco clara de los arbitrios que contribuía a añadir confusión sobre sus cuentas y a dificultar su clarificación futura, llegado el momento de su fenecimiento. Por este tiempo la acción del nuevo arrendatario se encuentra mediatizada de una parte por la superintendencia del alcalde mayor Lezama, que conserva la facultad de emitir libranzas sobre lo recaudado, y de otra por el depositario Miguel Ordóñez, que atiende, cumple y paga las libranzas ordenadas por el Reino. El nombramiento del capitán Ordóñez como depositario del Reino (enero de 1635) coincide con la entrada en vigor del arriendo de los arbitrios a Juan de Quincoces y puede verse como simple consecuencia de la real cédula de 20 de diciembre de 1634 que mandaba entregar los arbitrios al Reino. Su función parece ser la de mero intermediario contable entre el Reino y los dos hermanos Quincoces, como depositario temporal del dinero que uno de ellos (y el veedor Diego de Vera por algún tiempo) fuese entregando al Reino de los arbitrios, para ponerlo a disposición del otro con destino a pagar la fábrica de los navíos; aunque las libranzas del capitán Ordóñez, en cumplimiento de órdenes del Reino, no se limitaron sólo a esto28. La superintendencia de Lezama, que carecía de razón de ser en el nuevo régimen de arrendamiento de los arbitrios, desaparece ya a mediados de 1635; pero la presencia interpuesta de un depositario nombrado por el Reino duró todavía un año más. De esta situación confusa pudieron sacar partido por algún tiempo las Juntas que disponían de los arbitrios con una limitada discrecionalidad. Ese desarreglo debió corregirse desde mediados de 1636 en que la arquería y administración de los arbitrios se centran en manos de Juan de Garrástegui, factor o dependiente de Juan de Quincoces; con lo que se cierra el triángulo formado por la cobranza de los arbitrios, el abastecimiento de los navíos arrendados y la fábrica de la nueva escuadra propia del Reino, con sus tres lados personificados en los dos hermanos Quincoces y en su factor o agente Juan de Garrástegui29. Con la puesta de toda la administración de los arbitrios en manos de Juan de Garrástegui no desapareció el problema de fondo, que era la falta de cobertura de los arbitrios para atender a todas las obligaciones contraídas sobre ellos, por la contradicción existente entre la necesidad de sustentar una onerosa flota de navíos arrendados y la obligación de costear al mismo tiempo la costosa fábrica de navíos propios que habían sido ofrecidos al rey. A ello hay que añadir todavía otras obligaciones menores contraídas por el arrendatario de los arbitrios, en virtud de la letra del asiento firmado el 22 de julio de 1634, entre ellas el pago de los salarios y gastos de las propias Juntas cuantas veces el Reino se juntase para tratar cosas relativas a la escuadra. Desde que en 1641 el arriendo de los arbitrios pasa a manos del asentista y hombre de negocios Ventura Donís cesará esta práctica y los salarios y gastos de las Juntas serán repartidos entre las provincias, previa licencia del Consejo y autorización puntual del Real Acuerdo. Con-
132
ANTONIO EIRAS ROEL
viene advertir que, además de otros problemas que no tardarían en presentarse en relación con el rendimiento efectivo de los arbitrios, el valor de los 38.200 ducados anuales del arriendo quedaba reducido en la práctica a unos 30.000, por el descuento reconocido a Juan de Quincoces de 8.818 ducados anuales en concepto de mermas y desperdicios de los bastimentos para la flota, que venía a ser –o así lo entendemos– una comisión encubierta al arrendatario por el mantenimiento de la flota de navíos arrendados de particulares30. Todas las libranzas anteriores eran en cierto modo interferencias extrañas al fin primero y principal de los arbitrios, que era costear la fábrica de los navíos conforme al asiento del 5 de abril de 1633 con la Corona y a los dos contratos firmados con Francisco de Quincoces en 30 de enero de 1635 y en 16 de enero de 1636. Al fallar los tratos para la compra de los navíos con los Sineles, se fue abriendo camino la idea de encargar su construcción al secretario de la Junta de Armadas, Francisco de Quincoces, hermano del asentista real para el aprovisionamiento de la Armada y arrendatario de los arbitrios de Galicia, Juan de Quincoces, quien se ofrecía a tomar a su cargo la fábrica de los navíos «en conformidad del asiento de don Martín de Arana», esto es, a razón de 30 ducados la tonelada de navío puesto a punto de navegar, con entrega para abril del siguiente año. El círculo del pleno control del servicio por los hermanos Quincoces quedaba cerrado con esta última operación31. Desde muy pronto pudo verse que aquel plazo no se cumpliría por varios motivos, el primero de ellos la dificultad del Reino para hacer efectivos a Francisco de Quincoces los primeros pagos de su asiento; cosa cantada de antemano por falta de cabida del rendimiento neto de los arbitrios, a la sazón controlados todavía por Lezama, y porque en su mayor parte estaban afectos al mantenimiento de la flota de navios arrendados32. El incumplimiento de las pagas y plazos permitió al secretario Quincoces revisar las condiciones de su asiento, llegando a un segundo contrato con el Reino en el que se elevaba el precio de la tonelada (aunque fuese por razones «técnicas») y se prolongaba el plazo de entrega final hasta mayo de 1637, además de introducir la lucrativa garantía del pago de intereses al ocho por ciento por las demoras en los libramientos al asentista. Otra novedad implícita en el nuevo convenio era el pago del premio de la plata por todo el valor de las toneladas, frente al de 1635 que respetaba las condiciones del asiento de don Martín de Arana (dos tercios en plata y un tercio en vellón). Con el premio de la plata y el recargo por la conducción del dinero a la villa de Bilbao, el precio de fábrica pasaba así de 30 a 40 ducados la tonelada. Siendo el origen de todo la falta de liquidez para el pago de la fábrica, del conjunto de acuerdos para el nuevo contrato formaba parte el pedir al Consejo autorización para repartir entre los vecinos una parte del valor de los barcos y el pedir al monarca la suspensión por cuatro años con destino a la fábrica de los 25.000 ducados anuales del servicio de la marinería. Por el fuerte ascendiente
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
133
del secretario Quincoces en la Junta de Armadas y el interés común de ésta en las construcciones navales, se partía de la base de que ambas demandas serían atendidas, aunque no sin las contrapartidas de prolongar la duración del servicio y de acabar de perder indefinidamente el control de los arbitrios por parte del Reino33. El nuevo convenio de este «tercer asiento» con Quincoces no resolvió los problemas de liquidez, ya que la suma del «empréstido» más el repartimiento realizado en 1637 distaba mucho de cubrir el entero valor de la fábrica de los navíos y era preciso suplir con dinero de arbitrios. A esto había que añadir otras obligaciones fijas, como el pago de sus sueldos al almirante y al general de la Escuadra, y por algún tiempo al menos, también a los capitanes de la misma; el pago de salarios al superintendente encargado de supervisar la construcción de los navíos (en un primer momento el inevitable almirante Pardo Osorio, y luego el capitular don Juan de Yécora); el envío de algún diputado a la corte con cargo a los arbitrios; los salarios y gastos de las Juntas y otras partidas menores, como salarios de la Diputación del Reino, despacho de correos a la villa de Bilbao, mantenimiento del hospital de la Escuadra (o de la casa ruinosa a la que se daba ese enfático nombre) u otros posibles conceptos por los que la Junta hubo de expedir libranzas sobre los arbitrios durante esos años34. Urgidas a efectuar las pagas a su tiempo, desde 1637 al menos las Juntas comienzan a resentirse de la dificultad de conocer el estado de las cuentas y lo realmente librado para la fábrica de la escuadra. Ya en ese año la Junta mostraba desconfianza sobre las cantidades percibidas por el secretario Quincoces, las cuales pensaba –con exageración evidente– que excedían el importe de su asiento; aunque reconocía la dificultad de adquirir certeza en este punto por el error de partida de no haber nombrado un contador del Reino que tomase la razón de lo que se iba librando en los arbitrios, y ni siquiera un libro de caja llevado por el escribano de las Juntas para transcribir copia de las libranzas. El desbarajuste contable de las Juntas era debido a que los capitulares formaban sus cuentas sobre datos sueltos tomados de aquí y de allá, y no sobre documentos contables sino sobre meras menciones de acuerdos reflejadas en los libros de Actas. Así a mediados de 1637 daban por librados para la fábrica la suma de unos 75.000 ducados, de los que 60.000 pertenecerían a las cantidades libradas en el año 1635, o correspondientes a dicho año. Pero como el precio del arriendo era de 38.200 ducados anuales (y de ellos, por un ardid que ya ha sido explicado, el arrendatario admitía libranzas sobre 30.000 solamente), resultaría que Juan de Quincoces estaría asumiendo pagos en favor de su hermano por el doble del valor de su arriendo justamente; lo que resulta difícil de creer y delata el tufo verbalista o equívoco de algunas de las libranzas que decían hacer las Juntas, reflejadas en simples acuerdos de Actas. Llegados a ocasión de litigio, el caos contable del Reino no haría más que beneficiar a los asentistas, que como hom-
134
ANTONIO EIRAS ROEL
bres de negocios sabían llevar sus cuentas; y en todos los fenecimientos de cuentas los contadores del Consejo de Hacienda se inclinarían siempre a dar la razón a los asentistas antes que a un Reino que, a falta de documentación contable y precisa, sólo podía aducir argumentos verbalistas difíciles de justificar35. Finalmente, a la desconfianza de las Juntas venía a sumarse la insatisfacción de los propios arrendatarios con el rendimiento de los arbitrios, que según afirmaban no les permitía cumplir con el elevado precio del arriendo de 38.200 ducados anuales por haber cambiado las circunstancias iniciales. El asiento de los arbitrios se convino por seis años, de 1635 a 1640, y ya en su primer año estalló la guerra con Francia, con su influencia negativa sobre el comercio náutico en general. El arriendo incluía, entre otros conceptos, el uno por ciento de todas las mercadurías que entrasen en el Reino más otro uno por ciento sobre los barcos del azúcar que venían del Brasil. Por esos mismos años se instalaron los holandeses en Pernambuco y los barcos del azúcar dejaron radicalmente de llegar a Galicia. Eran motivos que aducía Juan de Quincoces para reclamar una baja en el precio del arriendo. Poco antes de cesar en 1638, el gobernador marqués de Mancera reconoció que los arbitrios habían experimentado una baja importante en su recaudación, que a ojo de buen cubero se cifraba en una cuarta parte; pero el Reino nunca se dio por enterado de esa circunstancia y es difícil saber si esa baja les fue computada a los Quincoces en las futuras cuentas de los contadores de una y otra parte, o del Consejo de Hacienda36.
5. El fin del arriendo y los pródromos del litigio con los Quincoces El largo litigio con los hermanos Quincoces y sus herederos, que no finalizaría hasta la derogación definitiva del servicio por la real provisión de 31 de marzo de 1751, es materia que por su extensión debe quedar diferida para otro trabajo. En el presente se ha pretendido solamente explorar las raíces del conflicto, que nace de la imprevisión del contrato firmado con la Junta de Armadas por los comisionados del Reino en 5 de abril de 1633 y de la escasa concreción y realismo contable de los tres asientos firmados entre los capitulares del Reino y los hermanos Quincoces, de julio de 1634 a enero de 1636. El litigio se perfilaría inicialmente como un problema de desconfianza de las Juntas por el laberinto contable en que se veían sumidas y por la desinformación a que las tenían sometidas los asentistas, que primero se negaban a dar cuentas de los caudales que manejaban hasta que finalizase su asiento, y luego, una vez finalizado, argüirían que sólo la Contaduría era competente para exigírselas. Sin embargo para el Reino era de vital interés tener información sobre el rendimiento de los arbitrios y de las «consignaciones» cobradas por Juan de Quincoces en su nombre, ya que los saldos de su arriendo se solapaban con los libramientos para la fábrica. Por eso sostenía que el arrendatario debía rendir cuentas ante él o ante el
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
135
capitán general de Galicia, pero siempre con conocimiento del Reino y de sus propios contadores. Para los asentistas y arrendatarios se trataba al contrario de ocultar en lo posible la información económica al Reino, reservándola para la Contaduría en Madrid, cuando ésta se la pidiese o en el momento que pudiera convenir a sus bien trazados cálculos, y desde esa posición de ventaja poder luego presentar las cuentas del modo más favorable a sus intereses ante un órgano provincial desinformado37. Los hermanos Quincoces nunca llegaron a rendir directamente al Reino cuentas de los respectivos asientos que con él habían concertado, a pesar del empeño que en ello puso algún gobernador de Galicia, interesado en hacer respetar su fuero de capitán general, por ser materia de la jurisdicción militar. Este sería el origen del largo litigio con los Quincoces y sus herederos, cuyo seguimiento y documentación no son ya de este lugar. Las cuentas de los hermanos Quincoces sólo serían presentadas por sus herederos ante la Contaduría en 1671, cuando convino a sus propios intereses, y el primer fenecimiento de las cuentas por los contadores reales no se hizo público hasta 1682, con un saldo muy negativo para el Reino por el juego de los intereses acumulados, lo que permitiría a los Quincoces recuperar el control de los arbitrios de Galicia hasta 1734 aunque fuese en forma de sociedad participada con la Real Hacienda38. Visto el proceso en su perspectiva histórica, la gran beneficiada del litigio de los Quincoces con el Reino de Galicia fue la Hacienda real. El fin del arriendo de los arbitrios de Galicia por Juan de Quincoces coincidió con los levantamientos de Cataluña y Portugal. La Corona echó mano entonces de los ingresos del servicio de Galicia para atender a sus necesidades militares. Podía hacerlo en virtud del «empréstido» de 1636 que la autorizaba a prorrogar los arbitrios hasta que la Corona se hubiese resarcido del cumplimiento de la totalidad del servicio39. A raíz del primer fenecimiento de cuentas, de las que resultaban acreedoras del Reino tanto la Real Hacienda como la Casa de Quincoces, el arriendo de los arbitrios de Galicia pasó a manos de ésta en precio de 36.000 ducados cada año, de los que la mitad quedaría a beneficio de la misma Casa hasta la extinción del referido crédito de cien cuentos con sus intereses. En 1691 los otros 18.000 ducados que correspondían a la Real Hacienda fueron consignados a los asentistas flamencos de la fábrica de jarcia y lona de Sada, situación que se mantuvo hasta la intervención regia sobre el patrimonio de la Casa en 170640.
Notas 1
Por la larga duración del contencioso, que duró más de un siglo, el servicio de los arbitrios de Galicia y sus derivaciones aparece muy diseminado en la amplísima documentación del cuerpo representativo de las ciudades gallegas. En el marco cronológico del presente trabajo se intenta sintetizar de forma concisa la información sobre el tema en su primera época, dispersa en varios
136
2
3
4
5
6
ANTONIO EIRAS ROEL
volúmenes de las Actas de las Juntas del Reino de Galicia publicados bajo nuestra dirección (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994-2005, 15 vol. publicados). La documentación empleada se cita con las correspondientes siglas dentro de su respectivo volumen (en adelante AJRG, I, II, III ..., etc., seguido de la sigla de referencia). Agradezco a mis competentes colaboradores, los historiadores Luz Rama y José Manuel Vázquez Lijó, su larga dedicación e indispensable contribución en la edición de esos quince volúmenes, a lo largo de los años 1994 a 2005. A propuesta del Reino en ternas, obtuvieron las plazas de general y almirante respectivamente los más influyentes en la Corte: don Andrés de Castro y Bovadilla, vástago de una rama segundona de la casa condal de Lemos, y el caballero don Juan Pardo Osorio, castellano del coruñés castillo de San Antón, y a la sazón su capitular en la Junta del Reino (AJRG I, 157-A, 12 diciembre 1628). Uno y otro seguirán desempeñando -y cobrando- sus nombramientos por todo el tiempo de duración de la segunda escuadra. Para la fábrica y guarnición de los seis bajeles convenidos se estimaba que alcanzarían 34.000 ducados (aunque sólo los cuatro construídos por Pardo Osorio en Ribadeo acabarían costando 36.800). El resto del dinero, o parte de él, fue empleado en las fortificaciones coruñesas ante la amenaza de un ataque inglés en 1626. Exceptuada la cantidad necesaria para pagar el asiento de los cuatro navíos que se construían en Ribadeo, el resto del dinero del donativo fue mandado poner a disposición del gobernador, a poder del pagador de la gente de guerra y bajo control del veedor real Diego del Portillo. Por otra cédula real de 1625 se mandó comprar hechos «donde se hallaren» los otros dos navíos que faltaban para completar la escuadra (AJRG I, 3-B, 4-B y 6-B, reales órdenes de julio, septiembre y noviembre de 1625). Pero las gestiones encomendadas al mismo almirante Pardo Osorio para comprar en Vizcaya los dos navíos que faltaban nunca dieron resultado positivo. Sobre otros asientos suscritos por el secretario Quincoces para construir navíos en los astilleros vascos y de las Cuatro Villas cántabras por encargo de la Junta de Armadas, detallada información en CISNEROS CUNCHILLOS, M., El astillero de Colindres. Arqueología y construcción naval, Santander, Universidad de Cantabria, 1997, pp. 70-80 principalmente. Como antiguo secretario de la Junta de Armadas, y luego asentista de la misma, Francisco Quincoces participó también en operaciones de abastecimiento de las armadas que salieron de Galicia en la década de 1630. En fecha 31 enero 1639 el secretario Quincoces firmó asiento por el que se comprometía a proporcionar 812.500 raciones de mar para las flotas de ese año. Tomamos este dato de SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª del C., Galicia en el camino de Flandes. Actividad militar, economía y sociedad en la España Noratlántica, 1556-1648, A Coruña, Ediciós do Castro, 1996, p. 183, nota 121. Sobre el asiento firmado por el Reino con los hermanos Quincoces el 22 de julio de 1634, vid. infra nota 27. El desconocimiento de las interioridades de las cuentas de la escuadra y del contrato de asistencia a la flotilla de navíos arrendados sería el motivo de enviar a Madrid en 1640 al contador Alonso Gómez de Villardefrancos (AJRG IV, 83-D, 26 septiembre 1640). Esa «escuadra» o flotilla duró cuatro años, de 1635 a 1638, y sus últimos restos desaparecieron en el desastre de 1639. En un primer momento estuvo formada por tres urcas arrendadas a particulares más un galeoncete propio del Reino, el «Santísimo Sacramento», hasta que éste se perdió en 1636, embarrancando en la costa de Francia al volver de Flandes (AJRG III, 75-A, 30 julio 1637). En la documentación de las Juntas del Reino de esos años se acreditan al servicio del Reino los siguientes navíos de particulares: la capitana el «León de Noruega», propiedad del hanseático Enrique Blix (o Vilex) de Lübeck; la urca el «Neptuno», propiedad de Roque Sero; el «Profeta Daniel», propiedad del belga o dunquerqués Nicolás Cordes; y el «San Juan Bautista», propiedad del inglés Juan Coque (o Cock) (AJRG III, 194-A, 29 noviembre 1638 a 200-A, 7 diciembre 1638). Aparece también una quinta urca, la «Catalina», propiedad del portugués Antonio Cabral, que participó en la expedición a Flandes de julio de 1635 y se perdió en la costa de Inglaterra ya en el viaje de regreso (AJRG II, 127-A, 19 junio 1635 y AJRG III, 54-D, 24
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
7
8
9
137
octubre 1638). Las urcas arrendadas participaron por primera vez en la expedición a Flandes que partió de la rada coruñesa el 25 de julio de 1635, en la que recibieron su bautismo de la mar los ocho capitanes «entretenidos» de la escuadra de Galicia, entre ellos los dos capitulares de Santiago y Lugo en la Junta, don Jacinto de Ponte y Andrade y don Antonio de Castro y Tovar (AJRG II, 170-A, 27 julio 1635). Permanecieron a sueldo del Reino con cargo a los arbitrios desde el año 1635 hasta el 7 de julio de 1638, en que se incorporaron a la armada de don Juan de Hoces para la desesperada empresa de intentar el desbloqueo de Fuenterrabía frente a las fuerzas navales muy superiores del arzobispo de Burdeos. La capitana el «León de Noruega» y el «Neptuno» desaparecieron junto a otros once navíos españoles en el desastre naval de Guetaria, el 22 de agosto de 1638 (AJRG III, 53-D, Madrid 29 septiembre 1638); pero no así sus dueños, maestres o capitanes que en diciembre de ese mismo año se encuentran en Galicia reclamando lo que se les debía de los tres últimos años servidos con sus navíos (AJRG III, 200-A, 7 diciembre 1638). En cuanto a las urcas «San Juan Bautista» y «El Profeta Daniel» figuran todavía en la relación de barcos de la Gran Armada que en 1639 saldría para Flandes al mando de Oquendo, pero no en la de barcos supervivientes de la misma; de lo que se deduce que perecieron el 21 de octubre de 1639 en el desastre de las Dunas, al que sólo sobrevivió una de las cinco unidades de la nominalmente llamada Escuadra de Galicia. Tomamos este último dato de ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 431 y 456. De esa cantidad 230.000 ducados serían para las urgencias inmediatas del rey, 40.000 para construir un fuerte en las islas de Baiona, y los primeros 30.000 para la compra de los barcos (más tarde se hablaría de construirlos); el resto para sostener los gastos del «marinaje» de las tripulaciones y pago de la oficialidad nombrada a propuesta del Reino, por veinte años, a razón de 25.000 ducados cada año. Salen de este modo por suma o adición los famosos 800.000 ducados previstos sobre el papel, a pagar en moneda de vellón (AJRG I, 163-A, 12 julio 1629). Para su percepción el Reino rechazó la fórmula del repartimiento entre los vecinos, «por su desigualdad y dificultad de la cobranza», y acordó que el servicio se percibiese a costa de ciertos gravámenes sobre las exportaciones y el consumo, nueve arbitrios en total (AJRG I, 160-A, 9 julio 1629). El acuerdo de concesión del servicio establecía además un orden de prioridades muy difícil de cumplir: del rendimiento de los arbitrios se habían de sacar primeramente los 30.000 ducados previstos para la compra de los barcos; a continuación los primeros 100.000 de los 230.000 ducados prometidos al rey; pero «en estando formada la Escuadra» se habían de preferir a todo los 25.000 ducados anuales destinados para el «marinaje» y pago de la oficialidad nombrada a propuesta del Reino; a continuación se atenderían el fuerte de Bayona y demás partidas internas; por último los restantes 130.000 ducados para el rey. El servicio pactado y escriturado incluía el gravamen de dos reales en cada fanega de sal que entrase y se consumiese en el reino, que sería el arbitrio de mayor rendimiento, y otros varios recargos sobre el pescado salado y demás mercancías de exportación por tierra o por los puertos gallegos (AJRG I, 163-A y 164-A, 12 y 14 julio 1629). Junta convocada de orden real por el gobernador marqués de Espinardo, en julio de 1629, obedeciendo a convocatoria del fiscal del Consejo José González y bajo presidencia del propio fiscal, para la concesión del llamado «servicio de los 800.000 ducados» para una nueva escuadra (AJRG, I, 158-A a 165-A, Actas de 8 a 19 de julio de 1629). En la sesión del 12 de julio la Junta tenía ya aprobada la concesión del servicio y redactado el extenso memorial de súplicas o «condiciones» para su otorgamiento, entre ellas la anulación de los apeos de tierras realizados por las justicias eclesiásticas y la renovación de los foros (AJRG, I, 163-A, 12 julio 1629). Hecho insólito y sin precedentes igualmente, es el propio fiscal o el Consejo quien designa al escribano de esta Junta, Diego de Vera, escribano de número y contador real en la ciudad de Valladolid (AJRG II, 1-B, 23 enero 1630). Entre las condiciones del servicio quedó sin precisar todo lo relativo a su administración y a las personas que se harían cargo de la recaudación y receptoría, lo que abriría la puerta a la inter-
138
10
11
12
13
ANTONIO EIRAS ROEL
vención del fisco. Sólo en el punto cuarto, que trata del dinero para el pago de las tripulaciones, se hace mención de que «la paga» de los 25.000 ducados anuales del «marinaje», y todos los demás pagos necesarios, «ha de correr por mano del Reino y personas que para ello se disputaren»; pero significativamente esta cláusula no pasó a la real cédula de 23 de enero de 1630, que sí transcribe literalmente otras varias condiciones del mismo acuerdo, con lo que este punto careció de toda efectividad. La citada real cédula de aceptación del servicio sustituye la fórmula arriba recogida por esta otra, nada equivalente, «se obiesen de gastar con intervención del mi Consejo y vuestra». Sobre la concesión de los arbitrios y su pliego de condiciones, vid. AJRG I, 163-A y 165-A, 12 y 19 julio 1629. La cédula real de aceptación y confirmación del servicio va fechada en Madrid a 23 de enero de 1630, pero no se comunicó al Real Acuerdo y oidores de la Audiencia, por tanto tampoco a las ciudades gallegas, hasta el 8 de octubre de 1633, estando ya reunida la Junta del Reino convocada para tratar de la compra o «fábrica» de la escuadra. En esa real cédula nada se especificaba sobre el modo de cobranza y administración «del dicho donativo» de los arbitrios; sólo que, conforme a las condiciones señaladas por el Reino, a partir de esa cédula «ha de comenzar a correr y ejecutarse el dicho servicio» (AJRG II, 1-B, 23 enero 1630). La nueva provisión del Consejo proponía gravar más la sal y suprimir los otros arbitrios (AJRG II, 3-B, 20 marzo 1630). Todos los procuradores se mostraron conformes en quitar los arbitrios sobre los lienzos, vinos, pescados frescos, ganados y carnes, por la dificultad de su cobranza, y en general los de todos los géneros que salían por puertos secos, dejando sólo los de puertos mojados; pero no hubo la misma unanimidad en subir el precio de la sal, con lo que al final los nueve arbitrios se quedaban reducidos a tres, sin aumento de la sal, que era lo contrario de lo que la provisión buscaba. Los capitulares fueron todos de voto «que en cada hanega de sal se impongan dos reales para dicho servicio, y si fuere necesario la sardina y el azúcar se quedará en la forma que está impuesto, quitando los demás arbitrios», y nada más; la propuesta no tuvo efecto (AJRG II, 12-A y 15-A, mayo 1630). El único beneficio obtenido por la Junta de 1630 sobre los arbitrios fue autorizarla al envío a Madrid con cargo a los mismos del capitular de Lugo don Antonio de Castro y Tovar, con plazo de tres meses para negociar el asiento de la nueva escuadra (AJRG II, 8-A, 26 febrero 1630). Semanas después se extendería otro poder al almirante Pardo Osorio para el mismo objeto, se sobreentiende que también con cargo a los arbitrios (AJRG II, 8-C, 8 mayo 1630). Asimismo el acuerdo final de la Junta de 1630 al disolverse da a entender que, por primera vez y excepcionalmente, se esperaba cobrar los salarios y gastos de los capitulares y escribano de las Juntas de 1629 y de 1630 con cargo a lo recaudado o que se esperaba recaudar de los arbitrios, tal como les había prometido el fiscal José González (AJRG II, 14-A, 6 mayo 1630). La Junta de 1633 fue convocada por real cédula de febrero de ese año para tratar asuntos referentes a la escuadra, y con la finalidad de «ganar tiempo en la fábrica y composición de ella», pero no se reuniría hasta el 30 de septiembre (AJRG II, 5-B, 12 febrero 1633). En los meses intermedios se firmó el asiento con el Reino y se meditaba de dónde obtener el dinero para adquirir los nuevos barcos, toda vez que el de los arbitrios estaba siendo destinado a otras iniciativas. Disconforme de haber perdido los arbitrios, ya en 1632 la Junta había escrito al fiscal José González pidiendo la administración de los mismos, «para que esto se dé al Reino, porque lo demás es desaire» (AJRG II, 28-A, 7 agosto 1632). Después de firmado el asiento de 5 de abril de 1633, y al quedar encargado de la adquisición de los barcos, el Reino insistió vanamente en pedir la administración de los arbitrios, tal como decía haber reservado para sí en lo capitulado en la Junta de 1629, porque «al de presente se halla sin ella, y ni aún se sabe lo que ha procedido» (AJRG, II, 40-A, 4 octubre 1633; instrucciones a Pardo Osorio de pedir la administración, ídem, 6-D, 9 octubre 1633). La primera expedición fue la de Miguel Jacobsen en marzo de 1631 para transportar 1.300 soldados a Mardick; seguida en octubre de la del almirante Ribera que llevó a Mardick 4.000 soldados españoles y considerables sumas de dinero. Sobre las expediciones navales salidas de
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
14
15
16
17
139
Galicia con destino a Flandes y aprestadas en la rada coruñesa en la década de 1630, vid. SAAVEDRA VÁZQUEZ, op. cit., pp. 157 y ss. Más noticias en ALCALÁ-ZAMORA, op. cit., pp. 328 y ss. Los dos comisionados, don Antonio de Castro Tovar y don Juan Pardo Osorio, habían sido enviados a la corte en febrero y mayo de 1630 respectivamente. Allí permanecieron, al menos Pardo Osorio, a disposición de la Junta de Armadas sin que conozcamos la inversión de su tiempo hasta abril de 1633. El asiento firmado por ambos el 5 de abril de 1633 no lo conocemos, pues no se transcribe in extenso entre la documentación de las Juntas, a pesar de que el contenido de sus 44 artículos fue minuciosamente discutido en las Juntas de octubre de ese año (AJRG, II, 36-A a 40-A, 1 a 4 octubre 1633). Su contenido se recoge sin embargo en documentación posterior. Por el art. 1º y principal el Reino se obligaba a fabricar a su costa ocho galeones y un patache, con un total de 3.420 toneladas, que servirían para limpiar las costas del Reino por tiempo de seis años (1635-1640). Al término de los seis años podría el Reino venderlos, con opción al rey si fuesen de provecho para la carrera de las Indias. Por el art. 2º el Reino se obligaba a dar al monarca en cada uno de los seis años 25.000 ducados de lo procedido de los arbitrios para el pago de la marinería y sustento de dicha escuadra. El art. 25 preveía que la pérdida de cualquiera de los navíos en acción de guerra («peleando») sería por cuenta de la Real Hacienda, y si fuese por temporal u otro accidente la pérdida se imputaría por mitad a la Real Hacienda y al Reino, prorrogándose en tal caso los arbitrios el tiempo necesario para suplirlo (AJRG III, 53-D y 54-D, 29 septiembre y 24 octubre 1638). Corriendo todavía los arbitrios bajo administración regia, la Junta fue autorizada o requerida a gestionar la adquisición de los navíos, ya que en octubre de 1633 otorga poderes separados a don Juan Pardo Osorio, regidor coruñés y «Almirante de la Escuadra», y a don Andrés de Castro y Bovadilla, «Capitán General de la Escuadra de Galicia», para hacer diligencias en puertos portugueses y vascos para su compra, «librando la paga en los arbitrios y obligando los dichos arbitrios caídos y que fueren cayendo, sin que en ningún caso ni en tiempo alguno se llegue a hacer repartimiento entre los naturales» (AJRG, II, 24-C y 26-C, 7 y 8 octubre 1633). La intervención de don Andrés de Castro se redujo a la compra del ya mencionado galeoncete «Santísimo Sacramento» en el puerto de Viana. Los tratos de Pardo Osorio con Enrique Sinel sobre la compra de los demás navíos duraron meses y en ellos anduvo metido desde el primer momento Francisco de Quincoces (AJRG II, 13-D, 23 julio 1634). Antes de concluir el año 1634 el Reino había desistido ya de llegar a un acuerdo con «los Sineles», y así, por consecuencia, «ha sido fuerza apelar para Francisco de Quincoces, que ofrece tomar por su cuenta la fábrica en conformidad del asiento de don Martín de Arana» (AJRG II, 14-D, 5 noviembre 1634). La cédula de 20 de diciembre de 1634, fruto de varias negociaciones anteriores, entregaba los arbitrios al Reino «para la fábrica y composición de la escuadra con que se obligó a servir por el asiento de 5 de abril de 1633»; pero sólo por pura formalidad, ya que al Reino no se le permitió la cobranza ni su arriendo directo, y sólo por el tiempo preciso «hasta que los hubiese de haber Juan de Quincoces conforme a su asiento» (AJRG II, 129-A y 217-A, 20 junio 1635 y 21 enero 1636). Por otra real cédula de la misma fecha dirigida al alcalde mayor Lezama se autorizaba a Pardo Osorio a percibir con cargo a los arbitrios su sueldo de almirante de los últimos cuatro años «sin embargo de que ha estado en esta Corte». Esta segunda cédula viene a ser un reconocimiento de que en todo ese tiempo Pardo Osorio permaneció en Madrid más como asesor de la Junta de Armadas que como agente del Reino que le pagaba su sueldo y estancia (AJRG, II, 7-B, 20 diciembre 1634). En 1631 no hubo Juntas o no interesó convocarlas. Las dos Juntas de febrero de 1632 y de julioagosto del mismo año se disuelven sin tomar ningún acuerdo sobre el pago de los salarios y gastos a los capitulares: se deja en silencio, en espera de lo que el Consejo decida sobre los arbitrios (AJRG II, 18-A y 32-A, 9 febrero y 26 agosto 1632). En 1633 continúa la misma situación anterior: la Junta se disuelve sin tomar ningún acuerdo sobre este tema (AJRG, II, 47A, 10 octubre 1633). Curándose en salud, los procuradores solicitan al Consejo que se paguen los salarios por repartimiento: envían a la corte al regidor de Lugo Gonzalo Sánchez de Boado
140
18
19
20
21
ANTONIO EIRAS ROEL
con encargo de traer provisión del Consejo para repartir los salarios (AJRG, II, 41-A, 5 octubre 1633). A partir de la de 1633 se documenta el primer libramiento de las Juntas con cargo a los arbitrios: mil ducados a su comisionado en Madrid don Juan Pardo Osorio, y por a éste haberle parecido pocos, otros mil ducados más «porque es fuerza tenelle contento y satisfecho en algo» (AJRG, II, 45-A, 8 octubre 1633). En diciembre del siguiente año vendría de la Junta de Armadas la cédula real que reconocía al mismo Pardo Osorio el derecho a cobrar con cargo a los arbitrios su sueldo de almirante, además de los salarios por su estancia en la Corte, a la que se encargaría de dar cumplimiento el propio superintendente (AJRG II, 7-B, 20 diciembre 1634 y 118-A, 10 junio 1635). En abril se crea la Diputación del Reino, formada por los regidores procuradores de Coruña y Betanzos: se les asignan cien ducados anuales a cada uno y treinta al escribano «de lo procedido de los arbitrios y que procediere» (AJRG II, 72-A, 27 abril 1634). El gobernador no autorizó en cambio la pretensión de Ponte y Andrade de enviar dos diputados a Madrid (uno de ellos él mismo) a gestionar una revisión de las condiciones de la escuadra, con anticipo de seiscientos ducados a cada uno con cargo a los arbitrios (AJRG II, 73-A, 28 abril 1634). Libranza primera para el pago de los salarios y gastos de la Junta de 1634; se libran por este concepto 27.027 reales sobre el arquero de los arbitrios (AJRG II, 73-A, 28 abril 1634). Libranza segunda de 2.275 reales despachada en mayo por el mismo concepto. Los salarios acostumbrados de los procuradores de las Juntas eran de mil maravedís al día (dos ducados y dos tercios de otro) por el regidor, paje o criado y mula. Los salarios de los comisionados a Madrid eran por ese tiempo de cuatro ducados al día. El salario más común de un maestro artesano de la época era de un tercio de ducado y el de un oficial de un cuarto de ducado al día. Ambas libranzas se expiden sobre el capitán Miguel Ordóñez, en calidad de «arquero y fiel de los arbitrios de la ciudad de Betanzos» (AJRG II, 88-A, 10 mayo 1634). El regidor compostelano don Jacinto Ponte y Andrade y el coruñés Antonio de Castañeda y Peñamil informan al Gobernador de su decisión de enviar dos capitulares a la corte con cargo a los arbitrios, y por término de cuatro meses, dándolo como cosa hecha. Piden que se suspendan los salarios a los ministros (el general de la Escuadra, varios capitanes y el sargento mayor) que llevaban varios meses gozándolos sin existir los barcos, y en los que se estaban gastando «sin fruto alguno, más de cinco o seis mil ducados en cada un año». El gobernador les da a entender que están empleados a su servicio en la preparación de las Armadas que convienen al real servicio. Los regidores exigen «que se cometa al Reino el tomar la cuenta de los administradores de dichos arbitrios, para poder tener la noticia, que no tiene, de la cantidad que dellos ha procedido y ... averiguar los fraudes que en la dicha administración hubiere habido» (AJRG, II, 68-A y 72A, 25 y 27 abril 1634). El licenciado Antonio de Lezama, alcalde mayor de la Audiencia, fue nombrado superintendente de los arbitrios en 1634, en fecha que no podemos precisar. La real cédula de diciembre de ese año que autorizaba a Pardo Osorio a cobrar con cargo a los arbitrios su sueldo de almirante va dirigida al alcalde mayor Lezama como superintendente de los arbitrios y persona autorizada a librar el dinero (AJRG II, 7-B, 20 diciembre 1634). Pero Lezama era ya superintendente varios meses antes, como se ve por las gestiones que el Reino trataba de realizar en Madrid, a través del mismo Pardo Osorio, para que el superintendente de los arbitrios no pusiese dificultades al Reino y le librase lo necesario para la fábrica o compra de los bajeles y «salarios de diputados» (AJRG II, 12-D, 9 julio 1634). Seguía siéndolo en mayo de 1635, en que pone a disposición del Reino 8.000 ducados de arbitrios que había disponibles en la villa de Pontevedra para cumplir al secretario Quincoces las pagas de la fábrica de los navíos, «conforme al contrato que con él hizo el Reino» (AJRG II, 92-A, 16 mayo 1635). Dejó de serlo en junio o julio de ese mismo año, un año después de haberse firmado el arrendamiento de los arbitrios a Juan de Quincoces (22 de julio de 1634); en junio de 1635 se habla de la superintendencia de los arbitrios como cosa fenecida y se pide que Lezama «mande desembargar al Reino todo lo procedido de dichos arbitrios, para poder cumplir con el contrato hecho con Francisco de Quincoces» (AJRG II,
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
22
23
24
25
141
129-A, 20 junio 1635). En 1636 el alcalde mayor Lezama hablaba de embargar al depositario de los arbitrios por 4.000 reales que pretendía corresponderle por haber desempeñado la superintendencia (AJRG II, 302-A, 7 julio 1636). En ese mismo año la Junta acabaría librándole sobre lo procedido de los arbitrios «los 4.000 reales de ayuda de costa que pretende por haber sido superintendente de dichos arbitrios» (AJRG II, 332-A, 4 agosto 1636). En 1634 Diego de Vera reaparece en Galicia con comisión de Su Majestad (casi siempre en la villa de Pontevedra). En julio de 1634 la Junta del Reino tenía noticia de su inmediato retorno en comisión a Galicia y encargaba a Pardo Osorio que hiciese lo posible por «recusar» su nombramiento (AJRG II, 12-D, 9 julio 1634). Consta que al menos entre enero y mayo de 1635 permaneció en la villa de Pontevedra tomando la cuenta a los fieles y corredores de los arbitrios (AJRG II, 15-D y 92-A, 4 enero y 16 mayo 1635). Vera desaparece de escena como veedor de los arbitrios a finales de ese mismo año, ya que en diciembre del mismo el capitán Miguel Ordóñez se estaba ocupando en «cobrar los alcances que el contador Diego de Vera había hecho a las personas que administraron los arbitrios deste Reino» (AJRG II, 180-A, 14 diciembre 1635). En enero del siguiente año aparece Francisco de Mena Valecillo, regidor de Pontevedra y administrador de los arbitrios en el distrito de esta villa, como encargado de proseguir la toma de cuentas que venía llevando el contador Diego de Vera y como depositario de los papeles de las diligencias llevadas a cabo por el contador (AJRG II, 199-A y 216-A, 4 y 20 enero 1636). En la documentación de los años 1635 y siguientes menudean las noticias sobre los morosos ejecutados por el veedor Diego de Vera, con confiscación de sus bienes en algún caso. Entre los ejecutados por el veedor Vera en razón de la administración de los arbitrios de su distrito figuran dos antiguos capitulares de las Juntas, don Antonio de Luna y Lobera, regidor de Betanzos, que resultó alcanzado en cuantía de unos diez mil reales, y don Francisco de Pazos Figueroa, regidor de Tuy, alcanzado en cuantía de unos treinta mil reales, más otros cinco mil de salarios a Diego de Vera. Tanto Luna como Pazos fueron encarcelados en el castillo de San Antón. El caso más lastimoso es el del regidor Francisco de Pazos, cuyos bienes fueron embargados, rematados en subasta y su viuda lastimosamente reducida a mendicidad (AJRG II, 282-A, 19 junio 1636 y AJRG IV, 62-A, 17 diciembre 1640). En una relación del contador de la razón Andrés Delgado, dada por los tiempos del primer fenecimiento de cuentas (circa 1682), o inmediatamente antes, se evalúa el rendimiento de los arbitrios de los cuatro años en 46.974.374 maravedís (125.265 ducados); esto es, a razón de unos 30.000 ducados anuales, cifra no muy discordante con las que los arbitrios alcanzaron en años posteriores. De ese total habría percibido el Reino según dicha relación un total de 14.666.359 maravedís (39.110 ducados). A efectos del fenecimiento de cuentas, esta cantidad se anotaba en el debe del Reino y la diferencia entre ambas cifras se anotaría en el debe de la Hacienda real. Hay que percatarse de que en la cuenta del contador de la razón se integran sin duda como ingresos de los años 1630 a 1634, aunque ingresadas más tarde, las partidas atrasadas que Diego de Vera recuperó de manos de morosos en su comisión de los años 1635 y 1636. Siendo así, de ellas deberían deducirse los salarios del veedor, que desconocemos. Andrés Delgado aparece por 1677-1679 como escribano real del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, y luego como contador de la razón (AJRG IX, 11-B, 9 septiembre 1677 y AJRG X, 1-B, 15 julio 1678). Las partidas de gasto que hemos podido localizar dispersas en la documentación publicada de esos cuatro años totalizan la suma de 36.757 ducados. En ese total entra como partida más gruesa los más de 21.600 ducados que montaban los cuatro años de salarios al general, capitanes y sargento mayor de la todavía inexistente escuadra, a razón de 5.400 ducados al año (AJRG II, 156-A, 16 julio 1635); y entran también los 3.000 ducados del sueldo de almirante que Lezama pagó de una sola vez a Pardo Osorio en virtud de real orden de la Junta de Armadas (AJRG II, 7-B, 20 diciembre 1634 y 156-A, 16 julio 1635). Entran aparte los 2.000 ducados que la Junta libró a Pardo Osorio en 1633 en razón de salarios de su larga estancia en Madrid y para «tenelle contento» (AJRG, II, 45-A, 8 octubre 1633), más otros 4.000 reales atrasados que otra Junta le libró más tarde (AJRG II, 103-A, 28 mayo 1635), más otros 1.000 ducados que Lezama
142
26
27
28
ANTONIO EIRAS ROEL
le libró por el mismo motivo (AJRG II, 118-A, 10 junio 1635). Deben entrar igualmente los 3.000 ducados que consta que el Reino libró de los arbitrios al capitular de Lugo don Antonio de Castro y Tovar por su larga estancia en la corte para negociar el asiento de base de la escuadra, firmado en Madrid el 5 de abril de 1633 (AJRG II, 15-D, 4 enero 1635). Entran también los 2.664 ducados satisfechos de los arbitrios por los salarios y gastos de la Junta de 1630, más al menos otros tantos de las Juntas de 1629 y 1630, que no se precisan, y que juntos todos ellos pasarían ampliamente de los 5.000 ducados (AJRG II, 73-A y 88-A, 28 abril y 10 mayo 1634). Como partidas menores entran asimismo los 230 ducados de gratificación a los miembros de la Diputación del año 1634, más los 4.000 reales de gratificación al alcalde mayor Lezama por el desempeño de su superintendencia (AJRG II, 118-A y 332-A, 10 junio y 4 agosto 1635). Finalmente, entran también los 200 ducados dados de gratificación a Diego de Vera por su asistencia a la Junta de 1629, pagaderos «de los primeros que salieren y procedieren del servicio de los arbitrios» (AJRG I, 159-A y 50-D, 8 y 19 julio 1629). El asiento entre el rey el Reino para adquirir «por compra o por fábrica» los navíos con cargo a los arbitrios se capituló en Madrid en 5 de abril de 1633, como queda dicho. Contemplaba la formación de una escuadra de ocho galeones y un patache, con un total de 3.420 toneladas, que habían de servir «para limpiar las costas del Reino y acudir a las demás cosas en que Su Majestad fuese servido de emplearlos». El dinero se tomaría en principio de «lo procedido y que fuese procediendo» de los arbitrios. El dinero en depósito debía ser entonces muy poco o nada, ya que entre los capítulos del asiento se preveía igualmente que el rey pudiera dar licencia para repartir entre los naturales «lo que fuere menester para la fábrica de los bajeles», como así acabaría haciéndose en 1636 (AJRG III, 1-B, 29 agosto 1636). Asiento otorgado por los procuradores de las siete ciudades gallegas con el secretario Francisco de Quincoces, en nombre y con poder de su hermano Juan de Quincoces, para el aprovisionamiento en víveres y gente de mar de los navíos de la escuadra que debía entregarle Enrique Sinel. Juan de Quincoces se comprometía a pagar los gastos del hospital de la Escuadra, los salarios y gastos de las Juntas y los de la Diputación del Reino que acababa de nombrarse en abril de 1634. Por el art. 11 de la misma escritura el Reino autorizaba al asentista a gozar el arrendamiento de los arbitrios en el precio convenido de 38.200 ducados anuales y a percibir además las «consignaciones» fijadas por el rey para ayuda del sustento de la escuadra. Por el art. 13 Juan de Quincoces se obligaba a pagar los gastos y salarios de los diputados todas las veces que el Reino se juntase para tratar de las cosas de la Escuadra. La duración del asiento sería por seis años, de enero de 1635 a diciembre de 1640. Al fallar los tratos con Enrique Sinel, este asiento, firmado en 22 de julio de 1634, por escritura pasada ante el escribano coruñés Domingo Fandiño, se aplicaría luego en su integridad al mantenimiento de la flota de cuatro navíos arrendados a particulares (AJRG V, 161-D, s.l., s.a. [año 1650]). Complemento del contrato anterior sería el poder otorgado por el Reino a Juan de Quincoces, «para que pueda cobrar las consignaciones que Su Majestad tiene mandado librar para el armamento, apresto, conservación y sustento de la Escuadra de galeones»; todo ello en conformidad con la escritura de asiento arriba citada (AJRG III, 7-A, 31 octubre 1636). En junio de 1635 la Junta se queja aún de que el alcalde mayor Lezama tiene decretos firmados para controlar toda la recaudación y pagos de los arbitrios, se supone que por orden de la Junta de Armadas o del fiscal José González. Lezama advierte al escribano de la Junta que el empleo del dinero de los arbitrios «había de correr por su persona, y no por la del Reino» (AJRG II, 118A, 10 junio 1635). Por este tiempo el capitán Miguel Ordóñez actúa ya en funciones de depositario del Reino. Los salarios y gastos de la Junta de 1634 se libraron sobre el capitán Ordóñez, todavía en su calidad de «arquero» de los arbitrios de la ciudad de Betanzos, nombrado por Diego de Vera (AJRG II, 73-A y 88-A, 28 abril y 10 mayo 1634). En mayo de 1635 el mismo capitán Ordóñez aparece como «depositario de los arbitrios nombrado por el Reino», en carta que escribe a éste desde Pontevedra adonde había sido llamado por Diego de Vera para rendir cuentas de su arquería de los arbitrios de Betanzos (AJRG II, 94-A, 19 mayo 1635). Fue nom-
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
29
30
143
brado depositario del Reino, con salario de 2.500 reales al año, en poder que se le extendió por un año en enero de 1635. Deja de serlo en julio de 1636 en que se le revoca el poder como depositario dado un año antes, es llamado por la Junta a rendir cuentas de los dineros que entraron en su poder y se le exige la suma de 11.000 reales en que resultó alcanzado (AJRG II, 301-A, 6 julio 1636). En junio de 1636 aparece ya como administrador de los arbitrios Juan de Garrástegui, «en nombre de Juan de Quincoces y Francisco de Quincoces su hermano» (AJRG II, 301-A y 34-D, 6 julio y 21 junio 1636). En el tiempo de su depositaría, las Juntas despacharon libranzas sobre el capitán Miguel Ordóñez y contra los arbitrios por valor de más de 50.000 reales para pagos que nada tenían que ver con la fábrica de los navíos. Incluyen, entre otras, libranza de 4.000 reales a favor de Pardo Osorio como parte de los salarios de su estancia en Madrid (AJRG II, 103-A, 28 mayo 1635); libranza de 8.000 reales a favor de don Andrés de Castro, por cuatro meses del sueldo de general de la escuadra que se le debían del año 1634 (AJRG II, 161-A, 21 julio 1635); libranza de 982 ducados para el pago de seis meses de sueldo a los ocho caballeros «entretenidos» de la escuadra nombrados a propuesta del Reino (entre ellos los propios capitulares de Santiago y Lugo, don Jacinto de Ponte y Andrade y don Antonio de Castro y Tovar, que habían participado en la expedición a Flandes realizada en 1635), a razón de 25 escudos al mes cada uno (AJRG III, 217A, 21 enero 1636); libranza de 9.640 reales por cuatro meses de sueldo que se debían a los capitanes de la escuadra hasta fin del año 1634 (por esta regla los sueldos de los capitanes salían en 2.629 ducados al año, vid. AJRG II, 160-A, 20 julio 1635). Incluyen también libranza de 18.013 reales por salarios y gastos de la Junta de 1635 (AJRG II, 164-A, 24 julio 1635). Las libranzas de las dos Juntas reunidas en mayo y octubre de 1636, por importe de 17.252 reales y de 10.408 reales respectivamente, se despachan ya sobre Juan de Garrástegui (AJRG II, 333-A, 5 agosto 1636 y AJRG III, 35-A, 25 noviembre 1636). Al expirar el año 1635, y así anualmente de 1635 a 1638 al menos, la Junta expedía sobre el depositario de los arbitrios libranza de 8.818 ducados a favor de Juan de Quincoces por el concepto de «mermas, corrupciones y desperdicios» de los bastimentos de los cuatro navíos que navegaron en esos años (AJRG II, 217-A, 21 enero 1636; AJRG III, 54-D, 24 octubre 1638). De 1635 a 1639 los salarios y gastos de las Juntas se libraron igualmente sobre los arbitrios arrendados a Juan de Quincoces, a saber: libranza de 18.013 reales por los de la Junta de 1635 (AJRG II, 164-A, 24 julio 1635); libranza de 17.252 reales por los de la Junta de julio de 1636 (AJRG II, 333-A, 5 agosto 1636); libranza de 10.408 reales por los de la Junta de octubre de 1636 (AJRG III, 35-A, 25 noviembre 1636); libranza de 8.585 reales por los de la Junta de julio de 1637 (AJRG III, 115-A, 10 agosto 1637); libranza de 13.952 reales por los de la Junta de octubre de 1637 (AJRG III, 160-A, 18 diciembre 1637); libranza de 2.670 reales por los de la Junta de junio de 1638 (AJRG III, 189-A, 21 julio 1638); libranza de 6.284 reales por los de la Junta de diciembre de 1638 (AJRG III, 216-A, 31 enero 1639); libranza de 1.559 reales por los de la Junta de 1639 (AJRG III, 239-A, 1 abril 1639). Suman las libranzas por salarios y gastos de los cinco años 78.723 reales, equivalentes a unos 1.500 ducados al año. La libranza de 1635 se expide todavía sobre el capitán Miguel Ordóñez; las siguientes sobre Juan de Garrástegui. Antes de finalizar el arriendo de Juan de Quincoces, en 1640 comienzan ya las dificultades para el pago de este concepto: la Junta reunida en enero de 1640 pide al Real Acuerdo que dicte provisión para poder despachar libranza sobre el arrendatario por las dos terceras partes de los salarios de esta Junta, y el tercio restante a repartir entre las provincias (AJRG IV, 45-D, 23 febrero 1640). En 1640 se hace el prorrateo de los salarios y gastos de la Junta reunida en abril, para repartir en su totalidad entre las provincias (AJRG IV, 68-D, 12 mayo 1640). Una vez arrendados los arbitrios a los Donises, se establece la que será la práctica habitual, el repartimiento entre las provincias. En ese mismo año los capitulares de la Junta de 1641 otorgan poder al contador Alonso Gómez de Villardefrancos para gestionar en Madrid provisión del Consejo que autorice a repartir los salarios y gastos de las Juntas entre las siete ciudades y sus provincias (AJRG IV, 210-D, 2 julio 1641).
144
31
32
33
34
ANTONIO EIRAS ROEL
En enero de 1635 se convino con Francisco de Quincoces el primer asiento para la construcción de la escuadra de ocho galeones y un patache, bajo las condiciones pactadas en 15 artículos. El art. 10 estipulaba que Quincoces daría los referidos navíos en abril de 1636, «o antes a su voluntad». El convenio negociado durante semanas con el secretario Quincoces fijaba el arqueo de 3.420 toneladas, a razón de 30 ducados la tonelada, pagados los dos tercios en plata y un tercio en vellón, que era el precio convenido en el asiento de don Martín de Arana (AJRG II, 14D, 5 noviembre 1634). El primer asiento para la fábrica de los galeones se firmó el 30 de enero de 1635 ante el escribano coruñés Francisco Pulleiro (AJRG VI, 90-D, 11 junio 1650). Amplio detalle del articulado del asiento en AJRG V, 161-D, s.l., s.a. (año 1650). El «asiento de don Martín de Arana» se refiere al de la construcción de la escuadra de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar (Cantabria), firmado en agosto de 1632, que sirvió de modelo a los de Quincoces y a otros asientos realizados en aquellos años de euforia de construcciones navales. Poco antes, hacia 1630, don Martín de Arana, corregidor de las Cuatro Villas, había construído en el astillero de Colindres, por asiento para la Junta de Armadas, los cuatro galeones llamados «los Cuatro Evangelistas». CISNEROS CUNCHILLOS, op. cit., pp. 70-77. El intento de buscar dinero a censo de particulares con los arbitrios como finca para hacer frente a las pagas a Francisco de Quincoces (los 14.000 ducados del primer plazo vencidos a fines de marzo y los 20.000 ducados del segundo plazo que vencían a fines de mayo, y así sucesivamente varias pagas más) no produjo apenas ningún resultado, solamente 2.000 ducados prestados por un incauto de nombre Alonso Lema de Berdoias, padre del arcediano de Trastámara (AJRG II, 97-A, 22 mayo 1635; ídem, 324-A, 28 julio 1636). Y en cuanto al repartimiento que finalmente hubo que hacer entre los vecinos, sólo sería autorizado un año más tarde, y se reduciría a 18.000 ducados solamente al carecer del Breve pontificio para extenderlo al estado eclesiástico (AJRG III, 1-B, real cédula de 29 agosto 1636). Aprobación y firma del nuevo contrato con el secretario Quincoces, de 16 de enero de 1636, cuya escritura original queda en poder del escribano de la Junta, Antonio de Sea Mariño (AJRG II, 212-A, 16 enero 1636). Sin modificar el precio del asiento de don Martín de Arana, con el 24 por ciento del premio de la plata, más el 6 por ciento del costo de la conducción, los 30 ducados por tonelada pasaban a valer con los recargos 40 ducados por tonelada. De este modo las 3.420 toneladas pasaban de costar poco más de 100.000 ducados a costar algo más de 135.000 ducados, además de los intereses del ocho por ciento por la demora en el pago de los libramientos. El texto declara que el nuevo contrato se hace «respecto de que el Reino no se halla con la cantidad de dinero que tiene obligación de pagar por los contratos que hizo... en razón de la fábrica, sustento y conservación de la escuadra». Por ese mismo motivo, el Reino se comprometía a pedir al Consejo autorización para el repartimiento de 30.000 ducados en moneda de vellón «para en parte del pago de lo que hubiere de haber por la fábrica» (AJRG III, 1-B, 29 agosto 1636). La cesión por cuatro años de los 25.000 ducados del «marinaje» con destino a la fábrica sería concedida al Reino por real cédula de 14 de junio de 1636, pero «por vía de empréstido» y no de dádiva; es decir que esta cesión no saldría gratis al Reino, como más tarde se verá (AJRG II, 309-A, 13 julio 1636). En 1637 de orden real el gobernador reclamaba perentoriamente a la Junta 6.000 ducados para pagar a la gente de mar, responsabilizando de su pago al Reino y no al asentista de la escuadra. «El Reino es con quien Su Majestad contrató y el que goza los arbitrios y el que hizo asiento con Quincoces y el inmediatamente obligado a todos estos daños y satisfacción de ellos» (AJRG III, 11-D, 18 julio 1637). Otras libranzas de diverso tipo subsisten por todo el tiempo que Juan de Quincoces tuvo el arrendamiento de los arbitrios. En 1638 la Junta acuerda librar 2.869 reales sobre los arbitrios al licenciado Rodrigo Colmelo, capitular por Betanzos, como salario de 130 días que se ocupó de los negocios del Reino en Madrid (AJRG III, 191-A, 23 julio 1638). La gestión económica se complica todavía con las libranzas emitidas sobre el arrendatario para pagar, de orden de la Junta de Armadas, los fletes atrasados a los dueños de los navíos arrendados a particulares, que al menos formalmente pagaba el Reino, y que en 1638 ascendieron a
LAS CUENTAS DISPERSAS DE LAS JUNTAS DEL REINO. EL SERVICIO DE LA ESCUADRA
35
36
37
145
111.079 reales, lo que supone la cuarta parte del valor del arriendo de los arbitrios de ese año (AJRG III, 200-A, 7 diciembre 1638). Sobre el estado ruinoso y tétrico del hospital de San Andrés, u hospital de la Escuadra, vid. inventario en AJRG III, 128-A, 4 noviembre 1637. En julio de 1637 la Junta dedica varios días a reunir y examinar diversa documentación referente a cantidades percibidas por los hermanos Quincoces por el asiento de los navíos, pertrechos y bastimentos (AJRG III, 79-A y ss., 1637). Relación de «lo que se pudo averiguar» de las cantidades libradas al secretario Quincoces hasta julio de 1637: de creer a esta relación, las cantidades percibidas por Quincoces con destino a la fábrica sumarían a esa fecha 816.492 reales, equivalentes a unos 75.000 ducados; más de la mitad del importe de la fábrica, cuando todavía ni un solo casco había sido botado al agua. De esa suma las cantidades libradas en el año 1635, o correspondientes a dicho año, hacían el total de 674.378 reales, equivalentes a más de 60.000 ducados supuestamente librados sobre los arbitrios que administraba ya Juan de Quincoces en el año 1635. Las cuentas parecen un tanto ilusorias, ya que están formadas a base de cargo sin data. Los capitulares encargados de rehacerlas reconocen el «enfado y trabajo» de su reconstrucción, por la falta de libro de razón «en que se armase cuenta y se fuesen anotando las partidas» (AJRG III, 106-A, 31 julio 1637). A raíz de esto se encargó llevar las cuentas al escribano de guerra Juan de Becerra Piñeiro (AJRG III, 111-A, 6 agosto 1637). Pero tampoco con esto se puso orden en las cuentas, ya que un año más tarde se mandaba al escribano de la Junta hacer un «libro blanco» para llevar la cuenta de la hacienda del Reino y la copia de las libranzas que se despacharen: hay que deducir de ello que hasta 1639 al menos las Juntas no conocían el estado real de sus cuentas, ni tampoco lo sabrían más tarde (AJRG III, 198-A, 4 diciembre 1638). De la imprecisión y escasa solvencia de las cifras que manejaban los capitulares vale como ejemplo el del procurador coruñés Antonio Guillamás, quien en 1638 afirmaba que de arbitrios y repartimiento llevaban recibidos los Quincoces «pasa de 150.000 ducados», y sólo un mes más tarde cifraba lo gastado en la escuadra en «más de 500.000 ducados», dos evidentes exageraciones (AJRG III, 201-A y 215-A, 10 diciembre 1638 y 29 enero 1639). En 1640, próximo a fenecer el arriendo de Juan de Quincoces, el Reino reconocía de hecho su desinformación al enviar a Madrid al contador Alonso Gómez de Villardefrancos con el objeto de documentarse y de averiguar ante quién y en qué términos se había hecho el arriendo de los arbitrios y el contrato de asistencia a la escuadra de navíos arrendados (AJRG IV, 83-D, 26 septiembre 1640). Dos años antes de concluir el asiento, el secretario Quincoces notificaba al Reino la intención de su hermano Juan de renunciar al arriendo, a su expiración en 1640, por haber tenido «más pérdida que beneficio con el asiento de los arbitrios». Pretendían una baja del actual arrendamiento «por haber cesado el comercio por las guerras de Francia y no haber venido azúcar del Brasil por haberse perdido aquel Estado». El asiento había sido concertado entre los Quincoces y la Junta del Reino; no obstante pretendían que el rey les había de hacer baja en el arrendamiento «como se ha hecho con todos los demás arrendadores de puertos secos, diezmos de la mar y almojarifazgos y todas demás rentas que consisten en el libre trato» (AJRG III, 54-D, Madrid 24 octubre 1638). Juan de Quincoces fundamentaba la baja por «no haberse cumplido lo que se capituló» (AJRG V, 12-D, 23 marzo 1642). En un memorial posterior del mismo arrendatario se añade que según las averiguaciones mandadas hacer por el gobernador marqués de Mancera «los arbitrios tuvieron de baja 21.441.234 maravedís [57.176 ducados] por no haberle cumplido ninguna de las condiciones con que se arrendaron, que se ha de bajar esta cantidad de todo lo que montó el arriendo». Real o supuesta, «la baja» parece estimativa o especulativa, y tal vez forzada, ya que supone justamente un 25 por ciento del valor convenido del arriendo (AJRG V, 161-D, s.l., s.a. [año 1650]). En el mismo mes de octubre de 1638, nada más enterarse de que el arriendo de los arbitrios no sería renovado, por primera vez la Junta pide al secretario Quincoces cuenta del dinero recibido para la fábrica de los galeones. El secretario responde que ajustará las cuentas una vez entregados los cuatro galeones que todavía siguen en fábrica (AJRG III, 55-D, Madrid 27 octubre 1638). En diciembre del mismo año, cuando faltaban todavía dos para finalizar el arriendo, los
146
38
39
40
ANTONIO EIRAS ROEL
procuradores piden a Juan de Quincoces que rinda cuentas del dinero que tiene cobrado «de los arbitrios y consignaciones y gastado en el sustento de la Escuadra». Piden también fianzas para lo de adelante (AJRG III, 201-A, 10 diciembre 1638). El arrendatario responde «que no tiene obligación de dar cuentas hasta que se fenezcan los seis años de su asiento, y que él tiene dado las fianzas en el Tribunal de Cuentas, donde las ha de dar de todo fenecido dicho asiento» (AJRG III, 63-D, 27 enero 1639). Finalizados los seis años del asiento, Juan de Garrástegui, en nombre de Juan de Quincoces, comunica al Reino que su poderdante rendirá las cuentas de su asiento en Madrid, ante el Tribunal de Cuentas de la Contaduría, por «las pretensiones que dicho Juan de Quincoces tiene de que Su Majestad le haga baja en los arbitrios, por no haberse cumplido lo que se capituló, y otras causas que siempre tienen más pronta resolución en dicha villa de Madrid» (AJRG V, 12-D, 23 marzo 1642). A requerimiento de los procuradores del Reino, el gobernador marqués de Valparaíso reúne en julio de 1640 la Junta para examinar las cuentas de la escuadra y de los asientos hechos con los hermanos Quincoces (AJRG IV, 44-A a 53-A, julio 1640). Por su negativa a darlas ante el capitán general, Juan de Quincoces fue encerrado en el castillo de San Antón, donde permaneció nueve meses, de septiembre de 1640 a junio de 1641, hasta ser liberado por una real cédula expedida por la Junta de Armadas (AJRG III, 15-B, 13 junio 1641). Los herederos de Quincoces presentaron las cuentas ante la Contaduría en 5 de septiembre de 1671, doce años después del término a que estaban obligados por la escritura de concordia convenida entre el Reino y el secretario Quincoces el 6 de junio de 1659. El primer fenecimiento de las cuentas en la Contaduría se produjo el 27 de enero de 1682, resultando de alcance contra el Reino unos cien cuentos de maravedís (los mismos 260.000 ducados que reconocía al secretario Quincoces la concordia de 1659). No contento con este resultado, en 1693 el Reino dio poderes al regidor de Mondoñedo don Diego Teixeiro y Aguiar para oponerse a las cuentas de los Quincoces, con lo que el pleito iba a prolongarse por algunas décadas más (AJRG XI, 64-A, 27 marzo 1693). Por la escritura del «empréstido» de 30 de diciembre de 1636, firmada con poder del Reino por su agente Antonio de Gironda ante el escribano de Madrid Juan de Béjar, el monarca anticipaba en «empréstido» 80.000 ducados del servicio de «marinaje» bajo condición de que el Reino prolongaría la duración de los arbitrios el tiempo que fuese necesario para que la Corona se resarciese de esa cantidad (AJRG II, 309-A, 13 julio 1636). Por si esto fuese poco, el Reino renunciaba a «no pedir cosa ninguna de lo cobrado de los arbitrios en los cuatro años que anduvieron en administración por mi mandado» (AJRG IV, 21-B, 8 enero 1641). En 1641 los arbitrios fueron arrendados por el consejero José González al financiero portugués Ventura Donís por diez años y en precio de 32.000 ducados cada año. En virtud de la dilación de la presentación y fenecimiento de las cuentas de la escuadra, los Donises pudieron disfrutar del arriendo durante 36 años, de 1641 a 1676. Hasta 1668 el importe del arriendo estuvo destinado a beneficio de la junta de vestir la Real Casa. Por causa de infidelidad seguida en el Consejo de Órdenes, relacionada con el problema dinástico de aquellos años, en 1706 se confiscaron los bienes de la familia Quincoces y pasó a disfrutarlos la Real Hacienda. A consecuencia de la intervención regia de 1706, la administración de los arbitrios de Galicia pasó de manos de don Baltasar de Castro, representante legal de los Quincoces, a las de un interventor real, don Carlos de Alcedo, hasta la devolución de sus bienes a los Quincoces en 1723. Vid. informes del Administrador de la Casa en Galicia y del interventor Alcedo, a pedido del Secretario de Estado Grimaldo, ambos en 1707. A.H.N., Estado, leg. 318/1 y leg. 336. En 1734 por decreto del ministro Patiño el disfrute de los arbitrios y juros de Galicia les fue embargado de nuevo para costear el vestuario de los regimientos de milicias y las cargas comunes de utensilios y cuarteles. La incorporación a la Real Hacienda fue sancionada definitivamente por real decreto de 27 de junio de 1741.
147
Juan Domingo de Haro y Guzmán, conde de Monterrey Pere Molas Ribalta Universidad de Barcelona
Juan Domingo de Haro y Guzmán (Madrid, 1640-1716) era hijo de don Luis Méndez de Haro, el personaje que se considera el valido de Felipe IV durante la segunda parte de su reinado. Juan Domingo ha pasado a los libros de Historia con el título de conde de Monterrey, que había obtenido por su matrimonio con la heredera del mismo. Así lo comentaba en 1659 el viajero francés François Bertaut en la narración de su viaje por España1. El estudio de la trayectoria política del conde de Monterrey nos permite profundizar en las formas de transmisión de títulos nobiliarios por vía femenina durante la Edad Moderna. También nos permite comprobar cómo los familiares del conde duque de Olivares y sus descendientes se mantuvieron cercanos a los círculos de poder mucho tiempo después de la caída de su poderoso pariente, hasta la Guerra de Sucesión, sesenta años más tarde. El estado señorial de Monterrey se había ido constituyendo a través de un proceso complejo a lo largo de la Baja Edad Media en el sur de Galicia. El linaje originario de los Biedma fue substituido mediante el correspondiente enlace matrimonial por los Estúñiga o Zúñiga en la gran crisis nobiliaria del siglo XIV. El título de conde de Monterrey fue concedido en el último tercio del siglo XV a Sancho Sánchez de Ulloa, casado con Teresa de Zúñiga. En el siglo XVI se produjo una nueva transmisión por vía femenina a favor de los Acebedo, que conservaron en segundo lugar el apellido Zúñiga2. El sexto conde de Monterrey, Manuel de Acebedo y Zúñiga, era cuñado del conde duque de Olivares y, a pesar de ciertas diferencias entre ellos, fue un activo colaborador suyo. Perteneció al Consejo de Estado, fue virrey de Nápoles
147
148
PERE MOLAS RIBALTA
(1631-1637) y culminó su carrera política como presidente del Consejo de Italia. Incluso se llegó a hablar de él como de un posible valido en lugar de don Luis de Haro después de la caída del conde duque. Murió en 16533. Su esposa, la hermana de Olivares, murió poco después de su marido. Tras la muerte de don Manuel, el condado de Monterrey pasó a la descendencia femenina de su hermano, el famoso don Baltasar de Zúñiga, el primer consejero de Felipe IV. En principio la heredera del título era la sobrina del conde, Isabel de Zúñiga, que había obtenido el título de marquesa de Tarazona (1632) y se había casado con el conde de Ayala, don Fernando de Fonseca y Toledo (Madrid, 1600-1676)4. Doña Isabel de Zúñiga había muerto antes que su tío y sólo había dejado descendencia femenina, su hija Inés Francisca de Zúñiga y Fonseca. Madre e hija habían recibido desde 1629 los frutos de la encomienda de Alange de la orden de Santiago, de la cual fue nombrado administrador en 1656 el propio conde de Ayala5. Inés Francisca era la nueva condesa de Monterrey con la cual se casó don Juan Domingo de Haro. Este recibió el hábito de la orden de Santiago en 1663 para poder hacerse cargo de la encomienda. Nuestro personaje había nacido en Madrid en 1640, cuando sus padres llevaban ya 14 años de matrimonio. El padre era don Luis Méndez de Haro, hijo del marqués del Carpio, y la madre era Catalina Fernández de Córdoba, natural de Lucena, hija del duque Enrique de Folch de Cardona y Aragón. Por esta razón nuestro biografiado aparece citado a veces como Juan Domingo Méndez de Haro y Aragón. Los marqueses del Carpio habían sido también parientes próximos y colaboradores del conde duque de Olivares. Parece que el valido Luis de Haro y su familia se presentaron como los herederos naturales del conde de Monterrey. Según Jerónimo de Barrionuevo en sus famosos Avisos, que cubren la última etapa del reinado de Felipe IV, la condesa había dejado a don Luis de Haro una cuantiosa herencia en monedas, que en parte eran fruto del virreinato napolitano de su marido6. El matrimonio de la heredera del condado con el hijo segundo del valido comenzó a concertarse en diciembre de 1654 y se celebró en 1657. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron el 27 de diciembre de 1654. Según el diarista Jerónimo de Barrionuevo el novio tenía 20.000 ducados de renta propia y la futura de la encomienda de la orden de Santiago de su padre por dos vidas. Al suegro, el conde de Ayala, se le prometió el virreinato de Sicilia o bien la presidencia de algún consejo –se rumoreaba que el de Órdenes7–. El conde de Ayala fue virrey de Sicilia de 1660 a 1663 y se le nombró consejero de estado en 1666. Murió en 1676. El novio recibió numerosas mercedes del rey –20.000 ducados para la boda– y un espléndido regalo de don Juan José de Austria, amigo suyo, que se hallaba en Flandes como gobernador general.
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
149
El matrimonio representaba para don Juan Domingo el dominio de los señoríos de los Zúñiga en Galicia, con las villas de Verín y Cambados, y la dignidad de Pertiguero mayor de la Tierra de Santiago. Por los Fonseca tendría los tradicionales señoríos de Coca y Alaejos en Castilla la Vieja y por los Ayala el valle de Orozco en Vizcaya y la villa de Llodio en Álava. También correspondía a los Fonseca el patronazgo del colegio mayor del Arzobispo en la universidad de Salamanca, así como de la universidad de Santiago de Compostela y del colegio de Fonseca en la misma. El conde de Monterrey disponía de una plaza de regidor perpetuo en cada una de las siete ciudades gallegas, con facultad de poder servirlas por teniente y de incorporarlas a su mayorazgo por merced de Felipe IV (1658). En 1660 fue designado procurador a las Cortes como regidor de la ciudad de Orense. Como indica María López Díaz, la nobleza cortesana de origen gallego había iniciado un desembarco en los regimientos urbanos precisamente con vistas a ser designados procuradores en Cortes8. La presencia del conde de Monterrey en las Cortes de Castilla no se limitó a este momento inicial de su vida política. En 1694 formaba parte de la Comisión de millones y presidió la Junta de Diputación de Cortes, en el crucial momento en que ambas instituciones se fusionaron en una sola, con funciones de diputación de los reinos9. En 1680 el conde de Monterrey había presentado a los reyes el homenaje de la ciudad de Santiago de Compostela. De esta forma hacía patente las funciones de patrono cortesano de las ciudades gallegas10. El enlace con la heredera de Monterrey significaba también para don Juan Domingo la entrada en las filas de la grandeza de España. La ceremonia de cubrirse como grande tuvo lugar el domingo de Carnaval de 1657 en el palacio del Buen Retiro. Para la ocasión, el nuevo conde de Monterrey estuvo acompañado por 16 grandes y «otros muchos señores». La concesión de esta dignidad al hijo segundo del valido causó cierto resquemor a su hermano mayor, don Gaspar de Haro (que le llevaba once años), y que tenía que esperar a la muerte de su padre para poder ostentar el título de marqués del Carpio con la grandeza correspondiente. Parece que para compensar a don Gaspar, que llevaba el título de marqués de Eliche, se le prometió la concesión de la grandeza a título personal11. Barrionuevo nos comenta referidos al «condesico» de Monterrey (tenía 17 años) diversos elementos del modelo cortesano español del Barroco. De una parte, la concesión de la dignidad de gentilhombre de la Cámara (1657), a la par que el conde de Niebla, primogénito del duque de Medinasidonia, o el levantamiento de una compañía de caballos para colaborar con el esfuerzo bélico. De otra, el comportamiento turbulento que le llevó a raptar a una comediante llamada la Gálvez, precisamente en competencia con el conde de Niebla, o a dar una cuchillada a un montero a quien acusaba de indisponerle con su padre. Aunque
150
PERE MOLAS RIBALTA
no llegó al extremo de su hermano mayor, que fue acusado de intentar volar el palacio del Buen Retiro por hostilidad con el duque de Medina de las Torres, otro hombre del círculo de Olivares, que también debía su fortuna al matrimonio con una heredera12. En 1659 el conde de Monterrey y su hermano mayor, el marqués de Eliche, participaron como nobles cortesanos en la recepción del embajador francés mariscal de Grammont, que preparaba la firma del tratado de paz. El mariscal agradeció a don Luis de Haro las atenciones recibidas de sus hijos. Según el mariscal eran, tanto Monterrey como Eliche, dos figuras poco agradables, que no tenían más talento ni mérito que ser hijos del favorito para ocupar un puesto destacado en la corte13. La muerte de don Luis de Haro en noviembre de 1661 debilitó la posición de sus hijos en la corte e hizo posible la prisión y luego el destierro de don Gaspar, por el estrambótico proyecto de volar el Buen Retiro. El conde de Monterrey siguió la carrera militar. En 1664 se le nombró capitán de caballería de las guardias viejas de Castilla, en 1666 era maestre de campo de infantería española y en 1667 se hallaba en Flandes, donde permaneció ocho años. En 1669 era capitán general de la caballería en aquel territorio. Desde este puesto asumió el de gobernador general de los Países Bajos españoles (1671), en substitución del condestable de Castilla, don Íñigo Fernández de Velasco, que volvió a España para formar parte de la Junta de gobierno de la monarquía. El mismo mecanismo de substitución se aplicó cuando Monterrey dejó el gobierno de los Países Bajos en 1675. Le sucedió como gobernador el capitán general de caballería, que era el duque de Villahermosa, Carlos de Gurrea y Aragón. Una de tantas sátiras cortesanas se refería a Monterrey llamándole «en Flandes un principiante, hijo del mago valido»14. Los comentarios sobre su nombramiento se centraban en su parentesco con el cardenal Pascual de Aragón, otro de los miembros de la Junta de gobierno; incluso se pensaba en que era la señal de un posible valimiento del cardenal. El emperador Leopoldo I hubiera querido que el cargo fuera concedido a un príncipe de la casa de Lorena, pero escribió a su embajador que si el gobernador tenía que ser español aceptaba que lo fuera Monterrey15. En 1671 Monterrey transformó la «casa de pajes» que había fundado en 1600 el archiduque Alberto para la educación de jóvenes nobles en una Academia militar. Esta institución se convirtió bajo el gobierno de sus sucesores en un importante centro de enseñanza de las matemáticas y de formación de ingenieros militares en Bruselas. En 1674 nuestro personaje creó el primer regimiento de dragones del ejército español, una unidad que llevaba en sus banderas las armas de los Haro y que más adelante recibió el nombre de Belgia16. El gobierno del conde de Monterrey correspondió a un momento de cambio en la relación de España con las Provincias Unidas de los Países Bajos. Ante la
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
151
invasión del territorio de la República por los ejércitos de Luis XIV que seguían el Rhin en la llamada Guerra de Holanda (1672), Monterrey facilitó ayuda militar a los holandeses, lo que le valió de momento cierta reconvención desde Madrid. Monterrey actuaba de acuerdo en este punto con el embajador español en Holanda, don Manuel de Lira, gran admirador de la sociedad holandesa y de su éxito económico. Los dos consideraban que las dificultades a que se enfrentaba la República podrían facilitar la firma de un acuerdo favorable a España. En cambio, en el Consejo de Estado español el marqués de Castel Rodrigo y el condestable de Castilla, que habían sido gobernadores de los Países Bajos en los años sesenta, criticaron duramente la posición de Monterrey, el cual llegó a presentar la dimisión de su cargo. Pero parece que las reformas introducidas por el conde en el ejército fueron apreciadas por los holandeses y que el esfuerzo español ayudó a frenar la invasión de las Provincias Unidas por los franceses17. A pesar de las críticas recibidas, no tardó en firmarse una alianza de España y el emperador Leopoldo I con los holandeses contra el rey de Francia (1673). Monterrey fue nombrado plenipotenciario del rey de España en el Norte de Europa y participó junto con el príncipe Guillermo III de Orange, el nuevo estatúder de Holanda, en la sangrienta e indecisa batalla de Seneff contra los ejércitos franceses (1674); pero luego tuvo diferencias con el gobernante holandés y acabó siendo relevado de su cargo (febrero de 1675). El duque de Maura calificó su cese como un «relevo discreto», pero también consideraba que el conde había sido víctima de la torpeza ministerial española, que primero le había recriminado sus tratos con Orange y luego su supuesta falta de colaboración con el mismo príncipe. Monterrey regresó a España viajando a través de Francia, territorio enemigo, con un pasaporte especial concedido por el rey Luis XIV. Llegó a Barcelona donde fue recibido por la ciudad y por la Diputación del General el 3 de marzo de 1675 con el ceremonial establecido correspondiente a su dignidad de grande de España, aunque dadas las circunstancias el conde realizaba su viaje «a la ligera» para llegar con toda diligencia a la corte; en consecuencia el ceremonial de recepción de los grandes se simplificó, sobre todo en su ritmo temporal. El conde recibió la visita de los representantes del gobierno municipal en su residencia a las cuatro de la tarde y la devolvió a las seis; dado lo avanzado de la hora la visita al edificio municipal se realizó a la luz de las antorchas, pero no se omitió ninguna de las etapas ceremoniales18. A su regreso a la corte, Monterrey se sintió defraudado por su cese como gobernador y no se consideró suficientemente recompensado por los cargos que se le ofrecieron. Rehusó el título de general de la artillería de España19. En su ausencia se había reorganizado la casa real y el Consejo de Estado, una institución en la que tardó 18 años en poder ingresar. Su hermano el marqués del Carpio había marchado a Roma como embajador y Monterrey disponía en cierto modo de su clientela política. En la lucha entre el nuevo valido de la reina
152
PERE MOLAS RIBALTA
madre Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela, y don Juan de Austria, el conde se inclinó decididamente por este último, que era amigo suyo desde la adolescencia. Él y el marqués de Talara fraguaron el intento de que Carlos II confiara el gobierno a su hermano de padre al llegar la mayoría de edad (noviembre de 1675). La tentativa fracasó por la acción de la reina gobernadora, Mariana de Austria, don Juan tuvo que volver a su virreinato de Aragón y Monterrey fue desterrado de la corte. Fue el primer destierro de su agitada vida cortesana20. Las sátiras se referían a él como «el mosquetero de Flandes» que «quiere su agravio vengar» y también le llamaban «el desterrado sin culpa»21. El conde de Monterrey fue uno de los aristócratas que firmaron el manifiesto contra Valenzuela (diciembre de 1676) y de los que se unieron a don Juan José de Austria en la población de Hita, ya cerca de Madrid, con un contingente armado (10 de enero de 1677). Tras el triunfo de don Juan, el conde fue nombrado virrey de Cataluña. Sin embargo no se apresuró a tomar posesión de su nuevo destino, sino que formó parte de la Casa Real durante el viaje que Carlos II y don Juan realizaron a Aragón para celebrar las Cortes de aquel reino. Sólo cuando el monarca volvió a Madrid, Monterrey prosiguió su viaje hasta Cataluña22. En realidad el privilegio de nombramiento había sido firmado por el rey en Zaragoza el 22 de mayo de 1677. Don Juan Domingo juró su cargo en la catedral de Barcelona el 28 de mayo de 1677 a las seis de la tarde. No realizó una entrada pública en la ciudad por tener que salir rápidamente a campaña. Por la misma razón delegó en el Batlle general del Principado, don Juan de Rocabertí, caballero de la orden de Alcántara, el control de las insaculaciones de candidaatos para cubrir las distintas plazas de la Generalidad23. En el Principado, Monterrey tuvo que enfrentarse a la etapa final de la guerra de Holanda, que había visto comenzar en Bruselas. Su acción como jefe militar al frente de un ejército de 12000 hombres contra los franceses no fue nada brillante. Se trasladó a Gerona y se enfrentó al duque de Noailles, gobernador del Rosellón, en la acción del barranco de Espolla, en el Alto Ampurdán (4 de julio); aunque los franceses se retiraban, Monterrey sufrió una «derrota sensible» por el número y calidad de las pérdidas24. En esta acción murieron el napolitano duque de Monteleón y el aragonés conde de Fuentes. A pesar de este fracaso, el virrey permaneció en campaña en las comarcas del norte de Cataluña. El 7 de agosto, por ejemplo, escribía a los diputados de la Generalidad desde la villa de Olot. Cuando volvió a Barcelona el 28 de octubre, los mismos diputados le felicitaron por el supuesto buen éxito de la campaña, en la cual habría conseguido expulsar a los enemigos del Principado. En la misma ceremonia le dieron el pésame por la muerte de su tío el cardenal Pascual de Aragón. Por su parte, la ciudad de Barcelona le hizo presente la carestía del trigo y los consejeros mantuvieron diversas entrevistas oficiales con el virrey a lo largo de los meses posteriores25.
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
153
Al año siguiente (1678) Monterrey fracasó de nuevo lastimosamente en el intento de socorrer la villa de Puigcerdá, sitiada por los franceses. «Partió de Barcelona muy despacio» el 6 de mayo, después de haber obtenido del Consejo de Ciento el levantamiento de un tercio. El 8 de mayo escribía a los diputados que se ocupaba del socorro «con el desvelo que Vuestra Señoría puede considerar» y auguraba tener «muy buenos sucesos»26. Pero la realidad fue bien distinta. Don Juan Domingo llegó hasta Ribes de Fresser, al norte de Ripoll, pero no quiso exponer el ejército y regresó a Vic. El 27 de mayo estaba de vuelta en Barcelona. Puigcerdá capituló al día siguiente y la noticia llegaba el 1 de junio a la capital del Principado. El 11 de junio Monterrey recibió orden de volver «luego» a la corte con el eufemismo de que el rey necesitaba sus servicios en otro lugar. Tres días más tarde comunicaba su marcha a los diputados. Hasta la llegada del nuevo virrey, el duque de Bournonville, asumió el mando militar el general de caballería marqués de Leganés, un aristócrata cuya trayectoria se cruzó más de una vez con la de Monterrey27. Una narración posterior consideraba que Monterrey fue «removido del empleo por los clamores de los pueblos, malcontentos de su obrar» y que en consecuencia «tomó aversión a la nación» catalana28. Hoy en día, sin embargo, sus armas figuran en la decoración del patio del palacio de la capitanía general de Cataluña29. El fracaso en el virreinato de Cataluña le valió a Monterrey un nuevo alejamiento de la corte, a la que no pudo volver hasta la muerte de don Juan de Austria, acaecida en agosto de 1679. En los comienzos del gobierno del príncipe, el conde de Monterrey había sido nombrado presidente del Consejo de Flandes en lugar del príncipe de Astillano (castellanización del italiano Stigliano), que había sido partidario de Valenzuela y de la reina madre. El personaje depuesto –que era hijo del duque de Medina de las Torres– reclamó judicialmente contra su destitución, con el apoyo de doña Mariana de Austria. Esta hizo lo posible para que Monterrey no jurara el cargo de presidente. El nuevo primer ministro duque de Medinaceli, designado como tal en febrero de 1680, reunió una junta de consejeros y teólogos que falló a favor de Monterrey30. El conde se mantuvo en la presidencia del Consejo hasta la supresión de la institución, veintidós años más tarde en la etapa inicial de la Guerra de Sucesión de España. A pesar de esta iniciativa de Medinaceli, Monterrey se mantuvo en la oposición al nuevo primer ministro, sin que influyera en su actitud el parentesco que les unía a través de la casa de Cardona, con cuya heredera se había casado Medinaceli. El conde se quejaba de no haber obtenido todavía plaza en el Consejo de Estado a pesar de sus servicios políticos y militares. Aducía que era el único de los gobernadores de Flandes que no tenía tal dignidad y que en cambio se había concedido la entrada en el consejo en la promoción de 1680 a su sucesor en el gobierno de los Países Bajos, el duque de Villahermosa. Medinaceli consideraba a Monterrey el elemento más peligroso de los aristócratas disiden-
154
PERE MOLAS RIBALTA
tes con su gobierno y de nuevo le desterró de la corte. En enero de 1681 el presidente del Consejo de Castilla, el obispo de Ávila fray Juan de Asensio, le presentó la carta real de destierro. El documento estaba firmado por el Secretario del Despacho Universal Jerónimo de Eguía (1677-1682), al que Monterrey consideraba enemigo personal suyo. Se le daban al conde tres días de plazo para cumplir la orden de destierro. En consecuencia abandonó la corte y se retiró a sus posesiones de Salamanca. También fue desterrado de Madrid su amigo y aliado el duque de Veragua, que había sido capitán general de Galicia por nombramiento de don Juan José31. Dos observadores franceses nos han dejado sus impresiones sobre el conde de Monterrey al filo de 1680. El embajador marqués de Villars le atribuía talento y experiencia de gobierno y le consideraba persona agradable y de buenas maneras. Desde el punto de vista político le creía capaz de formar un partido en la corte y pensaba que un cambio de ministerio le permitiría entrar en el Consejo de Estado. La intrigante y novelesca Madame d’Aulnoy presentaba a Monterrey como «un real mozo», agradable, galante y generoso, tan ambicioso como su hermano el marqués del Carpio, pero más seductor en sus maneras y más hábil y moderado. En aquel momento el conde había cumplido los cuarenta años32. Durante el decenio de los ochenta del siglo XVII el conde de Monterrey permaneció alejado de las primeras filas del poder, controlado por el duque de Medinaceli primero y por el conde de Oropesa más tarde. Después de la caída de este último, el 13 de noviembre de 1691, se nombró a Monterrey presidente de una nueva institución, la Junta General de Comercio, formada por personajes procedentes de diversos consejos. La institución se reunía en la misma «posada» del conde. Este intervino personalmente en la protección a artesanos textiles que proponían el establecimiento de nuevas especialidades, singularmente a fabricantes de medias y tintoreros33. Don Juan Domingo aparece en primera línea de las luchas cortesanas en el período que siguió a la caída del poder del conde de Oropesa en 1691. En conversación con el embajador imperial conde de Lobkowitz aseguraba que en España no había justicia34. Era por entonces el primer gentilhombre de cámara, pero no fue incluido en la promoción de consejeros de estado que tuvo lugar este año. Lo consiguió por fin en 1693. Aquel mismo año fue uno de los aristócratas que debían formar la llamada «planta de los tenientes generales», junto con el condestable de Castilla, el almirante y el duque de Montalto. Monterrey debía encargarse de los reinos de la Corona de Aragón, pero renunció al cargo. Tampoco aceptó la presidencia del Consejo de Indias ni volver al gobierno de Flandes y se convirtió en la cabeza de la oposición al triunvirato formado por los tres aristócratas restantes. En 1693 se le concedió la encomienda mayor de Castilla de la orden de Santiago, que había quedado vacante por la muerte del duque de Pastrana y del Infantado. En aquel momento otra informante francesa, la mar-
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
155
quesa de Guedannes, consideraba que Monterrey era partidario de la continuación de la guerra con Francia para reforzar su poder, mientras que Montalto era partidario de entablar negociaciones de paz. Destacaba dos elementos de la actuación política de Monterrey: su elocuencia en el Consejo de Estado («es buen discursero») y su alianza con el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, que también pertenecía al Consejo de Estado. También se decía que el príncipe Guillermo de Orange, ahora rey Guillermo III de Inglaterra, se oponía a que Monterrey fuera ministro, quizás por los antiguos agravios de los tiempos de la guerra de Holanda35. El conde de Monterrey fue uno de los cortesanos más activos en la lucha de facciones que mantuvieron los aristócratas en torno al problema de la sucesión de Carlos II. Dentro de la confusión de posiciones que caracterizó aquel momento histórico, Monterrey se mantuvo enfrentado a la reina Mariana de Neuburgo y a su partidario el almirante de Castilla, de quien era «enemigo capital». En marzo de 1698 cayó en desgracia de la reina por haber manifestado que se debía reformar el regimiento de la guardia. En una discusión que tuvo lugar en presencia del rey, la reina sufrió un colapso nervioso, que también afectó al monarca. Monterrey permaneció arrestado en su casa hasta el 24 de abril, por haber faltado al respeto a la reina y porque se negó a rectificar su opinión. Según los observadores «escapó no sin mucha fatiga de correr el riesgo» de su rival Montalto, que había sido desterrado de la corte. El caballero catalán Francisco de Castelleví afirmaba con posterioridad que Monterrey era a principios de 1698 «el único grande parcial a la Francia», pero que no manifestaba esta posición en público, sino que más bien afectaba indiferencia. En opinión de Castellví el «origen de su inclinación a la Francia» se encontraba en una ofensa que había recibido de un general alemán en tiempos de su gobierno en Flandes. Castellví trazó un retrato del conde de Monterrey al que presentaba como «hombre sagaz, de espera, astuto, simulado, altivo, de genio delicado, noticioso y de capacidad», un político con «arte», que aparecía como un partidario del príncipe electoral de Baviera, junto al conde de Oropesa, y que «nunca adhería al partido austríaco». Pero en realidad su principal aliado era el cardenal Portocarrero, al que apoyó contra la camarilla alemana de la reina. Los dos personajes consiguieron desterrar al confesor del rey, el padre Matilla, que fue substituido por el famoso fray Froilán Díaz36. El embajador imperial, conde Aloisius Tomás Harrach, también estaba enfrentado a la reina y prestaba oídos a un grupo de nobles del que formaban parte Monterrey, el marqués de Leganés y el conde de Benavente a los que consideraba partidarios de la causa del emperador. Monterrey tenía tan convencido al austriaco que este escribió al emperador que le propusiese para el futuro consejo de regencia, en caso de muerte del rey, en su condición de consejero de estado (abril de 1699), y recibió poderes del emperador en este sentido37. Más perspi-
156
PERE MOLAS RIBALTA
caz, la reina llamaba a este grupo «los franceses». Otros observadores consideraban que el conde y Portocarrero «se han unido y de algún modo son del partido de Francia», y creían que Monterrey era la cabeza del partido francés. El embajador francés Harcourt le visitó el mismo día que volvió a la corte. La historiografía posterior recogió el voto del conde de Monterrey emitido como consejero de estado (29 de enero de 1699), en el cual se oponía a la venida de tropas alemanas a España para fortalecer la opción austriaca y se mostraba partidario de ofrecer alguna satisfacción al rey de Francia, ya que cualquier enfrentamiento sería catastrófico38. Monterrey colaboró en el desplazamiento del almirante y de Oropesa como consecuencia del motín de subsistencias de mayo de 1699, el conocido Motín de los Gatos. Se dijo que había mantenido una larga entrevista con el embajador francés Harcourt en la Zarzuela, poco antes del motín. Se comentó que era amigo personal suyo el nuevo gobernador del Consejo de Castilla, frey Manuel Arias, cuyo nombramiento se atribuyó a esta amistad. Sin embargo Monterrey no pudo escapar del resentimiento de la reina; esta se propuso aprovechar la estancia de la corte en El Escorial para conseguir el destierro del conde: en efecto, Monterrey fue desterrado a 30 leguas de Madrid por desacato (23 noviembre 1699). La medida provocó las protestas del marqués de Leganés y «los demás de este partido», contra el exilio de un «ministro tan graduado y tan fiel». Los aliados de Monterrey aducían que el destierro del conde podría producir un tumulto popular y apelaron al cardenal Portocarrero para que capitaneara el grupo; incluso le propusieron que se trasladara al Escorial, donde se encontraba la corte, para interceder a favor de Monterrey. Pero el prelado no intervino y el monarca declaró que tenía sus justos motivos para el destierro. Tampoco consiguió nada una representación del gobernador del Consejo. Visto que las peticiones eran inútiles, el conde, que permanecía oculto en su residencia, se resignó a salir de Madrid el 29 de noviembre39. El destierro de Monterrey dejó sin presidente ni lugar de reunión la Junta de Comercio; los consejeros recibieron la orden de celebrar sus sesiones en una de las salas del Consejo de Castilla. Pero no se nombró nuevo presidente del organismo y más adelante Monterrey reasumió la presidencia, hasta que la Junta fue disuelta el 18 de abril de 170740. Meses después el embajador Harrach escribía al emperador Leopoldo en tono de queja que nadie hablaba de Monterrey, como si hubiera muerto, y el monarca austríaco contestó, muy de acuerdo con su visión del mundo, que era muy humano que la corte se hubiera olvidado del conde desterrado41. Antes de morir, Carlos II ordenó que le fuera levantado el destierro. Junto con Montalto y Oropesa, Monterrey permaneció fuera de Madrid hasta que se produjo la muerte de Carlos II (1 de noviembre de 1700) y esperó a cinco leguas de la corte a que se desarrollaran los acontecimientos, a que llegara la conformidad de Luis XIV al testamento y a que el nuevo gobierno le levantara el destierro.
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
157
En teoría, Monterrey era uno de los grandes personajes de la nueva situación. Formó parte de la Junta que debía asesorar a la nueva reina, María Gabriela de Saboya, mientras Felipe V se encontraba en Italia (1702). Formaban parte de la Junta los presidentes de los consejos territoriales, entre ellos el de Flandes, que presidía Monterrey. Esta presidencia se vio afectada por la entrada de tropas francesas en los Países Bajos españoles. Las autoridades francesas mantuvieron al conde marginado de las negociaciones que mantenían con el marqués de Bedmar, general de las tropas españolas en Flandes. En 1702 el Consejo de Flandes fue suprimido «por dictamen de los franceses», pero a Monterrey se le mantuvo su puesto en el consejo de gabinete del monarca. El mariscal francés Tessé, en carta a su ministro Chamillart, decía que Monterrey «tiene más actividad en la imaginación» que otros grandes de España, pero que no entendía en los pormenores de la guerra, lo que bien puede ser un tópico42. Nuestro conde se retiró del consejo de gabinete a fines de 1705, junto con su antiguo enemigo Montalto, por discrepancia con los consejeros franceses de Felipe V. Durante la ocupación aliada de Madrid, en el verano de 1706, no siguió la retirada de la corte a Burgos, sino que se mantuvo en la ciudad y parece que solicitó un salvoconducto al general portugués, marqués de las Minas, para dirigirse a la población de Alcobendas. Esta actitud le valió un nuevo exilio cuando los borbónicos recuperaron la capital pocas semanas después43. Se le levantó el castigo, junto con otros aristócratas, con motivo del nacimiento del príncipe de Asturias, el futuro Luis I, al año siguiente. Pero su papel político había terminado. El nombre de Monterrey no figura ni siquiera en la extensa lista de grandes de España que escribieron a Luis XIV pidiendo ayuda militar a favor de Felipe V en el crítico verano de 1710. En aquel momento el conde acababa de sufrir la pérdida de su esposa. La condesa de Monterrey había muerto en mayo de 1710, después de 53 años de matrimonio que no habían dejado descendencia. Entonces el conde se ordenó sacerdote. En los años siguientes formó parte de la congregación de sacerdotes naturales de Madrid y participó también en el Oratorio de San Felipe Neri de la corte. Murió en 1716, a los 76 años y fue enterrado en la propia iglesia del Oratorio44. En 1744 su cadáver y el de su esposa fueron trasladados al convento de las agustinas de Salamanca, de las que eran patronos los condes de Monterrey. En el momento de la muerte del conde la heredera del título era su sobrina doña Catalina de Haro y Guzmán, nacida en 1672, marquesa del Carpio, como heredera de su hermano don Gaspar. La dama se hallaba en la corte austracista de Viena, mientras su marido, don Francisco Alvárez de Toledo, se había convertido en 1711 en el duque de Alba y se había mantenido fiel a Felipe V (aunque en 1706 su posición había estado más próxima a la de Monterrey y había sufrido también destierro). A través de esta relación familiar el palacio de Monterrey en Salamanca pasó a formar parte del patrimonio de la casa de Alba y en él se alojó el protegido de la duquesa, Diego Torres Villarroel, el
158
PERE MOLAS RIBALTA
catedrático de matemáticas de la universidad y prolífico escritor. Este singular personaje publicó unas Expresiones fúnebres con ocasión del traslado de los restos fúnebres de los condes de Monterrey a Salamanca en 1744, pero el título condal ya no figuraba entre los muchos de la duquesa en la dedicatoria de la Vida de Torres. *
*
*
Este esbozo biográfico de la figura del conde de Monterrey permite algunas consideraciones. En el terreno de la Historia social de la nobleza nos presenta el juego de sucesiones por línea femenina, que no era la primera vez que se daba en la trayectoria del título, así como el fenómeno de la acumulación de títulos de asiento territorial diverso por parte de una nobleza absentista, cuyo centro era la corte. También asistimos al despliegue de la vida social de un aristócrata del Barroco, desde las turbulencias de la juventud hasta la ordenación sacerdotal de un viudo de sesenta años. En el orden político podemos ver el mantenimiento de los parientes del conde duque de Olivares en las primeras filas de la aristocracia cortesana por espacio de dos generaciones después de la caída del valido de Felipe IV. En otro sentido la carrera política del conde de Monterrey nos lleva por los distintos reinos y territorios que integraban la Monarquía, de Galicia a Cataluña pasando por Flandes, y nos introduce en el mundo de las luchas cortesanas por el control de la vida política. En estas luchas la oposición a los principales gobernantes llevaba al destierro, una situación en la que nuestro conde fue un verdadero profesional.
Notas 1
2
3 4
5
6
7
GARCÍA MERCADAL, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998, III, p. 374. «El conde de Monterrey se llama de este modo a causa de que se ha casado con una hija del conde de Monterrey». OLIVERA SERRANO, César, «Los señores y el estado de Monterrey (siglos XIII-XVI)», en Cuadernos de Historia de España, LXXX (2006), pp. 147-169. ELLIOTT, John, El Conde Duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 1990, passim. ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico..., Madrid, 1789. Edición facsímil, Madrid, Editorial Átlas, 1973, II, p. 58. SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Los Comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949, II, pp. 720-721. «Esta gracia se hizo sin duda en consideración de la casa de Monterrey de cuya heredera estaba viudo». Avisos de Jerónimo de Barrionuevo, Edición de Antonio PAZ Y MELIÁ, Biblioteca de Autores Españoles, 220-221, Madrid, 1968, I, pp. 90-91. «La condesa de Monterrey murió y dejó un tesoro a don Luis de Haro». Ídem, pp. 101 y 106. «Es consuegro del valido y le darán cuanto quieran».
JUAN DOMINGO DE HARO Y GUZMÁN, CONDE DE MONTERREY
8
9
10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20 21 22
23 24 25 26 27
28
29
30 31 32 33 34
159
Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, IX (2001), pp. 1134-1135. Glosario Histórico por Luz RAMA PATIÑO. Se le cita lógicamente desde la perspectiva gallega como don Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca. CASTELLANO, Juan Luis, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1990, p. 111. GARCÍA MERCADAL, op. cit., IV, p. 223. Avisos de Jerónimo de Barrionuevo, II, p. 112. Ídem, pp. 106-107 (rapto de una comedianta), 112 (alista cien caballos), 153 (da una cuchillada a un montero del rey). GARCÍA MERCADAL, op. cit., III, pp. 372, 378 y 385. MAURA GAMAZO, Gabriel, Carlos II y su corte, Madrid, Librería de F. Beltrán, 1913, II, p. 506. Diario del conde de Potting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674), Edición y estudio de Miguel NIETO, Madrid, Escuela Diplomática, 1990, II, 132 n. y 147. GUZMÁN DÁVALOS, Jaime Miguel de (Marqués de la Mina), Máximas para la guerra, Estudio introductorio y edición crítica de Manuel-Reyes GARCÍA HURTADO, Madrid, Ministerio de Defensa, 2006, p. 234. «El nombre de dragón se conoció en 1674 en Flandes, mandando don Juan Domingo de Haro, conde de Monterrey ... se constituyó su primer jefe, por lo que puso en sus estandartes las armas de Haro». HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000, pp. 191-192. Manual de Novells Ardits (MNA) o Dietari del antic Consell barceloní, Volumen XIX, 16711691, Barcelona, Instituto Municipal de Historia, 1965, pp. 209-210. Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum VIII. Anys 1674 a 1689, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003, p. 43. MAURA, Carlos II y su corte, II, pp. 137, 182, 216 y 232; Ídem, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, Aguilar, 1990, p. 163. MAURA, Vida y reinado…, pp. 163-165. MAURA, Carlos II y su corte, II, pp. 546-547. FABRO BREMUNDÁN, Francisco, Viage del Rey Nvestro Señor Don Carlos II al Reyno de Aragón. Francisco Fabro Bremundans. Sale nuevamente a la luz, reproducido en facsímil, por acuerdo del Club de Bibliófilos Aragoneses de la Tertulia Latassa del Ateneo de Zaragoza, Zaragoza, Club de Bibliófilos Aragoneses, 1985. Reproduce la edición de Madrid, en la imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1680. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, VIII, p. 234. MNA, XIX, p. 341. MAURA, Carlos II y su corte, II, pp. 404-405. Dietaris, VIII, p. 219. MNA, XIX, p. 353. Dietaris, VIII, p. 315. FELIU DE LA PEÑA Y FARREL, Narciso, Anales de Cataluña, Barcelona, Joseph Llopis impresor, 1709. Edición fasímil, Barcelona, Base, 1999, III, pp. 374-378. MNA, XIX, pp. 371, 377 y 380. CASTELLVÍ, Francisco de, Narraciones históricas, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997, I, p. 86; KAMEN, Henry, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981, p. 560. Numerosas quejas de la actuación del conde de Monterrey en las consultas del Consejo de Aragón, en el Archivo de la Corona de Aragón. GALCERÁN, Margarita, «Un paseo arquitectónico por el palacio de Capitanía», en El palacio de Capitanía General de Barcelona, Barcelona, Inspección General del Ejército, 2006, p. 98. GARCÍA MERCADAL, op. cit., III, p. 229, según el relato de la condesa de Aulnoy. Ídem, p. 731. Ídem, pp. 681 y 698. KAMEN, op. cit., p. 125. ADALBERTO (Príncipe de Baviera) - MAURA GAMAZO, Gabriel, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, Madrid, Real Academia de la Historia Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, I, p. 263.
160
35 36
37 38
39 40 41 42
43
44
PERE MOLAS RIBALTA
GARCÍA MERCADAL, op. cit., IV, pp. 361-363, 366-367 y 380. CASTELLVÍ, op. cit., I, pp. 83-87 y 98. Según el embajador francés Harcourt, «vuelve a la corte, ventajoso al partido bávaro». ADALBERTO, Documentos inéditos…, II, pp. 983 y 1038. Recogido por CASTELLVÍ, op. cit., I, pp. 164-167 a partir de la obra del conde Francesco Maria Ottieri, publicada en Roma entre 1728 y 1736. También MAURA, op. cit., p. 549. ADALBERTO, Documentos inéditos…, II, pp. 1129-1131. Archivo General de Simancas, Consejo Supremo de Hacienda, Libro 243, fol. 337v. CASTELLVÍ, op. cit., II, p. 153. COXE, William, España bajo el reinado de la Casa de Borbón desde 1700, en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788 escrita en inglés por Guillermo Coxe y traducida al español con notas, observaciones y un apéndice, por Jacinto de Salas y Quiroga, Madrid, Estab. Tip. de D. F. de P. Mellado, 1846, I, p. 252. Cita de las memorias del mismo mariscal de Tessé. BACALLAR Y SANNA, Vicente de, Comentarios a la guerra de España e Historia de su rey Felipe V el Animoso, Edición y estudio preliminar de Carlos SECO SERRANO, Biblioteca de Autores Españoles nº 99, Madrid, Editorial Atlas, 1957, p. 141. La persecución de los desleales correspondió al gobernador del Consejo Francisco Ronquillo, que había formado parte de la Junta de Comercio bajo la presidencia de Monterrey en 1691 como corregidor de Madrid, y había vuelto al corregimiento como consecuencia del motín de 1699. En 1693 Monterrey y Ronquillo habían visitado el taller del fabricante de sedas García de Navas, privilegiado por la Junta. ÁLVAREZ Y BAENA, op. cit., III, pp. 284-286.
161
Economías cistercienses del Antiguo Régimen: el Imperial Monasterio de Oseira* Pegerto Saavedra Universidad de Santiago de Compostela
1. Introducción En la Galicia del Antiguo Régimen el clero regular no era muy numeroso, pero sí contaba con «religiones» muy ricas. En efecto, uno de los rasgos de la «Iglesia gallega» de los siglos XVI-XVIII radica en su carácter básicamente secular, en lo que al reparto de efectivos toca; en el centro y sur de la corona de Castilla la situación cambiaba, y los regulares superaban con largueza a los seculares, debido a la fuerte implantación de los mendicantes. Así, en 1787, los miembros de las diversas comunidades de regulares masculinas y femeninas ascendían en toda España a 76.299 –51.740 hombres y 24.559 mujeres– y los del clero secular a 70.170; en Galicia, en cambio, los seculares sumaban 10.309 y los monjes, mendicantes y monjas sólo 3.018, esto es el 22,6 por cien del estamento eclesiástico. En el Reino gallego los mendicantes masculinos eran 1.531 –casi dos tercios de ellos franciscanos–, que representaban el 3,3 por cien del total español. Pero la situación cambia en lo referido a los benitos y bernardos, y en especial en el caso de los últimos: Galicia contaba en la fecha mencionada con 14 casas, en las que residían 801 profesos; aquellas suponían el 22,5 por cien de las comunidades cistercienses españolas y éstos el 31,8 por cien de los monjes. Por lo referido a los benitos los porcentajes, por el mismo orden, eran del 14,3 y del 24. La proporción de profesos es superior al de casas, lo que da idea del poder de las comunidades monásticas gallegas, pues sus efectivos demográficos solían estar en relación con el nivel de ingresos1. Los monasterios cistercienses conservan, hasta donde alcanzan mis conocimientos, los mejores archivos en lo que se refiere a la gestión patrimonial, bas161
162
PEGERTO SAAVEDRA
tante más ricos en información contable que los de cabildos y mitras, y también que los de las comunidades de benitos2. A pesar de esta venturosa circunstancia, los estudios sobre el Císter, y en general sobre las comunidades regulares, no son abundantes, aunque a veces se piense lo contrario. Hay algunas aportaciones valiosas, pero en general conocemos mejor el clero secular, gracias en buena medida a los trabajos sólidos y continuados del profesor Baudilio Barreiro3. En cierto modo, el desequilibrio de investigaciones en favor del clero secular está justificado porque su influencia –de todo tipo y no sólo cultural– sobre la población fue enorme, mientras los monasterios podían gozar de considerable poder, pero de limitada capacidad para condicionar los comportamientos del campesinado. En este trabajo me propongo ofrecer, de modo muy resumido, la trayectoria de los ingresos y gastos del monasterio de Oseira, el más rico del Císter junto con el de Sobrado, no sólo en Galicia sino probablemente en la corona de Castilla, con la excepción tal vez de Valparaíso. Las Definiciones de la Observancia publicadas en 1584, al estipular el «número de religiosos que cada casa ha de tener», asignan 54 a Valparaíso, medio centenar a Sobrado (con San Xusto de Toxosoutos) y a Oseira, que a la sazón tenía 24 en espera de que concluyesen las obras en curso. De las otras 39 comunidades, sólo cuatro (Huerta, Moreruela, Nogales y La Espina) podían llegar a 40-45. Durante el siglo XVII Oseira tuvo entre 50 y 70 monjes; a fines del XVIII superó los 90 sin llegar al centenar, y en vísperas de la exclaustración rondaba los 604. A partir de las investigaciones conocidas sobre la economía de Carracedo, La Espina o Villaverde de Sandoval puede afirmarse que los ingresos en especie y en numerario de Oseira eran superiores a los de cualquiera de ellos5. La comparación con otros monasterios gallegos permite comprobar que el cenobio ourensano y el de Sobrado sólo tenían por delante a San Martiño Pinario en lo referido a ingresos monetarios (y por tanto también en especie). Vid. cuadro 1, en página siguiente. Como puede apreciarse, Oseira y Sobrado aventajan a poderosas comunidades benitas como Celanova, Samos y San Paio de Santiago, y con más contundencia a las otras casas cistercienses. Claro que si la comparación se realiza con algunas instituciones del clero secular las cosas cambian: a fines de la década de 1780 el cabildo compostelano tenía unos ingresos brutos de 3.300.000 reales, el arzobispo de 2.000.000, mientras la mesa capitular mindoniense alcanzaba los 529.0006. Ha de repararse, así y todo, que en el caso de estas instituciones sus entradas en dinero equivalen prácticamente a sus ingresos globales, mientras que con las de Oseira y de otros monasterios no sucede lo mismo, pues al cobrar las rentas en especie, las cantidades que no se comercializan –alrededor de un tercio de los cereales y vino– no están computadas en los ingresos en dinero, producto de la venta de centeno y vino básicamente7.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
163
CUADRO 1. INGRESOS EN DINERO DE DIVERSOS MONASTERIOS EN LA DÉCADA DE 1780. MEDIA ANUAL EN REALES Benedictinos, 1781-85 San Martiño Pinario 406.013 Celanova 224.000 Samos 209.841 San Paio 177.947 Poio 117.874 Lourenzá 103.940 San Vicente Pino 87.935 Lérez 63.659
Cistercienses, 1779-87 Oseira 269.796 Sobrado 268.506 Montederramo 119.606 Monfero 93.850 San Clodio 91.665 Oia 77.091 Armenteira 59.698 Xunqueira 39.032 A Franqueira 15.068
Fuente: FERNÁNDEZ CORTIZO, «Los «Estados» cuatrienales...» y SAAVEDRA, P., Monasterios y pazos en la Galicia moderna (en prensa).
Y es que, por abundantes y detalladas que sean las fuentes contables que se han conservado de las comunidades cistercienses, apenas permiten conocer los ingresos globales de cada una de ellas, o al menos expresarlos en un indicador homogéneo. Cuando se realiza un análisis parcial a partir de la información referida a un priorato, a una panera o a una bodega monástica, los resultados pueden parecer claros y resolutivos, pero no hay que olvidar que las diversas unidades contables formaban parte de un «sistema orgánico», y sólo en este contexto resultan inteligibles, pues los monjes encargados de un priorato, de la panera o de la bodega no tomaban decisiones autónomas –referidas, por ejemplo, a consumo o venta–, sino que estaban obligados a conducirse de acuerdo con las necesidades globales de la comunidad8. La lógica de la contabilidad nacía del propósito de dar razón de la gestión de cada unidad administrativa, atendiendo en particular a los resultados finales, no siempre orientados a la «optimización» de los recursos en el sentido economicista y actual del término. No hay constancia de ninguna valoración patrimonial, y por tanto se ignoran los cambios que este factor pudo experimentar a lo largo del tiempo. Fuentes que en apariencia contabilizan los ingresos globales no siempre lo hacen en realidad; productos comprados (trigo, vino) se anotan como entradas por rentas; especies y dinero no pueden sumarse, porque éste procede en su mayor parte de la venta de aquéllas; no siempre resulta fácil diferenciar ingresos teóricos de los realmente cobrados –cuestión que nos llevaría lejos–9. A la vez, los ingresos en especie son tan heterogéneos que, aun disponiendo de una relación de todos, resulta difícil o imposible hallar un indicador homogéneo capaz de uniformarlos. Sin duda lo menos impreciso consistiría en valorar en dinero todos los ingresos en especie, con independencia de su naturaleza y destino final. Los monjes,
164
PEGERTO SAAVEDRA
sin embargo, jamás lo hicieron, al menos de modo sistemático. Las únicas anotaciones que he encontrado al respecto son algunas puntuales de encargos que la abadía de Sobrado realizaba a prioratos como las Cascas y San Martiño do Porto, cuyos libros a veces especificaban la equivalencia en dinero del pescado y otros «verbos» –capones, gallinas, marranas, frutas, etc.– enviados a la casa central10. Pero, aparte de ser indicaciones esporádicas, ignoramos si el precio asignado es el de mercado u otro de carácter «convencional», como el que regía para pagar prestaciones señoriales en especie, caso de tocinos, capones, anguilas o carretos, cuya tasa se mantiene año tras año. El mismo problema se ha planteado entre los historiadores italianos, bien que para ellos tiene una mayor trascendencia, pues las contabilidades doméstico-patrimoniales valoran a un «precio común» los ingresos consumidos. Después de varios debates, han llegado a la conclusión de que ese «prezzo commune» es convencional, no asimilable al de mercado, y por ello de escasa utilidad para evaluar las rentas globales de una institución11. Pero incluso en el caso de que fuese posible realizar estimaciones en numerario de todas las rentas de una institución o casa, con independencia de su naturaleza y destino final (consumo, venta, etc.), semejante procedimiento nos alejaría de la realidad y la lógica –económica y contable– de comunidades y familias para las que el dinero constituía un ingreso más, al lado de otros12. El hecho de que no valorasen en términos monetarios los productos consumidos o distribuidos en empleos varios y que no habían sido comprados es ya de entrada significativo, reflejo de una racionalidad que no se basa en el cálculo de la mera rentabilidad económica del patrimonio, sino que tiene en cuenta aspectos sociales y culturales relacionados con un «ethos» estamental que exige una «sustentación decente» y una liberalidad propia de señores. De la comunidad cisterciense de Oseira se conserva en la biblioteca del monasterio de Poio el llamado «Libro de estado», que abarca de 1610 a 1834 y da razón, en teoría, de todos los ingresos en especie –al menos de los principales– y en dinero, y de su destino. El recibo de cereales y vino refleja, sin duda, las entradas globales de la casa central y de sus quince prioratos y granjas; el de dinero da razón, con toda probabilidad, del «útil» o remanente que los priores enviaban a la abadía, una vez descontados los gastos personales y de gestión. La fuente no lo aclara, pero sabemos que en otros monasterios del Císter era así (en Sobrado y Monfero, por ejemplo). A este «Libro de estado» se añaden otras fuentes contables, como los libros de panera y bodega y los de diversos prioratos; de los últimos aquí haré poco uso13.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
165
2. Trayectoria de los ingresos en especie Como ocurre con el resto de comunidades monásticas, los ingresos de Oseira procedían básicamente de rentas forales, fijas en el caso del centeno, y también de carácter proporcional cuando se trata del vino. La comunidad ourensana era, entre las cistercienses, la que más diezmos cobraba: unos 66.200 reales en 1752, en 48 parroquias según el catastro de Ensenada, equivalentes quizá a una quinta parte de sus entradas en dinero14. En todo caso, a comienzos del XIX más del 85 por cien de las entradas totales de centeno eran rentas fijas, aunque la situación variaba de unas administraciones a otras; en los ingresos de trigo, mijo y maíz, las rentas proporcionales tenían un mayor peso, pero esos cereales representaban poco al lado del centeno. En consecuencia, la estabilidad caracteriza el volumen de ingresos cerealeros desde comienzos del XVII a la exclaustración. En efecto, a lo largo de más de dos siglos, las entradas de centeno, que en todo momento eran las más voluminosas, se modificaron poco: eran de 5.824,5 fanegas en los años cosecha 1617-1625, y de 7.020,4 –un 20 por cien más– en la década de 1780, cuando se alcanzan varios años de buenas cosechas. La composición de las entradas no registró transformaciones sustanciales, aunque sí significativas.
CUADRO 2. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS GLOBALES DE CEREALES DEL MONASTERIO DE OSEIRA. PROMEDIO DE FANEGAS ANUALES Y % Años cosecha 1617-19 1650-55 1662-73 1738-40 1791 1802 1828-31
Trigo 125 203 190 192,25 232,5 212
% 2,1 3,– 2,8 2,7 3,1 3,–
Centeno 5.768,25 6.409,5 6.491 6.594,25 6.836 6.430
% 94,2 94,1 94,4 92,5 90,8 90,2
Mijo/maíz 227,5 200 195 342,5 456,5 485
% 3,7 2,9 2,8 4,8 6,1 6,8
Total 6.120,75 6.812,5 6.876 7.129 7.525 7.127
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
La estabilidad constituye la norma, tanto en lo que se refiere al volumen como a la composición de las entradas de cereales de la panera abacial y de la docena y medias de granjas y prioratos radicados en las comarcas centeneras y vitícolas del sur de Lugo y de la provincia de Ourense y en el norte de Portugal (Junias), con la salvedad del priorato pontevedrés de Marín. Los ingresos de trigo son muy escasos y proceden de prioratos y granjas de valles y bocarribeiras de Miño, Sil y afluentes. De hecho, el monasterio ha de comprar todos los años en torno a 250-300 fanegas de este cereal para hacer frente al consumo ordinario de la comunidad.
166
PEGERTO SAAVEDRA
La gran fase expansiva de los ingresos monásticos ha de situarse en el siglo XVI, y probablemente desde la incorporación de la comunidad a la reforma, en la década de 1540, por tanto de modo tardío15. En una valoración de las rentas de las diversas mayordomías, correspondiente a 1529, y efectuada para asignar una cuota al abad comendatario don Bernaldino de Miranda, los datos aportados suman 665 moyos de vino y 3.780,5 fanegas de cereales, amén de unos 200 carneros, 420 capones y gallinas y 160 puercos y porcallas16. Como algunas rentas proporcionales de centeno no se especifican podemos suponer que los ingresos de cereales ascendían entonces a unas 4.000 fanegas, que habían aumentado un 50 por cien hasta 1617-1637. En el caso del vino el incremento fue del 83 por cien. Lo que resulta más interesante es el mayor dinamismo de los ingresos de mijo y maíz –más bien de maíz– desde fines del XVII, frente a la acusada estabilidad de los de centeno. Esto deriva en parte de que las entradas de centeno procedían en un 85 por cien de rentas forales estipuladas en cantidades fijas, y los de los cereales de primavera tenían un mayor componente de diezmos y foros proporcionales: en 1738-40, por ejemplo, las cesiones forales ascendieron a 184,25 fanegas de promedio anual y los diezmos, cuartos y quintos, a 143,75; en 1807-11 las cantidades fueron, por el mismo orden, de 218 y 318,25 y en 1828-31 de 174,25 y 310,5, es decir, que desde mediados del XVIII a vísperas de la desamortización las rentas fijas descendieron un 5,4 por cien y los cuartos, quintos y diezmos aumentaron un 116 por cien17. La primera fase de la expansión de los cereales de primavera ha de situarse en la década de 1680, a raíz de la inicial difusión del maíz en algunos valles fluviales de Ourense. (Vid. cuadro 3). La estabilidad caracteriza la trayectoria de los ingresos de centeno desde comienzos del XVII a la desamortización. Sabemos que en la primera mitad del XVII el monasterio realizó algunas inversiones en adquirir rentas, por lo que el aumento de un 20-25 por cien que hasta 1750/59 registran las entradas ha de explicarse por el ligero incremento de las rentas forales y también de los diezmos. Pero, en cualquier caso, lo que mejor define la situación es la estabilidad o si se quiere la rigidez de unos ingresos que en un 85-90 por cien procedían de cesiones forales estipuladas en cantidades fijas. En el último cuatrienio (182831), por ejemplo, la renta foral ascendió a 5.588,5 fanegas por año, los diezmos y quintos y sextos a 780,25 y la primicia y ofrendas a 3018. Otro aspecto a tener en cuenta, sobre el que habrá que volver, es el referido al nivel de ingresos en vísperas de la desamortización, que no parece estar afectado por crisis alguna. El aumento del recibo de cereales de primavera –de maíz, por entendernos– no tuvo grandes repercusiones para la economía monástica, pues nunca representan más del 6,5 por cien de las entradas de la panera, pero sí merece atención como indicador de la renovación del sistema agrario de los valles vitícolas y
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
167
CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE CENTENO, MIJO Y MAÍZ, EN PROMEDIO FANEGAS ANUALES DE 87,5 LITROS Años cosecha* 1617-19 1620-28 1629-37 1638-49 1650-58 1659-67 1668-79 1680-88 1689-97 1698-1709 1710-20 1721-29 1730-40 1741-49 1750-58 1759-70 1771-78 1779-90 1791-98 1799-1810 1811-18 1824-31
Centeno 5.768,25 5.958,75 6.161,– 6.378,25 6.402,– 6.338,– 6.729,5 6.609 6.610,25 6.702 6.508 6.694,75 6.555,75 7.032,25 7.126,5 6.651,75 6.636,– 7.020,5 6.890,25 6.684,25 6.477,5 7.256,75
Índice 100 103 107 111 111 110 117 115 115 116 113 116 114 122 124 115 115 122 119 116 112 126
Mijo y maíz 227,5 ** ** 210,5 192,– 220,5 148 217,25 285 297 294,75 321,5 334,5 355,– 337,5 347,75 304,– 403,5 409 448,4 425 545,75
Índice 100 ** ** 93 84 97 65 95 125 131 130 141 147 156 148 153 134 177 180 197 187 240
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira. * Se trata de los tres o cuatro años anteriores a la presentación de los balances, el 15 de abril; desde mediados del XVIII el año inmediatamente anterior al resumen de las cuentas no suele incluirse en ellas; aun así he respetado la estructura del libro, porque no altera los resultados. Esto sucede en todos los cuadros. ** Sin datos fiables.
bocarribeiras. El grueso de los ingresos de mijo pertenecía al priorato de Marín, pero se trata en lo fundamental de rentas fijas, por lo que el ascenso de las cantidades cobradas ha de imputarse a los diezmos, cuartos y quintos de otros prioratos. En los valles vitícolas el maíz se expande en el último cuarto del XVII –en el trienio que finaliza en 1692 se referencia por primera vez a «mijo y maíz», antes sólo a mijo–, y en los de bocarribeira triunfa a raíz de las crisis de la década de 176019. Esto es lo que sucede en el priorato de Longos, cuyos datos correspondientes a diezmos figuran a continuación.
168
PEGERTO SAAVEDRA
CUADRO 4. COMPOSICIÓN DE LOS DIEZMOS DEL PRIORATO DE LONGOS, SUFRAGÁNEO DE OSEIRA. EN FANEGAS Y % Años 1730 39 1740-49 1750-59 1760-69 1770-79 1780-89 1790-99 1800-09 1810-19 1824-29 1830-34
Centeno 65,2 65,2 59,– 60 52,5 52,8 43,6 22,6 27,8 26,5 21,6
% 57,1 55,7 56,5 49,4 46,5 44,3 37,8 25,7 30,2 32,8 31,–
Trigo 0,25 0,30 0,70 –– –– –– –– –– –– –– ––
% 0,2 0,3 0,7 –– –– –– –– –– –– –– ––
Maíz 10,7 12,8 14,2 27,0 37,2 49,8 60,7 60,9 63,1 53,3 47,0
% 9,4 10,9 13,6 22,3 32,9 41,8 52,7 69,1 68,5 66,0 67,5
Mijo 38,1 38,75 30,5 34,4 23,3 16,5 10,9 04,6 01,2 01,– 01,–
% 33,3 33,1 29,2 38,3 20,6 13,9 9,5 5,2 1,3 1,2 1,4
Total 114,25 117,05 104,4 121,4 113 119,1 115,2 088,1 092,1 080,8 069,6
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ourense, libro 613 (antiguo) (No se incluye el diezmo de castañas, que hasta 1803 tiene cierta importancia).
Los datos son elocuentes: el maíz se difunde principalmente en la década de 1770, como respuesta a las graves crisis agrarias de años inmediatos. Va desplazando al mijo y en alguna medida al centeno y contribuye a paliar la caída de la producción que se registra a comienzos del XIX, menos grave de lo que puede deducirse de las cantidades totales recaudadas, afectadas en diversos años por la detracción del noveno (el 11,1 por cien del diezmo). Para la economía monástica, de todas formas, el descenso de los ingresos por diezmos no fue ruinoso, por cuanto se mantuvieron estables las rentas forales, mucho más importantes20. En las aldeas pertenecientes a prioratos situados en zonas vitícolas el maíz se expandió en la segunda mitad del XVII, pero su importancia se reforzó también a partir de la crisis de 1768 y años siguientes, y después como reacción frente a las dificultades puntuales de la economía vitícola. Con todo, el peso porcentual que dentro del volumen de las diversas cosechas tenía el maíz a fines del Antiguo Régimen era a menudo escaso, dado el predominio de un cuasi monocultivo vitícola. Así, en Santa Cruz do Arrabaldo, sobre el total de los diezmos de cereales el centeno representaba en la década de 1750 el 52,8, el trigo el 32,2 y el maíz el 15; en 1825-34, los porcentajes eran, por el mismo orden, del 26,3, 0,2 y 73,5. Mientras el trigo había casi desaparecido, y las cosechas de centeno se redujeron en un 30 por cien, las de maíz se multiplicaron por 7, lo que no impedía que la renta de centeno continuase en víspera de la desamortización siendo el ingreso cerealero más importante, ni que el vino siguiese dominando con contundencia el sistema agrario, pues en vísperas de la desamortización suponía el 89,1 por cien del volumen de la producción sometida a diezmo, y los cereales
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
169
el 10,9 restante. Algo parecido puede predicarse de los prioratos sufragáneos de Sobrado, de Banga, Gomariz y Moldes21. Por lo mismo, el incremento, espectacular en ocasiones en términos porcentuales, de los ingresos de maíz, en concreto de diezmos y rentas proporcionales, tiene más importancia como indicador del esfuerzo de los campesinos por diversificar sus fuentes de ingresos que efectos reales en los ingresos globales de monasterios e incluso, en determinadas comarcas, en la composición global de la producción agraria, que continuó dominada por el vino.
3. Los ingresos vitícolas Al lado de los cereales –encabezados por el centeno–, el vino constituía el otro gran capítulo de los ingresos monásticos en especie. Cobrados directamente por alguna bodega abacial o más a menudo por los monjes que estaban al frente de prioratos y granjas de las cuencas del Miño y Sil, una parte importante de las rentas iba llegando a las casas centrales para consumo y venta. La información contable sobre prioratos y bodegas es copiosa, pero no siempre uniforme y su utilidad es desigual22. Sólo en el caso de Oseira existen datos sobre los ingresos globales de todas las administraciones desde comienzos del XVII a la exclaustración. Resumidos por períodos breves se exponen en el cuadro siguiente.
CUADRO 5. INGRESOS GLOBALES DE VINO DEL MONASTERIO DE OSEIRA. MEDIAS ANUALES EN MOYOS DE 146 LITROS Años cosecha 1617-28 1629-37 1638-49 1650-58 1659-67 1668-79 1680-88 1689-97 1698-1709 1710-20 1721-29 1730-40 1741-49 1750-58 1759-70
Moyos 1.069,75 1.370,20 1.326,75 1.378,10 1.518,50 1.609,40 1.322,90 1.414,75 1.516,20 1.531,50 1.555,80 1.421,60 1.700,75 1.764,60 1.844,00
Índice 100 128 124 129 142 150 124 132 142 143 145 133 159 165 172
Índice ingresos de centeno 100 104 108 108 107 114 112 112 113 110 113 111 119 121 113
170
PEGERTO SAAVEDRA
Años cosecha 1771-78 1779-90 1791-98 1799-1810 1811-18 1824-31
Moyos 1.898,75 2.020,30 1.826,00 1.663,75 1.229,75 c. 1.643,50
Índice 177 189 171 156 115 154
Índice ingresos de centeno 112 119 117 113 110 123
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
Se trata de ingresos obtenidos en los prioratos y granjas que el monasterio tenía repartidas en los valles fluviales de Ourense y Sur de Lugo, aunque sólo de modo puntual consta en el libro de estado las entradas de cada administración. En la década de 1660 lo que aportaba cada una puede verse a continuación.
CUADRO 6. INGRESOS DE LOS PRIORATOS Y GRANJAS DE OSEIRA EN 1659-1664. MEDIAS ANUALES EN MOYOS Granja Sta. Cruz de Arrabaldo San Paio Prado Oleiros San Lourenzo Viso Barbantes Pastoriza Marín Parafita Santa Euxea Areas Total
Moyos 400,3 209,4 260,5 109,1 116,2 128,8 58,0 64,2 14,0 36,– 24,2 14,0 1.434,7
Fuente: vid. cuadro anterior.
La casa abacial, situada en tierras relativamente altas y productoras de centeno, no tenía rentas de vino, y el que ingresaba en la bodega procedía de las administraciones que figuran en el cuadro anterior. Por lo mismo, los ingresos globales son la suma de las entradas de esa docena de prioratos y granjas radicadas en su mayoría en las riberas del Miño y derivan en lo fundamental de foros
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
171
proporcionales a la cosecha, diezmos y de rentas fijas, aunque esos porcentajes de cada partida rara vez se especifican en la fuente23. En 1738-40, por ejemplo, las rentas fijas representaban el 39 por cien de las entradas totales, y los diezmos, cuartos, quintos y sextos el 52 por cien; en 1807-18 los porcentajes fueron, por el mismo orden, del 51 y 48, y en 1824-31 del 44 y del 55, por la recuperación vigorosa de los diezmos en esa década. En cualquier caso, las rentas fijas ascendían a 614,5 moyos a mediados del XVIII, y a 701,75 –un 14 por cien más– en vísperas de la exclaustración, y aquí radica probablemente una parte de la explicación de la tendencia alcista de los índices desde comienzos del XVII a fines del XVIII, y el buen nivel que mantienen en los años inmediatos a la desamortización. Un dinamismo que sería necesario retrotraer a la primera mitad del XVI, pues cabe recordar que en 1529 los ingresos vitícolas ascendían a 665 moyos, y en 1617-28 habían aumentado un 83 por cien frente al 50 por cien del incremento de las entradas de cereales. Sin duda hubo también un aumento de la producción vitícola –y de las rentas proporcionales–, que culmina con las excelentes cosechas de la década de 1780, pero al respecto no está claro que la serie de Oseira pueda tomarse como indicador global de la trayectoria de la economía vitícola de Lugo y Ourense, pues los ingresos decimales de prioratos de Sobrado o San Clodio, sitos en el Ribeiro de Avia, descienden desde la primera mitad del XVIII. En el Ribeiro de Ourense y en el valle del Sil, en donde radicaban los dominios de Oseira, la producción aguantó mejor, e incluso se incrementó en algún caso en la fase final del Antiguo Régimen, lo que contribuye a explicar la tendencia de las cifras del cuadro. He de confesar, así y todo, a la vista de la trayectoria de los ingresos vitícolas de Oseira que tal vez deba matizar ideas expuestas hace algunos años sobre la caída de la producción de vino en los valles ourensanos y del sur de Lugo. No parece ser ni tan general ni tan acusada como entonces supuse24. Los ingresos globales de vino se caracterizan, pues, por un dinamismo mucho más acusado que los de centeno. Mientras los primeros se incrementaron un 75 por cien entre principios del XVII y fines del XVIII, los de cereal apenas lo hicieron en un 20 por cien. La mayor vinculación orgánica que existía entre rentas y producción y el aumento de las rentas fijas percibidas en vino dan razón de las diferentes trayectorias. Con todo, los ingresos de centeno fueron siempre mucho más voluminosos que los de vino: 5.175 hls frente a 1.560 en 1617-28; 6.235 frente a 2.576 en 1750-58, y 6.350 contra 2.400 en 1824-31. En todo caso, a las puertas de la exclaustración nada autoriza a hablar de crisis en lo referido a la cuantía y percepción de los principales capítulos de ingresos en especie del poderoso cenobio de Oseira. Las contabilidades de diversos prioratos reflejan una mayor o menor caída de la recaudación decimal de centeno, pero se mantienen las rentas forales, que forman el grueso de las entradas. La situación es más
172
PEGERTO SAAVEDRA
variada si se atiende a los ingresos de vino, pues hay administraciones en las que las cosechas caen y otras en las que incluso ascienden en la etapa final del Antiguo Régimen25. Hay otra cuestión, que es la referida a la deuda, que a veces puede aparecer enmascarada en unas contabilidades que tenían un componente teórico mayor o menor. Debatir este problema ocuparía y exigiría demasiado espacio, según quedó advertido, pero a juzgar por los volúmenes de cereal y vino comercializados después del Trienio puede avanzarse que los impagos de rentas no eran escandalosos.
4. Empleo de los ingresos en especie No cabe duda de que un elevado porcentaje de los ingresos de monasterios, de la aristocracia y de los hidalgos, era formalmente vendido en las localidades de cobranza, en las paneras centrales o en mercados y ferias urbanas y rurales. Pueden, al respecto, establecerse distingos entre las diversas clases de cereales, entre prioratos y casas matrices, incluso entre éstas –de acuerdo con el volumen de ingresos y con su estructura administrativa–, o también entre pazos –en función de si están o no habitados por el mayorazgo y su familia–26. Sin embargo, cuando se analiza el destino del total de los ingresos de una institución o casa, los datos son concluyentes. Y así lo demuestran los datos del «imperial» monasterio de Oseira, cuyo «Libro de estado» resume, según quedó señalado, las entradas y salidas de cereales y de vino –y dinero– de la casa central y de sus prioratos y granjas en el curso de más de dos siglos. Las cifras básicas se exponen en el cuadro 7 de la página siguiente. De modo sucinto puede decirse que desde comienzos del XVII hasta la exclaustración la comunidad cisterciense gestionó de promedio casi 7.500 fanegas de diversos cereales cada año (unos 4.170 hls), 476 de ellas de trigo, 6.618 de centeno y 387 de mijo y maíz, esto es, el centeno representó el 88,5 por cien de los empleos totales, el trigo el 6,3 y los cereales de primavera el 5,2, una estructura del gasto que, lógicamente, concuerda con la composición de los ingresos (con la salvedad del trigo comprado, equivalente al 50 por cien de los empleos). Se advierte, asimismo, como las salidas con diferencia más voluminosas están representadas por las ventas: casi tres cuartas partes de los cereales tienen este destino, seguido a mucha distancia del llamado gasto ordinario, esto es, el consumo de la comunidad, «familia» (criados) y huéspedes, y luego del de las limosnas, cuyo papel parece limitado en el conjunto de la economía monástica: un 7 por cien del gasto, esto es 528 fanegas al año, frente a las 1.418 del consumo ordinario y a las 5.262 vendidas. Por fin, el capítulo de «otros» engloba los descuentos por mermas y perdones, el consumo de animales, siembras, algunos salarios y congruas y las fanegas destinadas al montepío desde la década de 1740, que en realidad deberían reputarse también como vendidas27.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
173
OSEIRA
CUADRO 7. A) DESTINO DE TODOS LOS CEREALES. x FANEGAS ANUALES Años Gasto cosecha ordinario 1617-22 2.024,25 1659-76 1.450,1 1677-1700 1.390,8 1701-26 1.441,3 1727-49 1.421,25 1750-74 1.522,4 1775-98 1.540,4 1799 1818 1.403,5 1824-31 1.213,25
%
Limosnas
29,7 20,– 18,9 19,4 18,4 20,1 19,6 18,7 16,7
814,– 714,5 587,5 619 530,75 463 411,75 355
%
Ventas
%
Otros
%
Total
11,2 9,7 7,9 8,– 7,– 5,9 5,5 4,9
4.610,5 4.678,1 4.956,95 5.136,5 5.260,5 5.306,75 5.612,5 5.422,1 5.561,25
67,5 64,5 67,5 69,2 68,1 70,1 71,5 72,4 76,3
188,85 310 287,25 262,5 422,25 208,25 233,85 255,65 152
2,8 4,3 3,9 3,5 5,5 2,8 3,– 3,4 2,1
6.823,6 7.257,2 7.149,5 7.427,8 7.723 7.568,15 7.849,75 7.493 7.281,5
B) DATOS GLOBALES DEL PERÍODO, POR CEREALES Cereal Trigo
Gasto ordinario 075.568,8
% 91,8
Centeno
159.927
14,–
Mijo/maíz
009.863,45
14,7
Total
245.356,25
19,–
x fgs/año
001.418,25
Limosnas %
91.362,0
8,–
91.362,0
7,1
00.528,1
Ventas
%
Otros
%
Total
005.783
07,–
00.950,9
1,2
00.82.299,7
847.838
74,0
45.768,25
4,–
1.144.895,5
056.749,1
84,7
00.364,1
0,6
00.66.976,65
910.370,1
70,3
47.083,25
3,6
005.262,25
00.272,15
1.294.171,6 00.07.480,75
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
Otro aspecto a destacar es el mantenimiento a lo largo de dos siglos de los capítulos fundamentales de los diversos empleos, lo que se corresponde tanto con la estabilidad y rigidez de los ingresos como con la naturaleza de una economía señorial basada por completo en la percepción de foros y diezmos y con una lógica de funcionamiento que no se modifica en el curso de más de doscientos años. Lo más relevante en este punto es el ligero, pero significativo, incremento de las cantidades –y porcentajes– de cereal comercializado, a costa de la reducción del gasto ordinario y de limosnas, en parte por el descenso en el primer tercio del XIX del número de monjes y de criados, y también por el esfuerzo de la comunidad orientado a limitar los dispendios para disponer de más volúmenes que sacar al mercado, y así enfrentar las crecientes necesidades de numerario. En una economía en la que los ingresos estaban fijados de antemano, sin posibilidad de introducir grandes modificaciones a corto y medio plazo, la estrategia de los monjes, en momentos de dificultades, se orientaba a reasignar los gastos, minorando
174
PEGERTO SAAVEDRA
en la medida de lo posible los capítulos referidos a salarios en especie y limosnas. El hecho es que entre 1775 y 1830 el monasterio vendía al año un promedio de mil fanegas más que en el siglo XVII y destinaba a limosnas 350 fanegas menos. Con todo, se trata de cambios que no alteran unos esquemas fundamentales, pues la comunidad no podía abandonar su lógica de elevado consumo, desarrollado en el contexto de una «economía moral», que justificaba su percepción, año tras año, y así varios siglos, de ingentes cantidades de rentas28. A la vez, los cereales tenían, en términos porcentuales, destinos diferentes, de acuerdo con su calidad y cantidades disponibles, como queda de manifiesto en el cuadro de la página siguiente. El trigo se empleaba, en su casi totalidad, en el consumo ordinario, algo explicable si se recuerda que la midad del que entraba en las paneras monásticas procedía de compras y de trueques. Con todo, parece significativo que en el primer tercio del XIX los monjes se tratasen de reforzar el capítulo de ventas, con resultados limitados, pero elocuentes en definitiva. Al revés, los cereales de primavera, conforme el maíz desplazó al mijo, se vendían masivamente, debido en parte a su escaso aprecio social como alimento en comparación no ya con el trigo, sino con el centeno. Este cereal, por su propia abundancia, es el que tenía destinos más diversificados, en cuanto alimento común de criados, operarios eventuales y animales; como producto que garantizaba las limosnas de la casa central y como principal recurso comercializado. En el caso de los tres cereales se advierte una tendencia al aumento de los porcentajes y cantidades que se venden, trayectoria más acusada en el maíz. Así, aunque el centeno proporcionó siempre, con largueza, los mayores volúmenes sacados al mercado –4.901 fanegas de promedio anual desde 1617 a 1831, frente a 328 de mijo y maíz y a 34,5 de trigo–, su dominio era más abrumador en la primera mitad del XVII que en vísperas de la exclaustración: en 1617-22 representaba el 96,2 por cien del conjunto de cereales comercializados, el mijo el 3,5; en 1824-31 los porcentajes eran, por el mismo orden, del 90,2 y del 929. En tiempos normales –carentes de agobios financieros–, no entraba en la lógica de la comunidad de Oseira vender centeno en el cenobio para obtener numerario, pues ese cometido estaba al cargo de las «granjas» y prioratos y de la propia bodega monástica30, quedando a la panera de la abadía la función de gran centro consumidor y redistribuidor. De modo que la llamada «oficina del horno», dirigida por un monje que controlaba la molienda y cocedura del cereal, absorbía del 65 al 80 por cien del centeno gastado anualmente. Las raciones que se entregaban a criados, huéspedes, trabajadores eventuales y a pobres del contorno o vagabundos no solían ser en grano, sino en pan cocido, lo que originaba un gran trasiego en torno al molino y al horno. En 1750, por ejemplo, era necesario dar pan a unos 92 monjes, a 44 criados y a una multitud de operarios ocasionales y a pobres.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
175
CUADRO 8. DESTINO DE LOS DIVERSOS CEREALES. ANUALES EN FANEGAS A) TRIGO Años Gasto cosecha ordinario 1617-22 387,– 1650-64 448,6 1677-1700 438 1701-26 471 1727-49 487 1750-74 488,5 1775-98 499,5 1799 1818 409,75 1824-31 287,5
%
Limosnas
%
Ventas
%
Otros
%
Total
96,3 91,– 91,5 92,9 92,6 95,2 93,4 87,7 83,8
–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–– –– –– –– –– –– –– –– ––
15 43,1 35,75 33 27,4 18 29,75 53,25 45
3,7 8,7 7,5 6,5 5,2 3,5 5,6 11,4 13,1
00,1 01,5 04,75 03,25 11,6 06,75 05,5 04,– 10,5
–– 0,3 1,– 0,6 2,2 1,3 1,– 0,9 3,1
402,4 493,2 478,5 507,25 526 543,25 534,75 467 343
B) CENTENO Años Gasto cosecha ordinario 1617-22 1.574,75 1659-76 0.930,5 1677-1700 0.884,5 1701-26 0.909 1727-49 0.883,5 1750-74 0.981,5 1775-98 0.988,5 1799 1818 0.948,5 1828-31 0.877,25
% 25,4 14,2 13,3 13,7 12,8 14,6 14,3 14,4 13,7
Limosnas
%
Ventas
%
Otros
%
Total
12,4 10,8 8,9 9,– 7,9 6,7 6,3 5,6
4.435,5 4.510,– 4.741 4.866,5 4.943 5.009,25 5.245,5 4.988,75 5.019,25
71,6 68,7 71,6 73,5 72,1 74,5 75,7 75,7 78,5
188,75 308,5 282,5 259,25 409,75 200 227 238 141,25
3,– 4,7 4,3 3,9 6,– 3,– 3,3 3,6 2,2
6.199 6.563,5 6.622,5 6.622,25 6.855,25 6.721,5 6.924 6.586,75 6.392,75
%
Total
0,3 0,5 0,3 3,1 ––
222 196 249,5 298,3 341,75 333,4 391 439,25 545,75
814,5 714,5 587,5 619 530,75 463 411,75 355,–
C) MIJO Y MAÍZ Años Gasto cosecha ordinario 1617-22 62 1659-76 71 1677-1700 68,3 1701-26 61,3 1727-49 50,75 1750-74 52,4 1775-98 52,4 1799-1818 45,5 1824-31 48,5
%
Limosnas
%
Ventas
%
Otros
27,9 36,2 27,5 20,5 14,8 15,7 13,4 10,4 08,9
–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–– –– –– –– –– –– –– –– ––
160 125 180,2 237 290,1 279,5 337,25 380,1 497
70,1 63,8 72,5 79,5 84,9 83,8 86,3 86,5 91,1
* * * * 0,90 1,50 1,35 13,65 0,25
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
176
PEGERTO SAAVEDRA
CUADRO 9. EMPLEO DEL CENTENO INGRESADO POR LA PANERA DE OSEIRA. MEDIAS ANUALES EN FANEGAS «Oficina del % horno» 1750-59 917,90 79,25
(Criados y criados de % huéspedes (471 40,7)
(380
1800-09
74,00
(329,5
29,9)
(318,75
Años
815,70
(Limosna
%) 32,9)
Otros gastos 240,1
%
Vendido
%
20,7
-
-
Gasto total 1.158,0
28,9)
244,7
22,2
041,10
03,7
1.101,5
1810-19
662,20
69,60
(309,5
32,5)
(195,5
20,5)
235,8
24,8
053,50
05,6
951,5
1824-34
615,25
65,80
(261,25
28,0)
(216,75
23,2)
178,9
19,1
140,25
15,-
934,4
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ourense, Clero, libros 620 y 621 (antiguos).
Durante el siglo XVIII la «oficina del horno» gestiona por lo regular en torno a 900 fanegas de centeno al año, destinadas en su mayor parte a criados de la casa y de los huéspedes, a limosnas y a los que acarrean cereal, vino, leña, teja y piedra. En el capítulo «otros gastos», ya en grano, entraba el alimento de las mulas –que a mediados del siglo XVIII consumían de promedio 180 fanegas al año y en 1824-34, 140–, algunos salarios y congruas –51 fanegas al año en 1750-59 y 21,5 en 1824-34–, la ceba de cerdos, la sementera de «ferraña» y cantidades ocasionales de limosna en grano. En sazones de escasez, las limosnas se alargaban hasta representar la parte sustancial del gasto: así entre abril de 1768 y abril de 1769, cuando se destinan al horno 1.095 fanegas (sobre 1.370,75 gastadas), de ellas 613 para repartir a pobres31; al año siguiente la limosna ascendió a 815 fanegas sobre un gasto total de 1.552,25 (1.297 de ellas en el horno); en los cuatro años que vinieron a continuación el gasto fue de 500, 460, 470 y 520. Sin embargo, a mediados de la década de 1790 había concluido la época de semejantes «dispendios» y sólo en años puntuales, debido a la gran penuria, alcanza el mencionado capítulo las 400 fanegas (446,75 de promedio en los años cosecha de 1801 a 1803, 396 en el de 1816), situándose habitualmente por debajo de las 300 e incluso 200 fanegas. Al tiempo se van incrementando las partidas destinadas a la venta, que a veces encubren atrasos percibidos en dinero. Ello significa que ante las urgentes necesidades de numerario y ante la diferencia de precios relativos entre el cereal y el vino –cada vez más favorable al cereal–, la comunidad optó por reasignar el destino de algunas cantidades de centeno, reduciendo los capítulos del gasto, pues dada la rigidez de sus ingresos no le quedaban otras opciones. De este modo se aminoran las cantidades absolutas y relativas a disposición del monje que gestionaba el horno y aumentaron las consignadas al mercado.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
177
El descenso afectó a la mayoría de los capítulos del gasto: criados de la casa y de huéspedes, asalariados eventuales, limosnas, salarios en especie, mulas. La comunidad sostenía unos 90 monjes en 1796-1801, 75 en 1824 y sólo 57 en vísperas de la exclaustración32; necesitaba por tanto menos mulas y también menos criados. Algunas remuneraciones en especie pasaron a dinero ya antes de 1800, y los que continuaron recibiendo la asignación de pan cocido bajaron de 32 en 1806 a 25 en 181133. Los que mantuvieron su empleo continuaron sin embargo recibiendo la misma cantidad de pan, e incluso lograron una mejora en la calidad. En efecto, en 1772 se comenzó a cernir por un cedazo de cerda «toda la harina de que se hacen las sembras y gallofas que se dan a los criados y peregrinos», y en 1812-14 «se arregló el plan de la panadería de este monasterio», estipulándose las libras de pan cocido que el padre hornero había de dar por cada fanega que entrase en la «oficina», y estipulándose (junio de 1814) «que el pan de los criados se diese en adelante como pan de centeno blanqueado, sin mezcla de ninguna otra harina extraña, y menos del salvado llamado moguelo del de maíz ni centeno. La harina para este grano, en el sentido dicho, ha de ser cernida por el cedazo fino, y no por el de cerda, como se hacía hasta aquí»34. De acuerdo con los parámetros conocidos hasta ahora, no estaba mal una asignación anual por criado de 10 fanegas de grano (además de algunas gallofas o panecillos por Pascua Florida), que daban en pan cocido 900-930 libras gallegas, esto es, 1,5 kilogramos por día35. Por la cantidad que percibían, por la regularidad –no afectada por los meses de soldadura– y también por la calidad del pan, los criados de Oseira eran, en su estado, verdaderos privilegiados, y el padre hornero tenía prohibido «mezclar maíz alguno con el pan de sembras ni el pan de centeno, y si la demasiada escasez de este grano obligase alguna vez a esta mezcla, nunca podrá hacerse sin expresa orden del prelado; y en este caso sólo podrá mezclarse al centeno la cuarta parte del maíz y dará entonces el padre hornero por cada fanega de esta mezcla cien libras de pan cocido»36. Toda una evidencia del mayor aprecio del centeno frente al maíz, por eso los criados de las instituciones y casas rentistas consumen el primero, mas apenas el segundo, lujo que no se podían permitir muchos campesinos37. Dentro de las formas de asistencia social de tipo tradicional, basadas en el reparto de limosnas a los pobres de variada condición que acudían a la portería, se registró a fines del XVIII una pequeña novedad, consistente en la dotación de una escuela de primeras letras, a cuyos niños se les daban unas 20 fanegas al año; la comunidad comenzó también la construcción de un «seminario» o internado para niños del contorno, que no llegó a funcionar. Las 20 fanegas suponen una cantidad pequeña, que representa alrededor del 5-6 por cien de la total asignada a limosnas, aunque para los políticos reformistas el cambio tenía gran relevancia. La escuela se creó siendo abad Fray Adriano de Huerta (1783-1787).
178
PEGERTO SAAVEDRA
Hasta la Gaceta ponderó el hecho: «Los religiosos cistercienses del monasterio de Osera ... han dado prueba de su verdadera caridad, disponiendo que la limosna que antes se distribuía a los pobres que acudían a la portería, se aplique de un modo más útil, privando a los mendigos de este verdadero fomento de la holgazanería. A este fin han resuelto establecer con inmediación al monasterio una escuela caritativa en que continuamente se recojan, alimenten y vistan por la comunidad unos cuarenta niños pobres, enseñándoles por tiempo de tres años la doctrina cristiana, la lengua castellana, a leer y escribir, pero no la gramática ni otra facultad; de modo que con dicha enseñanza sean restituidos a sus padres a la edad de diez o doce años, que es la competente para que puedan aplicarse a la agricultura, o a las artes y oficios»38.
De hacer caso a la Gaceta, y no a los libros de contabilidad, las formas de distribución de limosnas en especie habrían cambiado radicalmente no sólo en Oseira, sino en otros cenobios cistercienses y benedictinos del Reino de Galicia que, a imitación de aquél, decidieran aplicar de modo útil a la enseñanza de niños pobres «limosnas que distribuidas en las porterías sólo servirían para mantener vagabundos que prefieren la vida libre y ociosa al trabajo y la aplicación». La realidad es que, según quedó indicado, los libros de panera y del horno registran desde 1791-92 un gasto anual que en la mayoría de los ejercicios es de 20 fanegas, mientras continúa el reparto habitual de cantidades muy superiores a los pobres del contorno, peregrinos y ostiatim39. La granería de Oseira con unas disponibilidades de centeno de unas 1.100 fanegas hasta comienzos del XIX, de las que habitualmente no se vendía ninguna, constituye un caso especial dentro de las comunidades cistercienses, y que pone de manifiesto la necesidad de contemplar las economías monásticas dentro de una lógica global, pues el funcionamiento de las administraciones periféricas y el de la casa central no son independientes: con un dilatado y disperso patrimonio, repartido entre 17 prioratos y granjas y la abadía, la comunidad de Oseira no necesitaba por lo general vender el centeno de la panera, tarea encomendada a los monjes granjeros. Por otro lado, los ingresos cobrados en la casa central eran más reducidos que en Sobrado o Montederramo y, por lo mismo, el consumo y las limosnas dejaban pocas sobras. Al igual que sucedía con el centeno, la mayor parte de los ingresos de vino se destinaron a la venta, realizada a menudo en las propias granjas.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
179
CUADRO 10. EMPLEO DE LOS INGRESOS EN VINO DEL MONASTERIO DE OSEIRA. MEDIA ANUAL EN MOYOS Años cosecha 1620-22 1659-76 1677-1700 1701-26 1727-49 1750-74 1775-98 1799-1818 1824-31
Salidas totales c. 769,75 1.515,75 1.385,75 1.594,25 1.549,75 1.821,25 1.917,50 1.487,75 1.722,75
Gasto ordinario c. 364,25 373,25 368,50 396,–0 392,75 399,–0 420,25 404,00 390,75
%
Ventas
%
Otros gastos
%
97,5 24,6 26,6 24,8 25,3 21,9 21,9 27,2 22,7
405,50 1.081,25 960,50 1.101,25 1.077,50 1.261,50 1.340,25 844,00 1.088,25
52,7 71,3 69,3 69,1 69,5 69,3 69,9 56,7 63,2
–– 61,25 56,75 97,–0 79,50 160,75 157,–0 239,75 243,75
4,1 4,1 6,1 5,1 8,8 8,2 16,1 14,1
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
Salvo en los primeros años, la fuente no diferencia vino blanco y tinto, lo que probablemente refleja la progresiva homogeneización de calidades a costa de la degradación del blanco, según sabemos por otras informaciones referidas a precios y a trayectoria de la producción. En la década de 1620, en todo caso, las rentas y diezmos de blanco superaban a las de tinto, al representar un 53 por cien de las entradas totales40. El primero se destinaba con preferencia a la venta –753 moyos vendidos y 370,5 gastados en el trienio de abril de 1620 a 1623– y el segundo al consumo –464 y 722 moyos, por el mismo orden–. A mayor abundamiento, por los libros de cuentas de bodegas como las de San Clodio de Leiro o de Sobrado sabemos que los monjes y «familia» consumían, fundamentalmente, vino tinto, mientras el blanco se destinaba más bien a la venta. Las cantidades destinadas al consumo ordinario de la comunidad oscilaron poco, en valores absolutos, a lo largo del tiempo; el ligero incremento que notan hasta fines del XVIII tienen que ver con el aumento del número de monjes. Un gasto de unos 400 moyos al año de promedio significa 58.400 litros, esto es, 160 por día, en torno a 2 litros por religioso, cifra exagerada, pues habría que tener en cuenta a los visitantes, criados y a algunos operarios eventuales. El capítulo de otros gastos, cuya importancia se acrecienta en la etapa final del Antiguo Régimen, incluye las pérdidas, pensiones, salarios y congruas, perdones, mermas, gastos de cocina y en vinagre y «datas» por ajustes de medidas, un capítulo que anota desde mediados del XVIII y que desde 1771 a 1807 sirve para justificar entre el 3,5 y el 4,3 por cien del descargo total y en el último ejercicio el 3,8 por cien. Esto, junto con el incremento de las cantidades destinadas a congruas
180
PEGERTO SAAVEDRA
y pensiones, a obras y a perdones, explican la evolución de los valores de ese epígrafe41. No aparece una sola referencia a la fábrica de aguardiente, lo que da cuenta de las pérdidas y «trasiegos». Consumo y venta tenían lugar en las granjas y en la bodega monástica, a donde llegaban las cantidades que las administraciones periféricas remitían. En los años 1659-64 en la bodega se vendían de promedio 458,5 moyos y se justifican en otros empleos –desde consumo ordinario a vinagre– 296, mientras en las granjas las cantidades, por el mismo orden, fueron de 431,5 y 119. Con el tiempo la comunidad tendió a descentralizar las ventas, pues desde 1775 a 1818 las cantidades destinadas a diversos empleos se distribuyen así entre bodega central y prioratos.
CUADRO 11. EMPLEO DEL VINO EN LA BODEGA CENTRAL Y PRIORATOS DE OSEIRA DE 1775 A 1818. MEDIA ANUAL EN MOYOS
Bodega Granjas Total
Salidas totales 406,5 1.365,5 1772,0
Consumo ordinario 281 132 413
Ventas 48,50 1.066,75 1.115,75
Otros empleos 077,0 117,5 194,5
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira y R IONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, p. 308.
En la etapa final del Antiguo Régimen, para la que se conserva el libro de bodega de la casa central, en ésta se recibían de promedio alrededor de 400 moyos de vino, de los que se destinaban a consumo ordinario 280, en torno a 408,5 hls. o 112 litros por día; las ventas sólo representan el 12 por cien de las salidas totales; al revés, en las granjas la comercialización justifica el 78 por cien de las salidas, y el consumo ordinario sólo el 9,7 por cien, un desequilibrio que recuerda el registrado en los diversos empleos de los cereales entre panera y administraciones periféricas, pero que no era tan acusado en el XVII. Contamos con muchas contabilidades de prioratos y bodegas monásticas, pero no disponemos de ninguna otra que informe de los ingresos vitícolas globales de un monasterio como la que quedó expuesta referida a Oseira. De cualquier forma, los libros de las bodegas de San Clodio, Sobrado o Montederramo acreditan el proceso creciente de descentralización en la gestión de los ingresos a favor de las administraciones periféricas. En el caso de Sobrado esto se percibe con claridad, pues la bodega monástica tiende a renunciar a las ventas, y en consecuencia opta por recibir de prioratos y granjas poco más que las cantidades necesarias para el consumo de la familia monástica42.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
181
5. Ingresos y gastos en dinero No es preciso recordar que la casi totalidad de los ingresos en numerario proceden de la comercialización de cereales y vino realizada en las administraciones periféricas, pues en la casa central poco era lo que se vendía. Ahora bien, el dinero que los monjes destacados en prioratos y granjas envían a la abadía, y que se asienta en el libro de caja, parece ser el «útil» que han logrado reunir al final de cada ejercicio, una vez descontado el gasto ordinario y extraordinario de su persona y criados y el derivado de la propia gestión: alimentos, vestido, salarios, reparaciones en la vivienda, pleitos... Por lo mismo, y tal como quedó advertido, los ingresos en dinero no incluyen ni la parte de las rentas consumidas ni los gastos habidos en las diferentes unidades administrativas. En este caso reflejan fundamentalmente los resultados financieros de prioratos y granjas43. Las cantidades de cereales y vino comercializadas, los precios a que se venden y los gastos monetarios afrontados por los monjes granjeros determinan, por tanto, la trayectoria de los ingresos en dinero del monasterio, que se expone en el cuadro siguiente.
CUADRO 12. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN DINERO. MEDIA ANUAL EN REALES CORRIENTES Balance Abril Abril 1610-1619 1619-1629 1629-1641 1641-1650 1650-1659 1659-1671 1671-1680 1680-1689 1689-1698 1698-1710 1710-1717 1719-1730 1730-1741 1741-1750 1750-1759 1759-1771 1771-1779 1779-1791
Ingresos
Índice
086.052 111.830,75 105.175,5 102.867 129.494,5 143.205,25 183.089 097.237,5 145.859 144.033 154.971 142.471,5 163.000,5 168.765,5 211.179 261.215,5 236.924 276.789,5
41 53 50 49 61 68 87 46 69 68 73 67 77 80 100 124 112 131
Gastos totales 090.862 104.904 101.566 101.351,25 128.723,75 142.952,5 188.296 093.089 144.775 144.116,5 167.601,5 139.110 164.433,5 171.473,5 209.310 239.262,5 267.618 280.195,5
Índice
Obras
%
Pleitos
%
043 050 049 048 061 068 090 044 (46,2)* 069 (35,8)* 069 (43,4)* 080 066 (45,3)* 079 (54,2)* 082 (41,5)* 100 (34,8)* 114 (30,7)* 128 (30,5)* 134 (41,8)*
15.896 22.666,25 22.505 12.999 12.306,75 18.537,5 31.199 07.509,5 42.362,75 33.077 57.588,25 22.758,25 39.589,25 33.172,25 65.233,75 74.201,75 88.013,75 71.590
17,5 21,6 22,2 12,8 09,6 13,– 16,6 08,1 29,3 23,– 34,3 16,4 24,1 19,3 31,2 31,– 32,9 25,6
08.044,50 06.417,00 04.602,25 01.713,50 13.047,50 04.304,50 05.164,00 01.932,00 01.152,25 06.604,00 05.026,00 08.251,25 13.875,75 12.532,50 11.053,50 10.495,50 18.408,25 08.925,50
8,9 6,1 4,5 1,7 10,1 3,– 2,7 2,1 0,8 4,6 3,– 5,9 8,4 7,3 5,3 4,4 6,9 3,2
182
PEGERTO SAAVEDRA
Balance Abril Abril 1791-1799 1799-1811 1811-1819 1828-1832
Ingresos
Índice
387.893,75 389.926,5 443.169,5 208.773,5
184 185 210 99
Gastos totales 390.050 397.571,5 446.823,25 223.758,25
Índice
Obras
%
Pleitos
186 (44,4)* 190 (44,4)* 213 (49,9)* 107 (38)*
89.327,75 65.745 52.170 16.266
22,9 16,5 11,7 07,3
11.841,00 20.454,50 13.035,00 08.733,00
% 3,– 5,1 2,9 3,9
* Porcentaje que supone el gasto ordinario sobre el gasto total. Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
Las cantidades de rentas comercializadas tendieron al alza, hasta fines del siglo XVIII: en 1775-98 el monasterio vendía de promedio mil fanegas más de centeno que cien años antes; en términos porcentuales el aumento fue del 21 por cien; en el caso del vino, si en 1659-76 comercializaba 1.081 moyos de media anual, en el último cuarto del siglo XVIII la cantidad ascendía a 1.340 moyos, un 24 por cien por encima. Por eso desde la primera mitad del siglo XVII hasta mediados del XVIII los ingresos monásticos en dinero ascienden notablemente, más que los precios del centeno y del vino.
CUADRO 13. EQUIVALENCIA EN FANEGAS DE CENTENO DE LOS INGRESOS MONETARIOS DE OSEIRA Años 1614-19 1620-50 1650-80 1680-98 1698-1717 1717-41 1741-71 1771-98 1798-1818 1824-1832
Fanegas 09.415 10.587,5 11.664 10.936,5 11.736,5 11.918 11.355,5 19.776,75 08.416 11.359,-
Índice 86 97 107 100 104 109 104 89 77 104
Fuente: Para los precios de los cereales se ha recurrido a los libros de cuentas de diversos monasterios y prioratos.
Los índices son simplemente indicativos de la capacidad teórica de compras de centeno de los ingresos en numerario, pero no miden su valor real adquisitivo, pues los gastos de la comunidad estaban originados ante todo por la compra de alimentos diferentes al pan, ropas, obras, salarios y pleitos. Sí puede advertirse en los dos últimos cuadros cómo el alza brutal de los precios desde comienzos
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
183
de la década de 1790 no fue seguida con igual ritmo por los ingresos, sin duda porque algunos impagos y trastornos derivados de la coyuntura y de la Guerra de la Independencia impidieron al cenobio vender las mismas cantidades que en la década de 1780, o hacerlo a los precios más altos, y porque los crecientes gastos de los prioratos mermaron el «útil» que remitían al final de cada ejercicio al libro de caja. En la monografía de Isolina Rionegro pueden encontrarse algunos ejemplos de esta última circunstancia. Así, en el priorato de Longos, cuyas rentas consistían básicamente en centeno, los índices del gasto monetario comienzan a sobrepasar con claridad a los de los ingresos brutos a partir de 180509, y por comparación a 1775-79, en 1825-34 el primero estaba en 152 y el segundo en 65. Otro tanto sucede en el priorato de Coiras, en donde los gastos en diligencias judiciales, en obras y en algunos períodos en contribuciones reducen de forma considerable el «útil» que el monje granjero puede remitir al monasterio44. Por lo que conocemos de muchos otros prioratos sufragáneos de Monfero, Sobrado y Montederramo la situación parece general, lo que significa que en la etapa final del Antiguo Régimen no se produce tanto una caída de los ingresos brutos cuanto un incremento del gasto por causas varias, lo que reduce las disposiciones de liquidez, fundamentalmente a partir de la Guerra de la Independencia45. Aun así en el caso de Oseira no puede hablarse, ni mucho menos, de una «bancarrota»: desde la Guerra de la Independencia los monjes no viven con la holgura de antes, pero tampoco se hallan en situación dramática. Las semejanzas entre la trayectoria del gasto y del ingreso no precisa de extensos comentarios, por cuanto a largo plazo una y otra variable tenían que ajustarse. A corto plazo podía haber divergencias, ya que necesidades urgentes, como la realización de obras, obligaban en ocasiones al cenobio a acudir al arca de reserva o a censos. Pero esto no parece lo habitual, y más bien hay que hablar de una holgura financiera que se repite balance tras balance, salvo momentos puntuales en la fase final del Antiguo Régimen, y, aun entonces, el monasterio es dador de censos a otras comunidades de fuera de Galicia, que después de la primera exclaustración de 1808 –que no afectó al Reino gallego– padecieron una situación ruinosa, en la que les sorprendió la exclaustración. No resulta casual que Oseira acogiera en mayo de 1815 el Capítulo General de la Orden del Císter (después que en 1811 y 1812 tuviesen lugar en el priorato de Partovia y en la propia abadía de Oseira capítulos intermedios); a la sazón el monasterio de Palazuelos, como casi todos los de Castilla, estaba arruinado46. Algunos capítulos del gasto en numerario tenían una rigidez evidente, pues las compras de determinados alimentos –pescado, aceite, legumbres, especies...– y de vestidos, los pagos de viajes y las contribuciones a la congregación no podían evitarse año tras año. De hecho, lo habitual es que el gasto ordinario represente entre el 40 y el 50 por cien del total; cuando desciende de esa proporción es porque se incrementa notablemente el gasto en obras, fruto de amplias
184
PEGERTO SAAVEDRA
disponibilidades de liquidez47. Sólo en vísperas de la exclaustración se altera la situación: el gasto ordinario cae al 38 por cien, en parte porque la comunidad pasó de 74 monjes en 1825 a 63-57 en 1828-32 (de 25 a 30 menos que en 178099) y a que las disponibilidades monetarias no permitían entonces grandes alardes constructivos. El gasto extraordinario era, en cambio, más irregular, y a veces imprevisto, como los costos de los pleitos. Éstos, con todo, no ocasionaron al monasterio grandes dispendios, lo que significa que la conflictividad en el ámbito del dominio no fue elevada, salvo la que pudo producirse en prioratos determinados. De hecho, varios pleitos engorrosos a los que desde la década de 1790 se enfrentó el monasterio estuvieron ocasionados por curas que demandaban mayor participación en el diezmo, como el de Marín, especialmente belicoso en este ámbito48. Dentro del gasto extraordinario las obras ocupan un lugar fundamental, aunque el porcentaje que representan oscila bastante a lo largo del tiempo: es bajo antes de 1689, salvo en 1619-41, y en general muy considerable en el curso del XVIII, sobre todo en su segunda mitad, y desde 1700 a 1779 representó cerca de un tercio de las salidas globales de numerario49. A lo largo del período que cubre el libro de estado, desde 1610 a 1832, las partidas atribuidas al gasto en obras ascendieron a 8.806.153 reales, el 20,6 por cien del gasto total (42.822.932 reales).
CUADRO 14. GASTO TOTAL Y GASTOS EN OBRAS DESDE 1610 A 1832. EN REALES Años Abril-Abril 1610-1638 1638-1680 1680-1717 1719-1759 1759-1799 1799-1832 TOTAL
Gasto total 2.656.865,8 5.804.590,4 5.069.071,6 7.042.043,3 11.494.845,8 10.755.514,8 42.822.931,7
En obras 0.532.075,20 0.815.998,75 1.248.890,20 1.616.994,60 3.168.233,50 1.423.960,80 8.806.153,00
% 20,– 14,1 24,6 23,0 27,6 13,2 20,6
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
Si el cómputo se limita al período 1680-1799, el resultado a que se llega es que el gasto en obras representó el 25,6 por cien del total, y que ascendió a un promedio de 52.018 reales al año; traducida a salarios esa cantidad significaría aproximadamente unos 17.500-18.500 jornales anuales, que equivaldrían al empleo permanente de unas 95 personas. Al margen del valor relativo de estos cálculos, por las oscilaciones del salario en función del tiempo y de la categoría
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
DE
OSEIRA
185
de los empleados, parece claro que gracias a la realización de obras mayores y menores el monasterio ejercía un notable impacto en el entorno a través de la contrata de mano de obra; impacto que se reforzaba mediante la contrata de arrieros y de criados, un colectivo sometido a una intensa rotación, según sabemos por el libro de salarios del monasterio de Montederramo. En la etapa final del Antiguo Régimen el monasterio se vio sometido a unas exigencias fiscales nuevas, que al mantenerse desde la caída de los precios –y de los ingresos nominales– desde 1817 tuvieron una incidencia notable en la economía de la comunidad, impidiéndole continuar con los gastos en obras, que sin duda serían precisos desde la exclaustración del Trienio. A los donativos ocasionales de fines del XVIII y primera década del XIX50 se sucedieron después obligaciones más regulares, que se resumen a continuación.
CUADRO 15. GASTOS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN Cuatrienio IV/1807 a IV/1811 IV/1811 a IV/1815 IV/1815 a IV/1819 IV/1819 a IV/1824 IV/1824 a IV/1828 IV/1828 a IV/1832 TOTAL
Total reales 176.195,0 157.241,5 150.449,5 116.832,5 058.706,0 068.802,0 728.226,5
% sobre gasto total en dinero 12,9 8,5 8,7 18,8 5,4 8,9 9,9
Fuente: Biblioteca del monasterio de Poio, «Libro de estado» del monasterio de Oseira.
En términos absolutos las cantidades desembolsadas por contribución –en las que en ocasiones se incluye el real noveno– no son elevadas, pero al gravar unos ingresos en descenso desde 1817 la incidencia de las nuevas cargas no fue despreciable y constituye sin duda uno de los factores de la «crisis» de las economías de las instituciones eclesiásticas51. De este modo, antes de la creación de la Hacienda Liberal con las reformas de Mon-Santillán de la década de 1840, los rentistas habían comenzado a pagar al fisco real, pues la monarquía absolutista, para tratar de sobrevivir, tuvo que limitar ciertos privilegios de los estamentos del clero y la nobleza. Al margen de ello, queda claro que en vísperas de la exclaustración la situación de las economías monásticas era muy diferente en la Península: ruinosa en el centro y sur peninsular, más sólida en el noroeste, por la propia naturaleza de los ingresos, por la menor incidencia de los avatares políticos posteriores a 1808 y por la existencia de un cierto consenso social que limitó el alcance de la conflictividad. Cuando Ramón Otero Pedrayo introduce en Os
186
PEGERTO SAAVEDRA
camiños da vida a un fraile de Oseira al que la exclaustración sorprende cuando se disponía a iniciar tranquilamente la cobranza de las rentas del priorato de Santa Cruz do Arrabaldo no estaba forzando la realidad histórica.
Notas *
1
2
3
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2005-06645/HIST, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. En el caso de los monjes y mendicantes van incluidos profesos, novicios, legos y donados; en el de las monjas las profesas y novicias; y en el del clero secular los curas y tenientes, beneficiados, ordenados a título de patrimonio y de menores. Los datos proceden del censo de Floridablanca, impreso en 1789. Sobre la población eclesiástica vid. el trabajo clásico de RUIZ MARTÍN, F., «Demografía eclesiástica hasta el siglo XIX», en Diccionario de Historia eclesiástica de España, Madrid, 1972, vol. II; REY CASTELAO, O., «Edad Moderna: Iglesia y Religión», en Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 7-8 (1996) (monográfico dedicado a Las religiones en la Historia de Galicia, editado por V. M. GARCÍA Q UINTELA); de la misma autora, «Cistercienses y benedictinos en la Galicia moderna: evolución numérica y análisis social», en Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Císter en Galicia e Portugal, Santiago de Compostela, 1992; y SAAVEDRA, P., «La iglesia gallega en el Antiguo Régimen», en Historia de Galicia, Faro de Vigo, 1991, vol. III. Las pérdidas azarosas y los avatares que atraviesan los fondos eclesiásticos desde la desamortización explican, en parte, la mayor o menor riqueza de los fondos conservados. Pero ésta nace también de las diversas formas de administración del patrimonio, y en concreto de la percepción directa de las rentas o del arriendo de su cobranza. Confío en que algún día se anime a reunirlos en un volumen para facilitar su consulta a los numerosos modernistas interesados en la temática; mientras tanto han de leerse en revistas y obras colectivas: «El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos, siglos XVI-XIX», en Compostellanum, vol. XXXIII, 3-4 (1988); «El clero de la diócesis de Santiago a través de las visitas pastorales, visitas ad limina, registros de licencias ministeriales y concursos de curatos», en Compostellanum, vol. XXXV, 3-4 (1990); «Clero secular e estudiantes na diócese de Santiago durante o século XVIII», en Revista Galega do Ensino, 39 (2003); a estos y otros trabajos han de añadirse los capítulos incluidos en la reciente Historia de las diócesis españolas, en concreto en los volúmenes dedicados a las diócesis gallegas (tres volúmenes editados por la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002). Sobre el clero regular cabe mencionar el trabajo pionero de VILLARES, R., «La economía del clero regular gallego ante la desamortización», en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXII (1981); la monografía de RIONEGRO FARIÑA, I., La estructura económica del Císter orensano en la fase final del Antiguo Régimen, Ourense, 1998; el artículo de SAAVEDRA, P., «Coyuntura agraria e ingresos señoriales en la Galicia interior y en las mariñas de Betanzos», en Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al prof. Antonio Eiras Roel en el XXV aniversario de la cátedra, Universidad de Santiago de Compostela, 1990; el libro de OTERO PIÑEIRO, G., Santa Clara de Pontevedra en la Edad Moderna: estructura económica del convento (1640-1834), Pontevedra, 2003; y las investigaciones inéditas de Mª C. ALVARIÑO ALEJANDRO (El dominio de Santa Clara antes de la desamortización, memoria de Licenciatura, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Santiago, 1976) y C. BURGO LÓPEZ (Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna. El monasterio de San Payo de Antealtares, Tesis Doctoral, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Santiago, 1985). Y últimamente, sobre los benedictinos, FERNÁNDEZ CORTIZO, C., «Los «Estados» cuatrienales y la economía de los monasterios benedictinos gallegos en la época moderna», en LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M. (coord.), Opus monasticorum: patrimonio, arte, historia y orden, Santiago de Compostela, 2005.
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DE
OSEIRA
187
Para 1584, MARTÍN, E., Los bernardos españoles (Historia de la Congregación de Castilla de la Orden del Císter), Palencia, 1953, p. 35. Los datos del XVII y XVIII proceden del «Libro de estado», que se citará posteriormente. Vid. HERVELLA VÁZQUEZ, J., «Estado espiritual y material del real monasterio de Santa María de Oseira», en Porta da Aira, 6 (1994-95). Cfr. SAAVEDRA, P., «La economía del monasterio de Carracedo, ca. 1700-1834», en Studia Historia, V (1987) (reproducido en Señoríos y comunidades campesinas. Aportaciones a la historia rural de la España Moderna, A Coruña, 2003); LÓPEZ GARCÍA, J. M., La transición del feudalismo al capitalismo en un señorío monástico castellano: el abadengo de la Santa Espina (11471835), Valladolid, 1990; SEBASTIÁN AMARILLA, J. A., Agricultura y rentas monásticas en tierras de León. Santa María de Sandoval (1167-1835), Universidad Complutense de Madrid, 1991. R EY C ASTELAO , O., «La renta del voto de Santiago y las instituciones jacobeas», en Compostellanum, XXX, 3-4 (1985), y «Estructura y evolución de una economía rentista del Antiguo Régimen: la mitra arzobispal de Santiago», en Compostellanum, XXXV, 3-4 (1990). Sobre el cabildo mindoniense, SAAVEDRA, P., Economía, política y sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 1480-1830, Madrid, 1985, p. 673. Habría que introducir algunos matices, en el caso de los monasterios femeninos, pues podían tener en las dotes de las novicias una fuente importante de ingresos en numerario. Vid. BURGO LÓPEZ, C., «La importancia de los ingresos dotales en la economía monástica femenina durante la Edad Moderna», en Jubilatio: homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez González, Universidad de Santiago de Compostela, 1987, vol. 1. Vid. las consideraciones que realiza F. LANDI en Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna, Roma, 1996, pp. 87 y ss. El carácter teórico de las contabilidades (que conceptúan como recibo o ingreso lo que cada mayordomo debía cobrar ese año) resulta patente, y la diferencia entre ingresos teóricos y reales sólo puede averiguarse en ocasiones estudiando la composición de las cantidades que componen el «alcance» o remanente teórico (puede tratarse de deudas o de cantidades almacenadas). El «Libro de estado» de Oseira permite resolver en parte la cuestión, y acredita que los ingresos teóricos se corresponden en general con los reales. Unas breves consideraciones sobre los «alcances» en RIONEGRO FARIÑA, I., «Contabilidad monástica: fuentes, problemas y método para su interpretación», en Homenaxe á profesora Lola L. Ferro: estudios de historia, arte e xeografía, Universidade de Vigo, 2005. Estas contabilidades, conservadas en el Archivo del Reino de Galicia, se analizan en detalle en SAAVEDRA, P., Monasterios y pazos en la Galicia moderna, en prensa. Cfr. LANDI, F., «Tecniche contabili e problemi di gestione dei grandi patrimoni del clero regolare ravennate nei secoli XVII e XVIII», en Quaderni storici, 39 (1971); y Il paradiso dei monaci…, pp. 166 y ss. Diferente es el caso de los precios fijados para devolver los granos anticipados por los propietarios a los «terragguieri», que utiliza O. Cancila para calcular el rendimiento anual en Hls/ha de algunos patrimonios eclesiásticos sicilianos a lo largo de la Edad Moderna. Vid. CANCILA, O., Impressa, redditi, mercato nella Sicilia moderna, Palermo, 1990 (2ª ed.), pp. 40 y ss. Situación distinta es la de aquellas instituciones o casas que arrendaban el cobro de la totalidad de sus rentas, pues parece claro que en este caso medían sus ingresos sólo en términos monetarios (cabildos y mitras de Galicia, nobleza titulada de Cataluña, etc.). Vid. los trabajos de REY CASTELAO citados en la nota 6. Para el período posterior a 1750 las fuentes contables de Oseira conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Ourense, y referidas al patrimonio situado en esta provincia, han sido analizadas por RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…. La autora no pudo, sin embargo, consultar el «Libro de estado», por desconocerse entonces su localización. Sobre la granja de Oleiros, situada al sur de Lugo, vid. EIRAS ROEL, A., «Las cuentas de la granja cisterciense de Oleiros: un intento de aproximación a la coyuntura agraria del Miño medio en el siglo XVIII», en Jubilatio: homenaje de la Facultad de Geografía e Historia…, vol. I.
188
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
PEGERTO SAAVEDRA
Hacia 1752 los ingresos monetarios de Oseira ascendían a unos 200.000 reales, pero, como quedó señalado, son fruto de la venta de una parte de los ingresos en especie –no de todos– y además excluyen gastos en dinero, de modo que no resulta correcto calcular el porcentaje que sobre ellos suponen los diezmos. El reparto del diezmo lo estudian REY CASTELAO, O., «El reparto social del diezmo en Galicia», en Obradoiro de Historia Moderna, 1 (1992), y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. I., A fiscalidade eclesiástica en Galicia: 1750-1850, Tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Historia e Instituciones Económicas, 1995. El mismo autor se ocupa, en un elaborado trabajo, de analizar la composición de los ingresos del clero secular y regular en «A Igrexa como institución rendista ó longo do Antigo Réxime», en O feito diferencial galego. Historia, Santiago de Compostela, 1997, vol. I. La aciaga historia de la comunidad antes de la reforma y aun después (cuando la gobernó un «abad» que luego resultó que ni siquiera era monje), puede seguirse en PERALTA, Fray T. de, Fundación, antigüedad y progresos del imperial monasterio de Nuestra Señora de Osera, de la Orden del Císter, Madrid, 1677 (hay edición facsímil, de 1997, de la Xunta de Galicia, pero tiene partes casi ilegibles). La averiguación de 1529 ha sido publicada por GARCÍA ORO, J. - PORTELA SILVA, Mª J., «El patrimonio de Oseira en la primera mitad del siglo XVI», en Estudios Mindonienses, 14 (1998). El monasterio ingresaba también pequeñas cantidades en concepto de derechos de patronato y de primicias. La estabilidad de la renta foral ha quedado bien establecida en diversas investigaciones. Vid., en especial, PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera, Universidad de Santiago, 1979, p. 308; VILLARES, R., La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Madrid, 1982, pp. 106 y ss., y «La economía del clero regular...». SAAVEDRA, P., «Sobre las transformaciones del sistema agrario de la Galicia del Antiguo Régimen», en Paysages et sociétés. Péninsule Ibérique, France, Régions Atlantiques. Mélanges Géographiques en l’honneur du Professeur Abel Bouhier, Université de Poitiers, 1990. En el priorato de Longos, en concreto, la renta sabida de centeno ascendía a 215 fanegas en 1725 y a 224 en 1750. La composición de las entradas en otros prioratos en RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, pp. 242 y ss. RIONEGRO FARIÑA, I., «El priorato de Santa Cruz do Arrabaldo de 1750 a 1835: estudio económico», en Minius, 1 (1992); SAAVEDRA, P., «La economía vitícola en la Galicia del Antiguo Régimen», en Agricultura y Sociedad, 62 (1992). Esa información la utilicé, en buena medida, en el trabajo que acabo de citar, «La economía vitícola...». Para 1750-1835 puede verse lo que cada granja envía a la bodega en RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, p. 307. En concreto en «La economía vitícola...», un trabajo en el que, por lo demás, interpreté de forma equivocada la serie de ingresos de la bodega de San Clodio; lo rectifico en Monasterios y pazos…. La trayectoria diversa de los diezmos de centeno y vino de varios prioratos de Oseira en RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, pp. 242 y ss. Vid., con carácter general, VILLARES, R., Foros, frades e fidalgos, Vigo, 1982. Pueden establecerse comparaciones con San Martiño Pinario a partir del trabajo de VILLARES, «La economía del clero regular…»; con otros monasterios benedictinos gallegos gracias a FERNÁNDEZ CORTIZO, «Los «Estados» cuatrienales…»; con la comunidad cisterciense de Villaverde de Sandoval en SEBASTIÁN AMARILLA, Agricultura y rentas monásticas…, vol. II, pp. 814 y ss. (sorprende, en todo caso, las escasísimas limosnas que daba este monasterio, que representaban, aproximadamente, el 5% de las cantidades no vendidas, cuando en Oseira el porcentaje era del 27). La misma situación puede advertirse en San Paio de Santiago (BURGO LÓPEZ, Un dominio monástico femenino…) y en Carracedo (SAAVEDRA, «La economía del monasterio…»). Una situación parecida se observa en San Martiño Pinario. VILLARES, «La economía del clero regular…».
ECONOMÍAS CISTERCIENSES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: EL IMPERIAL MONASTERIO
30
31
32
33
34
35
36
37
DE
OSEIRA
189
Dada la concentración de prioratos y granjas en zonas productoras de vino, la comercialización de este producto reportaba una parte sustancial de los ingresos en numerario del monasterio. El padre panero advierte en las cuentas rendidas en abril de 1769, bajo el epígrafe «orno»: «en esta oficina, por la infinita pobreza que concurrió a la portería y haberse alargado la limosna hasta que segaron, porque no se encontraba centeno, ocasionado de la fatalidad de el año, se gastaron mil y noventa y cinco fanegas en esta forma: con los criados del monasterio y los de los huéspedes se gastaron cuatrocientas fanegas; con los carretos de leña, etc., veinte y ocho; con las de pizarra, etc., veinte y seis fanegas; con las del vino veinte y ocho; y con la limosna ordinaria y extraordinaria que se dio en beneplácito de la comunidad por la estrechez en que se hallan los pobres labradores, se gastaron seiscientas y trece fanegas». Archivo Histórico Provincial de Ourense (A.H.P.Ou.), Clero, libro 620, abril de 1769 (ese año, el monasterio llegó a comprar 160 fanegas de centeno y cebada blanca). De acuerdo con los datos del «Libro de estado»; el «Libro del horno» justifica las cantidades de trigo asignadas a los religiosos a razón de 6,8 fanegas para cada uno, «según la tarifa» da unas cifras algo inferiores, quizá porque el «Libro de estado» computa a los monjes destacados en los prioratos y el del «horno» sólo a los que viven en la casa central. A.H.P.Ou., Monasterios, libro 621, años 1795 y ss. Así, en las cuentas rendidas en abril de 1792, el padre panero señala que hubo un gasto de 388 fanegas de centeno con los carreteros, hueveras y criados del monasterio, «a excepción de los de la sala, cillerería, horno y porterillo, que se les redujo el pan a dinero». A.H.P.Ou., Clero, libro 620, abril de 1792. El acuerdo continuaba: «La masa que se haga de ella ha de estar fermentada en el tono regular, y el pan perfectamente cocido, y depurado en un todo del agua. Y en atención a que por esta pequeña alteración en el plan adoptado para la oficina por el Consejo celebrado el ocho de Agosto de 1812 puede resultar menos percibo en sus intereses al P. Administrador, se le rebajan a ochenta y cuatro libras gallegas las 90 que daba por cada fanega de centeno». Al respecto, en 1812 se acordará que «por cada fanega de centeno dará [el padre hornero] noventa lbs. de pan cocido, en lugar de las 93 que antes de ahora se le pedían»; mientras el caso del trigo daría 62,5 libras gallegas por cada fanega y doce libras de «sembras» o pan vazo (antes 20). Uno y otro pan, así como las sembras, «vendrán siempre a la cillerecía /sic/ en donde se recibirá, no por numeración de panecillos, como se usaba hasta aquí, pues cada panecillo se reputaba de media libra aunque no la pesase, sino por peso de todo el pan junto, pesando separadamente el trigo del centeno». A.H.P.Ou., Clero, libro 234 («Plan 1º sobre la Panadería de este Monasterio» y «Plan 2º sobre dicha Panadería»). En 1814 se reducía un poco la cantidad de pan cocido, pero mejoraba la calidad, pues la asignación de grano continuaba igual. Vid. también RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, pp. 328 y ss. Un fraile tenía 6,8 fanegas de trigo al año, que al sacarse sólo la flor de la harina daban 62,5 libras o 0,67 kilos por día al año, pero con otros complementos que no tenían los criados. Vid. los valores medios que ofrece EIRAS ROEL, A., «La historia de la alimentación en la España moderna: resultados y problemas», en Obradoiro de Historia Moderna, 2 (1993), p. 57. Añadían las advertencias que «si alguna vez llegase a mezclarse con el centeno la mitad de maíz (nunca lo permita el P. Abad) dará entonces el padre panero ciento y diez libras por fanega, todo peso gallego». A.H.P.Ou., Clero, libro 234, «Plan 1º sobre la Panadería...». Habitualmente la panera de Oseira no ingresaba mijo o maíz en el XVIII, salvo que algún priorato remitiese cortas cantidades (en concreto de mijo, para las aves). Aun así el libro de la Oficina del Horno señalaba que algunos foros antiguos tenían la renta estipulada en mijo, porque «quando se hicieron dichos foros era común este grano, y lo más justo sería que los colonos lo siguieran pagando, comprándolo en las inmediaciones (pues lo hay en la parroquia de Espinoso, de Puente-Deva y otras)»; A.H.P.Ou., Clero, libro 234, «Advertencia 2ª sobre la cobranza de rentas». Del aprecio de los diversos cereales, según comarcas y épocas, me ocupo con detalle en Monasterios y pazos….
190
38
39
40
41
42
43
44 45
46 47
48
49
50
51
PEGERTO SAAVEDRA
YÁÑEZ NEIRA, Fr. D., Continuación de la Historia de Fray Tomás de Peralta, Santiago de Compostela, 1997, p. 101. Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, C., «As escolas do mosteiro de Oseira», en Boletín Auriense, VIII (1978), pp. 189-213. No me detengo aquí en la cuestión de la fundación y funcionamiento de la escuela, asunto que tiene sin duda interés, pero que resulta irrelevante para la trayectoria de la economía monástica. Cuando la Gaceta pondera el supuesto cambio en los criterios de asignación de limosnas por parte de Oseira se refiere, probablemente, no sólo a las 20 fanegas asignadas a los niños de la escuela sino a las que consumiría el nonnato «seminario». Sobre los debates en torno a las formas de distribución de limosnas en la segunda mitad del XVIII, vid. BARREIRO MALLÓN, B. - REY CASTELAO, O., Pobres, peregrinos y enfermos. La real asistencia gallega en el Antiguo Régimen, Vigo, 1999, pp. 46 y ss. En concreto en los años cosecha 1620-25 entraron en las diferentes bodegas 3.425 moyos de blanco y 3.034; y en Santa Cruz do Arrabaldo en 1529 las rentas vitícolas se componían de 200 moyos de blanco y 95 de tinto. El predominio de la producción de vino blanco, destinado a la exportación, fue destacado por HUETZ DE LEMPS, A., «Apogeo y decadencia de un viñedo de calidad: el de Ribadavia», en Anuario de Historia Económica y Social, 1 (1968). Y también ocasionalmente pérdidas cuantiosas: así en el cuatrienio finalizado en abril de 1803 se dan por perdidos (estropeados) 447 moyos; y en el de 1811 142,5 «derrotados» (consumido por las tropas). En parte por eso cada vez recibe menos vino de los prioratos radicados en Ourense. Vid. SAAVEDRA, «La economía vitícola…», p. 134. Al faltar el libro de caja no estoy en condiciones de asegurar que los ingresos en numerario del «Libro de estado» son, fundamentalmente, el resultado de la suma del «útil» remitido por los diversos prioratos; así era al menos en Sobrado, Monfero, San Clodio, Montederramo. Esto tiene más importancia de la que parece, pues en el gasto no irá incluido el de las administraciones periféricas. RIONEGRO FARIÑA, La estructura económica del Císter orensano…, pp. 242-263. Vid. SAAVEDRA, P., «Coyuntura agraria e ingresos señoriales…», pp. 307-308. La situación general de las economías eclesiásticas en la etapa final del Antiguo Régimen la estudia REY CASTELAO, O., «La crisis de la economía de las instituciones eclesiásticas en Galicia», en SAAVEDRA, P. - VILLARES, R. (eds.), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIIIXX. I. «Os señores da terra», Barcelona, 1991. YÁÑEZ NEIRA, Continuación de la Historia…, pp. 114-115. Oseira no se diferencia, por tanto, del comportamiento de otras comunidades, como San Martiño Pinario (VILLARES, «La economía del clero regular…») o San Paio de Santiago (BURGO LÓPEZ, Un dominio monástico femenino…). YÁÑEZ NEIRA, Continuación de la Historia…, pp. 104 y ss. Tan apasionado o más de Oseira que Fray Tomás de Peralta, Fray Damián Yáñez Neira ofrece una visión casi apocalíptica de la situación del monasterio, acosado por todas partes, desde fines del XVIII. Los pleitos por diezmos fueron movidos en buena medida por curas, que aspiraban a una nueva redistribución que les beneficiase, pues ellos eran los que atendían las parroquias. Varios ejemplos en el A.H.P.Ou., Clero, libro 607 («libro de pleitos» del monasterio). Un resumen de las obras realizadas a lo largo de la Edad Moderna en YÁÑEZ NEIRA, Fr. D., Monasticón Cisterciense gallego, León, 2000, pp. 84 y ss., y YÁÑEZ NEIRA, Fr. D. - GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., El monasterio de Oseira, Ourense, 1996. Durante el abaciato de Cipriano Falcón la comunidad entregó al gobierno 25 arrobas de plata valoradas en 187.134 reales, y 300.000 reales a mayores. En cambio el paso de los franceses por el cenobio en la primera mitad de 1809 no supuso grandes destrozos. YÁÑEZ NEIRA, Continuación de la Historia…, pp. 105 y ss. Vid. REY CASTELAO, «La crisis de la economía…», pp. 301-303.
191
Aristocracia nobiliaria y burocracia ennoblecida. Desaparición o marginación del sistema polisinodial de la monarquía hispánica (1701-1709) José Manuel de Bernardo Ares Universidad de Córdoba
Introducción Con la entronización de los Borbones en España la organización política de la sociedad española experimentó un radical y profundo cambio, logrado en los primeros años del siglo XVIII con la supresión del poder jurídico-institucional de los Consejos o asambleas aristocráticas en el nivel central o supranacional y de autonomía o peculiaridad de los Reinos en el ámbito territorial; y la eliminación del poder sociológico de la alta nobleza en su condición tradicional de representantes legítimos de la comunidad política1. Esta profunda ruptura institucional y sociológica, que transformó la monarquía aristocrática de los Austrias en la monarquía meritocrática de los Borbones, se llevó a cabo en los primeros nueve años del siglo; concretamente entre comienzos de 1701, fecha de la llegada de Felipe V a España, y finales de 1709 –un tremendo annus horribilis para Francia en todos los terrenos–, en que se retiraron las tropas francesas de la península ibérica y Luis XIV abandonó, implacablemente presionado por los aliados, a su nieto Felipe V a su suerte y a sus propios recursos militares y económicos. Aunque el tema básico –la subordinación, reducción y supresión de los Consejos o asambleas aristocráticas y el correspondiente fin del poder intermediario de la nobleza hispana– afecta fundamentalmente a la monarquía católica de principios del siglo XVIII, no se podrían comprender primero y explicar después 191
192
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
todas estas cuestiones si espacialmente no se tienen presentes los envolventes problemas del Atlántico, que relacionan inextricablemente a las metrópolis (España, Francia, Inglaterra y Holanda) con sus respectivas colonias (Nueva España, Nueva Francia, Nueva Inglaterra y demás colonias caribeñas)2. Este objetivo del fin del poder de intermediación de la alta nobleza hispana, así enmarcado cronológica y espacialmente, lo desarrollaré en tres grandes apartados consecutivos. En el primero –«Luis XIV, gendarme del Atlántico y rey de España»– se aludirá a la coyuntura internacional de la lucha por el imperio, en cuyo contexto tuvo lugar el advenimiento de los Borbones por el testamento de Carlos II y el desembarco de los franceses en la corte de Madrid por la imposición de Luis XIV. En el segundo apartado –«Despotismo versus pactismo»– se abordará la ruptura jurídico-institucional, pasando de un tradicional sistema dual (pactismo o austracismo) a un nuevo sistema unitario (despotismo o borbonismo). Esta honda transformación en la organización política de la sociedad española implicó la supresión del sistema polisinodial de los Austrias, sustituyéndolo por el sistema ministerial de los Borbones. Y, finalmente, en el tercer apartado –«Viejas y nuevas elites de poder»– se comentará la correspondiente y paralela ruptura sociológica, en virtud de la cual unas nuevas clases dirigentes desplazarán progresivamente a la alta nobleza en su ancestral función pública de intermediarios políticos entre el estado general de la sociedad y la cúspide del poder, el rey. Mientras éste ostentaba en plenitud la potestas soberana, aquéllos, los nobles, basándose e, incluso, utilizando generosamente su amplia proprietas territorial amparada jurídicamente por los mayorazgos, coparticipaban de aquel exclusivo poder soberano a través del auxilium y consilium3.
A. Luis XIV, «gendarme del Atlántico y rey de España» 1. Coyuntura internacional conflictiva: las guerras de sucesión a las coronas inglesa y española En aquel tiempo corto de nueve años (1701-1709) Luis XIV había logrado plenamente convertir a Francia en el indiscutible país hegemónico de las dos orillas del Atlántico al hacer realidad la «monarquía universal» con la unión de las Dos Coronas Borbónicas4. Pero este pequeño segmento cronológico hay que enmarcarlo en el tiempo medio o coyuntural de las dos guerras de sucesión, primero a la corona inglesa (1689-1697) y después a la corona española (17021713). En ambas guerras se intentó consolidar aquella preponderancia de Francia en el Atlántico y expandir un sistema de gobierno expeditivo y eficaz sin las trabas tradicionales de fuertes poderes intermedios, que, si fracasó en Inglaterra con el triunfo de Guillermo de Orange y la instauración de una monarquía parlamentaria, triunfaría en España con la llegada de Felipe V y la consiguiente trans-
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
193
formación de una monarquía aristocrática en otra de carácter meritocrático, en la que el rey se convertía institucional y sociológicamente en el único hontanar de la autoritas y de la potestas. Como ya advirtió Jacob Burckhardt, «He –Luis XIV– engages in the enlargement of power and property if only for the sake of their preservation, but later as an admitted personal predilection. With fearsome power of all of France’s resources at his disposal, Louis of necessity reached the point of striving for a universal monarchy»5. Ambos períodos, el corto de los nueve años y el coyuntural de los veinticinco años, forman parte, a su vez, de un secular proceso de lucha por el imperio, primero entre la Casa de Francia y la Casa de Austria en sus dos ramas habsburguesas (Viena y Madrid); y después, a principios del XVIII, entre las Dos Coronas Borbónicas unidas de una parte y de otra las potencias marítimas de Inglaterra y Holanda, aliadas con Austria, Portugal y Saboya. En este secular proceso de auge y decadencia de los imperios, la aparición del problema sucesorio español con la muerte de Felipe IV en 1665 y su recrudecimiento a finales del XVII ante las expectativas de muerte de Carlos II sin hijos brindaron a los Estados contendientes un horizonte internacional de consolidación hegemónica por medio del desmembramiento de la monarquía hispánica, fraguado en reiterados tratados de reparto; y del aprovechamiento de su comercio hispanoamericano, cuyo monopolio legal había sido ya quebrantado por la extendida práctica de un comercio fraudulento6. Al final de este proceso secular, que coincidió con la guerra de sucesión a la corona española, Luis XIV en el cenit de su poder se convirtió en el «gendarme del Atlántico» y en el verdadero «rey de España» en aquellos nueve años, que van de 1701 a 1709. A partir de este último año las cosas no irían bien internacionalmente para Francia, de tal manera que fue el comienzo de su hundimiento hegemónico en Europa y de la pérdida de su imperio colonial. Pero, en cambio, gracias a esta coyuntura conflictiva, se consolidó en España la monarquía borbónica y se implantó manu militari una nueva organización política de la sociedad española. La guerra, que todo lo invadía, posibilitó –y esto hay que tenerlo muy en cuenta en todo el discurso subsiguiente– la profunda transformación institucional de Consejos por Secretarías de Estado y la no menos radical sustitución sociológica de la alta nobleza, protagonista política de un Estado plural, por los «nuevos hombres» al servicio del nuevo Estado unitario7.
2. El advenimiento jurídico-institucional de los Borbones por el testamento de Carlos II En este contexto internacional conflictivo y expectante se otorga el testamento de Carlos II a favor de Felipe, duque de Anjou, segundo hijo del Gran
194
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
Delfín y nieto de Luis XIV, por inducción del cardenal Portocarrero y con el apoyo incondicional del duque de Medinasidonia, los marqueses de Villagarcía y Villena, el conde de San Esteban y el secretario del despacho universal Antonio de Ubilla y Medina8. Pero este advenimiento de los Borbones a la monarquía hispánica se hizo, según se dice expresamente en la cláusulas del testamento, para preservar la unidad territorial de todos los reinos de la monarquía, mantener el sistema polisinodial como forma de gobierno, no alterar la composición sociológica del poder en manos de la alta nobleza y respetar la pluralidad jurídica de los distintos reinos que articulaban territorialmente aquella monarquía compuesta9. En el mismo testamento y posterior codicilo se fija la composición de la Junta de Gobierno, igual a la establecida muchos años antes por Felipe IV en 1665 para la regencia durante la minoría de Carlos II y que se haría cargo del poder hasta que Felipe V llegase a Madrid el 18 de febrero de 1701. En la composición de esta Junta, presidida por la reina viuda Mariana de Neoburgo, estaban representadas las tradicionales instituciones del poder central: el cardenal arzobispo de Toledo, Luis Manuel Fernández de Portocarrero, presidente de facto de la Junta; el inquisidor general, Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia; el presidente del Consejo de Castilla, Manuel Arias; el presidente del Consejo de Aragón, Fernando de Moncada, duque de Montalto; el presidente del Consejo de Italia, Federico de Toledo, marqués de Villafranca; el presidente del Consejo de Flandes, Juan Domingo de Haro y Guzmán, conde de Monterrey; el consejero de Estado, Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Aguilar y de Frigiliana; en representación de la nobleza, el grande de España, Mariano Casimiro Pimentel, conde de Benavente; y como secretario de la Junta, Antonio de Ubilla y Medina, secretario del despacho universal. Se trataba, por lo tanto, de perpetuar la estructura y dinámica políticas de la Casa de Austria, pero con un Rey Borbón al frente. Estos mismos hombres, con todas las instituciones que representaban detrás, serán los protagonistas de una ardua lucha política para aplicar en toda su integridad las cláusulas testamentarias y, sobre todo, para conservar los privilegios de su intermediación política, así como todo el entramado institucional de Consejos a nivel central y de Reinos a nivel territorial10. En esta misma línea de conservación de las estructuras políticas tradicionales se debe de encuadrar el reformismo portocarrerista de los tres primeros años (1701-1703). El cardenal Portocarrero, bien pertrechado teóricamente por el Teatro monárquico, escrito durante los últimos años del siglo XVII y publicado precisamente en 1700 por su sobrino Pedro Portocarrero y Guzmán, patriarca de las Indias, intentó poner en práctica un programa de reformas que resolvieran los graves problemas que aquejaban a la monarquía hispánica, pero sin modificar su estructura institucional. Éste y no otro sería el cometido esencial del primer rey borbón: poner en marcha las necesarias reformas políticas, económicas
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
195
y sociales; pero no modificar las viejas estructuras institucionales de la monarquía de los Austrias. Con la caída del cardenal en 1703 aquel programa reformista desapareció para siempre, imponiéndose a partir de este momento el programa francés de transformación institucional y sociológica en el contexto, como antes se dijo, de una guerra de sucesión, en la que el Archiduque Carlos contaba entre la alta nobleza castellana con muchísimos adeptos11.
3. El desembarco político-sociológico de los franceses por imposición de Luis XIV Después de la aceptación del testamento de Carlos II por Luis XIV el primer golpe de timón hacia una nueva singladura política, totalmente contraria a lo previsto en el testamento y a las expectativas de la alta nobleza pro-borbónica, fue la promulgación de las cartas patentes de diciembre de 1700, confirmadas por el Parlamento de París el 1 de febrero de 1701, por las cuales el Cristianísimo mantenía los derechos de Felipe V a la corona francesa12. Y por si esto fuera poco, la corte de Madrid, a petición expresa de la de Versalles, exigió a la Junta de Gobierno y a todos los virreyes y gobernadores españoles que obedecieran las órdenes independientemente de que procedieran de Felipe V o de Luis XIV13. Las consecuencias internacionales y nacionales no se hicieron esperar. Para toda Europa aquellas cartas patentes y el sometimiento de las autoridades españolas a las órdenes directas de Versalles eran toda una provocación de guerra, por cuanto se asentaba en el mundo una auténtica monarquía universal con la posible unión de las Dos Coronas Borbónicas, incomparablemente mayor que la lograda por Carlos V en la primera mitad del siglo XVI. Y para la monarquía hispánica suponía la implantación de un canal político asimétrico, en el que el polo francés (Versalles) controlaría al español (Madrid). Esto mismo ya lo advirtió en el siglo XIX Ernest Moret cuando escribe que «De sorte que d’un trait de plume le chef de la maison de Bourbon se donnait la libre disposition des affaires, des ressources, des hommes d’Espagne, blessant ainsi à la fois le gouvernement, la noblesse, l’armée, la nation entiere»14. Y Ernest Lavisse reconoció hace tiempo que «il [Luis XIV] a établi une union intime avec l’Espagne. Il conseille le gouvernement espagnol et se réserve la décision en toutes matières»15. El desembarco francés, con Felipe V a la cabeza pero dirigido por los experimentados marqueses de Louville y Montviel a principios del año 1701, confirmaría desde un primer momento aquella nueva orientación política para España. El reforzamiento a toda costa del poder del nuevo rey tenía delante dos grandes obstáculos, cuales eran la nobleza española, orgullosa de sus privilegios políticos, ejercidos a través de los Consejos; y el particularismo jurídico e institucional de los Reinos16. No fue fácil superar estos obstáculos, pero la guerra europea de
196
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
un lado y la desunión, por no decir animadversión, entre los grandes linajes españoles, posibilitaron que aquel novedoso programa francés de levantar un poder real fuerte se hiciese realidad, no obstante las luchas cruzadas entre austracistas (Almirante) y borbónicos de un lado (Portocarrero); entre franceses y pro-borbónicos de otro, sin olvidarse de la lucha fratricida entre los mismos franceses (la princesa de los Ursinos, camarera mayor de la reina, y Juan Orry contra el mismo Louville y el todopoderoso embajador de Francia, cardenal d’Estrées)17. Aquel advenimiento jurídico-institucional de los Borbones, establecido en el testamento de Carlos II, fue totalmente modificado por el desembarco sociológico y político de los franceses, que impidieron la aplicación del testamento en todas sus cláusulas; dificultaron desde un primer momento la normal acción política de la Junta de Gobierno durante aquellos pocos meses que Felipe V tardó en llegar a España; y neutralizaron la posible actividad pro-austracista de la reina viuda Mariana de Neoburgo, desplazándola inapelablemente a Toledo (el 4 de febrero de 1701 abandonaba la capital de España)18.
B. Despotismo (borbonismo) versus pactismo (austracismo) 1. El sistema polisinodial o el poder político compartido de los Consejos La monarquía católica de los Austrias se gobernaba a nivel central o supranacional a través del sistema polisinodial o conjunto de Consejos, todos ellos reales y supremos. Unos eran de carácter territorial (Consejos de Castilla, Aragón, Flandes, Italia e Indias) y otros de índole temática (Consejos de Estado, Guerra, Hacienda, Inquisición, Órdenes y Cruzada). Los Consejos de Estado y de Guerra eran los únicos que presidía el propio rey19. Los miembros de estos Consejos, y por supuesto el presidente o gobernador, pertenecían a la alta nobleza, formando de esta manera unas genuinas asambleas aristocráticas, a través de las cuales los consejeros prestaban al rey el consilium debido de conformidad con la teoría y práctica pactistas20. Nada se ordenaba ni mandaba por el rey si previamente los miembros de los respectivos Consejos no deliberaban sobre aquellas cuestiones de su incumbencia y presentaban como resultado de sus opiniones contrastadas la correspondiente «consulta» al rey para su ulterior y preceptiva aprobación21. La organización política de la monarquía de los Austrias se articulaba sobre dos pivotes esenciales: el del «rey» con sus Consejos y el del «reino» con sus peculiaridades jurídicas e institucionales (leyes, fueros y costumbres privativas)22. Para Ernest Moret, «si les Castilles, l’Andalousie et l’Estremadure étaient sous la dépendance immédiate du monarque, la Navarre, les provinces Basques, Murcie, Valence, l’Aragon et la Catalogne avaient au contraire conservé une
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
197
indépendance relative». Y unas líneas más abajo continúa: «la forte organisation des municipalités, si puissantes encore en Espagne, servait ce fédéralisme provincial. Chaque ville était indépendante de la province, comme la province de l’État»23. Tanto a nivel central de los Consejos como a nivel territorial de los Reinos el protagonismo político de la nobleza era de primer orden. Aunque la soberanía o potestas suprema correspondía al rey, la proprietas o posesión de los medios de producción y el deber de consejo lo ostentaba la nobleza en virtud de aquel pacto en la gobernación de la sociedad. Por consiguiente, la naturaleza del poder del rey y la de la nobleza era distinta, pero complementaria24. De ahí que si se considera en conjunto a este poder dual, distinto y complementario de la monarquía de los Habsburgos, sus características fundamentales, siguiendo a Benjamín González Alonso, se podían reducir a tres. a) Se trataba de un poder político compartido entre el «rey» y el «reino», en cuyos niveles central y territorial respectivamente la nobleza representaba legítimamente a una gran parte de la comunidad política. b) La descentralización administrativa la imponían la lejanía y, sobre todo, las peculiaridades institucionales de cada reino. Incluso en los territorios de realengo de la Corona de Castilla, presididos por el corregidor (los missi regis) –no obstante las actuaciones más o menos expeditivas del Consejo de Castilla y de las Chancillerías y Audiencias–, la acción política de los regidores era totalmente determinante; y en los territorios de señorío el señor jurisdiccional –un noble– ejercía a través del concejo señorial un poder casi ilimitado. c) Y, finalmente, salvo contadas excepciones a lo largo del tiempo, como fueron las revueltas de 1640, se respetaba escrupulosamente la pluralidad jurídica y las costumbres peculiares de cada reino25. Es más, teóricamente, no se rendía el preceptivo pleito homenaje al nuevo rey, si previamente éste no juraba en Cortes acatar todas y cada una de las disposiciones normativas peculiares, que habían sido otorgadas por sus antecesores26.
2. Subordinación, reducción y supresión de Consejos Una de las tareas principales de aquel «desembarco francés» fue, según Alfred Baudrillart, lograr la subordinación primero de todos los Consejos a los dictámenes del Consejo de Gabinete o Despacho de Felipe V entre 1701 y 170627. Después, aprovechando la vinculación de muchos consejeros al Archiduque Carlos en 1706, reducir el número de sus componentes, agilizando de esta manera las largas deliberaciones28. Y, finalmente, suprimir algunos de ellos como el Consejo de Flandes en 1702 y el Consejo de Aragón en 170729. En efecto, para Saint-Simon la todopoderosa princesa de los Ursinos fue la verdadera responsable de la desconsideración y desuso primero y caída después de todos los Consejos; eran para ella un insuperable valladar político que obsta-
198
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
culizaba su ilimitada influencia personal30. El propio Juan Orry, protegido por esta princesa y una especie de «primer ministro en la sombra» entre 1702 y 1704, no utilizó, según consta en la instrucción al embajador Gramont de 27 de abril de 1704, la forma ordinaria de gobierno, acudiendo, como era usual, a la consulta de los tribunales en las materias de su competencia; e, incluso, aconsejó la supresión de la autoridad de los Consejos. Para este influyente ministro francés todos los males de la monarquía de los Austrias había que achacarlos sin paliativo alguno a la obsoleta forma de gobierno del sistema polisinodial31. El mismo Morel-Fatio, en la introducción a las ya referidas instrucciones a Gramont, no duda en afirmar lo siguiente: «Quant aux Conseils, chers aux Espagnols de l’ancien régime, il serait malhabile de les attaquer de front; on devra les consulter, leur laisser une ombre d’autorité dans les questions de seconde ordre, parfois même s’en servir, s’appuyer sur eux, pour résister par exemple à certaines prétentions envahissantes de Saint-Siège»32. No todos los que se oponían al sistema polisinodial eran franceses. Según el duque de Gramont, en su Portrait fait en 1705 des principaux personnages de la cour d’Espagne, había tres únicos españoles (conde de Montellano, duque de Sessa y marqués de Villafranca) que estimaban también que los Consejos eran un insuperable obstáculo para el gobierno eficiente de la monarquía. Y, concretamente, refiriéndose a Villafranca escribe el embajador francés: «Personne ne désire plus ardemment que lui, ni avec plus de sagesse, que l’entier gouvernement de cette monarchie passe promptement des mains où il est en celles du Roi, et que rien ne se décide que par sa volonté absolue. C’est là le bons sens; tout le reste n’étant que plâtrage et ne conduisant qu’à perdition»33.
3. El sistema ministerial o el poder político unitario del Despacho y de las Secretarías de Estado Con la subordinación, reducción y supresión de los Consejos el viejo sistema polisinodial de gobierno de la monarquía hispánica había tocado definitivamente a su fin, a pesar de que el jesuita padre Juan Cabrera quisiera conciliar teóricamente el absolutismo militante de Felipe V con el orden feudo-corporativo de Castilla34. Sustituir esta compleja maquinaria gubernativa no fue nada fácil. Pero desde un primer momento de aquel «desembarco francés» todas las decisiones, al menos las más relevantes y, desde luego, todas las relacionadas con la guerra, se tomaron en el recién creado Consejo de Gabinete del Rey, conocido con el nombre de Despacho35. A esta última, suprema y unívoca capacidad decisoria del Despacho aludió también Saint-Simon en su Portrait au naturel de la cour d’Espagne comme elle est en 1701 et au commencement de 1702 al escribir: «il y en a un autre, appelé le despacho, où le roi dépèche les affaires, décide de tout et prend les résolutions qu’il lui plaît, sans que rien de tout ce qui s’y fait passe
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
199
devant ou après par aucun autre conseil ou tribunal, ce qui sèvre le conseil d’État de tout ce que le roi veut»36. A lo largo de estos nueve años (1701-1709) la composición de este Despacho, que no sobrepasaba los seis miembros, varió según lo aconsejaban las circunstancias del momento y la conducta de los propios consejeros. Pero más que enumerar los distintos miembros de los sucesivos Despachos, interesa sobremanera hacer tres importantes constataciones. La primera y fundamental era que la elección de los miembros del Despacho dependía totalmente de Luis XIV. La segunda, muy relacionada con la anterior, consistía en que el embajador de Francia era el primer ministro de Felipe V en España, asistiendo a todos los despachos y condicionando todas las decisiones según las instrucciones directas de Versalles. Esto mismo es lo que puntualiza Alfred Baudrillart, comentando la perfecta comunión de intereses entre las Dos Coronas Borbónicas: «Le seul moyen d’obtenir cette parfaite conformité de vues et d’action [entre España y Francia] était que l’ambassadeur de France à Madrid remplît de fait les fonctions de premier ministre d’Espagne tout le temps que durerait la guerre»37. Y la tercera constatación se refiere a la trayectoria política de este Consejo del Rey, que atravesó por dos fases muy distintas: la primera, que va desde 1701 hasta 1704, se podría caracterizar de fase de ensayo y, sobre todo, de turbulencias, motivadas fundamentalmente por una impresionante lucha por el poder entre los propios franceses (la princesa de los Ursinos contra Louville y el cardenal d’Estrées); y la segunda fase abarca desde 1705 hasta 1709 y se caracteriza por un total y definitivo control del Despacho por parte de la princesa de los Ursinos y del embajador francés Amelot. A esta última fase corresponde la división de la secretaría universal, que hasta aquel año de 1705 había desempeñado Antonio de Ubilla y Medina38, en dos secretarías específicas según un real decreto de 11 de julio de 1705: la de guerra y hacienda, que regentaría José de Grimaldo; y una segunda secretaría a la que se le encomendaban todos los demás temas y que serían despachados por el marqués de Mejorada (Pedro Cayetano Fernández de Angulo)39. Con los Consejos tradicionales prácticamente marginados e, incluso, suprimidos algunos de ellos, el Despacho se convirtió en el verdadero centro de poder y en el hontanar, más o menos eficiente, de todas las decisiones. Según Catherine Desos el Despacho sería el «véritable Conseil d’En Haut du souverain, il va centraliser toutes les affaires de l’État, supplantant ainsi le traditionnel Conseil d’État dont le role est aussi amoindri»40. Pero no se ha de olvidar –y esto se puede deducir de lo que se lleva escrito– que el auténtico triángulo gubernativo de la monarquía hispánica en estos nueve años (1701-1709) estuvo formado por los tres vértices de Luis XIV, princesa de los Ursinos y los sucesivos embajadores franceses en Madrid (Harcourt, Marcin, los dos d’Estrées tío y sobrino, Gramont y Amelot). Naturalmente, Luis XIV, el vértice superior de este triángulo gubernativo, estuvo asesorado por madame de Maintenon y por los
200
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
secretarios de Estado Chamillart (asuntos de guerra), Pontchartrain (asuntos marítimos y comerciales) y, sobre todo, Torcy (asuntos exteriores)41. A su vez los dos vértices inferiores del triángulo gubernativo, constituidos por la princesa de los Ursinos el uno y el embajador francés de turno el otro, estaban en estrecha y permanente relación con la Maintenon y Torcy respectivamente. El centro del triángulo lo ocupaban los reyes católicos, Felipe y María Luisa Gabriela, pero su «oficio de reyes» se reducía a representar y ejecutar las decisiones de aquel férreo y bien articulado triángulo decisorio. Nada, absolutamente nada, se decidió en este corto pero enjundioso período sin el consentimiento expreso de Luis XIV. Alfred Baudrillart da cuenta de ello al afirmar que «a partir de ce moment –1701– et jusqu’à la fin de 1709, Louis XIV allait être le vrai roi d’Espagne»; y añade más adelante: «Louis XIV ne s’était pas borné à diriger le roi et la régente d’Espagne; il avait pris une part active et directe à l’administration de leurs États»42. Con esta práctica gubernativa, al estilo francés y en el contexto de una guerra internacional, el sistema polisinodial fue sustituido por un sistema ministerial, de carácter unipersonal y, desde luego, mucho más eficiente en la toma de decisiones y en la aplicación de las resoluciones políticas. La naturaleza de este nuevo poder, que llega a España con la entronización de los Borbones, era bien distinto al descrito anteriormente para la monarquía de los Austrias43. Siguiendo los ya comentados planteamientos de Benjamín González Alonso, cabría decir ahora que las características de este nuevo poder público son también tres, pero completamente distintas a las anteriormente señaladas por el profesor salmantino. a) Ahora el poder soberano en la cúspide del Estado no está compartido jurídica ni sociológicamente por ninguna institución intermedia. b) La centralización administrativa iba a ser un proceso largo, que se extendería a lo largo del siglo XVIII, pero ahora, al principio, se dieron los primeros y decididos pasos en esa dirección. Y c) con los decretos de nueva planta de 1707 y siguientes la pluralidad institucional de los reinos quedaba suprimida, imponiéndose la uniformidad jurídica en todos los territorios de la monarquía hispánica según el modelo preferente de la Corona de Castilla44.
C. Viejas y nuevas elites de poder Se ha hablado de ruptura jurídico-institucional y ahora se abordará la ruptura sociológica, que tuvo lugar en aquellos primeros años del desembarco francés. La vieja clase política de la nobleza se irá sustituyendo poco a poco en las altas magistraturas del Estado, si no físicamente, sí como tal corporación nobiliaria, que colectivamente estuvo destinada a prestar al conjunto social desde la cúspide del poder el auxilium (servicio de armas) y el consilium (servicio político) requerido a este estamento privilegiado y minoritario45. Entre los objetivos de
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
201
los nuevos dirigentes franceses figuraba, además de la subordinación, reducción y supresión de los Consejos, como ya hemos visto, el desmoche de la alta nobleza. Se tenía muy claro que la sustitución del sistema polisinodial implicaba no sólo un ataque frontal a las instituciones (Consejos y Reinos), sino que era imprescindible un desmantelamiento sociológico de los influyentes clanes nobiliarios46. La historiografía actual ha recuperado el esencial papel del individuo, de las familias, de las parentelas y clientelas para explicar adecuadamente la inextricable relación entre el «Estado» y la «Sociedad». No se puede entender la organización política de una sociedad, sin conocer tanto a los gobernantes como a los gobernados. De ahí que las biografías de los primeros tienen pleno sentido, en la medida en que el quién es quién (who is who) en la toma de decisiones se entronque en el contexto envolvente de los procesos económicos, sociales, culturales y políticos. Si es verdad que aquellas decisiones, tomadas al más alto nivel del Estado, influyen y orientan los procesos; éstos (la guerra de sucesión a la corona española en nuestro caso) condicionan y modifican aquellas decisiones políticas, militares, etc. en un sentido u otro47.
1. El gobierno por clientelas Hasta tal punto es importante tener en cuenta esta dimensión sociológica en el análisis de la organización política de la sociedad, que algunos historiadores no han dudado en calificar a los gobiernos, independientemente de que fueran colectivos (Consejos) o individuales (secretarías de Estado), de «gobiernos clientelares». Es decir, aparte de las imprescindibles consideraciones jurídicas e institucionales, es inexcusable desvelar la lucha por el poder entre familias y clanes con sus respectivas clientelas. Esta lucha por el poder entre gobernantes es parte esencialísima de toda organización política, sea ésta cual fuere y en todo tiempo y espacio48. En nuestro caso, a caballo entre los Habsburgos y Borbones, la familia, el clan y la clientela de los Portocarrero es un ejemplo bien ilustrativo. Es conocido el relevante papel jugado por el cardenal Portocarrero (Luis Manuel Fernández de Portocarrero, 1635-1709) en el advenimiento de los Borbones a finales del XVII y en los primeros gobiernos de Felipe V hasta su caída en 1704. Antes ya había sido dos veces embajador en Roma (la última desde abril de 1678 hasta el 20 de abril de 1679) y virrey interino de Sicilia desde junio de 1677 hasta el 20 de marzo de 1678, en cuyo tiempo concluye la revuelta de Mesina49; consejero de Estado desde el 20 de abril de 1677; y regente de la monarquía el 29 de octubre de 1700. Pero, este sobresaliente curriculum político individual se fraguó en el contexto familiar más amplio de la Casa de Palma, una familia de
202
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
rancio abolengo nobiliario, que hunde sus raíces en los Bocanegra genoveses, a quienes se les dio, en pago a sus servicios al rey Alfonso XI de Castilla, el señorío de Palma del Río (Andalucía)50. A este mismo tronco familiar pertenecieron Melchor de Portocarrero y Laso de la Vega (1636-1705), conde de la Monclova, llamado muy elocuentemente «Brazo de Plata» por haber sido virrey en Méjico (1686-1688) y Perú (1688-1705)51; Pedro Portocarrero y Guzmán (1645-1708), patriarca de las Indias y autor del ya mencionado tratado político del Teatro monárquico; Luis Portocarrero, conde de Palma, que en 1697 alcanzó la categoría de «Grande» como cabeza nobiliaria de su linaje, y virrey de Cataluña entre 1701 y 170452. A esta poderosa familia, de la que sólo se indican aquéllos que ocuparon puestos claves en la alta administración de la monarquía hispánica, hay que añadirle una amplísima clientela, cuyas personalidades más señeras fueron Manuel Arias, gobernador del Consejo de Castilla; y el marqués de Leganés, capitán general de las costas y vicario general de Andalucía alta y baja, encargándose de las finanzas, de la justicia y de los cargos militares en esta provincia, a pesar de ser sospechoso de un austracismo militante53. Sin embargo, esta poderosa familia nada pudo contra la imposición de Luis XIV de un nuevo sistema de gobierno. Era precisamente este impresionante entramado familiar y clientelar de poder el que había que destruir. El propio cardenal se tuvo que retirar a su sede arzobispal de Toledo en 1704; el conde de Palma fue sustituido en el virreinato de Cataluña en aquel mismo año por Francisco Fernández de Velasco, hijo natural del condestable de Castilla; el conde de la Monclova, furibundamente denigrado, fue privado del suculento virreinato de Perú en 1705; y el patriarca de las Indias murió exiliado en Francia en 170854.
2. Los poderes palatino, político y burocrático A nivel central el exclusivo poder soberano del rey se levantaba, a su vez, sobre tres grandes poderes, constituidos por el poder político de los Consejos, el poder palatino de las dos Casas Reales y el poder burocrático de los secretarios de Estado y del Despacho Universal. Estos tres poderes se distinguen en su naturaleza jurídico-institucional, pero sus actividades se entremezclaban. En cualquier caso, en la corte de Madrid, entendida como hontanar exclusivo de aquel poder soberano, se concentraban las grandes familias nobiliarias para fortalecer a nivel supranacional de la monarquía hispánica su indiscutible poderío territorial, tanto de índole jurisdiccional como económico y social. No se ha de olvidar que la esencia teórica y práctica del pactismo estribaba en la complementariedad bipolar de la soberanía regia y de la propiedad nobiliaria55. Pues bien, los miembros de estos tres grandes poderes fueron examinados con lupa por todos los embajadores franceses en la corte madrileña. Leyendo
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
203
detenidamente tanto los informes de estos embajadores a la secretaría de Estado de Francia como las instrucciones que de ella recibían se entresacan unas meticulosas semblanzas prosopográficas. Qué duda cabe que a la corte de Versalles le interesaban todas las cuestiones de la monarquía católica y muy especialmente las relacionadas con el comercio americano y las «naciones» francesas ubicadas en territorios hispánicos. Pero las personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, que tomaban decisiones al más alto nivel del Estado, constituían un objetivo preferente de aquellos informes e instrucciones diplomáticas. Aunque nos remontemos a un período anterior al aquí examinado baste citar como ejemplo modélico «les deux mémoires données en Madrid le 1 novembre 1688 par M. Le Vasseur, secrétaire de Feuquières, à M. le comte de Rébenac sur l’état présent de la cour d’Espagne, des conseils, des grands et des maisons royales»56. De estos detallados perfiles sociológicos, pero ya centrándonos en nuestro período (informes e instrucciones de los embajadores Harcourt, Marcin, los Estrées, Gramont y Amelot), se pueden extraer cuatro recurrentes caracterizaciones del colectivo nobiliario español. En primer lugar eran extremadamente orgullosos y ambiciosos, como pusieron de relieve cuando los grandes rechazaron, casi por unanimidad, la propuesta de Luis XIV de homologarlos con los duques y pares de Francia. A través del duque de Arcos (Joaquín Ponce de León) mostraron su total disconformidad por entender que su rancio abolengo aristocrático estaba por encima de los duques y pares franceses57. En segundo lugar se les consideraba ineptos tanto para el servicio de las armas como para los altos cargos políticos. Rehuían, según estos informes, ponerse al frente de los ejércitos e, incluso, de ocuparse directamente de sus señoríos y haciendas. Venían a ser una especie de parásitos cortesanos con los que era muy difícil mover la maquinaria gubernativa de la monarquía hispánica. En tercer lugar la preocupación y ocupación casi exclusiva en sus asuntos particulares, poniendo las complejas instituciones de la monarquía a su servicio. Y en cuarto lugar la demoledora lucha por el poder entre las grandes familias nobles invalidaba cualquier punto de encuentro para lograr importantes objetivos58. Los embajadores y espías franceses, antes y después del advenimiento de la Casa de Francia a España, tenían órdenes expresas para, utilizando a fondo todas estas «graves debilidades» de la nobleza hispana, conseguir con las mayores facilidades posibles los objetivos políticos, comerciales e internacionales de Francia. Este desprecio diplomático se tradujo, con el tantas veces aludido desembarco francés en los primeros años del siglo XVIII, en una postergación progresiva de la alta nobleza española. Se la utilizaría personalmente pero no se contaría políticamente con ella.
204
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
3. Composición de las Casas Reales, del Despacho y de las Juntas de Gobierno Para ilustrar el punto anterior de una manera concreta, con nombres y apellidos de los protagonistas, nos vamos a referir a continuación a la composición social de las casas reales (de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya); a la del Consejo de Gabinete o Despacho, que acompañó a Felipe V en su viaje a Italia en 1702; y a la de la Junta de Gobierno o Regencia que quedó en Madrid durante este mismo año. Y compararemos la composición de estos dos gobiernos «borbónicos» en 1702 con la composición social de la Junta de Gobierno «austracista», instituida en el testamento de Carlos II a finales de 1700, para deducir fundadamente algunas conclusiones de sociología política59. El jefe de la casa del rey fue el marqués de Louville, cuya función política al lado de un rey inexperto de 17 años fue trascendental en los tres primeros años del reinado de Felipe V. Los otros tres cargos más importantes de la casa del rey se les encomendaron a tres próceres de la nobleza española, con una gran experiencia en altas magistraturas, pero sobre todo de probada vinculación con la Casa de Francia. El mayordomo mayor (grand maître) sería el marqués de Villafranca; el caballerizo mayor (grand écuyer) el duque de Medinasidonia; y el sumillers de corps (grand chambellan) el conde de Benavente. En la casa de la reina los dos primeros cargos estuvieron ocupados por el conde de San Esteban del Puerto (Francisco de Benavides Dávila) el de mayordomo mayor, y por el marqués de Castelrodrigo (Carlos Homodei, también marqués de Almonacid) el de caballerizo mayor. La princesa de los Ursinos, desde su oficio de camarera mayor de la reina, fue en la práctica, no ya la jefa de la casa de la reina, sino la «verdadera reina de España», de ahí gran parte de los problemas que la enfrentaron con Louville (vid. cuadro I en pág. 213)60. El Consejo de Gabinete o Despacho, que llevó consigo Felipe V en su viaje a Italia (el 8 de abril de 1702 se embarcó en Barcelona hacia Nápoles y el 21 de diciembre estaba de regreso en Barcelona), estuvo compuesto por Francisco de Benavides Dávila, IX conde de San Esteban del Puerto; Juan Claros Pérez de Guzmán el Bueno, XI duque de Medinasidonia; Fernando, conde Marcin, embajador de Francia en España; Juan Manuel Fernández de Acuña, Girón, Pacheco, Cabrera y Bobadilla, VIII duque de Escalona y también marqués de Villena, que era a la sazón virrey de Nápoles; y el secretario Antonio de Ubilla y Medina (vid. cuadro II en pág. 213)61. Para ocuparse de los asuntos de la monarquía en Madrid se hizo cargo del gobierno la reina María Luisa Gabriela en calidad de regente. Esta Regencia estuvo formada por el cardenal Portocarrero; Manuel Arias, gobernador del Consejo de Castilla; Fernando de Aragón, Moncada, Luna y Peralta, duque de Montalto, presidente del Consejo de Aragón; el marqués de Mancera, presiden-
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
205
te del Consejo de Italia; el conde de Monterrey, presidente del Consejo de Flandes; el duque de Medinaceli, presidente del Consejo de Indias; el marqués de Villafranca, mayordomo mayor del rey; y Manuel de Vadillo y Velasco, secretario del Despacho en sustitución de Ubilla y Medina (vid. cuadro II)62. Si comparamos los cargos palatinos de las dos casas reales y la composición de estos dos gobiernos de 1702 con los miembros que integraban la Junta de Gobierno, establecida por el testamento y codicilo de Carlos II en octubre de 1700 y ya mencionados anteriormente, se pueden extraer varias y significativas conclusiones. a) Todos los miembros de esta Junta de Gobierno, salvo dos, continúan desempeñando en 1702 altas magistraturas, aunque algunos hayan cambiado de cargo. Las dos ausencias –el inquisidor Mendoza y el conde de Aguilar– se deben a sus declaradas vinculaciones con el austracismo militante. b) En todos los casos –Junta de Gobierno de 1700, casas reales y gobiernos de 1702– la mayoría de los ministros son consejeros de Estado, a cuyo supremo y real Consejo accedían después de una larga y meritoria carrera al servicio de la monarquía. c) Sin embargo –y esto es altamente significativo– los dos representantes del Consejo de Estado (conde de Aguilar) y de la grandeza (conde de Benavente) desaparecen como instituciones en los gobiernos de 1702; aunque personalmente al conde de Benavente se le nombra sumillers de corps del rey Felipe. Como ya hemos visto, en el programa político de los Borbones no cabían los Consejos en general y mucho menos el Consejo de Estado; y, desde luego, a la grandeza no se le reconocería como institución política llamada a desempeñar una función primordial en el gobierno de la monarquía. d) En los dos gobiernos de 1702, el que acompaña a Felipe a Italia y el que se queda en Madrid, se mezclan los poderes palatino, político y burocrático, anteriormente mencionados. Villafranca, mayordomo mayor del rey, forma parte del gobierno que queda en Madrid; y San Esteban (mayordomo mayor de la reina) y Medinasidonia (caballerizo mayor del rey) se desplazan con Felipe V a Italia. Y e) Las dos casas reales, a través de Louville y la princesa de los Ursinos, y los dos gobiernos de 1702, por medio del cardenal Portocarrero (el de Madrid) y del conde Marcin (el de Italia), estuvieron totalmente sometidos a la voluntad omnímoda de Luis XIV. Alfred Baudrillart escribe certeramente al respecto: «Louis XIV allait donc se trouver pendant près d’une année [1702] à la tête de deux gouvernements, sans compter le sien propre, celui de la Régente en Espagne et celui de Philippe V en Italie; tous deux devaient se montrer également soumis»63.
4. Irrupción sociológica de la meritocracia Resueltos los enfrentamientos entre los franceses del más inmediato entorno de Felipe V, que dificultaron gravemente la resolución de importantes problemas militares y hacendístico-financieros a lo largo de 170464, la princesa de los
206
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
Ursinos, ya de regreso en España el 30 de enero de 1705, y el nuevo embajador Amelot, que llegaría el 19 de mayo de 1705, remodelaron a su gusto todo el equipo de gobierno de la monarquía en la segunda mitad de aquel año de 1705. Al frente del Consejo de Castilla pusieron a Francisco Ronquillo y Briceño, con la oposición frontal de la alta nobleza, que no podía tolerar que una alta magistratura del Estado fuera ocupada por un advenedizo, que, aunque conde de Gramedo, no tenía la prosapia de las viejas familias nobles65. En el Despacho conservaron al duque de Medinasidonia, al duque de Montellano, al marqués de Mancera y al conde de Aguilar y también de Frigiliana; pero sustituyeron al duque de Montalto por el VII duque de Veragua (Pedro Manuel Colón de Portugal y Sandoval) y al conde de Monterrey por Francisco Ronquillo. Siendo importantes estas dos últimas sustituciones entre los miembros del Despacho, lo realmente innovador fue el desdoblamiento oficial de una única secretaría universal en dos específicas, que estarían a cargo de José de Grimaldo (guerra y hacienda) y del marqués de Mejorada (todo lo demás)66. A Antonio de Ubilla y Medina, ya marqués de Rivas, hasta entonces el imprescindible secretario del Despacho, lo retiraron definitivamente de la política por intentar gobernar al modo tradicional con la ayuda de los Consejos67. Siendo ya decisivas estas modificaciones llevadas a cabo en el Consejo de Castilla y en el Despacho, los delicados y preocupantes acontecimientos de 1706 –el Archiduque, proclamado rey Carlos III, en Barcelona y Madrid; la conversión en austracistas de personas tan significativas como el cardenal Portocarrero, que recibió al Archiduque en Toledo; y las generalizadas conspiraciones contra Felipe V– reforzaron la acción expeditiva de la princesa de los Ursinos y del embajador Amelot, de tal manera que fueron ellos dos de consuno los que realmente gobernaron la monarquía hispánica bajo la férula directa de Luis XIV, prescindiendo sin tapujos de la colaboración de los vástagos más señeros de las grandes familias nobiliarias castellanas, acusadas con razón o sin ella de austracistas68. No se equivocaba Saint-Simon al escribir, con un gran conocimiento de causa y desde la excelente atalaya de Versalles, que «Amelot en était toujours, qui, à vrai dire, leur laissait la broutille ou les choses résolues, et faisait tout ou seul ou avec la princesse des Ursins»69. Con este nuevo programa político y con esta nueva composición social de los órganos de gobierno más importantes de la monarquía –Despacho y Consejo de Castilla–, la actividad de personas como Jean Orry, el Colbert español, sería de inapreciable valor70. En esta línea y con estas mismas características sociales de «hombre nuevo», por su excelente preparación técnica y desvinculación total con la alta nobleza, aparece entre otros Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), colaborador infatigable de Amelot y amigo de la princesa de los Ursinos y de Orry. En sus años de infancia y juventud Macanaz se dedicó al estudio de la Historia y del Derecho, de cuyos profundos conocimientos darían buena cuenta
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
207
sus múltiples obras. Entre 1700 y 1710 acompañó a Felipe V en las campañas de Portugal (1704) y Cataluña (1706); asesoró a Amelot, a Ronquillo y a los generales duques de Berwick y D’Asfeld; e intervino de forma muy directa en la redacción de las Nuevas Plantas de los reinos de Aragón y de Valencia. Los años que van desde 1710 hasta 1715 son los de mayor trabajo, pero también los de la máxima celebridad. Durante este tiempo fue Intendente General de Aragón y Fiscal General de la Monarquía, desde cuyo puesto se enfrentó al tribunal de la Inquisición, que le acarrearía en el año de 1715 el exilio a Francia, de la que no regresaría hasta 174871.
Conclusión Una primera y evidente conclusión es la estrecha relación entre las cuestiones internacionales y los problemas nacionales. La Guerra de Sucesión a la Corona española (1702-1713), aparte de un hecho histórico trascendental para Europa y América, es un filtro historiográfico inexcusable para entender y explicar, no ya los temas claves del desmembramiento de la monarquía hispánica y de la pérdida en la práctica del monopolio comercial americano, sino también la conversión del Imperio hispánico de los Austrias en el Estado español de los Borbones. Esta profunda conversión, llevada a cabo por la nueva dinastía borbónica como si de una revolución por arriba se tratara, consistió fundamentalmente en transformar el sistema polisinodial de Consejos o asambleas aristocráticas y deliberativas, que los Austrias habían adoptado como gobierno de la monarquía hispánica, en un sistema ministerial de secretarías de Estado, ocupadas individualmente por expertos y no por nobles. Esta ruptura institucional implicó otra ruptura sociológica: la desaparición progresiva de la alta nobleza en su condición de estamento político privilegiado y exclusivo, que ostentaba hasta aquel momento la legítima obligación del auxilium y del consilium al poder soberano del rey. Estos cambios radicales a nivel central, fraguados en los primeros nueve años del XVIII, en los que el verdadero rey de la monarquía hispánica fue Luis XIV, arrastraron a nivel territorial otras modificaciones sustanciales, cuales fueron la desaparición del derecho público y de las instituciones propias de los reinos de Aragón y Valencia. En la práctica política la «España nacional» comenzó en estos nueve años (1701-1709) su larga singladura, que, remozada constitucionalmente en 1812, llegaría con breves inflexiones republicano-federalistas hasta la constitución de 1978.
208
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
Notas * Este trabajo ha sido realizado en el contexto del Proyecto de Investigación HUM2007-65003C02-01/HIST (CO.MA.VE.: Las Cortes de Madrid y Versalles durante la Guerra de Sucesión a la Corona española), del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Una primera versión de este trabajo fue presentada como ponencia en el 57ème Congrès de la CIHAE, 6-9 de septiembre de 2006, París. 1 «El concepto tradicional de monarquía, tal como lo había desarrollado la escolástica, llevaba implícita la idea de una cierta mezcla, por cuanto el dualismo monarca-comunidad se traducía para aquél, al ejercer el mando, en una serie de limitaciones provenientes de ésta». MURILLO FERROL, Francisco, Saavedra Fajardo y la política del Barroco, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 250-251. 2 MANCKE, Elizabeth - SHAMMAS, Carole (eds.), The creation of the British Atlantic World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2005. La significación historiográfica de la historia atlántica en BAILYN, Bernard, Atlantic History: Concept and Contours, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2005. Y la simbiosis política, económica y cultural entre las dos orillas del Atlántico en ELLIOTT, John H., Empires of Atlantic World. Britain and Spain in America, 1492-1830, New Haven - London, Yale University Press, 2006 (recientemente traducido, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América, 1492-1830, Madrid, Taurus, 2006). 3 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Dolores del Mar, El deber de consejo en el Estado Moderno. Las Juntas ‘ad hoc’ en España (1474-1665), Madrid, Ediciones Polifemo, 1993. 4 La «monarquía universal» era un viejo proyecto de Luis XIV, denunciado claramente por Lisola. HASQUIN, Hervé, Louis XIV face à l’Europe du Nord. L’absolutisme vaincu par les libertés, Bruxelles, Éditions Racine, 2005, pp. 128-130; BOSBACH, Franz, «The European Debate on Universal Monarchy», en ARMITAGE, David (ed.), Theories of Empire, 1450-1800, Aldershot, Ashgate/Variorum, 1998, pp. 81-98. 5 BURCKHARDT, Jacob, Judgments on History and Historians, Indianapolis, Liberty Fund, 1999, p. 210. 6 HUGON, Alain, «Les méthodes de lutte entre les maisons de Bourbon et de Habsbourg (15981700)», en BÉLY, Lucien (dir.), La présence des Bourbons en Europe, XVIe-XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, pp. 59-74; BERNARDO ARES, José Manuel de, «Tres años estelares de política colonial borbónica (1701-1703)», en Cuadernos de Historia de España, LXXX (2006), pp. 171-196. 7 ALBAREDA, Joaquim, Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-1714), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2002; ídem, «Els fonaments de l’Austracisme als territoris de la Corona d’Aragó», en Actes del Congrés L’aposta catalana a la Guerra de Successió (1705-1707), 3-5 novembre 2005, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2007, pp. 125-136. 8 MAQUART, Marie-Françoise, «Le dernier testament de Charles II d’Espagne», en BÉLY, Lucien (dir.), La présence des Bourbons en Europe..., pp. 111-124; LEGRELLE, Arsène, L’acceptation du testament de Charles II par Louis XIV (extraido de la obra de M. A. LEGRELLE, «La diplomatie française et la succession d’Espagne», Gand, Imprimerie F. L. Dullé-Plus, 1892); MORET, Ernest, Quinze ans du règne de Louis XIV, Paris, Didier et Ce. Libraires-Éditeurs, 1859, I, pp. 25-26. 9 Se analizan las cláusulas del testamento no tenidas en cuenta por Luis XIV y el entorno francés de Felipe V en BERNARDO ARES, José Manuel de, «La España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la monarquía «paccionada» de los Austrias a la monarquía «nacional» de los Borbones», en BERNARDO ARES, José Manuel de - MUÑOZ MACHADO, Santiago (dirs.), El Estado-Nación en dos encrucijadas históricas, Madrid, Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y IUSTEL, 2006, pp. 153-186.
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
10
11
12
13
14 15 16
17
18
19
20
21
22
209
Sobre las primeras medidas que Luis XIV ordenó tomar al embajador d’Harcourt en relación con la Junta de Gobierno para que no tuviese ninguna intervención salvo en meros temas de trámite, en A.M.A.E. (Archives du Ministère des Affaires Étrangères), C.P. (Correspondance Politique), E. (Espagne), T. (tome) 85, ff. 371r.-383r. Y acerca del inmediato apartamiento de la reina viuda Mariana de Neoburgo de todos los asuntos públicos, en ídem, T. 86, ff. 21r.-24r. Sobre el «reformismo constitucionalista» del cardenal Portocarrero contamos con la excelente tesis doctoral de PEÑA IZQUIERDO, Antonio Ramón, quien documenta e interpreta de forma magistral aquel «constitucionalismo» de la monarquía paccionada, La crisis sucesoria de la Monarquía Española. El cardenal Portocarrero y el primer gobierno de Felipe V (1698-1705), Universidad Autónoma de Barcelona, leída el 8 de noviembre de 2005, realizada bajo la dirección de Lluís ROURA AULINAS. PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Pedro, Teatro monárquico de España, Madrid, BOE y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 131-377 (edición y estudio preliminar de Carmen SANZ AYÁN). Lettres patentes du Roy pour conserver au Roy d’Espagne le droit de succession à la Couronne de France (décembre 1701), A.M.A.E., C.P., E., T. 85, ff. 82r.-85r. «Se os previene –ordena Felipe V en diciembre de 1700– de la unión y estrecha correspondencia que deveis pasar con todos los ministros del Rey Cristianísimo, mi Señor y mi abuelo, repecto de haver de ser como son de oy en adelante tan unos y unidos los intereses de las dos coronas de España y Francia … os mando por esta obedezcais las ordenes que su Magestad Cristianísima os diere en mi nombre con la misma puntualidad y obediencia que si fueran expedidas por mi». A.M.A.E., C.P., E., T. 86, f. 467r.-v. y se repite en ff. 469r.-470r. MORET, op. cit., I, pp. 63-64. LAVISSE, Ernest, Louis XIV. Histoire d’un grand règne, Paris, Robert Laffont, 1989, II, p. 316. La nobleza en general y los grandes de España en particular se oponían en principio a todo reforzamiento del «espíritu monárquico». BAUDRILLART, Alfred, Philippe V et la Cour de France, Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1890, I, p. 225. Sobre la significación política, internacional y sociológica del entorno francés de Felipe V se acaba de leer una excelente tesis doctoral, que aporta sobre este período crucial de Europa en general y de España en particular nuevos y fundamentales conocimientos históricos. DESOS, Catherine, L’entourage français de Philippe V d’Espagne (1700-1724). Étude d’une Société de Cour dans le premier quart du XVIIIe siècle, Universidad de Strasbourg II - Marc Bloch, leída el 23 de marzo de 2007, realizada bajo lo dirección de Dominique DINET. GARCÍA FERNÁNDEZ, África, Toledo entre Austrias y Borbones: Destierro de doña María Ana de Neoburgo, Toledo, Ayuntamiento, 1994. El verdadero soporte institucional y personal de esta nueva situación de la monarquía hispánica, gobernada desde Versalles, fue el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Jean-Baptiste Colbert de Croissy (1665-1746), marqués de Torcy; lo que se comprueba leyendo sus memorias. TORCY, marqués de, Mémoires pour servir à l’histoire des négotiations depuis le traité de Ryswick jusqu’à la paix d’Utrecht, La Haya, 1756, 3 vol. Sobre los consejos en general, ver BARRIOS, Feliciano, Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII, Madrid, 1988; BAUDRILLART, op. cit., I, pp. 63-67. BERNARDO ARES, José Manuel de, «The aristocratic assemblies under the Spanish Monarchy (1680-1700)», en Parliaments, States and Representation, 21 (2001), pp. 125-143. ESCUDERO, José Antonio, Administración y Estado en la España Moderna, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 43-45. Al respecto es muy pertinente el capítulo X sobre la «Monarchie mixte ou la souveraineté partagée», aunque referido a la Francia de la segunda mitad del XVI y centrado en el papel político de los Estados Generales, de JOUANNA, Arlette, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989, pp. 281-312, sobre todo pp. 300-312 («États Généraux et Conseil»). José Antonio ESCUDERO en su «Estudio introductorio» a MARTÍNEZ MARINA, Francisco, Teoría de las Cortes, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2002, I, p. CXXVII.
210
23 24
25
26
27 28
29
30 31
32 33
34
35 36 37
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
MORET, op. cit., II, p. 72. MARTÍNEZ MARINA se preguntaba: «¿La autoridad política estriba originalmente en pactos y condiciones?» Con una abrumadora cita de autoridades –entre ellas la de Bossuet– responde taxativamente que sí. Op. cit., III, pp. 277-282. La importancia de la potestas y de la proprietas, como dos condiciones sine qua non, en las organizaciones políticas la pone de manifiesto MARAVALL, José Antonio, Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), Madrid, Alianza, 1986, I, pp. 346-347. Jean Bodin, el teórico del «absolutismo», afirma expresamente que el reforzado poder del rey no es posible sin contar con la propiedad y el consejo del reino. BERNARDO ARES, José Manuel de, «Les corps politiques dans la «Republique» de Jean Bodin», Jean Bodin. Actes du Colloque Interdisciplinaire d’Angers, 24 au 27 Mai 1984, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 1985, I, pp. 31-41 (traducido en Revista de Estudios Políticos, 42 (1984), pp. 227-237). GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, «Reflexiones históricas sobre el Estado y la autonomía regional en España», en Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, Siglo XXI, 1981, pp. 235-265. Sirva de ejemplo el Juramento y pleyto omenage que los reinos de Castilla y León por medio de sus capitulares y los prelados, grandes y títulos y otras personas hicieron el día 8 de mayo de 1701 ... al rey nuestro señor don Phelipe Quinto ..., que por orden de Su Majestad escribe don Antonio de Ubilla y Medina ... que ofrece, consagra y dedica a la Majestad Cristianísima de el señor rey Luis Dezimoquarto, Biblioteca Nacional de España, ER 1637, ff. 1-65. (Aprovecho para darle las gracias a Adolfo Hamer, que me facilitó generosamente una copia de este documento). BAUDRILLART, op. cit., I, pp. 279-280. GONZÁLEZ MEZQUITA, María Luz, «Fidelidad, honor y conspiración en la guerra de sucesión española», en BERNARDO ARES, José Manuel de (coord.), La Sucesión de la Monarquía Hispánica, 1665-1725. I: Lucha política en las Cortes y fragilidad económico-fiscal en los Reinos, Córdoba, Universidad de Córdoba - CajaSur, 2006, pp. 161-190; PÉREZ ESTÉVEZ, Rosa María, «Motín político en Granada durante la Guerra de Sucesión», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (siglos XVI-XVII), diciembre de 1976, Córdoba, Monte de Piedad, 1978, II, pp. 151-157. Sobre el nuevo programa de gobierno en los Países Bajos, con la supresión del Consejo de Flandes, A.M.A.E., C.P., E., T. 102, ff. 58r.-74v.; RABASCO VALDÉS, José Manuel, El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña (1419-1702), Universidad de Granada (trabajo inédito); ARRIETA ALBERDI, Jon, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1497-1707), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994. BOISLISLE, A. de (ed.), Mémoires de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1891, VIII, pp. 153-154. MOREL-FATIO, A. - LEONARDON, H. (eds.), Récueil des Instructions donnés aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la révolution française. XII: Espagne. 2: 1701-1722, Paris, Félix Alcan, Éditeur, 1898, pp. 103-104; HANOTIN, Guillaume, Jean Orry, un homme des finances royales entre France et Espagne (1652-1705), Université de la Sorbonne (Paris IV), 2003, memoria de licenciatura realizada bajo la dirección de Lucien BÉLY (en prensa). MOREL-FATIO - LEONARDON, op. cit., pp. 90-91. A.M.A.E., C.P., E., T. 146, f. 235, apud BAUDRILLART, op. cit., I, pp. 687-688. La cita en esta última página. CABRERA, Padre Juan (S.J.), Crisis política determina el más florido imperio, y la mejor institución de príncipes, y ministros, Madrid, Eusebio Fernández de Huerta, 1719. Consultado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, signatura 0700 XVIII-6050. ESCUDERO, Administración y Estado…, pp. 143-144. A.M.A.E., Mémoires et Documents, T. 92, ff. 4-13, apud BOISLISLE, op. cit., VIII, p. 537. BAUDRILLART, op. cit., I, p. 75.
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
38
39
40 41
42 43
44
45
46
47
48
49
211
Para resolver los acuciantes problemas de la guerra se creó en la práctica, además de la secretaría universal de Ubilla, otra secretaría para los asuntos de guerra, que se le encomendó al marqués de Canales. CASTRO, Concepción de, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (17031726), Madrid, Marcial Pons Historia, 2004; ESCUDERO, José Antonio, Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976, I, pp. 295-298. DESOS, op. cit., I, p. 128. Sobre los dos primeros secretarios se han publicado dos excelentes biografías, que vinculan estrechamente al personaje central, con sus parentelas y clientelas, con los procesos militares y económicos respectivamente PENICAUT, Emmanuel, Faveur et pouvoir au tournant du Grand Siècle. Michel Chamillart, ministre et secrétaire d’Etat de la guerre de Louis XIV, Paris, École des Chartes, 2004; FROSTIN, Charles, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses Univesitaires de Rennes, 2006. BAUDRILLART, op. cit., I, pp. 80 y 119. Una interpretación distinta a la aquí formulada en DUBET, Anne, «¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 25 (2007), pp. 207-233. EIRAS ROEL, Antonio, «La instauración borbónica en el antiguo Reino de Galicia. ¿Modelo nacional castellano o particularismo abortado?», en BERNARDO ARES - MUÑOZ MACHADO, op. cit., pp. 29-73; CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, «El gobierno en los primeros años del reinado de Felipe V. La influencia francesa», en PEREIRA IGLESIAS, José Luis (coord.), Felipe V de Borbón, 1701-1746. Actas del congreso de San Fernando (Cádiz), de 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2000, Córdoba, Universidad de Córdoba - Ayuntamiento de San Fernando, 2002, pp. 129142; MOLAS RIBALTA, Pere, «El Estado de Felipe V», en ídem, pp. 195-208. ATIENZA HERNÁNDEZ, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, «La nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII», en Nobleza y sociedad en la España Moderna, Madrid, Fundación Central Hispano y Ediciones Nobel, 1996, pp. 119-133; GARCÍA HERNÁN, David, La nobleza en la España Moderna, Madrid, Istmo, 1992. Mariana de Aguirre, «espía» al servicio de Francia, insta a Felipe V a que prescinda totalmente de la reina viuda, pero también de Oropesa, Baños, Aguilar y el Almirante, entre otros personajes señeros de la corte madrileña. A.M.A.E., C.P., E., T. 86, ff. 496r.-502v. GINGRAS, Yves, «Pour une biographie sociologique», en Revue d’histoire de l’Amérique Française, 54, 1 (2000), pp. 123-131; DELILLE, Gérard, Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XVe-XVIIIe siècle), Rome - Paris, École Française de Rome et Éditions d’EHESS, 2003. Sobre este bien documentado y mejor estructurado libro, ver los comentarios de NASSIET, Michel, «Parenté et pouvoir local en Méditerranée occidentale», en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 61, 3 (2006), pp. 633-643; y de BERNARDO ARES, José Manuel de, «Recensión del libro de Gérard Delille, Le maire et le prieur…», en Hispania. Revista Española de Historia, LXVI/2, 220 (2005), pp. 734-739. Al peso político de las redes familiares y clientelares –clientelismo– alude autorizadamente JOUANNA, op. cit., pp. 65-90. Sobre la importancia de los clanes familiares y clientelares en las organizaciones políticas de Francia y España, ver DUBOST, Jean-François, «Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siècle (1620-1690)», en Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XXXVI (1990), pp. 369-397; y RINGROSE, David R., España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996, pp. 514-523, respectivamente. PEÑA IZQUIERDO, Antonio Ramón, «El virrey de Sicilia cardenal Portocarrero y la revuelta de Messina a través de la correspondencia con el plenipotenciario español en Venecia marqués de Villagarcía (1677-1678)», en Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna, 4 (2001) http://www.tiemposmodernos.org/articulos/Numero4-2001-ISSN-1139-6237/ portocarrero.htm.
212
50
51
52
53
54 55
56 57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 67
JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES
NIETO CUMPLIDO, Manuel, Palma del Río en la Edad Media (855-1503). Señorío de Bocanegra y Portocarrero, Córdoba, Gráficas Minerva, 2004. MORENO CEBRIÁN, Alfredo - SALA I VILA, Núria, El premio de ser virrey: los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, Madrid, CSIC, 2004; RAHN PHILLIPS, Carla, «Bourbon and Water: The Marqués de Castelldosrius and the Transition from Habsburg Rule in Perú», en Bulletin of SSPHS, XXVII, 1 (2002), p. 35. GARCÍA NARANJO, Rosa María, Doña Leonor de Guzmán o el espíritu de casta. Mujer y nobleza en el siglo XVII, Córdoba, Universidad de Córdoba - CajaSur, 2005; PEÑA IZQUIERDO, Antonio Ramón, La Casa de Palma. La familia Portocarrero en el gobierno de la monarquía hispánica (1665-1700), Córdoba, Universidad de Córdoba - CajaSur, 2004. BERNARDO ARES, José Manuel de, La clientela austracista de Portocarrero: El III marqués de Leganés, Palma del Río, 2006. PEÑA IZQUIERDO, La crisis sucesoria de la Monarquía Española…. BERNARDO ARES, José Manuel de, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda de propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba, Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1993; ídem, «Elites locales y monarquía católica. Derecho, familia y riqueza en el reino de Córdoba durante la Época Moderna», en Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 41 (2004), pp. 47-69. Bibliothèque Nationale de France (B.N.F.), Ms. Fr. 9045, ff. 363-395. A.M.A.E., C.P., E., T. 89, f. 27r.-v.; y T. 90, f. 333r.-v. Mémoire du duc d’Arcos au roi d’Espagne sur le reglement fait par un decret que les ducs et pairs de France doivent avoir à la cour d’Espagne, lorqu’ils iront, le même droit que les grands d’Espagne, s.l., s.f., B.N.F., Ms. espagnol 378, ff. 18v.-19r. Vitoria, 3 de febrero; Briviesca, 5 de febrero; y Burgos 7 de febrero de 1701. Informe del embajador francés en España, Harcourt, a Luis XIV, dándole noticias, compartidas con el cardenal Portocarrero, durante el viaje de Felipe V a Madrid. A.M.A.E., C.P., E., T. 87, ff. 388r.-397r. Sobre la importancia teórico-práctica de esta nueva disciplina científica ver LAGROYE, Denis, Sociologie politique, Paris, Presses de la Fondation National des Sciences Politiques, 1991. POZAS POVEDA, Lázaro, «El marqués de Louville, un enviado de Luis XIV a la Corte de España», en BERNARDO ARES, José Manuel de (coord.), La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725. II: Biografías relevantes y procesos complejos, Madrid, Sílex- CajaSur, 2008; RIBARDIÈRE, Diane, La princesse des Ursins. Dame de fer et de velours, Paris, Librarie Académique Perrin, 1988. MILLOT, Abbé, «Mémoires politiques et militaires, pour servir à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV, composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, duc de Noailles, maréchal de France et ministre d’État», en MICHAUD, Joseph-François - POUJOULAT, Jean-Joseph-François (eds.), Nouvelle collection des mémoires relatifs à l’histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Didier et Ce. Libraires-Éditeurs, 1866, T. XXXIV, p. 95. BARRIOS, Feliciano, El Consejo de Estado de la monarquía española, 1521-1812, Madrid, Consejo de Estado, 1984, p. 179; MOREL-FATIO - LEONARDON, op. cit., p. 58. BAUDRILLART, op. cit., I, p. 98; BERNARDO ARES, José Manuel de, «La España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la monarquía «paccionada» de los Austrias a la monarquía «nacional» de los Borbones», en BERNARDO ARES - MUÑOZ MACHADO, op. cit., pp. 153-186. BERNARDO ARES, José Manuel de, «Los tres reyes de la monarquía católica según las cartas reales de 1704», en La correspondencia entre Felipe V y Luis XIV. I: Estudio histórico, informático y traductológico, Córdoba, Universidad de Córdoba - CajaSur, 2006, pp. 7-57, 239-244 y 271-298. Juana SALADO SANTOS está elaborando su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba con el título de Poder local y supranacional de la monarquía hispánica: Francisco Ronquillo y Briceño, corregidor de Córdoba y gobernador del Consejo de Castilla (1682-1713). CASTRO, op. cit. Adolfo HAMER FLORES ya tiene muy avanzada su tesis doctoral sobre El secretario del Despacho Don Antonio de Ubilla y Medina. Su vida y obra (1643-1726), en la Universidad de Córdoba.
213
ARISTOCRACIA NOBILIARIA Y BUROCRACIA ENNOBLECIDA...
68
69 70
71
BERNARDO ARES, José Manuel de, «Las dos Españas de 1706 según las cartas reales de los reyes borbónicos», en ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio - LEÓN SANZ, Virginia - GARCÍA GARCÍA, Bernardo J. (coords.), La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, pp. 249-269. BOISLISLE, op. cit., 1905, T. XVIII, pp. 98-100. La cita en la p. 99. D UBET , Anne, «L’autorité royale et ses limites: les premiers projets de Jean Orry pour l’administration des finances espagnoles au début du XVIIIe siècle», en FOURNIER, Patrick LUIS, Jean-Philippe - MARTÍN, Luis P. et al, Institutions et représentations du politique. Espagne, France et Italie, XVIIe-XXe siècles, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2006, pp. 81-96. MARTÍN GAITE, Carmen, Macanaz, otro paciente de la Inquisición, Madrid, Taurus, 1975. Eduardo LAMA ROMERO está preparando la edición crítica de Memorias para la Historia de España (17001707) de Melchor de Macanaz, que consta de seis volúmenes manuscritos conservados en la Biblioteca Real de Palacio (Madrid).
CUADRO 1
CASAS REALES CARGOS
FELIPE V
MARÍA LUISA
Mayordomo Mayor
Villafranca
San Esteban
Caballerizo Mayor
Medinasidonia
Castelrodrigo
Sumillers
Benavente
Ursinos (Camarera Mayor)
CUADRO 2
JUNTAS DE GOBIERNO
DESPACHO
Mª Ana de Neoburgo (1700)
Mª Luisa de Saboya (1702)
Felipe V (1702)
AGUILAR* (C. de Estado) ARIAS (C. de Castilla) BENAVENTE (grandeza) MENDOZA (Inquisidor) MONTERREY* (C. de Flandes) MONTALTO* (C. de Aragón) PORTOCARRERO* (Gobernador) UBILLA (secretario) VILLAFRANCA* (C. de Italia)
ARIAS (C. de Castilla) MANCERA* MEDINACELI (C. de Indias) MONTALTO* (C. de Aragón) MONTERREY* (C. de Flandes) PORTOCARRERO* (Gobernador) VADILLO (Secretario) VILLAFRANCA* (Mayordomo Mayor)
ESCALONA (Virrey de Nápoles) MARCIN (Embajador de Francia) MEDINASIDONIA (Caballerizo Mayor) SAN ESTEBAN* (Mayordomo Mayor) UBILLA (Secretario)
* Eran miembros del Consejo de Estado
This page intentionally left blank
215
La Generalidad valenciana y sus rentas en un informe de 1716 Emilia Salvador Esteban Universidad de Valencia
No es fácil encontrar un informe, relativamente breve como el que vamos a comentar, sobre un tema de la magnitud del que en él se aborda y, al mismo tiempo, con tan gran riqueza de contenido. Tanto es así que, con su sola lectura, cualquiera puede adquirir una visión bastante certera de lo que fue la Generalidad valenciana e, incluso, conocer el estado de sus finanzas en varios de los años de su postrera andadura y aún después de su extinción. De sólo «6 fojas sin foliar» –como se indica textualmente en su cubierta–, consta en realidad de 11 páginas de tamaño folio (el informe concluye en el folio 6 recto, permaneciendo el 6 vuelto en blanco), escritas con buena caligrafía y amplios espacios, cuya temática desborda ampliamente el título que algún archivero o bibliotecario le asignó con posterioridad: Resumen de los ingresos de las Generalidades por derechos viejos y nuevos en los años desde 1706 a 17151. En efecto, además de sobre lo recaudado anualmente por derechos viejos y nuevos a lo largo de la citada década, este resumen nos ilustra sobre el origen de la Diputación del General o Generalidad y sus principales funciones, número y cometidos de los oficiales de mayor rango a su servicio, naturaleza de los derechos de que se nutría, montante global de los ingresos del quinquenio 1694-1698 y, para concluir, cantidad y tipo de gastos a los que debía responder anualmente. Tal variedad de temas en un espacio tan reducido requiere una notable concisión, apreciable en todas y cada una de las páginas de este resumen, y tan de agradecer en una época en la que muchos de los informes en ella redactados no se habían librado todavía de las exuberancias formales barrocas.
215
216
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
1. Fecha, autoría y finalidad del informe En ningún momento del Resumen de los ingresos de las Generalidades... –ni siquiera al final, en donde se suele hacer constar– se proporciona la fecha tópica o crónica. Sin embargo, el hecho de que se refiera a una institución foral valenciana con sede en la capital del Reino, que reproduzca datos de libros de cuentas custodiados entonces en la vieja Casa de la Generalidad de dicha capital y que se haya conservado en el fondo histórico de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, parece permitir afirmar que fue redactado en la ciudad del Turia. En lo que respecta a la fecha crónica, podría datarse en algún día del mes de noviembre de 1716 o, en cualquier caso, antes de concluir el mes de diciembre de dicho año, como se desprende de un breve, pero significativo, pasaje del informe: «las pençiones devengadas desde el mes de Marzo de 1698 asta fin de octubre de este de 1716»2. Aunque tampoco se explicita el nombre del autor, resulta evidente que se trataba de alguien que tenía acceso a la contabilidad de la suprimida Diputación del General y que disponía, además, de datos bastante fidedignos sobre los orígenes, funciones y personal de la mencionada institución. Por otra parte, dado que el resumen se limita a proporcionar información, sin atisbo alguno de justificación o de demanda, se puede deducir que no fue redactado motu proprio sino a instancia de parte. Pero ¿a quién podía interesar recabar información sobre la antigua Generalidad valenciana y, más en concreto, sobre la procedencia y el destino de sus rentas, así como sobre la situación económica por la que atravesaban sus derechos, todavía en vigor en 1716? Sólo teniendo en cuenta las profundas transformaciones experimentadas en el ámbito político-administrativo, con motivo de la abolición del régimen foral valenciano a raíz del Decreto de 29 de junio de 1707, cobra sentido el interés mostrado por el poder central para conocer con exactitud el estado de las finanzas de un organismo de gestión económica, como la Generalidad, afectado por dicho Decreto. Y ahí es, precisamente, en donde encaja nuestro informe. Porque una cosa era legislar y otra bien distinta trasladar al terreno fáctico lo legislado. Así, aunque el Decreto de 1707 contemplaba la extensión a territorio valenciano de la fiscalidad castellana (representada básicamente por las alcabalas), antes de que ello fuera factible se dio paso a una etapa transicional, en la que la Corona pretendió obtener –tanto por la vía de los restos de derechos de la época foral, como por la vía de la creación de imposiciones nuevas– recaudaciones equivalentes a las rentas provinciales castellanas. Además, la situación financiera de la Generalidad en el momento de su extinción y, años después, de sus rentas, aún en vigor, arrojaban un fuerte déficit. En efecto, las deudas se acumulaban desde hacía tiempo, debido fundamentalmente a las reiteradas emisiones de censales y a los atrasos en el pago de las pensiones o intereses por ellos devengados. Es
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
217
cierto que, suprimidas también las Cortes valencianas (aunque de hecho ya habían dejado de reunirse desde 1645) en el Decreto de 1707, los derechos de generalidades no tenían que afrontar su primigenia función de proporcionar los servicios votados en aquellas magnas asambleas a favor de la Corona; pero también es verdad que no se había arbitrado ninguna solución de recambio para suplir otra de las funciones asignadas a las generalidades, como era la de sufragar parte de los gastos de la defensa del litoral valenciano. Todo ello impulsó a la Monarquía a mantener temporalmente aquellos derechos, viejos y nuevos, antes gestionados por la extinta Diputación del General. Pero ¿quién debía de ser el nuevo gestor? Tanto la administración de los tradicionales derechos de la Generalidad –aunque algo modificados–, como el saneamiento de su cuantiosa deuda, fueron encargados por la Corona, no sin ciertas vacilaciones iniciales, al superintendente –más tarde, intendente– general de rentas reales. Se daba así la paradoja de que los fondos de la antigua institución foral, surgida del pacto entre el rey y el Reino en Cortes y pronto consolidada como institución del Reino3, pasaban a ser gestionados por el máximo representante de la Real Hacienda en territorio valenciano. No es nuestra intención abordar los avatares de esa desvirtualización de la naturaleza de los derechos de la Generalidad, que, afortunadamente, se pueden seguir en un documentado artículo de Ricardo Franch Benavent4. En él, además de referirse a la negativa del estamento eclesiástico a continuar pagando unos derechos que ya no respondían al espíritu que había informado su creación (como se infiere del subtítulo del propio artículo), se estudian distintas medidas y, frecuentemente, contramedidas proyectadas o adoptadas para tratar de dar el finiquito a los derechos de generalidades. Entre ellas, el llamamiento a la generosidad de los acreedores para que condonasen parte de la deuda, o la posibilidad de rebajar el canon de las pensiones de los censales, incidían también negativamente en el clero valenciano, poseedor de una parte considerable de los títulos de deuda emitidos por la Generalidad a lo largo del tiempo. El deseo de resolver una cuestión tan compleja se tradujo en la celebración de numerosas juntas y en la redacción de memoriales e informes, que también se recogen en el citado artículo. Entonces, cabría preguntar el motivo de haber seleccionado precisamente el informe de 1716 entre la auténtica maraña de escritos existentes. La respuesta es sencilla. Lejos de proporcionar escuetamente el estado de los derechos de generalidades en el momento de su redacción, nuestro Resumen se remonta a los orígenes mismos de la Diputación del General, institución a la que trata de caracterizar en el transcurso de su existencia.
218
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
2. Origen y funciones de la Generalidad Aunque la bibliografía se muestra acorde sobre la fecha de inicio de la Generalidad valenciana como institución permanente, manifiesta algunas discrepancias en lo que se refiere a sus precedentes. Así, por ejemplo, María Rosa Muñoz, autora del estudio general más reciente sobre los antecedentes y primeros pasos de la Diputación del General5, sitúa sus orígenes más remotos en la primera mitad del siglo XIV, cuando las Cortes de Valencia de 1329 y 1342 autorizaron la creación de impuestos para recaudar las cantidades ofrecidas al rey. Más adelante, las Cortes de Monzón de 1362, según la citada autora, «crean las generalidades –es decir, impuestos de amplitud general, por cuanto afectaban a los distintos estamentos sin distinción– y mantienen la autonomía de su gestión en manos de los diputados, elementos básicos de la institución que nos ocupa, lo que justifica que situemos su nacimiento en esa fecha»6. Por su parte, el informe que comentamos se muestra poco dubitativo al optar por otro año. Según expresa textualmente: «la Diputación ô Generalidad del Reyno de Valençia tomó principio en el año de 1376 en el qual para subvenir al S. Rey D. Pedro el Segundo en las Guerras que tenia, los tres Brazos, ô, Estamentos de dicho Reyno, Ecclesiastico, Militar, y Real, le hiçieron un donativo, ô, servisio, y para pagarle tomaron por arbitrio ordenar una Collecta, con nombre de Generalidad, y assi se introduxo el nombre de General, y para ella nombraron una persona á quien le dieron el nombre de Diputado, con poder amplissimo para dicha Collecta»7.
Pese a la diferencia cronológica, ambas opiniones –a las que se podrían agregar otras– coinciden en señalar la aparición de estos derechos generales8 y su gestión por la figura del diputado como punto de arranque del futuro organismo permanente. No en balde generalidades y diputados darán nombre a la institución que conocemos indistintamente como Generalidad, Diputación o Diputación del General. El salto cualitativo de comisión temporal (delegada de las Cortes para recaudar el servicio en ellas ofertado y cesar en sus funciones una vez alcanzado su objetivo) a institución permanente se produce a comienzos del siglo XV. Según el informe de 1716, «en las Cortes del año 1418, haviendo hecho los tres estamentos otro servisio al S. Rey D. Alfonso el tercero de 189 mil florines de oro, suplicaronle con diferentes Capitulos, que le propusieron, y aprobó S.M.: Que assi para el cumplimiento de dicho donativo, como los que ya se havian hecho, y los que se podrían ofrecer en adelante se erigiesse el Magistrado de la Diputaçion»9, es decir, la plantilla de oficiales que se debían suceder, sin interrupciones, al frente de la Diputación. Quedaba con ello asegurada su continui-
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
219
dad –o la «normalización de su estabilidad», en palabras de María Rosa Muñoz10– y, como consecuencia de ello, su independencia funcional respecto a las Cortes. Convertida, pues, en institución permanente del Reino, a partir de las mencionadas Cortes celebradas por Alfonso el Magnánimo, permanecería así a lo largo de toda la época foral moderna. En lo que respecta a las funciones asumidas por la Diputación del General, son tres las que le atribuye nuestro informe. La primera –en cuanto que se sitúa en el origen mismo de la Generalidad valenciana– se refiere a la recaudación de los servicios ofertados a la Corona en sucesivas Legislaturas; lo que configura a la Diputación del General como un organismo de gestión económica11. En el informe de 1716 se reitera este cometido para las Cortes de 1376, 1384 y 140312, únicas mencionadas como precedente de las de 1418, de las que –como ya se ha indicado– arranca la existencia de la Generalidad como institución permanente. Es por ello por lo que, mientras a las comisiones delegadas por las tres primeras Cortes aludidas se les encomendaba la reunión de su respectivo servicio, a la surgida de las Cortes de 1418 se le encargó no sólo el acopio del donativo votado en dicha Legislatura, sino también de «los que se podrían ofrecer en adelante»13, procediendo, además, a fijar el cuerpo de oficiales encargados de semejante tarea. Al lado de esta primitiva y sustancial función, la Generalidad fue asumiendo otras. Ya en las mismas Cortes de 1418, según explicita nuestro informe, se encargó a los diputados la tarea de «haçer las representaçiones, y consultas à Su Magestad assi en lo conveniente à dicho Reyno como a la buena Administracion de las Generalidades»14. Esas consultas al monarca, en lo «conveniente al Reyno», avalan la asunción de cometidos políticos junto a los económicos. En este terreno, sin embargo, es mucho lo que resta por aclarar. Y, no sólo debido a la escasez de estudios sobre tema de tanta trascendencia, sino por el hecho de que la representación del Reino en los largos periodos entre Cortes fue disputada y reclamada tanto por las Juntas estamentales como por la Generalidad, hasta el momento mismo de la desaparición de ambas instituciones, a comienzos del siglo XVIII. La proliferación de litigios entre las Juntas de Estamentos y la Diputación por representar al Reino así lo atestiguan15. De esta pugna, fruto sin duda de la indefinición legal, se han hecho eco cronistas e historiadores, desde los tiempos coetáneos a la existencia misma de ambas instituciones. En este sentido, María Rosa Muñoz distingue dos corrientes historiográficas, encabezadas respectivamente por Gaspar Escolano y por Lorenzo Matheu16. La presidida por el cronista Escolano se muestra proclive a atribuir a la Generalidad valenciana «la conservación de los fueros, y defensa del Reyno»17; la dirigida por Lorenzo Matheu y Sanz representa la vertiente proestamentalista. Según este autor, «en Valencia los Oficios de Diputados se instituyeron para cobrar, y administrar los derechos del General, y jamàs se les ha concedido jurisdiccion, ò poder para otra cosa;
220
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
con que no pueden tener representacion del reino para más»18, criterio que entra en colisión con lo expresado en nuestro informe. Aunque no es nuestra intención seguir la evolución de ambas corrientes19, en la actualidad la mayoría de los estudiosos del tema se decanta por atribuir a las Juntas estamentales la más genuina representación del Reino; pero también algunos de ellos reconocen que en casos concretos dicha representación fue asumida de forma conjunta por las Juntas de Estamentos y por la Generalidad20. No en vano, Diputación y Juntas estamentales se nutrían de la misma base social y, a pesar de sus frecuentes contenciosos, mantuvieron una estrecha colaboración entre sí. Dejando aparte su plena autoridad para organizar y administrar todo lo referente a los servicios acordados en Cortes y su participación en la defensa de los intereses del Reino –tarea esta última compartida, aunque desconozcamos en qué proporción, con las Juntas de Estamentos–, la Diputación valenciana también asumió –como indica el informe– otro cometido de notable importancia, teniendo en cuenta lo fundamental que resultaba para el Reino la defensa de su amplísimo litoral frente a las presiones exteriores, esporádicas en lo que a guerras marítimas convencionales se refiere, frecuentes respecto a ataques corsarios y piráticos. Fue en las Cortes de 1552, presididas por el príncipe Felipe (futuro Felipe II) en ausencia de su padre Carlos I, cuando la Diputación tomó a su cargo el «eztableçimiento, y manutençion de las tropas miliçianas que guardan las torres, y costa maritimas de este dicho Reyno»21. Además del pago a dichas tropas, de los fondos de la Generalidad saldrían los caudales necesarios para la realización de obras en los baluartes defensivos y para «artilleria, polvora, balas, y demas municiones, que se ofreçen, y deven amuniçionarse»22. A estas tres sucesivas funciones de recaudar servicios votados en Cortes, consultar al monarca sobre asuntos del Reino y hacer frente a los gastos de defensa costera, enumeradas en el citado informe, habría que añadir otras, como la de aportar los servicios extraordinarios ofrecidos al monarca fuera de Cortes o la de sufragar los gastos derivados de las embajadas guiadas a la Corte, tanto por las Juntas estamentales como por la propia Generalidad, o por ambas instituciones conjuntamente, silenciadas en nuestro informe.
3. Personal de la Diputación La enumeración de los principales cargos de la Generalidad valenciana, junto con la descripción de sus respectivos cometidos, se realiza en el informe a partir de lo acordado entre los Brazos y el monarca Alfonso el Magnánimo (III de Valencia, V de Aragón) en las Cortes de 1418, tan trascendentales para la institución que nos ocupa. Seis diputados, seis contadores, tres clavarios y tres administradores (aportados paritariamente por «los tres Brazos, ó, Estamentos de dicho Reyno, Ecclesiastico, Militar, y Real»), además de un síndico, un ase-
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
221
sor consultor de los diputados, un secretario y dos subsíndicos, se mencionan sucesivamente. Al frente de todos ellos figuran los diputados, con facultad «privativa de inponer derechos en esta Ciudad, y Reyno, cargar censos sobre ellos, nombrar ofiçiales, y subalternos con sus salarios, celebrar dos juntas en cada semana», además de la ya aludida prerrogativa de «haçer las representaçiones, y consultas â Su Magestad assi en lo conveniente à dicho Reyno como a la buena Administración de las Generalidades»23. A los diputados concierne, pues, no sólo la suprema administración de los ingresos de la Diputación, sino la capacidad de arbitrar los procedimientos para su recaudación. Una recaudación que se logra de forma habitual a través de distintos derechos, pero también mediante otros recursos, como el de la imposición de tachas o repartos e, incluso, en caso de necesidad, emitiendo censales o préstamos hipotecarios, el pago de cuyas pensiones constituyó, y seguía constituyendo en vísperas de su extinción, una pesada carga para la Generalidad valenciana. Así lo demuestra la demora en la satisfacción de los intereses devengados y la acumulación indeseada de censales, ante la incapacidad de hacer frente a su amortización. Por otra parte, el poder de los diputados para nombrar personal subalterno y fijar su remuneración los confirma como el vértice de la pirámide de los altos cargos de la Generalidad; posición que se refuerza al reservárseles la posibilidad de entablar relaciones directas con la propia Corona. Tras los diputados, los seis contadores se configuran como los interventores de las cuentas administradas por aquéllos. Asumen, en consecuencia, una función inspectora, pero que va más allá de la simple detección de irregularidades o fraudes. Hasta tal punto es así, que los contadores pueden obligar a los diputados a reponer de su propio patrimonio el dinero que hubiesen escamoteado en el ejercicio de su cargo. A este respecto el informe no deja lugar a la duda, al asignar a los contadores la tarea de tomar «quentas de medio en medio año de lo administrado, y pagado por los Diputados, con facultad de aprobar las partidas que fueren justas, y reprovar las que no lo fueren, y de estas tenían la jurisdicçión de hacerlas pagar à los Diputados de sus propios»24. Mucho más concreta, la misión de los tres clavarios consiste básicamente en establecer la relación entre los fondos de la Generalidad –que manejan– y la Taula de canvis, especie de banco municipal de la capital del Reino. Tales fondos debían de ser ingresados en la Taula, a nombre de los tres clavarios, por el clavario del estamento real25. A continuación, figuran en el informe los tres administradores, «cuyo encargo era el declarar en primera instançia de palabra las questiones, y fraudes, que sobre los derechos de las Generalidades se ofreçiessen»26. En este sentido, la denominación de administradores no hace referencia a la administración pecuniaria, sino a la judicial, que ejercen verbalmente en primera instancia.
222
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
El único síndico «tenia poder general de los Diputados, su obligacion assistir à las Juntas, proponer todo lo conveniente à la buena Administraçion quien llevava los recados, ò, embaxadas al Virrey, y otros encargos de menor conçequençia»27. Pese a lo enrevesado de la redacción, resulta evidente que el síndico asesoraba a los diputados en su tarea administrativa y actuaba de emisario y portavoz de los mismos en sus relaciones con otras instancias, empezando por el Virreinato. A continuación el informe de 1716 se refiere al «Assessor consultor de los Diputados, quien declarava todos los pleytos, que ante ellos pendian»28. Teniendo en cuenta que los diputados eran cargos esencialmente políticos, a los que no se exigía una previa formación en materia de derecho, necesitaban de un experto en cuestiones legales, para ayudarles a resolver con arreglo a derecho los pleitos que ante ellos se incoaban. Las atribuciones que el informe asigna al secretario no requieren aclaración ninguna, al definirlo como la persona «ante quien pasavan los acuerdos que haçian los Diputados, las escrituras de arrendamientos29, y otras, con todo lo dependiente a la Secretaria, y escrivania de la Diputaçion»30. Por último, los dos subsíndicos «haçian parte por las Generalidades en todos los pleytos que se seguian cuydavan de las deudas, y cada junta tenian obligaçion de llevar por escrito el estado de los pleytos, y deudas, con otras cosas de menor conçequençia»31. Sus cometidos, pues, parecen aproximarlos más a los administradores o al asesor que al síndico, del que deriva su nombre. Sea como fuere, lo cierto es que los distintos cargos citados en el informe asumían funciones administrativas y/o judiciales, como corresponde a un organismo de gestión económica, pero que, al mismo tiempo, poseía jurisdicción para resolver los pleitos que sobre materias de su estricta incumbencia se presentasen. La función política, que también ejercía la Generalidad valenciana, recaía exclusivamente en los diputados. Tras esta brevísima, pero reveladora, descripción de los más altos oficiales de la Diputación del General valenciana, el informe renuncia expresamente a entrar en otras consideraciones sobre su forma de elección, prerrogativas, preeminencias, facultades, jurisdicción..., establecidas en las distintas Cortes, con la disculpa de que «seria tratar de una materia muy larga y de que existe, además, un libro inpreso en idioma valençiano de foleo mayor que consta de 372 foxas su titulo Recopilaçion de los fueros, y actos de cortes de la Diputaçion conpuesto por Don Ramon Mora de Almenar Dotor en ambos derechos en donde se podrá ver»32. En estos términos se refería el informe a una fuente impresa de primer orden para el estudio de la Generalidad valenciana33.
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
223
4. Derechos viejos y nuevos del General La extensión de estos derechos a la totalidad del Reino de Valencia, pero, fundamentalmente, a todo tipo de personas (en una sociedad de privilegiados y no privilegiados, en la que aquéllos disfrutaban de amplias exenciones fiscales, derechos de naturaleza universal, como éstos, constituían una auténtica excepción) es la que les valió la denominación de derechos del general o generalidades. Precisamente este carácter universal es subrayado por nuestro informe en los siguientes términos: «Los derechos que se exigen por las Generalidades con nombre de viejos, y nuevos, en que ningun genero de personas son exemptas si no es Su Santidad y Cardenales, los Ynquisidores, y las ropas que sirven de hornamentos para las Yglesias; Pues Sus Magestades y Primogenitos quisieron ser comprehendidos en ellos por repetidos actos de Cortes y en espeçial en las que se celebraron en los años de 1428, 1446 y 1510 y los eccleçiasticos son comprehendidos en virtud de Bulla Apostoçica [sic] de la Santidad de Adriano Sexto de 17 de Mayo de 1522»34.
Tres cuestiones distintas son tratadas sucesivamente en estas pocas líneas; en primer lugar, el carácter general de estos impuestos, no desmentido sino por las escasísimas exenciones, que se pormenorizan; en segundo término, el deseo de reyes y príncipes –explicitado en sucesivas Legislaturas– de satisfacer dichos derechos, y, por último –y en contraste con la actitud de la Corona–, las reticencias mostradas por los eclesiásticos para su pago, vencidas definitivamente con la aludida Bula de Adriano VI, en la que les obligaba a contribuir. La relación de derechos que enumera el informe refleja la situación de los mismos en vísperas de su extinción. Se trata, en consecuencia, de una foto fija, que renuncia a cualquier atisbo de proporcionar la trayectoria experimentada por dichos derechos a lo largo del tiempo. No obstante, la misma denominación de viejos y nuevos nos está revelando ya una evolución. Una evolución que responde a una práctica muy difundida en la época y que afecta también a otros organismos exactores. En efecto, la necesidad de aumentar las recaudaciones no solía verse acompañada por el incremento del canon de impuestos ya existentes, sino por la creación de gravámenes nuevos, a los que, en las Cortes en que se acordaban, se les solía asignar una duración temporal limitada, generalmente hasta la siguiente Legislatura. Es muy posible que esta sensación de precariedad de los derechos nuevos contribuyese a vencer o reducir la natural resistencia de los afectados, ante la vana sensación de que más pronto o más tarde serían eliminados, regresando a la situación precedente. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas nuevas imposiciones acababan convirtiéndose en viejas, al
224
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
ser prorrogadas Cortes tras Cortes, aunque conservasen la denominación –de todo punto improcedente al cabo de los años– de derechos nuevos, con la que habían surgido. Según el informe, «a los derechos viejos pertenezen General de la mercaderia y General del Corte»35. El primero grava «todas las mercaderias, y generos que salen de este Reyno, assi por tierra, como por mar, y … algunas que entran en el à 4, 6, 9 y 12 dineros por libra de moneda del prinçipal valor de la mercaderia, ò, generos que se sacan, segun, y como se contiene en la tarifa inpresa que va aparte»36. Se trata, en consecuencia, de un impuesto ad valorem, que afecta a todos los productos que salen del Reino y a una parte de los que entran. Su montante (4, 6, 9 o 12 dineros, según la naturaleza de lo gravado) equivale al 1,66%, 2,5%, 3,75% o 5% del valor estimado de la mercancía, teniendo en cuenta que 1 libra son 20 sueldos y 1 sueldo 12 dineros. Con esta complejidad contributiva no es de extrañar que las tarifas que recogían estas variables tuviesen una amplia difusión, y que más de una haya llegado a nuestros días. «El General del corte se cobra por las Generalidades de todas las ropas que se cortan y venden en esta Ciudad, y Reyno vareadas un sueldo por libra de moneda del prinçipal valor de ellas»37. Frente a la diversidad de porcentajes del derecho anterior, éste representa siempre el 5% del valor de las telas –independientemente de su naturaleza– que se cortan (de ahí su nombre de tall, en su versión valenciana) para vender en el Reino, con lo cual sus recaudadores no necesitaban estar en posesión de ningún listado de tarifas. «A los derechos nuevos pertenezen Real de la Sal, nieve, y naypes, y doble tarifa»38. La variada casuística del real de la sal es la responsable de que el informe de 1716 le dedique mayor espacio que al resto de las exacciones. «Por el derecho del Real de la Sal se cobran por las Generalidades 3 sueldos por cada casa poblada del Reyno, discontandose 25 por cada 100 por los pobres, y en esta Ciudad en lugar de dichos 3 sueldos por cada casa se cobran por dichas Generalidades 8 sueldos de cada cahiz de sal que entra, y se consume en esta Ciudad, y à mas se cobran 5 sueldos de cada cahiz de sal que sale del Reyno por tierra y diez sueldos por la que sale por mar, y de los ganados que entran à herbajar en el Reyno y buelben à salir de el se cobran 18 dineros por cada 100 cabezas, à mas se cobran 4 sueldos por cada 100 cabezas de ganado bestiar que tienen las Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno en cada año. Y ultimamente deve pagar el Real Patrimonio à dichas Generalidades 500 libras en cada un año por la saca de la Sal de las salinas de la mata, y cabo de cerver»39.
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
225
Las diferencias existentes entre los consumidores de la ciudad de Valencia y los del resto del Reino, entre la exportación por tierra y la exportación por mar, entre los ganados foráneos que estacionalmente pacen en territorio valenciano y los del propio Reino, además de esa cantidad anual que el Real Patrimonio se obliga a pagar a la Generalidad por la exportación de la sal procedente de las salinas de La Mata y de Cervera, son contempladas en esta descripción. «Por la nieve, y naypes, cobran las Generalidades diez reales de esta moneda por cada carga de nieve de la que se consume en esta Ciudad, y demas Poblaçiones del Reyno; y dos reales por cada baraja de naypes à que se deven vender, corriendo el coste, y fabrica de ellos de quenta de las Generalidades»40.
Así pues, mientras por el consumo de nieve la Diputación del General percibe una cantidad fija (10 reales por carga), por los naipes varía en función del coste de su fabricación, que debe ser restado del precio fijo de venta (2 reales) para obtener la cuantía del impuesto. Finalmente, «por la doble tarifa se cobra por las Generalidades el derecho al doble en algunas de las mercaderias que se sacan del Reyno, assi por mar, como por tierra (de las que tambien pagan a los derechos Viejos del General de la mercaderia) segun, y como es de ver por la tarifa inpresa ya citada»41.
El proceso acumulativo en la creación de impuestos, al que antes nos referíamos, resulta muy evidente en este caso. Efectivamente, en lugar de incrementar el canon del derecho del general de la mercadería, se crea esta nueva imposición, que afecta a alguno de los productos de exportación, ya gravados por aquél.
5. Ingresos y gastos en el tránsito del siglo XVII al XVIII No se ha abordado aún en conjunto la trayectoria experimentada por las rentas de la Diputación del General a lo largo de sus casi tres siglos de existencia como institución permanente. Disponemos, sin embargo, de estudios parciales –cuyo punto de partida antecede, incluso, a la institucionalización de la Diputación del General42– diseminados de forma irregular por los tiempos modernos43. Por su parte, el informe plasma los ingresos totales del quinquenio 1694-1698 y los anuales de la década 1706-1715. En lo que respecta a las recaudaciones del citado quinquenio, «que es en el que mas dieron de si estos derechos antes de las guerras»44, establece una diferenciación entre los derechos viejos (cuyos rendimientos en dicho periodo alcanzaron las 222.802 libras, 9 sueldos y 7 dineros, lo que arroja una media anual de 44.560 libras, 9 sueldos y 11 dineros) y los nuevos (valorados en 160.829 libras, 17 sueldos y 7 dineros, lo que equivale a 32.165
226
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
libras, 19 sueldos y 6 dineros anuales). La suma de ambos supone unos ingresos medios anuales de 76.726 libras, 9 sueldos y 5 dineros45. En cuanto a lo ingresado por derechos viejos y nuevos en la década 1706-1715, el informe presenta el siguiente balance46: Años 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 TOTAL
Derechos Viejos 16.861 – 10 – 01 14.037 – 08 – 03 1.986 – 01 – 00 11.862 – 19 – 08 10.318 – 18 – 01 15.835 – 07 – 09 22.935 – 00 – 06 22.790 – 04 – 04 29.345 – 15 – 02 27.893 – 19 – 00 173.867 – 03 – 10
Derechos Nuevos 25.376 – 04 – 00 20.500 – 15 – 09 16.236 – 11 – 00 18.372 – 16 – 03 19.438 – 13 – 04 22.201 – 09 – 06 24.967 – 18 – 11 24.021 – 17 – 09 27.029 – 11 – 10 28.503 – 19 – 04 226.649 – 17 – 08
Total 42.237 – 14 – 01 34.538 – 04 – 00 18.222 – 12 – 00 30.235 – 15 – 11 29.757 – 11 – 05 38.036 – 17 – 03 47.902 – 19 – 05 46.812 – 02 – 01 56.375 – 07 – 00 56.397 – 18 – 04 400.517 – 01 – 06
Estas 400.517 libras, ingresadas por derechos viejos y nuevos a lo largo de la década, representan una media anual de casi 40.052 libras, que, comparadas a las 76.726 libras anuales del quinquenio antes aludido, suponen una reducción próxima al 48%47. Tal regresión porcentual es simultánea a un cambio en la composición del conjunto. Así, mientras en el quinquenio los ingresos por derechos viejos representan en torno al 58% frente a un casi 42% de los derechos nuevos, en la década se invierten las proporciones, superando el valor de los derechos nuevos (más del 56%) al de los viejos (algo superior al 43%). No es posible, sin embargo, establecer otras comparaciones entre los dos bloques cronológicos aludidos, ya que del primero (1694-1698) no se nos proporciona la misma información que del segundo (1706-1715). Por ejemplo, las fuertes oscilaciones que se perciben en las recaudaciones anuales a lo largo de la década (entre las 18.222 libras de 1708 y las casi 56.398 de 1715) se nos hurtan para el quinquenio. Tampoco el informe entra a valorar los gastos fijos y variables que recaen sobre las generalidades en el quinquenio, pero sí lo hace para la década. Dentro de los gastos fijos, los derechos viejos deben afrontar anualmente el pago de los salarios del personal a su servicio, estimados en 3.850 libras, 6 sueldos y 8 dineros y las pensiones de sus acreedores censalistas, establecidas en 25.012 libras, 8 sueldos y 5 dineros48; sobre los derechos nuevos recaen 967 libras, 3 sueldos y 4 dineros para personal, 4.774 libras, 6 sueldos y 9 dineros de pensiones de censos y 13.180 libras y 2 sueldos para salarios de los soldados de las torres y de la guarda de costa. El resto de los gastos (libros para la secretaría y para todos
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
227
los puntos de recaudación –tablas o taulas– de los derechos de generalidades, obras en los inmuebles propiedad de aquéllas, reparaciones de las torres costeras, armamento para la defensa del litoral...), con notables variaciones de un año a otro, suponen una media anual de 1.733 libras y 6 dineros para la mencionada década49. Sumada esta media anual de gastos variables a los gastos fijos afrontados por los derechos viejos y nuevos, elevan las cargas anuales sobre las generalidades a 49.517 libras, 13 sueldos y 2 dineros50, cantidad con la que concluye el informe, que nos ha ocupado. Si recordamos que la media anual de ingresos en el mismo periodo apenas llegaba a las 40.052 libras, tendremos que concluir que con esta situación de déficit resultaba poco menos que imposible tratar de amortizar la deuda. En este aspecto, habrá que esperar, según Vicente Jiménez Chornet, a 1774 para liquidar el último censo registrado de 150 libras51; pero esta cronología escapa ya al informe. En cualquier caso, nuestro informe abarca un tiempo largo, que se inicia en 1376 y concluye en 1715. Ello significa que el hilo conductor del relato no es la Generalidad sino las generalidades, antes, durante y después de la existencia de la Diputación del General o Generalidad como institución permanente. Ahora bien, el hecho de que entre 1418 y 1707 fuese la Generalidad la que administró esos derechos es el responsable de que la parte más extensa y sustancial del informe se centre sobre esa institución.
Notas 1
2 3
4
5
6 7
Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia (en adelante, BHUV), Manuscritos (Ms.) 803 (12). Este artículo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación El Reino de Valencia en el marco de una Monarquía compuesta (HUM 2005-05354). BHUV, Ms. 803 (12), f. 5v. Hasta tal punto fue así que se llegó a prohibir al monarca interferir en los asuntos de la Generalidad: «Diputats son verdaders conexedors de tots los negocis y plets de la generalitat, sens que sa Magestat si puga entrometre». Fori Regni Valentiae, for. 33, in extravag., cap. actes de Cort, f. 46. «El cambio de naturaleza de las rentas de la Generalitat valenciana tras la abolición de los fueros: la reacción del clero en defensa de su inmunidad y los conflictos provocados por la gestión de los intendentes», en Estudis, 31 (2005), pp. 269-297. MUÑOZ POMER, Mª Rosa, Orígenes de la Generalidad valenciana, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1987. A pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, no ha tenido continuadores que centrasen su atención en los tiempos modernos. La Tesis de Licenciatura inédita de CASTILLO DEL CARPIO, José María, La Diputación de la Generalidad en un periodo de crisis (1510-1527), defendida en Valencia en 1993 (un resumen de la misma en Estudis, 20 (1994), pp. 311-316, con el título «Una institución valenciana en el umbral de la modernidad: la Diputación del General durante el primer cuarto del siglo XVI»), todavía no ha cuajado en la esperada tesis doctoral. MUÑOZ POMER, op. cit., p. 130. BHUV, Ms. 803 (12), f. 1.
228
8
9 10 11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23 24 25
EMILIA SALVADOR ESTEBAN
La misma Muñoz Pomer, aunque adelanta en el tiempo la aparición de tales derechos, considera que serán las Cortes valencianas de la década de los años setenta del siglo XIV –entre las que se encuentran las de Monzón de 1375-1376, tomadas por el informe como punto de partida– las que «consagrarán, como fórmula de pago de la ayuda el «compartiment» y las generalidades». Op. cit., p. 131. BHUV, Ms. 803 (12), f. 1r.-v. MUÑOZ POMER, op. cit., p. 128. En esta faceta se centra el artículo de CAMARENA, José, «Función económica del ‘General del Regne de Valencia’ en el siglo XV», en Anuario de Historia del Derecho Español, XXV (1955), pp. 529-542. BHUV, Ms. 803 (12), f. 1. Ídem, f. 1v. Ibídem. Dos ejemplos concretos de esta rivalidad se pueden seguir en los trabajos de ROMEU ALFARO, Sylvia, «Notas sobre la Diputación valenciana y su extinción con Felipe V», en Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, pp. 547-583, y SALVADOR ESTEBAN, Emilia, «Un ejemplo de pluralismo institucional en la España moderna. Los Estamentos valencianos», en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. 347-365. MUÑOZ POMER, op. cit., pp. 14-32. ESCOLANO, Gaspar, Decada primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia por el licenciado Gaspar Escolano... primera parte... contiene esta decada curiosas generalidades de España y la Historia de Valencia hasta el rey don Pedro hijo del rey don Iayme el Conquistador..., En Valencia, por Pedro Patricio Mey..., a costa de la Diputacion, 1610, Libro IV, columna 857. Hay edición facsímil del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia: Década primera de la Historia de Valencia, Valencia, 1972, II. MATHEU Y SANZ, Lorenzo, Tratado de la celebración de Cortes generales del reino de Valencia, Impresso en Madrid, por Iulian de Paredes, 1677, p. 118. A la de Escolano se adscribe José MARTÍNEZ ALOY, autor de la obra posiblemente más clásica sobre la Generalidad valenciana: La Diputación de la Generalidad del reino de Valencia, Valencia, 1930. Ver, entre otros, ROMEU ALFARO, art. cit.; SALVADOR ESTEBAN, art. cit.; GIMÉNEZ CHORNET, Vicente, «La representatividad política en la Valencia foral», en Estudis, 18 (1992), pp. 7-28; LORITE MARTÍNEZ, María Isabel, Las deliberaciones del estamento militar valenciano (1488-1510), Tesis de Licenciatura inédita, Universidad de Valencia, 1999; GUÍA MARÍN, Lluís J., «El Regne de València. Pràctica i estil parlamentaris (Ll. Mateu i Sanz. Tratado de la celebración de Cortes generales del reino de Valencia)», en Ius fugit, 10-11 (2001-2003), pp. 889-933; CARBONELL BOIRA, María José, «Juntas de Brazos y comisiones estamentales», en Ius fugit, 10-11 (20012003), pp. 1011-1022; VENTURA CERDÁ, Daniel, El Estamento Militar valenciano (1598-1609), Trabajo de investigación inédito, Universidad de Valencia, 2006. BHUV, Ms. 803 (12), f. 2v. Ídem, f. 4v. En las Cortes de 1552, a las que se refiere el informe, se dedica un extenso articulado (del capítulo XXXIIII al L, ambos inclusive) al tema de la defensa costera, bajo la rúbrica De la fortificacio, e guarda del present regne del procehit del nou imposit de la seda. Ver GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Cortes del reinado de Carlos I, Valencia, Universidad de Valencia, 1972, pp. 244-248. BHUV, Ms. 803 (12), f. 1v. Ibídem. «Tres clavarios uno de cada estamento à nombre de los quales entravan los caudales de las Generalidades en la tabla de esta Ciudad, y el del estamento real era el Pagador de ellos». BHUV, Ms. 803 (12), ff. 1v.-2.
LA GENERALIDAD VALENCIANA Y SUS RENTAS EN UN INFORME DE 1716
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36
37 38 39 40 41 42
43
44 45 46 47
48
49 50 51
229
Ídem, f. 2. Ibídem. Ibídem. Al igual que otros organismos exactores, la Diputación del General podía proceder a la cobranza directa de los derechos que la nutrían, pero solía recurrir a arrendarlos al mejor postor. BHUV, Ms. 803 (12), f. 2. Ibídem. Ídem, f. 3. Nombre completo del autor: Guillem Ramón. Título exacto: Volum e recopilacio de tots los Furs y Actes de Cort que tracten dels negocis y affers respectants a la Casa de la Deputacio y Generalitat de la Ciutat y Regne de Valencia. Fue impreso en Valencia por Felip Mey en 1625. BHUV, Ms. 803 (12), f. 3. Ídem, f. 3v. Ibídem. Aunque se supone que la «tarifa inpresa» acompañaría al informe, no ha sido adjuntada a él en el registro de manuscritos, tantas veces citado. No obstante, son varias las relaciones de tarifas sobre el derecho del general de la mercadería conservadas, habida cuenta de que su posesión era imprescindible para los encargados de la recaudación de estos derechos en los distintos puestos o taulas habilitados al respecto. Ibídem. Ibídem. Ídem, ff. 3v.-4. Ídem, f. 4. Ibídem. MUÑOZ POMER proporciona la evolución del valor de las generalidades de 1404 a 1417. Op. cit., pp. 175 y ss. Mientras José María CASTILLO DEL CARPIO (op. cit.) estudia el periodo 1510-1527, comprobando el influjo negativo que el movimiento agermanado supuso para los ingresos de la Generalidad, Vicente GIMÉNEZ CHORNET aporta la cuantía de lo recaudado en tres años consecutivos (1701, 1702 y 1703), además de datos sueltos sobre los rendimientos de algunas de las generalidades con posterioridad a 1707 («La liquidació de la Generalitat en el segle XVIII», en Saitabi, XLIV (1994), pp. 103-109). También, y más extensamente, FRANCH BENAVENT (art. cit.) proporciona información sobre el valor de las generalidades en el Setecientos. BHUV, Ms. 803 (12), f. 4v. Ibídem. Las cantidades se expresan en libras, sueldos y dineros. Ídem, ff. 4v-5v. No es nuestra intención tratar de averiguar las principales causas que confluyeron para provocar semejante retroceso; pero algunas de las claves del mismo se pueden seguir en FRANCH BENAVENT, art. cit. La deuda por el impago de estas pensiones desde marzo de 1698 hasta octubre de 1716, es decir, durante 18 años y 8 meses, se elevaba a 465.891 libras, 13 sueldos y 5 dineros. BHUV, Ms. 803 (12), f. 5v. Ídem, ff. 5v.-6. Ídem, f. 6. GIMÉNEZ CHORNET, «La liquidació…», p. 109.
This page intentionally left blank
231
Vejez, subsistencia y asistencia familiar en dos comarcas gallegas de montaña (Tierra de Montes y Tierra de Trives) a finales del Antiguo Régimen Camilo Fernández Cortizo Universidad de Santiago de Compostela
La historia de la vejez en la Galicia de la época moderna tiene una trayectoria historiográfica muy reciente y en sus comienzos subsidiaria de la demografía histórica, cuyos primeros estudios aparecen en la década de 1970; en algunos de ellos se analizaba por vez primera, a partir de los datos del Catastro de Ensenada (1752-1753), del censo de Aranda (1768) y del censo de Floridablanca (1787), la estructura por género, edad y estado de sus respectivas poblaciones comarcales y la evolución en la segunda mitad del XVIII de los diferentes grupos de edad, entre ellos también la de los mayores de 50 años1. Este interés por la «vejez», en estos primeros tiempos indirecto y meramente demográfico, avanzada la década de 1980 amplió sus perspectivas con la aparición de los primeros estudios de historia de la familia. El cambio de horizonte, ya más social, se acompañó de una ampliación de las fuentes documentales. No se abandonaron ciertamente las fuentes fiscales, como el Padrón Calle-Hita de 1708 y el Catastro de Ensenada, de los que ahora no interesaban solamente los datos demográficos, sino también los familiares con el objetivo de analizar las formas de organización familiar, pero además se incorporaron otras fuentes de reciente consulta, como los protocolos notariales y, en particular, las escrituras de dote, de testamentos, de mejoras, de donaciones intervivos, etc., en este caso para el análisis de las estrategias matrimoniales y de los sistemas de sucesión y herencia. En uno y otro caso, los estudios comarcales resaltaban el protagonismo familiar de la «población vieja»; los padres mantenían el control de la jefatura del grupo 231
232
CAMILO FERNÁNDEZ CORTIZO
doméstico hasta su muerte, pero además, reconocida por el ordenamiento jurídico castellano, disfrutaban de una amplia libertad y capacidad de maniobra a la hora de elegir el momento, el mecanismo e incluso la cuantía, dentro del tope legal de la mejora de tercio y remanente de quinto, de los bienes legados, reforzando de esta forma un modelo cultural de fortaleza de la autoridad paterna. Estos estudios confirmaban también para la época moderna la importancia concedida por la población vieja en Galicia a la asistencia familiar, hasta el punto de condicionar de forma fundamental las estrategias familiares y los sistemas de herencia mediante la fórmula de la cohabitación «en casa y compañía», no exenta de conflictos y de desarreglos entre las partes. Consecuentemente, los procedimientos puestos en práctica para procurar y mantener «las atenciones y cuidados en la vejez y en las enfermedades» fueron objeto de una especial atención por parte de los historiadores modernistas gallegos, quienes, a la vista de la continuidad de la actividad laboral de los mayores de 60 años el mayor tiempo posible y de la ayuda doméstica y material prestada por los padres, tampoco secundan una visión manifiestamente «patológica» de la vejez.
1. La Tierra de Montes y la Tierra de Trives a mediados del siglo XVIII: población y medios de subsistencia La Tierra de Montes y la Tierra de Trives son dos comarcas gallegas de montaña. La primera de ellas, que en la época moderna formaba parte de la antigua provincia de Santiago y en la actualidad está integrada por los municipios de Forcarei, Cerdedo, en el noroeste de la actual provincia de Pontevedra, y por el de Beariz, en el nordeste de la de Ourense, se extiende por el sector meridional de la dorsal gallega, en la zona de transición hacia la Galicia interior; gran parte del territorio comarcal, en consecuencia, presenta una altitud media superior generalmente a los 400 m., progresivamente incrementada conforme se avanza hacia el este, hacia la dorsal gallega, a través de una sucesión de superficies aplanadas que llegan a elevarse por encima de los 900 m. Por su parte, la Tierra de Trives, en el interior de la antigua provincia de Ourense, se localiza en el sector de las sierras surorientales y, por lo tanto, en el dominio de las tierras más montañosas de Galicia, hasta el punto que más de los dos tercios de su territorio comarcal sobrepasa los 800 m. En uno y otro caso, esta relativamente elevada altitud media, superior en la comarca ourensana, pero también el relieve accidentado y compartimentado, las características climáticas, con rasgos de continentalidad en las tierras ourensanas entre 700 y 1.000 m. de altitud, y, finalmente, los suelos en general ácidos, poco profundos y evolucionados, condicionaban en el pasado, y todavía en la actualidad, el aprovechamiento agropecuario en una y otra comarca; la tierra de labor, en consecuencia, no alcanzaba a mediados del siglo XVIII la décima parte de sus respectivos territo-
VEJEZ, SUBSISTENCIA Y ASISTENCIA FAMILIAR EN DOS COMARCAS GALLEGAS DE MONTAÑA...
233
rios comarcales, predominando el terreno inculto (montes, tapadas, dehesas de robles, sotos de castaños, etc.), con cuyos recursos se mantenía una importante cabaña ganadera. Los factores físicos (altitud, relieve, clima y suelos) limitaban de forma fundamental el sistema agrario tradicional y, por extensión, el poblamiento humano. Con todo, entre una y otra comarca son apreciables, a mediados del siglo XVIII, los contrastes agrícolas y demográficos; en el primer caso, la Tierra de Montes, hacia 1750, era ya un dominio de la agricultura del maíz y, por lo tanto, de una agricultura intensiva basada en este cereal, mientras que en la Tierra de Trives todavía persistía una agricultura extensiva con barbecho anual, basada en el centeno. Las dos comarcas ejemplifican, por otra parte, la diferente «suerte demográfica» que corrieron las zonas de montaña en la época moderna. En la comarca de transición, el inicio del crecimiento demográfico, como también la generalización del cultivo del maíz, aconteció a partir de 1670; las ventajas agrarias derivadas de su difusión impulsaron el crecimiento poblacional en la fase inmediatamente posterior que, con algunas interrupciones intermedias, se prolonga hasta la década de 1750; con posterioridad, el alza demográfica, del 43,2% entre 1708 y 1752, se aminora, de forma que entre 1787 y 1860 se reduce al 10,4%. En el interior montañoso ourensano, la Tierra de Trives, dominio del cultivo del centeno en régimen «de año y vez», presenta, en cambio, una atonía demográfica hasta el último tercio del siglo XVIII; a continuación, entre 1787 y 1860, su población se duplica, gracias en buena medida a las posibilidades derivadas de la introducción del cultivo de la patata. Con ritmos e intensidades de crecimiento muy dispares, la ocupación humana acusa necesariamente estos contrastes; la comarca interior ourensana presentaba, en consecuencia, unas modestas densidades demográficas, de 23,8 habs./km2 en 1787, incrementados a 30,1 habs./km2 en 1860; en cambio, en la Tierra de Montes sus respectivos promedios eran muy superiores, de 43,1 habs./km2 en la primera fecha y de 47,6 habs./km2 a mediados del XIX. Con todo, una y otra comarca compartían un rasgo común, el de la insuficiencia de la explotación campesina; de pequeño tamaño y excesivamente parcelada, la tierra de labor no producía, por consiguiente, los recursos de subsistencia familiares necesarios. En la Tierra de Montes, la superficie media por vecino apenas alcanzaba las 2,5 ha., de las cuales sólo 0,86 ha. eran de huerta y tierra labradía; en la Tierra de Trives, la extensión era superior, de 3,27 ha., de las cuales la tierra centenal, la mitad de la cual reposaba anualmente, alcanzaba 1,76 ha. La superficie restante era de prado y de inculto, permitiendo alimentar a una cabaña ganadera que se encuentra entre las más «copiosas» en términos absolutos de la Galicia de la época; en la comarca de transición, la media por explotación era de 24 reses, de las cuales 4 son de la especie vacuna, 18 de la ovino-caprina y 1 de la porcina; en la comarca interior ourensana, sus vecinos eran dueños de un mayor número de reses (27,4), distribuidas por especies de la forma siguiente: bueyes (1,5), vacas y crías (5), ganado ovino-caprino (18), cerdos y crías (2,7). En cambio, la
234
CAMILO FERNÁNDEZ CORTIZO
proliferación de las actividades complementarias vuelve a marcar un nuevo contraste entre ambas zonas de montaña, ya que la Tierra de Montes, a mediados del siglo XVIII, presenta una elevada proporción de hombres mayores de 18 años que ejercen oficios secundarios (51,8%) y terciarios (11,6%); entre las mujeres mayores de edad, estos porcentajes caen al 6,1% y 3,5% respectivamente. Por el contrario, en la Tierra de Trives la tasa de complementariedad agrícola es muy débil; sólo un 3,5% de los hombres mayores de 18 años complementan el trabajo agrícola con una actividad del sector secundario y, a su vez, el 5,5% con una terciaria; entre las mujeres, al computarse el servicio doméstico, los efectivos del sector terciario (3,8%) sobrepasan a los del secundario (0,2%). En el primer caso, esta diversificación profesional va a favorecer una activa y creciente corriente migratoria de los naturales de la Tierra de Montes, predominando los desplazamientos estacionales realizados en su mayor parte por canteros y carpinteros que se dirigían preferentemente al reino de León y a las provincias interiores gallegas, pero también por segadores, que viajaban a Castilla y, finalmente, por cereros, cuyas ausencias se abreviaban en el tiempo y se acortaban en el espacio al no alejarse de territorio gallego. Por el contrario, en la comarca de montaña ourensana la emigración afectaba a efectivos menos numerosos y además estaba básicamente restringida al trabajo agrícola estacional en el reino de Castilla.
2. Envejecimiento y feminización de la población Galicia es un país de emigración y, en consecuencia, el desequilibro intersexual y el relativamente elevado celibato femenino definitivo, ciertamente con las consabidas disparidades comarcales, eran dos de sus peculiaridades demográficas.
TABLA 1. RELACIÓN DE MASCULINIDAD Y CELIBATO DEFINITIVO
T. de Montes Pontevedra T. de Trives Ourense Galicia
R.M. Total 1787 1860 91,1 76,8 85,8 76,6 96,3 85,3 95,9 90,2 91,7 83,1
R.M. 50 y + 1787 1860 77,8 69,5 75,2 73,2 94,9 88,5 91,9 98,6 84,8 82,4
Celibato masculino 1787 1860 6,9 17,1 5,6 12,3 14,3 16,2 8,6 11,4 8,8 12,7
Celibato femenino 1787 1860 14,8 27,8 13,5 28,3 16,7 24,1 12,7 19,8 13,9 24,8
Fuente: EIRAS ROEL, A., La población de Galicia, 1700-1860, A Coruña, 1996, Apéndices I y II.
VEJEZ, SUBSISTENCIA Y ASISTENCIA FAMILIAR EN DOS COMARCAS GALLEGAS DE MONTAÑA...
235
En la Galicia de finales del siglo XVIII, por cada 100 mujeres seguían residiendo en su territorio 92 hombres; casi cien años después, en 1860, la presencia de hombres se rebajaba ya a 83. Las provincias de emigración más intensa, como es el caso de la de Pontevedra por comparación a la de Ourense, acusaban una relación de masculinidad inferior, y esta disparidad se reiteraba también en el caso de las dos comarcas de montaña de una y otra provincia. En la Tierra de Montes, las relaciones de masculinidad de 1787 y 1860 confirman el agravamiento del desequilibrio intersexual y, por lo tanto, la creciente feminización de su población entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX; este proceso tiene una particular repercusión en el tramo de 50 y más años, puesto que por cada 100 mujeres había 78 hombres en 1787 y ya sólo 69 en 1860. La incorporación de la población comarcal a la emigración americana explicaría este proceso de feminización poblacional, como también el fuerte incremento del celibato definitivo femenino que se eleva de 14,8% (1787) a 27,8% (1860). No obstante, también el celibato masculino acusó entre ambas fechas un importante ascenso, aunque el fenómeno tuvo un carácter generalizado a escala regional causado, según A. Eiras Roel, por «una importante restricción de la nupcialidad en la primera mitad del siglo XIX» y también a escala comarcal en las zonas «de más antigua y arraigada emigración tradicional de oficios artesanales», entre las cuales se encontraba precisamente la jurisdicción de Montes2. En la Tierra de Trives, las relaciones de masculinidad, tanto la global como la de la población mayor de 50 años, presentan valores superiores a los de la comarca pontevedresa; en la ourensana, afectada por una corriente migratoria de menor intensidad y de duración ante todo estacional, el desequilibrio intersexual es menos pronunciado, pero en cambio la soltería definitiva tanto masculina como femenina evoluciona también al alza entre 1787 y 1860; en la primera fecha, el porcentaje de hombres célibes parte ya de unos valores relativamente elevados (14,3%), superados ligeramente por el de las solteras (16,7%); el margen entre unos y otros, por lo tanto, es reducido, a diferencia de la comarca pontevedresa, donde era más pronunciado. Los condicionamientos del sistema agrícola y la forma de organización familiar tal vez sean los factores que expliquen esta relativamente elevada presencia de mujeres y también de hombres célibes en 1787, que seguirá incrementándose hasta 1860, aunque a un ritmo menos intenso que en la Tierra de Montes. Contemporáneamente, en 1787, la población gallega, todavía sin ser una población envejecida, presentaba ya signos de envejecimiento que, en todo caso, no parecen agravarse entre 1787 y 1860 por cuanto el grupo de edad de 50 y más años sufre un modesto retroceso en términos relativos.
236
CAMILO FERNÁNDEZ CORTIZO
TABLA 2. ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN Distribución (%) Año Grupo edad 0-15 Tierra de Montes 328 Prov. Pontevedra 337 Tierra de Trives 374 Prov. Ourense 355 Galicia 351
1787 16-50 50 y + 511 161 487 176 462 164 498 147 488 161
Distribución (%)
0-15 285 305 315 315 315
1860 16-50 50 y + 550 165 524 171 536 149 547 138 536 149
Índice Edad media Envejecimiento Censal 1787 1860 1787 1860 0,49 0,49 0,44 0,41 0,46
0,57 0,56 0,47 0,44 0,47
28,6 28,5 28,1 27,3 27,9
30,6 29,7 30,2 28,2 28,6
Fuente: Ídem.
Las estructuras por edad en los ejemplos comarcales, provinciales y regional evidencian una correspondencia evolutiva absoluta entre 1787 y 1860. En todos los casos, el incremento porcentual del grupo de edad 15-50 años contrasta con la caída del tramo de edad 0-15 años y también con el modesto descenso de la población mayor de 50 años; no obstante, los índices de envejecimiento, como también la edad media censal, se elevan de forma más moderada en la provincia de Ourense que en la de Pontevedra, apuntando así signos de envejecimiento, que resultan, por lo tanto, de la «insuficiencia» del grupo de edad 0-15 años y no de la «abundancia» de los mayores de 50 años; con cierta posterioridad, según los datos censales de 1877, coincidiendo con el momento en que la emigración americana acelera el ritmo de salidas, son ya los efectivos de «mayores» los que se elevan, en la dirección de una población envejecida, hasta 196 en la Tierra de Montes y hasta 185 en la Tierra de Trives y, a su vez, los índices de envejecimiento respectivamente hasta 0,61 y 0,57. En todo caso, el proceso de envejecimiento afecta en mayor grado a la población femenina; las mujeres mayores de 50 años que en 1787 concentraban en Tierra de Montes el 9,1% de los efectivos totales, suponían ya en 1877 el 11,2%; en la Tierra de Trives el incremento es menos pronunciado, pero todavía positivo, ya que del 8,2% se eleva a 9,2% en 1877.
3. Los viejos «en casa y en familia» El modelo de autoridad paterna y la forma de organización familiar favorecían en la Tierra de Montes y en la Tierra de Trives la permanencia de los padres, salvo en caso de incapacidad física y mental, al frente de sus grupos domésticos, como también de un buen número, en particular en la comarca ourensana, de las madres viudas. Por tal razón, una relativamente elevada proporción de mujeres estaba al frente de sus hogares; en la Tierra de Montes suma-
VEJEZ, SUBSISTENCIA Y ASISTENCIA FAMILIAR EN DOS COMARCAS GALLEGAS DE MONTAÑA...
237
ban el 24,8% y en la Tierra de Trives el 25,2%. Por consiguiente, las jefaturas femeninas no eran una situación excepcional en la Galicia rural meridional a mediados del siglo XVIII.
TABLA 3. FRECUENCIA DE JEFES DE GRUPO DOMÉSTICO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Y DE LA EDAD