El Conflicto Armado Y Los Derechos Fundamentales De La Niñez En Colombia

EL CONFLICTO ARMADO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ EN COLOMBIA Un Análisis de la Vulneración al Derecho Internacional Humanitario y de su Impacto sobre el Desarrollo, la Economía y el Bienestar Social

Coordinadores: Margarita Martínez Ana María Convers Mario Gómez Jiménez

Investigadores: Doris Ardila Helena Ambrosi Alberto Angulo

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Junta Administradora Miguel Londoño Barona Samir Camilo Daccach Harold Zangen Janek Alfonso Arango Jaramillo Alfonso Ocampo Londoño Miguel Peláez Posada Enrique Tono Trucco Luis Hernán Pérez Páez Director General Marco Antonio Cruz Rincón Director Jurídico Julio Carlos Vergara Vergara Director Social Mario Gómez Jiménez Equipo Técnico Coordinadora de Proyectos Margarita Martínez Alférez Ana María Convers

Diseño, diagramación e impresión P&T impresores Ltda. Cra 26 A No. 5 A - 63. Tels. 5999626 E-mail. [email protected] Bogotá D.C. - Colombia 2004

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AGRADECIMIENTOS Este libro es el resultado de un trabajo conjunto que nace del esfuerzo de la Fundación Restrepo Barco y de su equipo de colaboradores. Un primer borrador de las acepciones jurídicas y del registro estadístico fue elaborado por Doris Ardila. Posteriormente, Helena Ambrosi y los juiciosos conceptos de Margarita Martínez y Ana María Convers enriquecieron la investigación, la cual fue complementada con el trabajo de análisis que desde el punto de vista económico y fiscal realizó Alberto Angulo. La coordinación del documento corrió a cargo de la Dirección Social de la Fundación Restrepo Barco, particularmente de Mario Gómez Jiménez.

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INTRODUCCIÓN La penosa situación de degradación de la dignidad a que se ven sometidos los niños y niñas de Colombia en el marco del conflicto armado que padece el país y que, en no pocas ocasiones, se dirige contra ellos y ellas ha obligado al registro cuidadoso de las distintas estadísticas que sobre cada uno de los fenómenos de vulneración de sus derechos puede plasmarse. En ese sentido, esta claro que la acción de las minas antipersonal, los secuestros, las tomas de rehenes, el reclutamiento forzado y los desplazamientos de personas, que son hechos que atentan en forma grave contra la población civil, son particularmente ofensivos contra los niños y niñas. Además de las consecuencias jurídicas que se derivan de la vulneración del Derecho Internacional Humanitario como instrumento de protección contra la hostilidad, puede afirmarse que estos hechos, sufrimientos, equívocos y menoscabos de integridad física y moral que se producen en la niñez con ocasión de los hechos bélicos registrados, son hoy por hoy objeto de una mayor valoración desde el punto de vista económico y fiscal. En efecto, desde hace un tiempo distintos académicos se han puesto en la tarea de medir el costo del conflicto armado, analizar las consecuencias de éste sobre el capital físico, humano y social, estudiar su incidencia en el presupuesto de la nación y evaluar las erogaciones que de no existir el conflicto podrían haberse ahorrado o dirigido a distintas partidas del gasto social del Estado y no a los rubros destinados a cubrir los costos que demanda la seguridad ciudadana. A estos dos temas se dedica este libro: al registro de las vulneraciones de los derechos de la niñez en el conflicto armado y al impacto económico que estas afecciones generan en el bienestar social y en el desarrollo integral de los niños y jóvenes. La finalidad es obvia: una compilación estadística ceñida a la realidad que emerge de las vulneraciones cometidas contra la niñez y el desarrollo económico y social perdido como consecuencia de ello, son elementos suficientes para entender el grado de afección que se deriva de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Con ello se podrá alertar y llamar la atención sobre la urgente necesidad de evitar en este campo nuevas y tristes consecuencias. Por ello, es vital la vigencia plena de un ordenamiento que sea respetado en forma inequívoca y que salvaguarde en forma eficaz a los niños y niñas. 5

Desde otro punto de vista, más emocional y menos estadístico, podría decirse que este registro numérico también puede ser leído para medir el tamaño, la estatura y la amplitud de la estupidez de todas y cada una de las acciones hostiles contra la infancia. Por ello, el libro procura, adicionalmente, brindar una explicación de los elementos traumáticos que son el resultado de la afección sicológica y social que se produce como consecuencia de las infracciones y de las violaciones a los derechos fundamentales de los niños y niñas. Como es claro, estas afecciones también tienen un costo que sólo puede ser medido en los kilómetros de felicidad perdidos o en las sonrisas inenarrables que no nacieron en los rostros de los jóvenes, niñas y niños violentados. En definitiva, el precio de la vulneración de la dignidad es, por regla general, similar al valor de la imbecilidad con que se truncan sueños y esperanzas en el presente, no sólo en el futuro, de las vidas de los primeros colombianos y colombianas que, como dice la Constitución Política, gozan de derechos prevalentes que, cabe anotar, no son suficientemente atendidos con ocasión del conflicto armado. En ese contexto las balas imponen realidades carentes de sensatez para la infancia.

MARIO GOMEZ JIMENEZ Coordinador Director Social Fundación Restrepo Barco

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INDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO PRIMERO INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 1.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA NIÑEZ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

1.1. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS APLICABLE EN COLOMBIA. 1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL 2.

PRINCIPALES INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA COMETIDAS CONTRA LA NIÑEZ.

2.1. LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 2.2.

SECUESTRO

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RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS

2.4. DESPLAZAMIENTO FORZADO CAPÍTULO SEGUNDO I IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO, LA ECONOMÍA Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD BIBLIOGRAFIA

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CAPÍTULO PRIMERO INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO PRIMERO La protección de los niños y las niñas en los conflictos armados ha adquirido una gran trascendencia en el país debido al incremento de atrocidades de las que son blanco la infancia y la juventud colombiana. Como consecuencia de ello, la progresiva preocupación de los colombianos y de la Comunidad Internacional en la materia ha sido expresada en los diferentes ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales, con la firme intención de unir las voces de diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que exigen rotundamente que los niños, niñas y jóvenes no sean blanco de las acciones derivadas de la confrontación bélica, de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario. Este informe es el reflejo de la doble condición que penosamente viven aquellas niñas, niños y jóvenes colombianos que han sido vinculados al conflicto armado a través del nocivo y dramático reclutamiento forzado en las filas de los grupos armados ilegales, o han sufrido los penosos rigores del secuestro, del desplazamiento forzado, de la acción de las minas antipersonal y de los ataques dirigidos de manera sistemática contra ellos, como miembros de la población civil. Son precisamente, las niñas, niños y jóvenes quienes se han convertido en la expresión de la población civil más afectada con ocasión de la confrontación. En la primera parte de este capítulo se realiza un breve análisis de las normas del Derecho Internacional aplicable en Colombia. Posteriormente, se registran las principales estadísticas de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra los niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en las normas internacionales y en la normatividad nacional vigente. Las estadísticas recopiladas han sido tomadas de los bancos de datos de diferentes entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, comprometidas directa e indirectamente con la protección de la niñez y la juventud. No obstante el largo tiempo de confrontación en Colombia (más de 40 años), el período objeto del registro estadístico a que se refiere este documento va de enero de 2000 a diciembre de 2003.

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1. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA NIÑEZ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 1.1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS APLICABLE EN COLOMBIA. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos1 y el Derecho Internacional Humanitario2 comparten el mismo género: la protección internacional de la persona humana. Ambos propugnan por la defensa de la dignidad de las personas frente a las eventuales vulneraciones y son sistemas jurídicos internacionales que comparten entre sí la necesidad de regular situaciones asimétricas y desiguales, imponiendo cargas y obligaciones, en favor de quienes están en el extremo débil de las relaciones de poder. El Derecho Internacional Humanitario en particular, “es un cuerpo de normas internacionales, de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra (Derecho de la Haya) o que protege a las personas y a los bienes afectados (Derecho de Ginebra)”3 . Adicionalmente a ese cuerpo normativo, como es común en el derecho, hay cierto número de principios que deben ser observados en el Derecho Internacional Humanitario. Son principios que informan y complementan las disposiciones normativas4 . Esta idea se refleja en la conocida Cláusula de Martens de 1899 que establece que “en los casos no previstos en los Convenios, las personas civiles y los combatientes siguen estando bajo la salvaguardia y bajo el dominio de los principios del derecho de gentes, según resultan de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.5 En el caso de conflictos internacionales el Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949, “relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”, confiere a niños, niñas y jóvenes la categoría de personas protegidas, incluyendo, en adición a las disposiciones generales de protección, normas específicas que establecen medidas especiales por su condición de menores de 18 años.6 En adelante DIDH. En adelante DIH. 3 SWINARSKI, Ch., Introducción al Derecho Internacional Humanitario CICR-IIDH, en SWINARSKI, Ch., Principales Nociones e Instituciones del Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de la Persona Humana, IIDH, San José de Costa Rica 1991, Pág. 25. 4 PICTET Jean, Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario, Tercer Mundo Editores, Colombia 1998, Pág. 71. 5 Ibíd., Pág. 72. 6 Ver por ejemplo artículos 14, 17 (II), 23, 24 38 y 50 del Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949 “relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”. 1 2

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Adicionalmente, y como miembros de la población civil, los niños y niñas se benefician de las disposiciones contenidas en el Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra7 que, a diferencia del Convenio IV, establece la obligación en cabeza de las Partes de tomar las medidas posibles para evitar que los niños menores de quince años participen directamente en las hostilidades. Como ya se dijo, aunque estos instrumentos fueron ideados para ser aplicados en conflictos internacionales, diversos principios en que se fundan deben ser igualmente observados en el marco de una confrontación interna, pues parten del reconocimiento de la dignidad de las personas y de la necesidad de brindar cabal protección a la población civil. En complemento de lo anterior, el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra, establece un mínimo a ser respetado por las partes en conflicto, que busca proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, hayan depuesto las armas o hayan sido puestas fuera de combate. El Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, y aplicable a los conflictos armados no internacionales, al igual que en el Protocolo I, establece que los niños y niñas deben recibir una protección especial como personas particularmente vulnerables, lo cual se suma a la protección general que se les confiere como personas no combatientes (que no participan directamente en las hostilidades). Dicha protección especial aplica también, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, literales c y d, del Protocolo II, a aquellos niños y niñas que hayan participado en las hostilidades. En efecto, el artículo 4 del mencionado Protocolo II establece que8 : Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: a. Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de estos, de las personas que tengan la guarda de ellos; b. Se tomaran todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas; c. Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades; d. La protección especial prevista en este articulo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades; 7 8

Ver artículos 70, 77 y 78 del Protocolo I de 1977 “relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales”. PLATTNER, Denise, La Protección a los Niños en el Derecho Internacional Humanitario. en www.circr.org.

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e. Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a éstos de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por sus seguridad y bienestar.” Existen importantes diferencias entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, mientras el DIDH fue creado para regir en condiciones de paz, a pesar de traer disposiciones para casos de excepción, el DIH protege al individuo en circunstancias excepcionales de conflicto armado internacional o no internacional. A pesar de las diferencias entre sus respectivos ámbitos materiales y personales de aplicación9 , las dos ramas del derecho internacional son complementarias y presentan una importante convergencia en sus contenidos. No son pocas las normas contenidas en instrumentos del DIDH que consagran derechos para los niños y obligaciones para las Partes en conflicto y que fueron expresamente concebidas como mecanismos para garantizar la protección de la niñez, tanto a nivel universal como regional10 . Entre estos instrumentos se destaca la Convención de los Derechos del Niño de 198911 , que en el art. 38 establece en cabeza de los Estados la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de DIH, aplicables en los conflictos armados y pertinentes para el niño, y fija en 15 años la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas, al mismo tiempo que exige al Estado adoptar las medidas posibles para asegurar que las personas que no hayan cumplido 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. Por otro lado, el articulo 39 de la Convención establece la obligación en cabeza de los Estados parte “(...) de adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados”. Estas medidas deben dictarse en un ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad del niño. 9

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SWINARSKI, Ch. Introducción al Derecho Internacional Humanitario CICR-IIDH, en SWINARSKI, Ch., Principales Nociones e Instituciones del Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de la Persona Humana, IIDH, San José de Costa Rica 1991, Pág. 88. Existen en complemento un conjunto de resoluciones de la Organización Naciones Unidas como la Resolución 1379 20 de noviembre de 2001, aprobada en la sesión 4423ª en la que el Consejo de Seguridad insta a los Estados a enjuicia a los responsables por violaciones flagrantes de los derechos de los niños en situaciones de conflicto armado y a excluir esos crímenes de cualquier posible caso de amnistía. Se destacan adicionalmente las Resoluciones 1261 de 1999, 1314 de 2000 y 1460 de 2003, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ratificada mediante Ley 12 del 28 de enero de 1991 (Reserva a los numerales 2 y 3 del artículo 38).

Estas disposiciones están concebidas en el marco de “la doctrina de la protección integral, que establece que los niños y niñas no son objeto de protección sino sujetos de plenos derechos”12 De esta forma, se dejan atrás la doctrina de la situación irregular “que concebía al niño que le son violados sus derechos como un menor en situación de riesgo, el cual debía ser tutelado por el Estado, lo que implicaba la judicialización de problemas no resueltos por una política social para la infancia, con una tendencia a patogenizar situaciones de origen estructural, como la criminalización de la pobreza, la internación por este motivo y la negación de los elementales principios del derecho.”13 Ante la grave situación de los niños y niñas en el conflicto armado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, el 25 de mayo de 2000, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño “Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados”, en el que se establece en 18 años la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y deja abierta la puerta a los Estados para que sean ellos quienes decidan la edad mínima para el alistamiento voluntario, al mismo tiempo que obliga a los Estados parte a tomar las medidas necesarias para que ningún miembro de las fuerzas armadas menor de 18 años, participe directamente en las hostilidades. El mencionado instrumento insta a los grupos armados no estatales a evitar el reclutamiento y participación de menores de 18 años en las hostilidades (art. 4). Adicionalmente, impone a los Estados Parte la obligación de adoptar las medidas posibles para impedir el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados distintos a las Fuerzas Armadas del Estado, así como las medidas para que las personas bajo su jurisdicción, que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el Protocolo, sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. Este instrumento fue suscrito por el Gobierno y recientemente aprobado por el Congreso colombiano mediante la Ley 833 del 14 de julio de 2003. Existe, igualmente, en el sistema universal de protección de los derechos humanos, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo de 1999, “sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil”, aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente mediante la Ley 704 de 2001 y declarado exequible mediante sentencia C 535 de 2002 de la Corte Constitucional, que establece en cabeza de los Estados parte la obligación de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las perores formas de trabajo infantil y, en particular, el reclutamiento forzoso y obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. 12 13

Defensoría del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado, Bogotá 2001, Pág. 32. Save the Children U.K., Servicios de Protección a la Niñez. Análisis exploratorio en cuatro países de América del Sur. Save The Children, Bogota 1999, en Niños, Niñas, Jóvenes y Conflicto Armado. Análisis Jurídico de la Legislación Internacional y Colombiana, Grupo editorial La liebre 2002, Pág. 31.

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En el marco de sistema universal de protección de los derechos humanos, es de trascendental importancia la aprobación y reciente entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, aprobado por el Congreso mediante Ley 742 de 2002. La entrada en vigor de dicha norma y el carácter de jurisdicción penal internacional permanente que se brinda a la Corte constituye un paso sin precedentes en la lucha contra la impunidad y la garantía de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Dentro del sistema americano de protección de derechos humanos, se ha reconocido el derecho del niño o niña a recibir una protección especial, no sólo en los principales instrumentos jurídicos, sino también en otras iniciativas no menos importantes que se han llevado a cabo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se destacan la Declaración Americana sobre los Derechos y Libertades del Hombre, de 1948, que establece que "todos los niños tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, que también hace referencia a este principio de protección especial, estableciendo que la misma no debe cesar siquiera en estados de excepción. 1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL El avance más importante que ha tenido la legislación colombiana en relación con la protección de la niñez, además14 de la ley 12 de 1991, que ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fue la expedición de la Constitución Política de 1991, que, en el artículo 44, recoge los principios de la Convención. En dicho artículo se reconocen los derechos de las niñas y de los niños como derechos fundamentales y se les otorga prevalencia sobre los derechos de los demás , convirtiéndose en esa medida en derechos de aplicación inmediata y no progresivos o programáticos. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política, la responsabilidad de la protección que se debe a la niñez está en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado, razón por la cual son esas tres instancias de protección quienes deben asumir una co-responsabilidad frente a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas15.

Constitución Política de Colombia. Artículo 44: «Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás». 15 Defensoría del Pueblo, Informe sobre los Derechos Humanos de la Niñez en Colombia durante el Año 2001, Bogotá 2002, Pág. 32.

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Las normas constitucionales enumeradas anteriormente forman parte del catálogo de derechos que tiene la niñez colombiana y que deben ser respetados por parte de todos los actores del conflicto armado. Este catálogo ha sido complementado por las disposiciones de orden internacional ratificadas por Colombia que, en virtud de lo establecido en el artículo 93, si reconocen derechos humanos no susceptibles de ser limitados en Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno y, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hacen parte integral del llamado bloque de constitucionalidad. Ahora bien, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, Colombia debe adecuar su orden normativo legal vigente en materia de protección de las niñas y niños a los instrumentos internacionales que ha ratificado, preocupación que ha sido manifestada no solo por diferentes instancias y organismos del orden nacional sino también por organismos de orden internacional16. Ante la evidente necesidad de adecuación normativa, se creó una mesa de trabajo integrada por diversas entidades públicas del orden nacional y local y por organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y entes académicos y universidades que han venido trabajando en el marco de la Alianza para una Política Pública de Infancia y Adolescencia que tiene por propósito la reformulación del Código del Menor con el fin de garantizar la cabal protección jurídica de los derechos de la niñez. En dicha Alianza participan la Fundación Restrepo Barco y el Convenio del Buen Trato en asocio con más de 300 organizaciones. 16

Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Comité para los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que para el caso de Colombia sugieren lo siguiente:

- La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la necesidad de mejorar y ampliar las acciones y programas de atención y reinserción social dirigidos a los niños y niñas en situación más vulnerable de la sociedad colombiana. - (…) Así mismo, insta al Estado para que sea aprobada la reforma del Código del Menor en armonía con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño." La Alta Comisionada reitera la necesidad de armonizar la normativa interna con la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en su informe de 1994. En el mismo sentido, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño se pronunció respecto al caso colombiano, así: - Sigue preocupando al Comité que la legislación del Estado Parte sobre los derechos del niño no sea todavía enteramente compatible con los principios y disposiciones de la Convención, en particular porque la revisión del Código del Menor, que comenzó en 1995, se retrasa. (Informe de 2000). - El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación existente y la armonice con todas las disposiciones de la Convención. También recomienda que el Estado Parte reactive el proceso iniciado para revisar el Código del Menor. En este proceso deben participar todos los sectores que intervienen en la promoción y la protección de los derechos del niño y la actividad debe concluir lo antes posible. (Informe de 2000). - El Comité sugiere que el Estado tome medidas para que haya una buena coordinación entre las instituciones que se ocupan de los derechos humanos y las que defienden los derechos del niño con miras a establecer un mecanismo de vigilancia de la aplicación dela Convención a nivel nacional, regional y local, que pueda evaluar la situación real de los niños y reducir la disparidad entre el derecho y su aplicación práctica.

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Por último, hay que destacar la incorporación de un capítulo al Código Penal colombiano, aprobado mediante la Ley 599 de 2000, en el que se tipifican una serie de conductas que constituyen violaciones al DIH. Esto constituye un avance de gran importancia por cuanto brinda herramientas jurídicas para garantizar el pleno respeto de las normas de Derecho Internacional Humanitario vigentes en Colombia y aplicables al conflicto armado interno, constituyéndose en una medida de trascendental relevancia en la actual coyuntura nacional.

- El Comité recomienda que el Estado Parte, a la luz de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Convención, atienda la obligación que tienen las autoridades administrativas y judiciales de: (1) observar en todas sus decisiones el interés superior del niño; (2) adoptar medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos del niño; (3) tomar medidas apropiadas, según lo permitan los recursos, para lograr que se asignen suficientes créditos presupuestarios a los servicios destinados a los niños, en particular en materia de educación y salud; y (4) prestar especial atención a la protección de los derechos de los niños pertenecientes a grupos vulnerables". (ONU 1999).

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2. PRINCIPALES INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA COMETIDAS CONTRA LA NIÑEZ. 2.1 LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. El marco legal internacional que regula el empleo, transferencia y producción de minas antipersonal tiene sus orígenes en la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, del 10 de octubre de 1980 y sus 4 Protocolos adicionales, fundamentalmente el Protocolo III17 , “relativo a las prohibiciones o restricciones al empleo de minas, armas trampa y otros artefactos” (art. 1, num. 2). A pesar de no existir (antes de la expedición de la Convención de Ottawa) reglamentación clara para el caso de los conflictos armados no internacionales, en el literal B de la Declaración Final del Consejo del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, reunido en Taormina (Sicilia) el 7 de abril de 1990, relativo a la Prohibición y Limitaciones del Empleo de Ciertas Armas en los Conflictos Armados no Internacionales, numeral 4, se estableció que, con fundamento en las normas generales relativas a la conducción de las hostilidades aplicables en caso de conflicto armado no internacional18 , “en particular las relativas a la distinción entre combatientes y personas civiles y a la inmunidad de la población civil, no deben usarse minas, trampas y otros artefactos, en el sentido del Protocolo II de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales contra la población civil en general ni contra personas civiles individuales, ni deben emplearse de manera indiscriminada”19.

Enmendado el 3 de mayo de1996 en Ginebra. El Literal A de la Declaración de Taormina establece las siguientes normas generales relativas a la conducción de las hostilidades aplicables en caso de conflicto armado no internacional: 1. Distinción entre combatientes y personas civiles. 2. Inmunidad de la población civil. 3. Prohibición de los males superfluos. 4. Prohibición de la perfidia 5. Respeto y protección del personal sanitario y del personal religioso, así como de las unidades y de los medios de transporte sanitarios. 6. Prohibición de atacar las viviendas y otras instalaciones que solo sean utilizadas para la población civil. 7. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. 8. Medidas de precaución en el ataque. 19 Publicada en la Revista Internacional de la Cruz Roja, Septiembre-Octubre 1990, No. 101. 17 18

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Como afirma la Corte Constitucional colombiana, por mucho tiempo “si bien ninguna de las normas convencionales expresamente aplicables a los conflictos internos excluye los ataques indiscriminados o la utilización de ciertas armas, la Declaración de Taormina considera que esas prohibiciones - en parte consuetudinarias, en parte convencionales - sobre utilización de armas químicas o bacteriológicas, minas trampas, balas dum dum y similares, se aplican a los conflictos armados no internacionales, no sólo porque ellas hacen parte del derecho consuetudinario de los pueblos sino, además, porque ellas son una obvia consecuencia de la norma general que prohibe lanzar ataques contra la población civil”20. La comunidad internacional ante la evidente proliferación de minas antipersonal y con el fin de poner fin a su uso, remover las minas sembradas y garantizar la destrucción de las existentes y, tomando en cuenta sus devastadores efectos sobre la vida e integridad personal, así como sus repercusiones en el crecimiento económico y el desarrollo de países durante y con posterioridad al conflicto, dió nacimiento a la Convención de Ottawa. La Convención fue aprobada mediante la Ley 554 del 14 de enero de 200021 a la que siguió tanto la ley 759 del 25 de julio de 2002, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, como la aprobación del Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal. Adicionalmente y como complemento, la Ley 599 de 2000 en el Titulo II, Capitulo Unico, art. 142 establece como delito la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, en los siguientes términos: "El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males superfluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años". Las minas antipersonal son un arma de guerra frecuentemente utilizada por las organizaciones armadas irregulares en Colombia. Lo anterior obedece a sus bajos costos y a sus resultados militares, pues no solo dificultan la avanzada de la tropa sino que constituyen una de las principales causas de bajas y lesiones a los miembros de la Fuerza Pública.

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Ver la Sentencia C-225 de 1995. Esta Ley fue declarada exequible mediante Sentencia C 991 del 2 de agosto de 2000

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Victimas de las Minas Antipersonal y de las Municiones Abandonadas por Explotar según condición de eventos 2000-2003

Fuente: Observatorio de minas antipersonal

Estudios realizados por ACIM - Asociación Colombiana de Ingenieros en Obras Civiles y Militares - y ACORE - Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares - en 127 áreas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Quindío, Boyacá, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, revelaron que la intensificación de las acciones de los grupos armados al margen de la ley en estas regiones, acentuó la presencia de eventos por Minas Antipersonal y artefactos explosivos sin detonar (UXO) en las zonas estudiadas, incrementándose las regiones afectadas entre 2001 y 2002 en mas del 50%. Los resultados de la investigación muestran que lugares de uso cotidiano como áreas cercanas a escuelas rurales, a lagos y ríos, viviendas, caminos peatonales o de herradura, bosques y zonas de topografía quebrada se ven afectados por esta problemática, siendo el sector rural el más afectado, identificando como principales consecuencias el desplazamiento, la improductividad de tierras cultivables, el desempleo, la deserción escolar y el empobrecimiento, así como la obstaculización de la infraestructura social y productiva, fundamental para el desarrollo de estas zonas. La problemática de las minas afecta y pone en continuo riesgo a los niños y niñas, máxime si se toma en cuenta que la mayoría se encuentran sembradas en trochas y caminos, así como en cercanía a viviendas22 , impidiéndoles el libre acceso a la escuela y el campo. 22

Estudios realizados por ACIM – Asociación Colombiana de Ingenieros en Obras Civiles y Militares – y ACORE – Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, en www.derechoshumanos.gov.co.

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Los accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos abandonados no detonados (UXO) se han venido incrementando de manera constante en los últimos años como consecuencia del crecimiento dramático de la utilización de estos artefactos por parte de los grupos irregulares. A febrero de 2003, se habían identificado 960 zonas afectadas en 422 municipios de 30 departamentos23. Según las estadísticas del Observatorio de Minas Antipersonal, desde 1990 a diciembre de 2003, los departamentos mas afectados han sido Antioquia, Santander Cundinamarca, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander24. Número de Victimas de las Minas Antipersonal y de las Municiones Abandonadas por Explotar 2000-2003

Fuente: Observatorio de minas antipersonal

Según las cifras que maneja el Observatorio de Minas Antipersonal, las FARC son la organización irregular a la que se atribuye la mayoría de los accidentes por minas, seguida por el ELN, con un amplio porcentaje de casos en los que el autor se desconoce. Si bien la población de niños, niñas y jóvenes no es la principal víctima de las minas antipersonal, el número de casos ha aumentado progresivamente, a lo que hay que agregar que se encuentran en constante riesgo de verse afectados. En el 2000, hubo 19 menores de 18 años afectados por minas, cifra que se duplicó en el 2001 cuando el número llegó a 46 casos. En el 2002 se presentó el mayor número de eventos de este tipo, pues 102 niños y niñas fueron víctimas de este fenómeno. En el 2003 la cifra se redujo a 47 casos25. 23

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Observatorio de Minas Antipersonal, Minas Antipersonal y Artefactos Explosivos Abandonados. Atención a las Víctimas, Colombia 2003, Pág. 5. www.derechoshumanos.gov.co/minas/ descargas/frecuenciadepartamento.pdf Fuente Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los derechos Humanos y Aplicación del derecho Internacional Humanitario. Basado en información de Gobernadores, Alcaldías, Personerías y Defensorías

Niñas y Niños Victimas de las Minas Antipersonal y de las Municiones Abandonadas Sin Explotar 2000-2003

Fuente: Observatorio de minas antipersonal

Por la acción de las minas antipersonal y las municiones abandonadas sin explotar, en el período 2000-2003, hubo 214 víctimas menores de 18 años de edad, de las cuales 40 fueron niñas y 164 niños26. Del total de niñas y niños víctimas 172 resultaron heridos y 42 murieron. Niñas y Niños Heridos y Muertos por la Acción de las Minas Antipersonal y de las Municiones Abandonadas sin Explotar 2000-2003

Fuente: Observatorio de minas antipersonal

Los efectos de las minas antipersonal en los niños y niñas van desde la muerte hasta las lesiones de por vida, perdida de miembros y órganos, esquirlas en el cuerpo y disminución o pérdida de su capacidad productiva. A lo anterior, por regla general, hay que sumar las penosas y severas consecuencias psicológicas. 26

No se conoce el género de las otras 10 víctimas.

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Por las características propias de la contextura y tamaño de un niño, las consecuencias que la explosión de una mina tiene para su cuerpo pueden ser, por lo general, mas graves que para el cuerpo de un adulto. Para los niños, cuando sobreviven, los problemas médicos relacionados a la amputación son frecuentemente severos, dado que el miembro de un menor en crecimiento, crece mas rápido que el tejido que lo rodea y requiere repetidas amputaciones, a lo que hay que agregar que, cuando crecen, los niños necesitan nuevas prótesis regularmente. Adicionalmente, los largos tratamientos médicos y la asistencia psicológica que las heridas de minas requieren, los hace extremadamente costosos para las familias, las víctimas y la sociedad en general27. Los efectos de las minas en los niños y niñas no se presentan exclusivamente cuando son víctimas de las mismas. Las familias en las que ha ocurrido un accidente por minas sufren con intensidad las consecuencias de las heridas causadas, la pérdida de la posibilidad de trabajar afecta el cuidado y la protección que se debe proporcionar a los niños28. El Gobierno ha adoptado importantes iniciativas para la prevención de los accidentes de minas y la concientización acerca del problema, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma y ratificación de la Convención de Ottawa. No obstante lo anterior su uso desmedido y creciente por parte de los grupos armados ilegales pone en constante riesgo a la población civil y hace de esta problemática un tema imprescindible dentro de la política de protección de derechos humanos y en las estrategias de prevención del Estado. Hasta septiembre de 2002, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "La Niñez Colombiana en Cifras", Colombia era el único país americano donde se continuaban sembrando minas antipersonal. El recrudecimiento del conflicto y la falta de compromiso de los grupos armados ilegales, hacen pensar que su uso no disminuirá y que se continuará haciendo de los niños y niñas, las víctimas de un arma que no mide a la hora de atacar y que no concede la posibilidad de defenderse. Colombia tiene como reto el desminado total del país y el cese del empleo, producción, utilización y almacenamiento de estos artefactos por parte de los grupos al margen de la ley, así como la rehabilitación emocional y sicológica de los niños, niñas, jóvenes y adultos afectados. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Impacto de los Conflictos Armados en los Niños, agosto de 1996, en www.un.org. Pág. 27. 28 Ibid. Pág. 28.

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Es esencial " (…) la atención a las víctimas de las minas y demás artefactos, según estándares de integridad y excelencia. Estas víctimas deben contar con los beneficios ya otorgados por la ley y además contar con una atención que considere no solo la integridad física, sino el impacto emocional sufrido, mientras tanto también es oportuno el manejo y la extensión de ciertos beneficios a las familias de las personas directamente afectadas y a las comunidades de donde éstas provienen"29. Las minas antipersonal a diferencia de otras armas poseen efecto retardado, esto es, existen minas sembradas en diferentes países del mundo que después del conflicto siguen acabando con la vida de muchas personas. Por su fácil fabricación, instalación y como consecuencia de su desplazamiento resultado de inundaciones, lluvias, movimientos telúricos y huracanes, estos asesinos silenciosos pueden encontrarse en perímetros muy amplios lo que dificulta su localización. Las vulneraciones a la Convención sobre los Derechos del Niño producidas por el uso y siembra de minas antipersonal son evidentes, entre éstas cabe destacar: la violación del derecho a la vida de los niños y niñas (Art.6); el derecho del niño o niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes (Art.31); así como el derecho a que ningún niño sea sometido a torturas o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art.37). Sin embargo, el daño ocasionado por las minas antipersonal va más allá de la simple infracción a las normas en un claro incumplimiento del ordenamiento nacional e internacional. Los daños son tangibles en el cuerpo de miles de niños, en su mente y espíritu. Los niños víctimas de accidentes por minas antipersonal se enfrentan a consecuencias psicológicas como la negación a renunciar a partes de su cuerpo, la sensación de inutilidad y limitación en las actividades, la incapacidad, la imposibilidad en muchas ocasiones de valerse por si mismos, el replanteamiento de sus sueños y proyectos y el rechazo a la lastima de terceros. "Los dolores físicos que acompañan a los niños y niñas víctimas de las minas son tan intensos y profundos como las heridas psicológicas y emocionales que los acompañarán por siempre (…) las secuelas para quienes han sido víctimas de una mina antipersonal son tan intensas que la mayoría de ellos piensan en el suicidio como la única opción para aliviar los dolores físicos y psicológicos"30. 29

UNICEF, La Niñez Colombiana en Cifras, noviembre de 2002, Pág. 59.

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Ministerio de Comunicaciones de Colombia, Embajada de Canadá y UNICEF. Sembrando minas, cosechando muerte. septiembre de 2000, Pág. 20.

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De modo que, a pesar de las medidas del Estado colombiano y de la labor de las instituciones comprometidas con el respeto a los derechos humanos y de las mismas comunidades, las minas siguen esperando cumplir con el único objetivo para el que fueron creadas: matar indiscriminadamente. Como lo menciona el texto "Sembrando minas, cosechando muerte", las víctimas de las minas antipersonal aun no comprenden en que momento perdieron una de sus piernas, brazos, manos o pies -sin mencionar muchas otras consecuencias - y lo que es peor, en que momento se les atacó y ellos no tuvieron el chance o la posibilidad de defenderse. "¿Cómo denominar "defensiva" un arma que no anuncia su ataque, que se camufla en los caminos y campos de juego, que nunca falla?"31. Los daños psicológicos también pueden verse reflejados en la comunidad de la cual hace parte la víctima. Los demás niños, ancianos y adultos al observar casos de menores de edad afectados por una mina en su comunidad, se llenan de miedo y temor al realizar sus actividades diarias. Cualquier trabajo, labor o actividad de entretenimiento amenaza la estabilidad e integridad física de los habitantes, generando un caos y terror generalizado entre la población. Por otro lado, investigaciones han llegado a una conclusión: en las zonas donde se han reportado casos de minas antipersonal, el índice de deserción escolar ha aumentado por el temor a que camino a la escuela los niños sean víctimas de este atroz delito. Igualmente, se ha establecido que la productividad económica de la zona desciende no solo por el impacto en las tierras que muchas veces quedan prácticamente infértiles, sino también porque los afectados constituyen un grupo importante de campesinos que trabajan la tierra y que, al verse limitados, evidentemente renuncian a sus trabajos. Por otro lado, las minas causan desplazamiento forzado debido a que es imposible para los habitantes conocer la ubicación exacta de cada uno de estos elementos explosivos, razón por la cual optan por desplazarse y ubicarse en otros lugares donde se sienten a salvo de estos "asesinos silenciosos". En este orden de ideas, resulta evidente que las minas antipersonal no solo afectan física y psicológicamente a sus víctimas sino que además interfieren con todas las actividades normales de una comunidad determinada. En muchos sentidos, el conocimiento de la existencia de minas antipersonal redistribuye espacios y relaciones entre los habitantes, afecta los lugares de encuentro, los juegos, las celebraciones, los sitios de interacción con la naturaleza y aquellos que emergen como referentes culturales y ancestrales de la comunidad. En pocas palabras afecta la libertad de desplazamiento y la libertad de relacionarse con el exterior. Estos efectos sociales y en el alma colectiva de la comunidad generan tensiones, dan lugar a rupturas y acrecientan el sentimiento de desconfianza. 31

Ibid., Pág. 17

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Después de haber revisado los efectos psicológicos, físicos y sociales de las minas antipersonal es menester revisar las alternativas propuestas para atacar esta problemática que día a día cobra más vidas y mutila a más colombianos. La UNICEF, ha hablado de la necesidad del desminado total del país así como de la atención inmediata e integral de las víctimas, asegurando su rehabilitación tanto emocional, sicológica y productiva. De igual forma, propone programas de prevención y de educación teniendo en cuenta las necesidades y características de cada comunidad. En ese sentido, la Fundación Restrepo Barco considera como indispensable la formación de líderes comunitarios que se apropien de la labor de concientización y formación en el tema y la creación de redes de apoyo y prevención que involucren a las diferentes instituciones públicas y privadas. Por su parte, el estudio realizado entre el Ministerio de Comunicaciones, la Embajada de Canadá y la UNICEF presenta ciertos lineamientos para la implementación de la Convención de Ottawa dentro de los cuales se destacan: - La coordinación de respuestas de los diferentes sectores sociales, como los concernientes a la salud, la educación, la defensa y seguridad, la producción. Igualmente, es importante la cohesión y articulación con las entidades encargadas de llevar a cabo las políticas públicas e iniciativas de desarrollo local. - La atención especializada de la comunidad desarrollando programas de apoyo, asistencia y prevención. De igual forma, es necesario que la comunidad participe hasta donde sea posible en las labores de desminado y limpieza de minas antipersonal. - La creación de un sistema centralizado y único de información. Hasta el momento no se tiene la cifra exacta de personas que han sido víctimas de las minas antipersonal y de los departamentos y municipios mas afectados. Así mismo, los hospitales y centros de atención no tienen registro de las personas (adultos y niños) que ingresan a raíz de estos "accidentes" lo que imposibilita labores de ubicación, localización y prevención. - El tema de las minas antipersonal es un punto clave en la agenda de negociación del gobierno y los grupos al margen de la ley. Debe existir un compromiso en el marco del Derecho Internacional Humanitario para realizar el desminado y entregar información acerca de la ubicación exacta de las minas. 27

- El desminado no es solo tarea de las Fuerzas Militares, lo es de todos. La labor de desminado debe cumplir con los principios de neutralidad, imparcialidad y humanitarismo; debe detectar necesidades y lograr acuerdos de voluntades con las comunidades y brindar atención y asistencia a las víctimas en materia de educación, empleo, recreación y salud, entre otras tareas. Es fundamental entonces el compromiso en la asistencia a las víctimas y en las labores de prevención que se deben llevar a cabo con el resto de la comunidad. Todo esto con el simple propósito de asegurarles a los niños, y a los colombianos en general, un futuro libre del temor a desplazarse por los campos y montañas de la geografía nacional. "Los niños si pueden jugar pero en la canchita; por esos potreros ya no se puede porque están todos llenos de minas. Antes llevaba a los niños por allá a jugar y a hacer clase, pero ahora toca decirles que no se vayan a meter por esos lados (…); los niños se han vuelto muy cansones. Yo les tengo que advertir y se que es muy difícil ser niño y que a uno le digan 'no puede ir por allá, no se vaya a meter por ahí que lo coge una mina'. Ellos tienen que desahogarse aquí, o sino en donde (…). Ya las minas han espantado a muchos niños y si encima uno los espanta también, entonces cómo se educan"32. 2.2 SECUESTRO En Colombia la legislación penal tipifica dos tipos principales de secuestro: el secuestro simple33 y el secuestro extorsivo34 , categorías o tipos que se diferencian fundamentalmente por los fines perseguidos con la privación de la libertad de la persona o, en otras palabras, por la intención del autor. Ambos casos establecen como circunstancia de agravación punitiva su comisión en persona menor de 18 años. La libertad, que es el bien jurídicamente protegido por este tipo penal, constituye un derecho fundamental protegido tanto por las normas del DIDH35 como por el DIH. En el marco de la política de lucha contra el secuestro, mediante la Ley 733 de 2002, «por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones», se aumentó la pena mínima tanto para el secuestro extorsivo como para el secuestro simple36 y, en el mismo sentido, se aumentó la pena en caso de incurrir en alguna de las circunstancias de agravación punitiva37 . 32

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Testimonio de una maestra de la escuela rural Mixta de la Vereda Mesitas, municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar. Sembrando minas, cosechando muerte. Embajada de Canadá, Ministerio de Comunicaciones de Colombia y UNICEF. Art. 168 de la Ley 599 de 2000. Art. 160 de la Ley 599 de 2000. Sobre el particular cabe resaltar que tanto el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho a la libertad como a la seguridad personal. En el caso del secuestro simple la Ley 599 establecía una pena de prisión de 10 a 20 años y para el secuestro extorsivo de 18 a 28 años. La ley 733 aumentó los mínimos para ambos casos en 2 años. La Ley 599 de 200 establecía un aumento en la pena de una tercera parte a la mitad, mientras la ley 733 de 2002 establece que la pena será entre 28 y 40 años de prisión y multa de 5000 a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la legislación internacional además de la consagración del derecho a la libertad como un derecho fundamental en todos los instrumentos de protección de los derechos humanos, el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, en el artículo 4, numeral 2 c) prohibe la toma de rehenes. Esta disposición fue incorporada al Código Penal colombiano en el 2000 en el Libro Segundo, Titulo II, Capitulo Único, denominado «Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario». En el artículo 148, se establece la figura delictiva en los siguientes términos: “Toma de rehenes. El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa, incurrirá en prisión de incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de dos mil (2000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años”. Por otra parte Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo 8, Crímenes de Guerra, literal c) iii, establece la toma de rehenes como parte de los delitos objeto de su competencia, de la siguiente forma: “Art. 8. Crímenes de Guerra (...) c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa: iii) Toma de rehenes". Las características del conflicto armado en Colombia permiten inferir que algunos de los casos que en principio y estadísticamente son tratados como secuestro extorsivo son en realidad un típico caso de toma de rehenes. La toma de rehenes a diferencia del secuestro extorsivo exige que el mismo se de con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y que las exigencias se hagan a la contraparte o lo utilice como defensa. Lo que es claro es que tanto el uno como el otro son prácticas no tolerables si quiera en tiempos de guerra pues no existen beneficios económicos o políticos que justifiquen la privación injusta de la libertad. 29

En el conflicto interno "el secuestro, junto con el narcotráfico, constituyen (...) la más importante fuente de financiación de las organizaciones armadas al margen de la ley. En Colombia, a diferencia de otros países, el secuestro extorsivo y la extorsión no son sólo problemas delincuenciales o de policía"38. Esta relación que existe entre el secuestro y las organizaciones armadas al margen de la ley, que se valen de éste como mecanismo de financiación, son muestra evidente de la relación existente entre el secuestro y el conflicto armado colombiano, así como de la degradación a la que se ha llegado en relación con el respeto a los derechos fundamentales. El secuestro es entonces utilizado como recurso financiero y, adicionalmente, como recurso político o militar. Esta mezcla de objetivos económicos y políticos dificulta, como se mencionó anteriormente, la clasificación de los casos de secuestro39. El fenómeno del secuestro en Colombia alcanzó en los años noventa y en los primeros de la década actual niveles alarmantes. El país ha llegado a constituirse en el lugar en donde se comete el más amplio número de secuestros en el mundo. En este contexto, el análisis del caso especifico del secuestro de niñas y niños asume una relevancia especial, máxime si se toma en cuenta que entre el 2000 y el 2003 aproximadamente el 9% del total de secuestros tuvieron como víctima a una niña o a un niño. Para el análisis de las cifras de secuestros de niñas y niños en Colombia se tomó como base el registro de las cifras oficiales registradas por el Ministerio de Defensa y Fondelibertad. Según esta entidad, entre el 2000 y 2002 han sido secuestrados 1.048 niños y niñas40 en el país, siendo el año 2002 el que registra un mayor numero de casos reportados: 400 menores de edad plagiados. Con base en estos datos estaríamos hablando de aproximadamente un niño plagiado cada día.

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Presidencia de la República- Ministerio de Defensa, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá 2003. Enhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/02_Informes/02_02_Ultimo-Informe/02_02_Ultimo_09_02 Presentacion_02_secuestro.htm, Indicadores sobre la Situación de Derechos Humanos y DIH en Colombia, septiembre de 2002. Según las cifras que manejan el Ministerio de Defensa y Fondelibertad, de los 1061 menores de edad secuestrados entre el 2001 y el 2003, aproximadamente el 50% fueron niños y el otro 50% fueron niñas. Acerca del género de los niños secuestrados en el 2000 no se tiene información.

Tipo de Secuestros . Niñas y Niños 2000-2003

Fuente: Fondelibertad

A pesar de que las cifras de secuestro en general se han venido reduciendo, pues se pasó de 3706 casos en el 2000, a 3041 en el 2001, a 2986 en el 2002 y a 2200 en el 2003, lo cierto es que en relación con los casos de niños y niñas la situación es distinta. En efecto, el análisis de las cifras, desde 1996, muestra un asenso dramático en el número de plagios de niñas y niños. Así, mientras en 1996 se reportaron 133 plagios, la cifra de 400 en el 2002 resulta alarmante. Del total de niños y niñas secuestrados entre el 2000 y el 2002 (1048 casos), 494 han sido rescatados, 195 liberados, 54 liberados bajo presión, 13 se fugaron, 13 murieron en cautiverio y 279 permanecieron cautivos41. Situación Niñas y Niños Secuestrados 2000-2003

Fuente: Fondelibertad

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Ministerio de Defensa y Fondelibertad, Boletín Informativo del Secuestro en Colombia, enero 2004.

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Durante el 2003, se registraron 348 secuestros de niñas y niños, de los cuales 152 fueron rescatados, 76 liberados, 18 liberados bajo presión, 3 murieron en cautiverio, 2 se fugaron y 97 aun permanecen cautivos. Es importante anotar que las estadísticas muestran que el secuestro simple representa un porcentaje importante del número total de casos de niñas y niños objeto de este delito. De hecho, entre el 2000 y el 2003, el secuestro simple de niñas y niños, que es un fenómeno que no está ligado al conflicto armado, representó aproximadamente un 45,20% de los casos, mientras que el secuestro extorsivo, que por regla general vincula a grupos armados irregulares en asocio con grupos de delincuencia común, equivalió a un 33,58%. En el 21,22% restante de casos no se definió con certeza en el registro estadístico de que tipo de secuestro se trata42. Según el informe "Cicatrices del Secuestro", el rango de edad de niños y niñas mas afectados esta entre los 13 y los 17 años43. Acerca de los autores del delito, de conformidad con las estadísticas del Ministerio de Defensa y Fondelibertad, entre el 2000 y el 2003, mientras 924 casos se atribuyeron a la delincuencia común, a las FARC se endilgaron 177, 105 al ELN y 74 a las autodefensas. El análisis de las cifras en el período 2000-2003, evidencia que la mayoría de los secuestros de niños y niñas se presentaron en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Santander, Bogotá D.C., Meta, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca y Huila. Presuntos Autores del Secuestro de Niños y Niñas 2000-2003

Fuente: Fondelibertad 42

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Ministerio de Defensa Nacional-Fondelibertad, Boletín Informativo del Secuestro en Colombia, enero 2003.

Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República, Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable, Bogota 2003, Pág. 21

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El Estado colombiano ha priorizado la lucha contra el flagelo del secuestro en la política de seguridad. El actual gobierno ha dado especial importancia a este tema haciendo énfasis en el incremento de rescates, la desarticulación de las organizaciones de secuestro y el fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado entre otras medidas. Además de las causas, resulta difícil afrontar las consecuencias de este delito. Por sus características, tiempo de duración y derechos violados, el secuestro deja secuelas irreparables en las personas (adultos y niños) que lo han padecido. El caso de las niñas, niños y jóvenes es especialmente grave, pues por su edad cuentan, aún menos, con una estructura mental que les permita enfrentar una vivencia como ésta. De otro lado, no se trata solamente de las consecuencias nefastas en la persona víctima del flagelo sino de las repercusiones que el hecho trae al interior de sus familias, de los demás niños y de la comunidad en general. La Fundación País Libre llevó a cabo una investigación en el 2001 en la que evidencia el temor con el que viven los niños y niñas cuando sufren algún atentado contra su vida, libertad o integridad. Esta investigación se realizó en Bogotá con la participación de 4000 jóvenes de todos los estratos, de los cuales el 67% expresó temor a ser objeto de cualquier situación violenta, entre ellas el secuestro. El aumento que registró el secuestro simple tiene relación directa con el también desmedido incremento del número de organizaciones criminales de diferente tipo dedicadas a la trata de blancas y a la prostitución, así como al reclutamiento y a la existencia de las sectas satánicas. Las niñas y niños perciben que son blanco de estas organizaciones y que cualquiera de ellos puede sufrir la pesadilla del secuestro. Esta constante sensación de vivir en un ambiente hostil y amenazante repercute en su manera de relacionarse con el exterior, con las demás personas y en su forma de comportarse (la mayoría de niños generan comportamientos agresivos frente a situaciones que consideran peligrosas o actitudes de aislamiento con el fin de prevenirlas). Por lo tanto, no se trata sólo de las repercusiones que el secuestro tiene en sus víctimas sino también del miedo y zozobra que genera en los demás miembros de la sociedad, que temen ser los próximos en padecerlo. De esta forma, el secuestro se convierte en un generador de desconfianza para la comunidad, aislando las familias, espacios y contextos, conllevando todo esto a rupturas en el tejido social y a la fragmentación de los vínculos. La presencia del secuestro se suma a todas aquellas otras manifestaciones de violencia que limitan y obstaculizan la construcción de sociedad, de nación y de lo público. 33

El secuestro afecta en primer lugar al niño objeto del delito (para quien no existe explicación), simultáneamente a sus padres y familiares (quienes sienten haber fallado en su labor de protectores) y a la comunidad en general (que a pesar de continuar con su vida diaria "normalmente" temen que se repita la historia al interior de cada una de sus familias). Las autoridades también se ven afectadas, pues sienten que han fallado en su objetivo-deber de brindar seguridad a los habitantes. "Las múltiples circunstancias en las que puede ocurrir el secuestro de un menor de edad llenan de terror e impotencia a la familia, al círculo de allegados, al colegio y a la sociedad en general; cuando un niño es secuestrado, la indignidad, la rabia y la incertidumbre se acrecientan a niveles inimaginables debido a que se vulneran los vínculos mas frágiles y más sensibles de la sociedad. Es difícil guardar la cordura en estas angustiosas circunstancias"44. Como lo menciona la investigación "Cicatrices del Secuestro", la manera como los niños y niñas secuestradas enfrentan el cautiverio depende de los recursos psicológicos que manejen, de su edad, de la educación recibida y del clima familiar previos a la ocurrencia de este ilícito. Estas cuatro condiciones se convierten en herramientas físicas, mentales y emocionales fundamentales para que los niños vivan de forma más o menos traumática el secuestro. Igualmente, incide de manera decisiva en su comportamiento durante el cautiverio, la forma como hayan sido secuestrados, si fue con mentiras - diciéndoles que sus padres los habían abandonado o que se los habían regalado -, si fue de forma violenta etc., así como la edad del niño, pues dependiendo de este factor se podrá asimilar el cautiverio con sentimientos de esperanza o, por el contrario, se optará por refugiarse en sensaciones de abandono y olvido provocando mayores traumas tanto mentales como emocionales. Relatos de algunos niños secuestrados han demostrado que durante el cautiverio éstos aprenden nuevos y equívocos referentes de autoridad, en la manera de cumplir órdenes, obedecerlas y respetarlas. Este cambio en sus referentes es brusco teniendo en cuenta la rapidez con la que suceden los hechos, lo cual genera en niñas y niños confusión y sufrimiento. En cuanto a la familia, el secuestro genera sentimientos de incertidumbre y principalmente de culpa por no haber asegurado el bienestar y la integridad del niño. De igual forma, ocurre, de un lado, un aislamiento del exterior inmediato al no hallar muchas veces comprensión y apoyo, y, por el otro, aislamiento al interior de las mismas, debido a que cada miembro tiene su forma de exteriorizar sus sentimientos y temores, generándose choques y actitudes intolerantes en el 44

Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República, Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable, Bogotá 2003, Pág. 26.

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grupo familiar. Por lo tanto, para vencer estos sentimientos de impotencia e incertidumbre se recomienda a las familias crear espacios para el manejo de dichas situaciones. Muchas familias se privan de buscar espacios de distensión pues creen que al comportarse de esta manera abandonan al niño, lo olvidan o simplemente no se solidarizan con su dolor y sufrimiento. No obstante, sin éste tipo de "medidas" es casi imposible alimentar su propia salud física y mental y recuperar fuerzas en la espera. En el caso que un familiar sea secuestrado (padre, madre, hermanos, amigos, etc.) las niñas o niños pueden reaccionar de diferentes maneras. Cuando un ser querido es secuestrado, en primer lugar, se les dificulta entender la figura del secuestro, las razones y las causas del delito cometido contra su familia. Desde luego, el niño demostrará rechazo, mayor refugio en sus mayores. Claro está que ninguna actitud o reacción es excluyente de la otra. Además de todo el cúmulo de sensaciones, sentimientos, temores y percepciones, los niños y niñas presentan Síndrome de Estrés Postraumático Moderado y, en menor medida, Síndrome de Estrés Postraumático Severo. Estos síndromes se caracterizan por actitudes equitativas, de rechazo y reactividad física y emocional ante estímulos, recuerdos y situaciones que le evoquen lo sucedido45. La superación del secuestro no es cuestión sencilla y, por el contrario, exige mucho sacrificio y tiempo. En ocasiones se presentan incluso trastornos físicos y mentales en las niñas y niños, como insomnio, falta de apetito, ansiedad, rechazo, aislamiento, así como alteraciones en el comportamiento. Existen implicaciones psicosociales del secuestro que son reconocidas por la Fundación País Libre, el Convenio del Buen Trato y el Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario como la victimización secundaria, la cual es definida como "el daño que se presenta a partir de las respuestas formales e informales que reciben las victimas de un delito, por parte de las instituciones encargadas de hacer justicia: jueces, policías, criminólogos y funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros. Esto quiere decir que durante el cautiverio muchas familias no reciben, por parte del Estado colombiano y sus autoridades competentes, la atención necesaria, generándose, de esta forma, sentimientos de desconfianza y rabia contra el sistema y sus instituciones debido a su ineficacia e incapacidad. Las víctimas y la sociedad en general esperan ser informadas, orientadas y asistidas recibiendo la ayuda adecuada, la protección y guía necesarias.

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Ibid., Pág. 31.

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De manera que lo importante es volver a generar la confianza perdida, los valores amenazados y buscar alternativas de normalización de las actividades, sentimientos y emociones. " (…) Superar un secuestro es un proceso en el que hay que hacer frente a diversas emociones, a los cambios que ocurrieron durante el tiempo del cautiverio y a las consecuencias (materiales o inmateriales) que trajo esta situación para la familia. Se requiere entonces de una readaptación y de una asimilación de lo ocurrido. Hay quienes quisieran simplemente olvidar y en ocasiones intentan por todos los medios evitar pensar, recordar o sentir algo en relación a lo que vivieron. Esto, sin embargo, es una forma de postergar el proceso necesario para superar lo ocurrido y constituye un factor de riesgo para que se instalen dificultades de largo plazo"46. Por otro lado, debido a los sentimientos de culpa, impotencia, temor, miedo, angustia y desesperanza, y teniendo en cuenta las diferentes etapas que vive la familia durante el cautiverio (caos, hermetismo, dureza, pacto y desenlace)47, es necesario aceptar la experiencia del secuestro, expresar los sentimientos vividos durante el cautiverio y en la finalización del mismo, así como las expectativas y aspectos que se esperan mejorar para el futuro. En este momento la comunicación se hace determinante para la readaptación de la familia. De igual forma, es necesario dar la importancia que se merecen las fantasías construidas por lo niños durante y después del cautiverio, cuando tratan de recrear la situación vivida o cuando intentan revertir la situación o cambiar ciertos hechos que hubieran preferido no vivir. Por lo tanto, es importante analizar esas fantasías y dejar que tengan lugar, pues es una forma de exteriorizar sentimientos y frustraciones.

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Ibid., Pág. 36. El texto Cicatrices del Secuestro explica cada etapa en su orden: la etapa inicial es la del caos, en la que la familia con la noticia del secuestro se halla envuelta en inquietudes y confusión ante el hecho. La mayoría de las familias recurren a la negación ante la dificultad de asimilar la noticia. En esta etapa las relaciones entre los miembros se ven afectadas así como la comunicación entre ellos por no encontrar soluciones inmediatas a la situación. En segundo lugar encontramos el hermetismo como lo llama el texto. En esta fase la familia cierra sus espacios y conexiones con el exterior movidos por la necesidad de aislamiento surgida de la falta de comprensión y apoyo y también por el cuidado con el que se debe administrar la información de la familia, mientras se reportan los secuestradores y se dan a conocer sus exigencias. El tercer momento es la dureza. En este lapso la familia vive tal vez un periodo de mayor incertidumbre y zozobra, pues no están seguros de que cualquier medida que tomen o esfuerzo que hagan sea suficiente para devolver su ser querido a casa. En esta etapa se adelantan las labores de tipo económico para entregar el monto exigido a los secuestradores y se escoge al familiar que representará a la familia en las negociaciones. Un cuarto periodo es el pacto, durante el cual la familia afectada cree haber logrado acuerdos con los secuestradores y esto significa una luz esperanzadora para ellos. Sin embargo, existe la zozobra por la salud del secuestrado y la posible acción de las autoridades. Por ultimo, encontramos el momento de la etapa del desenlace, donde tiene lugar el final del secuestro. Este momento representa la conclusión de etapas interminables de incertidumbre y dolor y, además de todo, del comienzo de una nueva etapa en toda la familia, llena de esperanza y expectativas.

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2.3. RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS Existe un importante marco normativo a nivel internacional que prohíbe la vinculación de niñas y niños en grupos armados, como se señaló en la primera parte de este documento. El Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en su articulo 4, relativo a las “Garantías Fundamentales”, numeral 3 (c), establece la prohibición de reclutar menores de 15 años en las fuerzas o grupos armados que son parte en un conflicto que no tiene carácter internacional, así como su participación en las hostilidades. En similar sentido se encuentra establecida la prohibición contenida en el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, a diferencia del Protocolo II, habla de la participación directa en las hostilidades. Sobre los numerales 2 y 348 de este artículo, el Estado colombiano presentó reserva, aumentando la edad mínima de vinculación a las Fuerzas Armadas a los 18 años y reiterando su compromiso de velar porque niños o niñas no participen directamente en las hostilidades. Ante las críticas al artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño, que para muchos presenta una anomalía al establecer en 15 años la edad mínima para el reclutamiento, lo que estaría “aceptando” para algunos que niños o niñas entre 15 y 18 años de edad estén enlistados, el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, (Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados), prohíbe a los Estados Parte el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años, establece que se debe aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario y, en el artículo 4, estipula que los grupos armados distintos a las Fuerzas Armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar a menores de 18 años en las hostilidades. Como se mencionó al comienzo de este documento, este instrumento fue suscrito por el Gobierno y recientemente aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 833 del 14 de julio de 2003. Por otra parte, el Convenio 182 de 1999, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”49 . Convención sobre los Derechos del Niño. art. 38.: “2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.” 49 Aprobada por el Congreso de la República mediante Ley 704 de 2001, declarada exequible por la Corte Constitucional con Sentencia C-535 de 2002. 48

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Como complemento de las normas anteriores, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el artículo 8, (2) (e) (vii), incluye como crimen de guerra, tanto para los casos de conflicto armado internacional como no internacional, el reclutamiento o el alistamiento y la utilización de menores de 15 años de edad para participar activamente en las hostilidades50. En la legislación interna, mediante lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 548 del 23 de diciembre de 1999, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones", se modificó el articulo 13 de la Ley 418, estableciéndose que los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar, eliminando la alternativa que contenía la anterior ley en el sentido de autorizar a los estudiantes de undécimo grado que resultaran elegidos para la prestación del servicio, si voluntariamente y con la autorización expresa y escrita de sus padres, optaban por el cumplimiento inmediato de su deber constitucional. Esta norma exigía que los menores reclutados no fueran destinados a zonas donde se desarrollaran operaciones de guerra ni empleados en confrontaciones armadas. Es positivo y loable que no existan casos en la actualidad de niños o niñas que pertenezcan a las Fuerzas Militares o de Policía. No obstante, diversas organizaciones han interpretado que las normas internacionales que rigen en el tema permiten inferir que no es posible reclutar niños o niñas como miembros de redes de soporte o inteligencia51. En cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos y con el fin de adecuar la legislación interna a las normas internacionales, en el artículo 162 del Código Penal, Ley 599 de 200052, se incorporó el reclutamiento ilícito como delito en el Capitulo Único del Titulo II, "Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario". Allí se establece una pena de prisión de entre 6 y 10 años para el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. El reclutamiento de niños es una práctica ampliamente utilizada por los grupos armados al margen de la ley en el país desde la década de los 90. La dinámica del conflicto colombiano, permite pensar que el reclutamiento de niñas y niños se está llevando a cabo con intensidad considerable no sólo en el campo sino en zonas urbanas. El significativo crecimiento de las milicias urbanas y las condiciones sociales en las ciudades pronostican un aumento en su 50

Es de anotar que, al momento de la ratificación, Colombia introdujo una declaración en virtud del artículo 124 del Estatuto, lo cual aplazó la jurisdicción de la Corte durante un período de 7 años en relación con los crímenes contemplados en el art. 8.

51

Human Rigths Watch, Aprenderás a no llorar, 2003, Pág. 116 en www.hrw.org Este artículo transcribe lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 418 de 1997.

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incorporación. En el mismo sentido, según los datos que arrojan las recientes desmovilizaciones, puede señalarse que ha habido un aumento en el reclutamiento de mujeres y niñas en las organizaciones armadas irregulares, pues en el año 2000, según lo estableció el Ministerio de Defensa, éstas representaban el 8% del total de personas vinculadas o reclutadas y en el año 2003 dicha proporción ascendió al 18%. No es posible conocer con exactitud el número de niñas y niños que hacen parte de los grupos armados irregulares. Por ello, las cifras que se manejan sobre el tema obedecen a estimativos. Recientemente, Human Rights Watch, con fundamento en investigaciones gubernamentales y otros reportes y teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a 112 niños ex combatientes, estimó en más de 11.000 el número de niñas o niños que integran los grupos al margen de la ley53. Según la ONG en mención, existen más de 4.100 niñas y niños en las filas de las FARCEP y alrededor de 3.300 en las milicias urbanas de dicha organización para un total de 7.400. Eso significa que un poco más de un cuarto del total de integrantes estimados de ese grupo armado son niños o niñas. Para el caso del ELN la cifra es de aproximadamente 1.480 niños y niñas, mientras que para las AUC se estima que la organización cuenta con alrededor de 2.200 menores de 18 años de edad en sus filas. En ese sentido se afirma que, al menos uno de cada cuatro combatientes en los grupos armados irregulares, es menor de 18 años54. Número Estimado de Niñas y Niños Vinculados a Grupos Armados Ilegales 2000-2003

Fuente: Human Rights Watch

53 54

Human Rigths Watch, Op. Cit. Pág. 16 Human Right Watch, Op.cit. Pág. 16

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Según las estadísticas que maneja el Sistema de información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización Internacional para las Migraciones, del total de 1.426 jóvenes atendidos desde 1999, 883 pertenecían a las FARC, 275 a las AUC, 198 al ELN, 25 a otros grupos (ERG, EPL, ERP, Milicias Populares). Desvinculación Niñas y Niños de los Grupos Armados Ilegales 2000-2003

Fuente: Defensoría del Pueblo

Son diversas las causas que inciden en la vinculación voluntaria o forzosa de los menores de edad en los grupos armados al margen de la ley. Según la "Investigación sobre la caracterización psico-social de los niños desvinculados del conflicto armado", realizada por la Defensoría del Pueblo en el primer semestre de 2001, el 83% de 86 niñas y niños entrevistados, afirmó haber ingresado de manera "voluntaria" a los grupos armados, un 14% lo hizo forzosamente, un 2% bajo engaño y un 1% no respondió. Vinculaciónde Niños y Niñas en los Grupos Armados Ilegales 2002-2003

Fuente: Defensoría del Pueblo2000

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Resulta interesante el análisis que sobre esa decisión presuntamente voluntaria hace esta misma entidad que sostiene que “es necesario analizar a la luz del concepto de voluntariedad, la relatividad del mismo. Las niñas y niños, que habitan en zonas rurales del país, escasamente cuentan con mínimas condiciones de vida, razón por la cual no pueden realizar sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a la integridad personal, al cuidado y a la educación. Por ello, la libertad que expresan como justificación de su vinculación a los grupos armados al margen de la ley, es en realidad forzada, ya que las circunstancias que rodean su derecho a vivir, los hace carecer de mas opciones”55. De ese 83% que ingresa “voluntariamente” a las organizaciones irregulares, un 52% manifestó sentirse atraído por las armas y el uniforme56 . Jorge, un niño entrevistado por Human Rights Watch afirmó: “Ellos van por allá, por acá, por el campo. Uno ve con ánimo a esa gente, pues, con sus fusiles, sus uniformes, entonces a uno le dan ese ánimo y eso me pasó a mí. Yo tenía amigos en la guerrilla que lo convidaban a uno. El contacto era poquito pero me decían que la vida era buena, y todo, no le faltaba a uno la comida, la ropa, que nada faltaba, entonces a uno le daba ánimo y se iba. La decisión fue mía”57 . En el mismo sentido el resultado de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch evidencia que la mayoría de los niños y niñas ingresan a los grupos armados “por su propia voluntad”. De hecho, de los 112 niños entrevistados solo 13 excombatientes, sea de las FARC-EP o del ELN, manifestaron haber sido físicamente forzados a ingresar al grupo. No obstante lo anterior, en el mismo documento se expresa que es difícil afirmar con seguridad, que los otros niños y niñas realizaron una decisión libre, pues parecería mas bien tratarse de una decisión determinada por la falta de otras oportunidades58 . De las investigaciones realizadas se puede inferir que “la mayoría de los niños proceden de entornos terriblemente pobres, donde carecen de cualquier oportunidad de educación, progreso personal o estatus social. La mayoría dejaron de ir a la escuela bastante antes de completar la educación primaria. Muchos fueron abandonados por sus padres o dejados al cuidado de familiares con mayores posibilidades de mantenerlos, muchos provienen de relaciones inestables o Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos de la Niñez en Colombia, Bogotá 2001, Pág. 31. Defensoría del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano, Bogotá 200, Pág. 7. 57 Human Rights Watch, Op. Cit. Pág. 31. 58 Human Rights Watch, Op. Cit. Pág. 4. 29 55

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son víctimas de la violencia doméstica o el abuso sexual. De los que trabajaron antes de alistarse la mayoría tenían trabajos de muy mala categoría o muy mal pagados, y algunos estaban empleados en el procesamiento de la cocaína, que además de ser ilegal es peligrosa. Cada niño tiene una historia en cierto modo diferente sobre porque salió de su casa y se unió a la guerrilla o los paramilitares. Existen, sin embargo, denominadores comunes. En casi todos los casos, la decisión fue provocada por una combinación de factores como la pobreza, las privaciones, el subempleo, la escolarización truncada, la falta de afecto y de apoyo familiar, los malos tratos de los padres y la inseguridad. Entre los factores de la 'llamada a filas' se encuentran las promesas de dinero (habitualmente rotas en el caso de la guerrilla), la idea de una vida más fácil, la sed de aventura, el deseo de tener un arma y un uniforme y la simple curiosidad"59. Estas conclusiones coinciden con los resultados de las entrevistas que el Ministerio Público realizó en el citado estudio, en donde se estableció que el 41.86% de los niños y niñas, antes de su vinculación a la guerrilla, fueron objeto de castigos físicos en sus hogares y que el 46.51% fue reprendido de manera severa con tratos crueles. En cuanto a la escolaridad de las niñas y los niños objeto de reclutamiento, es pertinente anotar que, según el Ministerio Público, el 4.65% nunca ingresó al sistema educativo, el 15.12% llegó a cursar hasta el 2° grado, el 17.44% alcanzó el 3° grado, el 18.60 el 5° grado, el 12.79% el 6° grado y sólo el 1.16% pudo alcanzar el 10° o el 11° grado. Escolaridad de las Niñas y Niños Desvinculados Año 2000

Fuente: Ministerio Público 59

Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 29.

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Según las entrevistas que realizó HRW las autodefensas ilegales pagan a las niñas y los niños que reclutan un salario mensual o trimestral que oscila entre los $ 900.000 y $1´200.000 pesos, con bonificaciones especiales en el caso de determinadas misiones60, por lo que la mayoría de los niños y niñas que ingresan a la organización lo hacen atraídos por el dinero. Leonel, un niño que se vinculó a los 14 años, sobre el particular, afirmó: “Después de estudiar me iba a camellar como asistente en una panadería. Era un trabajo duro y mal pagado. Me fui a camellar a una finca pero el trabajo era pesado también, así que finalmente me uní a los paras. Tenía amigos adentro. Pagaban 300.000 lucas al mes. Parecía una vida fácil"61. A pesar del alto porcentaje de vinculación "voluntaria", el reclutamiento forzado continúa siendo una práctica común entre las organizaciones subversivas. Su incapacidad para fortalecer sus unidades con personas que accedan a la vinculación realmente voluntaria y los amplios índices de deserción revelados por el Gobierno nacional, llevan a pensar que esas organizaciones continuarán recurriendo a esa práctica. Jenny, una niña pequeña de rasgos indígenas, solo tenía 13 años cuando la milicia del ELN se la llevó por la fuerza en Boyacá: "El ELN me obligó a entrar. Eso pasó hace tres meses más o menos, al principio de marzo (2002). Ellos venían con frecuencia a las casas de la gente donde yo vivía en Boyacá, nos decían que debíamos unirnos a las FARC o al ELN. Los dos grupos trabajan juntos. Ellos me decían que yo tenía talento. Las FARC exigían muchachos mayores de quince pero también recibían mucho más jóvenes que eso. Los del ELN exigían que uno tuviera al menos once. Los adultos no tenían que hacerlo, pero también los invitaban a que se unieran"62 . Según los resultados de la investigación de la Defensoría del Pueblo, un 61% de los niños fue vinculado entre los 7 y los 14 años, el 37% entre los 15 y los 17 y un 2% no respondió. Un resultado similar arrojaron las entrevistas realizadas por Human Rights Watch que encontró que de los 112 niños y niñas entrevistados, dos terceras partes afirmaron haber sido reclutados antes de los 15 años.

Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33. Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33. 62 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33. 60 61

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Al respecto, el Ministerio del Interior, con base en las cifras de desmovilizados del año 2003, sostiene que el 64% de las personas desvinculadas de las organizaciones armadas ilegales están entre los 14 y 24 años de edad63. El Ministerio de Defensa, en el año 2000, había ya establecido que el 44% de los integrantes de los grupos armados irregulares cuentan con una edad que oscila entre los 13 y 17 años y que el 56% tiene más de 17. Igualmente, señaló que el 82% de los desmovilizados en el año 2000, había ingresado a los grupos armados irregulares entre los 10 y los 17 años de edad. Edad de Ingreso de Niñas y Niños en los Grupos Armados Ilegales 2000-2003

Fuente: Mindefensa-DNP 2000

El ingreso a un grupo armado ilegal y la consecuente participación en las hostilidades, hacen parte de una serie de violaciones a los derechos fundamentales a las que son sometidos las niñas y los niños una vez entran a formar parte de esas organizaciones. Estas violaciones están relacionadas con la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a tener una familia, el derecho a la educación y a la recreación, entre muchos otros. El entrar a formar parte de un grupo armado implica de facto la perdida de la libertad. Una vez se ingresa, las posibilidades de dejar las filas son bastante reducidas y obedecen a causales estrictamente establecidas por los grupos armados, los cuales castigan duramente la deserción. "Carolina, una muchacha despierta de 18 años, quedó embarazada de un comandante de 40 años. Quería tener el niño, por lo que desertó y se dirigió a casa de su madre, pero tuvo un aborto en el camino. Las FARC-EP la capturaron y la llevaron de regreso al campamento. 63

Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 34.

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Me juzgaron en un consejo de guerra. Me encadenaron por un mes. Yo salí sancionada. Yo escogí que me defendiera la persona que menos me quisiera. Duró como medio día. El acusador dijo que me debían matar porque yo había cometido muchos crímenes: abandono de guardia, abandono de arma, robo al movimiento (ropa), traición al movimiento, poner en peligro al movimiento porque ellos estaban preparando un ataque. A mi no me importaba, yo estaba dispuesta a morir porque yo estaba cansada de todo. Las sanciones que recibí fueron cavar 50 metros de trinchera (me demoré como tres meses) y cargar leña. Además tuve que hacer autocrítica como por dos horas, aprenderme el reglamento de memoria y hacer un resumen del reglamento"64. El ser recluta implica el sometimiento a exigentes rutinas y reglas de disciplina militares que en nada se diferencian de aquellas a las que son sometidos los adultos. Los niños que ingresan a los grupos armados ilegales son separados de sus familias. La posibilidad de frecuentarlos durante su permanencia en el grupo es limitada. Niñas y niños son sometidos a fuertes entrenamientos físicos, que incluyen el manejo de armas y manipulación de morteros y granadas, así como construcción de minas antipersonal, con el alto riesgo que ello implica. El tipo de armas y de actividades que desarrollan dependen del grupo armado ilegal del que hagan parte. Por lo general, son utilizados en diferentes actividades que van desde acciones de inteligencia, mensajeros, escudos humanos o combatientes. Los testimonios son desgarradores: niñas y niños que han crecido entre las armas acostumbrados a la violencia y a la guerra como método de supervivencia, menores de edad que han perdido la posibilidad de ser niños. Los efectos de la participación directa o indirecta en las hostilidades para las niñas o niños son devastadores y esto dificulta la posibilidad de una verdadera inclusión social. En un importante numero de casos, los niños han sido expuestos deliberadamente a escenas terribles. Esa experiencia los hace más propicios para la comisión de actos violentos65. De hecho, según el estudio de la Defensoría del Pueblo el 40% de la niñez reclutada en las filas de los grupos armados ha combatido; el 3.33% ha minado carreteras, ha cuidado secuestrados o ha efectuado retenes; el 7.76% ha recibido entrenamiento militar, ha participado en tomas de pueblos o ha inducido abortos.66

Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 29. ONU, Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, 1996, Pág. 14. 66 Defensoria del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano, Bogotá 2001. 64 65

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Participación Directa o Indirecta en las Hostilidades Niñas o Niños Año 2.000

Fuente: Defensoría del pueblo

Por otra parte y en el mismo sentido, según investigaciones realizadas con niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado, "el 18% ha matado por lo menos una vez, el 60% ha visto matar, el 78% ha visto cadáveres mutilados, el 25% ha visto secuestrar, el 13% ha secuestrado, el 18% ha visto torturar, el 40% ha disparado contra alguien alguna vez, el 28% ha sido herido"67. Durante su permanencia en los grupos amados al margen de la ley surgen diferentes situaciones y cambios que las niñas y los niños deben aprender a manejar. En un primer momento, sus roles anteriores de hijo o hija, hermano o estudiante se ven desplazados y reemplazados por nuevas funciones dentro de la confrontación bélica, como militantes y como partes del grupo armado. Así, empiezan a redefinir sus necesidades, gustos, costumbres, hábitos y destrezas y van adecuándose al nuevo contexto en el que se encuentran. Poco a poco se van asumiendo las actitudes propias del conflicto y se van estableciendo relaciones con su exterior -modificadas y determinadas por las dinámicas de la confrontación armada-, tales como la desconfianza, la rudeza, el rechazo a estímulos contrarios a los aprendidos dentro del contexto armado. De esta forma, van forjando su convencimiento en la vía armada. En consecuencia, los niños y niñas en estas circunstancias alternan comportamientos característicos de la niñez y de la adolescencia con manifestaciones adultas exigidas por el conflicto armado. En este ámbito, se produce una redistribución de espacios y un replanteamiento de valores, convicciones y creencias, cuyo principal objetivo es eliminar cualquier referente mental y psicológico que contradiga su accionar y su compromiso con el grupo. 67

Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República. Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable, Bogotá 2003, Pág. 25.

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Se busca la adaptación del yo interior en orden a conseguir su conversión, dejando a un lado su identidad pasada y reemplazándola por la nueva que adquirirá a través de su experiencia en la confrontación. Todo lo anterior se apoya sobre la base de las relaciones jerárquicas en el grupo armado. Esto significa que el niño o niña debe sustituir su referente de autoridad, caracterizado por dos niveles básicos (padres e hijos), por toda una organización compleja donde los rangos y mandos se distribuyen dependiendo del nivel en que se encuentre. Las relaciones se establecen dentro de un sistema vertical, por lo tanto la naturaleza de las mismas estará enmarcada dentro de los conceptos de superioridad y acatamiento de las órdenes. Por consiguiente, el propósito más inmediato es escalar posiciones con el fin de alcanzar un rango mínimo que le permita en un futuro mandar o tener algunos miembros de la organización bajo su responsabilidad y poder. Estas relaciones desiguales crean malestar dentro de los niños y niñas y mucho más cuando estas mismas dan lugar a arbitrariedades por parte de los superiores. "Frente a la situación emocional que esto implica, hay variabilidad en la percepción de algunos jóvenes: por un lado, se acepta esta forma de vida como una manera legitima y valida de tener relaciones humanas, pero, por otro lado, la verticalidad descalifica, amilana, desconoce, coarta iniciativas, posibilidades, lo cual frustra un desarrollo cuya expectativa, en muchas ocasiones, estaba concentrada en una mejor forma de vida que no encuentra eco en esta forma de relación (…)"68. Por consiguiente, muchos niños y niñas en las filas de los grupos armados ilegales desvirtúan la opción de vida que han escogido, pues no sólo no lograron una vida mas digna y menos estresante, sino que encontraron ordenes, restricciones y relaciones con el exterior basadas en conceptos de superioridad, sujeción y conformidad69, factores de los que siempre buscaron escapar. De allí provienen muchos de los desencantos que los lleva a la resignación o a la deserción. La posibilidad de morir no siempre les asusta. La muerte se convierte en su sombra. Se acostumbran a ella, viven su presencia en la cotidianidad de sus acciones.

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BELLO Martha Nubia, RUIZ Sandra, Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial, Bogotá 2002, Pág. 32. En la forma de vida que llevaban antes de su vinculación, las niñas y niños reclutados buscaban mejoraría y bienestar, salir del esquema al que la pobreza los tenía sujetos, vencer los obstáculos que les impedían gozar de horizontes más amables. En un principio estas razones, entre muchas más motivaciones, los llevaron a integrarse a los grupos armados. Sin embargo, la rutina y la decepción producida por el continuismo en sus vidas, sin lugar a un verdadero cambio, genera en si mismos, muchas veces, resignación o necesidad de desertar.

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A partir de su retiro de los grupos armados ilegales, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar y las Instituciones especializadas que tienen convenios suscritos con dicha entidad, ofrecen atención a los niños, niñas y jóvenes que salen de los grupos armados. Sobre el particular la Ley 782 de 2002 "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones" establece que: "Art. 8. El artículo 17 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así: Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará un programa especial de protección para la asistencia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco del conflicto armado interno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los menores que hayan quedado sin familia o cuya familia no se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razón de los actos a que se refiere la presente ley". En esta Ley, adicionalmente, se da un paso importante en el tratamiento de la niña o niño desvinculado de un grupo armado irregular al establecer, en el articulo 6, que se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades. Edad de los Desmovilizados Año 2003

Fuente: Ministerio de Defensa

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización Internacional para las Migraciones, desde noviembre 16 de 1999 hasta diciembre de 2003, de los 1426 niños y niñas atendidos el 69,35% de los niños y niñas que abandonaron las filas de un grupo armado 48

irregular lo hicieron bajo la figura de la desvinculación voluntaria; un 25,8% fue capturado, y un 4,85% fue objeto de una entrega negociada.70 Las causas de la desvinculación del grupo armado son diversas: un 37% de los entrevistados por la Defensoría del Pueblo explicó que el maltrato recibido en el seno de la organización armada motivó su decisión; un 19% alegó que decidió abandonar al grupo porque no le cumplieron con la remuneración que se les ofreció; un 17% anotó que la privación de su libertad fue la razón que lo llevó a desvincularse y un 16% comentó que su salida estuvo fundada en el incumplimiento de las promesas recibidas. Otros de los entrevistados, 11%, no dieron una explicación sobre el motivo de su desvinculación. Causas de la Desvinculación de Niñas y Niños 2000

Fuente: Defensoría del Pueblo

El 35% de los niños o jóvenes desvinculados ha permanecido por un tiempo inferior a 1 año en el grupo ilegal; un 30% ha estado por un período superior a 1 año e inferior a 3. Sin embargo, hay jóvenes que han permanecido tiempos largos en su accionar armado: 15%, entre 3 y 5 años; 12% entre 5 y 10 años; y 8% por más de 10 años. En relación con las aspiraciones de los jóvenes, niñas y niños desvinculados de los grupos armados, se ha establecido que el 50% desea estudiar, el 32.56% estar con su familia y el 32.5% ser formado para su vinculación laboral. Un porcentaje cercano al 5% no sabe en concreto que rumbo seguir.

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Fuente: Sistema de Información ICBF-OIM, diciembre de 2003.

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De un total de 1426 niñas y niños desvinculados, atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, desde noviembre 16 de 1999 hasta el diciembre de 2003, 1023 (71.73%) son niños y 403 (28.27%) niñas. El número de niñas y niños que han ingresado al Programa de Atención del ICBF aumentó progresivamente entre el 2000 y el 2002, dentro de la siguiente proporción: 100 niños en el 2000, 196 en el 2001 y 394 en el 2002. En el 2003 el número de niñas y niños que ingresaron al Programa se duplicó alcanzando la cifra de 726. Niñas y Niños que Ingresaron al Programa de Niños y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado 2000-2003

Fuente: Sistema de Información ICBF-OIM

El programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene tres etapas. En un principio los niños reciben atención médica y ayuda sicológica por algunas semanas. Después de ser evaluados, las niñas y los niños son trasladados a centros de atención especializada en las afueras de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. En estos centros un grupo de profesionales de distintas disciplinas los atiende en aspectos como salud, capacitación vocacional para el trabajo, educación formal, aceleración del aprendizaje, comunicación, documentación y asistencia jurídica. Mientras el niño esta en el ICBF se intenta realizar contacto con su familia. En la tercera fase, los niños que no logran la reunificación familiar ingresan a casas juveniles. Las principales estrategias de apoyo para la construcción de un plan de vida, en las casas juveniles, consisten en becas de educación formal y no formal, apoyo a la inserción productiva y a la empleabilidad. En la actualidad hay 6 casas juveniles con capacidad de atención para 45 jóvenes. Los niños que pueden retornar a vivir con su núcleo familiar o con algún pariente cercano se benefician de las estrategias de apoyo para la construcción de un plan de vida que se siguen en las Casa Juveniles. 50

Las disposiciones jurídicas que rigen en la actualidad no se refieren a fenómenos como la desvinculación de los niños y niñas del conflicto armado. Por ello, es importante el esfuerzo legislativo que se ha iniciado para sustituir el actual Código del Menor por un ordenamiento jurídico que atienda las normas internacionales, la doctrina de protección integral y los tratados y convenios que Colombia ha suscrito en el tema. Es fundamental, adicionalmente, demandar de los actores armados ilegales el cese del reclutamiento de niños y niñas, práctica que vulnera de manera evidente el Derecho Internacional Humanitario. Para ello, es necesario que se atiendan las normas imperativas de dicho ordenamiento, las cuales no pueden ser desconocidas ni sujetas a transacción alguna, salvo para ampliar los marcos de protección establecidos a favor de la población civil mediante la suscripción de acuerdos de orden humanitario que no desconozcan los mínimos ya regulados. Igualmente, el Estado debe desarrollar estrategias de prevención que permitan minimizar las causas de la vinculación de niñas y niños a los grupos armados. 2.4. DESPLAZAMIENTO FORZADO La legislación internacional y la nacional son contundentes en la condena del desplazamiento forzado. El Artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, en el marco de la protección de la población civil, prohíbe el desplazamiento forzado de personas en los siguientes términos: "Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto". En complemento de la expresa prohibición contenida en el Protocolo II, las Naciones Unidas establecieron los principios rectores sobre el desplazamiento interno de personas, definiendo los derechos y garantías pertinentes para la protección contra el desplazamiento forzado y para su asistencia durante el desplazamiento, el retorno o el reasentamiento y la reintegración. 51

Estos principios reservan un lugar fundamental a la protección de las niñas y niños como personas especialmente vulnerables. De hecho en el numeral 2 del Principio 4 se establece que: "ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales". Adicionalmente, el Principio 13 (1) prohíbe el alistamiento o la participación en las hostilidades de los niños desplazados, y el Principio 23, con referencia a la educación, estipula que: "1.Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, su idioma y su religión. 3. Se harán esfuerzos especiales para conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educativos. 4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos". La legislación nacional por su parte, tipifica el desplazamiento forzado como delito en el artículo 180 del Código Penal y por otra contempla un marco normativo importante para la prevención y atención del desplazamiento, marco que busca hacer efectivos los derechos de la población desplazada reconociendo su condición de especial vulnerabilidad como víctimas del conflicto armado. Este marco normativo tiene por fundamento la Ley 387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia". En esta norma específicamente se establece la prevalencia de los niños y niñas, en los programas de atención. Según lo establecido en la ley 387, siguiendo la definición de los Principios Rectores, se debe entender que es desplazada "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes ocasiones: conflicto armado interno, disturbios, y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteran drásticamente el orden público"71. 71

Art. 1 Ley 387 del 18 de julio de 1997

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En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha generado una crisis humanitaria de importantes proporciones. La lucha por el control territorial ha convertido a la población civil en la principal víctima del conflicto y el desplazamiento en su principal consecuencia. A pesar de las diferencias en las cifras que manejan las entidades gubernamentales con competencia en el tema, como la Red de Solidaridad Social, y las organizaciones no gubernamentales, como CODHES, lo cierto es que se trata de un problema de mayores dimensiones. En este sentido mientras para el 2000 CODHES habla de 317.375 desplazados, la Red de Solidaridad Social (RSS) tiene en su sistema único de registro 267.814 personas. Así mismo, para el 2001, CODHES registró 341.925 desplazados, mientras la RSS registró 332.191. Para el 2002, según CODHES, se desplazaron 412.553 personas, mientras que la RSS estableció que en dicho año 380.158 individuos fueron objeto de desplazamiento. Para el 2003 la Red de Solidaridad Social registró 187.573 personas, en el Registro Nacional de Población Desplazada. Número Total de Personas Desplazadas 2000-2003

Fuente: Red de Solidaridad Social

Del total de desplazamientos individuales en el 2000, según el Sistema Único de Registro (S.U.R), el porcentaje de niñas y niños desplazados fue del 27%, lo que equivale a 54.258 menores de edad. En el 2001, la situación empeoró, pues el porcentaje de niñas y niños desplazados alcanzó el 45% del total, lo que representa 122.196 menores de edad. En el 2002, ascendió a 46% de la suma total, 145.760 niños y niñas. En el 2003, dicho porcentaje de niños y niñas afectados, en relación con el número total de desplazamientos individuales, representó el 51% equivalente a 72.444 niñas y niños. 53

Niñas y Niños Desplazados por Género 2000-2003

Fuente: Sistema Único de Registro (S.U.R)

Entre los departamentos mas afectados por el desplazamiento entre el 2000 y diciembre de 2003 se encuentran Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Chocó, Sucre y Putumayo 72. El desplazamiento forzado genera en la niñez múltiples traumas, asociados al hecho mismo que origina el desplazamiento y a la pérdida de referentes afectivamente relevantes para el niño (familia, vecinos, cosas, amigos). Igualmente, es traumático el momento de llegada a un sitio de albergue fortuito o de paso, debido a la precariedad de la situación y al choque social y cultural 73. Los niños desplazados provienen de zonas de intenso conflicto y después de transitar llegan a "zonas urbanas marginales, agobiadas por la violencia social y por la marcada precariedad estatal"74. La vida en la ciudad les genera miedos y temores, agudizados por la situación que viven, pues pasan de una pobreza rural en donde no es extraña la ausencia de servicios educativos y de salud, a la pobreza urbana que se representa muchas veces en el hambre y el hacinamiento. Por ello, se afirma que "estos niños y niñas que por el desarraigo y el efecto del desplazamiento sufren trastornos psicosociales, maltrato familiar, estigmatización y discriminación, debieron cambiar su entorno social y cultural por la agresión producida por las condiciones de miseria de las ciudades, en donde han tenido que vincularse tempranamente a la actividad laboral en el sector informal y el rebusque, sin la posibilidad de continuar sus estudios y las actividades propias de su edad"75. 72 73

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Fuente, Sistema Unico de Registro. Red de Solidaridad Social ver ARIAS, FERNANDO JIOVANI Y RUIZ, SANDRA. Efectos Psicosociales del Desplazamiento Forzado en la Niñez. En Niñez y Conflicto armado en Colombia. Edición del Convenio del Buen Trato. Bogotá. 2002. BELLO, MARTA NUBIA. Desplazamiento forzado y niñez: rupturas y continuidades. En Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial. Editorial Antropos. Bogotá. Pág. 59. RAMÍREZ BRIZNEDA, MARIA EUGENIA. Acuerdos Humanitarios e Infancia. En Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial. Editorial Antropos. Bogotá. Pág. 292

Como lo afirma la UNICEF, además de los peligros a los que se ven expuestos los niños y niñas al instalarse junto con sus familias en lugares que no cumplen con los mínimos de seguridad, el desplazamiento tiene directa relación con el aumento de casos de abuso sexual y maltrato en la niñez, con trabajo infantil y con la vinculación de niños y niñas a la vida callejera, a grupos de delincuencia juvenil y a organizaciones criminales 76. Esta situación no solo se reduce a las amenazas a su integridad física y moral, la tragedia es más preocupante de lo que puede definir la acción del desplazamiento como tal. Según una investigación realizada por CODHES y la UNICEF77, los niños víctimas del desplazamiento son afectados por la perdida de identidad cultural (al moverse de un ambiente con costumbres y tradiciones establecidas a otro que en la mayoría de los casos no las preserva) y por la discriminación de los otros niños y habitantes (son mirados como extraños y hasta muchas veces se les relaciona con grupos armados). Adicionalmente, son percibidos como factores de desestabilización (existiendo un "status quo", todo agente extraño, amenaza con desestabilizarlo) y, por ultimo, son estigmatizados. Esta situación se agrava por la nula o precaria educación que reciben, por la falta de integración con el medio, por la poca capacidad de asimilar la situación y por el trauma producido por el desplazamiento. Sumado a esto, como se ha dicho, ha sido probado, mediante estudios realizados por diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la relación directa entre una situación de desplazamiento y el aumento de la violencia intrafamiliar. Niños y niñas tienen entonces que soportar el cambio tanto de su exterior como de la vida al interior de su familia, pues, por un lado, las relaciones se ven afectadas por todas las adversidades a las que se tienen que enfrentar creando climas de confusión y disolución y, de otro lado, se redistribuyen funciones y roles. La situación económica exige a los niños trabajar, o simplemente cuidar de sus hermanos menores y abandonar la escuela mientras sus padres buscan sustento; "la situación critica en la cual la familia se ve envuelta como resultado de un conflicto armado y el desplazamiento produce una sobrecarga emocional en los padres o adultos responsables del cuidado de los niños, afectando a adultos y niños por igual y creando relaciones interpersonales difíciles en las cuales el abuso a los niños se incrementa, si ya existía, o aumenta, como resultado del desplazamiento, o se desencadena, como producto del conflicto armado"78. Por lo tanto, el desplazamiento no emerge como una solución sino como, en la mayoría de los casos, la continuación o agravamiento de su situación. Aunque exista una ruptura en el tiempo y el espacio, la continuidad se presenta en el reemplazo de los miedos y prolongación o sustitución de las necesidades, en un escenario diferente. 76

UNICEF. La niñez Colombiana en cifras. Nov 2000. Pág. 56.

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CODHES- UNICEF. This is not our war. Children and forced displacement in Colombia. Bogotá. Marzo de 2000. Ibid. Pag.61

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De esta forma, los niños y niñas desplazados se ven abocados a vivir una vida segmentada en el antes y después del desplazamiento, solo que este "después" no es sinónimo de "mejor". La niñez se encuentra marcada por un "antes" caracterizado principalmente por rupturas familiares y sociales producto de la violencia, las tomas, los secuestros y las masacres. Ese "antes" conjuga una serie de sentimientos, temores y resentimientos que se traducen en una actitud desafiante, aislada y desconfiada del lugar de origen. Temerosos por sus vidas y cansados del miedo recurren al desplazamiento. El "después" del desplazamiento marca la pauta para continuar con la vida anterior o cambiar el paradigma de la violencia, que tanto niños como jóvenes observan en su cotidianidad. En este "después" influyen la similitud o diferencia entre el ambiente de origen y el receptor. Si se viene de un ambiente de violencia y se llega a otro similar marcado por diferentes actores que utilizan la violencia como primer recurso, seguramente el temor, la inseguridad y las reacciones violentas se harán aun mas visibles y permanecerán como referentes para la comunidad infantil. El ambiente receptor da paso a otros miedos y temores, ya no los del campo sino los urbanos. "Desde la perspectiva de los hechos y situaciones que lo provocan y de las condiciones de salida y llegada, el desplazamiento representa para la niñez no solo rupturas sino continuidades (la mayoría de ellas negativas) que agravan el impacto psicosocial, las principales son la violencia y la pobreza"79. Una equivocada solución para la situación de desplazamiento ha sido buscar para dicha población la condición de refugiados en los países fronterizos. Muchos desplazados colombianos asisten a estos terceros países para encontrar una tierra más amable donde puedan asegurarse para si mismos y sus hijos una vida mas digna. Sin embargo, esta solución no es la más acertada pues muchas veces su situación no mejora en lo absoluto. De este modo se reduce el espectro de posibilidades. Se retorna al punto de partida donde no existen los mínimos, a saber: trabajo, educación, salud, saneamiento básico o acceso a los servicios. La violación de los derechos en el caso de la niñez desplazada es preocupante. En el sector de la salud, específicamente, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización Internacional "Médicos sin Fronteras" afirman que existe un alto porcentaje de menores que no tienen acceso a este servicio80. Los niveles de malnutrición y la diversidad de enfermedades presentadas en la población de niños y niñas desplazados, como consecuencia de los cambios climáticos, el poco dinero con que sobreviven y las condiciones insalubres en las que se desplazan y se asientan en los municipios receptores, 79 80

Ibid. Pág. 58- 59. CODHES- UNICEF. “This is not our war. Children and forced displacement in Colombia”. Bogotá. Marzo 2000. Pág. 63-64.

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genera una situación alarmante. No obstante lo anterior hay que reconocer los inmensos esfuerzos realizados en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 387 que ordena que el Sistema de Seguridad Social en Salud diseñe e implemente los mecanismos necesarios para que la población víctima del desplazamiento acceda a los servicios de salud y cuente con todas las garantías necesarias en este aspecto. En el caso de la educación las circunstancias no dan lugar a posiciones optimistas. Los niños desplazados no acuden a los colegios por diferentes razones: dificultades económicas, insuficiencia de cupos en los colegios, falta de materiales y uniformes, problemas psicológicos derivados del trauma del desplazamiento y la estigmatización, y, por ultimo, la reorganización de roles a los que se ven sometidos al interior de sus hogares. Según el informe presentado por el Grupo Temático de Desplazamiento (GTD), editado bajo el título "Estado de la situación del desplazamiento, enero a diciembre de 2001", la situación de las niñas y niños desplazados es crítica frente a las posibilidades de acceso a la educación regular. En la educación básica, (primaria) existen algunas alternativas, pero para ingresar a la educación media (secundaria) el acceso es mucho más difícil al punto que se ha afirmado que el 40% de los hombres y mujeres jóvenes desplazados no pueden acceder a la educación secundaria, lo que incrementa las probabilidades de inserción en dinámicas sociales ilegales como narcotráfico, delincuencia, guerra y prostitución. La integración escolar de niños, niñas y adolescentes de zonas rurales, es muy difícil. Esto debilita el uso apropiado del tiempo libre, la cohesión familiar y las alternativas de su incorporación a grupos armados irregulares. Sumado a esto se señala, en relación con las ciudades receptoras, que "los entes municipales, por su parte, han demostrado pobre capacidad para identificar, diseñar y ejecutar políticas propias para atender a la población en situación de desplazamiento, bien por desconocimiento del problema, por no reconocimiento del mismo, o por falta de voluntad política y compromiso"81. Esta situación evidencia la falta de coordinación de los diferentes niveles (nacional y municipal) para hacer frente a una problemática que exige no solo reconocer el derecho a la educación sino también buscar alternativas para garantizar su plena satisfacción. Sin embargo, no todo es responsabilidad de los municipios. En la mayoría de los casos éstos se hayan en serias dificultades para asegurar ciertos servicios a sus propios habitantes, sin contar con el obstáculo que representa la escasez de recursos y la falta de infraestructura y equipamiento, que inciden directamente en la calidad del servicio ofrecido y la cobertura de la educación en Colombia. Por lo tanto, la política nacional de atención a la población desplazada encuentra en su implementación una serie de trabas y complicaciones, que deben ser tomadas como retos para las autoridades educativas nacionales. 81

MARTHA NUBIA BELLO, SANDRA RUIZ CEBALLOS. Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Abril 2002. Pág. 152.

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Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que el sistema educativo colombiano no se caracteriza por su flexibilidad. El desplazamiento forzado tiene lugar en nuestro país diariamente, por lo tanto, los niños abandonan sus lugares de origen en plenas actividades escolares la mayoría de los casos, sin encontrar colegios o escuelas que los reciban una vez instalados en el lugar receptor. A esto se suma, la extra-edad de muchos estudiantes, las diferencias culturales, las diferencias en el nivel educativo y la falta de documentación que dificulta la vinculación a los colegios. La Ley 387 establece que deben ejecutarse programas que garanticen la rehabilitación y articulación social, laboral y productiva de los desplazados dentro de la comunidad receptora. Estos programas pueden llevarse a cabo en tiempos menores a los convencionales y deben cubrir la educación básica y media especializada. Por otra parte, la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, establece la obligatoriedad del servicio educativo entre los 5 y15 años de edad y el Decreto 2231 de 1989 reglamenta los beneficios en el sector educativo para las personas víctimas de la violencia. En este orden de ideas y dada la coyuntura del desplazamiento en Colombia el Ministerio de Educación ha propuesto un conjunto de lineamientos para atacar el problema de la educación a saber82: - Revisión y ajuste de elementos pedagógicos y curriculares para lo cual se tomarán en cuenta todas aquellas alternativas docentes y didácticas cuyo objetivo sea mejorar tanto la calidad de la educación como su cobertura dentro de la población desplazada. Dentro de las alternativas encontramos: la Escuela Nueva, aceleración del aprendizaje para niños, niñas y jóvenes en "extra-edad", telesecundaria, Sistema de Aprendizaje tutorial, (SAT), y postprimaria rural. "Así mismo, se adoptarán propuestas como Escuela y Desplazamiento, y otras como habilidades para vivir, que hacen énfasis en el desarrollo psicoafectivo y en la recuperación emocional de los escolares, víctimas del desplazamiento forzoso"83. - Capacitación de docentes y agentes educativos, pues la educación bajo un marco de desplazamiento exige la preparación y entrenamiento de docentes en instrumentos pedagógicos más flexibles, menos rígidos a los convencionales, mucho más creativos y que atiendan a la naturaleza del problema. De igual forma, los docentes deben estar en condiciones de educar a niños víctimas del desplazamiento por su condición especial. El Ministerio realizará las alianzas pertinentes con diferentes instituciones para llevar a cabo estas actividades de capacitación. 82 83

Ibid. Pág. 156. Ibid. Pág. 155

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- En materia de subsidios el Ministerio desarrollará un sistema a favor de los municipios receptores de población desplazada a fin de que a través de éste se garantice la asistencia de los niños y niñas a los centros educativos. - En relación con la asistencia técnica y en la medida de sus recursos, el Ministerio proveerá de asesoría a los municipios receptores con el fin de fortalecer su capacidad, específicamente las secretarias de educación departamentales, distritales y municipales para asegurar la prestación del servicio educativo. Esta asistencia técnica se refiere a equipamiento escolar, infraestructura y la elaboración de programas de indicadores de gestión, para cumplir con las tareas de seguimiento y evaluación. - En cuanto a la comunicación y divulgación, el Ministerio recogerá la información necesaria para realizar labores en la materia a la comunidad y a todo el sistema institucional de educación, con el objetivo de sensibilizar a la población receptora y a todos los ciudadanos y ciudadanas en general acerca del desplazamiento para así corregir las posibles fallas que se presenten en la implementación de los programas. Por su parte, UNICEF plantea varias alternativas de solución para la situación de la población infantil desplazada: - Fortalecer los comités locales establecidos por la ley 387 de 1997 para la atención a la población desplazada. - Preparar a las comunidades receptoras para crear redes de apoyo y evitar la discriminación y estigmatización de la población desplazada pues es importante el papel que desarrolla dicha comunidad ya que ella puede contribuir a la ruptura con un pasado lleno de violencia y rechazo. El principal propósito de esta propuesta es romper con el "antes" y hacer del "después" un escenario mejor para las familias víctimas del desplazamiento. - Implementación de programas de apoyo y recuperación psicoafectiva para superar el impacto psicológico que representa el desplazamiento. Así como, programas de recreación, empleo de tiempo libre y deportes que propendan por la superación de los traumas, la afirmación del yo, la generación de sentimientos de confianza, esperanza, apoyo, optimismo e inclusión social. Estos programas sociales deben asegurar la recuperación afectiva, sicológica y emocional. - Introducir currículos flexibles que garanticen la continuidad en la educación. 59

Es evidente que en materia de salud la situación requiere de serias medidas que si bien ya se han venido atendiendo aun deben tener mayor cobertura en su campo de aplicación. Por ello, es indispensable, en orden a incrementar la ejecución de políticas públicas acordes en la materia, garantizar la prestación de los servicios de salud a los desplazados en el marco del Régimen de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la legislación vigente y con la prevalencia de los derechos de los niños y niñas. Dicho régimen se otorga a quienes se encuentran en una situación particularmente vulnerable desde el punto de vista social y económico, de acuerdo a los registros del SISBEN y a la disponibilidad de los entes territoriales. Por ello, es claro que más allá del tratamiento que pueden recibir los desplazados y desplazadas en los centros de salud, como población vinculada al sistema, su condición de afiliados y de beneficiarios del citado Régimen Subsidiado en la ciudad receptora, se constituiría en una garantía de mayor calidad y cobertura de su situación, lo cual redundaría a favor de sus derechos fundamentales. En este campo viene trabajando el Ministerio de Protección Social que, adicionalmente, ha establecido como política la imperiosa necesidad de que todo niño o niña quede, desde el momento de su nacimiento, afiliado al sistema de salud en la condición expuesta. Esa es la prioridad en la materia, la cual cobra aun más vigencia en relación con aquellos que han sido afectados por el desplazamiento. De otra parte, cabe resaltar que no sólo es necesario acometer tareas encaminadas al fortalecimiento de los derechos a la educación o a la salud vulnerados, sino que es necesario propugnar por el mejoramiento del ingreso de las familias de desplazados. Por ello, entes, como la Fundación Restrepo Barco, vienen atendiendo a diversos segmentos de la población afectada por el desplazamiento forzado producto del Conflicto armado con acciones que se centran en la etapa de estabilización socio-económica, urbana y rural, de dicha población, considerando que la etapa de emergencia debe ser atendida por el Estado. Las tareas ejecutadas son, principalmente: - Microcrédito para iniciativas productivas individuales y grupales. - Capital semilla no reembolsable para proyectos productivos de organizaciones de desplazados. - Capacitación y fortalecimiento empresarial a las iniciativas productivas de las y los beneficiarios. - Fortalecimiento organizacional y desarrollo personal. Con esta oferta se contribuye a la estabilización de los desplazados, bien sea en el sitio de recepción o en sitios donde son reubicados por el Estado, como es el caso de Córdoba en donde familias desplazadas accedieron a tierras en sitios diferentes a su lugar de origen. 60

Así mismo, derivado de esto, se han promovido investigaciones en esta área, con el fin de cualificar su intervención y mostrar a la cooperación internacional, al Estado, a la empresa privada y a la opinión pública en general la situación de esta población y las alternativas que se pueden construir. En conclusión, es importante sumar esfuerzos para mejorar la situación de ingresos de las familias de desplazados y propender por las garantías sociales de las niñas y los niños desplazados haciendo énfasis en los frentes de la educación y de la salud, la recuperación emocional y sicológica y su aceptación e inclusión por parte de las comunidades receptoras. Todos los esfuerzos que se realicen en el presente tendrán repercusiones en el futuro. Es importante que los desplazados recuperen la fuerza y la confianza en si mismos. No obstante lo anterior, cualquier política pública de prevención y de atención de la problemática del desplazamiento jamás podrá convertirse en una verdadera solución sino se acompaña del compromiso irrestricto de los actores del conflicto que, en cumplimiento del derecho Internacional Humanitario, deben abstenerse de esta práctica que vulnera la dignidad de las personas.

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CAPÍTULO SEGUNDO IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO, LA ECONOMÍA Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD

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Teniendo en cuenta diversos estudios sobre el tema de los costos del conflicto armado colombiano84 se puede afirmar que este se ha convertido en uno de los principales frenos al adecuado desarrollo del país. Si bien Colombia ha tenido durante algunos momentos de la duración de este conflicto un crecimiento positivo y superior al de sus vecinos en la región (crecimiento promedio del 0.6% anual durante el periodo 1984-200185 ), este indicador se ha visto fuertemente afectado y reducido debido a costos que el país ha debido pagar durante este periodo. Los investigadores y expertos en el tema han tratado de cuantificar y justificar esta perdida, y aunque a través del tiempo los resultados obtenidos no son siempre los mismos, y por el contrario se contradicen en ciertas ocasiones, es claro que el conflicto es un factor negativo para la productividad del país. La importancia de estas investigaciones aumenta si se tiene en cuenta que el conflicto armado colombiano se sitúa entre los cinco más largos del mundo durante la segunda mitad del siglo veinte, y es uno de los dos conflictos vigentes con más de 10 años de duración86 . Adicionalmente, es uno con presencia en la mayor parte del territorio de un país. Lo anterior toma especial importancia si se tiene en cuenta que según la teoría económica, el impacto de un conflicto armado sobre la economía de un Estado depende de la duración de este último, y afecta directamente la “senda de creación de riqueza”. En ese sentido podemos afirmar que los estudios, a pesar de sus limitaciones, no solo son necesarios sino que se constituyen en un aporte fundamental para dimensionar el real alcance del problema. El siguiente cuadro nos muestra algunas de las aproximaciones más relevantes que se han hecho sobre el impacto económico del conflicto durante la década de los noventas, al igual que las conclusiones más importantes para cada caso. Estudio

Costos Estimados del conflicto armado y de la criminalidad en Colombia

Echeverry et al. (1999 y 2001)

Inversión necesaria para lograr la paz: 8% PIB (VPN)

Badel – DNP (1999)

1991-1998 :

Rubio (1995)

Costo directo actividades contrarias a la Ley en términos de crecimiento perdido (1993): 2% PIB anual

Granada y Rojas (1995)

1991-1994, Costo conflicto armado: 4.2% PIB anual

UJS - DNP (1995)

Costo promedio anual del Conflicto armado 1990-1994: 4.12% PIB

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Costo violencia urbana: 2.1% PIB anual Costo conflicto armado: 2.4% PIB anual

ECHEVERRY et al. (1999 y 2001), BADEL - DNP (1999) RUBIO (1995), GRANADA y ROJAS (1995), UJS - DNP (1995) como los más relevantes. DNP (2001) – Echeverri establece dos periodos de conflicto armado en Colombia: el primero de 1952 a 1966 y el segundo de 1984 al período actual. El otro país que presenta un conflicto de más de 10 años es Sudán.

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Los resultados obtenidos varían según el tipo de investigación, los renglones que se toman en cuenta para el estudio, los supuestos de base y los cálculos de los investigadores. Sus conclusiones estiman el costo del conflicto entre un 2% y un 4,5% del PIB anual. Según los estudios de Granada y Rojas y el de la Unidad de Justicia y Seguridad del DNP, realizados en 1995, el costo proveniente del conflicto armado en la primera mitad de la década de los noventa se sitúa alrededor del 4% del PIB anual. Por su lado, el investigador Mauricio Rubio cuantifica el costo directo de las actividades contrarias a la ley (criminalidad) para el mismo periodo en un 2% del PIB anual. En el estudio realizado por Badel para el DNP (1999), el costo para el periodo comprendido entre 1991 y 1998 se sitúa alrededor del 4.5% del PIB anual. Badel define este costo a partir de dos componentes: el costo del conflicto armado, estimado en un 2.4% y el costo de la violencia urbana, estimado en un 2.1%. Desde otro punto de vista, Juan Carlos Echeverry trata de estimar los impactos económicos del conflicto a partir de lo que costaría poder llegar a la paz. En ese sentido, el estima que para lograr la paz en Colombia se necesita una inversión de por lo menos un 8% del PIB anual, lo cual equivale aproximadamente a 15,9 billones de pesos del 2001. La diferencia en los resultados obtenidos en las distintas investigaciones son consecuencia de los aspectos que limitan la realización de este tipo de trabajos. En primer lugar, existe una gran dificultad para distinguir con claridad la diferencia entre la violencia y el conflicto armado, por lo que resulta muy complejo saber hasta donde va el primero y a partir de donde empieza el segundo. Por otro lado, la cuantificación de este fenómeno sigue siendo un ejercicio bastante complicado por la falta de información y el difícil manejo de la existente. A partir de estas limitantes, es importante aclarar, como lo justifica Mauricio Rubio en sus estudios, que para efectos prácticos es mejor hablar de impactos económicos del conflicto armado y no de costos. A lo anterior hay que agregar que los expertos atribuyen unánimemente la existencia de estas limitaciones, en gran parte, a la indiferencia que los estudiosos de la ciencia económica tenían anteriormente en relación con este campo de la investigación social. Sin embargo, se puede hacer un ejercicio ilustrativo de la cuantificación de los costos del conflicto como ejemplo practico, y para tal efecto vamos a retomar el estudio realizado por el investigador Juan Carlos Echeverry y el Departamento Nacional de Planeación. Según este estudio, los costos del conflicto se dividen en dos tipos: los costos de capital físico y los costos de capital humano y social. 66

Se definen como costos de capital físico todos aquellos que inciden directamente sobre el aparato productivo del país. Dentro de éstos podemos mencionar los costos de infraestructura y los costos de extorsión. Los costos de infraestructura son aquellos que se relacionan con daños y pérdidas en la infraestructura física, eléctrica, petrolera, vial (que incluye carreteras, puentes y peajes), aérea (que incluye los radares y las radio ayudas) y ferroviaria del país. Los costos de extorsión, en cambio, hacen referencia a aquellos generados por este delito en diferentes líneas de la economía. Por otro lado, los costos de capital humano hacen referencia a aquellos generados por la perdida de productividad de la economía debido a la muerte de hombres y mujeres, que representan el capital de trabajo. Estas perdidas se dividen a su vez en las bajas (muertes) de los diferentes grupos de actores del conflicto armado (guerrilla, autodefensas ilegales y otros), de los miembros de la Fuerza Pública, de los civiles y de los secuestrados (aunque estos últimos no necesariamente se pueden calificar como bajas, su actividad económica se ve afectada por su situación en el conflicto). Los costos del capital social hacen más referencia al deterioro de las instituciones, y al detrimento del orden social, el cual a su vez genera inseguridad, reducción de las libertades de los individuos, e incremento de los niveles de incertidumbre y riesgo. Todos los costos anteriormente descritos tienen una repercusión directa sobre las variables más importantes de la economía, afectando principalmente el ahorro, la inversión, el consumo, y los niveles de asignaciones del gasto publico, lo cual genera a su vez un déficit fiscal. En el siguiente cuadro podemos ver la aproximación del costo del conflicto armado para el período 1999-2001. Costo Estimado del Conflicto Armado entre 1999-2001 (pesos del 2001) Capital Físico Infraestructura Infraestructura Eléctrica Infraestructura Petrolera Infraestructura vial Infraestructura aérea y ferroviaria

Extorsión Capital Humano Bajas grupos al margen de la ley Bajas miembros de la Fuerza Pública Civiles muertos por el conflicto armado Secuestrados

Costo Total (1999-2001): 53.160 millones Costo Total (1986-2001): 987.792,1 millones Costo Total (1994-2001): 11.524 millones Costo Total Infraestructura Aeroportuaria (1991-2000) = 38.616,5 millones Costo Total Infraestuctura Ferroviaria (2000-2001) =1.633,9 millones Actividades extorsivas sobre el sector ganadero 756.983 millones 2.985 muertos de Grupos al Margen de la Ley 1.548 muertos de la Fuerza Pública 5.828 civiles muertos 6.747 secuestrados (2000-2001)

Fuente: Echeverry - DNP (2001) - Mindefensa

67

El total de los costos generados por la pérdida en el capital físico para el período 1999-2001 se estima en 1,19 billones de pesos, lo que equivale al 0.6% del PIB del año 2001. De este total, 36% corresponde a la destrucción en la infraestructura del país y 64% a las actividades de extorsión. Con respecto al capital humano, se estima una pérdida cuantificada en 2.985 muertos provenientes de los grupos armados al margen de la ley, 1.548 de la Fuerza Pública y 5.828 civiles, para un total de 10.361 victimas. Es importante resaltar que los civiles representan el 56% de las victimas, los grupos al margen de la ley el 29% y finalmente la Fuerza Pública el 15% del total, lo cual evidencia el alto costo que representa para la sociedad la existencia del conflicto armado. Dentro de esta cuantificación podemos resaltar la relación entre la pérdida del capital físico y la perdida del capital humano. Badel y Tujillo establecen una aproximación del costo por perdidas de vidas debido a la violencia y al conflicto armado equivalente a 5,37 billones de pesos para el período 1991-1996. Esto equivale a casi un billón de pesos al año por pérdidas en vida humanas. Este dato nos da una visión de la importancia económica del problema, pero hay que recordar que se trata de una aproximación que tiene en cuenta lo que dejaría de ganar el país con ocasión de la pérdida de este capital humano. Por eso, hay que dimensionar la dificultad de este tipo de cuantificación. En relación con las conclusiones más relevantes, puede afirmarse que: - Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003, del PNUD87, un costo promedio de 1,5% del PIB anual por causa del conflicto armado durante los últimos 10 años, implicó una pérdida del 17% del ingreso per cápita del país. Esto equivale a 4,6 veces el costo de los programas de hogares comunitarios de bienestar, los hogares infantiles y los restaurantes escolares de la red de apoyo social. - A su vez, el conflicto incide directamente en el desempleo ya que se calcula que éste impide la generación de por lo menos 170.000 empleos al año88. Este fenómeno afecta principalmente a los jóvenes entre los 18 y 24 años, ya que ellos son los que salen por primera vez a conseguir un trabajo y se ven enfrentados a una oferta laboral disminuida por el conflicto armado. - Con respecto a los costos percapita, se estima que por el conflicto armado cada persona al año debe sufragar una suma que representa el 24% del salario mínimo actual. En caso de no existir conflicto esto representaría un ahorro de $340.000 pesos anuales para un hogar compuesto por 4 personas. 87

88

68

NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003, Bogota, 2003. Pág. 108. Arias y Cajamarca (2002).

- Otro costo ilustrativo originado por el conflicto armado es el aumento de la vigilancia privada en el país. Según el informe del PNUD89, en 1991 habían 48.777 vigilantes particulares frente a 126.515 en el 2001. El costo estimado de este sector para 1991 fue de 0.56% del PIB y para el 2001 fue del 1.14% del PIB. Este costo se duplicó en 10 años. Adicionalmente, los 126.515 empleados de la vigilancia privada en el 2001 superaron ese año el pie de fuerza de la Policía Nacional que era de 90.886 personas. - La inversión pública se ve altamente afectada por el conflicto armado. La urgencia por atender problemas en el corto plazo hace que esta inversión no sea siempre asignada eficientemente, lo cual genera a su vez una mayor desigualdad en la distribución de los recursos. Por ejemplo, según Arias y Cajamarca, el conflicto armado ha generado un gran aumento en el presupuesto militar en detrimento de otras prioridades como lo son la educación y la salud. - Nicanor Restrepo, en su libro Derecho a la Esperanza, afirma que en 1999 Colombia destinó el 2,7 por ciento del PIB, es decir cerca de 6 billones de pesos de hoy, a actividades directamente relacionadas con el conflicto armado. - El conflicto genera situaciones de inestabilidad política y social, lo cual impide el adecuado desarrollo económico y afecta directamente la inversión nacional y extranjera. Según el DNP, se estima que el flujo de inversión privada se aumentaría en cerca de 0,53% del PIB por año de no existir este problema en el país. La presencia del conflicto armado en Colombia y el modelo económico predominante de los noventas (la globalización) hacen que los inversionistas locales y extranjeros se vuelvan mucho más sensibles al riesgo en el país90, incidiendo negativamente en el crecimiento económico. Los indicadores que reflejan la magnitud del impacto del conflicto armado colombiano dentro de la economía del país son diversos. Si no existiera este conflicto, se estima que la tasa de crecimiento podría aumentar entre un 2,1% y un 2,4% del PIB por año como mínimo, lo que equivaldría, según los estudios anteriores, a 4,5 billones de pesos del 2001. En otras palabras, podemos decir que el costo de lo que se deja de ganar por culpa del conflicto armado equivale, en un año, según estas cifras, a: - Dos reformas tributarias, si partimos de la base de la reforma tributaria pasada que pretende que en el 2004 se recauden 2.2 billones de pesos. La ausencia del conflicto armado podría evitar la adopción de nuevas medidas impositivas con el fin de aumentar el recaudo y cubrir el déficit fiscal de la Nación. 89 90

Obra Citada. Pág. 184. Ibíd. Pág. 111.

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- Al 60% del presupuesto militar para el año 2001. En efecto, con respecto al presupuesto de defensa cabe mencionar que en el 2001 se destinó un 3.8 % del PIB a este rubro. - A la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2003, el cual es de 9.4 billones de pesos91. De este total, 9.3 billones están destinados a los gastos de funcionamientos y 0.1 billón está destinado a inversión. De no existir un conflicto armado, se podría aumentar este presupuesto e incrementar los recursos destinados a la inversión (infraestructura y dotación). - A la mitad del presupuesto anual de la ciudad de Bogotá, el cual equivale a 8.5 billones de pesos. Los anteriores puntos nos muestran diferentes aproximaciones de los costos del conflicto y evidencian su importancia económica. Juan Carlos Echeverry realiza otro ejercicio económico para medir este impacto y para ello proyecta un balance fiscal para el periodo 2001-2010 bajo diferentes escenarios con el objetivo de establecer un promedio de crecimiento económico92 para el país. Se plantea tres escenarios, uno de paz, uno intermedio y uno de conflicto armado. Los resultados son los siguientes: - El primer escenario (Paz) hace que la economía entre en un "círculo virtuoso", presentando una tasa de crecimiento de 6% promedio anual (2003-2010). - El segundo escenario (intermedio), hace que la economía funcione en medio de un conflicto armado de menor intensidad al actual, presentando una tasa de crecimiento de 4.5% promedio anual (2003-2010). - El tercer escenario (conflicto armado) hace que la economía funcione en medio de un conflicto similar al actual, presentando una tasa de crecimiento de 3% promedio anual (20032010). Este ejercicio nos muestra la diferencia entre tres posibilidades dentro de las cuales se puede mover la economía colombiana. Los resultados son notorios, y la diferencia entre un 3% y un 6% de crecimiento económico anual influye directamente en el desarrollo del país, representado en una menor o mayor producción de riqueza (recursos). Como es obvio, la disposición de una mayor cantidad de recursos aumenta la posibilidad de mejorar los indicadores sociales y económicos más significativos, como por ejemplo eliminar el analfabetismo, aumentar la capacidad de cobertura del seguro social, y fomentar programas 91

Ministerio de Educación

92

ECHEVERRY Juan Carlos (2001) y DNP (1999)

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para aumentar la productividad de los jóvenes que representan el capital semilla de una economía. Vale la pena resaltar el hecho de que para el 2003 se presentó, según el DNP, un crecimiento económico de 3.5% del PIB, situación que se asemeja al tercer escenario presentado en el anterior ejemplo, el cual representa la situación actual del país (una economía que coexiste con un importante conflicto armado). Sin embargo es importante aclarar que, si bien la eliminación del conflicto armado trae grandes beneficios al país, los recursos que eran destinados al presupuesto de Defensa en su momento no pueden ser trasladados en su totalidad y en forma inmediata al gasto social o hacia destinos similares pues, por regla general, la ausencia del conflicto trae consigo un aumento de la criminalidad común ante las fallas de los procesos de reincorporación y la mayor participación de los antiguos combatientes en acciones de delincuencia común. La violencia disminuye, pero no desaparece sino que cambia de sector y, en general, los recursos militares que se dejan de utilizar por el cese al fuego deben ser trasladados hacia el presupuesto de la Policía Nacional, institución que se encarga de controlar este tipo de violencia. No obstante las limitaciones existentes, es importante establecer los impactos más relevantes del conflicto armado en la niñez y la juventud. Para esto es fundamental definir lo que se entiende por juventud desde un punto de vista económico, y lo hacemos de acuerdo con la definición de la CEPAL93 , con el fin de tener una mayor claridad del rol económico de este grupo social. Según esta institución, la juventud es "el periodo del ciclo de vida en el que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y durante el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales"94. Si nos detenemos a ver el rango de edades para esta definición, existen varias versiones. Por ejemplo, la Ley de Juventud que, en el caso colombiano, entiende que este rango de edad va de los 16 a los 24 años. Para las Naciones Unidas, la cohorte va entre los 15 y los 24 años, mientras que para el convenio Andrés Bello esta se sitúa entre los 14 y los 29 años. La Organización Mundial de la Salud establece este rango entre los 10 y los 24 años. Para efectos de nuestro análisis, vamos a tomar como definición el rango que incluye todos los niños y jóvenes que van de los 0 a los 24 años. Esta definición nos ayuda a ubicar al niño y al "joven" como actores sociales en transformación y como actores económicos en formación. Económicamente, este grupo se establece como la generación en formación, que posteriormente se va a convertir en el motor generador de productividad. Ahora bien, podemos abordar este estudio desde un punto de vista más macroeconómico analizando el comportamiento de algunas variables del presupuesto del gobierno como lo son el gasto militar, el gasto social y el servicio de la deuda. De acuerdo a un estudio realizado por el 93 94

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). SERIE ECONOMÍA Y NIÑEZ. Finanzas Públicas, Niñez y Juventud. Grupo de Economía y Niñez. Noviembre de 2003, Santafé de Bogotá DC. Pág. 24.

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Grupo de Economía y Niñez95 se estableció que durante el período de la segunda mitad de la década de los noventas hasta el 2002, la tendencia del gasto social de la administración pública como porcentaje de PIB ha ido decreciendo o manteniéndose en su nivel96. Por el contrario, en el caso del gasto militar, este porcentaje ha ido en aumento. A su vez, el servicio de la deuda tanto interna como externa y como porcentaje del PIB también presentó una tendencia al alza. A partir de esto, podemos decir que existe una relación directa entre estos indicadores y el conflicto armado. Este conflicto ha afectado el rendimiento de la economía, estancando la dinámica del PIB y desplazando eventuales recursos disponibles para la inversión social de un lado hacia otro. Evolución del Gasto Social y del Gasto Militar como % del PIB Sectores / Año

1994

1995

1996

1997

1998 1999

2000 2001

Social

11,18

12,40

13,90

13,83

13,31 14,10

14,31 14,11 13,27 13,64

Gasto Militar

3,5

3,6

4,0

3,8

3,5

3,8

3,3

3,8

2002 3,9

2003py 4,1

Gasto Social y Gasto Militar como % del PIB período i994-2003

Fuente: DNP (el año 2003 es proyectado)

Los recursos del gobierno destinados a la niñez y a la juventud se consideran como gastos sociales. Si tenemos en cuenta el anterior análisis, es claro que estos rangos poblacionales de la sociedad se han visto afectados negativamente en la asignación de los recursos disponibles. Por otro lado, al aumentarse el servicio de la deuda, tanto interna como externa, se disminuye la disponibilidad de recursos por parte del gobierno para la realización de programas sociales y por lo tanto para la inversión en proyectos que ayuden a la reactivación de la economía tanto a nivel nacional como a nivel sectorial, lo que afecta a los jóvenes en particular. 95 96

Serie Economía y Niñez, Finanzas Publicas, Niñez y Juventud, numero 1, 2003, Pág. 24. Se entiende como Gasto Social todos aquellos que representan un impacto en educación, salud, seguridad social, vivienda e ICBF, entre otros.

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Se puede afirmar que las tendencias del gasto social, del gasto en defensa y de la deuda evolucionan en contra del bienestar de la sociedad, y más específicamente en contra de los grupos más vulnerables, como lo son la niñez y la juventud. Esto representa un primer "costo" evidente que tiene que pagar este grupo social. Su impacto es doble. El primero es aquel generado en el corto plazo por la ausencia inmediata de recursos para atender los programas ya diseñados. El segundo se da en el largo plazo por el atraso que se genera en aspectos tan importantes como la educación o la salud. Este segundo "costo" es relevante por lo que afecta más directamente lo que denominamos inicialmente el capital humano, y su repercusión, que abarca un período largo, es significativa, más aún si se tiene en cuenta que la juventud es el futuro motor de la economía. Sin embargo, es importante aclarar que, si bien estas conclusiones pueden ser fruto de una lógica contable y del sentido común del funcionamiento de la economía, es imposible afirmar que lo uno sea una consecuencia directa de lo otro. Si nos detenemos a analizar casos como el de Brasil o los del Cono Sur, estos países tienen indicadores económicos muy similares a los de Colombia, pero no presentan situaciones actuales de conflicto armado. Aunque económicamente existe una gran correlación entre el conflicto y el deterioro del bienestar del país, éste no siempre puede atribuirse como una consecuencia de lo primero. Ahora bien si entramos a analizar más en detalle el impacto del conflicto en la niñez y en los jóvenes, se tiene necesariamente que mencionar varios tipos de subgrupos dentro de los cuales el impacto va variar. En otras palabras, el impacto económico sobre las niñas y los niños desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley será diferente al que tendrá en el grupo de las niñas y los niños secuestrados, o en el generado en el grupo compuesto por los desplazados o en aquellas victimas de la acción de las minas antipersonal. Evolución de los Niños secuestrados, desplazados, desmovilizados y victimas de minas antipersonal

Año

2000

2001

2002

2003

Niñas y niños vinculados 11.080 Niñas y Niños Secuestrados 335 Niñas y Niños Desplazados 54.999 Niñas y Niños Desmovilizados 100 Niñas y Niños Victimas de minas antipersonal 19

Nd 313 123.223 196

Nd 400 146.326 481

Nd 348 Nd Nd

46

102

47

Fuente: Defensoría del Pueblo, Mindefensa, Red de Solidaridad Social, Observatorio de minas antipersonal

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Por ejemplo, en el caso del subgrupo de los niños vinculados a los grupos armados al margen de la ley, el conflicto armado genera un impacto altamente negativo. Esto se confirma al considerar lo que mencionamos anteriormente sobre el caso colombiano, es decir que se trata de un conflicto que lleva más de 10 años de vigencia, y en donde la mayoría de las niñas y niños se vinculan entre los 10 y 17 años de edad97 . Si tomamos estos dos supuestos, el “costo” económico generado sobre el país en este rango es de gran magnitud y es una constante a través del tiempo. Lo anterior no quiere decir que la mayoría de los niños y niñas se vinculen con estos grupos por largos periodos, sino que el reclutamiento es permanente durante todo el periodo del conflicto y, por lo tanto, afecta una gran parte de la población. Las niñas y los niños al ser reclutados pierden un período importante de sus vidas. Este periodo está compuesto por los años de formación (educación) y los años de mayor consolidación en su productividad económica. Este fenómeno afecta directamente la economía del país en varios aspectos, por un lado volviéndolo menos productivo, y por otro lado teniendo que asimilar un capital de trabajo menos eficiente de lo que teóricamente podría ser. Los investigadores Arias y Cajamarca toman como ejemplo en su investigación un estudio sobre el caso de El Salvador, donde se muestra que, de no haber existido un conflicto armado en ese país, el ingreso percápita hubiera podido ser entre 75% y 100% mas alto al que realmente se dio. Adicionalmente, la ausencia de este último hubiera afectado positivamente el índice de pobreza, reduciéndolo entre un 15% y un 25%. Este ejemplo es muy ilustrativo si tenemos en cuenta que el autor de este artículo establece sus hipótesis a partir del estudio, entre otros aspectos, de los grupos de jóvenes vinculados al conflicto y que en consecuencia se apartaron desde la más temprana edad de lo que se considera el adecuado desarrollo del capital humano (educación, formación y productividad económica). En el caso de Colombia, se puede establecer un comportamiento de los indicadores económicos similar, aunque su cuantificación no se ha hecho aún. Se puede afirmar que el conflicto armado impide la implementación de un programa de desarrollo humano sostenible. Aquí podemos distinguir entonces dos tipos de situaciones: una "perdida" proveniente de lo que se deja de ganar al presentarse el conflicto armado y un "costo" que representa lo que se debe invertir para recuperar el capital físico y el capital humano perdido inicialmente. Si analizamos el problema desde un punto de vista más preciso, el conflicto armado incide directamente en varios aspectos que tocan el adecuado desarrollo de la niñez y de la juventud. Dentro de estos aspectos podemos mencionar principalmente el impacto en la educación y en la salud. 97

74

Un 91% de ellos para el período 2000-2003 según la Defensoría del Pueblo.

La situación de la educación en Colombia, aunque tiene una importante cobertura, presenta aún serias deficiencias. Esta cobertura, medida en tasas netas de escolarización en el año 2000, arrojó diversos datos: la educación primaria registró un 83%, la secundaria un 62% y la superior sólo el 15%, lo cual evidencia la brecha aún existente. El informe del PNUD98 hace un diagnóstico del sector y resume sus deficiencias en cinco puntos: la cobertura y la permanencia, la calidad y la pertinencia, la escuela como productora de violencia, la escuela como teatro de guerra y la situación del maestro rural. A manera de ejemplo y de conformidad con las estadísticas se afirma que el 57% de los jóvenes entre los 16 y los 17 años no asisten a clase; que el 62% de los menores reclutados por los grupos armados ilegales habían desertado de las escuelas; que el 95% de los centros escolares se encuentran en las ciudades mientras el 28% de la población de estudiantes vive en el campo. Los puntos más destacados de este informe del PNUD se resumen así: -

Cobertura y permanencia: en el 2002 cerca del 16% de los niños entre los 5 y los 17 años estaban por fuera del sistema escolar. Adicionalmente, la tasa de inasistencia escolar es tres veces más grande en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas.

-

Calidad y pertinencia: del total de los planteles del país, 56% de ellos fue calificado por el ICFES como de bajo rendimiento. A nivel del campo, existe una real brecha entre el sistema educativo y el "entorno campesino", lo cual fomenta el distanciamiento entre los estudiantes y sus familias con el sistema de educación.

-

La escuela como productora de violencia: existen patrones de comportamiento en las escuelas de algunas regiones que fomentan la violencia, tanto por parte de los alumnos como por parte de los maestros. Esto fomenta la continuación del conflicto armado.

-

La escuela como teatro de la guerra: en ciertos casos, las escuelas sirven como refugio para los violentos, o como zonas de almacenamiento de municiones. Igualmente, son el sitio ideal para el reclutamiento, o el enfrentamiento entre bandos, convirtiéndose en campo ideal para el desarrollo del conflicto.

98

NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003, Santafé de Bogota, 2003. Pág. 269.

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-

La situación del maestro rural: el rol del maestro es crucial en torno a la situación de las niñas, los niños y los jóvenes frente al sistema educativo y es de gran importancia para el adecuado desarrollo del joven en ese medio. Sin embargo, los maestros se sienten generalmente abandonados por el sistema, sin ningún tipo de ayuda, capacitación o estimulo para llevar a cabo su tarea de educador. Esto se transforma en una ventaja para los actores que incitan al conflicto armado.

El impacto en la educación es uno de los más significativos debido, como se mencionó anteriormente, a la alta deserción escolar. Por un lado, esta deserción es importante en el caso del subgrupo de los jóvenes desplazados. Sin embargo, se estima que esta deserción es transitoria gracias a los programas diseñados por el Estado para atender este problema. En el caso del subgrupo de los vinculados a los grupos armados al margen de la ley, la deserción es total y depende de su permanencia en estos grupos. Si retomamos la encuesta de la Defensoría de Pueblo sobre el nivel educativo de las niñas y niños desmovilizados para el año 2000, solo el 2% habían logrado alcanzar 10° y 11° grado. Adicionalmente, 5% nunca ingreso al colegio y más del 50% no superó el 5° grado de escolaridad. Obviamente, la falta de valores que está relacionada con la ausencia de educación es parte del origen de los problemas de violencia que vive hoy en día el país. En el mismo sentido, es claro que la falta de conocimientos impide una adaptación adecuada por parte de los jóvenes trabajadores a un mundo cada día más globalizado. Estos obstáculos se reafirman con pena en nuestra realidad cuando se estima que los niños colombianos que estudian lo hacen durante 900 horas al año, frente a 1400 horas cursadas por los estudiantes en los Estados Unidos de América. Igualmente, se afirma que un niño en Asia aprende a leer 2.5 años antes que un niño en Colombia. Esto evidencia la pérdida de competitividad que se da desde el inicio de la formación de nuestro capital humano. El diagnóstico anterior no quiere decir que la educación sea la culpable de la violencia, o que la violencia sea la culpable de las deficiencias en el sistema educativo. A una multiplicidad de situaciones le corresponden igualmente una multiplicidad de causas. Sin embargo, es evidente que el conflicto armado ha ayudado a empeorar la situación del sistema educativo. El impacto económico que genera esta situación se tiene que solucionar a través del diseño de programas de reinserción para los desvinculados del conflicto, con el aumento de los cupos escolares y con el mejoramiento de la atención al estudiante y al maestro. Estos programas demandan unas condiciones especiales para su implementación, entre los cuales esta la liberación de recursos financieros. 76

Además del impacto en el deterioro y el abandono de las instalaciones físicas, lo cual implica una perdida económica significativa, el conflicto incide sobre el desplazamiento de los jóvenes con lo cual aumenta la deserción escolar. Esto se debe principalmente a la falta de instalaciones y de cupos escolares en los lugares a donde llegan los desplazados. Por otro lado, el desplazamiento genera una situación de empobrecimiento de las familias afectadas, las cuales tienen que recurrir a los jóvenes miembros para que trabajen en el sector informal y colaboren con el sostenimiento del hogar en detrimento de sus estudios. El siguiente cuadro nos muestra la tasa de deserción escolar de los niños y niñas entre los 12 y los 17 años, según la presencia y el tipo de actor armado. La tasa más baja, 7.72, se registra en los municipios en donde no hay presencia de un grupo armado ilegal, es decir donde no hay conflicto armado. Por el contrario, la tasa más alta es de 9.84 y se da en los municipios en donde existe la presencia de ambos tipos de grupos armados ilegales. Aunque este cuadro evidencia la relación entre conflicto armado y deserción, es importante aclarar, como lo dice el informe del PNUD, que la deserción no se debe solo a la violencia sino que responde también a una variedad de factores como la desigualdad o la calidad de vida, entre otros99. Grupos Armados Ilegales Ninguno Paramilitares Guerrilla Ambos Total

Número de Municipios 438 62 353 211 1064

Tasa de Deserción (promedio anual) 7.72 7.84 8.72 9.84 8.47

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003

Esta situación genera la necesidad de una mayor inversión en programas educativos para recuperar el atraso generado por el conflicto. Dentro de estos programas podemos resaltar el "costo" adicional que surge de la elaboración de nuevos programas dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes: refuerzo en la educación básica, media y tecnológica para dar empleabilidad; alfabetización de corto plazo; validación; formación empresarial en colaboración con el SENA; y propuestas de educación superior por medio del ICETEX. 99

NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003, Bogota, 2003. Pág. 106.

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Es claro que el conflicto armado genera unas reasignaciones de los recursos financieros disponibles en la educación, convirtiéndola en un sector con dificultades en su rendimiento. Si no existiera un conflicto armado, los recursos podrían haber sido asignados más adecuadamente en la construcción de escuelas, en el aumento de cupos escolares y en el diseño de programas para el mejoramiento de la educación. De esta manera se mejoraría la calidad del capital de trabajo, lo cual se considera como la inversión más preciada del país. De la misma manera que con el sector de la educación, el conflicto armado genera en el área de la salud varios tipos de impactos económicos tanto de capital físico como de capital humano. Como lo mencionamos anteriormente, los jóvenes se caracterizan por estar en una etapa de cambios biológicos y psicológicos, durante la cual necesitan constantemente de un respaldo medico que les garantice un adecuado desarrollo físico y mental. Ellos son el grupo social vulnerable a cualquier tipo de problema que se genere en el sector de la salud. Dentro de los impactos más importantes podemos mencionar los siguientes: -

El desplazamiento de las poblaciones hacia otras regiones produce un colapso de los sistemas de salud. Los hospitales no dan abasto debido al incremento de los pacientes por atender que, por regla general, no aparecen debidamente inscritos en el régimen subsidiado de salud. Los hospitales y centros de salud públicos, al intentar atender esta emergencia, aumentan muchas veces su crisis administrativa y financiera.

-

Las regiones más afectadas por el conflicto presentan alarmantes niveles de desnutrición infantil y graves problemas de salubridad por la falta de servicios básicos. Para enfrentar estas dificultades se tiene que diseñar programas de atención inmediata con recursos que no estaban necesariamente presupuestados. Esto genera a su vez un desorden financiero, ocasionando problemas económicos de los hospitales y centros de salud.

-

El daño psicológico que afecta las niñas y niños victimas del conflicto es el impacto más significativo en términos de capital humano. En ese sentido y retomando los impactos sicológicos expuestos en capítulos anteriores, el conflicto deja profundas secuelas en niños y niñas. Estas secuelas y traumas deben ser tratados mediante oportuna atención psicoterapéutica, a lo que hay que agregar que se convierten en limitaciones para el posterior desarrollo personal de estos niños y por lo tanto para su desarrollo laboral. Existe por lo tanto un "costo" por las terapias que deben seguir las niñas y niños, y por la dificultad que podrán tener a partir de allí para poder incorporarse en la vida económicamente activa.

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Uno de los impactos más relevantes a nivel de la salud es el que proviene de los daños hechos por las minas antipersonal. El impacto de las minas, adicionalmente a las profundas secuelas sicológicas que genera en la niña o niño, causa daños físicos que van desde la muerte hasta la pérdida de miembros. Cuando el daño se da por la perdida de un miembro, El Estado debe asumir los gastos inherentes a esto, como lo son las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación física, el suministro y adecuación de las prótesis y el apoyo psicológico y social. Sin embargo y a diferencia de los casos de adultos donde generalmente se le adecua una única prótesis para toda la vida, en las niñas y niños victimas de minas antipersonal es necesario hacer un seguimiento de la evolución de la prótesis de acuerdo al desarrollo físico del paciente. Esto representa un "costo" adicional ya que en promedio se tiene que cambiar o ajustar la prótesis cada año hasta llegar a la definitiva, lo cual multiplica los costos económicos con respecto al caso en los adultos. El costo de una prótesis varía entre 900.000 pesos y 23 millones de pesos, y depende de su especificación100. Sin embargo y para efectos de un ejercicio práctico, vamos a tomar un precio promedio de 3 millones de pesos por prótesis101, y un promedio de tres cambios de prótesis por niño hasta que llegue a la definitiva con el fin de establecer un costo aproximativo de este impacto. El siguiente cuadro muestra el total de niñas y niños victimas de minas antipersonal, así como el costo estimado de las prótesis para esas victimas. Año

2000

2001

2002

2003

Victimas Heridas

18

35

80

39

Victimas Muertas

1

11

22

8

Total Niños Victimas de Minas Antipersonal

19

46

102

47

Total Niños Victimas Heridas de Minas

18

35

80

39

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

54.000.000

105.000.000

240.000.000

117.000.000

-

54.000.000

159.000.000

345.000.000

Costo Promedio Prótesis Costo Total en Prótesis año en curso Costo Total en Prótesis años anteriores Costo Total en Prótesis

54.000.000 159.000.000 399.000.000 462.000.000

Fuente: Observatorio de minas antipersonal, CIREC y Cálculos de los autores 100 101

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC). Dato estimado según la información suministrada por los centros especializados.

79

El estimativo del costo de las prótesis para el 2003 se puede aproximar a 460 millones de pesos, sin embargo este no es el único gasto que se tiene que tener en cuenta para estimar este impacto. Es importante recalcar que una persona que no acceda a una rehabilitación adecuada esta condenada a sufrir secuelas permanentes y a afrontar dificultades en todos los aspectos de la vida, como lo es la consecución de empleo e integración económica. Hay que tener en cuenta los costos de las intervenciones quirúrgicas y de las terapias psicológicas, las cuales aumentan este costo. Por otro lado, en muchas ocasiones las victimas son provenientes de lugares en los cuales no existen centros especializados en este tipo de intervención médicas, por lo que tienen que desplazarse hasta las ciudades capitales, incurriendo en mayores costos tanto de transporte como de estadía. Un grave problema que implica estos altos costos derivados de las minas antipersonal es que las victimas tienden a construir sus propias prótesis. En muchos casos ellas lo hacen ante los precios del tratamiento y porque desconocen los tramites para la obtención de los subsidios existentes, o por la demora en los tramites administrativos102 . Sin embargo estas prótesis caseras, aunque son una solución practica, puede traer consecuencias físicas negativas para el paciente en el largo plazo, impidiendo su rehabilitación y en consecuencia dificultando su reinserción en la vida social y económica. Otro de los impactos económicos más importantes se centra en el deterioro del tejido social debido a la violencia del conflicto armado. El ambiente de inseguridad, la desconfianza hacia los demás y el grado de felicidad (o de infelicidad) son aspectos que inciden directamente en la personalidad de los jóvenes que crecen y se desarrollan dentro de este ambiente. Esto se convierte en una barrera más para una adecuada incorporación en la vida social y económica. Consciente de esto, la OMS establece que “(...) la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. La violencia cotidiana, que cosecha miles de vidas y de víctimas, y que lleva a que los ciudadanos vivan en un ambiente de inseguridad, de falta de tranquilidad, y de desconfianza permanente, atenta contra esta primicia. A partir de esto, la OMS estima que la violencia es un problema de salud publica, y más aun, un problema grave y complejo que alcanza niveles epidemiológicos”103. 102 103

80

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC). www.OMS.org

Adicionalmente, se han implementado programas de atención tanto para los jóvenes reinsertados como para aquellos desplazados por la violencia. En el caso de los desvinculados de los grupos armados, el Estado ha establecido una serie de mecanismos para asignar recursos en la implementación de programas que ayuden a los exintegrantes de los grupos al margen de la ley en su reincorporación en la sociedad. El siguiente cuadro nos muestra los recursos invertidos por las diferentes entidades públicas en los programas de reinserción. Gastos por Entidades en Programa de Reinserción 1998-2002 (millones de pesos) Entidad / Año Min-Interior DAS ICBF Min-Defensa Totales

1998

1999

2000

2001

2002

Totales

22.016 2.155 1.122 ——25.293

22.260 2.307 1.096 ——25.663

23.533 2.317 441 916 27.207

22.523 2.435 809 2.120 27.887

21.935 2.609 155 —— 24.699

112.267 11.823 3.623 3.036 130.749

Fuente: Fund. Restrepo Barco y DNP

El Ministerio del Interior es el que lidera este tipo de iniciativas para los mayores de 18 años. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad a cargo de las niñas y niños adscritos a estos programas. El total de los gatos del Gobierno Nacional para este programa asciende a 130.749 millones de pesos para el período 1998-2002 (ver cuadro anterior). Sin embargo, desde 1990 hasta el 2002, se han destinado más de 217.188 millones de pesos104 . Los recursos provienen de diferentes instituciones del Gobierno Nacional, pero el organismo que se ocupa de su ejecución es la Dirección Nacional de Reinserción, hoy Programa de Reincorporación, la cual ejecuta cerca del 90% del presupuesto. Según un estudio realizado para el DNP105, se estima que el costo promedio de atención a un niño desvinculado de los grupos armados, según la Dirección General de Reinserción (DGR) y el ICBF, asciende a 10,4 millones de pesos por un periodo de 19 meses106. Esto corresponde a 550.000 pesos por mes. En promedio ha habido, desde 1999, un total de 1.426 niños desmovilizados que se han acogido al programa. De este total, 1.377 niños (el 97%), ingresan al programa entre los 11 y los 17 años y 49 (el 3%) lo hacen entre los 18 y los 21 años. 104

PINTO, VERGARA y LAHUERTA, Diagnostico del Programa de Reinserción en Colombia: Mecanismos para Incentivar la Desmovilización Voluntaria Individual, DNP, Santafé de Bogota, 2002.

105

Ibíd. Equivalente al tiempo promedio de la estadía de la victima en este tipo de programas.

106

81

Niños desvinculados de los grupos armados atendidos por el ICBF

Niños Atendidos Aumento en %

1999

2000

2001

2002

2003

Total

10

100 900%

196 96%

394 101%

726 84%

1426

Costo Promedio 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Costo Total por mes 5.500.000 55.000.000 107.800.000 216.700.000 399.300.000 Costo 19 meses 104.500.000 1.045.000.000 2.048.200.000 4.117.300.000 7.586.700.000 14.901.700.000 Fuente: DNP – ICBF

Los costos proyectados para la atención a los niños desvinculados de las filas armadas en estos programas del la DGR y del ICBF ascienden para el 2003 a 7.587 millones de pesos. Desde el inicio del programa se han destinado más de 14.900 millones de pesos. Es importante resaltar que estos resultados se calculan sobre la base de unas aproximaciones de los costos de la atención humanitaria a partir del momento en que los niños ingresan oficialmente dentro del programa de reinserción. Se tiene en cuenta el transporte, la alimentación, la vivienda, la atención médicas, el equipo de aseo y la ropa, entre otros. A estos costos hay que añadirle necesariamente aquellos relacionados con la promoción y la capacitación del programa de reinserción. Igualmente, los costos se estiman según la cantidad de niños que ingresan ese año, pero este costo se debe repartir durante un período de un año y medio (19 meses). El total presentado en el cuadro es un estimativo del presupuesto que se debe tener en cuenta para la atención en este programa. De acuerdo a la tendencia de los casos atendidos, se espera que el impacto económico de este programa sea cada vez más grande, lo cual implica la necesidad de liberar más recursos para su implementación. Sin embargo estos costos son superados por lo beneficios económicos que trae los resultados del programa. Según el estudio del DNP, se necesitaría alrededor de 360.000 millones de pesos durante un período de 2 a 8 años para atender un pie de fuerza de 15.000 hombres dentro de este programa. Esta cifra es relativamente baja si se compara con el costo proveniente de las perdidas en infraestructura y en capital humano mencionados anteriormente, y que según los expertos puede oscilar entre 1.19 billones de pesos en capital físico y extorsión, y, según los estimativos, en 4,5 billones de pesos en capital humano. Es pertinente establecer los impactos económicos que afectan a niños y jóvenes involucrados en el conflicto armado, pues ello ayuda a dimensionar el costo que se ha pagado, que se está pagando, y que se seguirá pagando de no encontrar una pronta solución. Esto evidencia la importancia de la protección de las niñas y los niños, y la prevención con el fin de evitar que este grupo vulnerable continúe siendo una de las principales victimas del conflicto. 82

El análisis económico aporta importantes elementos para una mejor comprensión del conflicto armado. Es importante establecer las consecuencias económicas que se derivan de esta confrontación. Esto ayuda a ver el impacto de estos costos no solamente en la población sino también en aspectos que, como el crecimiento económico, es un reflejo del bienestar de la sociedad. Finalmente, podemos decir que en estos casos un análisis económico es otra manera de evidenciar la importancia del dividendo proveniente de la construcción de un camino hacia la paz. Para lograr establecer mecanismos que solucionen el problema de la violencia y del conflicto armado, y lograr inculcar una cultura de la paz y de la democracia, es necesario tener en cuenta todos los componentes que influyen en el funcionamiento de la sociedad. Dentro de esto, los estudios económicos se consolidan como una herramienta fundamental. De esta manera se evidencia que cualquier iniciativa con el fin de solucionar este flagelo va a presentar retornos positivos en términos de bienestar social y de crecimiento económico.

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