El Otro Programa [frente Amplio Uy]

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Bases

PROGRAMATICAS P R O Y E C T O A LT E R N AT I V O

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Introducción

El año 2000, último de este siglo, será el primero de gobierno de una fuerza de transformación progresista en el Uruguay. Llegaremos a él luego de un largo y duro proceso de construcción de la unidad de las fuerzas populares. Pero también luego de 10 años de exitosa experiencia de gobierno en la capital del país, a través de la cual, aún a pesar de las limitaciones e injustas discriminaciones impuestas por el gobierno de coalición de los partidos tradicionales, se trabaja con la firme voluntad de cumplir con fidelidad los compromisos contraidos en el programa, gobernando para todos los ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, y desarrollando políticas que privilegian a los sectores más carenciados y postergados, en un proceso de aprendizaje en la acción cotidiana, que constituye un valioso capital para el ejercicio del gobierno nacional. Los uruguayos hemos demostrado, más de una vez, que sabemos salir juntos de las dificultades. Hemos sido capaces, también, de construir juntos grandes cosas. Este fin de siglo nos demanda a la vez ser audaces para vencer la desesperanza y cautos para cimentar firmemente nuestros logros. Esta combinación de audacia y sensatez sólo puede darla, en las dosis justas, una fuerza política con las tradiciones, aspiraciones y respaldos que exhibe el Encuentro Progresista – Frente Amplio, única con capacidad de convocar y movilizar los sectores sociales organizados, detrás de un programa de amplios consensos. 6

Nuestras líneas programáticas tienen presente la situación mundial y continental que en los umbrales del siglo XXI se muestran en nuestro horizonte.

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El contexto mundial y nacional

A fines del siglo XX asistimos –revolución científicotécnica mediante- a singulares avances en el campo del conocimiento, las comunicaciones y la producción que deberían beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del capitalismo no fuera el

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máximo incremento posible de la tasa de ganancia. Vivimos en un mundo en el cual el imperialismo impone una estrategia global neoliberal que abarca aspectos económicos, políticos, ideológicos, culturales y militares. Se expulsa de la producción y se margina de la sociedad a millones de seres humanos. La concentración de la riqueza llega a niveles nunca vistos. Hoy 225 personas concentran una fortuna de 762.000 millones de dólares equivalente al ingreso del 45% de la población mundial. Al mismo tiempo 3.000 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y carecen de saneamiento; 2.000 millones no tienen electricidad. Un enorme poder se ha concentrado en las llamadas empresas transnacionales. Se ha constituido un capital financiero volátil, alentado en sus movimientos por la ausencia de límites y controles sobre su desempeño, que se ha convertido en fuente de desequilibrios con graves consecuencias para nuestros pueblos. Así se han sucedido diversas crisis económicas que expanden sus efectos en cadena afectando toda la economía mundial (México, Sudeste Asiático, Japón, Rusia y más recientemente Brasil) poniendo de relieve la inestabilidad y fragilidad que son propias del modelo en curso. Son la expresión financiera de una crisis estructural de superproducción y especulación. Por otra parte se verifica la existencia de una situación de poder unipolar en lo político y militar, que habilita un creciente intervencionismo de los EEUU en diversas partes del mundo, sea utilizando los organismos internacionales para imponer las políticas que responden a sus intereses, sea a través de la acción militar desnuda y torpemente justificada, o recurriendo al pretexto de las llamadas leyes antiterroristas o el supuesto combate al narcotráfico. En suma, mientras la ciencia y la tecnología ambientan la globalización, ésta se expande al amparo de una concepción, una política y un programa neoliberales impulsados desde los grandes centros hegemónicos de poder, entre los que sobresalen los EEUU. La aplicación de estas políticas en nuestra América Latina, que en muchos países han sido llevadas adelante por regímenes autoritarios y dictatoriales, ha dejado como consecuencia el incremento de la brecha entre los que más tienen y pueden y las grandes mayorías sometidas al sufrimiento que les imponen las indignas condiciones de vida y la pauperización social que deben soportar. A ello se suma que como resultado de la aplicación de estas políticas han aumentado en forma alarmante la desocupación, el subempleo y el informalismo, advirtiéndose asimismo que se han com-

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prometido seriamente los recursos naturales y se ha degradado el medio ambiente. En nuestro país en particular, la dictadura impulsó y profundizó las políticas neoliberales ya en la década del 70. El retorno a la institucionalidad democrática, fruto de la lucha y sacrificio de miles de uruguayos, generó nuevas expectativas sociales que fueron paulatinamente frustradas en la primera administración del presidente Sanguinetti, que incumplió y desconoció los acuerdos de la CoNaPro. Más tarde, la administración del presidente Lacalle ahondó el proceso de reformas neoliberales, que nuestro pueblo logró en parte frenar, tal como ocurriera en el Plebiscito de l992 relativo al destino de las Empresas Públicas. El acceso del FA al gobierno municipal de Montevideo y la posterior administración departamental del FA y el Encuentro Progresista han mostrado cómo es posible instrumentar políticas exitosas de naturaleza diversa y aún opuesta a las aplicadas por el gobierno nacional, generándose de este modo una alternativa concreta y visible al modelo vigente. La nueva administración del presidente Sanguinetti, apoyada en una coalición de los partidos Colorado y Nacional de carácter orgánico y proclamada identidad ideológica, imprimió un nuevo impulso a las políticas neoliberales, introduciendo variantes más pragmáticas del mismo modelo global. Se han llevado adelante reformas estructurales cuyos ejes fundamentales constituyen un signo regresivo para un auténtico proyecto de desarrollo nacional, tales como la del Estado, la de la Seguridad Social, la de la Educación, y la del marco regulatorio energético entre otras. Luego de todo este tiempo y de los sacrificios impuestos a los sectores mayoritarios de la población, especialmente a los más débiles social y económicamente, se ha logrado un tipo de crecimiento sin futuro, engañoso, carente de sustentabilidad. Un crecimiento que sólo se ve en las cifras oficiales, pero que no se refleja en la situación de las mayorías. Un crecimiento frágil y precario, excesivamente dependiente del marco regional y del flujo de capitales destinados especialmente a la especulación, con niveles absolutamente insuficientes de inversión productiva. La estabilidad tan pregonada por la actual administración se cimenta en ines-

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tabilidades y angustias sociales insoslayables a la hora de analizar la situación nacional. La más reciente aventura especulativa golpeó duramente a Brasil, y se prolonga con repercusiones directas sobre nuestro país, corroborando la inestabilidad esencial y la fragilidad del modelo. El proyecto neoliberal una y otra vez genera o ambienta estas crisis tornando insoportable la situación de los más desposeídos y de vastos sectores de las capas medias y poniendo en entredicho las decisiones soberanas de nuestras naciones. A través de conjunciones sociales de máxima amplitud, mediante la acción de los partidos y movimientos populares y sociales emergen entonces las propuestas alternativas, como la gran esperanza para nuestros pueblos. El neoliberalismo no es el único modelo posible, no habrá de imponerse fatalmente. Ante él se levantan las aspiraciones esperanzadas de amplios sectores sociales en diversos países de nuestro continente propulsando programas de transformaciones auténticamente alternativos y opuestos al modelo dominante, programas de contenido democrático, nacional y popular, ajustados a las especificidades propias de cada nación. En esta gran corriente democratizadora se inscribe el programa del Encuentro Progresista - Frente Amplio, cuyos crecientes respaldos políticos y sociales ponen de manifiesto la viabilidad de un gobierno progresista para el Uruguay, apoyado en la labor múltiple a desarrollar en el seno del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil. Nos aproximamos al año 2000 en un contexto que muestra una preocupante tendencia a la desintegración social. Ésta se expresa de múltiples maneras y en especial, en la violencia y frecuencia crecientes de los delitos, en los desmanes que se reiteran en las manifestaciones deportivas, en los brotes de intolerancia que aparecen en el ámbito de lo político, lo religioso y hasta en el hogar. El problema social de la violencia doméstica comienza a ser lentamente valorado en su complejidad, y es uno de los desafíos que las políticas públicas deberán encarar a fin de alcanzar su superación. En las últimas dos décadas, la inserción de la mujer en el mundo del trabajo ha producido un cambio profun-

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do en sus responsabilidades, en una cultura que no ha reestructurado adecuadamente los roles masculinos. Surgen entonces crecientes necesidades insatisfechas con relación al cuidado de niños, ancianos y enfermos, tradicionalmente a cargo de las mujeres, que requieren nuevas respuestas en materia de políticas públicas. La desintegración social antes referida, en buena parte se explica por la promoción permanente de una nueva “cultura” que incita al consumo irrefrenable, propone el éxito personal y económico como única meta, y arroja de este modo a los seres humanos a una lucha sin piedad en donde el hombre “es lobo del hombre”. Se promueven los antivalores de la competencia que proponen “triunfar” a toda costa, aún cuando ello implique aplastar o destruir al semejante; se estimula la idolatría de una supuesta “libertad”, en la que todo vale si es para la satisfacción propia, y donde ha perdido vigencia la norma elemental de convivencia que establece que nuestros derechos acaban donde comienzan los del prójimo. Se intenta que los uruguayos abandonen la cooperación y la solidaridad, la sustituyan por la práctica de usar al otro en beneficio propio sin reparos, trasladando a las relaciones entre seres humanos la actitud del consumo irresponsable que se resume en la frase “use y tire”.

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El Encuentro Progresista apunta a un futuro de superación, de reconstrucción del tejido social, de reunión solidaria de los uruguayos, revalorizando la persona como centro de la vida en sociedad, con sus derechos y obligaciones, haciendo pie en los auténticos valores humanos que constituyen la base del desarrollo personal de cada integrante del conjunto social, y el fundamento de una convivencia armónica y dejando atrás el nefasto “reduccionismo de mercado”, que concibe a las personas apenas como meros agentes económicos, consumidores o productores, con olvido de su dimensión integral y trascendente. Es un compromiso inexcusable para el Encuentro Progresista - Frente Amplio, el continuar promoviendo desde el gobierno nacional las políticas de equidad de género, con el claro objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Tenemos la fundada esperanza de que el año 2000 nos encuentre en el gobierno, asumiendo con firmeza y de-

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terminación la responsabilidad de llevar adelante nuestro programa, en el marco de la Constitución y la ley, buscando los respaldos políticos y sociales imprescindibles y la conformación de las grandes mayorías que hagan posible su aplicación. Deberemos afrontar las tensiones generadas por la resistencia de actores económicos y sociales que se opondrán a las políticas que se requerirá poner en práctica urgentemente, para cubrir necesidades básicas impostergables. Ya se observa a los enemigos del cambio apostando a infundir temor en la población, agitando el fantasma de la desestabilización, magnificando y desnaturalizando con pronósticos falsos e irresponsables las consecuencias de las inevitables modificaciones en las prioridades de las políticas económicas. Son viejas tácticas ya conocidas por los uruguayos, pues fueron empleadas cuando el acceso del Frente Amplio al gobierno de Montevideo, y desmentidas una y otra vez en forma categórica por la realidad.

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Las preocupaciones de los uruguayos ¿Cuáles son las grandes preocupaciones colectivas de los uruguayos?

La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva social y la edad de cada uno. Así, para los jóvenes, enfrentados a la necesidad –inmediata o no- de lograr su autonomía y trazar su propio camino, las preocupaciones mayores se centran en la modalidad de su inserción en la sociedad, en la definición de su propia identidad. De una parte, esto supone la formación para la actividad laboral, y al mismo tiempo, implica la búsqueda de espacios de expresión propia, de construcción de ámbitos de pertenencia personalizados, con códigos y aspiraciones intransferibles. La satisfacción de todas estas necesidades exige el replanteo de todo el sistema educativo, no sólo desde la perspectiva de la futura inserción laboral del educando, sino desde la más amplia de la formación de personas para la vida en sociedad y la realización más plena de sus potencialidades. Para quienes, jóvenes o no, empleados o no, tienen que hacerse cargo de sí mismos y en la mayoría de los casos, además, de una familia, las preocupaciones se cen-

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tran en la disponibilidad y el acceso a los medios para hacer frente a sus responsabilidades. En este aspecto, la necesidad primaria es la de contar con la seguridad de un trabajo que permita obtener ingresos suficientes. Finalmente, para quienes ya han realizado su contribución a la sociedad durante largos años de trabajo, remunerado o no, la preocupación se enfoca en la obtención de los medios seguros de subsistencia que les otorguen tranquilidad para gozar de la vida y continuar aportando su experiencia y sus conocimientos a la construcción colectiva de la sociedad. Estas preocupaciones se sintetizan hoy en el reclamo de fuentes de trabajo y soluciones para los problemas de salud, vivienda y educación –entre otros-, que se elevan desde capas cada vez más amplias de la población. La pobreza golpea y se agudiza visiblemente al compás de las políticas económicas neoliberales de las últimas décadas. Resulta intolerable para los uruguayos, y constituye por tanto una preocupación fundamental, el espectáculo del sufrimiento y la marginación de importantes sectores de la población. La lucha contra este flagelo es para nosotros una prioridad irrenunciable y un compromiso que requerirá de acciones enérgicas e inmediatas. Sabemos que no está al alcance de ningún gobierno el dar respuesta inmediata a todas estas preocupaciones. Pero también sabemos que la orientación, las prioridades y las políticas del gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio harán posible revertir el actual panorama de deterioro y regresión, y permitirán avanzar en forma significativa y visible en la satisfacción progresiva de las necesidades de las grandes mayorías.

4 Nuestros principios estratégicos

El gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio se basará en los principios estratégicos que han inspirado su acción tanto desde el gobierno como desde la oposición. Nuestra política coloca a la persona como centro de la acción. Este principio, conjuntamente con la fuerte referencia ética que de él deriva, clarifica los objetivos y califica las prioridades.

Esa referencia ética orienta en forma intransigente la acción del gobernante y encuadra la gestión del Estado en todas sus manifestaciones, dignificando la función pública, y en particular, la del “mandatario”, verdadero servidor del soberano que le confía su investidura. De este modo, concebimos la acción de gobierno como un servicio al pueblo, a todos los uruguayos. Su eficacia se mide por la satisfacción de las necesidades de la gente, comenzando por las más urgentes e impostergables. El respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento y profundización de la democracia, constituyen ejes fundamentales de nuestra acción. Sólo una democracia fuerte, capaz de avanzar progresivamente en su dimensión social y de participación, de hacerse más honda y radical –en el debate y la cooperación-, será el marco adecuado para que los uruguayos encontremos los caminos de nuestra felicidad colectiva en un ambiente propicio para la plena realización individual. La valorización de las organizaciones intermedias de la sociedad, que hacen posible la expresión más cabal de los individuos y constituyen una expresión genuina y singularmente valiosa del entramado social; la jerarquización de los partidos políticos y de la política como actividad de servicio; el desarrollo de la descentralización de las decisiones y por tanto, la afirmación de la subsidiariedad del Estado central, constituyen orientaciones básicas de nuestra política, enfocadas al fortalecimiento del tejido de responsabilidades sociales y la participación ciudadana. Una sociedad no cumple su finalidad esencial si no logra asegurar a todos las condiciones materiales para el desarrollo personal. Una democracia no madura y se fortalece si no es capaz de albergar, dar prioridad y promover las políticas que procuran y estimulan la creación de tales condiciones. El crecimiento económico es, entonces, un componente fundamental de nuestra estrategia. Pero no a cualquier costo. No estamos hablando de cifras, sino ante todo, de personas. No nos interesa mostrar elevados promedios que no logran ocultar irritantes y dolorosas desigualdades. El crecimiento económico que propone

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el Encuentro Progresista - Frente Amplio es un paso necesario en el camino hacia un desarrollo económico y social integral. Las máquinas, los edificios, la tierra, el dinero son recursos para las personas, no al revés. La propiedad de los recursos es un factor decisivo para sustentar la creatividad. No puede transformarse en un elemento de esclavitud o servidumbre humana. Sustentada en estos principios, nuestra orientación económica prioriza la producción, apunta al crecimiento de la riqueza con simultáneo énfasis en su distribución con justicia social; respeta y promueve la libertad de las personas para el desarrollo de su capacidad creadora y se apoya en el funcionamiento de los mercados lo cual requiere de un Estado dotado de los instrumentos y capacidades necesarios para orientar las transformaciones, asegurando el respeto de los derechos de todos. Un Estado capaz de establecer marcos de regulación que impidan la formación de monopolios privados concentradores de riqueza y poder, y también apto para producir directamente los bienes y servicios cuya producción por parte de agentes privados no asegure la contribución al interés general.

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Nuestra política económica ubica entonces al Estado como activo participante del quehacer económico, procurando asegurar las necesidades básicas de todos los habitantes, un Estado que regula y orienta el proceso económico, con la mira y la intención puestas en el bien común. Como representante del conjunto de la sociedad, y a través de los procedimientos institucionales propios del Estado de Derecho, fija los marcos regulatorios para el ejercicio de la actividad privada y desempeña un rol dinámico, manteniendo su presencia en los sectores estratégicos de la economía, participando en forma permanente o circunstancial en los que no se consideran esenciales, pero en todo caso con el objetivo final de alcanzar el bienestar de los uruguayos, que tal y no otra es su razón de ser. No se descartará a priori el uso de ninguno de los instrumentos disponibles en el Estado de Derecho. Desde el punto de vista jurídico, el respeto a la Constitución y a las leyes y, por consiguiente, de los derechos y obligaciones emanados de su imperio, es y será la condición básica de toda medida.

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En definitiva, nuestro programa se sustenta en valores irrenunciables como la libertad, la justicia social que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades para todos, la solidaridad, la participación como herramienta para el fortalecimiento de la integración social, la defensa intransigente de la Democracia y su permanente profundización, el respeto pleno por los Derechos Humanos y el derecho a la verdad como fundamentos de la convivencia, así como la ética, la honestidad y la responsabilidad como ejes de la acción de gobierno.

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Los problemas prioritarios y los ejes programáticos

Cinco años de gobierno no bastan para transformar radicalmente un país. Pero son suficientes para comenzar a transformarlo junto a una nueva manera de hacer política, pensada y destinada para la gente y con su participación. También son suficientes para revertir los procesos más regresivos y negativos, son suficientes para implantar políticas de justicia y defensa del patrimonio nacional, son suficientes para combatir la pobreza y sus consecuencias, poner en marcha la profundización de la democracia y herir de muerte a la corrupción. Es nuestra responsabilidad y también nuestra decisión, buscar los consensos y los acuerdos que hagan posible alcanzar estas grandes metas. El próximo gobierno progresista debe ser encarado como la primera etapa de un proyecto de cambio, de mayor aliento y profundidad, que demandará incrementar el apoyo popular en otras confrontaciones electorales, para dar continuidad a las transformaciones impulsadas. Debe quedar claro que no podrán revertirse de un día para otro todos los efectos de décadas de políticas antipopulares. No pueden olvidarse las pesadas cargas que tantos años de políticas regresivas y neoliberales han descargado sobre los hombros del país. La pobreza, el desmantelamiento del aparato productivo, la ineficiencia de un Estado engordado por el clientelismo, mal administrado, irracionalmente costoso y herido por la corrupción, los compromisos internacionales asumidos sin respon-

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sabilidad generando condiciones adversas para el desarrollo independiente, son –inventario rápido y ciertamente incompleto- algunas de las rémoras que será necesario superar. Sin olvidar las limitaciones que son consecuencia del subdesarrollo y la dependencia, y las resultantes del contexto internacional, donde constantemente ocurren hechos determinantes, que afectan nuestra economía y las condiciones de vida de nuestro pueblo, y escapan al control de un gobierno nacional. Esto refuerza la necesidad de adoptar políticas que permitan defender nuestra autonomía y amortiguar los efectos más perniciosos de tales acontecimientos. Las prioridades tácticas y estratégicas de la propuesta programática de gobierno deben tener en cuenta tales limitaciones y condicionamientos y, a la vez, las necesidades de atención impostergable y los objetivos de largo plazo que darán forma a la sociedad a que aspiramos. No se trata de limar las aristas negativas del modelo neoliberal, aperturista y desregulador. Se trata de proponer a la ciudadanía un programa de transformaciones que, partiendo de nuestra realidad y de sus potencialidades y sin falsas expectativas, constituya un avance sustantivo en este país, en esta región y en un mundo globalizado, en el marco de nuestro proyecto nacional, popular y democrático. Los problemas a los que debemos hacer frente son múltiples. Sin embargo habremos de ordenarlos en función de las prioridades definidas, aún sabiendo que ello obligará a postergar algunas aspiraciones. Una vez en el gobierno actuaremos en el marco de los principios que guían nuestro compromiso, esto es, sin perder de vista el horizonte de transformaciones que conduzcan a la construcción progresiva de una sociedad más justa y solidaria, razón de ser de nuestra esperanza y nuestra lucha. Para ello buscaremos los caminos de concertación política y social que resulten necesarios para encarar las soluciones. Corresponde entonces definir los ejes fundamentales de nuestra propuesta programática, que luego serán expuestos con profundidad. Ellos son: la búsqueda de la justicia social, que en la presente situación apunta ante todo a la progresiva erradicación de la pobreza, las grandes desigualdades, la marginación y las distintas formas de exclusión

la transformación del Uruguay en un país productivo, que ofrezca oportunidades de trabajo, empleo y desarrollo personal para todos sus habitantes, con plena utilización de los recursos nacionales y una inserción internacional apropiada y compatible con un proyecto de desarrollo autónomo la democratización del Estado y la sociedad, afirmando y consolidando las conquista democráticas, el respeto y defensa de los derechos humanos, y la preservación del medio ambiente, impulsando –en el ámbito nacional- la descentralización y la participación ciudadana, la mejora de la gestión del Estado, y la dignificación de la función pública, así como desarrollando una política internacional que apunte a la integración de los pueblos latinoamericanos y a la consagración de un orden mundial justo y pacífico

5.1. Justicia social El gobierno progresista buscará avanzar en materia de justicia social combatiendo la pobreza en sus distintas manifestaciones. Para el logro de este objetivo se asigna un papel fundamental tanto el carácter social de las nuevas políticas a impulsar, como a un modelo de país orientado al desarrollo de su capacidad productiva, generando empleo e integración económica, social, cultural y política. La atención adecuada del problema de la pobreza requiere un enfoque integral combinando y coordinando las políticas sociales entre sí y con las políticas económicas; un enfoque diferencial, que excluya las discriminaciones de género, raciales, etarias y de cualquier otro tipo, intentando compensar las gravísimas carencias actuales y un enfoque participativo, para ello hay que lograr el involucramiento de los afectados y de toda la sociedad en el tratamiento del problema. La pobreza es resultado de procesos sociales e individuales complejos lo que reclama su atención preferente a través de las políticas públicas. En primer lugar, por que es urgente, debe atenderse económica y socialmente, a quienes se hallan en situación de pobreza, con el fin de liberar energías para que estas personas recuperen el autovalor y se aboquen a revertir el círcu-

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Se otorgará atención permanente a los temas culturales de modo integral, impulsando una política de promoción y desarrollo que apunte a la participación democrática de la sociedad.

lo depresivo al que se ven empujadas habitualmente. A ello deben ir dirigidas en forma prioritaria las políticas sociales focalizadas y las compensatorias, tanto en el medio urbano como en el rural, dando preferencia a la consolidación de la familia como ámbito natural del desarrollo personal. Es por ello que un enfoque progresista de las políticas sociales se opone radicalmente al arcaico concepto de asistencialismo que caracteriza, cuando existen, a las políticas que al respecto intentan llevar adelante los proyectos neoliberales. Actualmente los que más necesitan de los servicios básicos son quienes carecen por completo de ellos, o los tienen de menor calidad. Las políticas sociales progresistas serán directamente proporcionales a las necesidades. En esencia y con respecto a la situación presente el criterio que guiará nuestra acción viene de la historia y fue enunciado por Artigas: se trata de “invertir el orden de la justicia”, de modo “que los más infelices sean los más privilegiados.” Estas políticas deberán estar coordinadas en una planificación global, evitando duplicaciones y vacíos. Para ello se creará una instancia del más alto nivel capaz de ejercer la coordinación de todo el universo de medidas, programas e instituciones relacionadas con las áreas sociales a nivel nacional y local.

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Se dará especial importancia a las políticas educativas, de modo que nuestras niñas y niños logren un desarrollo pleno, posibilitando el despliegue de sus potencialidades así como la integración social de los sectores empobrecidos, excluidos y marginados. Es necesario contrarrestar las graves desigualdades que actualmente se verifican en el sistema educativo básico entre los distintos estratos sociales. La enseñanza técnica y profesional debe ser jerarquizada y universalizada y en ella todos deben poder formarse y capacitarse para el trabajo. El concepto de educación permanente debe aplicarse con carácter general en el sistema y los medios de comunicación deben contribuir a la obtención de estos objetivos.

Las políticas de salud se orientarán a asegurar la integralidad, universalidad y equidad de las prestaciones, con un financiamiento justo, dando prioridad al primer nivel de atención y a la medicina preventiva, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud. Debe aprovecharse al máximo el potencial de las policlínicas barriales coordinando la red de policlínicas públicas y privadas mediante un convenio marco. Y al mismo tiempo, mejorar sustancialmente los hospitales públicos aumentando su eficiencia, desconcentrando su gestión y descentralizándolos a través de la participación comunitaria. Los servicios de salud deben coordinarse con los sistemas educativo y de seguridad social. Es necesaria una enérgica participación estatal en la regulación, control comercial y eventualmente producción de medicamentos, de modo que sean accesibles a todos quienes los necesitan. Elaboraremos un Plan Nacional de Salud en consulta con todos los involucrados, que contemple las necesidades específicas de hombres y mujeres conforme a su edad, sexo y condiciones particulares, garantizando así la atención integral. A través del financiamiento público se procurarán políticas para que los sectores sociales de bajos recursos puedan tener acceso a la vivienda en calidad de usuarios, arrendatarios o propietarios, estableciendo líneas de crédito especiales con subsidio estatal. Se dará pleno cumplimiento al Plan Nacional de Vivienda; en el marco de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, coherente con las políticas generales de desarrollo, se establecerá una política de tierras para viviendas, como parte de las políticas de descentralización. Se promoverán las modalidades de vivienda cooperativa así como otros sistemas sociales de construcción y de gestión comunitarias. Se atenderá especialmente la situación del mercado de alquileres, en procura de un funcionamiento acorde con los objetivos planteados.

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Se promoverá la repoblación de las áreas urbanas con infraestructuras disponibles, otorgando la prioridad correspondiente a las familias en situación de lanzamiento por vía judicial, aportando a la solución de la problemática de los asentamientos. En materia de seguridad social se buscará la generación de un nuevo sistema integral basado en los principios de universalidad, redistribución, solidaridad intergeneracional, participación, eficiencia, protección social y financiación tripartita, sustentado por un amplio consenso de todos los sectores sociales involucrados. Para ello resulta imprescindible sustituir a la brevedad el régimen vigente introducido por la ley 16.713, (Reforma de la Seguridad Social y creación de las AFAP) que no ha solucionado ninguno de los problemas reales de la seguridad social en el Uruguay, que ha disminuido los beneficios tanto para activos como para pasivos, y ha entregado los aportes de los trabajadores al circuito de la especulación financiera. Lo más urgente es la extensión de los beneficios de la seguridad social a los sectores que ahora no los poseen: los niños sin asignación familiar, los ancianos sin atención médica, los desocupados desprovistos de la cobertura del seguro de paro, los hogares carenciados sin ingresos suficientes, las mujeres trabajadores sin amparo social. En materia de pasividades se favorecerá el retiro gradual y se regularán los montos de jubilación y tasas de reemplazo según franjas de remuneración.

5.2. País productivo y empleo El objetivo del Encuentro Progresista – Frente Amplio consiste en poner la economía al servicio del ser humano, impulsando un modelo de producción con justicia social y haciendo de este modo que el desarrollo obtenido sea sostenible. El gobierno progresista apuntará definitivamente al desarrollo del sector productivo, en armonía con el medio ambiente, en contraposición al país especulativo, al latifundio improductivo, al despilfarro y subutilización de recursos, enfrentando decididamente toda forma de corrupción. Llevará adelante políticas activas de generación de empleo y redistribución progresiva del ingreso, haciendo de ello uno de los ejes fundamentales de su política.

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Con esta orientación, las políticas económicas buscarán un crecimiento del mercado interno y la inserción competitiva, -regional e internacional-, fortaleciendo nuestro potencial exportador y evitando las prácticas de importación que lesionan seriamente nuestra capacidad productiva. El conjunto de los instrumentos de política económica deberá atender simultáneamente, la distribución del ingreso, el crecimiento y la estabilidad. Se buscará mantener el equilibrio fiscal y contener la inflación, sin transformar estos instrumentos en objetivos en sí. Las políticas salariales buscarán la recuperación gradual del salario perdido, así como la aplicación efectiva de la legislación laboral vigente, su perfeccionamiento y adecuación a la situación presente. Se ajustará el salario mínimo nacional de manera de poner un piso real a las remuneraciones, mejorando los beneficios sociales que dependen de este indicador. Se procurará establecer la obligatoriedad de la negociación colectiva en los sectores público y privado, donde el Estado garantice el cumplimiento de mínimos de remuneración y de condiciones de trabajo, para lo cual será indispensable aprobar la legislación que ampare y regule el ejercicio de las libertades sindicales. Se buscarán acuerdos generales entre trabajadores, empresarios y Estado a través del Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución y nunca concretado hasta el presente. Se definirá y pondrá en práctica un Plan de Desarrollo Económico que resulte confiable para los actores (Estado, trabajadores, empresarios, comerciantes y agentes financieros), quienes con distinto grado de participación -definida con claridad- lo llevarán a la práctica. La izquierda y los sectores progresistas deben realizar un gobierno que, manteniendo su compromiso básico con los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad, propicie un marco de estabilidad económica, institucional y social, respetado por todas las partes. Se establecerán políticas de apoyo al desarrollo de complejos productivos que se definan como estratégicos. La búsqueda de acuerdos de complementación productiva con los países del Mercosur, se concibe como he-

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rramienta fundamental para esta labor. Estas políticas serán implementadas con la participación activa de los actores directos. Un criterio central de las políticas productivas debe ser la selectividad, buscando orientar la inversión hacia los sectores considerados prioritarios. Los criterios para determinar tal selectividad deben ser claros, trasparentes y de impacto económico y social. La creación directa o indirecta de empleo, la generación o el ahorro de divisas, la descentralización territorial, el impacto ambiental, el dinamismo tecnológico y la capacidad para generar nuevos productos, son algunos de estos criterios que comenzarán a utilizarse de inmediato. Dada la importancia que la agroindustria tiene en la economía nacional, se pondrá especialísima atención en sus complejos productivos con políticas de tierras, capacitación, información, asistencia técnica, comercialización y créditos para los productores y protección social para sus trabajadores, entre otras medidas. Se asignará preferencia a la industria de la construcción por su capacidad para generar rápidamente puestos de trabajo.

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El uso ponderado de los recursos naturales, en particular tierra y agua, será objetivo prioritario en la renovación productiva, buscando formas de desarrollo sustentable, compatibles con la conservación del medio ambiente. Los recursos deben ser protegidos, erradicando toda forma de dilapidación y daño, y a la vez, utilizados racional y equitativamente, de modo que su explotación beneficie a la sociedad toda. En este sentido se afirma la plena vigencia del Instituto Nacional de Colonización, que deberá ser capitalizado y renovado para que pueda cumplir con sus objetivos básicos. Se mantendrá la prohibición de que las sociedades con acciones al portador sean propietarias de la tierra, legislándose también para evitar la creciente extranjerización de la misma.

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aprovechamiento de los recursos con racionalidad y eficiencia, a fin de atender la demanda y contribuir al proceso de reindustrialización del país evitando la dependencia energética. Se organizarán -con fuerte participación de los involucrados- mecanismos de apoyo sistemático a la comercialización de nuestros productos, tanto para el mercado interno como para la exportación, en particular promoviendo las formas de negociación colectiva o cooperativa, proveyéndose por parte del Estado servicios de asesoramiento integral. Se diseñarán políticas específicas para las diferentes áreas de servicios, que busquen potenciar su significación económica y ocupacional, en especial con referencia a los segmentos más dinámicos: industrias culturales, software, entre otros, y en especial el turismo por su relevante papel económico y social. Se efectuará una política fiscal más justa bajo el principio de que “pague más quien tiene más”; el sistema se basará en los principios de progresividad, finalismo, generalidad, equidad y coherencia. Se impulsará la implantación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas al tiempo que se gravarán actividades financieras de carácter especulativo, los consumos suntuarios y la concentración de la riqueza. La incorporación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas permitirá la reducción del IVA y del Impuesto a los Retribuciones Personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible. La banca oficial jugará un rol central en la política económica. Su capacidad y potencia serán utilizadas de la manera más eficaz orientando el crédito para que sirva de apoyo a los sectores productivos. El Banco República será dinamizado en su función de banco de fomento. El Banco Central regulará y controlará efectivamente el flujo de capitales y el sistema financiero.

Habrá prioridad para el desarrollo científico-técnico, en particular orientado hacia la producción básica del país, con fuerte apoyo estatal y asignando un rol fundamental a la Universidad de la República.

El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraidas por el Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma.

El gobierno progresista aplicará un Plan Nacional de Energía que buscará armonizar la participación de cada sector energético sobre la base del interés general y el

Al mismo tiempo, promoverá la creación de un frente de deudores para encarar el problema de la deuda externa y del intercambio desigual, evitando una política

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de financiamiento que provoque mayor endeudamiento condicionado. Promover la instalación de una auditoría internacional de la deuda, cuyo estudio determine la legitimidad de sus distintos componentes.

5.3. Democratización de la Sociedad y el Estado La vigencia y consolidación del sistema político e institucional de la democracia uruguaya es un elemento sustancial para el proyecto progresista. En él deben confluir simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población. Al mismo tiempo resulta necesario promover un mayor equilibrio entre los tres poderes del Estado, en particular atendiendo la situación del Poder Judicial, cuya efectiva autonomía económica debe ser asegurada. Asimismo se garantizará la independencia técnica y la dotación de recursos humanos y materiales adecuados para la labor de este poder y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Se promoverá la descentralización en el plano político y administrativo, con el objeto de estimular la participación ciudadana en todas las etapas de la gestión pública tanto en las ciudades como en las localidades y zonas rurales. Esta participación comprende la iniciativa, la puesta en práctica de las políticas a ejecutar y el contralor de la acción estatal en todos sus niveles. Esto requiere profundizar las reformas institucionales en el sistema de gobierno, en dirección de una mayor participación social. Concomitantemente, esa participación será una garantía más de la transparencia de la gestión administrativa, en la que comprometemos el combate frontal de la corrupción en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo relativo a las conductas corruptas y los delitos económicos. Debemos transformar al Estado en una poderosa palanca del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado debe además, asumir un papel nivelador de las cada vez más grandes desigualdades sociales existentes en el país y tener una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía. La urgencia por el crecimiento económico, la obtención de rentabilidad en las inversiones y el desarrollo

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de pautas de consumo cuyo modelo es el lujo y el derroche, ha hecho descuidar sus efectos negativos sobre la naturaleza, el ambiente donde habitamos. La impunidad de la destrucción de los recursos y de la biodiversidad, cuyo costo no se reconoce en la contabilidad tradicional, ha permitido a algunos acumular grandes beneficios y fortunas a costa, en mayor o menor medida, de toda la humanidad. El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio emprenderá las tareas de protección y mejoramiento del ambiente con la finalidad de defender la vida en todas sus formas y buscar las condiciones que permitan una mejora sostenida de la calidad de vida de la población en armonía con el entorno. En el Estado uruguayo existen organismos y entidades –por ejemplo el Instituto Nacional de Colonización, la Corporación para el Desarrollo, el Banco de la República, el Hipotecario, el de Seguros y el Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina del Servicio Civil y el Sodre- que orientados adecuadamente se transformarán en poderosas herramientas de cambio. Las empresas estatales deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia en sus servicios y una mayor eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía del país. Para el cumplimiento de estos objetivos, se debe encarar un amplio plan de mejora de gestión. Esto implica necesariamente una inversión en recursos tanto humanos como tecnológicos, lo que se hará de acuerdo a los medios disponibles. El Encuentro Progresista – Frente Amplio se compromete a ocupar los cargos de dirección que deba llenar en su gobierno con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del “premio consuelo” para los fracasados electorales y el reparto de cargos según lealtades políticas. Se estudiará la posibilidad de legislar para que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y establecer impedimentos para las candidaturas de quienes los ocupen, evitando de este modo la desviación común en que recaen los políticos tradicionales, que suelen transformar la gestión en un trampolín de lanzamiento personal electoral. En el plano de los funcionarios, se deberán mantener los criterios históricos del Encuentro Progresista – Frente Amplio para el ingreso a la función pública -el concurso o el sorteo en su caso-, verdadera salvaguarda democrática para la ciudadanía en su conjunto.

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Es necesario definir a nivel público una política salarial que opere como un verdadero estímulo tanto para el mejoramiento permanente de los funcionarios así como la retención de los más calificados, donde la productividad y el rendimiento sean adecuadamente valorados, atendiéndose especialmente la situación de los sectores de salario sumergido. Se deberá asimismo, tender a poner en práctica el principio “a igual tarea, igual remuneración”. Para nuestra fuerza política resulta evidente que existen algunas áreas en las que no podrá haber una sustancial mejora de la gestión pública sin una concomitante mejora de las retribuciones de los funcionarios. Sin embargo, el incremento de los niveles de remuneración no asegura por sí solo la mejora de la gestión, hecho comprobado en las experiencias ya vividas, por lo cual la administración progresista deberá enfrentar los vicios adquiridos en largos años de falta de motivación y control adecuado para dignificar la figura del servidor público. Se estimulará la democratización de los medios de comunicación y de la información, tanto públicos como privados, su utilización al servicio de la comunidad, la divulgación artística, deportiva, científica y técnica, la promoción de los valores nacionales, y la expresión de los diversos sectores sociales y políticos del país. Los Derechos Humanos, su promoción y vigencia son responsabilidades insoslayables de la sociedad para avanzar en su desarrollo. El Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar su pleno ejercicio. Nuestro compromiso en tal sentido se inspira en nuestra trayectoria como fuerza política y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

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La justicia es un principio fundamental, y es deber de todo gobierno democrático el garantizar su vigencia y los caminos para su aplicación. El esclarecimiento de la verdad sobre los detenidos-desaparecidos y la restitución de su identidad a los niños secuestrados, son imperativos legales que permanecen incumplidos, y que nuestro gobierno asumirá como responsabilidades ineludibles. La seguridad ciudadana se ha convertido en un problema nacional. Sin perjuicio de entender que el delito tiene múltiples causas, no es posible eludir la responsabilidad del Estado en arbitrar soluciones teniendo en cuenta que éstas dependen de la capacidad para concertar acciones con la sociedad y del éxito de las políticas que aseguren crecientes grados de integración social.

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La Defensa Nacional es una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el respeto de la Constitución y las leyes de la República. Las FFAA serán un cuerpo profesional y efectivamente subordinado al poder civil. El Estado debe determinar la Política Nacional de Defensa (opuesta a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional), y la del componente militar de la misma. Nuestra Política Nacional de Defensa será ajena al interés partidario. Por el contrario, se elaborará por el conjunto de la sociedad y en particular por los representantes legítimamente electos por la ciudadanía. La integración de los pueblos latinoamericanos es un objetivo histórico fundamental. La inserción del Uruguay en el Mercosur es parte de ese proceso, en el entendido de que es preciso reestructurar su funcionamiento y contenido. La integración no consiste solamente en acuerdos arancelarios sino que implica coordinación económica, complementación productiva, intercambio y cooperación en ciencia, cultura y tecnología. El principio de solidaridad debe regir el desarrollo del conjunto de quienes participan del espacio integrador y no de unos en detrimentos de otros, sean estos grupos sociales, regiones o países. Nuestra política internacional lucha por un orden mundial más justo, promueve y defiende los Derechos Humanos en todos los ámbitos, rechaza todo tipo de imperialismo o dominio económico, militar o social de unos países sobre otros y aplicará criterios de racionalidad y austeridad haciendo que el servicio exterior del país cumpla su papel de representación de los intereses de la República y de promoción y búsqueda de mercados para la producción nacional.

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Queremos devolver a los uruguayos el derecho a soñar

El gobierno que sea capaz de construir los acuerdos imprescindibles y conducir seriamente al país en la consecución de los objetivos que hemos definido logrará devolver a los uruguayos y a las uruguayas, a nuestras mujeres y a nuestros hombres, a nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos el derecho de soñar un futuro promisorio, justo y pacífico. Ese gobierno, lo afirmamos, será el del Encuentro Progresista – Frente Amplio.

Ejes FUNDAMENTALES P R O Y E C T O A LT E R N A T I V O

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En consecuencia, luego de un largo trabajo, reflexión y elaboración protagonizado por centenares de técnicos y especialistas, presentamos ahora los ejes fundamentales de nuestro Plan de Gobierno, ejes que iremos concretando en los meses próximos mediante el desarrollo de las partes que aquí se exponen, para luego, en una labor de síntesis final y recurriendo entonces a una “mirada global” armonizadora, dar forma al plan definitivo.

INTRODUCCION Plan de Gobierno Nuestro Proyecto Alternativo se expresa en un Programa común y se concreta en un Plan de Gobierno. Luego de expuestas y fundamentadas nuestras Bases Programáticas, se torna esencial desarrollar los principales ejes que definirán las acciones de gobierno que pondrá en práctica el Encuentro Progresista - Frente Amplio, orientadas a llevar adelante las políticas globales y sectoriales definidas, al mismo tiempo que se atienden las necesidades más urgentes de tantos sectores perjudicados por años de crudo neoliberalismo.

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Dicho Plan de Gobierno se concretará por intermedio de un conjunto de medidas y acciones coordinadas y entrelazadas, que en este documento se diseñan y anticipan, procurando de este modo ir al centro de la cuestión. No puede pensarse en transformaciones verdaderas y permanentes a partir de medidas aisladas o parciales. Por el contrario, una virtud esencial de nuestro Plan de Gobierno se sustenta en la armonización y racionalización del conjunto de las políticas propuestas, considerando la realidad como un todo complejo, rico en matices y en posibilidades, y nuestra acción de cambio como un haz coherente de iniciativas combinadas de modo de obtener los máximos resultados en los menores tiempos.

Hemos definido tres grandes ejes temáticos: 1 Búsqueda de la Justicia Social 2 Transformaciones hacia un país productivo 3 Democratización de la Sociedad y el Estado En las páginas siguientes se exponen, desagregadas en unidades temáticas específicas, el conjunto de medidas, propuestas e iniciativas que constituyen los fundamentos del Plan de Gobierno.

Plataforma Electoral Las medidas que consideramos cruciales, de cara a las necesidades más profundas y a los anhelos más acuciantes de nuestro pueblo, se expondrán sistemáticamente en nuestra Plataforma Electoral.

Plan de Emergencia Nacional Finalmente, asignamos un papel especial y prioritario a la confección de un Plan de Emergencia Nacional. La situación del país, y de capas cada vez mayores de su población, heridas por las consecuencias de las políticas neoliberales, reclama respuestas inmediatas, urgentes, impostergables. El Plan de Emergencia Nacional, será el primer paso en la ejecución del proyecto nacional, popular y democrático del Encuentro Progresista - Frente Amplio.

I La búsqueda DE LA

JUSTICIA SOCIAL

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POLITICAS SOCIALES: PROPUESTAS BASICAS

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Una prioridad sin dilaciones: la lucha por la superación de la pobreza

Nuestro país cuenta con los recursos para dar satisfacción a las necesidades básicas de su población. No cabe duda que sea por razones de escala (una población que apenas supera los 3 millones de habitantes), como por las riquezas naturales y materiales de que disponemos, Uruguay está en condiciones de asegurar a todos, sin excepciones, la alimentación básica, la vivienda adecuada, la educación y la asistencia sanitaria de calidad adecuada. Las estrategias de superación de la pobreza implican una afectación presupuestal tal que modificará la actual estructura del gasto público. Por otra parte, en cualquier situación, también supone una redistribución del ingreso, de la riqueza nacional. En la búsqueda de la equidad y desde la perspectiva de la justicia y la solidaridad, los sectores sociales más favorecidos deberán asumir un mayor peso. La contracara de la superación de la pobreza es la restricción a la acumulación de la riqueza.

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Las políticas sociales van de la mano con las políticas económicas, en el entendido que constituyen una única política de desarrollo; ni la justicia social ni el bienestar de todo el pueblo se subordinan a la estabilidad macroeconómica. La correlación entre el desempleo, la precariedad y la inestabilidad laboral y la pobreza urbana y rural, obliga a que cualquier solución o abordaje deba asumirse integralmente. Para el Encuentro Progresista – Frente Amplio, una política social eficaz debe apuntar a la integración social, a la generación de las condiciones óptimas para el más pleno desarrollo personal y comunitario de la población, no dependiente ni subsidiaria de las políticas económicas sino concebida junto a éstas, como las bases de una estrategia de desarrollo social. En muchas ocasiones se observa un abordaje de diversos programas sociales que no tienen en cuenta para nada la opinión, el punto de vista, ni las reales necesidades de los «beneficiarios»; imponiendo en consecuencia respuestas que finalmente no logran los impactos planificados. En esta dirección, la participación social deseada, supone la consideración de la opinión y la capacidad de decisión de la sociedad civil en aquellas políticas que la afecten directa o indirectamente.

Rechazamos la concepción de que el crecimiento económico trae como consecuencia casi automática la oportunidad de ascenso social para todos, y que por efecto de la autorregulación del mercado sobreviene la redistribución equitativa. Antes bien, debe actuarse directamente, mediante la combinación de diversas políticas públicas, para alcanzar una justa redistribución del ingreso.

En un gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio -y tomando como referencia las políticas sociales implementadas por la IMM-, resultarán fundamentales los aportes de organizaciones de la social civil, los diversos actores sociales y los propios involucrados. No pueden esperarse cambios hechos a sus espaldas, sin su participación.

Los hechos han demostrado que, aún con una inflación a la baja y un crecimiento económico sostenido del orden del 3 o 4 % no se ha logrado disminuir sustancialmente la tasa de desempleo, sino todo lo contrario. La acción de los gobiernos precedentes ha determinado la consolidación de la pobreza crónica y ha resultado impotente para abatir la pobreza reciente.

En esta primera aproximación que formulamos en términos de respuestas concretas, conviene diferenciar los plazos y alcances, los diferentes niveles y las poblaciones objetivo que son priorizados. Está claro que no pueden aplicarse políticas sociales idénticas para la pobreza crónica o estructural, la pobreza reciente o la inercial; sus características exigen también adecuaciones metodológicas y operativas diferenciadas.

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La atención adecuada al problema de la pobreza requiere: un enfoque integral combinando y coordinando las políticas sociales entre sí y con las políticas económicas, un enfoque diferencial, porque hay que compensar las gravísimas desigualdades actuales un enfoque participativo porque hay que lograr un involucramiento de los afectados y de toda la sociedad en el tratamiento del problema. En tal sentido resulta imprescindible articular los servicios de salud, educación y seguridad social, en forma directamente proporcional a las necesidades de la gente y funcional a los intereses generales de la sociedad, criterios básicos que informan las propuestas desarrolladas en los capítulos correspondientes. En el plano institucional se generarán Unidades o Ambitos de Coordinación de las Políticas Sociales, que estarán situadas en el máximo nivel jerárquico posible de la estructura estatal de gobierno.

2 Las medidas de ejecución

inmediata para los sectores sociales en condiciones más críticas

2.1. Los «sin techo» en Uruguay; la indigencia. En el primer año de gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio habrá de implementarse un Programa Especial dirigido a las personas (adultos, niños y ancianos) que se encuentran en situación de indigencia total. Es decir aquellos que no poseen abrigo, techo alguno, que pernoctan en la calle o en edificios abandonados expuestos a las inclemencias del clima y sin cobertura alimenticia mínima. En este plazo, la meta será lograr que no quede nadie desprotegido y durmiendo en las calles contra su voluntad, localizando dicha población en los diversos Hogares Públicos y en otros lugares adecuados, mediante Convenios especiales con ONGs y otros organismos especializados. Estas acciones de emergencia darán lugar a una continuidad en la atención y promo-

ción de la población implicada, con el objetivo de su adecuada reinserción social. Para ello se articularán los recursos de diferentes organismos públicos con competencias en materia de salud, vivienda, niñez y alimentación (Iname, MSP, MVOTMA, Instituto de Alimentación).

2.2. Poblaciones de mayor riesgo social a. Mujeres Jefas de Hogares Pobres Uno de los grupos que se encuentran en situación de mayor riesgo social, está conformado por los Hogares Pobres cuyos jefes de familia son mujeres, por lo general con un número importante de hijos en edad preescolar y escolar. Un ingreso paupérrimo, cuando no inestable o inseguro, necesidades básicas insatisfechas, desprotección social casi total, una formación insuficiente, trabajo precario; estas son algunas características de este tipo de hogares. b. Hombres con bajo nivel de instrucción, Jefes de Hogares Pobres Por otro lado identificamos aquellos hogares cuyos jefes de familia son hombres con niveles de instrucción bajos o muy bajos, lo que les impide la inserción en el mercado laboral. Para ambos tipos de hogares proponemos un Programa sobre la base de subsidio directo, sea bajo la forma de un Salario Mínimo Complementario o Social asociado a ciertos requisitos tales como: asistencia de los niños o los centros escolares, recalificación laboral de los jefes de hogar, participación en programas sicopedagógicos y culturales; capacitación básica de los jóvenes, realfabetización. c. Infancia en edad escolar y preescolar Habida cuenta de que el 40 % de los niños que nacen, crecen y se desarrollan en Uruguay lo hacen en hogares pobres, se implementarán un conjunto de políticas que cubran las necesidades de educación, estímulo y cobertura de sus necesidades básicas, en un trabajo

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2.3. Erradicación de Cantegriles Asentamientos Precarios

con el núcleo familiar. La ruptura del círculo de la pobreza pasa, entre otros aspectos, por el desarrollo de un programa orientado a los niños y sus entornos familiares, desde una perspectiva integradora. Además se propone el incremento sensible de las Asignaciones Familiares, no vinculado de forma excluyente sólo a las categorías del asalariado formal, de modo que se garantice el beneficio a la población infantil más carenciada. d. Adolescentes y Jóvenes que no estudian ni trabajan Se implementará un Programa de Atención Integral que apunte a una recalificación laboral rápida mediante convenios con empresas (por la vía de exenciones tributarias o devolución de impuestos) u organismos públicos. Asimismo se desarrollarán actividades de animación sociocultural, recreativas y deportivas; se aportará una reorientación vocacional para una reinserción a mediano plazo de modo estable y en mejores condiciones laborales. Un sistema de Becas y acompañamiento permanente para la temprana inserción laboral, implica también asegurar la continuidad de la formación curricular con estímulos especiales. e. Población carcelaria 22

La mayoría de los reclusos provienen de sectores pobres, con muy bajo nivel educativo, escasa calificación laboral y dificultades para una efectiva rehabilitación. Ello pone de manifiesto la necesidad de actuar específicamente en este sector. Se trata a nuestro juicio de aplicar políticas integradoras de las múltiples dimensiones del problema, reconociendo por ejemplo los años de trabajo en prisión, partiendo de la base que debe haber también una capacitación básica y apoyos que permitan romper con el círculo de la pobreza ligado en muchos casos a la delincuencia como medida extrema de supervivencia.

El Encuentro Progresista – Frente Amplio habrá de implementar un Plan Nacional de Erradicación de Asentamientos Precarios en coordinación con todos los gobiernos departamentales del país. Un conjunto de intervenciones multidisciplinarias localizadas en un determinado territorio/espacio, será puesto en marcha, articulando los diferentes recursos del Estado. Un grupo interministerial coordinará el Plan de Ejecución que considerará especialmente la participación de los actores sociales y los beneficiarios del Plan. Esta problemática que va más allá de la necesidad de vivienda merece una especial atención por su dimensión e impacto social, y en cuanto resulta de un proceso largo y complejo que tiende a la exclusión y a la fragmentación de nuestra sociedad.

POLITICAS DE SALUD Papel del Ministerio de Salud Pública (MSP) En nuestro Programa, el MSP asumirá el papel rector y regulador de la conducción tanto de la Salud Pública como del Sub-Sistema Salud Privada. En el gobierno del EP-FA, el MSP será quien rediseñe la política nacional de salud, tanto pública como privada, que habrán de actuar, por lo tanto coordinadamente. En este proceso de cambios, las medidas que se instrumenten serán graduales, tendrán como meta la cobertura universal y equitativa y estarán orientadas a avanzar hacia un Sistema Único de Salud sobre la base de un Seguro Nacional de Salud. Se crearán la Junta Nacional de la Salud y las Juntas Departamentales de la Salud (incorporando en éstas a representantes de los Gobiernos Departamentales), que tendrán el cometido de asesoramiento preceptivo en el diseño de las políticas de la materia, coordinarán las actividades que en esta área corresponda y evaluarán

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las acciones en materia de salud de todas aquellas instituciones integrantes de los subsistemas público y privado. La Junta Nacional estará integrada por un representante del MSP (que la presidirá), delegados de los funcionarios, de las asociaciones de profesionales de la salud (FEMI, SMU, AOU, FODI), de las instituciones de asistencia médica colectivizada y de los usuarios, así como de la Universidad de la República -habida cuenta de su competencia en la formación de recursos humanos en la salud, la capacitación en alta tecnología y la generación de recursos científicos y tecnologías adaptables a nuestra realidad.

El gobierno progresista asigna al mutualismo un papel importante en la conformación del nuevo sistema de salud.

El fortalecimiento institucional del MSP incluirá especialmente la reorganización administrativa, el mejoramiento hospitalario y del resto de los servicios integrados por los Centros de Salud y las policlínicas barriales. A este efecto se incrementará sustancialmente la dotación presupuestal para la Salud Pública.

Se encararán medidas inmediatas para hacer frente a la crisis actual del mutualismo, junto con medidas que ataquen las causas de la misma. Se apuntará a ir corrigiendo una estructura de costos distorsionada por el actual modelo asistencial, que está desfasada de las posibilidades económicas de grandes sectores de la población.

Acuerdo de Prestadores de salud

Las medidas económicas y financieras que se adoptarán en cada caso procurarán estimular las transformaciones en la atención, gestión y racionalización de los recursos.

El país necesita un modelo de atención de salud democrático, igualitario, que asegure cobertura sanitaria a toda la población en forma oportuna e integral, muy diferente al que existe actualmente. Se establecerá, por vía de acuerdos lo más amplios posible, un Convenio Marco, de coordinación del primer nivel de atención entre los efectores de salud públicos y privados, con participación de los usuarios a través de Comisiones de Salud locales y regionales a crear. Entre otras herramientas válidas a utilizar, señalamos: 1. El perfeccionamiento del sistema informatizado de identificación de usuarios. 2. La revisión de los mecanismos de adjudicación del carné de asistencia (se tendrá muy presente el riesgo de doble exclusión) y 3. La inclusión de otros sectores de la población en el sistema colectivizado, por ejemplo a través de la Seguridad Social, en la medida que se vincule con los cambios que se proponen en el modelo asistencial. El gobierno del EP-FA garantizará la cobertura de salud a toda la población, con un financiamiento socialmente justo, coordinando a nivel nacional las instituciones públicas y privadas según se ha indicado precedentemente. Esta cobertura deberá considerar para

todos los habitantes un paquete básico de prestaciones que no podrá ser inferior al que brinda actualmente el sector mutual, y que reflejará el nuevo modelo asistencial.

Medidas hacia el mutualismo

Se promoverá el desarrollo de políticas de atención primaria en el mutualismo coordinadas con las definidas por Salud Pública y las Intendencias Municipales, haciendo obligatoria la dedicación a este fin de una parte importante de la cuota establecida actualmente para inversiones. Se procurará la reducción progresiva y sustancial de órdenes, exámenes y tiques de los medicamentos esenciales para la atención primaria. Al mismo tiempo se implementarán controles y auditorías de gestión en el mutualismo para buscar economías saneadas en su funcionamiento. Se apuntará a la eliminación de los gastos superfluos desvinculados de la atención de la salud, como los derivados de la intermediación lucrativa en las afiliaciones o los importantes gastos en marketing. El conjunto del mutualismo deberá tener salarios dignos que desestimulen el multiempleo, y evitar remuneraciones excesivas para el medio en relación a actividades técnicas especializadas, para lo que se revisarán las actuales formas de remuneración en el conjunto del sistema mutual, con la participación de los sectores involucrados.

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Se reglamentarán los seguros parciales llenando el vacío normativo actual. En el marco de la racionalización de los recursos de salud se reglamentarán y coordinarán los sistemas de urgencia y emergencia. La creación de “Unidades de Salud Preventiva” en base a un programa nacional, de “Comisiones de Etica y Calidad de Atención”, así como de “Comisiones de Educación Continua” serán elementos importantes para asegurar la calidad e integralidad de la asistencia.

Los salarios en el sector de la salud

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Prevención de la enfermedad, Primer nivel de atención, que tendrán carácter de prioridad desde el momento mismo de instalación del gobierno progresista, a la luz de acuerdos previos entre el gobierno y los demás efectores.

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Programas Prioritarios

El Ministerio de Salud Pública del gobierno progresista encarará, a mediano plazo, aquellos programas a nivel nacional que se correspondan con los problemas sanitarios de mayor prevalencia en nuestro país, como ocurre con la Salud Mental, la Salud Materno-Infantil y la Atención del Adulto Mayor, entre otros. El Encuentro Progresista – Frente Amplio hará de esos programas realidades que satisfagan las más apremiantes necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.

En varias áreas de la actividad nacional hay trabajadores con salarios sumergidos. La salud es uno de ellos.

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El gobierno progresista dará prioridad, en materia salarial, a esos sectores. Pero también se tendrá presente que los salarios del subsector privado son un referente a considerar, por lo que la equiparación –aplicando el principio “a igual trabajo igual remuneración”- será un objetivo a alcanzar en el corto plazo. Un instrumento idóneo será la elaboración del Estatuto del Trabajador de la Salud, con participación multisectorial. Se impone un rediseño de los programas para recomponer los escalafones funcionariales, así como la puesta en práctica de los criterios de ingresos y ascensos como marca la ley, actualmente incumplida.

La descentralización, como criterio de democratización, facilita la participación de los actores sociales.

Plan de Acción

El Encuentro Progresista – Frente Amplio designará los responsables en salud de cada departamento sin atender criterios de cuotificación política. El principio rector será la idoneidad técnica y una conducta ética reconocida.

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Estrategia de Atención Primaria de la Salud

Una estrategia de atención primaria debe abarcar todos los niveles de la misma, pero un paso decisivo hoy es instrumentar un sistema de atención de primer nivel que desarrolle la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la población así como la educación para la salud. Se pondrá en marcha rápidamente la estrategia de APS en sus tres primeros ámbitos: Promoción de la Salud,

Direcciones Departamentales

La designación de técnicos de reconocida solvencia ética e idoneidad técnica para las Direcciones Regionales, Direcciones Departamentales de Salud y para los cargos de Director de Hospital y de Centros de Salud, darán la tónica de los criterios a emplear desde las primeras medidas en el área. El impulso a la Educación Continua será un aporte valioso al mantenimiento de los niveles técnicos, en todos los grados del escalafón.

4 Atención Primaria de la Salud (APS) y Salud Bucal

La elevada prevalencia de las enfermedades bucales impone la estrategia de APS, particularmente en lo que refiere a prevención, como vía apta para lograr en el mediano y largo plazo el nivel de salud bucal posible en nuestro país.

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Nuestro gobierno enfatizará la implementación de APS en materia de salud bucal, considerándola el instrumento más apropiado para el logro del fin propuesto, cuya factibilidad está demostrada en varias experiencias actualmente en curso en nuestro país.

riencias piloto de descentralización (Las Piedras, Salto, Tacuarembó y Maldonado).

Podrán manejarse los trabajos realizados por entidades mixtas como modelos válidos y viables.

Jerarquizar la atención de primer nivel

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Policlínicas

Se potenciarán al máximo las policlínicas barriales, especialmente en las zonas carenciadas, coordinando las públicas y privadas, dotándolas de los elementos humanos y materiales necesarios para la atención primaria, la medicina preventiva y la extensión sanitaria.

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Papel del Hospital de Clínicas

Tal como se señala en el capítulo referido a la educación, reafirmamos el carácter universitario del Hospital de Clínicas y su papel fundamental como centro asistencial y de formación, investigación, extensión e integración con el medio.

Transparencia en el uso de los recursos y servicios El gasto anual per cápita en materia de salud en nuestro país está claramente distorsionado. La conducta del gobierno progresista impondrá el examen de los contratos de servicios preexistentes entre entidades públicas y prestadoras, a la luz de los principios de transparencia y racionalidad. De igual modo se procederá con relación a las adquisiciones de bienes e insumos. Se dará preferencia, en los organismos de salud estatales, a los existentes en cada institución. Si el servicio requerido no existiere, se buscará formalizar convenios con instituciones privadas.

Se designará, en el menor plazo posible y en concordancia con los criterios que impregnan la estrategia de APS, los técnicos del equipo multidisciplinario básico de atención en el primer nivel. En estrecha relación con este punto se estudiará la readecuación del sistema de médico de familia. Esta readecuación propiciará que el médico de familia sea el soporte de un sistema asistencial que brinde cobertura a mayores sectores de la población, cumpliendo funciones preventivas y de promoción de salud a nivel de las familias. Conjuntamente se creará a mediano plazo un Fondo Nacional de Atención Primaria.

Democratización de la gestión Como en otras áreas del quehacer de gobierno, también en la de la salud la incorporación de funcionarios y usuarios a los estamentos de dirección y/o Consejos Asesores configura una oportunidad de auténtica democratización. Basado en la legislación vigente (o creándola en caso de ausencia o insuficiencia) daremos participación a los funcionarios técnicos y no técnicos, así como a los usuarios -que son el centro del modelo-, a través de sus agrupaciones representativas, en el diagnóstico, gestión y evaluación de los problemas que les incumben.

Los medicamentos son un componente de la salud

En este marco conceptual, merecerá una pormenorizada valoración el servicio de empresas de emergencia móvil, tendiendo a una inserción compatible con nuestro programa de salud.

Se considera al medicamento un componente esencial de la salud y no un producto del consumismo. El medicamento debe estar al alcance de toda persona que lo necesite, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, en las presentaciones y cantidades necesarias.

Se revisarán y evaluarán los convenios vigentes del MSP con organismos financieros internacionales sobre programas específicos, tales como FIS, FASS y otros. De igual manera, se procederá en relación con las expe-

Es ineludible la determinación de un vademécum de medicamentos imprescindibles, sobre la base del que ya existe en el MSP, atendiendo opiniones de las Insti-

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POLITICAS DE VIVIENDA En este documento se sintetizan las medidas fundamentales a adoptar por el gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio. Las mismas incluyen tanto disposiciones de coyuntura y urgencia a adoptar para producir rápidamente cambios en la grave situación actual en materia de vivienda, como otras de largo plazo que apuntan a la solución de esos problemas y que deberán constituir políticas de Estado.

1 tuciones de Asistencia Médica Colectiva y demás organismos involucrados. Se tenderá a su implementación, inicialmente, en el subsistema público (plan testigo) y luego, a su progresiva incorporación al subsistema colectivizado. Esta negociación se vinculará al reexamen del valor de los tiques mutuales, procurando los menores costos. Será competencia irrenunciable del MSP conocer de continuo el listado de los fármacos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, y un atento seguimiento de aquellos que, prohibidos o discontinuados en el país de origen, se comercializaren en el nuestro.

Nuevas Tecnologías No todo lo novedoso es mejor. En materia de tecnologías médicas y terapéuticas, el empresariado del sector puede distorsionar en forma perjudicial el gasto en salud.

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Se impone la creación de una Junta Nacional de Tecnologías de Salud, que apunte a un conocimiento actualizado de las nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento, las evalúe de continuo, y asesore al MSP en su función de regular la introducción e instalación de aquellas que el país efectivamente necesite. El despilfarro será combatido. La racionalización de la adquisición y uso de tecnologías que actualmente se superponen sin orden ni concierto, constituirá un eje de nuestra acción de gobierno. El Fondo Nacional de Recursos deberá definir y administrar un paquete permanentemente actualizado de prestaciones de medicina altamente especializada.

Organización Institucional

En lo institucional, se fortalecerá la actuación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que actuará en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales, en especial en lo que refiere a las políticas de ordenamiento y desarrollo del territorio, y con el Banco Hipotecario que volverá a su rol de banco de fomento de la vivienda social, sin perjuicio de su operativa comercial para obtener recursos.

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Prioridades

Se priorizarán las acciones dirigidas a las familias más gravemente carenciadas. En la elaboración de los programas y en la utilización de los recursos. Asimismo, en la planificación y en la adjudicación de las viviendas que se construyan se dará preferencia a las situaciones sociales especiales, como la de las mujeres solas jefas de hogar, las personas que alcanzaron tercera edad, los pasivos, los discapacitados y las parejas jóvenes, así como a los inscriptos en el RAVE. Las adjudicaciones se harán mediante normas claras y transparentes y se fiscalizará el uso de las viviendas para evitar distorsiones y abusos.

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Suspensión de lanzamientos

Se suspenderán por un año los lanzamientos de las familias de bajos ingresos que habitan viviendas económicas en tanto se obtienen resultados del Plan de Urgencia, sin perjuicio de contemplar situaciones especiales de propietarios que puedan verse injustamente perjudicados por esta medida.

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4 Plan de Urgencia En tanto se elabora el Plan Quinquenal se pondrá en marcha, para el año 2000, un Plan de Urgencia de construcción y reciclaje de viviendas, que permita volcar rápidamente a la oferta un número importante de unidades; se reorganizará el Sistema Público de Viviendas coordinando la acción del Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay y las Intendencias, se procederá a la escrituración de los préstamos pendientes a Cooperativas y Fondos Sociales y a la rápida financiación de los programas en ejecución comprometidos a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, los programas contenidos en las políticas actualmente en ejecución serán reexaminados, para resolver su continuidad más allá del Plan de Urgencia, estimulando especialmente las modalidades cooperativas y la autoconstrucción. En cuanto a las soluciones mínimas de tipo evolutivo sólo serán utilizadas en situaciones de real urgencia social (viviendas insalubres, catástrofes climáticas, accidentes, etc.), asegurando en todo caso su efectiva evolución y la provisión de un mínimo inicial decoroso que contemple las necesidades elementales del núcleo familiar, acompañados del trabajo social necesario para la organización de los destinatarios. Se procederá de igual forma para el mejoramiento de los conjuntos de Núcleos Básicos Evolutivos ya construidos. En la adjudicación de las viviendas construidas en el marco de este Plan de Urgencia se dará preferencia a las familias en situación habitacional crítica, procediéndose con el mismo criterio en la política de tierras para vivienda.

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Recursos

Se instituirá un impuesto a las viviendas en situación de desocupación permanente, terrenos baldíos y alquileres de fincas suntuosas, teniendo en cuenta las autonomías departamentales. Esto permitirá complementar los fondos presupuestales para financiar los planes de construcción y los subsidios que sean necesarios. Se dará plena utilización a los recursos inmuebles del Estado aptos para su empleo como vivienda.

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Gravámenes

Se exonerará del IVA a los materiales de construcción destinados a las viviendas de interés social, por el sistema de devolución de impuestos. Se reverán las restantes cargas impositivas que pesan sobre la construcción de viviendas de interés social.

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Plan Quinquenal

Con el objetivo de atender las importantes carencias actuales se realizará un esfuerzo sostenido en materia de construcción de viviendas y mejoramiento y mantenimiento del stock existente. Esto, por otra parte, contribuirá a la reactivación de la economía y la generación de empleo (para lo cual se preferirán las soluciones que fomenten la ocupación de mano de obra y utilicen insumos nacionales). Este esfuerzo se hará en forma planificada (Plan Quinquenal de Vivienda), para evitar efectos distorsionantes en la industria de la construcción, y se sostendrá inicialmente con una fuerte participación pública, creándose al mismo tiempo estímulos a la inversión privada que promuevan que ésta se incorpore al mismo. Las viviendas se construirán en zonas con servicios en aquellas localidades en las que de acuerdo a los planes estratégicos de desarrollo territorial exista o se prevea una demanda sostenida, vinculada con la existencia de actividades productivas y la generación de empleo. Se pondrá especial énfasis en evitar la segregación espacial y social, así como controlar el crecimiento desmesurado de las zonas urbanas. Entre las formas de producción se hará particular hincapié en el Sistema Cooperativo y los Fondos Sociales, que han mostrado su eficacia, tanto económica como social, así como a las modalidades del Sistema Público que han probado ser eficientes. El Estado podrá intervenir como elemento regulador y testigo construyendo directamente, a efectos de controlar los costos y la calidad de la construcción.

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La elaboración del Plan Quinquenal se hará con la participación de las organizaciones sociales, gremiales y empresariales involucradas y se cumplirá cabalmente con el destino de los recursos. Participación municipal en el Plan Quinquenal. Se reimplantará la disposición, derogada en 1991, del Art. 121 de la Ley Nacional de Vivienda, que consagraba el derecho de los Gobiernos Departamentales a exigir que el 50% de las inversiones a realizar en sus respectivos departamentos con fondos del Plan Nacional de Vivienda fuera aplicado a sus programas en la materia, bajo la condición de que los municipios elaboraran dichos programas, aportaran la tierra urbanizada y los proyectos correspondientes. Los Municipios deberán inscribir estos programas en el marco de sus Planes de Ordenamiento Territorial.

8 Innovación

Tecnológica

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Se fomentará la investigación respecto de nuevos materiales y tecnologías -en particular mediante convenios con la Universidad y estímulo a las políticas de producción innovadoras-, haciendo hincapié en su adecuación a las condiciones específicas de nuestro país y en el criterio de sustentabilidad. El mejoramiento tecnológico apuntará no sólo a los sistemas formales de producción de vivienda, sino también a los no formales, en especial la autoconstrucción. Los costos sociales –en particular la pérdida de puestos de trabajo- que pueda generar el avance tecnológico, deberán ser asumidos por el Estado, para lo cual la aplicación de las nuevas tecnologías será previa y debidamente evaluada con la participación de los interesados. Se incorporará a los ámbitos de contralor de la calidad de la vivienda a los sectores involucrados, incluidos los usuarios. Se harán las previsiones necesarias para que la innovación tecnológica continúe más allá de los logros que se obtengan en el período de gobierno.

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Organización del crédito

Ley de franjas: Se aprobará una «Ley de franjas» que permita proporcionar los pagos correspondientes a los créditos para vivienda con los ingresos y la integración de los núcleos familiares, subsidiando a tales efectos las cuotas correspondientes. Unidad Reajustable: Se reverá la forma de fijar el valor de la Unidad Reajustable, de manera que ella no refleje ingresos promedio. Su determinación, asimismo, se hará mediante reglas claras y conocidas por todos. Reajuste del ahorro: Sin perjuicio de lo anterior, se implementarán mecanismos que estimulen el ahorro para vivienda y permitan conservar su valor al momento de construir. Préstamos para compra de tierra: Se instituirán líneas de préstamo con garantía hipotecaria para comprar tierra urbanizada, para construir viviendas de interés social, como forma de facilitar el acceso a la misma. Asesoramiento técnico y créditos para materiales: En forma similar a la empleada por la Intendencia Municipal de Montevideo, se implementarán programas de asesoramiento técnico y créditos para adquisición de materiales para familias de modestos recursos en zonas urbanas, buscando apuntalar todos los esfuerzos -individuales y colectivos y estimulando especialmente éstos- orientados tanto a la construcción de vivienda nueva como a la ampliación o mejoramiento de las existentes.

10 Arrendamientos 10.1.Se modificará la Ley de Arrendamientos. Incluyendo entre otras medidas, la eliminación de la causal de desalojo por vencimiento de plazo para las viviendas de interés social, salvo en casos excepcionales en los que el arrendador tenga una causa legítima. Para las viviendas de tipo económico se sustituirá el sistema de libre contratación por el de fijación del pre-

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cio mediante mecanismos periciales o similares cuando las partes lo requieran, previéndose el ajuste de los arrendamientos de acuerdo a los aumentos salariales. A los efectos de la calificación de estas situaciones se tendrá en cuenta el estado patrimonial del propietario, teniendo presente la información que resulte del Catastro Subjetivo a elaborar, según se establece en nuestra propuesta de Reforma Tributaria.

10.2. Pensiones e inquilinatos Se dará cumplimiento efectivo a la legislación sobre arrendamientos en las pensiones e inquilinatos, ejerciendo severos controles y adoptando medidas que aseguren el buen funcionamiento del sistema.

10.3. RAVE Se reexaminará el sistema de RAVE, a efectos de lograr una mayor transparencia y eficacia del mismo, introduciendo mecanismos de compensación para los pequeños propietarios.

10.4. Garantía de alquileres Se instituirá un sistema de seguros de base solidaria, a efectos de facilitar la constitución de garantías para arrendar, con los debidos mecanismos para asegurar la devolución de los pagos que se realicen con cargo al Fondo constituido.

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Vivienda Urbana

11.2. Viviendas carenciadas Se implementará un programa para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en viviendas precarias tanto en zonas centrales como periféricas (provisión de servicios de infraestructura física y social, mejoramiento de las viviendas, etc.) y regularización física, social y jurídica de los asentamientos existentes. Estas medidas se enmarcarán dentro de políticas sociales integrales conducidas con el grado de coordinación que se establece en el capítulo de políticas sociales. Las situaciones futuras se contemplarán mediante la política de tierras.

11.3. Viviendas para jubilados Se creará una Comisión Administradora de los Fondos de Vivienda para Jubilados, integrada por representantes estatales y de los interesados, a efectos de gestionar todo lo referente al uso de dichos fondos. Estas viviendas reunirán condiciones especiales que contemplen la condición sicofísica de los destinatarios.

11.1. Cartera de Tierras Se constituirá una Cartera Nacional de Tierras para Vivienda, tal como la que ya poseen algunos municipios (especialmente el de Montevideo), integrando a ella los predios privados que se compren o expropien, así como los baldíos fiscales urbanizados, que podrán ser objeto de compra o permuta. Las tierras integrantes de esta Cartera servirán para la ejecución de los diferentes programas urbanos, pudiendo otorgarse en uso o propiedad, de acuerdo a las conveniencias y necesidades de los destinatarios.

12 Vivienda rural Se incrementarán los programas de vivienda para el medio rural de modo que contemplen no solamente la vivienda nucleada, como ocurre actualmente, sino también la dispersa, mediante programas de asesoramiento para la autoconstrucción y créditos para adquisición de materiales, que tengan en cuenta las particularidades locales, así como la situación laboral de los destinatarios (pequeños productores, trabajadores zafrales, etc.).

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B. la necesaria profundización de la autonomía y la descentralización en el marco del cogobierno de los involucrados.

EDUCACION Marco Global Para el Encuentro Progresista – Frente Amplio la educación constituye un asunto de Estado, y en ese sentido se encarara una verdadera transformación, inspirada en los principios enunciados en nuestras Bases Programáticas, que revolucione la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación de todos los actores sociales y políticos involucrados tanto en su elaboración como en su implementación. Nuestra fuerza política impulsará la más amplia consulta a efectos de elaborar las bases fundamentales de una Ley de Educación a aprobarse en la legislatura 2000 – 2005. Como fuerza política popular y participativa, el Encuentro Progresista – Frente Amplio asume el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que se ha ido elaborando –a lo largo de los años anteriores– en innumerables discusiones, diagnósticos, y documentos aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores. Se impulsará entonces una profunda reforma educativa que revierta el actual deterioro del sistema educativo nacional, poniéndolo al servicio de la formación integral de las personas, acompasado con el proyecto progresista de un país con justicia social, productivo y solidario. El Encuentro Progresista – Frente Amplio reafirma sus fundadas críticas a la actual reforma educativa de la coalición de gobierno globalmente considerada. 30

Nuestro proyecto alcanzará un alto grado de consenso social, en la medida que desarrolla seis aspectos fundamentales: A. la vigencia de los principios históricamente consagrados en las bases programáticas de las fuerzas progresistas como continuadores de la tradición vareliana: laicidad, obligatoriedad, gratuidad, autonomía, participación, universalidad y asistencialidad. Dichos principios servirán de base a la Educación Pública y formarán el núcleo principal de la profunda transformación del sistema que estamos proponiendo, garantizando así el derecho fundamental de los seres humanos a la educación.

C. la concreción de un sistema de educación que englobe a las instituciones estatales y no estatales, públicas y privadas, de educación formal y no formal, y de todos los niveles educacionales. D. el enmarque del conjunto del sistema en el desarrollo de una nueva cultura productora, que implica el aprender a trabajar pensando y a pensar trabajando. E. que el Estado deberá ser el responsable principal de la educación permanente de la comunidad; como tal deberá asumir sus compromisos ineludibles en esa área y tendrá como preocupación fundamental lograr que la enseñanza pública en todos sus niveles sea la de más alta calidad. F. que las transformaciones propuestas, en tanto manifestación y práctica de la vida social, se deberán llevar adelante con el protagonismo del conjunto de la sociedad, especialmente de los docentes y de todos los sectores vinculados a la educación.

Marco Institucional Se adecuará el actual ordenamiento institucional para lograr una mejor coordinación de planes de estudios entre los distintos niveles y cursos. La estructura y funcionamiento del sistema se organizará con mecanismos y procedimientos que aseguren articulaciones de gran flexibilidad – tanto horizontal como vertical – de acuerdo a los intereses de los educandos y a la necesidad de respuestas rápidas o coyunturales que se adecuen a la movilidad del campo laboral. Se creará un Sistema Nacional de Educación Pública (SNE), autónomo, con mecanismos de participación y cogestión a todos los niveles, desde cada centro docente hasta los propios Consejos Directivos. El SNE se armonizará a través de un Consejo Coordinador integrado por representantes de los Consejos Directivos autónomos de cada uno de los niveles o sectores (incluida la Universidad de la República) más un representante del Ministerio de Educación y Cultura. Los Consejos Directivos y Comisiones Asesoras que éstos constituyan, se integrarán siguiendo los criterios de más amplia participación. En este sentido se considera la posibilidad de que además de una amplia re-

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presentación de los docentes, se incorporen delegados de los otros sectores involucrados en el respectivo nivel educacional, los cuales serán electos directamente por su respectivo orden. Se consideran como posibles actores participantes: los alumnos o sus padres, los egresados del respectivo organismo educacional, los funcionarios no docentes, los gremios obreros o empresariales. La ley de educación establecerá en cada caso qué sector tendrá participación y a qué nivel se concretará la misma, sean los Consejos Directivos o la Comisión Asesora. El Consejo Coordinador y los Consejos Directivos contarán para su gestión con el asesoramiento de las Asambleas Técnico-Docentes, el cual será preceptivo en temas curriculares y metodológicos. Las Asambleas Técnico-Docentes electas por los profesores y maestros serán en todo caso consideradas como la expresión técnica del cuerpo docente, y sus aportes sustentarán las propuestas a llevar adelante. Los institutos privados de educación primaria y media obtendrán habilitación para el dictado de los mismos cursos que se impartan en los institutos públicos, con las condiciones, planes y programas y modificaciones que el SNE establezca. Se creará una vasta red de Centros de Asistencia Integral para niños y jóvenes de tres meses a quince años de edad, con la finalidad de atender el problema de los menores cuyos padres trabajan (alimentación, atención médico-odontológica, recreación, educación física, estudios dirigidos, técnicas de estudio, segundo idioma). El SNE coordinará las actividades y funcionamiento de estos centros con las Intendencias Municipales, la Dirección de Educación Física, el Instituto Nacional del Menor y otros organismos que estimen pertinente.

Orientación de la Educación La acción educacional que lleven a cabo los organismos públicos tenderán a desarrollar en los educandos la capacidad para vivir en un mundo cambiante, dinámico, con aceleradas transformaciones culturales (técnicas, ideológicas, políticas), incidiendo en ese mundo con creatividad y responsabilidad, siendo capaces tanto de promover cambios como de resistirlos cuando estos afecten los valores esenciales (aquellos que hacen a la solidaridad, la libertad, la cooperación, el respeto a la individualidad, la justicia social y la tole-

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rancia), promoviendo una nueva ética de relacionamento social basada en el respeto a la diversidad cultural, étnica y de género. Como señalan nuestras Bases Programáticas, en nuestras políticas educativas se dará especial importancia al fortalecimiento de las capacidades para que niños y jóvenes logren un desarrollo pleno y así como a la integración social de los sectores empobrecidos y marginados. El sistema educativo propenderá a eliminar las discriminaciones por razones de raza, género o condición social, para que los resultados sean realmente justos, y no la ampliación de las diferencias iniciales. Se tenderá a eliminar las diferencias sociales surgidas de preconceptos respecto al valor relativo de lo intelectual y lo manual. La educación será integra, considerando al ser humano como una unidad en la que no cabe separar la mente del cuerpo: inteligencia, afectividad y destrezas físicas, deben desarrollarse paralela y conjuntamente, estén o no a cargo de educadores distintos. Se buscará una mayor integración de los centros educativos a la localidad en que están insertos. Se impulsará la creación de mecanismos que posibiliten la participación activa de los actores educativos, en el marco de un nuevo relacionamiento, posibilitando su organización, facilitando su funcionamiento, evitando toda forma de restricción o represión y mejorando sustancialmente las condiciones físicas y ecoambientales de los locales. En cada institución pública los diferentes actores de la comunidad educativa (docentes, funcionarios no docentes, estudiantes-alumnos, sus organizaciones gremiales y padres donde corresponda) procurarán abordar los problemas de convivencia y funcionamiento que se planteen a través del fortalecimiento de vínculos de tipo pedagógico y no represivo. En los centros educativos, los llamados “problemas disciplinarios” son sancionados por los reglamentos existentes (Actas 8 y 14 y circulares concordantes), que no sólo no solucionan los antedichos problemas, sino que por el contrario los agravan, por lo que se promoverá su supresión.

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Asimismo, el Encuentro Progresista – Frente Amplio promoverá la eliminación de las reglamentaciones que repriman o restrinjan la expresión de los derechos de los estudiantes y de su actividad gremial. Considerando que los jóvenes esperan con urgencia una respuesta del sistema educativo que les permita insertarse rápidamente en el campo laboral, la reforma propuesta será particularmente notable en la educación básica, cuyo objetivo será brindar salida a opciones variadas y flexibles y a diplomas profesionales desde los 16 años, continuada con bloques de perfeccionamiento, de carácter acumulativo, hasta la formación de nivel g.

Otros elementos sustantivos de nuestro proyecto en materia de educación: a. La educación inicial: se procurará su universalización a partir de los 3 años, enfatizando sus valores propios como factor generador de una personalidad armoniosa, integrada y libre, y no sólo como fase “preparatoria” de la escolarización. El Encuentro Progresista – Frente Amplio cumplirá con la ley que establece la obligatoriedad de ésta a partir de los 5 años, propendiendo a su universalización desde los 4. Como norma general, el Estado orientará su acción a garantizar el derecho del niño a recibir educación preescolar, en instituciones de educación inicial públicas a partir de los 3 años. Se crearán asimismo, las instituciones que sean necesarias para la atención profesional de los niños de 0 a 3 años (jardines maternales). 32

Se buscará la coordinación con instituciones públicas (Intendencias, etc.), y se brindará apoyo a la familia en su acción educadora. Deberá ser requisito para el desempeño de tareas docentes en centros de educación inicial, público y privado, el poseer título habilitante de maestro, tendiendo a que sean maestros especializados en educación preescolar quienes desempeñen esas tareas. b. La educación científico-técnica: se promoverá una formación que integre las habilidades intelectuales y las prácticas tecnológicas, para lograr una so-

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ciedad con gran desarrollo científico-técnico, que habilite para integrarse al campo laboral, sin convertir la educación en una mera “servidora” del mercado. En la reestructura del sistema se propondrá la constitución de una Universidad Tecnológica que brinde formación científico-técnica a nivel medio-superior. c. Se impulsará en el sistema educativo una política de extensión científico-técnica enmarcándolo en políticas de asesoramiento regional o sectorial que habiliten un mejor desenvolvimiento de las áreas industriales, agroindustriales y de servicios articuladas con las políticas de reconversión productiva y el desarrollo de las cadenas agroindustriales, como parte de una dimensión de la educación rural, tal como se señala en el capítulo “Transformaciones hacia un país productivo”, de este mismo documento. d. La educación media como eje articulador actual fundamental en la vida de las personas debe ser repensada y fortalecida especialmente en lo relativo al aumento y diversificación de la oferta educativa, así como respecto de las situaciones que se suscitan con relación a los egresos y múltiples retornos al sistema. e. Educación especial: se tomarán las medidas necesarias para la inclusión e integración progresiva de todas las personas con discapacidad basándose en el principio de respeto de la diversidad. La escuela debe permitir a todos los niños integrarse con sus diferencias, generando actitudes solidarias y participativas. A estos efectos se adaptarán las currículas de formación docente y se brindará a los centros educativos los recursos humanos y de infraestructura necesarios. El derecho a la inclusión y a la integración de quienes poseen capacidades diferentes no implica el desconocimiento del derecho que también tienen a una educación diferente. f. La educación no formal: considerando los acelerados cambios sociales y culturales, se promoverán múltiples experiencias de educación no formal que faciliten la permanente actualización de conocimientos por parte de la población, coordinando el Estado con los medios de comunicación para el mejor cumplimiento de esos fines. En este sentido, se desarrollará el concepto de educación comunitaria, visualizándose que hoy se dejan libradas las respuestas a las necesidades particulares de cada lugar, como atención espontánea, cayendo en el asistencialismo local. Para que el ser humano crezca y se desarrolle alimentándose y alimentado la democracia en el ámbito de la responsabilidad

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y en el respeto mutuo, debemos educar en la vida cotidiana, a continuación del aula. La educación comunitaria será concebida como parte del programa nacional de educación, con docentes asignados al trabajo comunitario, relacionando el centro educativo del barrio con las organizaciones sociales y comunales, con la familia y la comunidad. Su promoción deberá ser encarada como una responsabilidad del Estado. g. La investigación y experimentación educacional serán impulsadas como forma de sustentar sólidamente la acción educativa, evitando la improvisación en la instrumentación de planes de estudio, y metodologías educativas. Las actividades de investigación se coordinarán con las que lleve a cabo la Universidad de la República. Se considerará la sustitución del actual sistema denominado de “micro experiencia”. h. Se impulsará la creación de Centros de Formación Docente descentralizados, para asegurar la igualdad de oportunidades a estudiantes de todo el país, asegurando la producción y el intercambio académicos. Asimismo, se pondrá especial énfasis en el perfeccionamiento de los docentes, concebido en forma democrática y de libre acceso para profesores y maestros, en temas como Educación Especial (alumnos con capacidades diferentes), Educación de Adultos, Educación Comunitaria, Educación Inicial, Educación Rural, Educación en Areas de Pobreza e Investigación Educativa Nacional. i. Con relación a la Universidad de la República se reafirmará la vigencia de los principios sustanciales de su organización institucional y se brindará apoyo a su desarrollo regional, así como al cumplimiento armónico de sus fines de docencia, investigación, extensión, estudio de los grandes temas nacionales y expresión de su opinión sobre los mismos. j. El Encuentro Progresista – Frente Amplio procurará que los ciudadanos que definan seguir la carrera militar en cualquiera de sus ramas, reciban en el ámbito de la Educación Media la formación civil que brinda la educación pública. k. La educación física será atendida ampliamente, dejando de considerarla como un “agregado” a los planes de estudio; en ese sentido se integrará armónicamente a todos los niveles educacionales. l. La educación artística tanto formal como no formal, tenderá a desarrollar en el hombre la sensibilidad

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estética y la actitud crítica en esa área de la cultura. La formación de hombres libres, presupone un despliegue en todos los aspectos, incluyendo el quehacer artístico. m. El Encuentro Progresista – Frente Amplio se propone prestar especial atención a la educación de adultos, coordinando todas sus actividades afines a ella. La necesidad de esta medida surge de distintas circunstancias: es muy importante el número de adultos que –habiendo cumplido en forma incompleta o deficiente el ciclo escolar– no se encuentran capacitados para utilizar las herramientas culturales básicas para una inserción crítica y creativa en la sociedad. se requiere desarrollar una capacitación tecnológica en aquellos que, formados en otro momento, necesitan actualizarse en sus conocimientos y habilidades, para no quedar fuera del mundo productivo. los cambios acelerados que se producen en el mundo contemporáneo –en el orden político, cultural, económico- exigen una permanente actualización de las generaciones adultas, en conocimientos y actitudes, al mismo tiempo que un especial cuidado en la preservación de ciertos valores que pueden perderse a consecuencia de aquellas transformaciones: solidaridad, respeto a la individualidad y a los derechos humanos, libertad, justicia social.

Personal Docente, Administrativo y de Servicio Se llevará adelante una política de mejoramiento del nivel del personal docente, administrativo y de servicios, que responda a la necesaria dignificación de la tarea educativa. En ese sentido, las actividades incluirán tanto al personal docente (maestros, profesores, directores) como al no docente (funcionarios administrativos, de servicio) en el entendido que todos ellos tienen responsabilidad sobre la formación de los educandos de su respectiva institución. Por ese motivo se instrumentarán actividades de formación básica, especialización y actualización de conocimientos, dentro de una óptica de educación permanente, de manera de contar siempre con un cuerpo técnico altamente capacitado y actualizado.

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cios, obteniendo mejores precios en la adquisición de bienes y servicios, etc. Las políticas educativas se resolverán soberanamente, rechazándose todo condicionamiento exterior. En función de esto se aprobarán los financiamientos correspondientes. Se tenderá a que la formación básica del cuerpo docente se realice con nivel terciario, coordinándose dentro de lo posible con la Universidad de la República. Se procurará instrumentar la especialización de los docentes en campos específicos o para niveles de dirección, supervisión o administración, como nivel de posgrado (maestría o doctorado). Por otra parte todos los docentes tendrán el derecho y la obligación de acceder a una permanente actualización de conocimientos. Una preocupación especial merecerán aquellos docentes que al presente no están adecuadamente capacitados (posean o no título habilitante) para los cuales se realizarán actividades de perfeccionamiento y actualización tanto en cuanto a lo relativo a la didáctica como en cuanto a los conocimientos específicos de su campo.

Recursos Económicos La educación pública será atendida de manera prioritaria en el Presupuesto General de Gastos. En ese sentido, se propondrá alcanzar el 4,5% del PBI. Estos recursos contribuirán a la mejora de los salarios de todos los trabajadores de la enseñanza, a la creación de cargos suficientes para atender correctamente a toda la población estudiantil y a mejorar las críticas condiciones de trabajo con relación a materiales didácticos y locales. Los recursos se destinarán a cubrir adecuadamente las necesidades derivadas de:

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inversión en locales y equipos para cubrir los déficits actuales en esos rubros y para sustentar una expansión del sistema. remuneraciones dignas para los funcionarios docentes y no docentes, tendiendo a alcanzar al 50% de la canasta familiar. apoyo económico a los educandos que lo necesiten, mediante sistemas de becas, salarios estudiantiles, etc. apoyo económico a los docentes para posibilitar su perfeccionamiento y potenciar el ejercicio de su labor. La provisión suficiente de recursos para la educación será complementada con la racionalización administrativa, evitando la duplicación o superposición de servi-

La Educación Privada y el Estado Dentro del marco constitucional que establece la libertad de enseñanza (art. 68), los organismos responsables de la educación pública ejercerán un efectivo contralor de las instituciones privadas de enseñanza, tendiendo a que se cumplan en ellos todas las normativas legales, especialmente aquellas que resguardan los derechos del educando, sea éste niño o joven: derecho a un desarrollo libre y saludable, con conciencia social y cívica. Las Instituciones habilitadas o que soliciten habilitación, deberán ajustarse a las normas que establezcan las autoridades educacionales, relativas a programas y planes. Reconociendo el positivo aporte social que brindan a la educación muchas instituciones sin fines de lucro (en especial en los subsectores de la formación primaria y secundaria) se promoverá a través del Sistema Nacional de Educación la creación de espacios de coordinación del esfuerzo educativo nacional.

La Universidad de la República La importancia relevante adquirida por el conocimiento en las últimas décadas no sólo en el ámbito de lo económico sino también en todas las otras esferas socioculturales, conduce a considerar la sociedad actual como la “sociedad del conocimiento”. La Universidad de la República constituye el ámbito más importante del país donde se genera, transmite, aplica y critica el conocimiento. Debido a ello, está llamada a jugar un papel preponderante en el presente y futuro del Uruguay. Como punto de partida debe revalorizarse los principios básicos que sustentan el accionar universitario establecidos en su Ley Orgánica, en especial la gratuidad, la libertad de cátedra y opinión, la autonomía y el cogobierno. Promoveremos una asignación presupuestal acorde con la importancia que otorgamos a la enseñanza superior, a su papel en nuestro proyecto de educación y en la producción nacional.

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Se alentará la articulación de políticas orientadas al desarrollo de las tres funciones sustantivas de nuestra Universidad: docencia, investigación y extensión, con vinculación estrecha al entorno social, en forma real y provechosa para todos los involucrados en el proceso, en un marco de pertinencia y equidad entendida como igualdad, justicia social y distribución del conocimiento. Se procurará dar rango legal al ordenamiento del sistema terciario superior, modificando las disposiciones del decreto 308/995. Reafirmamos la necesidad de organizar el sistema nacional de educación terciaria con la participación central de la Universidad de la República, priorizando aquellas áreas de la formación terciaria que apunten al desarrollo del país productivo, asegurando el acceso universal a la formación postsecundaria y coordinando políticas con UTU y los centros de formación docente con el objeto de elevar y perfeccionar los niveles educativos. Se restituirá a la Universidad la llamada “autonomía financiera” en los términos previstos por su Ley Orgánica. Se procurará apoyar su gestión presupuestal para que pueda desarrollar sus cometidos. Destacamos la necesaria vinculación de la Universidad con el mundo del trabajo y del empleo, así como el fortalecimiento del relacionamiento de ésta con la sociedad uruguaya, continuándose con la actual política de cooperación y convenios y concretando ámbitos formales de comunicación e intercambio con todos los sectores. Para las fuerzas progresistas, la Universidad de la República cumple un papel central en el desarrollo de un país productivo, tal como lo señalamos en otros capítulos de nuestra propuesta programática. Por todo ello, desde el gobierno alentaremos los cambios promovidos desde dentro de la propia Universidad, para el mejor cumplimiento del papel que está llamada a desempeñar, apoyaremos la descentralización para el mejor cumplimiento de sus fines, así como las políticas que promuevan la profesionalización de los funcionarios docentes y no docentes. Reafirmamos el carácter universitario del Hospital de Clínicas y su papel fundamental como centro asistencial de formación, investigación, extensión e integración con el medio.

SEGURIDAD SOCIAL La Seguridad Social representa uno de los más poderosos instrumentos de que dispone una comunidad a los efectos de lograr el desarrollo, el cambio y la justicia social. Su ejecución debe considerarse como uno de los fines esenciales del Estado y sus alcances deben ser mejorados y fortalecidos a efectos de lograr una mejor calidad de vida para los integrantes de nuestra sociedad.

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Conceptos fundamentales

a. La Seguridad Social: Responsabilidad Colectiva. Por tanto es fundamental la auténtica participación de la fuerzas políticas y sociales involucradas, en la planificación, elaboración, administración y dirección de la Seguridad Social. Consecuentemente, las propuestas, ideas o programas deben tener vocación nacional y concretarse a través de verdaderas políticas que promuevan el más amplio consenso.

b. La Seguridad Social: Derecho Humano Fundamental. Consecuentemente uno de su objetivos esenciales es la redistribución de la riqueza con sentido de justicia social, constituyéndose por lo tanto en un instrumento democrático que equilibra los valores de libertad y seguridad a que todo ser humano aspira. Deben eliminarse criterios, producto de la concepción neoliberal imperante, que llevan a adoptar soluciones principalmente financieras ajenas a los criterios propios de la seguridad social, tal como se ha hecho en los últimos años. Es posible llevar adelante una política totalmente diferente sin descuido de las variables financieras del sistema.

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c. Por la trascendencia que el tema reviste para toda

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Líneas básicas

a. Las reformas necesarias. El Encuentro Progresista – Frente Amplio pretende, basándose en la solidaridad, rescatar las mejores tradiciones histórico-culturales uruguayas, que nos permitieron ocupar un lugar destacado en el concierto latinoamericano y mundial, con escasa incidencia de la pobreza durante décadas. Es por esta razón que no acepta el actual sistema previsional, uno de cuyos pilares fundamentales es el ahorro individual obligatorio orientado a las AFAP, empresas con fines de lucro, que se contraponen a los principios necesarios de un sistema socialmente adecuado de seguridad social. El hecho de que a tan sólo 3 años de vigencia, más del 40% de los afiliados a dicho sistema no tenga en sus cuentas individuales aportes incorporados en tiempo y forma, además de ocasionar enormes perjuicios, torna imperiosa la necesidad de proceder a modificar rápidamente el sistema vigente de la ley 16.713. No se trata de restaurar al sistema del Acto Institucional N. 9 que por sus inequidades, ineficiencias y disfuncionalidades cayó en el desprestigio, ambientando entre otras cosas, la imposición del actual sistema antisolidario. El Encuentro Progresista – Frente Amplio fortalecerá el sistema público solidario de reparto, propendiendo a la imprescindible mejora de gestión a través de la eficiencia y la celeridad, principios operativos de gran trascendencia y profundizando en el combate a la evasión. 36

b. Integralidad de la reforma a encarar, lo que implica que debe abarcar soluciones no sólo para las situaciones de vejez, invalidez y muerte, sino además para las contingencias a que están expuestos los trabajadores activos: desempleo, enfermedad, cargas familiares, atención sanitaria. En consonancia con dicha integralidad, considerando las graves disfuncionalidades e inequidades de los Servicios Policiales y Militares, debe procederse a la reforma de ambos subsistemas, teniendo en cuenta las especificidades de los mismos.

la sociedad, el Encuentro Progresista – Frente Amplio cree que el proceso de reforma debe ser gradual, no admitiendo consecuentemente políticas de shock.

d. Sin perjuicio de la importancia de la autonomía financiera y de gestión de los institutos paraestatales, se entiende que dichos institutos deben participar coordinadamente en la formulación de políticas de Seguridad Social.

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Nuestros Principios

Solidaridad, principio en virtud del cual todos los habitantes deben participar obligatoriamente en el financiamiento de la Seguridad Social. Ello implica entre otras cosas: Solidaridad en sus dos aspectos: vertical, (redistribución de la riqueza con justicia social, del rico al pobre), y horizontal, (redistribución del activo al desocupado, del joven al viejo, del sano al enfermo). La imprescindible coherencia entre el sistema tributario nacional y el subsistema de la Seguridad Social, contribuyendo este último de tal forma a concretar el objetivo redistributivo de la renta nacional con sentido de justicia social. Por lo tanto, la financiación tripartita, debe basarse en la imposición directa y socialmente progresiva, a través de la tributación a la renta, patrimonio, ganancias, dividendos o herencias, que no atente contra la producción y el trabajo, concordando con las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contenidas en convenios e instrumentos ratificados por nuestro país. La progresividad de los montos de las prestaciones, en forma inversamente proporcional a los ingresos. Universalidad, tanto objetiva, en cuanto debe cubrir todos los riesgos a los que están sometidas las personas que viven en sociedad: vejez, invalidez, muerte, desempleo, enfermedad, niñez, cargas familiares; cuanto subjetiva, es decir, que proteja a todos los habitantes. Esto conduce a incluir dentro de la Seguridad Social a los informales, los ambulantes, entre otros ejemplos. Es que la seguridad social tiene la naturaleza de un derecho humano fundamental

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Igualdad, que supone que todas las personas deben estar igualmente cubiertas ante la misma contingencia, contemplando las particularidades de las diversas actividades, y considerando imprescindible la suficiencia (la prestación a otorgar debe cubrir adecuadamente las reales necesidades de acuerdo a cada situación social).

propenda a prestaciones mínimas razonables para aquellos que están relegados

Protección, ratificando el carácter protector de la Seguridad Social.

pautas de corrección y criterios de gradualidad con relación al Sueldo Básico Jubilatorio.

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Las Pasividades

Las pasividades constituyen el 80% de las prestaciones del sistema. Los temas que preocupan prioritariamente al Encuentro Progresista – Frente Amplio son:

b. Retiro gradual El retiro abrupto de la vida activa genera severos problemas y origina verdaderos dramas sociales. Por lo que se propondrá un sistema de retiro o jubilación gradual combinado con políticas de estímulo a la contratación de jóvenes.

Transparencia y Cristalinidad La credibilidad de cualquier sistema de Seguridad Social que se precie de ser viable y eficiente es esencial. Ello implica diferenciar claramente el sistema contributivo, financiado mediante tributos redistributivos, coherente en este sentido con la propuesta tributaria global del Encuentro Progresista – Frente Amplio, y el subsistema de seguridad social en particular, de lo que es asistencial no contributivo, con base en los arts. 42 y 67 de la Constitución de la República.

Política de Prestaciones Deben atenderse con carácter primordial, a diferencia de lo que se ha hecho hasta el presente, los aspectos preventivos de la Seguridad Social en consideración a la ineludible obligación de protección a los habitantes.

Otros Temas específicos a. Montos Jubilatorios. Una de las prioridades surge de la constatación de los bajos montos jubilatorios que se pagan por el BPS. Ello lleva a considerar como criterios correctores: la progresividad inversamente proporcional a los ingresos para las tasas de reemplazo y para la asignación jubilatoria. niveles mínimos razonables en el monto de las prestaciones, y la aplicación de aumentos diferenciales para las prestaciones mínimas, de manera tal que se

c. Incapacidades El sistema vigente debe ser cambiado sustancialmente, buscando soluciones justas, razonables y más técnicas, vista la profunda injusticia e inequidad con relación a las incapacidades, parciales o definitivas.

d. Registros - Historia Laboral Es necesario introducirle modificaciones para un mejoramiento sustancial. En relación a la prueba de servicios y de controles, nuestra bancada ha presentado proyectos en la anterior legislatura con una nueva normativa respecto de la consideración de los períodos, los medios probatorios, las valoraciones de la prueba y el procedimiento administrativo. Resultan imprescindibles la coordinación de las bases de datos con otros organismos (MSP - MTSS - DGI ANEP) a efectos de detectar incongruencias, omisiones y superposiciones.

e. Complementariedad. Se estudiará con la cautela debida, la eventual creación de modalidades de ahorro complementario de naturaleza estatal, paraestatal o de interés social sin fines de lucro, que deberán estar sustentadas en sólidos cálculos actuariales de viabilidad en el mediano y largo plazo, evitando de tal forma reiterar experiencias negativas.

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d. Régimen pensionario. Las soluciones actualmente en vigencia son particularistas e incoherentes, serán modificadas sobre la base de medidas como: anulación del término de caducidad de las pensiones de viudez de dos y cinco años establecido en la ley 16713. revisión del monto de las prestaciones de pensión para que en su conjunto aseguren la función de mantener la situación económica del hogar cuando fallece el titular de la jubilación utilización del criterio que establece como imprescindible una relación armónica entre el importe de las pensiones y el ingreso total del hogar, de modo que constituya un elemento de justicia y no de privilegio.

f. Discapacidad. Se aplicarán políticas tendientes a la rehabilitación e integración social de los discapacitados.

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La seguridad social y su papel en torno al desempleo

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De igual forma, el criterio de progresividad de las prestaciones debe aplicarse al subsidio por desempleo, a cuyos efectos se impulsará el criterio de que los montos y plazos deben ser proporcionales según los casos. No es lo mismo quedar desocupado a edades cercanas al retiro de la actividad, que en plena juventud. Consecuentemente deben analizarse soluciones para los trabajadores de edad madura, sea mediante subsidios especiales o por la vía de la extensión del subsidio normal. Por otra parte en esta situación, el beneficio debería relacionarse con las prestaciones jubilatorias.

Protección de los créditos laborales Se impulsará la aprobación del proyecto de ley relativo a créditos y derechos laborales y sociales para proteger a los trabajadores ante las situaciones de insolvencia patronal.

Financiación El seguro de paro no tiene financiación específica. Consecuentemente se estudiarán las soluciones más convenientes, coherentes con nuestra política tributaria. Las franquicias tributarias son un instrumento muchas veces eficaz para fomentar el empleo, pero estarán sujetas a estrictos controles para que no se desvirtúe el objetivo buscado.

Investigación No hay seguridad social sin trabajo. La coordinación entre las prestaciones de pasividad y desempleo es ineludible.

Las prestaciones por desempleo 38

El Encuentro Progresista – Frente Amplio afirma que la universalidad es uno de los principios esenciales de la Seguridad Social, de donde se sigue que no deben existir trabajadores excluidos de tal derecho, como sucede actualmente con los trabajadores rurales y domésticos. Debe incorporarse el concepto de flexibilidad para la determinación de la prestación de seguro de paro, que debería prestarse atendiendo a las diferentes situaciones sociales y laborales, como la edad del trabajador, los años de servicio, las características del paro (coyuntural, friccional, estructural), las posibilidades de recuperación, las oportunidades de capacitación o recapacitación y otras eventuales variables.

Hay un amplio campo abierto a la investigación en materia de gestión, coordinación de organismo públicos y privados (ONG) relacionados a estos temas, indicadores especiales para la seguridad social etc. El gobierno progresista dirigirá sus esfuerzos a profundizar los conocimientos y experiencias en la materia.

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La niñez y la familia: Asignaciones Familiares

Se comprueba que la Asignación Familiar es un beneficio que no cubre a más del 40% de los niños uruguayos, precisamente los más pobres, que por añadidura provienen de las familias más numerosas. Por otra parte, en la enorme mayoría de los hogares pobres, los jefes de familia realizan trabajos precarios, informales o zafrales, lo que lleva a que sus hijos que-

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den privados del beneficio, a lo que se agrega la creciente maternidad adolescente. El gobierno progresista reorganizará las Asignaciones Familiares sobre la base de las siguientes ideas y criterios:

a. El objetivo redistributivo Deben elevarse los montos de la Asignación, y aplicarse criterios progresivos, en función de franjas por ingresos y número de hijos, en forma directamente proporcional al número de hijos e inversamente proporcional a los ingresos, estableciendo topes para esta última situación, de modo de favorecer a quienes menos ingresos tengan. La protección a la familia numerosa, considerando que el hogar es la unidad social y económica primaria de la sociedad, y no es tenida en cuenta por el sistema de Seguridad Social, contribuyendo a profundizar las desigualdades. Se estudiará un tratamiento específico para las trabajadoras con muchos hijos. Por ejemplo otorgándoles trato preferencial a partir de determinada edad y de cierto número de hijos. En el pasado en el sistema de Asignaciones Familiares existieron soluciones similares. El Salario Familiar es una de ellas, y estudiaremos su reimplantación respecto de las familias más pobres y numerosas, en coordinación con los demás servicios de la Seguridad Social, la Educación y la Salud, partiendo siempre del concepto de que la pobreza requiere un enfoque integral y combinado.

b. El principio de universalidad Debe propenderse a la inclusión progresiva de los menores excluidos del sistema, en consonancia con el concepto de la Asignación Familiar como derecho del niño, desvinculado de la situación laboral del atributario, realizando los controles sanitarios y de escolaridad pertinentes. Respecto del trabajador desocupado, la extensión del derecho más allá de los 6 meses de paro, torna necesarios estrictos controles para evitar abusos.

c. La financiación La financiación específica para esta prestación no existe en la actualidad. En todo caso responde a las características regresivas de todo el sistema tributario en general, y del subsiste-

ma de Seguridad Social en particular, esto es, tributos al consumo, totalmente injustos agravando injusticia social, sin dar respuesta adecuada a un objetivo fundamental de la Seguridad Social, la redistribución de riqueza.

d. Prestaciones en especie La tradición cultural y política del país lleva a recordar la enorme influencia que han tenido en el subsistema de Asignaciones Familiares las prestaciones en especie, quizás las más significativas o principales, muchas veces ignoradas en el análisis del tema. Basta un dato para poner de manifiesto la importancia de este tipo de prestaciones: casi el 50% de los niños nacidos en el interior del país lo hacen a través del sistema de Asignaciones Familiares, es decir del BPS. Se tendrán presentes: la atención a los niños hasta los 6 años, o más según la situación, el trato de malformaciones congénitas independientemente de la edad y los servicios de ortodoncia.

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La salud

Sin perjuicio de las propuestas que en materia de salud tiene el Encuentro Progresista – Frente Amplio, se considera prioritario coordinar y potenciar al máximo todos los servicios existentes, públicos, colectivos y privados, a nivel barrial y zonal, dotándolos de la infraestructura necesaria en equipos y medicamentos, especialmente para los sectores más necesitados. 39

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La administración del sistema

Ningún sistema de Seguridad Social es efectivo si no cuenta con una gestión rápida y eficiente de forma que el usuario sea atendido velozmente dando solución a sus necesidades reales. La dirección del sistema responderá al principio de participación y corresponsabilidad en la gestión, a través de la integración del Estado (garante del sistema) trabajadores, empresarios y jubilados.

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2) Se estimulará el crédito para las mujeres que emprenden líneas de producción o empresas de servicios, coordinando las acciones con el BROU, CND y con las agencias financiadoras internacionales. Sin descuidar la unidad de la gestión, debe propenderse a su descentralización administrativa y territorial, compatible con la imprescindible coherencia general de sistema, desconcentrando servicios y creando Comisiones Representativas cuatripartitas de ámbito departamental, que tendrán cometidos de asesoramiento, contralor y propuesta. Es esencial profundizar la capacitación y calificación del personal para el logro de una mejor atención a los beneficiarios. Para no desperdiciar esfuerzos ni dilapidar recursos, resultará trascendente la coordinación de los servicios de Seguridad Social con otros servicios sociales, tales como la Educación, Salud, Empleo.

3) Se impulsará la aprobación del Proyecto de Ley ya presentado sobre regulación del empleo doméstico. 4) Se eliminará la discriminación creada en la Rendición de Cuentas de 1993 que establece la misma cantidad de años promedio para el hombre y para la mujer a los efectos de la jubilación, operándose así una disminución de hecho del monto jubilatorio por la menor edad tope femenina. 5) Se fijará un aporte ficto para las pequeñas empresas de mujeres que unifique los tributos nacionales atendiendo especialmente a los emprendimientos en zonas rurales.

Para el ámbito de la educación El combate a la evasión requiere de múltiples medidas, entre las que se destacan la modernización de registros, las auditorías más eficientes, la modernización del aparato inspectivo, el cruce de información con otros organismos afines tales como: DGI, MTSS, Aduana e Intendencias. Todo ello enmarcado en una concepción de que la informática debe estar al servicio de la gestión, y no como una simple multiplicadora de las fallas del sistema.

POLITICAS PARA LA MUJER

1) Se prestará especial atención a las estudiantes que viven situaciones de riesgo social que dificultan su permanencia en el sistema educativo, tales como el embarazo precoz, en coordinación con el Codicen y el MSP. 2) Se impulsará la formación de un equipo especializado para la incorporación de propuestas pedagógicas y didácticas que promuevan la educación en igualdad. 3) Se negociará con las autoridades del CODICEN y de la Universidad en busca de mecanismos que eviten la reproducción cultural educativa de la discriminación.

Acciones Inmediatas 40

En el nivel Institucional Se establecerá un organismo especializado de rango ministerial o adjunto a la Presidencia que tendrá a su cargo políticas de equiparación para la transversalidad de las acciones públicas, con asignación presupuestal propia para la ejecución de sus programas sectoriales.

En el ámbito del trabajo 1) Se trabajará activamente con los servicios de Comercio Exterior en la búsqueda de nichos de productos factibles de exportación, pasibles de ser producidos por los grupos y núcleos de mujeres a nivel urbano y rural.

Para el ámbito de la salud Se creará un equipo de coordinación con los organismos de salud pública y privada para la elaboración de programas especiales para adolescentes, focalizados en la salud reproductiva, educación sexual, enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados y abuso sexual.

Para el plan de emergencia y las situaciones de extrema pobreza Inmediato procesamiento de los datos del Censo y Encuesta Continua de Hogares sobre el número de hogares con jefatura femenina para la aplicación de políti-

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cas de apoyo para habilitar programas especiales de vivienda, servicios sanitarios, planificación familiar, atención de sus dependientes en la salud, asignación familiar y estrategias de apoyo para la atención de los niños y de su supervivencia económica.

Para la reafirmación de derechos 1) Se preparará una campaña nacional de divulgación de los derechos de las mujeres establecidos en la legislación nacional e internacional. 2) Se retomará el proyecto de Ley ya presentado sobre Defensoría de la Víctima de Violencia Doméstica buscando concretar, si no aún no hubiere sido aprobado, el Sistema Nacional de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Doméstica, elaborado por la Comisión interministerial creada por decreto del Poder Ejecutivo del 6 de marzo de 1998.

Acciones Mediatas En el nivel institucional Propondremos una ley de igualdad que incluya mecanismos de acción positiva para todos los Ministerios y oficinas del Estado.

En el ámbito del trabajo 1) Cursos de capacitación y definición de mecanismos para facilitar y supervisar la actuación de las inspecciones laborales con relación al principio de no-discriminación en los ámbitos laborales y legales. 2) Incremento de la fiscalización de las condiciones de trabajo a fin de mejorar la calidad de los empleos en los que tradicionalmente se desempeñan las mujeres. 3) Difusión de materiales sobre los derechos laborales entre las trabajadoras, en todos los gremios y en las nuevas empresas que se inscriban en la DGI, el BPS y el Ministerio de Trabajo.

Para el ámbito de la educación 1) Desarrollo de programas y campañas antidiscriminatorias para emitir en los medios de comunicación 2) Desarrollo de un programa que promueva la participación de las niñas y las mujeres en la actividad depor-

tiva, fomentando deportes alternativos no discriminatorios a través de la Comisión Nacional de Educación Física y de las Intendencias 3) Capacitación de los orientadores vocacionales para que informen y motiven adecuadamente a las niñas y jóvenes para propiciar elecciones profesionales más diversificadas

Para el ámbito de la salud 1) Se organizarán servicios adecuados y eficaces de anticoncepción, dando adecuada difusión a su existencia, con seguimiento y control del uso de los mismos en forma adecuada y sin perjuicio para la salud de las mujeres. Se pondrá énfasis especial en la incorporación de los varones adolescentes y adultos en las acciones de regulación de la fecundidad y prevención del ETS. 2) Se procurará formalizar convenios que permitan incluir en los cursos de formación a nivel de la educación terciaria, técnica y de posgrado relacionada con la salud, módulos de formación con la visión de género que contribuya a desmitificar y desconstruir los estereotipos y prejuicios. 3) Se promoverán sistemáticamente campañas generalizadas de prevención del cáncer de cuello de útero y de mama y de realización de los exámenes preventivos para ello.

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POLITICAS PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Nuestros niños y adolescentes son nuestro futuro En nuestros niños y adolescentes está el Uruguay del futuro. Ellos serán en buena medida los artífices del cambio social. Parece claro que de la inversión y la dedicación que se destinen a enriquecer social y culturalmente a nuestros niños y adolescentes, dependerá la riqueza sociocultural y la potencialidad de la evolución y desarrollo del país. En general se ha abordado el tema de limitándolo a la niñez y la infancia problematizadas. El Encuentro Progresista - Frente Amplio propone profundizar las políticas destinadas a resolver aquellos problemas y a la vez ampliarlas, en el marco de una concepción de la niñez y la adolescencia que las visualiza ciertamente como la gran riqueza que sustentará el futuro del Uruguay. Riqueza que debe desarrollarse, crecer, protegerse y promoverse adecuadamente.

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Entendemos que es necesario jerarquizar el papel de la comunidad en el diagnóstico y el diseño de las estrategias para abordar las múltiples cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia, reconociendo que corresponde al Estado el papel primordial, incluso en la orientación y supervisión técnica y normativa de la acción del sector privado, en especial en caso de transferencia de recursos bajo cualquier modalidad. Las políticas sociales deben tener como destinatario al sistema familiar, concibiendo la familia como la unidad a partir de la cual se elaborarán y ejecutarán las políticas progresistas, con especial énfasis en las cuestiones de género y en la atención de la infancia y la adolescencia. El Estado y la sociedad civil tienen la responsabilidad de apoyar a la familia –en su diversidad estructural contemporánea-, lo que implica desarrollar estrategias de cogestión y una adecuada política de convenios que habrá de ser objeto de legislación e incluirá necesariamente pautas tutelares de auditoría, control y supervisión por parte del Estado.

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Se crearán espacios para la interacción y participación popular en la definición de las políticas, atendiendo a la especificidad de cada ámbito local y aún regional, propiciando el ejercicio de la creatividad. Los programas de atención integral a la familia, de apoyo a madres adolescentes, a mujeres jefas de familia y a parejas jóvenes se localizarán preferentemente en los centros de proximidad, tales como guarderías, policlínicas, centros comunitarios y similares.

Los derechos de los niños y adolescentes Este sector fundamental de la sociedad suele ser concebido como sujeto pasivo de acciones y políticas. Reafirmamos su condición de sujetos de derechos sobre la base de una concepción de integralidad de los mismos, referidos a seres en desarrollo y con autonomía progresiva, tal como resulta de la Convención de Derechos del Niño, suscrita por nuestro país. El Estado debe asegurar la existencia y vigencia de tales derechos, garantizando su ejercicio pleno. En este marco, la Educación Inicial entendida como el derecho a desarrollarse en plenitud en la primera etapa de la vida y en un contexto adecuado resulta fundamental y debe universalizarse sin pérdida de tiempo.

La infancia y la adolescencia como problema social concreto y urgente. Un tercio de la población del Uruguay no sobrepasa los 18 años. A su vez, un tercio de dicho grupo etario no es alcanzado por las políticas sociales. Estas comprobaciones nos dan una idea ajustada de las dimensiones del problema de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Existen servicios básicos –que se corresponden con derechos elementales consagrados en nuestra Constitución- de los que muchos niños y adolescentes permanecen excluidos. Hay más de 300.000 niños y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran al margen del sistema y de cualquier tipo de ayuda estatal. La cuarta parte de ellos, 120.000 compatriotas, se hallan en lo que se denomina “situación de alto riesgo”. Esta breve descripción, y estas cifras impresionantes representan en la realidad el desamparo, el sufrimien-

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to y la falta de perspectivas de seres individuales condenados por un sistema injusto y sus políticas de ajuste, cuyo principal efecto ha sido, fuera de toda duda exponer al desnudo las insuficiencias estructurales y agudizar los problemas sociales preexistentes. Las políticas sociales propuestas por nuestra fuerza política, –complementarias de las políticas institucionales y las orientadas a transformar al Uruguay en un país productivo-, privilegiarán las dimensiones de solidaridad y equidad, orientándose con preferencia a los más desamparados, a los que disponen de menores recursos y se hallan sumidos en la pobreza y la marginación. Es de justicia que los sectores sociales que gozan de los más altos recursos tengan a su cargo la porción más significativa del esfuerzo destinado a superar esta situación. Por eso nuestras políticas en esta materia serán integrales, actuando en el terreno de la economía, en el campo social, cultural y ambiental. Teniendo presentes algunos de nuestros principios más preciados, estimularemos la participación activa de los involucrados en la búsqueda de respuestas para la satisfacción de sus necesidades. La participación se nutre de información adecuada, crece en la descentralización y se desarrolla en los más amplios ámbitos de la sociedad, en particular, las organizaciones sociales de nivel local. La participación y la descentralización combinadas permitirán acercar los servicios a los usuarios, ampliar las posibilidades de inversión regional, apoyar las características y tradiciones locales e impulsar la asociación creativa entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil.

Una respuesta de múltiples facetas: el Sistema Nacional de Infancia y Adolescencia Impulsaremos la creación de un Sistema Nacional de Infancia y Adolescencia, especializado en la compleja realidad de estos sectores de nuestra población, coordinando emprendimientos y rompiendo la visión sectorial, que conduce a soluciones rara vez eficaces, de enfoque parcial y escasa trascendencia. Este Sistema se organizará bajo la dirección y supervisión del INAME, conforme a los criterios que se indican más adelante al hacerse referencia a esta institución. Se reconocerá la dignidad intrínseca del niño, de todos los niños, sin admitir ningún tipo de discriminación, se adoptarán medidas para hacer efectivo el derecho a la

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protección, cuidado y asistencia especiales, adecuados a los requerimientos de la infancia. Se asigna importancia decisiva al hogar y a la familia – en su estructura y con sus variantes actuales. Se protegerán estas instituciones apoyando su desarrollo y consolidación, coadyuvantes al ejercicio del derecho de los niños a vivir en su medio familiar en cuanto sea posible. Nuestro Plan de Infancia y Adolescencia partirá de la base de examinar a fondo los servicios existentes – muchos de ellos de gran valor- desde el punto de vista de su calidad y adecuación a las necesidades de los usuarios, buscando orientar y coordinar la acción colectiva en beneficio de los menores. Se desarrollarán políticas enérgicas tendientes a armonizar actividades, evitar superposiciones y duplicaciones inútiles y asegurar la acción de equipos multidisciplinarios y multinstitucionales. No puede desconocerse la labor, a veces muy destacada, que en esta materia desarrollan instituciones privadas, sean laicas o religiosas. Es necesario de todas maneras que el Estado mantenga una importante función normativa y fiscalizadora. El sistema procurará el desarrollo de nuevas modalidades asistenciales para subvencionar. Se privilegiará la subvención por niño y se alentará la atención en grupos pequeños, casi de nivel familiar. El sistema de subvenciones atenderá más a la calidad de la atención que a la cantidad, primando el criterio central de perseguir el bienestar del niño por sobre cualquier otro de carácter economicista. El Estado combatirá el uso de los recursos en forma irracional e indiscriminada. Ayudará a la familia para la protección del niño –sabiendo que aún en situaciones familiares difíciles suele resultar un recurso mucho mejor que cualquier institución-, pero ese apoyo se sujetará a parámetros objetivos bien determinados y evitará el clientelismo que se produce en situaciones de prolongación innecesaria de la asistencia económica a lo largo de los años. Se procurará que las responsabilidades se compartan entre la familia y el Estado. Los padres son y serán los

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principales responsables del desarrollo y bienestar de sus hijos. El Estado apoyará a los padres, articulará políticas, coordinará la acción de las diversas instituciones y organismos, pero sin paternidad responsable es difícil alcanzar soluciones adecuadas para la niñez. Los programas de ayuda tenderán a la recuperación de la dignidad de las personas, con apoyo técnico, social y económico, generando espacios para la participación de los interesados, cuya responsabilidad se promoverá. Se evitará la dispersión de las acciones dirigidas a la infancia y la adolescencia, que conspira contra la focalización eficiente de la inversión e impide el desarrollo de una política global dirigida a la totalidad de la población menor de 18 años. También en este sentido, la participación de la comunidad es de importancia singular. El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio se inspirará en la doctrina de la Protección Integral, que refiere a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional, así como la legislación nacional, expresando un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia. Dicha doctrina se condensa en cuatro instrumentos básicos: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, y las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia juvenil (Directrices de Riad).

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Estos cuatro instrumentos jurídicos serán el sustento de una nueva política hacia la infancia, la que se expresará en un nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, herramienta clave para la coordinación de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil.

Los menores infractores Los niños y adolescentes que resultaren acusados o culpables de haber infringido las leyes penales, recibirán un trato que, lejos de menoscabarlos o humillarlos, buscará reafirmarlos en su dignidad y autoestima, promoviendo su educación o reeducación en los valores necesarios de la convivencia, el respeto a las libertades y los derechos ajenos, y realizando simultáneamente

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los esfuerzos conducentes a su integración constructiva en la sociedad. Para las decisiones en esta materia se inspira en la idea de que los recursos volcados a la atención de las personas en edad temprana, son los que mejores réditos dan a la sociedad. El neoliberalismo ha traído como dolorosa consecuencia, entre otras, una contracara social de marginalidad y delincuencia. La inseguridad, en última instancia, radica en la debilidad de la acción de la sociedad frente a estos problemas, es el resultado de las malas políticas y los problemas no resueltos. 150 niños y adolescentes están hoy internados con medidas de seguridad por mandato judicial. Nuestra propuesta apunta al ataque firme de las causas, a crear las condiciones para eliminarlas y brindar oportunidades igualitarias a todos los uruguayos. La marginalidad y el delito requieren respuestas específicas, imaginativas, no estandarizadas; reclaman soluciones que atiendan la problemática de los involucrados buscando alternativas a la clásica “internación institucional”. Para aquellos niños y adolescentes con graves trastornos de conducta, propiciamos un tratamiento personalizado, orientado a su reinserción social y prestado en instituciones de régimen cerrado si la situación lo amerita. Los niños y adolescentes abandonados, maltratados en el entorno familiar o con trastornos leves en su conducta, serán atendidos en sistemas abiertos, con apoyo de la comunidad y búsqueda de recomposición familiar. El aprendizaje del trabajo socialmente productivo será, en uno y otro caso, herramienta privilegiada de reeducación.

El Instituto Nacional del Menor El Encuentro Progresista – Frente Amplio reorganizará el INAME como eje coordinador de las políticas relacionadas con los niños y adolescentes. Para ello, lo dotará de los medios necesarios para el mejor desempeño de su función, eliminando las ineficacias, promoviendo el principio de educación social como inspirador de su accionar, elevando el nivel técnico profesional del personal. Se buscará desarrollar un INAME promotor e impulsor de todos los niños, concebido no como una institución penalizante y represiva sino como un organismo abier-

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to y en contacto con la gente, generando y facilitando espacios para, por y con los niños y adolescentes. Junto a la impostergable reforma del Código del Niño, en el terreno de las medidas legislativas a impulsar se tendrá presente como de particular importancia la modificación de la ley de creación del INAME ajustándola a los nuevos objetivos y mayores responsabilidades indicados anteriormente. Las políticas sociales a desarrollar tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y no sectoriales, promoviendo las coordinaciones pertinentes entre el instituto definido como rector en la materia y los demás organismos que tienen vinculación con el tema: Ministerio de Educación y Cultura, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer y la Familia, Ministerio de Salud Pública, Asociación de Trabajadores del INAME, las ONGs y la sociedad civil organizada. Las políticas en materia de infancia y adolescencia deben integrarse armónicamente con aquellas que se adopten o planifiquen respecto de la juventud, que se exponen a continuación.

POLITICAS EN RELACION A LA JUVENTUD Introducción Las peculiaridades propias de esta etapa en la vida de los individuos, sus dificultades y sus oportunidades, requieren medidas específicas que apunten a la solución de sus principales problemas sociales -empleo, salud, vivienda- y no resulten un apéndice o un mero reflejo de políticas globales de tipo social destinadas a «toda» la población. Todo proceso de elaboración y puesta en práctica de las Políticas de Juventud debe pensarse, inevitablemente, en el marco de un amplio proceso de participación juvenil. La acción de gobierno en esta materia debe desarrollarse con la mayor proximidad posible a la cotidianeidad juvenil, de donde resulta claro que la descentralización tendrá un papel fundamental en el diseño y ejecución de aquéllas. Es imprescindible que las Políticas de Juventud sean integrales, coherentes y complementarias con las de otras áreas buscando la articulación de recursos, la co-

operación desde las especificidades sectoriales y la fijación de propósitos y metas en común. Deberán complementarse con las políticas enfocadas hacia los otros grupos de edad, y las generales de carácter económico, conjuntamente además, con las iniciativas y procesos de integración sociales, políticos y culturales en curso. Parece necesaria la permanencia y desarrollo de un instituto central (Inju) que coordine con los organismos del Estado que ejecutan políticas de juventud, y sea capaz de diseñar e impulsar un plan global en la materia, sin perjuicio de los programas propios de las administraciones municipales. Finalmente, se deberá articular la acción de gobierno con la vasta red de organizaciones sociales, barriales y ONG que vienen desarrollando experiencias sumamente exitosas en el campo de la promoción juvenil y que en particular se han desplegado hacia aquellos sectores juveniles con menores oportunidades.

Objetivos generales La propuesta política-programática del Encuentro Progresista – Frente Amplio hacia los jóvenes se orienta la consecución de los siguientes objetivos: 1. Avanzar en la igualdad de oportunidades en materia de educación y empleo, favoreciendo particularmente las posibilidades de movilidad social de los jóvenes más indefensos desde el punto de vista socioeconómico, atacando a la vez en su origen las desigualdades y exclusiones tempranas a las que están sujetos. 2. Propender al desarrollo integral de los jóvenes propiciando el pleno desenvolvimiento de sus capacidades físicas, psicológicas, afectivas e intelectuales -en especial de aquéllos que viven en situación de pobreza- en forma de hacer posible la asunción plena de sus roles como trabajadores, jefes de familia y ciudadanos. 3. Fomentar la participación de los jóvenes en los niveles locales y nacionales de la vida social y política, haciéndolos partícipes de las decisiones que los afectan así como estimulando la búsqueda y conformación de espacios y oportunidades para que expresen sus propias demandas y propuestas a la sociedad. 4. Rescatar y potenciar el aporte cultural que realizan los jóvenes, y fortalecer las conductas colectivas a todo

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Acceso a la educación y permanencia en ella 6. Atacaremos el fenómeno del abandono escolar para interrumpir la reproducción intergeneracional de la pobreza y evitar el incremento de la desigual distribución de oportunidades.

nivel, incentivando -sobre todo en el ámbito privadoestas formas de acción, en contraposición al ideal individualista del proyecto neoliberal.

Principales Medidas a adoptar En materia de empleo juvenil 1. Las acciones en materia de empleo juvenil apuntarán a establecer estímulos al mismo, propiciando -por vía legal- beneficios tributarios para los empleadores que en condiciones claramente reguladas contraten jóvenes, en tanto no se reduzca la plantilla. 2. Se impulsarán los emprendimientos asociativos (micro y pequeños) por parte de los jóvenes, concediendo a tales efectos líneas de crédito especiales con exigencias relativas a las características del emprendimiento, su evaluación y seguimiento, brindando a tal fin el asesoramiento técnico necesario, y sustituyendo por estas condiciones las exigencias de garantías en bienes.

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7. En tal sentido, además de mantener y extender la gratuidad para el acceso a la educación, se buscará brindar apoyos económicos a los estudiantes y sus familias de manera de permitir la continuidad de los estudios evitando la profundización y sucesión de inequidades previas -en particular a los estudiantes de las zonas rurales y de menores recursos-. Al mismo tiempo se pondrán en práctica programas urgentes de reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, articulando medidas concretas que faciliten la obtención de puestos de trabajo y la mejora de su nivel de calificación. 8. Se procurará apoyar la educación técnica en diferentes áreas prioritarias; brindando capacitación y formación en áreas que hoy se encuentran prácticamente acaparadas por el sector privado (informática, idiomas, música, etc.)

Los “jóvenes en peligro”

3. Podrá establecerse un porcentaje preceptivo de jóvenes en las nuevas plantillas, con la doble finalidad de paliar las consecuencias del desempleo juvenil, y de renovar la dotación de funcionarios públicos con criterios de capacidad y eficiencia.

9. Prolongado las acciones previstas en nuestro Plan de Emergencia se promoverá la atención de la situación de los «jóvenes en peligro», entendiendo por tales a aquellos que por no tener un entorno familiar ni un apoyo formativo adecuado y por vivir en condiciones sociales carenciadas, tienen mayor probabilidad de infringir la ley o desarrollar antivalores como fruto de un contexto de exclusión.

4. De forma complementaria se brindará capacitación a los jóvenes que buscan empleo, en particular quienes lo hacen por primera vez, provienen de hogares de menores recursos y se encuentran en situación de abandono o rezago escolar.

10. En el marco de un programa integral de políticas sociales se encarará la definición de un ámbito consultivo y de coordinación entre la institución policial y otros organismos competentes como garantía para el respeto de los derechos humanos.

5. Se adecuará la legislación laboral y de seguridad social respecto de los jóvenes, incorporando modalidades de contrato a término, extendiendo el seguro de paro a condición de que los beneficiarios participen de las experiencias de capacitación. A la vez se exigirá el cumplimiento de la legislación y la formalización de las relaciones laborales que involucran a los jóvenes.

11. En ese sentido, se encarará una reorganización del INAME en la forma ya descripta en el capítulo precedente, incluyendo las modificaciones legislativas que apunten, además, a la superación de disposiciones negativas adoptadas en la presente legislatura respecto de la internación de menores en establecimientos de alta seguridad.

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12. Se encarará con especial atención la realidad de la mujer adolescente frente al embarazo precoz, fenómeno creciente que influye negativamente en la salud de madres e hijos.

Educación sexual y salud reproductiva 13. Se dará prioridad a la educación sexual y para la salud, principalmente en el plano de la salud reproductiva, asegurando el acceso a los servicios de planificación familiar, ampliando la cobertura y mejorando su calidad. Se tendrán en cuenta los aspectos sociales y psico-sociales que se hallan en la base del fenómeno, y que se vinculan con la búsqueda por parte de la joven madre de un espacio de respeto en su entorno social así como de la satisfacción de las necesidades personales y afectivas a través de la tenencia de «su» hijo.

Mortalidad juvenil 14. La mortalidad joven en accidentes de tránsito ha venido creciendo significativamente, y ocupa al presente el primer lugar entre las causas de muerte de este grupo etario. Se redoblarán los esfuerzos preventivos que actualmente se realizan, incrementando exigencias y modificando el carácter de los controles que se verifican hoy día, dando preeminencia a los de carácter preventivo y educativo. 15. Se estudiará con profundidad la problemática que determina la existencia de altos índices en materia de intentos de autoeliminación y suicidios por parte de adolescentes, buscando erradicar sus causas, revitalizando el papel de los jóvenes en la sociedad y generando fuertes motivaciones positivas en la población juvenil.

Vivienda y hogares estudiantiles 16. En el mediano y largo plazo se promoverán políticas que atiendan a las dificultades de los jóvenes para el acceso a la vivienda, facilitando la constitución y consolidación de sus propias unidades familiares, buscando disminuir las soluciones habitacionales de tipo precario, allegamiento y migración, que favorecen los fenómenos de marginalidad y hacinamiento. 17. Se ampliará el conjunto de hogares estudiantiles existentes, garantizando el acceso igualitario a los mismos, estableciendo un marco de supervisión, de manera de combatir las prácticas clientelísticas.

Cultura 18. Se procurará dirigir acciones en el sentido de democratizar la cultura, recreando modelos de participación y creación comunicativa, distribución de bienes y servicios culturales, de manera que los jóvenes puedan optimizar su nivel de expresión. Se apuntará a recuperar la iniciativa de la organización y coorganización de actividades culturales por parte de los jóvenes, promoviendo el asociacionismo juvenil, relegando el papel del Estado al fomento, la subvención económica o la prestación de servicios que faciliten e incentiven la creación y el acceso a espacios públicos, infraestructura o equipamientos mínimos necesarios. 19. Se creará el marco legal que habilite el funcionamiento de las radios comunitarias como forma de comunicación social de expresión, formación e información juvenil. 20. Se ampliará y readaptará la infraestructura ya existente en manos del Estado apuntando a construir una red de bienes culturales utilizables por los jóvenes. Se impulsarán las bibliotecas públicas, modernizando su funcionamiento, y se promoverá la creación de Casas de la Juventud, como núcleos de socialización, capacitación e información; involucrando a la mayor cantidad de grupos juveniles. 21. Se promoverán programas de animación sociocultural, particularmente dirigidos a jóvenes de los sectores en los que la exclusión social se hace manifiesta, y se generalizará a nivel nacional la experiencia de las tarjetas culturales.

Deportes 22. Será apoyada con energía la práctica de los deportes por parte de los jóvenes; se alentarán los emprendimientos colectivos y asociativos destinados a la misma, y se fomentará la organización de competencias a nivel nacional y la participación en eventos internacionales, sobre la base de los criterios establecidos en el capítulo respectivo de este mismo documento.

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ción sobre los temas juveniles, así como en el diseño de las Políticas de Juventud. El Estado contribuirá con recursos que permitan el funcionamiento y las diversas acciones del Consejo, y supervisará la representatividad del mismo.

La juventud en el ámbito rural 23. Los estudios estadísticos que se realizan en forma sistemática deberán necesariamente registrar la población juvenil rural, a fin de lograr una aproximación más completa a las dificultades y necesidades de estos sectores de la población. 24. Se asegurará a los jóvenes rurales la posibilidad de opción acerca de su destino, haciendo posible las condiciones para su permanencia en su medio. Para ello se buscará otorgarles posibilidades ciertas de acceso a la cartera de tierras en manos del Estado a través del Instituto Nacional de Colonización; se instrumentarán planes y programas que apoyen el desarrollo de emprendimientos asociativos de carácter productivo e innovador en el medio rural, los que se serán complementados con el establecimiento de líneas de crédito especiales que consideren las características del emprendimiento. 25. Se redimensionará el papel de las escuelas rurales, conformando en su entorno un espacio que se constituya en centro de socialización, polo de desarrollo social y de profundización de la democracia.

Otras iniciativas 48

26. El desarrollo de experiencias de trabajos voluntarios y en particular, el apoyo al creciente fenómeno del voluntariado social, son aspectos centrales de la propuesta del Encuentro Progresista – Frente Amplio dirigida a los jóvenes. 27. Se formalizará a través de una ley la existencia del Consejo de Juventud de Uruguay; el que agrupará a las diversas organizaciones políticas, sociales, religiosas, culturales, deportivas y ambientalistas compuestas por jóvenes. El Consejo será el interlocutor privilegiado entre el mundo juvenil y el Estado; participará de la implementación de campañas de información y sensibiliza-

28. Se potenciará el turismo juvenil a nivel nacional y regional, concertando en el ámbito y privado tarifas promocionales en transporte y alojamiento para los jóvenes, especialmente en temporadas vacacionales, promoviendo el desarrollo de la dimensión natural del mismo. En este sentido, se estudiará el desarrollo progresivo de una red de ciclovías paralela a las principales rutas turísticas.

POLITICAS PARA LOS ADULTOS MAYORES El Encuentro Progresista – Frente Amplio desarrollará un Plan Gerontológico Nacional, con el fin de lograr que la personas que lleguen a la edad adulta mayor sanas, en su domicilio, en una vivienda adecuada, integradas al entorno social, y realizando actividades satisfactorias, social e individualmente valoradas. El crecimiento ascendente –que está en curso- de la población en edad mayor, impone una estrategia nacional de forma impostergable. El desarrollo social integral en una sociedad democrática incluye el pleno empleo, ingresos mínimos vitales asegurados a toda la población, la alimentación y atención sanitaria adecuadas, la educación, vivienda y recreación de calidad, un medio ambiente sano, y el auténtico control democrático. Estas condiciones son, a nuestro entender, la base misma de una “sociedad para todas las edades”, tal como propone la ONU en este año 1999. Desde el gobierno nacional, el Encuentro Progresista – Frente Amplio promoverá políticas de corto, mediano y largo plazo, partiendo de las necesidades más urgentes y considerando las posibilidades del Estado, para emprender las acciones correspondientes, sea que éste obre sólo, o bien en acuerdo con instituciones sociales, científico-técnicas o religiosas. Una referencia relevante para este sector de la población será la experiencia desarrollada por el gobierno municipal de Montevideo, donde la comuna creó una Comisión Especial para la Tercera edad en setiembre de 1990.

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Políticas de corto plazo · Se promoverá la creación de servicios asistenciales geriátrico-gerontológicos con el objetivo de mantener la integridad bio-psico-social, procurando evitar el deterioro personal, promoviendo la cultura, la profilaxis y los exámenes médicos preventivos, estimulando la integración social, la actividad física y el equilibrio emocional como desaceleradores del envejecimiento.

Servicios de Ayuda Domiciliaria Se alentará la creación de servicios destinados a proporcionar apoyos a las personas mayores que padezcan impedimentos o discapacidades, con el fin de mantener su socialización natural, evitando inútiles internaciones mientras su estado de salud lo permite.

Políticas de Mediano Plazo · Se buscará detectar las enfermedades desde su principio, curándolas o compensándolas para evitar su pasaje a la cronicidad, manteniendo la autovalidez de la persona y cooperando en el sostén de socialización a través del núcleo familiar. · Se tendrá particularmente presente que, de acuerdo a las variaciones del estado de la salud considerada en toda su amplitud, la persona de edad necesitará en forma alternativa o continuada los diferentes servicios asistenciales, que por tanto deben ser fácilmente accesibles y mantenerse en disponibilidad. ·

Se implementarán los siguientes servicios:

Centro de atención primaria La atención primaria se centrará en plantas físicas del Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina, Mutualistas e Intendencias, o en los locales de organismos comunitarios sociales o de servicios. Estará a cargo de médicos geriatras, cuyas funciones principales serán la promoción, prevención y asistencia. La atención primaria comenzará con un examen de salud global, que se procurará hacer obligatorio a partir de los 65 años. Servicios de apoyo para la atención primaria Se fomentará la creación y se apoyará la actividad de los “Clubes de abuelos”, que procuran el encuentro social de personas de edad promoviendo la prevención sanitaria junto a actividades sociales, culturales, físicas y recreativos, contribuyendo al uso satisfactorio del tiempo libre. Centros Diurnos Se impulsará asimismo la creación de este tipo de Centros, que incorporan servicios de corta estadía, en períodos ajustados a las necesidades de los interesados, e incluyendo el traslado desde y hacia el domicilio

Se crearán Unidades Geriátrico – Gerontológicas, Centros de Diagnóstico y Tratamiento de la situación biopsico-social de los adultos mayores, en plantas de hospitales generales que faciliten las interconsultas o garanticen la prestación de servicios paraclínicos especializados. Se brindará asistencia global por equipos multidisciplinarios (médico geriatra, sicólogo, asistente social, enfermera etc.)

Políticas de Largo Plazo En materia de vivienda: toda persona mayor tiene derecho a una vivienda digna, adaptada a sus necesidades y limitaciones, aireada, calefaccionada, de fácil acceso y sin barreras arquitectónicas. El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio se compromete a destinar todos los recursos recaudados por el Banco de Previsión Social cuyo destino es el referido. En materia de internación: Se prevé organizar la hospitalización –cuando fuere necesaria- en un Hospital General de Agudos que, de acuerdo a la patología, podrá ser de corta, mediana o larga duración. Estas internaciones se realizarán cuando exista riesgo de vida o con el fin de llevar a cabo análisis y exámenes especializados. Hospital de Día: Se implementarán como centros de asistencia médica de corta estadía, similares a los Centros Diurnos en cuanto a horarios, régimen de traslados, atención nutricional y apoyos psicosociales y físico-recreativos. En ellos se llevarán a cabo tratamientos médicos indicados, conforme a la enfermedad de cada usuario. Código del anciano: se propondrá su aprobación, con el fin de terminar con la legislación obsoleta que desprotege irracionalmente al adulto mayor en nuestra sociedad.

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todos los centros hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud Pública.

POLITICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Los discapacitados constituyen un sector que es preciso tener en cuenta de un modo especial. El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio compromete su acción para dar aplicación efectiva a las disposiciones de la ley 16.095 y desarrollar a la vez las políticas complementarias que contribuyan a generar las condiciones en las que los discapacitados puedan desempeñar satisfactoriamente su papel en la sociedad y tengan acceso a una vida plena. Esta orientación y este compromiso abarcan las medidas que se enuncian a continuación:

Acciones Inmediatas Se creará el Instituto Nacional para la Discapacidad dependiente del Poder Ejecutivo integrado por un Directorio que será asistido por un Consejo Asesor cuya constitución contemplará la participación de las organizaciones representativas de los diferentes tipos de discapacidad. Se instrumentará una Campaña de Sensibilización de la Comunidad a efectos de formar e informar sobre una problemática en la cual existen mitos y prejuicios debidos al desconocimiento, procurando un cambio de las actitudes ante la discapacidad por parte de la sociedad en su conjunto.

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En coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se llevarán a cabo encuestas que permitan una aproximación mayor al conocimiento cuantitativo y cualitativo de la discapacidad. Este diagnóstico permitirá elaborar planes, programas y proyectos basados en una realidad que hoy se desconoce. Se elaborará un Plan de Promoción Global de Salud que ponga énfasis en la prevención y en la detección precoz de las patologías. Para ello se crearan nuevos servicios, y se reorganizará los existentes. El Encuentro Progresista – Frente Amplio impulsará la inmediata creación de programas de rehabilitación y asistencia integral a las personas con discapacidad en

Se crearan hogares para adultos y adultos mayores con discapacidad, carentes de familia o en situación de abandono. Se dará cumplimiento inmediato al artículo 42 de la Ley 16.095 en lo referente al porcentaje de personas con discapacidad que deben ocupar las vacantes generadas. Los mecanismos para dicho acceso serán mediante la instrumentación de concursos de oposición, o mediante el sistema de sorteo en los casos en que así corresponda. Desde los organismos estatales se promoverá la concreción de convenios con talleres de producción pertenecientes a organizaciones de discapacitados. Se impulsaran acciones desde el Instituto Nacional para la Discapacidad que permitan coordinar entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los Municipios, avances efectivos con relación a la eliminación de barreras arquitectónicas.

Acciones de Mediano Plazo En el área de educación: 1. La enseñanza obligatoria debe ofrecer desde un único marco institucional una educación básica y común o todos los alumnos. Es por ello que se tomarán las medidas necesarias para la inclusión e integración de todos los educandos «con y sin discapacidad «, basados en el principio de la diversidad. 2. La escuela como ámbito de elaboración cultural debe permitir a los niños convivir entre sí integrándose con sus diferencias, generando una actitud solidaria y participativa. Asimismo la escuela como ámbito de aprendizaje formal debe permitir a todos los niños el máximo desarrollo de potencialidades cognitivas, sociales y prácticas.

En materia de salud: 3. Se impulsará la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República para la creación de programas de formación permanente para profesionales y técnicos en el área de la discapacidad, y en los tres niveles.

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4. Se fomentará la creación de unidades interdisciplinarias de abordaje a la persona con discapacidad y su familia.

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En materia de vivienda

5. Se utilizarán criterios universales para la medición y evaluación de los niveles de discapacidad y para la valoración de las capacidades.

16. Se coordinarán con el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario programas especiales para el acceso a la vivienda de personas con discapacidad.

6. Se buscarán mecanismos eficaces para que el sistema de Asistencia Médica colectivizada asuma la responsabilidad de la atención de las personas con discapacidad.

17. Se facilitará la creación de alojamientos alternativos al hogar familiar.

7. Se dará cumplimiento en todos sus términos al artículo 30 de la ley 16.095 en materia de prevención de la deficiencia y de la discapacidad.

En materia de trabajo: 8. Se desalentará el modelo de talleres protegidos que transforma a la persona con discapacidad en un asalariado con mano de obra barata utilizados por las empresas para abaratar costos. 9. Se procurará la creación de cursos de formación laboral en áreas que favorezcan una real inserción en el mercado de trabajo. 10. Se instrumentarán medidas que permitan viabilizar el cumplimiento del artículo 44 de la ley 16.095. 11. Se garantizará la reinserción laboral de los trabajadores que se discapaciten en sus puestos de trabajo, luego de su período de rehabilitación. 12. Se facilitará al trabajador discapacitado y a la entidad empleadora apoyos, supervisión y seguimiento. 13. Se controlará por parte del Instituto Nacional para la Discapacidad el cumplimiento del artículo 42 de la ley 16.095. 14. Se fomentará la creación de cooperativas o microempresas integradas como complemento de la oferta de trabajo para discapacitados 15. Se desarrollarán programas de orientación y asesoramiento para aquellas personas con discapacidad que deseen desarrollar experiencias laborales autónomas y también a las experiencias cooperativas o microempresariales.

En materia de transporte: 18. Se reglamentará el artículo 56 de la ley 16.095 a efectos que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte colectivo nacional.

En materia de deporte, cultura y recreación: 19. Se fomentará el acceso de las personas con discapacidad a los museos y espectáculos. 20. Se desarrollarán programas de turismo social y de termalismo para personas con discapacidad, y para ello se impulsará la accesibilidad en los establecimientos hoteleros. 21. Se facilitará el acceso de personas discapacitadas a instalaciones deportivas y se procurará incrementar su participación en actividades de este tipo.

En materia de accesibilidad: 22. Se promocionará la implantación de un sistema de señalizaciones universales accesibles para todos. 23. Se comenzarán a hacer efectivas las medidas necesarias para transformar a los grandes centros de población en ciudades humanizadas. 24. Se eliminarán progresivamente las barreras de comunicación, y se programará la eliminación de barreras en edificios y servicios públicos.

En materia de seguridad social: 25. Se revisarán las normas implantadas para la valoración del grado de invalidez relacionadas con el otorgamiento de subsidios transitorios por incapacidad parcial y pensión por invalidez del Banco de Previsión Social.

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Medidas de Largo Plazo Educación

EN CUANTO A LA SITUACION DE LAS MINORIAS Y EL RACISMO

Se adaptarán los currículos de la formación docente de enseñanza primaria y secundaria, para permitir que el proceso de inclusión e integración se consolide adecuadamente. Se facilitará la participación de las familias de niños con necesidades educativas especiales en la programación de actividades y en la atención educativa Se potenciará la calidad de la enseñanza, desde la educación inicial dotándola de medios materiales, personales y técnicos adecuados.

Salud Se impulsará la creación de unidades de atención primaria especializados en salud mental. Se fomentará la creación de Centros Diurnos que desarrollen servicios psiquiátricos y de apoyo social. Se impulsarán alojamientos alternativos al hogar para evitar la institucionalización de los enfermos psiquiátricos. Se organizarán programas de entrenamiento y de apoyo a familias con discapacidades severas en el hogar.

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En lo que se relaciona con la situación de las minorías y el racismo, el gobierno progresista impulsará en las diferentes áreas la aplicación de los tratados internacionales suscritos por Uruguay en el seno de las Naciones Unidas, en especial: · · ·

Convención Internacional de Lucha contra el Racismo Convención Internacional sobre asuntos de las Minorías Convención Internacional sobre la Educación (Unesco)

En el ámbito internacional y en especial en la región, se impulsará la aprobación de leyes antixenofóbicas que tiendan a atenuar el impacto de las corrientes inmigratorias Entre las medidas de gobierno que el EP FA desarrollará en esta materia, corresponde subrayar: a) El fomento de la equidad, también con el objeto de desterrar las históricas diferencias económicas asociadas a las identidades raciales

Se implantarán progresivamente modelos de mobiliario urbano accesible.

b) Profundización de la laicidad en la enseñanza y la educación, impulsando programas multiculturales, que contemplen la diversidad y las diferencias raciales concebidas como una riqueza propia de nuestra sociedad

Se procurará incrementar los espacios reservados para estacionamientos de vehículos privados de personas con movilidad reducida.

c) Fortalecer los organismos que cuentan entre sus objetivos la atención de los sectores de cultura diferenciada

Se fomentará el incremento de unidades adaptadas de transporte hasta lograr una razonable cantidad de las mismas.

d) Incorporar políticas de investigación específica de carácter étnico en la salud.

Se facilitará la colocación de sistemas de alarmas para personas ciegas y/o sordas.

e) Reconocimiento de la deuda histórica con la comunidad negra a través de la creación de un memorial a las víctimas de la esclavitud

Arquitectura, urbanismo y transporte

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DEPORTE El acceso a la práctica deportiva es un derecho más de todos los ciudadanos y el poder político tiene la responsabilidad de asegurarlo. Los atributos éticos inherentes al quehacer deportivo y su formidable incidencia en la población, especialmente en los sectores jóvenes, lo conforman como un agente de socialización trascendente para preservar valores vitales para la sociedad. Ocupante privilegiado de esa conquista de la humanidad que es el tiempo libre, se configura como factor relevante para formar hombres y mujeres sanos, aptos para la producción y para la convivencia. El fenómeno deportivo ha ido ganando en el correr del siglo, mayor espacio en la dinámica social, mereciendo una mayor consideración política en la organización del Estado. El deporte nacional tuvo un desarrollo precoz y significativo y en su originalidad, ha efectuado un aporte considerable al “ser nacional”. Todo proyecto de reestructura y reorientación habrá de respetar esa rica tradición con sus connotaciones particulares. En su expansión ha generado un importante mercado laboral, que requiere una atención cuidadosa del poder político. El deporte de competición es un hecho universal, implícito en el acontecer deportivo y por tanto, también una necesidad nacional. Esto no implica suscribir sus deformaciones, ni propuestas inadecuadas a las posibilidades del Uruguay actual. La competición deportiva puede impulsar y consolidar la integración regional y recibir en reciprocidad, nuevas vías e instrumentos para el desarrollo deportivo nacional. En este marco, y por la significación en el ofrecimiento turístico, se impone un mejoramiento y optimización de ciertos servicios deportivos. El Frente Amplio procurará a través de un Plan Nacional, el desarrollo del deporte educación, del deporte competición y del deporte salud-recreo.

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II Transformaciones HACIA UN

PAIS PRODUCTIVO P R O Y E C T O A LT E R N A T I V O

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INTRODUCCION La propuesta económica del EP- FA apunta al desarrollo económico generador de empleo digno, lo que necesariamente implica un fuerte aumento en la producción, asociado a una mejora en la distribución del ingreso. Uruguay necesita un cambio en sus estructuras productivas. Apoyándose en su buena dotación de recursos materiales y humanos, deberá desarrollarse una política en materia productiva que permita al país dotarse de un perfil de actividades diversificadas, capaces de alcanzar altos grados de eficiencia, de productividad y de competitividad, generadoras de empleo digno para la población. En nuestra concepción el aumento en la productividad deberá redundar en mejoras salariales y otras, que permitan dinamizar el mercado interno y mejorar las exportaciones, apuntando a reducir sustancialmente el elevado déficit comercial. Será preciso un cambio, porque en los últimos años las estructuras productivas del País se han organizado respondiendo a una concepción funcional basada en los ejes establecidos desde los centros económicos y financieros de poder. El modelo de plaza financiera marcó profundamente las estructuras productivas del Uruguay, modelándolas para beneficio del capital transnacional en desmedro del país productivo.

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Bregar por las transformaciones necesarias para conformar un país productivo, implica un desafío a esos intereses foráneos, que históricamente lograron postergarlas. Pero tal transformación será un objetivo insoslayable para nuestra fuerza política. Será viable solo si desde el gobierno se instala una decidida política diseñada para potenciar la base productiva del país y en tanto se canalicen ahorros hacia la inversión productiva adecuada, en términos de cantidad, calidad y orientación sectorial. Toda la política neoliberal, con sus desregulaciones que dejaron sin protección a los sectores nacionales y populares, con su aperturismo unilateral e indiscriminado y con su búsqueda de estabilidad de precios a cualquier costo, favoreció al capital financiero en desmedro del país productivo. La realidad actual indica un

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nivel de postración en sectores clave de la economía, en especial agro e industria, que requerirán del próximo gobierno progresista la instrumentación de un paquete de medidas interrelacionadas - Plan de emergencia- conducentes a preservar y desarrollar el menguado aparato productivo nacional.

UNA POLITICA ECONOMICA ALTERNATIVA Los acuerdos programáticos del Encuentro Progresista – Frente Amplio, base para la conformación de un plan de gobierno para el 2000, tienen tres ejes fundamentales: 1. la búsqueda de la justicia social 2. la transformación del Uruguay en un país productivo 3. la democratización de la sociedad y el Estado Por lo tanto, el Plan de Gobierno deberá contener un nuevo tipo de política económica que la convierta en alternativa, opuesta a la neoliberal y monetarista vigente desde hace décadas y que esté en función de tales ejes. Tal como se explicita en nuestras Bases Programáticas: “el gobierno progresista apuntará definitivamente al desarrollo del sector productivo en armonía con el medio ambiente, en contraposición al país especulativo, al despilfarro y subutilización de recursos, enfrentando decididamente toda forma de corrupción” Un objetivo irrenunciable de nuestra política será incorporar la mayor cantidad de valor agregado posible a la producción nacional, revalorizando y dinamizando el mercado interno, y paralelamente, realizar los máximos esfuerzos por ofrecer al mercado internacional productos adecuadamente diferenciados. Ciertamente es una exigencia del mundo actual, intentar la incorporación de alta tecnología a la producción con que el país compite en todos los ámbitos, lo que implica el desarrollo de una verdadera política científica nacional. Esto pone de relieve otro objetivo de la política productiva: que esté íntimamente ligada al desarrollo educativo. Al mismo tiempo sostenemos que el énfasis hacia las actividades que incorporen mayor valor agregado y la

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jerarquización de aquellas con alto contenido tecnológico, no debe ser contrapuesto sino complementario con el desarrollo de la producción agroindustrial y de servicios, para los cuales el país está bien dotado. El desarrollo sostenido de un país productivo requiere una política activa. Afirmamos que el rol del Estado no debe limitarse a respaldar el funcionamiento del mercado y a la consecución de la estabilidad de precios a nivel macroeconómico. De esta forma dejamos en claro que no creemos en las «manos invisibles del mercado» que presuntamente solucionan de manera automática sus desequilibrios. No creemos que exista un poder del mercado incontaminado del poder económico que en él esté presente. Por el contrario, somos partidarios de que el Estado tenga una participación activa, que fomente selectivamente actividades, que regule y limite el ejercicio del poder económico, que promueva la inversión y que participe en ella cuando lo estime necesario. Todo ello sin perjuicio de preservar para sí la explotación de actividades estratégicas. Los principales criterios para considerar una actividad como estratégica serán: -

generación directa e indirecta de empleo permanente. generación de ahorro neto de divisas. desconcentración territorial con énfasis en el retor no social. desarrollo de los recursos naturales con conserva ción del equilibrio ecológico. dinamismo tecnológico en particular la capacidad de generar nuevos productos.

Atenderemos las señales del mercado como un termómetro para medir los resultados de las políticas, pero la aplicación de nuestras políticas determinará la creación de un mercado distinto, en el que lo prioritario será su dinamización y el desarrollo económico y social, fundamentalmente de los sectores creadores de riqueza. Concebimos la estabilidad macroeconómica como asociada al crecimiento de la economía y no como generadora del mismo. Debe existir consistencia entre la política prioritaria hacia el Uruguay productivo, con las políticas sectoriales y con las políticas instrumentales. Las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia, financiera y tributaria, deberán ser coherentes respecto

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a los objetivos fundamentales de la política económica alternativa mencionados, y se irán implementando según los distintos tiempos y momentos que indique el proceso de avance e instauración progresiva de la misma.

CAPITULO I POLITICAS INSTRUMENTALES 1) Política fiscal, monetaria y cambiaria De acuerdo a las Bases Programáticas del Encuentro Progresista de 1994 “el conjunto de los instrumentos de política económica deberá atender simultáneamente la distribución del ingreso, el crecimiento y la estabilidad. Se buscará mantener el equilibrio fiscal y contener la inflación, sin transformar estos instrumentos en objetivos en sí mismos”. No puede considerarse la estabilidad de precios como la condición por excelencia para el logro del desarrollo sustentable. Es una condición importante pero no la única, ni la principal. La inflación es un mecanismo regresivo sobre la distribución de los ingresos y afecta las decisiones empresariales, pero aún así, no puede ser un objetivo contenerla al costo de encarecer la economía y hacerla no competitiva con el exterior. En consecuencia, se tratará en lo posible de alcanzar el equilibrio entre egresos e ingresos, si bien el mismo estará subordinado a los objetivos en materia productiva y de distribución del ingreso. En tal sentido el gasto que se realice en apoyo a lo productivo y a las necesidades sociales será el máximo compatible con un financiamiento que no ahogue al sector productivo con alta presión fiscal, ni deje al país rehén del capital financiero. Los eventuales déficits fiscales serán debidamente financiados, “evitando el empapelamiento de la economía” y repercusiones inflacionarias. El endeudamiento interno o el uso de las reservas podrán evaluarse como alternativas financiadoras dependiendo de la coyuntura y sus consecuencias. Ello habilitará el manejo de coyunturas pautadas por déficits fiscales moderados con relación al PBI y sin perder de

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vista su relación con la base monetaria, en tanto sean absolutamente necesarios para no sacrificar objetivos en el área productiva. El Encuentro Progresista – Frente Amplio se reservará el uso de la política fiscal como uno de sus instrumentos de corto plazo. Porque asumir el uso de instrumentos de política como los de este tipo, también permitirá al Estado tener un rol activo en el logro de los objetivos de crecimiento, distribución del ingreso y estabilidad. Mediante la política fiscal se intentará amortiguar el costo social de las crisis coyunturales, evitando que los más afectados sean los menos protegidos. En lugar de los clásicos “ajustes fiscales”, cuando se presenten síntomas de recesión se podrá expandir en forma controlada el gasto, o admitir una disminución en el monto recaudado por impuestos. Los egresos por inversiones públicas no serán considerados como un “gasto más”, lo que significa diferenciarlos al momento de su financiamiento. El gobierno progresista se caracterizará por el control sobre la expansión monetaria, a efectos de que su nivel cumpla con la función habilitante de la fluidez en las transacciones, sin generar distorsiones.

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Serán objetivos defender el valor de la moneda como un aspecto vinculado directamente a la concepción de país productivo, así como fortalecer la confianza en la moneda lo que permitirá reducir el grado de dolarización de la economía. Priorizar el empleo y el rendimiento productivo del país comprende también elementos que inciden sobre la productividad de la economía y están referidos a la eficiencia de la infraestructura, al nivel educativo, a la ventaja relativa por la disponibilidad de recursos naturales, al acceso a canales de distribución, a la destreza para el gerenciamiento, al costo de los insumos básicos etc. Al respecto la política debe orientarse para lograr que estos elementos interactúen en forma determinante para que la protección no se constituya en un subsidio permanente que termine siendo injustificado.

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Pero debe reconocerse que al mismo tiempo, para poder colocar de modo conveniente nuestra producción en el exterior mediante un adecuado nivel de competitividad, es importante la incidencia del tipo de cambio, los aranceles y las medidas para-arancelarias. La promoción de actividades seleccionadas en atención a su potencialidad (actual o futura) para contribuir positivamente al empleo productivo y al balance de divisas, puede dar mérito a medidas de protección. Así proceden y han procedido históricamente los países que hoy son los más desarrollados. No obstante, esta protección debe considerarse como transitoria hasta que las condiciones imperantes así lo justifiquen. Afirmamos categóricamente que un gobierno que apunte al desarrollo sustentable y que priorice la obtención de un alto nivel de empleo, debe practicar una política activa, incidiendo sobre los factores de competitividad y, en consecuencia, mantener un control sobre la relación peso-dólar. Debe velar para que dicha relación no se constituya a un nivel tan alto que cobije ineficiencias productivas, provoque desinterés por la inversión y habilite sobreganancias de tipo monopólico. A su vez, dicho nivel no puede ser tan bajo que impida la competencia de aquellos sectores productivos básicos para la economía nacional que operen con buena productividad (tal como es el caso de la producción láctea nacional). De esta forma, las variaciones que se promuevan en el tipo real de cambio deberán apoyarse en los cambios en la situación productiva de la economía y sólo excepcional y transitoriamente justificarse por otros objetivos, como la estabilidad de precios. Finalmente, no es menos cierto que en tanto el gobierno aspire a fijar el nivel y el entorno de variabilidad aceptable para el tipo de cambio, debe respetar la existencia de restricciones para el manejo del gasto público y el nivel de las reservas internacionales. Asimismo, la coherencia y la predecibilidad serán requisitos que deberán otorgar credibilidad a la política y aventar expectativas que puedan distorsionar la consecución de los objetivos.

2) Política financiera y presupuestal Resulta básica una reestructura del Sistema Financiero, por la cual el Estado, a través de la banca oficial regule los movimientos de capital, en aras de redistribuir el ingreso, el crédito, los recursos y la riqueza en general; es una forma también de incentivar la producción y

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establecer la justicia a la hora de su distribución, así como combatir el blanqueo de capitales por el narcotráfico u otras formas delictivas del capital. Proponemos una política financiera del Estado que: · oriente claramente la gestión de las empresas financieras del Estado a aumentar su eficiencia interna así como su impacto económico y social. · se constituya así en un sector de transformaciones que lidere el proceso de cambio, conduciendo de forma armónica con el resto del sector financiero la canalización de los ahorros internos a la inversión generadora de puestos de trabajo sustentables. · supere la concepción defendida por la coalición de gobierno de que el desarrollo del país es un resultado espontáneo de la acción del sector financiero. · focalice su interés en la canalización del ahorro nacional a inversiones en el país mediante un sistema de incentivos y regulaciones adecuado. · seleccione áreas estratégicas de inversión y promueva la transformación de las pequeñas y medianas empresas mejorando su productividad. Como se afirma en las Bases Programáticas: «El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma. Al mismo tiempo, promoverá la creación de un frente de deudores para encarar el problema de la deuda externa y del intercambio desigual, evitando una política de financiamiento que provoque mayor endeudamiento condicionado. Asimismo promoverá la instalación de una auditoría internacional de la deuda, cuyo estudio determine la legitimidad de sus distintos componentes» La promoción del mercado de capitales tendrá como metas dinamizar el intercambio no especulativo sino el de valores vinculados genuinamente al financiamiento de la inversión productiva, rompiendo el cortoplacismo que caracteriza a nuestro mercado financiero. Serán importante las medidas tendientes a garantizar la transparencia, los derechos de las minorías societarias y habilitar instancias más ágiles, como las de arbitraje, para resolver conflictos de intereses.

Como también se expresa en las Bases Programáticas: «El mercado de capitales será promovido para abrir mayores alternativas de financiamiento para los proyectos productivos, asegurando la supervisión pública de su financiamiento además de ofrecer garantías a los inversores minoritarios». En definitiva, se vuelve fundamental la tarea del Estado de asegurar los recursos necesarios para implementar el programa de cambios de fondo. El presupuesto a elaborar establecerá una política de apoyo a la inversión y al gasto público, revirtiendo las políticas de ajuste y de contención monetaria y de la demanda, como si estas fueran la causa única y determinante de la inflación. El presupuesto del gobierno progresista será fiel reflejo de las prioridades establecidas en sus Bases Programáticas y se elaborará con amplia participación de funcionarios, técnicos, organizaciones sociales y económicas. Los recursos se ajustarán al principio de que pague más quien tiene más y pague menos el que tiene menos, eliminando en forma gradual y sostenida el carácter regresivo del actual sistema impositivo. Los gastos serán racionalizados buscando la máxima eficiencia, abatiendo los costos administrativos y aumentando las erogaciones productivas. En materia de sueldos se procurará elaborar convenios laborales que incluyan todos los aspectos relativos a condiciones de trabajo, remuneraciones y desempeño laboral. Las inversiones se planificarán para lograr la extensión de los servicios sociales básicos (salud, educación, seguridad social) y responder también a las prioridades del desarrollo del sector productivo y el nivel ocupacional, por lo que no serán la variable de ajuste en la ejecución del presupuesto. Ello generará un clima de predecibilidad a los actores en la obra pública y sostendrá la trayectoria que impulsaremos para las principales variables macroeconómicas. Es decir que se realizará una reestructura de la composición del gasto público, mediante una racionalización de los mismos que combata el despilfarro y el accionar de castas burocráticas que intentan utilizarlo para su provecho. La acción del propio gobierno y los parlamentarios del Encuentro Progresista – Frente Amplio estará en consonancia con dichas pautas.

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Paralelamente, se pondrá en práctica de modo paulatino un sistema tributario centrado en la imposición personal directa, que estimule la inversión productiva y castigue la especulación financiera. Se impulsará la creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al patrimonio, y a las herencias, que graven la concentración de la riqueza con el objetivo de dinamizar el mercado interno. La incorporación del IRPF permitirá una reducción del IVA y del impuesto a las retribuciones personales, hasta llegar en el plazo más breve a la eliminación de este último. Las tarifas de los servicios públicos no pueden ser impuestos encubiertos. Deben fijarse en atención a las necesidades de desarrollo de las instituciones y en función de los factores que influyen sobre los costos. En el caso concreto de un descenso en los precios del petróleo, su no transferencia a las tarifas constituye un doble perjuicio ya que los competidores del exterior normalmente se beneficiarán de tal hecho.

3) Política crediticia El crédito es un potente instrumento para el crecimiento económico por lo que el Estado debe velar para que su expansión se realice en forma ordenada y esté orientada a contribuir eficazmente a los objetivos en materia productiva.

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El estímulo y la orientación selectiva del crédito son componentes indispensables en una política productiva activa como la que pregonamos. Obtener genuinamente los recursos y canalizarlos adecuadamente, con la selectividad establecida, serán cometidos de la política en materia crediticia del Encuentro Progresista – Frente Amplio. El diseño general de la política provendrá desde el Ministerio de Economía; su instrumentación desde el Banco Central del Uruguay, jugando un rol protagónico el Banco de la República. Esta orquestación descarta la idea de dotar al Banco Central de total independencia respecto al poder político. Los estímulos crediticios al sector productivo se podrán implantar desde el Banco de la República, en tanto retornen al mismo los recursos que perdió al inmovilizar los depósitos del sector público.

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Este nuevo ordenamiento previsto en materia crediticia, reorientará el crédito al consumo cuyo desborde, a tasas de usura, atenta contra la canalización del crédito al sector productivo y crea ficciones financieras de corto plazo que terminan en estrangulamientos en el mediano o largo plazo. Mientras tanto, constituyen una estrategia bancaria para obtener mayor rentabilidad, contradictoria con los objetivos de crecimiento genuino del consumo interno y de la producción nacional que lo sustente.

4) Política de comercio exterior La política de comercio exterior debe buscar una inserción internacional válida para el país en tanto defienda el valor agregado de la producción nacional y sea capaz de absorber el conocimiento técnico del exterior. Pero esa inserción no debe confundirse con la apertura unilateral e indiscriminada, en la cual no se negocia la concesión de espacios en el mercado interno, ni se seleccionan países con los cuales acordar concesiones recíprocas. Negociar el nivel de protección arancelaria y para-arancelaria y negociar arduamente en el propio Mercosur, será un norte inseparable en nuestro bregar por un país productivo. El “sálvese quien pueda” no es propio de un gobierno que se precie de defender el valor agregado nacional o sea el nivel de empleo e ingresos de los habitantes del país. El “no se puede hacer nada” además de no ser realista (todos los países se protegen de muchas maneras) es desentenderse de una misión para la cual todo gobierno es electo. El Estado debe jugar un papel importante como articulador del comercio exterior. Facilitar la incorporación de bienes de capital en un país que, por el momento no los produce a gran escala y la importación de aquellas materias primas y especialmente el petróleo, requiere una política agresiva para colocar en el exterior la producción nacional y de esa forma obtener las divisas necesarias para sostener una actividad en constante crecimiento; al mismo tiempo, se tenderá a eliminar el déficit histórico alcanzado en los últimos años en la balanza comercial. Por lo tanto, el gerenciamiento del comercio exterior será tarea fundamental, promoviendo la utilización de los medios electrónicos, informaciones y contactos desde nuestras misiones diplomáticas, utilizando el peso

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del Estado en la defensa de los legítimos derechos de los productores nacionales, participando junto con el sector privado en empresas de comercio exterior, ejerciendo los mecanismos de control antidumping (tanto por subsidios como por subfacturación) y contra la distorsión de mercado, así como imprimiendo a su actuación una práctica negociadora permanente ante trabas para-arancelarias, defendiendo los precios en el intercambio ante la presencia de poderosas empresas transnacionales que tienden a dominar ese escenario.

5) Política tributaria

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La complejidad de los cambios implica la proposición de un proceso gradual, que arranca con una Reforma de la Administración Tributaria y debe proseguir con ritmo firme, paulatino, acompasando las diferentes modificaciones de tributos, para evitar producir en el corto plazo, una disminución de los resultados recaudatorios.

A) Objetivos generales Se propone la adopción de un Sistema Tributario que permita corregir la injusta carga fiscal que pesa sobre la población y que hace imposible crear estímulos para mejorar la productividad del país. La política tributaria de Estado, vinculada a la política económica del gobierno progresista, otorgará la necesaria seguridad jurídica a los contribuyentes que permita fomentar la inversión productiva. La alternativa propuesta, deberá lograr los siguientes objetivos: a) Obtener los recursos suficientes para financiar las necesidades presupuestales del Estado en cumplimiento de sus fines. b) Operar como factor de redistribución de la riqueza c) Marcar una política fuertemente indicativa de la orientación económica que se adopte, fomentando y no obstaculizando la producción de bienes y servicios, d) Modificar la situación actual basada en la imposición al consumo, logrando una recaudación diversificada entre impuestos directos, globales, personales y progresivos como el IRPF, el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Herencia, con los indirectos, reales y proporcionales como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Específico Interno. e) Coordinar los diferentes impuestos para lograr que actúen en forma polivalente a efectos de obtener resultados recaudatorios y de control mutuo.

El sistema tributario estará basado en un impuesto directo, global y personal (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) complementado por dos impuestos de contralor (Patrimonio y Herencias) y apoyado en 2 grandes impuestos al consumo (IVA e IMESI).

B) Reforma de la Administración Tributaria B.1 Reforma de la Dirección General Impositiva Esta reforma estará sustentada en los siguientes principios: a) de especialización: El cambio del sistema tributario requerirá que la Administración se organice en dos grandes áreas, independientes y complementarias: una, especializada en los impuestos que recaigan en cabeza de empresa (IVA, IMESI, IRIC, etc.) y otra especializada en impuestos que recaigan en cabeza de las personas físicas (Renta de las Personas Físicas, Patrimonio, Herencia, etc.) b) de centralización de las bases de datos: La información tributaria generada por cada organismo recaudador estará centralizada y disponible para el resto de los administradores tributarios, lo que viabilizará el control mutuo y cruzamiento de información. c) de verdad material: perseguir la verdad material en las actuaciones de la Administración. d) de mejora de la gestión administrativa: respeto a la carrera administrativa, ingreso y ascenso por concurso y utilización del factor aleatorio para la elección de los contribuyentes a fiscalizar.

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se aplique un tratamiento promedial más severo que a la empresa.

B.2 Registros y Catastro Subjetivo La Administración deberá recibir el apoyo imprescindible de nuevos instrumentos registrales, con la implementación de un catastro subjetivo nacional y registración obligatoria de contratos y promesas (arrendamientos urbanos, automotores, aeronaves, etc.) B.3 Secreto bancario El secreto bancario podrá ser levantado a solicitud fundada de la Administración Tributaria, si el Juez constatare que no existen otros mecanismos de información alternativos.

C) Modificación de los tributos existentes e implantación de nuevos impuestos C.1 Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) Sus características principales serán la globalidad y progresividad. Considerará las rentas en el concepto más amplio posible, siguiendo el criterio de renta mundial. Se dividirá el impuesto en cédulas, compensándose los resultados positivos y negativos de las mismas para la obtención de la renta global total.

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Abarcará el total de las rentas brutas del sujeto pasivo percibidas por sus actividades y la derivada de su riqueza. Para la determinación de las rentas netas se deducirá de las rentas brutas propias de cada cédula los gastos necesarios para obtenerlas y conservarlas, logrando una estructura del impuesto que permitirá mejorar el control cruzado de recaudación de otros impuestos, tales como el IVA, Patrimonio e IRIC. Sobre las rentas netas globales se aplicarán tasas progresivas a partir de un mínimo no imponible. La fijación de las alícuotas contemplará como principio que el Uruguay productivo requiere que a la persona física

Se disminuirán las tasas actuales en cabeza de la empresa, mejorando sus condiciones de competitividad. Se aplicará el instituto de la retención en la fuente como adelanto del tributo. Las rentas netas inferiores al gasto de consumo promedio por hogar, estimado por el INE (canasta familiar), se considerarán exentas del impuesto. Además de su función recaudatoria, el impuesto servirá para controlar el cumplimiento de los demás impuestos del sistema. C.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) El IRPF exige la existencia concomitante de un Impuesto al Valor Agregado con una base más amplia que hará viable la disminución de sus tasas. Por otra parte, las exoneraciones en el IVA benefician relativamente al consumidor, por lo cual la imposición a una tasa estadística deberá operar más como control de ingresos que como factor de recaudación. Se modificará la estructura actual del IVA, incorporando dos nuevas tasas, como forma de atenuar la regresividad del tributo y acentuar la recaudación en los consumos suntuarios: La tasa básica, actualmente del 23%, se disminuirá gradualmente hasta alcanzar una alícuota del 15% o 16%, en la medida que se vayan obteniendo recursos por la aplicación del resto de las reformas propuestas. Se disminuirá gradualmente la tasa mínima que actualmente asciende al 14% hasta que alcance una alícuota del 6% u 8%. Se crea una tasa estadística cuya alícuota será entre 2% y 3% y una tasa aumentada que se aplicará a ciertos bienes de consumo suntuario o prescindible. C.3 Impuesto Específico Interno (IMESI) Se sustituirá el IMESI que grava los combustibles utilizables como insumo de la actividad productiva con el IVA a la tasa aumentada, a efectos de mejorar la competitividad de nuestros productos exportados.

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C.4 Impuesto al Patrimonio (IP) Se aplicarán modificaciones al impuesto actual: -

El impuesto gravará la riqueza personal.

- Tendrá las características de globalidad: se aplicará sobre todos los bienes de los sujetos pasivos y progresividad: la escala de tasas será progresiva en relación con el monto del patrimonio gravado - En la medida que se implanten el resto de las reformas fiscales, el impuesto gravará el patrimonio neto, admitiendo la deducción de ciertos pasivos. - Se mantendrá la estructura actual de liquidación y pago del impuesto en cabeza de la empresa, que se imputará como pago a cuenta del impuesto personal. - A efectos de que las tarifas públicas de los servicios monopólicos del Estado se mantengan en los niveles mínimos, se exonerará a los Entes del impuesto. - Se plantearán exoneraciones a los bienes muebles e inmuebles de las empresas industriales y agropecuarias a efectos de promover el aumento de la actividad productiva. -

C.6 Impuesto de Herencias (IH) Se crea un impuesto global y personal que gravará el patrimonio (activos menos pasivos) trasmitido por el modo sucesión por causa de muerte. Además de su función recaudatoria, el impuesto controlará al resto del sistema impositivo, cerrando el circuito del gravamen de la riqueza.

Se grava el capital financiero

- Se gravará los bienes inmuebles destinados a la explotación agropecuaria. - Se revisarán los actuales mínimos no imponibles, cuyo valor ha sido distorsionado por la incidencia del atraso cambiario en el régimen de ajuste. C.5 Impuesto a las Rentas de las Empresas Agropecuarias, Industriales, Comerciales y de Servicios Las Rentas de las Empresas agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios serán consideradas como una cédula del IRPF. Sin embargo se liquidará el impuesto en cabeza de la empresa que se imputará como anticipo del impuesto personal. Se disminuirá la tasa actual del impuesto.

Al permanecer vigente el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, deberá sustraerse de su hecho generador las transmisiones de inmuebles operadas por el modo sucesión. Se establecerá un tratamiento preferente en la alícuota aplicable a la línea recta ascendente y descendente. C.7 Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) Eliminación de la sobretasa del IRP dispuesta por la ley 16697 de abril de 1995. En una primera instancia derogación del impuesto para los salarios menores de 12 Salarios Mínimos Nacionales Su derogación total se irá aplicando en la medida que se implanten las modificaciones tributarias propuestas.

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CAPITULO II POLITICAS SECTORIALES 1) Programa Nacional de Agro A) Objetivos Nuestro país se ha construido a partir de la producción y exportación de alimentos y materias primas agropecuarias y tales actividades han cumplido un papel de sostén histórico de nuestro desarrollo económico y social. Reafirmamos nuestro apoyo al sector agropecuario en momentos en que desde distintas tiendas se cuestiona su futuro. En estos años las actividades agropecuarias tienen graves problemas de distinta naturaleza; los cambios profundos en la política económica del País, sobre todo a partir de 1990, y la agudización de los crónicos problemas en el comercio mundial, son los más importantes. La situación de la campaña y las movilizaciones recientes muestran que no fue adecuada la política de estabilidad de precios y achicamiento del déficit fiscal, pues no condujeron a la prosperidad de los productores y trabajadores del campo. Afirmamos que no ha habido una política integral de desarrollo agropecuario, pues aún con el descomunal esfuerzo de tecnificación e inversiones que han realizado varios sectores de productores (lechería, trigo, arroz, entre otros) no se ha logrado mejorar la situación económico social del sector primario. 64

La crisis mundial de precios agropecuarios ha agravado las cosas y es un factor que nos acompañará por muchos años; nos afecta directamente y en forma importante dado el reducido tamaño de nuestra economía. A estos elementos se agregaron recientemente las crisis económicas que se han desencadenado progresivamente en diferentes partes del mundo, en especial la brasileña, con su devaluación y efectos directos sobre nuestras importantísimas exportaciones a Brasil. El plan de gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio se orienta a desarrollar la potencialidad pro-

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ductiva de nuestra agroindustria, concepto que incluye el agro. Este puede aumentar considerablemente su producción creando puestos de trabajo agrícolas e industriales, y para ello necesita una activa participación del Estado. La disponibilidad de recursos humanos y materiales del Uruguay permite que ello se alcance a través de una producción diversificada con destino a la exportación y al consumo nacional, articulando la diversidad de formas organizativas existentes en nuestro campo. Agricultores, ganaderos, lecheros, viticultores, arroceros, colonos, cooperativistas, dicen que están dispuestos a ello.

B) Políticas de mediano plazo Acciones para incrementar la productividad del sector ·

Investigación y extensión

La investigación agropecuaria ha sufrido un cambio institucional importante con la creación del INIA, instituto público de derecho privado, financiado por el Estado y los productores a través de un impuesto específico, con una dirección y administración compartida entre el gobierno y los propios productores. Trataremos de modificar su actual orientación, producto de la desconexión entre la investigación y la producción, para lo que desarrollaremos la extensión agrícola, en su concepción original, como proceso educativo, de integración, de ida y vuelta entre los productores y las instituciones de investigación, enseñanza y crédito agropecuario. Propiciaremos en su accionar el trabajo grupal, la relación estable entre técnicos y productores, considerando al predio como unidad productiva e incluyendo los aspectos de gestión. En este sentido planteamos la creación de una Unidad Central de Extensión, estatal, pequeña, no burocrática, con los objetivos de: 1. Articular y coordinar todas las actividades de extensión que se realizan, tanto por entidades públicas como privadas. 2. Establecer objetivos de trabajo con los distintos actores regionales. 3. Promover actividades de extensión en aquellas zonas donde no existen.

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Dicha Unidad deberá estar estrechamente vinculada con la investigación (INIA, Universidad de la República, LATU, etc.) así como con las instituciones de crédito y de enseñanza. Señalamos también la importancia de los actores regionales y locales en el trabajo de extensión (Cooperativas, SFR, CREA, Grupos de Productores) La financiación del trabajo con los productores correrá por cuenta de los que tengan capacidad financiera, en el caso de los pequeños productores será por parte del Estado y para toda la gama intermedia de productores el servicio deberá ser cofinanciado. · Enfocar medidas diferenciales para los distintos productores La política agrícola aplicada ha eliminado instrumentos de política diferenciada y un ejemplo claro es la reforma tributaria del agro, que perjudicó claramente a los productores familiares orientados a las actividades intensivas. Recientemente, las reformas en el DISSE rural recortaron los elementos de promoción de la producción familiar. Los planes y programas recientemente implementados para paliar la situación de la producción familiar son insuficientes. Un desarrollo económico equilibrado implica promover un agro sin exclusión, lo que requiere políticas diferenciadas de promoción a la producción familiar pues existen factores estructurales que promueven su desaparición, aquí y en otros países. La voluntad de atender a las condiciones de vida rural y que el desarrollo sea compatible con los productores familiares tomará cuerpo en la promoción de medidas de política agraria diferenciadas, específicas para los pequeños y medianos productores. ·

Cooperativismo

El sistema cooperativo ha demostrado una gran capacidad emprendedora. Si a la misma, le asociamos la fuerza del Estado para fortalecer las ventajas comparativas, estaremos en mejores condiciones para desarrollar el país productivo, generador de trabajo y oportunidades para todos los uruguayos. Apoyaremos el crecimiento y el desarrollo de nuevas cooperativas agrarias, por que además de lo antedicho, reconocemos en ellas un equilibrio más adecuado

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entre capital y el trabajo, quitándole la predominancia de uno sobre el otro, compartiendo totalmente el profundo contenido democrático de los principios cooperativos. ·

Política de tierras

La tierra es un recurso limitado y se tenderá a asegurar que su uso coincida con el interés social. Se reivindica la total vigencia del Instituto Nacional de Colonización (INC), el cual deberá ser capitalizado y renovado para que pueda cumplir con sus objetivos básicos. La actual Ley de Colonización no obstaculiza ninguna acción colonizadora por parte de un gobierno progresista, por lo que no propiciamos su modificación. El objetivo principal del INC debe ser hoy el tratar de evitar la continua desaparición de productores rurales, que no pueden subsistir por problemas de tamaño, redimensionando sus predios. En esta tarea se le deberá dar prioridad a las fracciones del Instituto que caigan en esta categoría y a los pequeños productores lecheros. Se promocionan los campos de recría, instrumento positivamente valorado, así como el desarrollo del instituto cooperativo en la producción, industrialización y comercialización de los bienes agropecuarios. Se articulará el accionar del INC con la política crediticia así como con la investigación y extensión. Se procurará revertir la situación negativa creada por la reciente ley que, modificando una sana tradición mantenida por varias décadas autorizó que las sociedades anónimas con acciones al portador sean propietarias tierras, legislándose también para evitar la extranjerización de las mismas, especialmente en la zona fronteriza. ·

Los complejos agroindustriales

Fomentaremos la integración del productor agropecuario a los complejos agroindustriales que pueden asegurarle mayor estabilidad, rentabilidad y desarrollo sustentable. Producir lo que un mercado externo esté dispuesto a comprar exige un adecuado mecanismo de retroalimentación que sólo la integración vertical pue-

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de cumplir con éxito, y en ese marco de integración el sistema cooperativo agrario debe cumplir un rol fundamental. En este sentido las cooperativas agrarias han dado ejemplos claros y positivos. También existen ejemplos positivos de cadenas no cooperativas, lo que demuestra que la integración vertical es un instrumento relevante para el desarrollo del sector. El Estado debe apoyar las distintas fases de las cadenas agroindustriales. No solo la fase productiva. Se debe estar particularmente atento a la fase industrial. Se promoverá el desarrollo de la investigación y la enseñanza de todos los aspectos relacionados con las agroindustrias y la tecnología de los alimentos, ya que estos podrán generar el desarrollo de actividades hoy no existentes así como mejorar la calidad de nuestros productos, elemento básico de la competencia en el mercado exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá cumplir un papel más importante en apoyo directo a la comercialización de nuestros productos. ·

Política laboral

Todas las medidas anteriormente citadas, y el conjunto de las disposiciones que se vayan procesando con la participación activa de los sectores involucrados no implican necesariamente una adecuada distribución de los beneficios. Los asalariados rurales, permanentes olvidados al considerar la problemática del sector, deberán contar con una legislación laboral adecuada que los respalde. 66

El monto de los salarios mínimos legales para las diferentes actividades rurales debe ser revisado para que funcionen adecuadamente como piso de los efectivamente pagados, recuperando su capacidad adquisitiva.

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inspecciones de trabajo por parte del organismo competente es conocida. Se deberá respetar la actividad gremial. Son minoritarios los sectores en que se ha establecido la jornada de 8 horas para el trabajo rural. Se promocionará el estudio y la aplicación de estas normas, adecuándolas a las características de los distintos tipos de trabajo rural. ·

Crédito agropecuario

El proceso de investigación, extensión y cambio técnico habrá de estar interconectado con el crédito, que jugará como pieza clave. Y con menos riesgo que cuando se define con independencia del proceso que señalamos. En lo que respecta al crédito es válido lo antes expresado sobre la necesidad de políticas diferenciadas, que traten de manera específica a quienes son desiguales y que tomen en cuenta dos particularidades de los pequeños y medianos productores: sus dificultades específicas y su incapacidad de acceder a las líneas convencionales de crédito. Su atención, asimismo, no demanda más que una parte pequeña del volumen del crédito agropecuario. Además resaltamos que el BROU puede ser un instrumento de promoción contribuyendo a identificar nuevas formas del crédito funcionales a las acciones del Plan de Gobierno en lo relacionado con el sector agropecuario. ·

Tributación agropecuaria

Se simplificará la tributación facilitando los pagos, reduciendo el hoy complejísimo trámite burocrático que ignora las dificultades de movilización del productor agropecuario, así como sus dificultades para de disponer de contabilidad formal y de apoyarse en gestores o profesionales.

El seguro de desempleo es una fuerte aspiración no alcanzada de los trabajadores rurales. Su problemática en este sentido es tan fuerte como la de los trabajadores urbanos. Planteamos estudiar y llevar a la práctica un seguro de desempleo rural.

La base podría ser un impuesto único, del tipo de renta potencial, que favorezca la inversión productiva, disminuyendo la presión fiscal cuanto mayor sea la productividad.

El papel del Ministerio de Trabajo debe modificarse completamente en el sector rural. La insuficiencia de las

La producción familiar será desgravada completamente atendiendo a sus dificultades de ingreso.

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Acciones para encarar las dificultades del comercio internacional Es necesario definir un papel diferente al cumplido hasta ahora por el Estado Uruguayo y el Mercosur para incidir sobre los problemas de la comercialización en mercados externos. Encararemos las siguiente acciones: ·

Paraguas agrícola

Es imprescindible construir una situación de mayores precios internos del Mercosur para productos seleccionados no excedentarios de la región. Para evitar que a la devaluación brasileña se agregue una depresión de precios por el ingreso de productos subsidiados extraregión, proponemos retomar la propuesta brasileña del “paraguas agrícola”: un acuerdo formalizado de medidas contra importaciones subsidiadas mediante un arancel alto (dentro del rango de tasas arancelarias consolidadas ante la Organización Mundial de Comercio, del orden de 30%). Si dicha tasa arancelaria fuera insuficiente frente a la magnitud de los subsidios, se debería proponer al Mercosur la aplicación de derechos compensatorios en el marco de los acuerdos internacionales que los autorizan, como formas complementarias de inhibición del comercio desleal. ·

Cuotas voluntarias de Brasil para exportaciones a Uruguay

plano de exigencia de accesos a su mercado de productos agropecuarios y una negociación de bloque a bloque que abarque una reducción de subsidios adicionales a los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay. De no lograrse acuerdos, se debería cuestionar la «cláusula de paz», imponiendo medidas de protección regional similares a las que aplica hoy la Unión Europea. ·

Los subsidios agrícolas de los EE.UU. también son muy significativos y violan el libre comercio. Una negociación del Mercosur como bloque sobre las restricciones al comercio practicadas por los EE. UU. (incluyendo su cuotificación de importaciones), sería mucho más efectiva que las acciones de un país aislado. ·

Con respecto al inminente efecto depresivo de precios agropecuarios internos que derivará del aumento de exportaciones brasileñas a nuestro país apoyadas por la devaluación, deberíamos procurar un acuerdo a aplicar en un tiempo definido para que Brasil acepte topes (cuotas físicas) de exportaciones a Uruguay a niveles similares a las del año pasado. Esto parece vital para rubros como el avícola, porcícola, hortícola, que de lo contrario quedarán cuestionados en su viabilidad, al menos mientras subsista la diferencia de tasas reales de cambio. ·

Negociación Mercosur - Unión Europea

Nuestras exportaciones de origen agropecuario se orientan también hacia el mercado mundial, donde se verifican los problemas reseñados de bajos precios y de barreras de diversa índole. La voluntad manifiesta de la Unión Europea de lograr acuerdos con el Mercosur significa una oportunidad para alcanzar un nuevo

Negociación Mercosur – Estados Unidos

Capacidad negociadora del Estado

Las acciones realizadas para ligar las compras de petróleo u otras a condiciones de acceso de nuestras exportaciones a los países vendedores del mismo deberían profundizarse. ·

Vigilar las medidas no arancelarias de Brasil

Las experiencias recientes muestran que se debe insistir sobre Brasil para que elimine barreras de diverso tipo (todas contradictorias con los acuerdos del Mercosur), a nuestras exportaciones que se dirigen hacia su mercado. ·

Cumplimiento de los acuerdos de la Ronda Uruguay

Existe evidencia que las reducciones de subsidios acordadas no se están cumpliendo. Su verificación facilitaría la negociación antes señalada.

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2) Programa Nacional de Industria Se parte de la base de que es muy importante para el desarrollo productivo del país, la existencia de una industria manufacturera por su aporte a la generación de empleos, de divisas y su contribución fiscal. Su naturaleza de esencia dinamizadora así lo determina.

C) Medidas inmediatas Acciones para reducir el «costo país» El «costo país» es uno de los factores explicativos de la reducida rentabilidad agropecuaria y resulta imprescindible su reducción. Para ello proponemos: · Devolución de impuestos a las exportaciones adecuada a la realidad · Eliminación del IMESI al combustible rural · Reducir transitoriamente la tasa de IMEBA en los rubros críticos · Reducir transitoriamente la contribución inmobiliaria rural de forma selectiva · Disminución de tarifas de servicios públicos a la producción agropecuaria · Reducir los aportes a la seguridad social de los pequeños productores Acciones sobre el endeudamiento.

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El endeudamiento del sector agropecuario ronda el 70% de su producto bruto y en las actuales condiciones críticas se hace necesaria una refinanciación que modifique los plazos de vencimientos para evitar ejecuciones que cuestionan la continuidad productiva de empresas que tienen posibilidades de ser viables en un cuadro menos crítico. La refinanciación no deberá tratar igual a quienes no lo son ni por escala, ni por causal de endeudamiento, ni por sus esfuerzos productivos y de tecnificación, ni por viabilidad potencial. La flexibilidad del BROU para encarar refinanciaciones con prolongación de plazos debe fortalecerse mediante la modificación de la normativa de encajes que traba el uso de los fondos públicos. Se suspenderán las ejecuciones en tanto se encara la refinanciación.

A) Política Industrial Para ello habrá que fijar una política industrial, específica, que cambie totalmente el criterio llevado adelante últimamente por los gobiernos neoliberales de los Partidos Tradicionales, que se han basado en la política de la no política. De esa forma han dejado a la actividad industrial meramente en manos de empresarios privados que actúan en función de sus intereses particulares. Por el contrario el gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio diseñará políticas activas y estratégicas que procuren un sector industrial nacional de calidad con un rendimiento productivo tal que lo transforme realmente en una actividad competitiva y dinámica para el mercado interno. Dentro de dichas políticas las empresas públicas (UTE y ANCAP) deberán jugar un rol de suma importancia en la determinación de los lineamientos generales respectivos, así como de apoyo al conjunto del sector industrial. De ahí que la política industrial deba constar también de un conjunto de medidas de política económica global que han sido detalladas anteriormente. En este marco resultará fundamental la consolidación de un patrón de relaciones laborales que posibilitara la incidencia de los trabajadores en la toma de decisiones de la marcha de la empresa así como el garantizar los derechos laborales y en particular el establecimiento de salarios e ingresos acordes a la importancia que la industria debe tener en el conjunto de la economía. Para ello resultará fundamental la Institucionalización de la negociación colectiva como mecanismo permanente. Ello se hará en base a escalones: · A nivel nacional, para definir los temas generales que aluden al conjunto del sector, tales como salario mínimo, horarios, marco del análisis sobre la productividad, fuero sindical, etc.

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· A nivel de rama de actividad, para definir aspectos generales que competen a una misma rama, como ser categorías laborales, normas de trabajo, etc. A nivel de empresa, para acordar beneficios adicionales al marco general que puedan legislarse en cada empresa particular y en particular sobre las condiciones de trabajo concretas. B) Objetivos de la política industrial El primer objetivo que perseguirá dicha política industrial será crear, desarrollar y consolidar un aparato industrial competitivo, con empleos estables y de calidad, con altos salarios y productos de calidad. Es decir una industria que atienda las necesidades de todos sus sectores. El segundo objetivo de la política industrial será mejorar la competitividad auténtica de la industria, a través de incorporaciones tecnológicas, nuevas formas de organización del proceso de trabajo u otros elementos que tiendan ya sea a mejorar la calidad del producto o a reducir el costo por unidad. Rechazamos de plano una industria que base su competitividad en la desregulación laboral y la reducción de los salarios.

tria nacional. Para esto último tomaremos en particular los aspectos de selectividad productiva de la ley de inversiones aprobada por el Parlamento que se encuentran en los artículos 11 y 18, sin perjuicio de la necesaria modificación de la ley.

D) Programa de mejora tecnológica El objetivo específico en este caso será facilitar el desarrollo de productos de alta tecnología junto a una mejora en la calificación de los recursos humanos. Se trata de introducir tecnología de avanzada desde los países de mayor desarrollo, con un criterio selectivo de adecuación, al mismo tiempo que generar procesos de adaptación, mejora y difusión democrática a nivel nacional.

El tercer objetivo debe ser la articulación de la industria con el sector primario y el sector terciario a través de programas de integración por complejos agroindustriales.

Al mismo tiempo y en la medida que se fortalece la capacidad técnica, promover el desarrollo de tecnologías nacionales en especial en los sectores de mayor nivel de desarrollo actual como la electrónica y la informática.

El cuarto objetivo debe ser su integración vía complementación productiva y tecnológica en el marco de cadenas productivas regionales, en especial con Brasil, para las industria de base no agropecuaria.

Dicho Programa deberá ser conducido y administrado por un organismo tripartito. Sus principales políticas serán:

C) Programa de inversiones Para el cumplimiento de estos objetivos es imprescindible aumentar la tasa de inversión en la industria, pero no en cualquier sector, sino aplicando los criterios de selectividad ya definidos en el marco global. Para los sectores estratégicos se definirán políticas fiscales, financieras, etc. de apoyo tal cual ya ha sido analizado. Se debe definir un programa que tenga como objetivo dinamizar las inversiones, que es la clave para superar el estancamiento productivo y tecnológico de la indus-

1. Política nacional de desarrollo tecnológico con un Fondo de Innovación y Desarrollo financiado por aportes del propio Estado y contribuciones de las empresas. 2. Aumento del presupuesto universitario y de la educación técnica, con destino a la investigación y capacitación en áreas definidas prioritarias por el Programa de Mejora Tecnológica y en conexión directa con las empresas. 3. Programas de acuerdos interempresariales de manera de difundir el desarrollo tecnológico y mejorar la capacidad de investigación y financiamiento de proyectos de alto costo. 4. Programas de capacitación en la gestión empresarial

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B) Políticas a desarrollar Políticas institucionales

3) Propuesta en materia de política Energética Todos los sectores de la economía (producción de bienes y servicios, consumo, transporte, etc.) dependen de la provisión de las distintas fuentes de energía, por lo que la importancia del sector para el desarrollo del país es mucho más grande que su participación en el PBI, ya de por sí respetable (alrededor del 6%). La matriz energética del Uruguay, tiene como factores fundamentales la energía eléctrica (generada mayoritariamente a partir de energía hidráulica, aunque debiendo tener respaldo térmico), los combustibles derivados del petróleo importado (fuente casi exclusiva para el transporte), la madera y otras formas de biomasa (participación considerable en el sector industrial) y el gas de cañería (sólo para el consumo doméstico en Montevideo). La construcción de los dos gasoductos que proveerán gas natural de Argentina, seguramente tendrá un impacto importante como fuente alternativa a las señaladas. Por las razones antedichas, una política energética del Encuentro Progresista – Frente Amplio deberá plantearse algunos A) Objetivos Centrales 70

· La provisión de energía debe asegurarse para el mediano plazo (las inversiones en el sector llevan tiempos de maduración de varios años) · El uso racional y eficiente de las distintas fuentes de energía disponibles · La consideración de los impactos sobre el medio ambiente de manera de asegurar un desarrollo sustentable · La función del sector como palanca de apoyo del desarrollo, evitando constituirse en una traba, sea por carencias en los suministros o por costos superiores a los internacionales que recaigan sobre la producción nacional. El sector deberá contribuir a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos.

· Se deberán corregir los aspectos negativos de la Ley 16832 (Nuevo Marco Legal del Sector Eléctrico) · Se deberá actualizar el marco jurídico de funcionamiento de las grandes empresas del sector · Se deberá legislar para prever los efectos del proceso de integración regional, que plantea para un futuro próximo situaciones inéditas para la experiencia del país · Se promoverá la investigación tecnológica para el mejor uso de las fuentes existentes, y de fuentes alternativas entre otras la eólica, así como el empleo de subproductos de otras industrias (forestal, arroz, etc.) Políticas específicas de los distintos sectores a) Sector derivados del petróleo · Ancap mantendrá el monopolio que le asigna la Ley, por lo que se delimitarán las competencias que le corresponden en el procesamiento y distribución del gas natural. · Se tenderá a que las tarifas de los combustibles reflejen los costos reales y que no sean un factor de distorsión en la utilización de los mismos. · Se tratará de disminuir la carga impositiva y de transferencias a Rentas Generales (verdaderos impuestos extralegales) de manera de tener precios acordes con los internacionales, previendo los efectos sobre el campo fiscal. b) Sector Eléctrico · Se legislará para integrar la Central de Salto Grande al patrimonio de UTE. · Se buscará dar cumplimiento a los contenidos del Acuerdo respecto a la terminación de la represa de Salto Grande · Se creará el Fondo Salto Grande para impulsar el desarrollo regional · Se legislará para definir claramente las competencias del Parlamento en las eventuales asociaciones entre los sectores público y privado (art. 188 de la Constitución) · Se legislará para establecer con claridad que los monopolios naturales no podrán ser puestos bajo el régimen de concesión pública. · Se promoverá la integración energética con Brasil (con Argentina ya existe), de manera de asegurar el respaldo cuando sea necesario por razones climáticas.

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· Se deberá prever el respaldo térmico técnicamente recomendable para la base hidráulica existente. · Se promoverá la autogeneración eléctrica en medios rurales, ya sea aprovechando la energía eólica o la generación a partir de biomasa. · En lo que se refiere a las tarifas, se respetarán los lineamientos expresados para el sector petróleos. c) Sector gas. · En la medida que el gas de cañería (actualmente “gas de coke”) es suministrado por una empresa privada, las definiciones que importan se refieren a la delimitación de competencias en cuanto al gas natural. Para esto: · Se deberán definir claramente las reglas de juego entre las empresas involucradas: ANCAP, UTE y GASEBA, respetando la legislación existente. · Mientras no se concrete la reducción impositiva y extras de las energías provistas por ANCAP y UTE, el gas natural será gravado a una tasa similar que aquellas, de manera de no distorsionar la asignación de factores. · Se deberá ser especialmente cuidadoso en la protección al medio ambiente para el uso del gas natural, en especial en cuanto a la construcción del gasoducto Buenos Aires–Montevideo y la eventual conexión hacia Brasil, de la utilización del reservorio de la Cuenca de Santa Lucía, y de la distribución del gas en la red existente de la ciudad de Montevideo. d) Sector biomasa Se promoverá el aprovechamiento de subproductos de producciones agrícolas (aserrín, restos de productos forestales, cáscara de arroz, etc.), no únicamente por razones energéticas, sino también por razones ecológicas.

4) Programa Nacional de Transporte Consideramos al transporte un sector clave para la economía nacional, por sus impactos en el empleo, en la generación de divisas, sobre la desconcentración territorial, sobre el medio ambiente y en el dinamismo tecnológico. Nuestros principales objetivos en esta materia serán: A) Propender al dinamismo del transporte multimodal de cargas en lo interno. A tales efectos será necesario: - Mejorar las condiciones de la caminería rural con alcantarillas e incorporando adelantos tecnológicos en

“firmes” para transportar la producción a centros de consumo o exportación. - Promover la existencia de una flota de camiones de bajo tonelaje para el desempeño en dicha caminería. - Crear estaciones de transferencia a transporte carretero, ferroviario, fluvial y marítimo, o combinaciones entre ellos, equipadas para contenedores y graneles. - Prever una alta incidencia del transporte carretero para el transporte de la madera. - Construir carreteras transversales (como en Ruta 11 sus, by pass en Canelones y Santa Lucía, Ruta 14, 20, etc.) - Aumentar la seguridad de las rutas mejorando la señalización, eliminando puntos negros en planimetría y rasantes y de puentes angostos. - Construir y acondicionar vías férreas: ramal a Nueva Palmira y otras conexiones, complementado con inversiones en material rodante de cargas y pasajeros. Mantener y acondicionar los puertos fluviales, realizar el dragado y balizamiento de los ríos internos. B) La creación del Servicio Descentralizado de la Marina Mercante y Pesca. C) Realizar el dragado y balizado del Río Uruguay en común con Argentina. Renegociar con Argentina el dragado del Río de la Plata, apuntando a hacerlo navegable en el mayor tramo posible de su recorrido. D) Revertir en todo lo posible la concesión de obras públicas de infraestructura básica, de carácter estratégico, manteniéndose nuestra visión negativa del Puente Colonia – Buenos Aires, cuyo tratado fuera recientemente ratificado. E) Reestructurar el transporte de pasajeros - en áreas metropolitanas, utilizar corredores troncales que serán las vías férreas o carreteras según los casos, y servicios alimentadores-distribuidores describiendo circuitos locales; - electrificación de las vías férreas cuando la densidad de tráfico lo justifique. Disponer de una Estación Central es básico para estos servicios. En todo el país reponer las líneas de trenes mixtos diarios.

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5) Programa Nacional de Pesca El Encuentro Progresista entiende que este sector tiene una gran potencialidad productiva que se propone desarrollarla, a través de una auténtica política de pesca de la que hoy el país carece. Habrá que impulsar cambios en la base productiva del sector para recomponerlo, luego del conocido proceso de concentración y vaciamiento de empresas, acompañado de un mal uso de los créditos del BROU. A) Objetivos Esta nueva política de pesca contendrá los siguientes objetivos: 1. Aprovechamiento integral de los recursos explorando todas las posibilidades productivas de las distintas áreas pesqueras, tanto marítimas como fluviales, etc. Para ello será necesario: · Profundizar la investigación independiente sobre el estado de los recursos tradicionales y sobre la potencialidad de nuevas especies. · Estudiar las alternativas a nuevas pesquerías, promoviendo políticas de investigación, aprendizaje e intercambio de tecnología. · Dotar al buque de investigación Aldebarán de los recursos que lo transformen en un investigador productivo. · Estudiar alternativas de producción como ser la acuicultura y la piscicultura.

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2. Desarrollar una industria apta para procesar todo lo que seamos capaces de pescar, promoviendo opciones de productos diferenciados como ser enlatados y conservas. Se buscará equilibrar la capacidad técnico sanitaria con el objetivo de lograr un producto de marca “Uruguay”, reconocido por tratamiento, valor agregado, calidad, etc. 3. Revisar los mecanismos por los cuales se provee de productos del mar para el consumo de la población. Fijar controles higiénicos y demás regulaciones, de tal forma que el producto tenga un precio razonable y competitivo y ello redunde en una dinamización del mercado interno, constituyendo además una buena base para la exportación de los excedentes.

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4. Como industria básicamente exportadora, se deberá tener una agresiva política de comercio exterior, dotando a los organismos competentes para la promoción externa de los productos del mar uruguayos, de una departamento especializado de asesoramiento y apoyo. 5. Proyectar una política específica hacia el sector de la pesca artesanal, coordinando el apoyo técnico, económico y organizativo al sub-sector. El objetivo será hacer de esta actividad una alternativa laboral permanente y no, como hasta ahora, una táctica de sobrevivencia. B) Instrumentos Estos objetivos serán impulsados a través de los siguientes instrumentos: 1. Un cambio institucional, tal que se cuente con un organismo especializado, suficientemente jerarquizado e independiente, capaz de determinar las políticas de explotación, conservación e investigación de los recursos del mar, ríos, lagos, etc. 2. Acondicionamiento de la flota pesquera hoy existente, al tiempo que se atienden las condiciones de seguridad y las condiciones de trabajo. Se hará una evaluación permanente sobre el rendimiento de los buques dedicados a la pesca de especies no tradicionales. El recambio de unidades y permisos tendrá concordancia con el plan general de pesca, y su proyección hacia los recursos y caladeros. 3. Completar el estudio de batimetría, proporcionando los medios necesarios para llevarlo a cabo, impulsarlo y apoyarlo con todos los recursos disponibles a tales efectos. 4. Impulsar la creación de un ámbito político-técnico para la defensa de nuestros intereses y soberanía, con cometidos de establecer criterios para la distribución, la captura, el control, etc. de los recursos pesqueros compartidos. 5. Procurar conformar un frente de países ribereños con costas sobre el Atlántico Sur con el objetivo de defender y preservar los recursos pesqueros y racionalizar su explotación, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales promovidos por las potencias pesqueras, que apuntan a facilitar su presencia en los caladeros del mundo.

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Realizar un diagnóstico de la situación financiera de cada una de las empresas que operan en el sector, determinando al mismo tiempo las causas de los altos niveles de endeudamiento que afectan a la mayorías de ellas. Los apoyos de tipo crediticio y fiscal que se entiendan necesarios para el sector, deberán en lo sucesivo, estar ligados a proyectos viables y a contrapartidas expresas.

6) Programa Nacional de Turismo La sociedad uruguaya acepta, en forma creciente tal como ocurre en todo el mundo, y más allá de matices, que el TURISMO representa una actividad de vital importancia para el país. El turismo hoy se relaciona con la casi totalidad de los sectores de la economía, como lo prueba el crecimiento del producto generado por la hotelería, gastronomía, comercio, y los servicios relacionados, al igual que con las inversiones tanto en infraestructuras generales, como las específicas turísticas e inmobiliarias. Asimismo, el turismo opera en forma determinante en la generación y mantenimiento de empleos, crecimiento de demanda agregada interna y naturalmente en una potencial mejora de la calidad de vida de residentes locales y a nivel nacional. En función de estos aspectos el Encuentro Progresistas – Frente Amplio establece los siguientes criterios para su acción en el ámbito turístico.

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3. Las bases del Uruguay Turístico se deberán ratificar en torno de los cuatro productos básicos, promocionando en todos ellos el aspecto histórico y cultural: Sol y playa Termalismo Ciudad – Negocios – Congresos – Eventos – Ferias Producto rural y ecológico B) Bases conceptuales La propuesta se desarrollará en función de las siguientes bases: 1. Fortalecimiento del turismo interno, como instrumento para generar un proceso de democratización del acceso de un número creciente de sectores de la población a ejercer su derecho a las vacaciones, así como incrementar la ocupación de infraestructura ociosa la mayor parte del año 2. Desarrollo del turismo receptivo regional coordinando programas turísticos con otras provincias o estados de los países vecinos, incrementando acciones bilaterales 3. Desarrollo del producto turístico Mercosur para lograr una mayor inserción internacional y de este modo integrar a Uruguay a circuitos de turismo receptivo de extra región a efectos de mejorar nuestro posicionamiento C) Líneas de acción

A) Objetivos Acciones para la democratización del turismo: 1. Fortalecimiento de la actividad turística que estimule el desarrollo económico, el ingreso de divisas, la generación de empleo, la mejora de la calidad de vida de la población y el respeto por los valores ambientales y patrimoniales 2. Definición de una política sobre turismo, que deberá llevarse a cabo a partir de la responsabilidad concertada y asumida por el gobierno central, las administraciones locales y el sector privado (empresarios y trabajadores). De este modo el gobierno deberá generar el marco más favorable para el desarrollo de la actividad junto a la iniciativa privada (imagen de los destinos, ruptura de la estacionalidad, normas, infraestructura, eficacia del sistema de educación, la seguridad de los visitantes, facilidad de desplazamientos, entre otros)

1. Coordinación de esfuerzos de modo que la sociedad en su conjunto pueda acceder a esta actividad: trabajadores, adultos mayores, jóvenes y personas con capacidad diferente, entre otros 2. Promoción a nivel de instituciones de la sociedad civil como por ejemplo asociaciones de consumidores, organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones juveniles, ligas de fomento, ONGs, organizaciones vecinales, de adultos mayores y de jubilados, entre otras 3. Estructuración de programas de apoyo a micro y pequeños emprendimientos en el área de servicios turísticos, tanto en aspectos de capacitación como de recursos económicos.

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5. Utilización de todos los canales exteriores de país, o su eventual establecimiento, para la promoción internacional y su aprovechamiento para los necesarios estudios de mercado Lineamientos financieros: 1. Redefinir las funciones del Ministerio de Turismo, procediendo a la asignación de recursos presupuestales adecuados para su funcionamiento 2. Reordenamiento de la legislación a efectos del adecuado destino de los fondos adjudicados al turismo, provenientes de diversas fuentes 3. Creación de fondos de financiamiento con la posibilidad de administración mixta, provenientes de la actividad pública o privada, en función de diversos indicadores (cama ocupada, cubiertos, etc.) 4. Mantenimiento de políticas selectivas de promoción de la inversión en el sector, con control efectivo de su cronograma de aplicación y evaluación de sus resultados 5. Acciones de control fiscal racionalizado, que tenga en cuenta las empresas que están instaladas en el país todo el año y tengan un buen cumplimiento de la legislación correspondiente 6. Fomentar la creación de un sector especializado en turismo en los organismos de crédito. 7. Promover la asignación de presupuestos adecuados al desarrollo del Turismo en los gobiernos municipales Calidad de los servicios: 74

1. Promoción de acciones para asegurar la debida categorización de los servicios 2. Promoción y concreción de la capacitación del recurso humano (público y privado) existente en el sector y para quienes quieran ingresar en él, así como la reglamentación de los programas y centros de capacitación profesional

En lo laboral: 1. Cumplimiento de las normas laborales existentes 2. Certificación ocupacional - profesional, vinculada a la categorización de servicios y su prestación.

7) La política progresista en materia ambiental El conjunto de las políticas sectoriales se enmarcan en un proyecto de desarrollo sustentable, por lo cual el tema ambiental adquiere gravitante importancia a la hora de definir el marco de desarrollo productivo. Ello explica su inclusión en este documento.

A) Objetivos La protección y el desarrollo de las potencialidades ambientales no sólo son una responsabilidad social prioritaria sino que además una condición necesaria para la mejora constante de la calidad de vida. Esta perspectiva preside las políticas de desarrollo y las políticas sociales que se proponen. El Estado en su función reguladora deberá establecer los marcos apropiados para que la actividad económica y las tendencias sociales se orienten positivamente en términos ambientales haciendo efectivo en el cálculo privado el costo ambiental. La Política Ambiental, se deberá basar en la participación activa de la población adjudicando un papel central a la educación y la reeducación para el cambio de los comportamientos.

3. Creación de políticas de estímulos a la actividad

La protección y mejoramiento del ambiente que impulsamos tiene por finalidad la defensa de la vida en todas sus formas y la búsqueda de las condiciones que permiten una mejora sostenida de la calidad de vida de la población en armonía con el entorno.

4. Creación de una Red Nacional de Información Computarizada atendiendo a su permanente actualización

Para ello promoveremos otro ambiente que construiremos entre todos.

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B) Principios de la política ambiental Por todo lo antes expresado, la política ambiental que guiará nuestra acción y que será considerada en la definición de otras políticas sectoriales (producción, salud, vivienda, educación, energía, transporte, ciencia y tecnología, etc.) se apoyará en los siguientes principios: 1. Es posible compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del Medio Ambiente 2. Los recursos ambientales, naturales y culturales constituyen parte vital del Patrimonio Nacional. 3. Es imprescindible la participación de la población para alcanzar los objetivos de protección ambiental. 4. Las causas y las consecuencias de los problemas ambientales no reconocen fronteras político administrativas. En el marco así definido se tendrá en cuenta fundamentalmente que: 1. Los proyectos deben ser ambientalmente sustentables, esto significa que deben ser: a) Eficientes desde el punto de vista económico. b) Equitativos del punto de vista social c) Conservacionistas desde el punto de vista de los sistemas involucrados d) Eticos desde el punto de vista de los derechos de las generaciones actuales y futuras. 2. La búsqueda de la calidad ambiental de la gestión empresarial constituye un imperativo estratégico (normas ISO 14.000), por lo tanto la política general de desarrollo del país debe propiciar por todos los medios factibles el logro de estos objetivos (las políticas sectoriales deben mantener coherencia con este objetivo estratégico). 3. Se deben apoyar todas las iniciativas de desarrollo local que cuenten con un auténtico respaldo comunitario (protagonismo) y un serio estudio de las tecnologías apropiadas.

C) Propuestas de acción en materia ambiental De gestión institucional 1. Se estudiarán y adoptarán planes que regulen el uso, goce y ocupación del territorio apuntando a la des-

centralización nacional y local (política, económica y administrativa), con el objetivo de mantener sano el ambiente natural y humano. A contrario del desorden actualmente imperante, se planificará el crecimiento de modo acompasado con el desarrollo social y económico, priorizando los principios del desarrollo sostenido a largo plazo frente a eventuales ventajas económicas inmediatas. 2. Se aplicará estrictamente y sin dilaciones la normativa legal y reglamentaria vigente en materia ambiental, estableciendo las normas complementarias que se requieran para hacer posible una gestión acorde a los intereses de la comunidad en esta materia. Se impulsará la elaboración de una Ley Nacional de Ordenamiento del Territorio como base de la gestión ambiental descentralizada. 3. Se realizará un estudio profundo y permanente en todos los organismos del Estado central, administraciones municipales y entes autónomos, con el fin de analizar las consecuencias sobre el ambiente de su funcionamiento y sus políticas, y proponer las alternativas correspondientes. En el ámbito municipal se promoverá la creación de oficinas únicas de planificación y gestión ambiental y territorial, las que a su vez constituirán los puntos de coordinación con las instancias centrales de la gestión en la materia. 4. Se pondrán en acción los mecanismos y las políticas necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos, y para fortalecer la posición de nuestro país en los programas mundiales y regionales de medio ambiente. 5. En todos lo nuevos proyectos de desarrollo productivo, construcción o ampliación de infraestructura y servicios a ejecutar dentro del territorio nacional se exigirán los estudios de impacto ambiental pertinentes, estándose a los resultados. También se evaluará el impacto ambiental de desarrollos que hayan derivado en posibles efectos negativos, para impulsar las modifica-

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Protección del ambiente 1. Se impulsarán políticas de saneamiento tendientes a extender a todo el territorio nacional la conducción y el tratamiento de aguas residuales domiciliarias, utilizando sistemas con tecnologías ambientalmente apropiadas, ajustados a cada realidad urbana

ciones necesarias. A vía de ejemplo citamos los casos de la Central Térmica de la Tablada y de la producción agrícola en los Bañados del Este, entre otros. A nivel educativo 1. Se estimulará e incentivará el desarrollo del enfoque ambiental en el sistema educativo 2. Se fomentará la formación y capacitación en temas ambientales, con el objeto de mejorar y profundizar un estilo nuevo de gestión pública y privada en esta materia.

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3. Se llevarán a cabo campañas de sensibilización sobre temas relacionados con el ambiente, para extender la información sobre el tema buscando su más amplia difusión y la democratización de la información. Concomitantemente, se reclamará la participación activa de la comunidad en la defensa de la calidad ambiental. 4. Se propiciará, a través de las políticas pertinentes, la elección de estilos de vida sanos, buscando incrementar los niveles de conciencia social. Se procurará alentar la moderación y la sobriedad, buscando revertir la actitud de consumo innecesario, excesivo o dañino de los recursos naturales y ambientales. 5. Se promoverá la incorporación de la dimensión ambiental al desarrollo científico y tecnológico, poniéndose especial énfasis en el financiamiento y estudio de las nuevas tecnologías apropiadas.

2. Se definirán y pondrán en práctica programas de clasificación previa y reciclaje de la basura, a fin de minimizar el vertido de deshechos, facilitar su disposición y hacer posible su reutilización productiva, buscando crear la conciencia de que puede constituirse en un verdadero recurso. Se adoptarán medidas tendientes a la gestión de los residuos orientadas a minimizar los efectos ambientales adversos. Se exigirá, mediante las normas y los controles pertinentes, la responsabilidad en materia de transporte y disposición final de residuos industriales, contaminantes o peligrosos, a aquellos que los generan 3. Se dará protección especial a los ecosistemas autóctonos, garantizando la biodiversidad. Se impulsarán las leyes necesarias para extender dicha protección al ámbito jurídico. (A vía de ejemplo citamos, como objeto prioritario de estas medidas a los Humedales del Este, los Montes del Río Queguay y las Islas del Río Uruguay, entre otros) Producción 1. Se propiciará la aplicación de políticas tributarias y crediticias que estimulen modelos de producción (agropecuarios, industriales, turísticos) ambientalmente apropiados. Del mismo modo se favorecerá la relocalización y reconversión industrial y comercial de aquellas estructuras que afecten el ambiente 2. Se protegerán las áreas rurales productivas a través de planes de ordenamiento del uso y manejo de la tierra, acordes a las potencialidades y restricciones de los ecosistemas. 3. Se actualizarán y complementarán las normas existentes en materia de uso de productos químicos empleados como insumos, tanto en la producción agrícola como en la industrial, que resultaren peligrosos para

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el ambiente o la salud. Se pondrán en práctica controles efectivos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones que se aprobarán. D) Protección de los ecosistemas y la biodiversidad Uruguay debe destacarse por una política de protección de su biodiversidad y sus ecosistemas, la salud de sus habitantes y la calidad de sus alimentos, no sólo por el valor intrínseco de esos objetivos, sino además, como forma de potenciar su comercio exterior en base a la condición de país natural. El gobierno progresista promoverá el estudio y redacción de una ley de bioseguridad, con reglas claras en la materia y una adecuada defensa de los intereses nacionales. En dicha redacción se tendrá en cuenta el criterio de la ciencia, a cuyos efectos deberá contar con el asesoramiento adecuado y preceptivo de la comunidad científica. Atento al debate mundial que viene desarrollándose en torno a las aplicaciones de la ingeniería genética y sus riesgos, y al progreso de la ciencia, el gobierno progresista hará prevalecer el principio de precaución en la liberación de cultivos transgénicos. Esto implicará reexaminar los permisos otorgados y estudiar la implantación de una moratoria respecto de futuras autorizaciones. Se buscará establecer la obligación de etiquetado claro de los alimentos que contengan productos originados en cultivos de este tipo. La actitud prudente no afectará el desarrollo científico nacional, pero se expresará en un adecuado control de las investigaciones, que habrán de llevarse a cabo con los criterios de bioseguridad adecuados. El Encuentro Progresista – Frente Amplio impulsará la revisión de las posiciones sustentadas por nuestro país en ocasión del tratamiento del Protocolo de Bioseguridad de la Convención sobre Diversidad Biológica realizada en febrero de 1999 en la ciudad de Cartagena (Colombia)

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CAPITULO III PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO El problema del desempleo sigue afectando en el Uruguay a más de 500.000 personas, con más de 150.000 desocupados, 80.000 subocupados, 180.000 con empleo precario y 90.000 en servicio doméstico. Ello quiere decir que el 40% de la población económicamente activa (PEA) no ha solucionado sus problemas de empleo. El desempleo es un problema dramático tanto desde el punto de vista de la sociedad que deja de utilizar un recurso productivo escaso y valioso, como desde el punto de vista del individuo que pierde su inserción en la sociedad. El desempleo genera una pérdida humana irreparable, particularmente cuando se convierte en una situación de largo plazo que afecta la capacidad de inserción social de los individuos y grupos afectados, y deteriora el grado de cohesión social. A pesar del crecimiento económico el déficit de empleo se ha agravado, lo que demuestra en los hechos y de manera irrefutable que la hipótesis de que basta el crecimiento (condición sin duda necesaria pero no suficiente) para generar más y mejores oportunidades de trabajo ha quedado desmentida categóricamente. El Uruguay viene mostrando desde hace años una acelerada disminución del empleo industrial, que no sólo se explica por la influencia de procesos tecnológicos de avanzada, sino fundamentalmente por la desaparición de empresas en ese ámbito productivo, muchas de las cuales se dedicaron posteriormente a actividades importadoras. Desde el punto de vista distributivo, el desempleo tiende a afectar más a los grupos más pobres, a las mujeres y a los jóvenes. En especial nos interesa destacar aquellos que han entrado en procesos de desocupación crónica, como son los jóvenes provenientes de hogares pobres con escaso nivel de instrucción, las jefas de hogar pobres y los adultos con dificultades de reconvertir su capacitación profesional. Los dos primeros sectores deben ser atacados en el marco de un Plan

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de Emergencia en términos de empleo, mientras que el último requiere de un análisis especial de su situación. Por ello pensamos que en muchos casos el problema fundamental del desempleo no se origina en el hecho de que haya gente que pierde su trabajo, sino que para algunos grupos resulta muy difícil conseguir uno nuevo. La diferencia fundamental entre grupos de la población de distintos niveles de ingreso no está en la entrada a la situación de desempleo, que parece afectar a todos los grupos, sino en su probabilidad de salida de la misma encontrando un nuevo empleo, que es sin duda mucho más baja para los grupos más pobres. El dilema fundamental que esta situación genera radica en cómo preservar un entorno macroeconómico dinámico y a la vez incorporar y proteger a los grupos de trabajadores afectados por el propio dinamismo de la economía. Las políticas neoliberales aplicadas hasta ahora a través de la asignación de recursos inversamente proporcionales a las necesidades sociales, han agravado críticamente la situación de los sectores más carenciados y contribuido a la reproducción de la pobreza en su expresión integral. Premisas a tener en cuenta para el Plan de Gobierno en materia de empleo 78

· El papel del Estado como generador, orientador y articulador de las políticas económicas, tal cual fue definido en el documento de Bases Programáticas, adquiere especial importancia en el tema del empleo y de las políticas sociales El criterio de intervención selectiva debe recuperar para la acción del Estado las ideas de equidad, solidaridad y justicia social, así como debe a la vez, incorporar las ideas de desarrollo productivo, generación de empleo e innovación tecnológica. Entendiendo que el trabajo, en todas sus expresiones, es uno de los pilares de la integración de la sociedad, y no, como lo ha sido en los últimos gobiernos, una variable de ajuste.

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· Asimismo el papel de la sociedad civil es clave y se expresa a través de la participación protagónica en el debate, la contribución a la toma de decisiones y en especial, el compromiso en la ejecución de las políticas definidas. Por ello la participación de los actores sociales es concebida por el Encuentro Progresista – Frente Amplio como soporte del sistema democrático. · El desarrollo de una política de empleo no puede ser ajeno al desarrollo de una serie de propuestas económicas y sociales globales, que deben comenzar por definir un objetivo central de aumentar la tasa de inversión a niveles cuya consecuencia sea la generación real de puestos de trabajo, en el marco de los objetivos definidos en los capítulos correspondientes. · La inversión debe ser estimulada a través de una serie de criterios de orden fiscal, financiero, etc., y deben apuntar a complejos productores de bienes y servicios que sean seleccionados de acuerdo a los criterios ya definidos en la introducción al Eje Fundamental II, “Hacia un país productivo”. Sin embargo dentro de dichos criterios, el del papel de la inversión en la generación de empleo directo e indirecto será el más importante en los inicios de nuestro gobierno. · Por ello es que definimos que la política de empleo debe ser activa, es decir una política que oriente, a través de premios económicos, la asignación de recursos de inversión a la contratación de mano de obra. · En igual sentido la capacitación de recursos humanos será considerada una inversión con iguales prerrogativas fiscales, etc., que el resto de las inversiones. · En ese sentido y más allá de las acciones de las empresas en la capacitación de sus recursos humanos se debe estimular y profundizar el sistema de formación profesional y reconversión laboral ya iniciado por la Junta nacional de Empleo (JUNAE), ligándolo a las políticas de desarrollo de nuestra fuerza política. En ese sentido la ampliación de funciones de la JUNAE, compatibilizando la función de capacitación con la de bolsa de trabajo y como organismo articulador de ofertas y demandas, debe apoyarse y enmarcarse en un aumento del financiamiento de estas actividades por parte del Estado.

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· En esa misma dirección la acción del Estado debe contribuir a través del proceso de subcontrataciones para algunas de sus actividades a conferir prioridad a los sectores con menores posibilidades de empleo, contribuyendo además a su organización, tal como ha sido la política en la IMM. · Respecto al empleo público, nuestra fuerza política reafirma sus principios históricos de ingreso por concurso a la función pública, tal como lo ha hecho de manera clara en el gobierno municipal de Montevideo. Propuestas concretas en materia de creación de empleo 1. La reactivación de la industria de la construcción será tarea prioritaria, tanto a nivel de la obra pública como de los emprendimientos privados, porque es un sector fundamental generador de empleo tanto en forma directa como indirecta. 2. En el mismo sentido debe impulsarse la inversión pública en viviendas de carácter social, para cumplir al mismo tiempo dos objetivos: la generación de empleo y la reducción del déficit de viviendas en los sectores de menores recursos. 3. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa, merece una especial atención, no sólo con el objeto de crear nuevos empleos, sino especialmente para fortalecer las unidades económicas existentes y desde allí reducir el subempleo y la precariedad. Se crearán estímulos por la vía de tarifas públicas, créditos especiales, exoneraciones impositivas y asistencia técnica. No se trata de políticas aisladas (exoneraciones tributarias, créditos preferenciales, asistencia técnica), sino de políticas conjuntas de apoyo que incluyan lo fiscal, lo financiero, lo tecnológico y lo comercial. 4. En esa dirección entonces se impulsará a la vez la conformación de espacios conjuntos de acción (tipo redes) para el manejo tecnológico, la búsqueda de mercados o el apoyo financiero. Es decir se impulsarán redes de empresas, más que unidades individuales 5. Se impulsará de manera inmediata la obligatoriedad de las negociaciones colectivas como forma de

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democratizar las relaciones laborales y dotar a empresarios y trabajadores de instrumentos de concertación social para mejorar calidad y cantidad de producción y empleos. Para un sector muy importante de la población que trabaja en el de comercio y los servicios, su precariedad laboral está ligada a la falta de regulaciones y de controles públicos, lo cual será rápidamente subsanado. Se tenderá a un piso salarial mínimo tal cual fue definido en el documento de Bases Programáticas, que mejorará la calidad de los empleos y junto a las modificaciones salariales necesarias en el área pública permitirá una mejora de los ingresos y de la prestación de los servicios, que ayudará a dinamizar las empresas que operan en los mercados internos, generando allí también más y mejores empleos. 6. Respecto a los sectores de desocupación crónica se realizarán políticas laborales de emergencia para atenderlos. En particular los jóvenes y las jefas de hogar (en especial, en ambos casos tratándose de hogares pobres) serán priorizados en el Programa de Empleo, tal como se ha propuesto en nuestro Plan de Emergencia. 7. Asignamos un papel preponderante al Instituto Nacional de Colonización en la generación de empleo, en el caso de las pequeñas empresas rurales. Será dotado de los recursos imprescindibles para poder cumplir con el rol que tendrán en el futuro inmediato. 8. Se buscará regularizar y profesionalizar el trabajo zafral en el agro, documentando su movilidad a los efectos de que reciba los beneficios previsionales que genere en su actividad. 9. Se apoyará el empleo familiar en la empresa rural, mediante la exoneración de todo el sistema tributario nacional y departamental a las familias rurales que se encuentren por debajo de la línea de pobreza. Según CEPAL son 20.000 familias (42% de los productores rurales). De las 300.000 personas que trabajan en el sector pecuario en el interior profundo de nuestro país, 150.000 se encuentran por debajo de la línea de pobreza

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Algunas medidas de cobertura socio – laboral Si bien nuestra propuesta se centra en la mejora de la calidad de los empleos y en la creación de nuevos empleos debemos tener en cuenta algunas medidas que actúan amortiguando efectos nocivos de situaciones de orden recesivo. Por ello y en el marco de la globalidad de un Plan de Emergencia, en el área del empleo proponemos: · Incorporar los trabajadores rurales y domésticos al Seguro de Desempleo, al mismo tiempo que se define la jornada de 8 horas para los trabajadores rurales. · Extender el plazo del seguro de desempleo, en el marco de las actuales atribuciones del Poder Ejecutivo, especificando quienes tienen derecho a ello, en particular debido a las dificultades de su reinserción. Esta debe ser una medida excepcional, tomada en función de ciertas realidades económicas o sociales de los sectores amparados por el seguro de desempleo.

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10. Se reformulará el sistema educativo tanto en sus contenidos (de acuerdo a las pautas emanadas del programa de educación) como en un sustancial aumento de su presupuesto y del salario de los docentes. No hay mejor inversión para el logro de nuestro proyecto de país. Desde el mismo ángulo será repensada la cuestión de la innovación y el desarrollo científico tecnológico con la creación de un organismo al más alto nivel que coordine las acciones en este ámbito, complementadas con el indispensable incremento del presupuesto universitario. Por ello plantemos como un eje central de las políticas públicas de impacto estructural sobre el mercado de trabajo la política de desarrollo científico - tecnológico para el sector productivo, de manera de contribuir a una mejor formación global de los recursos humanos. 11. Un capítulo especial merece la propuesta de reducción de la jornada laboral, como un instrumento de utilidad para mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo por su impacto positivo sobre la creación de empleo. Propondremos un mecanismo tripartito para estudiar las condiciones concretas en cada rama de actividad y aún en empresas determinadas, a fin de evaluar su viabilidad.

· Para los casos de insolvencia patronal o de la empresa, se buscará asegurar el cobro de los créditos laborales a través de un Fondo de Garantía, proyecto que ha sido reiteradas veces presentado por nuestra fuerza política en el Parlamento · Cumplimiento efectivo de las normas laborales vigentes y de los convenios internacionales, reafirmando el rol activo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ese terreno. En síntesis, creemos que desde el comienzo mismo de nuestro gobierno, será posible poner en práctica un conjunto de medidas que operen sobre el mercado de trabajo con impactos inmediatos (inversión pública, estímulos a la generación de puestos de trabajo), otros de mediano plazo (capacitación profesional, redes de micro y pequeñas empresas) y finalmente otros de largo plazo, quizás sin efecto en un primer período de gobierno (reducción de la jornada, reformulación del sistema educativo, ciencia y tecnología). Todas estas iniciativas conforman un conjunto articulado de instrumentos para el logro del objetivo central: más y mejores empleos para las uruguayas y los uruguayos.

III Democratización DE LA

SOCIEDAD Y EL ESTADO P R O Y E C T O A LT E R N A T I V O

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UN ESTADO A LA MEDIDA DE LOS URUGUAYOS Introducción La democratización de la sociedad y el Estado, compromiso programático insoslayable del Encuentro Progresista - Frente Amplio, procura un conjunto de transformaciones estructurales, institucionales y de gestión según las necesidades del Uruguay de cara al siglo XXI. Para ello, un Estado verdaderamente democrático y moderno debe profundizar su relación con la sociedad y sus organizaciones. Debe potenciar la democracia participativa. Debe democratizar el poder, mediante una profunda descentralización política. Debe desarrollar sus cometidos, mediante políticas institucionales integradoras, que superen la creciente exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad, consecuencia del modelo impuesto por los últimos gobiernos, combatiendo las desigualdades, la pobreza y el desempleo. Para encarar la reforma del Estado desde una óptica progresista, debemos considerar el papel central que le adjudicamos para el desarrollo de sus políticas.

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Deberá cumplir con las tareas inherentes a su propia esencia con el máximo de eficacia: legislando, administrando justicia, definiendo la política exterior, ejerciendo la defensa nacional y velando por la seguridad ciudadana. Pero en estos cometidos básicos no se agota su rol. Debemos transformarlo en una poderosa palanca de la acción social colectiva, con una obligación ineludible e irrenunciable de promotor del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado, asimismo, debe recuperar para sí un papel nivelador de las cada vez más grandes inequidades sociales que se han establecido en el país y mantener una presencia activa y directa en áreas estratégicas de la economía como la energía y las comunicaciones, los servicios esenciales como por ejemplo: el agua potable. El Estado debe ser un participante activo en la orientación de las actividades económicas y un actor central

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en el impulso y articulación -junto a la sociedad civilde las políticas sociales. Tal como se señala en nuestras Bases Programáticas, desde el Estado se diseñarán las políticas selectivas y de especialización productiva, tendientes al objetivo de un desarrollo sustentable con especial atención a las políticas de empleo. Se articularán los distintos intereses sectoriales que sustenten el crecimiento. En suma: queremos construir, con nuestro pueblo, un Estado al servicio de las necesidades del país. Orientaciones progresistas para transformar el Estado Para construir con la gente un Estado verdaderamente democrático que supere el actual modelo neoliberal, proponemos las siguientes directrices: - La reestructura del Estado: Surge claramente de diagnósticos realizados, que existe una distribución irracional e injusta de los funcionarios, los recursos materiales y las inversiones al interior de la maquinaria estatal. A la luz de nuevas funciones a desempeñar o de la revitalización de algunas de las ya existentes, se deberá encarar una reestructura del Estado, en la perspectiva de reasignar funciones y redistribuir los recursos. - Fortalecimiento de las empresas públicas: Las empresas estatales, preservadas como tales por la acertada decisión popular, deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia en sus servicios y una mayor eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y de la soberanía del país. - Activa defensa del medio ambiente y de los recursos naturales: Hasta el presente los sucesivos gobiernos han sido omisos en esta tarea. Se trata de revertir esta situación, a efectos de demostrar que la adecuada conservación de los recursos naturales solamente es posible si se asume la tarea bajo la dirección del Estado. Éste, en su función reguladora, deberá establecer los marcos apropiados para que la actividad económica y las tendencias sociales se orienten positivamente en términos ambientales, haciendo efectivo el costo ambiental en el cálculo privado. La política ambiental se deberá basar en la participación activa de la población,

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el papel activo de la educación y la reeducación para el cambio de los comportamientos. Se ejercerá una coordinación decidida entre los organismos del Estado que son responsables de la preservación del medio ambiente para evitar situaciones de grave descuido, como la que ha provocado el deterioro del litoral marítimo y los diversos ecosistemas allí existentes. - Los Poderes del Estado, su separación y su fortalecimiento: El Estado de Derecho requiere indefectiblemente un funcionamiento balanceado, que supone a los distintos Poderes con efectiva autonomía y con las condiciones materiales que garanticen eficiencia y eficacia. Hoy, el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo siguen postergados en el terreno presupuestal. En el Tribunal de Cuentas y en la Corte Electoral se requiere una actualización de sus marcos legales para adecuarlos a las actuales circunstancias. En tal sentido corresponde considerar: · Jerarquización presupuestal del Poder Judicial e inmediato acondicionamiento material para asegurar el efectivo cumplimiento de sus funciones. Y también promover su autonomía financiera. · Revisión en profundidad del presupuesto del Poder Legislativo con el objeto de racionalizar su funcionamiento. · Fortalecimiento funcional del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, dotándolos de los recursos requeridos para un mejor cumplimiento de sus cometidos.

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Para ello, deberán delegarse competencias estableciendo controles eficaces. También, y en la medida de lo posible, se conferirá a cada unidad la gestión integral en su ámbito, con responsabilidad en cuanto a sus procesos, costos y resultados. Al mismo tiempo el Estado deberá proveer mecanismos ágiles de corrección, que permitan evaluar los resultados obtenidos y actuar sobre las desviaciones o incumplimientos de lo propuesto. - El Estado se defiende también, mejorando su funcionamiento. Esto implica una inversión en recursos tanto humanos como tecnológicos. Bajo control de la administración se tenderá, entre otros aspectos, a la reingeniería de procesos, al desarrollo de expedientes electrónicos, a la generación de sistemas de información etc. Se deberá profundizar el Programa de Formación Permanente dirigido a fortalecer las capacidades de los funcionarios de las distintas estructuras estatales. El Programa que abarcará al conjunto del funcionariado, pondrá especial énfasis en los mandos medios, en la atención al ciudadano y en el cambio cultural necesario para el cambio organizacional, debiendo armonizarse la capacitación con la gestión.

Si bien la gestión estatal se ha actualizado en algunas áreas, se deberá desarrollar un programa modernizador, de signo progresista y de cambios, mucho más ambicioso y sobre todo más universal, que procurará establecer una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía.

- Los apoyos para este tipo de procesos provienen de diversos ámbitos y deberán utilizarse complementariamente. Pueden ser públicos, que incluyan equipos del propio organismo, o provenir de organizaciones sociales o de origen privado o de otros estados o de organismos internacionales. En el gobierno de Montevideo ha habido experiencias exitosas con cualquiera de esos aportes, por ejemplo: Los convenios IMM/UTE (Sistema de Recursos Humanos), IMM/OIT (Sistema integrado de carreras y remuneraciones), IMM/PNUD (Sistema integrado de registro y contralor de vehículos ) etc.

La reforma de la gestión deberá fijar objetivos mediante directrices claras que permitan cumplir eficazmente con los fines de cada organismo, reconociendo las diferentes realidades pero teniendo al ciudadano como eje de todo su accionar.

- Una nueva política de recursos humanos deberá comenzar a aplicarse desde los niveles de dirección, ocupándolos con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del “premio consuelo” ante el fracaso electoral y el reparto de cargos según lealtades

Reforma de la gestión estatal

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políticas. Se deberá estudiar la posibilidad de que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y también el impedimento de ser candidato para quien los ocupe, a fin de evitar que la gestión se transforme en trampolín de lanzamiento preelectoral, teniendo en cuenta para ello la propuesta de plebiscito constitucional. - El ingreso a la gestión pública será siempre por concurso o sorteo. Ciertas actividades zafrales, o con contratos a término, podrán ser cubiertos con sectores de la población especialmente elegidos, por ejemplo jóvenes en situación de riesgo social, desocupados sin cobertura, carenciados, mujeres jefas de hogar, los que podrán ser contratados a través de programas implementados por asociaciones sociales u organizaciones no gubernamentales (ONG).

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Es necesario definir una política salarial que opere como un verdadero estímulo, tanto para el mejoramiento permanente de recursos humanos, como para la retención de los funcionarios calificados, donde la productividad y el rendimiento sean adecuadamente valorados. Se deberá atender especialmente la situación de sectores de salario sumergido y tender a igualar los ingresos para tareas similares. En algunas áreas no podrá haber una sustancial mejora de la gestión pública sin una mejora de las retribuciones, aunque la experiencia nos han enseñado que esto por sí solo no mejora la gestión. La administración progresista deberá enfrentar con firmeza los vicios adquiridos en largos años de falta de motivación y de control adecuado. Deberá dignificar la figura del servidor público revitalizando el concepto de la función pública. Se procurarán acuerdos con ANEP y la Universidad a los efectos de la capacitación mediante convenios de carácter permanente que permitan la readapatación de los funcionarios a nuevas tareas sin afectar el salario ni la carrera funcional. - Una nueva racionalización de los recursos humanos y materiales deberá evitar la superposición y duplicación, que hoy se dan en el Estado, haciendo que los costos se incrementen y se pierda eficacia. Esta duplicación puede constatarse en Ministerios, Entes Autónomos, Gobiernos Departamentales y Organismos del artículo 220 en los más diversos niveles y en todo el país.

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En otros planos de la gestión, se estudiará el pasaje de ciertas áreas comerciales a otras formas de propiedad. En tal sentido se priorizará la creación de empresas de auto-gestión, cooperativas y aún mixtas donde el Estado pueda tener participación. El aporte principal del Estado radicará en alentar e impulsar la participación de sectores sociales que de esa manera podrán ejercer una actividad, tener acceso a un empleo del que carecen, aportar experiencia o conocimientos que obtuvieron anteriormente en actividades similares. Todo lo cual apunta a hacerlos partícipes concretos del esfuerzo de un país que trabaja desde, por y para su gente. Además, se deberá analizar el resultado obtenido con el pasaje de áreas comerciales al derecho privado. En todos los casos, se deberán analizar los resultados obtenidos y evaluar las situaciones creadas a partir éstos. Se desarrollará un sostenido esfuerzo dirigido a simplificar y eliminar trabas burocráticas injustificadas y se buscarán mecanismos efectivos de participación y control de la gestión pública por los interesados directos (funcionarios y usuarios). - La relación del Estado con sus proveedores deberá partir de reglas claras y precisas. El Estado deberá ser buen cliente, de acuerdo a su volumen de compra. Para ello debe actuar con cristalinidad y mediante procedimientos adecuados y ágiles en sus adquisiciones, dando seguridades en el sentido de que los factores de calidad, costo, plazos de entrega y antecedentes del proveedor son los elementos determinantes, ajustando la legislación vigente y alejando toda duda respecto a la transparencia de los procedimientos. Se deberá prestar especial atención a las fechas y formas de pago, de forma tal que los proveedores se sientan interesados en venderle y así conseguir los mejores precios a través de la competencia. La calidad será un elemento esencial a tener presente, por lo que deben convenirse con el LATU y la Universidad los controles adecuados al respecto. La integración de los trabajadores del Estado en la dirección de instituciones estatales será propiciada por el Gobierno. La elección de quienes serán designados estará a cargo de los propios trabajadores de esas instituciones en la forma más democrática, a través de elecciones generales y con voto secreto entre todos los propuestos y con el control de la Corte Electoral.

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Nueva relación entre Estado y Sociedad La profundización de la democracia y la construcción de una ciudadanía plena para todas y para todos requiere de cambios sustanciales en la forma de ejercer la función de gobierno. Se trata de un nuevo estilo de gobernar, propio de una democracia participativa, que aporta ámbitos enriquecedores y complementarios de la democracia representativa - Consejo de Economía Nacional. Este organismo de rango constitucional, tiene más de cuarenta y cinco años de creado y nunca fue convocado. Esto configura una excelente ilustración de los temores y rechazos de los partidos tradicionales a todo lo que no sea la estricta y exclusiva representación monopolizada por los partidos. Se deberá reglamentar por ley la forma de constitución y funciones del mismo, para su inmediata convocatoria. En él tendrán que estar representados honorariamente los intereses económicos y profesionales del país (artículo 206 de la Constitución). - Consejos de Economía Departamentales. Se promoverá la creación de estos organismos incorporando los sectores más representativos. - Conformación de Concejos Vecinales como expresión de la amplia y diversa trama de organizaciones sociales que existen a nivel local en todo el país. - Redefinición de las relaciones entre los distintos sectores de la economía y el Estado. La acción del Estado en el mercado interno se concretará mediante la constitución de empresas de distinto carácter (mixtas, autogestionadas, cooperativas) que le otorguen importante participación en la propiedad y producción a trabajadores y pequeños y medianos productores, en las cuales puedan incluso asociarse entre ellos y/o con el Estado.En este marco surge como un factor de enorme potencial, la institucionalización de la política de convenios. Se buscará establecer convenios con organizaciones sociales e instituciones con o sin fines de lucro, para el cumplimiento de objetivos previamente definidos por el Estado, en donde éste último aporta los recursos y las organizaciones o instituciones ponen en práctica los programas en un proceso de permanente

supervisión y evaluación. Se trata de una modalidad válida para la ejecución de muy diverso tipo de programas sociales o inclusive para la realización de servicios a la comunidad. Asociación económica con agentes privados. Los desafíos de encaminar el país hacia un verdadero desarrollo económico y social hacen que los objetivos a alcanzar no sean posibles exclusivamente con recursos públicos. Por ello es importante darle un marco normativo claro y justo a la relación entre el Estado y el capital privado según lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución. Ello puede ser válido en las empresas públicas o en otro tipo de actividades específicas que hagan posible que dicha relación no implique solamente ventajas y beneficios para una de las partes.

Modernización de las normas de protección de los administrados Nuestra fuerza política –tal como se expresa en sus Bases Programáticas- coloca a la persona en el centro de sus preocupaciones y sus políticas. Por ello la visualiza en las múltiples facetas en que ella se expresa en la vida social: como sujeto administrado, como ciudadano, como titular de intereses personales y cotitular de intereses difusos, como usuario y como consumidor. El gobierno progresista impulsará la modernización de la legislación que protege a las personas en cada una de sus modalidades de expresión en la sociedad. En especial se procurará llevar adelante un conjunto de leyes complementarias que abarcan: · La institucionalización del “defensor del pueblo” (“Ombudsman”), recogiendo los avances registrados en otras legislaciones · Perfeccionamiento de la Acción de Amparo · La defensa de los llamados “intereses difusos” · El “habeas data” (acceso, a través de la justicia, a la información y los datos personales que obran en poder de la administración, o que se hallan incorporados a bancos de dato privados) Eliminación definitiva y total de los ficheros de información política

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La descentralización y el desarrollo local

Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales y Descentralización El Encuentro Progresista - Frente Amplio basará su relación de gobierno nacional con los gobiernos departamentales en una descentralización profundamente participativa, tal como lo ha aplicado en su experiencia de gobierno en Montevideo. La descentralización es una herramienta que debe tener como objetivo la profundización democrática del país, así como asegurar la eficiencia de los roles que el Estado debe cumplir. Por eso apostamos a la aplicación de una descentralización política, económica y administrativa para gobernar mejor al país, pero con la fundamental característica de la participación y la negociación permanente con todos los actores ciudadanos, elemento central para fortalecer la acción gobierno.

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La descentralización política es una orientación global que supone la transferencia de poderes desde la Administración Central hacia los organismos departamentales y locales, tanto en los barrios de las grandes ciudades como en los pueblos y poblados de todo el país. Al promover la conformación de Concejos Vecinales, contaremos con organismos electivos, con potestades de asesoramiento obligatorio, con derecho a iniciativa, a contralor, a colaboración y a generar ámbitos de debate y participación ciudadana en todos los temas que hacen a la calidad de vida de la población. Se establecerá la participación del Congreso Nacional de Intendentes en la elaboración e implementación de líneas de gobiernos que incidan en los departamentos y que la Comisión Sectorial actúe como nexo y asesora del dicho Congreso, para el desarrollo de las economías locales. La desconcentración administrativa implicará acercar los servicios a las localidades, fomentando la ejecución local en el marco de la planificación nacional.

Las necesidades productivas del Uruguay conforme con nuestra propuesta de país productivo, requieren respuestas que permitan reafirmar la soberanía nacional y las decisiones autónomas del país, dentro del complejo marco internacional de acuerdos tales como los definidos por la Organización Mundial del Comercio o el MERCOSUR. La tendencia de un país que planifique sus líneas productivas rentables, las tradicionales, las reconvertidas o las a crear, debe ser planificar también territorialmente dónde instalará esas áreas de acuerdo a una descentralización territorial que busque una mejor ocupación del suelo, la calidad ambiental del proyecto, la desconcentración demográfica evitando la superpoblación urbana y promoviendo el abaratamiento de los costos de salida de las mercaderías exportables. Esto lleva también a la descentralización de toda la infraestructura de servicios que hoy son imprescindibles para cualquier producción competitiva, que significan también, la posibilidad del atractivo de una mejor calidad de vida para los trabajadores que allí se instalen. La coordinación regional de los Ministerios y de las empresas del Estado, con oficinas descentralizadas con poderes de gestión local, facilitará la eficacia de ejecución ante el control de los poderes locales, juntas o municipios. Las propuestas de desarrollo regional no pueden ser digitadas desde el poder central, y la base del desarrollo de un país en forma sostenida, sólo pueden gestarse desde los gobiernos departamentales. Para ello éstos deben contar en forma efectiva y segura con una administración descentralizada de los recursos que les permitan innovar con creatividad buscando las posibilidades de desarrollo de su territorio. El reforzamiento institucional proviene de una comunidad que se asienta en un territorio y puede vivir en él con una calidad de vida aceptable que le permita arraigarse por generaciones. De ahí que los límites administrativos que corresponden a una ingeniería institucional (generalmente hecha desde la metrópoli) no generan automáticamente la realidad regional que sí responde a comunidades social y económicamente preexistentes.

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Pautas de relacionamiento entre el Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales

Reforma de la Ley Orgánica Municipal y de las leyes que reglamentan la Constitución en lo relativo a la descentralización Estas reformas apuntarán a profundizar las competencias de los gobiernos departamentales a los efectos que tengan la posibilidad de convertirse en promotores del desarrollo local, dando apoyo, infraestructura o generando empresas mixtas. Los gobiernos locales deberán jugar un rol importante en el mercado laboral, constituyéndose en difusores de información de «bolsas de trabajo», de capacitación de jóvenes y mujeres (cuyo porcentaje de desempleo es siempre el más alto), de becas de trabajo provisorio para servicios específicos para los jóvenes, contrato con organizaciones sociales de carácter educativo o rehabilitatorio, o de apoyo a discapacidades o tercera edad. Por otra parte el municipio, en su rol de animador del desarrollo local, está en óptimas condiciones para relacionar los agentes privados con los agentes de capacitación, aportando datos más precisos de la desocupación en su zona, de las características de su población más carenciada, etc. Asimismo los gobiernos locales deberán presentar una voluntad más explícita hacia el empresariado nacional y de éstos hacia la sociedad para acelerar este imprescindible paso de apoyo para el desarrollo local. La tensión entre el respeto a las autonomías departamentales claramente establecidas en nuestra Constitución y la necesidad de un proyecto común y consensuado que permita priorizar el uso de los escasos recursos con que nuestro país cuenta, hace imprescindible la creación de instancias permanentes e institucionales de relacionamiento con los gobiernos departamentales con los objetivos de apoyar y estimular los proyectos de desarrollo local o regional, apoyar el desarrollo de las políticas sociales, el establecimiento de las infraestructuras necesarias y la capacitación funcionarial pertinente. Con el objetivo de poner en marcha el proceso de descentralización y profundización democrática definido precedentemente, proponemos los siguientes puntos:

· Alentar una mayor democratización de los Gobiernos Departamentales · Potenciar su desarrollo económico y productivo. Lograr una asignación de recursos eficiente y justa · Asegurar una gestión transparente · Asegurar la mejora de los servicios y los derechos de los usuarios y usuarias · Apostar al apoyo y potenciación de los bienes culturales · Buscar un equilibrio territorial que preserve la calidad ambiental · Asegurar el bienestar social de todos los ciudadanos Algunas propuestas para la relación Poder Ejecutivo-Intendentes Establecer una relación permanente con todos los Intendentes y definir con ellos el rol de la Comisión Sectorial y del Congreso de Intendentes a los efectos de unificar ámbitos e infraestructuras de definición de políticas para los Gobiernos Departamentales impulsando entre otras medidas: - Definición de proyectos de desarrollo local - Evaluación de los que están en curso según su impacto regional, generación de puestos de trabajo, etc. - Desarrollo de las políticas sociales - Desarrollo en infraestructuras - Sugerir la necesidad de la instalación de las Juntas Locales ya creadas para una redistribución democrática al interior de cada departamento - Coordinar esfuerzos para la generación de nuevos indicadores apropiados que complementen los índices de población y superficie de cada departamento agregando, entre otros, el número de familias con NBI, las que están debajo de la línea de pobreza, las que tienen ingresos inferiores al 50% del promedio nacional y la tasa de desempleo equivalente. De ello resultarán un indicadores mucho más justos para caracterizar la situación social y económica de cada departamento Nuevas normas legislativas nacionales a proponer de inmediato · · ·

Aprobación de una nueva Ley Orgánica Municipal Definición de la materia local y departamental Creación de organismos de gestión metropolitana Complementación de una Ley Bromatológica Nacional agregando un capítulo de Sanciones.

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RELACIONES INTERNACIONALES 1. Los grandes cambios en el mundo actual. Los impresionantes cambios económicos, científico-tecnológicos, sociales y geopolíticos operados en el mundo en los últimos años nos ubican en un escenario sustancialmente diferente al de décadas anteriores. El orden económico mundial vigente, en el cual se da el proceso de globalización hegemonizado por las principales potencias capitalistas junto a las empresas transnacionales, con el predominio político y militar de Estados Unidos, se demuestra inviable para compatibilizar el desarrollo con justicia social, así como la paz mundial, amenazada por el militarismo intervencionista, que se ha expresado cruelmente en Yugoslavia y en otras zonas del planeta. En lo económico y social, en las últimas décadas, tras agotarse las formas tradicionales de intervención del Estado, las políticas de ajuste de contenido neoliberal y la reestructura de la deuda externa golpearon duramente contra la calidad de vida de amplios sectores. 2. La crisis del “socialismo real”. Otro factor relevante de los cambios mundiales ha sido la crisis del “socialismo real” y la desaparición de la Unión Soviética y, con ella, del mundo bipolar. El nuevo mapa político ha cambiado las condiciones para el establecimiento de alianzas y apoyos internacionales para los países subdesarrollados, empobrecidos y dependientes.

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Se manifiestan nuevas contradicciones, nuevos desafíos, nuevos problemas y peligros y, también, nuevas posibilidades para el desenvolvimiento de la lucha por la profundización de la democracia y la justicia. Se refuerza el reclamo de los pueblos y la incidencia de éstos en favor de cambios cualitativos en la atención de los problemas de la humanidad. 3. La política exterior y la globalización. La política exterior del país adquiere en esta época un valor estratégico fundamental. Hay que rechazar la idea de que no podemos hacer nada ante los fenómenos negativos de la globalización. No se trata de caer en el voluntarismo ni de aceptar resignadamente los condicionamientos, sino de asumir un rol activo en la defensa de nuestros derechos y de buscar con ahínco y crea-

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tividad las alianzas y los respaldos internacionales que nos permitan avanzar en la dirección del desarrollo con justicia social. Los intereses de las mayorías aparecen cada vez más ligados a la preservación misma del género humano y a detener y revertir en la forma más urgente posible las crecientes desiguales económicas y sociales que se vienen sufriendo en cualquier formación social. Hasta en el seno de organismos internacionales, donde predominan intereses contrapuestos a los de los pueblos, se empiezan a expresar voces de alerta sobre las consecuencias que tendría el mantenimiento del orden mundial vigente. Es hora de reivindicar la iniciativa y el protagonismo de los gobiernos, los cuales, en la medida en que expresen los intereses de sus pueblos, tendrán más posibilidades de transitar por caminos de solidaridad y cooperación internacional, y lograr que las inversiones productivas, el intercambio comercial o el científico-tecnológico avancen de acuerdo a los intereses nacionales y regionales de esos gobiernos. Los principios y los lineamientos de política exterior constituyen un aspecto clave e inalienable del proyecto alternativo, democrático, progresista, nacional y popular, por el que bregamos. 4. Los principios de política internacional. Uruguay debe mantenerse defendiendo principios de política internacional que le han valido el reconocimiento internacional. Reafirmamos la Declaración de Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que especifica principios fundamentales del Derecho Internacional que son consustanciales a las fuerzas progresistas y que resultan frecuentemente violados. Los estados no deben recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; arreglarán sus controversias por medios pacíficos; tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otros estados; deben cooperar entre sí, y actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios se materializarán plenamente en cada caso si desde la conducción del Estado se asumen integralmente los compromisos con nuestro pueblo y la defensa de los intereses del país.

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5. La política exterior y el programa progresista. La política exterior del Uruguay deberá estar estrechamente relacionada con los objetivos del programa del Encuentro Progresista – Frente Amplio. En un mundo fuertemente globalizado e interrelacionado no es posible pensar en un modelo progresista a desarrollar en lo nacional sin tener presente el contexto internacional y las posibilidades y limitaciones que el mismo nos plantea. 6. La política exterior del Uruguay. La política exterior del país deberá basarse en los siguientes principios: independencia; no-alineamiento; defensa de la soberanía en su concepto; antimperialismo; no-intervención; lucha por la paz; autodeterminación de los pueblos; defensa de los derechos humanos; preservación del medio ambiente; activa participación en los organismos internacionales proponiendo y defendiendo en ellos iniciativas compatibles con el interés nacional y la defensa de los principios indicados; reexamen profundo y crítico de la participación que históricamente ha tenido Uruguay en organismos como Naciones Unidas, OIT, UNESCO, OMS, OEA, FMI, BM, BID, entre otros; asumir un compromiso activo para encarar el problema de la deuda externa y del intercambio desigual, impulsando la generación de ámbitos comunes de solidaridad entre los países deudores; bregar por la equiparación de los mecanismos de información y comunicación; examinar los tratados militares regionales; apoyar las políticas de desarme; profundizar el estudio del funcionamiento del servicio exterior de la República, reformándolo a fin de incrementar activamente su eficacia, lograr mayor control del uso de los recursos y asegurar un papel activo de la diplomacia en el desenvolvimiento del comercio exterior; desarrollar la Cooperación Internacional de acuerdo a las prioridades nacionales; impulsar el Mercosur en base a los lineamientos trazados por nuestra fuerza política. 7. Deuda externa y relaciones internacionales. En lo que refiere a la consideración de la deuda externa desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el tema merecerá un tratamiento especial. La deuda externa por préstamos internacionales que resulte legítima se seguirá cumpliendo, procurando negociar con los gobiernos de los países a que pertenecen los acreedores, condiciones más favorables para su servicio para que no se comprometa el modelo de país productivo, una vez que el Encuentro Progresista – Frente Amplio acceda al gobierno.

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En este sentido, se señalan algunas de las acciones que será posible emprender: a) Priorizar la problemática de la deuda externa histórica no productiva. b) Participar a través de la Cancillería en una comisión técnica y jurídica a crearse en la órbita de la Presidencia de la República para la evaluación técnico-jurídica de las fuentes de endeudamiento externo representadas por préstamos o emisiones de valores en el exterior. c) Promover formas de relacionamiento político con los organismos internacionales y los gobiernos de los estados a los cuales pertenecen los acreedores, a través de la Cancillería d) Respaldar al Parlamento Latinoamericano para alcanzar una estrategia común en el tratamiento de la deuda externa. e) Respaldar la organización de un Foro Internacional sobre el impacto de la deuda externa histórica no productiva. f) Declarar el 12 de octubre como día de Denuncia Internacional del impacto negativo de la deuda. g) Respaldar la iniciativa de Juan Pablo II de declarar a 2.000 como el “Año del Jubileo” y la convocatoria de un coloquio internacional sobre Deuda Externa. En este marco, emprender una negociación por una quita en el monto de los intereses por dos años, a efectos de crear un proyecto de erradicación de la pobreza extrema, invirtiendo en la producción para eliminar sus verdaderas causas. Eso significaría que Uruguay podría disponer de unos 800 millones de dólares en ese lapso. h) Promover la instalación una auditoría internacional de la deuda externa cuyo estudio permita determinar la legitimidad de sus distintos componentes 8. El Ministerio de Relaciones Exteriores. La gestión del Encuentro Progresista - Frente Amplio estará en consonancia con los principios anteriormente enunciados. Se debe reformar el servicio exterior a fin de incrementar seriamente su eficacia, y alcanzar un mayor control del uso de los recursos apuntando a un papel activo de la diplomacia, haciendo previsiones y orientando las actividades a colocar nuestra producción en el mundo. También el servicio exterior debe orientarse a la difusión de nuestra cultura y los valores

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nacionales, así como al conocimiento en el extranjero de nuestras posibilidades en materia de turismo. 9. La cooperación internacional. La Cooperación Internacional debe ser un mecanismo de acercamiento en el campo de las relaciones bilaterales, aumentando y fortaleciendo la cooperación en otros campos tales como el comercial, político, científico y económico, promoviendo la imagen externa del país. Debe orientarse dentro de un marco de desarrollo sostenido de acuerdo a las prioridades nacionales, a la búsqueda de justicia social con especial énfasis en la reducción de la pobreza. 10. La integración y el Mercosur. Es preciso reestructurar el funcionamiento y contenido del Mercosur mediante:

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- la priorización de la cooperación y la solidaridad, la complementación tecnológica, productiva, financiera y crediticia, en el entendido de que el desarrollo del conjunto integrador debe contemplar a todas y cada una de las partes de manera que ellas tiendan a la igualdad o, por lo menos, a la disminución en el largo plazo de las desigualdades existentes - la búsqueda de las mejores condiciones para defender la producción nacional, negociando incluso caso por caso el ajuste de los aranceles intra y extra Mercosur. - el reconocimiento de la denominada “condición de país y/o región de menor desarrollo relativo”. - el establecimiento de cláusulas de salvaguarda contra los abusos del capital extranjero y frente a posibles actos macroeconómicos de países asociados o daños graves sufridos por alguno/s de ellos. - el impulso de todo mecanismo posible de participación de los distintos sectores sociales y económicos de cada país que compone el Mercosur, con el objetivo de asegurar un proceso de integración realmente democrático en las instancias de elaboración, comercialización, y determinación de estrategias de inversiones productivas.” El Mercosur nos plantea el gran desafío de su consolidación y de la aplicación de sus acuerdos. Deben conjugarse pragmatismo y principios, con políticas antici-

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patorias de las previsibles crisis, con un trabajo sistemático, intenso e imaginativo del servicio exterior, con la representación de todos los sectores económicos y sociales en las negociaciones, con una política de defensa de los sectores productivos y de los derechos de los trabajadores, con avances en la seguridad jurídica y la aplicación de sus normas. El Mercosur no debe ser una cuestión de cúpula. Será imprescindible el protagonismo creciente de las organizaciones sociales, las ONG y los movimientos reivindicatorios de los derechos de la mujer, la niñez, la ancianidad, los discapacitados y demás sectores discriminados, los de protección del medio ambiente, los de desarrollo local y descentralización. Igualmente necesaria e impostergable aparece la coordinación entre las organizaciones similares de los otros países. Es necesaria la reconversión productiva que nos garantice la competitividad, la protección racional del mercado interno, la promoción de la inversión nacional y extranjera –dando preferencia a aquellos emprendimientos que amplíen la oferta laboral en la producción, pero también en los servicios-, así como la inserción en los mercados mundiales apuntando a elevar la calidad y la tecnificación de la producción. En el corto plazo se deberá superar la visión esencialmente comercialista que prima en el Mercosur y se deberán renegociar acuerdos en función de las políticas económicas de orientación y enfoque hacia un país de producción con justicia social y con un mejoramiento sostenible en el tiempo. Se deberá dotar al proceso de integración de una mayor transparencia, con una mejor y más amplia participación de todos los sectores interesados e involucrados. En el mediano plazo debe concretarse la coordinación gradual de las políticas macroeconómicas entre los países miembros, comenzando por un adecuado sistema de información entre los gobiernos para luego ir avanzando en otros aspectos. Hay que modificar aspectos del sistema jurídico institucional. En el largo plazo, para alcanzar el objetivo de un Mercado Común, serán necesarias modificaciones a la estructura institucional del Mercosur, así como a su sistema de toma de decisiones.

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DEFENSA NACIONAL 1. Teniendo presente que la Defensa Nacional es para el Encuentro Progresista - Frente Amplio una cuestión de estado que compromete a toda la nación, buscaremos obtener el máximo consenso político en torno a nuestra propuesta. Es un elemento esencial de la misma, el principio de subordinación de las FFAA al poder político, conforme a la Constitución y las leyes. 2. El Estado debe determinar la Política Nacional de Defensa, inspirada en principios democráticos, claramente diferentes a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional y la del componente militar de la misma. Para ello: a) se revisará el decreto que asigna competencias a cada Ministerio; b) se propondrán las modificaciones a las leyes vigentes para ajustarlas a los conceptos básicos contenidos en nuestra propuesta. La discusión democrática de este asunto supone una información adecuada de su tratamiento a nivel Parlamentario, en busca del amplio consenso imprescindible y guardando la necesaria reserva con relación a los aspectos que involucran la seguridad del Estado. Para la reformulación o en su caso, el ajuste de la normativa pertinente, se tendrá en cuenta la perspectiva profesional. c) en su momento y por los mecanismos pertinentes, se promoverá la incorporación a la Constitución del concepto y definición de Defensa Nacional. d) el principio de subordinación al poder político se aplicará en forma rigurosa, y –entre otras medidas- se ajustará la reglamentación relativa a las expresiones públicas de funcionarios militares en actividad, sea a título individual o en ejercicio de su cargo. 3. La nueva Ley Orgánica de las FFAA y el conjunto de la normativa, se ajustará a la visión democrática de la Defensa Nacional Militar, teniendo en cuenta: a) En el estudio de las hipótesis de guerra, se elaborarán las doctrinas correspondientes examinando las respuestas apropiadas, la organización y el empleo de medios, las dotaciones de personal, equipos, material y armamentos;

b) las FFAA no serán empleadas en “Planes de Desarrollo” ni de “Acción Cívica” que responden a la estrategia del sistema militar panamericano, considerándose que su misión fundamental es la defensa militar ante ataque armado desde el exterior c) las FFAA podrán ser excepcionalmente empleadas en caso de conmoción interna (calamidades, inundaciones) y solamente con previa autorización legislativa y bajo su efectivo control d) se considerará un principio, el mantener o ampliar las tareas de vinculación militar sub-regional y latinoamericana, por oposición al sistema militar panamericano. 4. Habrá una clara diferenciación de los ámbitos de defensa nacional y de seguridad interna: a) se eliminará el empleo de las FFAA en las áreas relacionadas con el orden público interno, la seguridad ciudadana y toda tarea de acción policial; b) se diferenciará completamente “policía marítima” y “policía del aire” como defensa militar del espacio y responsabilidad de las FFAA, de los conceptos de servicios policiales que refieren al orden público interno que son responsabilidad del Ministerio del Interior; c) No se emplearán las FFAA en misiones de orden interno como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando, que también son de responsabilidad del Ministerio del Interior; d) No se renovarán los compromisos que obligan a nuestro país a la realización de maniobras, ejercicios y operaciones conjuntamente con las FFAA de los EE.UU. que, como las UNITAS u otras, reafirman la vigencia del sistema militar panamericano; e) y se hará un análisis de los ejercicios o maniobras militares desarrolladas con los efectivos de los países de la subregión, estudiando la conveniencia de su cumplimiento futuro. 5. Se generarán las condiciones para una mayor integración de las FFAA a la sociedad, estudiando en particular

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los temas de educación, salud, previsión social, vivienda, a fin de que, atendiendo a las particularidades propias de la organización militar, se ajusten a la universalidad de los principios aplicables a la sociedad en su conjunto. 6. Se aplicará el principio general de que la jurisdicción militar estará a cargo de jueces ordinarios con competencia específica, dentro de la órbita del Poder Judicial, impulsándose los proyectos ya presentados por nuestra fuerza política a nivel Parlamentario. 7. Los Acuerdos y Tratados Internacionales en la materia deberán ajustarse a los lineamientos de nuestra Política Internacional, de acuerdo a nuestro potencial y cuidando de no afectar la capacidad de Defensa Nacional Militar. Toda tramitación y negociación, están a cargo de la Cancillería, rechazando en consecuencia la práctica actual de relacionamiento directo de cada Fuerza con sus similares de otros países o, aún, de acuerdos directos realizados por parte del Ministerio de Defensa Nacional, sin participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 8. El Ministerio de Defensa Nacional mantendrá su responsabilidad en los términos fijados por el decreto relativo a la distribución de competencias que oportunamente se dictará por el gobierno progresista. Las actividades que no sean estrictamente de preparación o ejecución de la defensa nacional, serán retiradas de la competencia del mismo, estudiándose caso a caso, con criterio de racionalidad, atendiendo siempre a los intereses del ejercicio de la soberanía de la República

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Se creará un organismo -integrado con miembros designados por el Poder Ejecutivo y por legisladores- que dé su opinión previa respecto de aquellas decisiones de gobierno en todos los casos en que estén en juego aspectos estratégicos relacionados con el ejercicio de la soberanía nacional, tales como el área de los transportes, de la energía, de las comunicaciones, uso de aguas, empleo de tierras e inversiones. 9. Los gastos de defensa y las asignaciones presupuestales deberán ser analizados a partir de la definición de las misiones y tareas a cumplir por los diferentes organismos, cuidando que no sean las potencias extranjeras o los organismos internacionales quienes, por el camino de las políticas crediticias, fijen la organización y empleo de los medios militares de la República. El volumen de los gastos deberá tener en cuenta las posibilidades del país y a la vez, las necesidades emergentes de la concepción moderna de la guerra que requieren dotar

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a las FFAA de medios aptos para su preparación profesional militar. El principio de la capacidad de disuasión deberá presidir la política de asignación de recursos. 10. Al mismo tiempo se procurará dotar al personal de remuneraciones y pasividades dignas. 11. Nuestra fuerza política reafirma su rechazo a la participación de las FFAA Uruguayas en acciones internacionales o en conflictos de carácter nacional en diferentes partes del mundo, en cuanto impliquen transgredir los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, anulándose los compromisos que conducen a utilizarlas como parte de la “policía del mundo”; Cuando, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas se requiera la participación de efectivos uruguayos en misiones de paz de la ONU, se exigirá preceptivamente que el Parlamento Nacional cuente con la información necesaria en el tiempo suficiente, para definir si corresponde “negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la república señalando, para cada caso, el tiempo de su regreso a ella” ( Constitución de la República Art. 85 inciso 12). Para el otorgamiento de dichas autorizaciones, se valorará si efectivamente contribuyen a la paz, si surgen de acuerdos entre las partes en conflictos, si no violentan la autodeterminación de los pueblos y si no son contrarias a los intereses de nuestro país. 12. Se reconocerá el derecho a reintegro, ascensos y demás reparaciones a los militares destituidos por razones políticas o ideológicas, al presente logrado parcialmente y sólo para 41 integrantes del personal superior. 13. Serán excluidos de toda propuesta de ascenso los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura. 14. Como surge de nuestras Bases Programáticas y de la historia de nuestra fuerza política, impulsaremos un modelo de sociedad que procure el desarrollo integral del ser humano, propiciando de este modo la inserción plena de las FFAA en la sociedad. Al mismo tiempo, en la formación de sus efectivos, se hará especial hincapié en los derechos humanos y el respeto a los mismos, independientemente del conocimiento que se imparta sobre el “derecho internacional humanitario”, por cuanto este último se refiere específicamente a los comportamientos relacionados con actos de la guerra o situaciones que se suscitan en los conflictos internacionales.

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SEGURIDAD PUBLICA La seguridad ciudadana preocupa en forma creciente a la población; en particular a la de menores recursos, sin posibilidad de protegerse mediante rejas, alarmas, guardias privados, o de atenuar las consecuencias de los delitos a través de seguros o del respaldo económico propio. Más allá del condenable sensacionalismo con que manejan la cuestión algunos medios de comunicación y de la prédica de algunos voceros de la derecha que explotan el temor buscando un mayor control social, debemos reconocer el problema y enfrentarlo, sabiendo que la realidad actual es el resultado de un largo proceso de deterioro social donde confluyen causas económicas, sociales y culturales. No existen recetas mágicas que aseguren soluciones fáciles y rápidas, pero, a partir de una jerarquización de la prevención del delito a través de políticas sociales y económicas que mejoren el salario y el empleo y enfrenten la problemática de la marginalidad y la pobreza, articularemos respuestas de corto plazo. La seguridad ciudadana no se conseguirá por la vía de crear nuevos delitos o de agravar las penas, como se ha hecho hasta ahora. Desarrollaremos una nueva política criminal que terminará con la selectividad del sistema penal que hoy se orienta preferentemente hacia los sectores mas carenciados y enfrentará con medios idóneos los delitos de cuello blanco, la corrupción, el narcotráfico, los delitos económicos y las bandas internacionales. El instituto policial deberá ser transformado, dignificando su función, recreando los puentes necesarios entre él y el resto de la sociedad, mejorando sus salarios, combatiendo la corrupción interna, ajustando las leyes y reglamentos que lo rigen, dotándolo de equipos adecuados -en especial en armamento y medios de comunicación y transporte-, tecnificando y modernizando métodos de investigación y manteniendo al personal con un nivel de instrucción y entrenamiento superior al actual. El objetivo será la superación de la gestión policial. Respecto al régimen de sanciones, se impulsará un sistema de medidas alternativas a la prisión preventiva; se abordará el tema carcelario, buscando quitar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, evitando el hacinamiento de los reclusos y promoviendo el estudio y el trabajo de los mismos. Y por último se deberá facilitar la reinserción social del ex-recluso, en particular su reintegro a la vida laboral.

Medidas Económico Sociales · Plan de atención interinstitucional a los ciudadanos en situación de extrema pobreza y de marginalidad. · Análisis y definición de transferencias de subsidios y aportes presupuestales o extrapresupuestales a los efectos de: - atender ausencia o carencia de vivienda y regularizar asentamientos marginales. - implementar plan de seguridad alimentaria básica. - fortalecer los espacios de socialización de niños y adolescentes, sobre la base del sistema educativo y la educación física. - elaborar un plan de soporte interinstitucional ante el abandono total o parcial y la violencia doméstica. - asegurar la cobertura de la seguridad social para todos los niños independientemente de la situación laboral de los padres. - dar cumplimiento al Art. 37 de la Ley 16.707, implementando el funcionamiento de las “comisiones honorarias de promoción de la infancia en situación de riesgo”, en cada departamento. - creación de un fondo para posibilitar su eficaz funcionamiento. El instituto policial Se creará una comisión con participación de partidos y de organizaciones vinculadas al quehacer policial que estudie una reestructura del instituto y formule recomendaciones para la modificación de su Ley Orgánica y los Reglamentos que la rigen. Entre otras necesidades deberá tener en cuenta: · Reformular los cometidos del Instituto. · Dar nuevo destino a tareas que son ajenas a las funciones policiales propiamente dichas. · Modificar las políticas de ingreso. · Reestructurar los planes de formación profesional. · Reformar el Estatuto Policial restableciendo su característica civil limitando la disciplina militar a determinados cuerpos. · Modificar el régimen de promoción y ascenso. · Nuevo organigrama orientado por criterio descentralizador del funcionamiento.

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· Modificación de la política de recursos utilizando con racionalidad mecanismos presupuestales y extrapresupuestales para asegurar ingresos decorosos al funcionario, atender su problemática de vivienda y dignificar su función.

Iniciativas a corto plazo · Descentralizar el funcionamiento de la Dirección de Investigaciones creando equipos zonales particularmente en Montevideo y Canelones. · Extender y dimensionar adecuadamente la actuación de la policía técnica en los procesos de investigación. · Descentralizar en bases el servicio de radio patrulla en Montevideo. · Recuperar para la función ejecutiva el máximo de funcionarios de formación policial. · Asignación de un rol nacional efectivo para la Dirección Nacional de Prevención del Delito. · Extender la experiencia de la Comisaría de Menores y la Comisaría de la mujer al interior del país. · Estudiar y poner en práctica medidas tendientes a modificar la relación entre la policía y la sociedad civil. · Convertir la Fiscalía Nacional de Policía en un cuerpo especialmente seleccionado que cumpla las funciones del policía interna. · Mejorar la regulación legal y reglamentaria de la policía privada. Sistema Carcelario 94

Para avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de buscar la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito en procesados y penados se propone: · Aprobar el proyecto de ley referido medidas alternativas a la prisión preventiva y penas alternativas a la reclusión, que cuenta con media sanción, actualmente a consideración del Senado. · Impulsar el tratamiento y aprobación del proyecto “Instituto Nacional de Rehabilitación”, por el cual se crea éste como servicio descentralizado sacando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior.

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· Modificar la Ley reglamentaria del funcionamiento del sistema carcelario, tomando como base la propuesta elaborada por la Comisión Honoraria de Mejora del Sistema Carcelario. · Promover y asegurar la posibilidad de trabajo y estudio en las cárceles brindando protección social a quienes trabajen. · Estudiar la aplicación en nuestro país de leyes vigentes en otros estados, en las que por cada tres días de trabajo o estudio de los reclusos se les descuenta un día de pena. · Creación del Hospital Penitenciario, con especial atención hacia un sector especializado en Psiquiatría. Medidas Complementarias a) Habilitar la creación de un pequeño equipo investigador al servicio de los juzgados penales o fiscalías disponiendo los recursos necesarios. b) Fortalecimiento de la credibilidad del sistema político e institucional. c) Tratamiento y aprobación de la Asamblea General de la llamada “Ley Cristal”. d) Implementar medidas que posibiliten eficacia en la investigación policial y judicial de los delitos llamados de “cuello blanco” que determina importantes perjuicios económicos para el país y sus habitantes. e) Defender el poder adquisitivo de la población combatiendo la usura y aprobación de la ley que combate este tipo de prácticas delictivas. f) Defensa y protección de la víctima, incorporando medidas de protección de víctimas, testigos y denunciantes. g) Aprobación del proyecto “Defensoría Nacional de víctimas de la violencia sexual y doméstica”, hoy a estudio del Senado con media sanción. h) Desarrollo de la promoción y prevención en salud mental. i) Creación de una comisión honoraria con el objeto de actualizar el plan nacional de salud mental, de efectuar recomendaciones sobre su puesta en práctica y elaborar proyecto de ley de salud mental j) Atención especial a los fenómenos de Alcoholismo y Drogadicción, de importante incidencia en los problemas de seguridad. k) Instrumentación de un plan de redimensionamiento de la educación física y el deporte en el Uruguay.

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DERECHOS HUMANOS Introducción Nuestra concepción sobre los Derechos Humanos está inspirada tanto en los compromisos que nuestra fuerza política ha desarrollado durante toda su trayectoria, como en aquellos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país que constituirán para el gobierno progresista un eje de acción ineludible e irrenunciable. Ellos son la Carta de la Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los distintos pactos internacionales de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como otros instrumentos pertinentes del derecho internacional y la Declaración y Programa de Acción de Viena. Reafirmamos que los Derechos Humanos, su promoción y vigencia son responsabilidades insoslayables de la sociedad y del Estado para avanzar en el desarrollo. El Estado tiene la responsabilidad irrenunciable de garantizar su pleno ejercicio. La alimentación, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, la seguridad pública son, junto a la libertad, los derechos civiles y la vida, componentes del núcleo irreductible de dichos derechos. Se democratizarán los mecanismos de vigilancia, seguimiento, difusión y elaboración de informes con miras al cumplimiento de lo establecido en los Pactos, dando intervención a los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Se dará acatamiento a las resoluciones que emanen de los órganos competentes establecidos en dichos Pactos. Se jerarquizará su rescate y desarrollo de una forma integral e interrelacionada y se profundizarán las acciones que busquen la equidad respecto de los sectores de la sociedad más relegados y empobrecidos: la niñez, la adolescencia, las mujeres y la tercera edad. Aún en el Uruguay de hoy, se sufren las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales del período de la dictadura, donde la violación sistemática a los Derechos Humanos fue gravísima. Resaltamos la importancia del compromiso con el rescate de la memoria colectiva sobre la violación de nuestros derechos y la corrección de sus deformaciones.

Reafirmamos nuestro compromiso con la demanda de la sociedad uruguaya, de que se cumpla con total objetividad y garantías con el Artículo 4 de la Ley 15.848. La justicia es un principio fundamental, y es deber de todo gobierno democrático el garantizar su vigencia y los caminos para su aplicación. Cumplir con la ley vigente es un compromiso moral ineludible con la verdad, esclareciendo el destino de los detenidos desaparecidos y procurando la restitución de la identidad de los niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio, como un aporte a la rehabilitación y reconciliación de nuestra sociedad. Se mantendrá la posición de no conceder venias ni proponer para ascensos a los militares responsables de delitos de lesa humanidad. Se impulsarán las medidas posibles y necesarias para que el Estado uruguayo cumpla con las obligaciones emergentes de sus compromisos internacionales en la materia. Nos comprometemos a recatar la imagen internacional del Uruguay, como país respetuoso de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y del cumplimiento de los compromisos asumidos con relación a los derechos civiles, sociales y políticos. Se bregará para que el Uruguay suscriba la creación de la Corte Penal Internacional y colabore en su perfeccionamiento y eficacia. Durante el gobierno progresista, Uruguay brindará su más amplia cooperación para aquellos procesos judiciales en curso, que intentan revelar los entretelones de la coordinación represiva y conducir a juicio a los responsables Se reafirmarán como parte de los derechos de los pueblos: - El control eficaz de la calidad de los bienes y los servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. - La defensa del derecho a disfrutar de un ambiente sano. - El derecho al espacio público cuyo uso común prevalecerá sobre el interés particular. - El derecho fundamental a una vida sin violencia, provenga ésta del ámbito público o privado. - El derecho a la cultura como elemento decisivo para la construcción de la vida en comunidad con sentido.

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dos por el Estado, por lo que, sin menoscabo de la libertad de comercio y de industria, deben visualizarse como deudoras de la sociedad. Todo derecho tiene como contrapartida necesaria la o las obligaciones correspondientes, y es nuestro propósito hacer efectivo este principio.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN En la realidad social y política contemporánea, los medios masivos de comunicación desempeñan un papel fundamental. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha provocado su creciente expansión y diversificación. Al presente ocupan un lugar central en la vida cotidiana de millones de personas. Nuestro país no escapa a este fenómeno. Estos medios constituyen entonces una herramienta de extraordinario poder e influyen de manera determinante en tres áreas: la información, el entretenimiento y la educación. Pueden ser utilizados para asegurar el control social a los sectores económicamente dominantes, o, por el contrario, transformarse en instrumentos aptos para transmitir y preservar los valores esenciales de una sociedad, consolidar una identidad nacional, y en definitiva, contribuir a la profundización de la democracia y a garantizar el desarrollo personal de los habitantes. Un pueblo consciente de sus valores y de sus derechos, bien informado y educado, con capacidad crítica y culturalmente sólido, difícilmente podrá ser privado de su identidad y, sobre todo, será capaz de hacerse cargo por sí mismo de su destino, sin imposiciones ni cortapisas.

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El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio llevará adelante una política en materia de medios de comunicación que habilitará su mejor utilización en beneficio de todos los habitantes del país, sin exclusiones. En particular, la televisión y la radiodifusión en general serán consideradas en función de su papel como verdadero corpus de la “educación informal” que es -en muchos casos y para importantes estratos sociales- la verdadera educación que recibe la población. Debe tenerse presente que las empresas que explotan este tipo de medios, en particular la radiodifusión y la televisión, utilizan para ello bienes que son de propiedad común de todos –las ondas radioeléctricas- administra-

La política de medios a aplicar por un gobierno progresista contemplará: A) La reafirmación del carácter de bien común del espectro radioeléctrico, haciendo predominar los intereses colectivos de la población por encima de los intereses de los operadores de los medios. B) Propender al acceso igualitario a los medios de todos los individuos y sectores sociales, sindicales, religiosos, etc. como concreción del derecho a la comunicación, reconocido como un derecho humano. C) La democratización y participación de todos los sectores de la sociedad en el control y gestión de los recursos destinados a la telecomunicación. D) La protección de nuestra identidad como nación y de nuestros valores culturales, sin por ello dejar de enriquecernos con los aportes culturales relevantes de otras procedencias. E) La potenciación de una verdadera industria nacional cultural de producción audiovisual. F) El establecimiento de normas cristalinas para las adjudicaciones de los medios priorizando el interés general por sobre el de los particulares. La eventual readjudicación de emisoras o la adjudicación de nuevas privilegiará a las empresas que tengan su propiedad más dividida en partes iguales, atendiendo a la necesidad de diversificación cultural y distribución más equitativa de los poderes económico y político. G) La profesionalización de quienes trabajan en los medios, especialmente en su conducción y gerenciamiento. H) La promoción activa del mejoramiento de los niveles de calidad de la programación, así como a la contribución de la misma a la atención de las necesidades educativas y culturales de la sociedad. I) La fijación y aplicación de normas que impidan el surgimiento de monopolios o la concentración multimedia, así como la extranjerización de los medios.

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Medidas Inmediatas Sin perjuicio de la política específica que el gobierno progresista aplicará en la materia para reorganizar y democratizar los medios de comunicación y acentuar los aspectos de servicio a la población ínsitos en su tarea, es posible y necesario adoptar una serie de medidas inmediatas para introducir sin tardanza mejoras sustanciales en la situación presente. A tales efectos se propone: 1. Cumplimiento efectivo de la legislación vigente, que requiere atender prioritariamente: · a las recomendaciones de la UIT, expresadas en el Libro Azul de las Comunicaciones, a las especificaciones del pacto de San José de Costa Rica, así como a otros tratados internacionales que, en la materia de comunicación ha suscrito el país y ratificado su Parlamento. · a la normativa relacionada con la protección a la infancia · a los casos de tenencia o explotación irregular de las emisoras, así como su concentración más o menos solapada y su extranjerización. Las transferencias (ventas o herencias) de emisoras realizadas sin la debida autorización oficial deben ser revertidas y las emisoras recuperadas por el Estado. · a hacer efectiva la norma que dispone que una emisora debe ser operada directamente por su concesionario · a exigir el respeto riguroso a las disposiciones que establecen tiempos máximos para las tandas publicitarias. · a hacer realidad el uso de los espacios gratuitos destinados a los organismos del Estado para el cumplimiento de sus fines. · a aplicar efectivamente la legislación que atribuye al gobierno la potestad de disponer de media hora diaria en todos los medios privados para los fines que entienda convenientes; (por ejemplo: publicidad en materia de salud y educación) · a exigir y controlar la efectiva programación diferencial requerida para las emisoras de televisión ubicadas en zonas fronterizas con Brasil, que constituye el fundamento de su adjudicación. · a limitar cuidadosamente las transmisiones en cadena con emisoras extranjeras, especialmente notorias en Colonia y Punta del Este 2. La devolución de la Dirección Nacional de Comunicaciones al ámbito civil, trasladándola al Ministerio de Educación y Cultura. Dicha Dirección habrá de ser potenciada convenientemente, para que pueda cumplir con su papel orientador y de policía de las comunica-

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ciones. Su reubicación dentro del Ministerio de Educación y Cultura facilitará la creación de nexos con el sistema educativo en todas sus ramas. 3. El impulso al desarrollo del SODRE como productor cultural, con una prolija planificación, concreción de convenios con otros estados, con los actores agremiados, los realizadores de cine y video, el gremio periodístico, y la realización de abundantes inversiones. 4. El fomento de la instalación de canales municipales. La radio y televisión estatal y municipal deben ser fomentadas haciendo primar en este aspecto la concepción de que los medios del Estado forman parte de su aparato educativo y cultural y, por lo tanto, a ellos debe derivarse en forma preferencial el aporte publicitario del Estado 5. La imposición tributaria adecuada sobre los abundantes beneficios percibidos por algunos medios por concepto de venta de publicidad. La radiodifusión y la emisión televisiva encaradas como negocio no merecen un tratamiento impositivo diferente del resto del comercio. Se examinarán las perspectivas que ofrece el establecimiento de un canon a cargo de las empresas emisoras relacionado con el número de pobladores al que alcanzan y a la potencialidad de su mercado publicitario. Este canon podrá ser abatido según la calidad de la programación y su orientación al servicio de la comunidad. 6. La promoción de una educación para los medios. En el marco de un proyecto cultural democratizador, nacional y popular, podrá incorporarse a la enseñanza como materia la “Educación para los medios”, desarrollando en los niños y adolescentes, así como en sus padres, la capacidad de interpretar los mensajes de los que son receptores, convirtiéndolos en espectadores críticos y, en definitiva, avanzando hacia un ejercicio más pleno de la ciudadanía mediante la comprensión sin intermediarios de la realidad. 7. La apertura del espacio de radiodifusión de operación social. Se podrán utilizar las frecuencias que se recuperaren y las libres que existieran para legalizar las emisoras de radio y televisión de interés social sin fines de lucro, entre las que se encuentran las denominadas comunitarias. 8. La corrección de la irregular adjudicación de la TV cable en Montevideo.

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CIENCIA Y TECNOLOGIA 1. Principios Generales. El país necesita un sistema científico, tecnológico y de innovación con capacidad para responder a sus necesidades actuales y a los desafíos que la sociedad tendrá que afrontar en las próximas generaciones. La institucionalidad en Ciencia y Tecnología en el Uruguay es particularmente débil, lo que tiene como consecuencia que los recursos, incluso los que se obtienen mediante endeudamiento externo, sean ineficientemente utilizados. Hoy en los países desarrollados y en la mayoría de los países latinoamericanos el fomento de la investigación científica es considerado una responsabilidad primaria de competencia estatal por los efectos positivos que produce en el desarrollo del país la dinámica que involucra al Estado, al Sector Productivo y al Sector Académico, y por los beneficios que arroja en la formación de personal altamente calificado al servicio de la sociedad.

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Es de señalar que una alta proporción (entre el 47 y el 58%) del total de gastos en investigación y desarrollo que se efectúa en los países industrializados (de más del 2 al 2,7% del PBI, en los casos de Alemania, Francia, Inglaterra y EEUU) corresponde a erogaciones del sector público, que de este modo orienta y condiciona las líneas estratégicas de la innovación. En Uruguay esta contribución del sector público puede estimarse en no más del 0,23% del PBI. Además, faltan instituciones que se ocupen de poner en contacto los diversos factores que hacen que Ciencia y Tecnología resulten efectivamente un elemento clave en la modernización y competitividad del país. El actual abandono económico e institucional en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha colocado al Uruguay en posición de atraso relativo con relación a nuestra propia región, ha puesto en peligro los avances logrados a partir de 1986 merced a los esfuerzos de la comunidad de investigadores uruguayos y de los pocos pero valiosos innovadores, y de no modificarse mediante acciones enérgicas conducirá a nuestro país y a su gente a un papel subsidiario en los procesos de integración.

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La tecnología nacional cuyo desarrollo y extensión propone nuestra fuerza política ayudará a la creación de empleos en la fabricación de nuevos productos, en la apertura de nuevos mercados para los productos tradicionales, en la lucha contra la contaminación ambiental. Debe tenerse presente sin embargo, que la modernización en la producción y los servicios suele tener como consecuencia la disminución de puestos de trabajo. En este sentido, el Encuentro Progresista - Frente Amplio aplicará rigurosamente el principio de que los costos del progreso técnico no deben recaer sobre los trabajadores, ni sobre las empresas innovadoras y para que ello no ocurra deberán haber mecanismos efectivos de participación en las decisiones vinculadas a la introducción de nuevas tecnologías. Se establecerán mecanismos de negociación (empresas, sindicatos, gobierno) que regulen el proceso. Las personas desplazadas podrán optar por cursos de reciclaje, capacitándose para ocupar nuevos empleos. Se tomará en cuenta que esta situación afectará fundamentalmente a las personas mayor de edad, adecuándose al efecto la legislación en materia de Seguridad Social. 2. Una política nacional en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio dotara al país, por primera vez, de una política en el tema, y ejecutada con equilibrio, incluyendo las diversas áreas del saber, las ciencias básicas, las ciencias de la salud, las tecnologías industriales y agrarias y las ciencias sociales y humanas. Sus rasgos generales son los siguientes: · Será un instrumento de desarrollo social, incluyendo como componente sustancial la igualdad de oportunidades y la democratización del acceso al conocimiento, que es y será cada vez más, la clave del desarrollo de los países, de las sociedades y de las personas. · Será una política activa, con iniciativas desde el Gobierno nacional y con estimulo y apoyo a las iniciativas que provienen de los sectores sociales y económicos. 3. Para la puesta en práctica de la política así definida se proponen las siguientes medidas de carácter general: · Se creará una institución al más alto nivel del Estado que se ocupe integralmente de las cuestiones de

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Ciencia, Tecnología e Innovación, dotada de presupuesto e integrada como una agencia técnico – política específica, que complemente las más de 20 o 25 instituciones existentes. Este organismo podrá encargarse de coordinar las acciones de los institutos especializados (PEDECIBA, IIBCE, INIA, LATU, INAPE, INAVI, Rubino, PREDEG, SUL, entre otros) poniendo énfasis en la interacción entre los mismos y considerando, con mecanismos de amplia consulta, la adecuación de sus objetivos y estructuras a la existencia de una política nacional de CTI, en la que desde luego deberá tener participación relevante nuestra Universidad de la República. · Financiamiento. Se pondrá en práctica una amplia política de financiamiento, para superar la completa insuficiencia del presupuesto actual de Ciencia y Tecnología, con atención especial hacia los niveles salariales de la Universidad, espacio que concentra más de las dos terceras partes de toda la creación de conocimientos del país. De este modo se enfrentarán las tendencias a la creciente desprofesionalización y a la emigración. En materia de financiamiento, el Encuentro Progresista – Frente Amplio tenderá a que el grueso del mismo provenga de fuentes nacionales, única manera de tener una política propia en la materia. De todos modos, nuestra fuerza política continuará recurriendo a la cooperación internacional, sobre bases de colaboración mutua con otros países y organismos externos, con prioridades claramente determinadas y medios para su ejecución. · Legislación. Se creará una estructura institucional adecuada a través de una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya iniciativa será introducida en el Parlamento en el curso del primer año de nuestra gestión, luego de un amplio debate nacional sobre el tema y de los informes técnicos pertinentes. · Elaboración de un Plan de Fomento de la Innovación con impacto a los siguientes niveles: A) Sector financiero: 1. Se establecerán líneas de financiamiento de desarrollo con atención específica al tipo de garantías requeridas, dirigida a proyectos de innovación tecnológica y a la creación de nuevas empresas. 2. Se instituirá un fondo especial de financiamiento para proyectos tecnológicos provisto por fuentes nacionales. 3. Se revisará el estatuto arancelario que castiga la

importación de insumos frente a la importación de bienes finales, con lo que se desaliente la producción nacional de alto valor agregado. B) Sector industrial: 1. Se desarrollará un plan de extensión tecnológica en la industria. 2. Se creará una “incubadora de empresas” para apoyar las nuevos emprendimientos en su etapa de formación 3. Se apoyará la contratación de personal técnico en PYMES. (pequeñas y medianas empresas) 4. Se negociará con el sector empresarial la apertura de pasantías para estudiantes avanzados, en la mayor cantidad de especialidades. C) Desarrollo sectorial. Se promoverá la creación de Institutos de Investigación y Desarrollo en algunas áreas estratégicas en que el país tiene potencialidades de desarrollo productivo con alto valor agregado intelectual, incluyendo financiamiento integral para su desarrollo empresarial. · Programa de Innovación. Se confeccionará un programa de innovación en base a los principios siguientes: a) apoyo a la integración academia – sociedad; b) apoyo a la empresa innovadora c) estímulo a los nichos en que el país puede ser competitivos a nivel regional e internacional. La ley y los programas concretos contemplarán la promoción de la innovación a nivel de la empresa, de las cadenas productivas, de los sectores y de las regiones. Para ello, deberá recurrirse a mecanismos que hagan de la modernización tecnológica, a la vez, un tema de interés real para los empresarios, una fuente de avance social y económico para los trabajadores y una meta atractiva para los más jóvenes. Los grandes organismos públicos (UTE, ANCAP, ANTEL,OSE,MTOP, MGAP, etc.) cuyo presente y futuro esta estrechamente ligado a su propio desarrollo tecnológico, tendrán un papel significativo, tanto en la orientación de los programas como en el financiamiento de los que estén asociados a sus actividades especificas.

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POLITICAS CULTURALES

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El Gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio asumirá como propia la concepción de la UNESCO en el sentido de que la “cultura no es un medio para el progreso material: es el fin y el alma del desarrollo visto como el florecimiento de la existencia humana en todas sus formas”

pueblo y todos los espacios. Nuestra concepción no admite que los “realizadores de cultura” sean un grupo “selecto”, sino que, en su misma esencia amplia, reconoce a todos los habitantes del país como productores de cultura y partícipes activos de ella, en diferente medida y bajo diversas modalidades.

El gobierno progresista promoverá el derecho esencial a la cultura que deberá concretarse en la cotidianeidad de todos los uruguayos, en los barrios, en todos los rincones del país. Ello permitirá a las personas “llegar a una de las más básicas necesidades, la necesidad de definir nuestras propias necesidades básicas “ (Unesco)

Al complejo integrador que comprende lo político, institucional, ideológico, económico, histórico y social que constituye nuestra identidad como pueblo, debe agregarse el entramado cultural que refiere a qué y cómo somos, qué hacemos, qué pensamos y cómo nos vemos, incluyendo:

El proceso de construcción de políticas culturales o educativas, no se realizará “desde”, sino con los hombres y las mujeres, que participarán en la dirección de esas políticas; tampoco serán “hacia” sino también con el pueblo, como protagonista de su propia cultura y su propia educación, en trabajos de múltiples direcciones, donde enseñar y aprender, donde fijar políticas culturales y llevarlas adelante, son partes de un mismo acto de ejercicio de la democracia y de desempeño de un gobierno popular

· nuestro lenguaje y sus regionalismos (que determinan una sociedad bilingüe, con el español y el portugués fronterizo). · la historia de las diferentes culturas y su confluencia (negra, criolla, indígena, europea, otras) · la música, las artes, la danza, el teatro y sus diferentes vectores, nuestra literatura oral y escrita, las nuevas expresiones y las tradicionales. · nuestros hábitos y costumbres gastronómicas, de vestimenta, entretenimientos y deportes. · nuestras manifestaciones culturales relacionadas con las religiones · la influencia de la cultura original de nuestro país y las influencias actuales que recibe desde otras partes del mundo. · nuestra cultura de los medios de comunicación · nuestra capacidad para el ejercicio democrático.

El Uruguay se organizó en torno a una concepción “bella-artística” y bastante elitista de la cultura. Como apunte democrático se pensaba en la “extensión”, en “llevar la cultura a la gente” .Los medios de comunicación y las políticas no llegaron a registrar la trascendencia de la cultura que hoy comienza a entenderse como insoslayable. La cultura no ha estado en la agenda de la democracia uruguaya, pese a que la discusión acerca de la circulación de bienes culturales casi hizo fracasar la Ronda Uruguay del GATT y a que los temas de la comunicación y la cultura han sido objeto de profundos tratamientos en diversas partes del mundo, y en particular en la Comunidad Europea. En el Uruguay la cultura en sus diversos aspectos fue muchas veces relegada en las últimas décadas. Para un gobierno progresista lar la cultura tiene un horizonte mucho más amplio que incorpora numerosas formas y manifestaciones y procura no encerrarla, no separarla de la gente, no impedirle abarcar todo el

Las políticas culturales de un gobierno progresista deberán partir del reconocimiento de un concepto mucho más amplio de la cultura, donde una visión renovada y participativa sale al cruce al concepto tradicional de cultura de “salón”. La falsa contradicción entre intelectuales y pueblo, que durante siglos se ha impuesto y dominado en nuestra sociedad, debe ser motivo de franco debate. Aún el reconocimiento del valor específico que tienen los actores específicamente culturales no llevar a la idea de que sólo a ellos corresponde o está reservada la labor intelectual.

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En todo caso, se trata de la convocatoria de todos los actores sociales para la edificación de los valores que engrandecen la vida y la vuelven más grata, todos como piezas imprescindibles en ese acto multidisciplinario de edificación, que conlleva al respeto de la diversidad. Las políticas culturales estarán dirigidas a la creación de espacios democráticos generando –al mismo tiempo- mejores condiciones para la real participación de la población en las cuestiones políticas- Apuntarán a la búsqueda de un ser humano íntegro, empeñado en la defensa de la cultura de la solidaridad, de la creatividad, de la reflexión, y del respeto de las tradiciones y de la defensa de lo nuestro, sin desmedro de la apertura a lo nuevo. Las expresiones culturales y artísticas deberán ser parte del sistema educativo, como un área imprescindible de la educación y no como un compartimento separado del sistema curricular. Los centros laborales, las fábricas, las oficinas, los centros de estudio, deberán contar también con políticas culturales que vayan desde la sencilla fijación de jornadas para oír una orquesta hasta la conformación de planes donde la misma gente protagonice la realización de los trabajos de contenido artístico o cultural, superando la mera consumición pasiva de los productos que se le ofrecen comercialmente. Se elaborará una legislación construida desde sus bases por los actores sociales involucrados, que proteja y proyecte la producción cultural en sus principales manifestaciones, creando los mecanismos que aseguren su difusión y promoción Para todo esto será imprescindible el destino de recursos, y la revisión de las formas de su distribución. Para potenciar los mismos, se promoverá la cogestión con organizaciones privadas, sociales o gremiales, mediante planes y proyectos conjuntos como lo hemos venido haciendo desde la experiencia municipal en Montevideo. Para obtener una mejora de la gestión estatal en este ámbito no solo deberán hacerse inversiones, sino que

será fundamental fortalecer las iniciativas de descentralización, la obtención de recursos extrapresupuestales y una nueva distribución de los mismos. Será necesaria una mejor coordinación interinstitucional. Para proponerse una política cultural mas fuerte y amplia, capaz de asumir los desafíos de la época, se deberá dar una preparación adecuada a los recursos humanos iniciando un proceso de involucramiento del personal. A la cultura de “hacé la tuya” habrá que oponerle la cultura de “hagamos la de todos”, en vez de la cultura de la “competitividad” haremos la cultura de la cooperación eficiente que beneficie a los diversos sectores de la sociedad y los tenga a ellos como protagonistas de su propia educación, para una cultura de la participación, de la creatividad y del ejercicio democrático cotidiano. El gobierno progresista deberá jerarquizar las Casas de Cultura y apoyar los Centros Culturales en cada Departamento, promover su fortalecimiento apertura a la comunidad, en cooperación con las Intendencias y Juntas locales. La autofinanciación, complementaria de la política presupuestal, la autogestión y la cogestión serán pilares fundamentales de la política cultural junto a la práctica de la libertad, la participación y el ejercicio de las decisiones democráticas. El Estado (su organización jurídica y administrativa, su presupuesto, sus formas de gestión, la distribución de sus recursos) no ha asumido los requerimientos de la descentralización cultural. Deberá entonces ponerse a la altura de la evolución de este fin de siglo con arreglo a los compromisos constitucionales. Será responsabilidad del gobierno progresista promover la democracia y la democratización cultural. Será una transformación profunda, y como casi todo en cultura llevará tiempo, mucho trabajo y apertura.

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Medidas Prioritarias en materia de políticas culturales

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1) El gobierno progresista convocará a todos los actores que vienen trabajando en las más amplias manifestaciones culturales en el país, para contribuir a loa elaboración de políticas culturales de gobierno, presupuesto, legislación si fuere necesario, estableciendo a la vez los mecanismos permanentes de realización y control de aquellas políticas. La convocatoria se realizará a nivel nacional, departamental y local, desde el MEC, las Intendencias y las Juntas vecinales, barriales y locales, preservándose –como corresponde- las potestades y autonomías legal o constitucionalmente consagradas. Se hará hincapié fundamental en la participación de las agremiaciones, instituciones y organismo específicamente dedicados a la promoción y ejecución de actividades culturales, así como a las fundaciones de empresas y las instituciones que trabajen en esa dirección 2) Se habilitarán y facilitarán instancias de coordinación entre los actores antes señalados y cada uno de los subsistemas educativos (educación inicial, prima-

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ria, secundaria, técnica, adultos, especial, universitaria) para incorporar las políticas culturales al sistema educativo y alcanzar el objetivo de trabajar en forma conjunta e integrada con alumnos, personal docente y no docente, armonizando los emprendimientos, las inversiones en infraestructura y los planes de estudio. Se trata de elevar la máximo las oportunidades de acceso de todos los niños y los jóvenes a las políticas culturales por la paz, el medio ambiente, las artes en su más amplia acepción y sin excepciones, , los valores de cooperación y solidaridad, la salud y la identidad nacional, construida y defendida a partir de los valores que surgen del fondo de nuestra historia. 3) El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio convocará asimismo a los trabajadores de la cultura junto a los medios de comunicación nacionales, locales (electrónicos e impresos) y específicos (editoriales etc.) para su incorporación al tratamiento colectivo y democrático de las políticas culturales, la definición del espacio que deberá tener la cultura y la creación nacional en la programación, la atención a los niños y jóvenes en la modalidad y la temática del entretenimiento, así como en la formación, con especial atención al espacio que deberá reservarse al sistema educativo y a las actividades de contenido formativo en las programaciones particulares.